La democracia a prueba

ALTERNANCIA EN LOS GOBIERNOS LOCALES: DECIDE EL VOTO, NO EL PRESIDENTE

Veamos el cambio político en la esfera de las gubernaturas. Si se toma en cuenta un ciclo largo de elecciones, del inicio de la competitividad electoral de fines de los años ochenta al término de la segunda década del siglo XXI, se verá que estos tres decenios han estado marcados por el incremento de los fenómenos de alternancia, sobre todo en el breve cuatrienio 2015-2018 (gráfica 1). En los últimos años hubo el doble de probabilidades de triunfo de un partido de oposición en elecciones para una gubernatura que de la ratificación en el cargo del partido en el gobierno.

Gráfica 1. Alternancia en gubernaturas, 1987-2018

Fuente: Elaboración propia con base en cómputos realizados por autoridades electorales locales.

La anterior es la enésima confirmación de que la alternancia en la Presidencia en 2018 no marcó el inicio de una era en el ejercicio del voto de castigo ni trajo buenas nuevas desconocidas en el panorama político-electoral de México. La alternancia ya estaba ahí, era creciente y se expandía a enorme velocidad. La insatisfacción con la democracia que venían mostrando diversos estudios³⁹ se traducía aún, venturosamente, no en una ciudadanía que daba la espalda a la política formal y a su cita con las urnas, sino en el reemplazo pacífico, a través del voto, de gobiernos de partidos que no ofrecían resultados satisfactorios a la población.

Más aún, si se concentra la mirada en las gubernaturas renovadas en 2018, se aprecia que, de nueve elecciones, en siete triunfó la oposición (cuadro 16).

Una observación interesante que realizó Carlos A. Flores Vargas⁴⁰ sobre las elecciones a Poder Ejecutivo de las entidades federativas en 2018 es que, si bien la coalición de Morena logró cinco de los nueve cargos en disputa, sus candidatos sistemáticamente obtuvieron menos votos en su entidad en comparación con los que cosechó en el mismo ámbito geográfico López Obrador como candidato presidencial. Y lo contrario ocurrió con Ricardo Anaya: recibió menos sufragios en las entidades que los candidatos del PAN a los gobiernos locales. Si se suman los votos a la Presidencia en esas nueve entidades, López Obrador tuvo 2 197 872 votos más que los candidatos de Morena a gobernadores, mientras que Anaya recibió 2 384 053 votos menos que los abanderados del PAN a ejecutivos locales. Así que López Obrador tuvo más «arrastre» que su partido, lo que favoreció a los candidatos de su coalición, y Anaya logró un desempeño inferior al de la formación política que lo postuló.

Desde que a fines de los años ochenta se hicieron presentes por primera vez las alternancias en los gobiernos locales, los cambios de gobierno en las entidades se han vuelto no sólo más usuales sino la nota dominante (cuadro 17). Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se produjeron siete veces más alternancias que en el de Carlos Salinas de Gortari. Que pierda el partido que ocupa el poder no es un hecho inédito, ni discordante, sino reflejo de un voto popular que se ejerce en plena libertad. Solamente quien no quiera ver puede ignorar el profundo cambio político que se ha vivido a lo largo y ancho del país.

Una de las características del sistema de partido hegemónico que dominó al México posrevolucionario (1929-1988) fue que los gobernadores de los estados⁴¹ eran postulados por el PRI por designación del presidente de la república. Pero eso se acabó con la democratización: los mandatarios locales deben su cargo no al favor presidencial sino al sufragio de la ciudadanía y a elecciones sin ganadores ni perdedores predeterminados antes de la cita con las urnas. Mientras que Salinas de Gortari inició su sexenio en 1988 sin ningún gobernador de oposición, Ernesto Zedillo lo hizo con tres, Vicente Fox con 23 y Felipe Calderón con 22 más el jefe de gobierno de la Ciudad de México en ambos casos, Enrique Peña Nieto con 11 más el Ejecutivo de la capital del país, y López Obrador con 27 (cuadro 18).

Ello ha permitido que el federalismo político, con sus problemas, sea una realidad y no letra muerta de la Constitución y las leyes. También, que el presidente en turno tenga que coexistir con gobernadores que fueron postulados por partidos políticos distintos al suyo y que, por tanto, existan más contrapesos a las decisiones que se toman en la capital del país.

Así que López Obrador deberá coexistir al inicio de su gobierno con 27 mandatarios que no surgieron de su partido político o de su coalición. Morena logró un desempeño sin precedente, alcanzó la Presidencia con el más alto margen de victoria sobre sus competidores, tiene mayoría simple en el Congreso. Sin embargo, difícilmente de una elección puede desprenderse la existencia de un nuevo partido hegemónico, como en su momento lo fue el PRI en el México posrevolucionario. Entre otras cosas, porque en aquel periodo no había un sistema electoral abierto y eran más que limitados los contrapesos al poder. De que esos contrapesos operen (en el Poder Judicial; en el Congreso, donde deben construirse consensos con la oposición si se pretenden cambios a la carta magna; en los órganos constitucionales autónomos, etcétera) dependerá el rostro del sistema político mexicano hacia la tercera década del siglo XXI.

EL MUNICIPIO: PODER Y CAMBIO CERCANOS AL ELECTOR

La vida política en el municipio, el orden de gobierno más cercano a la ciudadanía, es una expresión de la nutrida pluralidad donde el cambio de gobierno no es excepcional. En los primeros cuatro años en que al INE le correspondió instalar las casillas en las elecciones locales –de 2015 a 2018–, prácticamente seis de cada 10 presidentes municipales han surgido de las oposiciones (cuadro 19).

Esa misma proporción se mantuvo en 2018, el año en el que más ayuntamientos fueron renovados en el país (cuadro 20), pero hay entidades donde la alternancia fue del 80% o más: Baja California Sur, Colima, Morelos y Tabasco.

HAY ALTERNANCIA PORQUE HAY DEMOCRACIA

El panorama que se ha querido mostrar en este capítulo es el de una era política marcada por elecciones que producen alternancias. México vive los años de mayor cambio de partidos gobernantes en el plano municipal, en las entidades federativas y a escala nacional. Asimismo, se generan importantes modificaciones en las tendencias electorales de los órganos de representación, como es el Poder Legislativo federal.

El fenómeno extendido y persistente de la alternancia sólo puede tener verificativo en elecciones competidas y auténticas. Por supuesto, puede haber –y hay– elecciones legales y legítimas en las que triunfe el partido que ejerce el gobierno, pero no es posible la alternancia con comicios donde no se respeta la voluntad popular o donde ocurren elecciones controladas desde el poder político en turno. Eso ya es parte del pasado de México y deberá seguirlo siendo en el futuro.

En el México predemocrático se citaba con frecuencia el célebre y breve cuento del escritor Tito Monterroso: «Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí». Para bien, ahora se puede decir que si México se despierta con alternancia es porque la democracia ya estaba aquí.

¿Y qué era lo que ya estaba, lo que hace posible una y otra vez el cambio de gobierno pacífico? Un conjunto de normas e instituciones que garantizan el sufragio efectivo y la equidad en la contienda. Las enumero de forma sintética: una autoridad electoral administrativa autónoma, con independencia frente al gobierno y los partidos, con recursos propios para cumplir con sus tareas, entre ellas, la confección de un padrón electoral que no es modificado ni manipulado por el Poder Ejecutivo; financiamiento público preponderante para los partidos, distribuido con reglas de equidad, así como acceso gratuito para los actores políticos a radio y televisión con cargo a los tiempos del Estado. No es menor la importancia de contar con una prensa libre, que no está al servicio del gobierno. Y el componente clave: el voto secreto que garantiza la libertad de la ciudadanía. Si ello no se trastoca y, al contrario, se respeta y fortalece, la pluralidad seguirá siendo el rasgo distintivo de una sociedad compleja y cambiante como es la mexicana.

II
Organización electoral: ciudadanos que votan y cuentan los votos

* Este capítulo fue escrito en coautoría con Farah Munayer Sandoval.

El 1° de julio de 2018 México vivió el ejercicio democrático más amplio de su historia: 56 611 000 ciudadanos ejercieron su derecho al sufragio. La participación fue de 63.42%, la más alta en las últimas tres elecciones presidenciales. Así, de forma pacífica y libre, se eligió a un nuevo presidente, se conformaron las dos cámaras del Congreso de la Unión y fueron electos, además, 17 682 cargos locales. La votación se dio en más de 156 000 casillas que instaló el Instituto Nacional Electoral (INE) con la colaboración de casi un millón de ciudadanos que se desempeñaron como funcionarios de casilla.

Se dice rápido, pero las elecciones en México son una auténtica movilización nacional en cada rincón del territorio. A pesar de los graves problemas de inseguridad en distintas zonas, no hubo un solo distrito, ni siquiera una sola sección electoral de las 68 436 que conforman la geografía electoral del país, donde no existiera una casilla dispuesta para recibir el voto. Y eso fue posible porque hubo 45 000 capacitadores contratados y preparados por el INE que recorrieron todo el país, tocaron puertas y conversaron con los habitantes en cada ciudad, pueblo, paraje o caserío para hacerles saber que la elección era suya y convocarlos a que ellos mismos instalaran las casillas, vigilaran la votación, contaran y cuidaran los sufragios. Y así fue: los ciudadanos se apropiaron de la elección.

Hacer una elección también implica asegurar la plena igualdad en el ejercicio del sufragio de cada mexicano en edad de votar. En cada célula básica de la votación –la casilla electoral– hay urnas transparentes, boletas impresas en papel seguridad, mamparas para votar en secrecía, tinta indeleble, cuadernillos con la lista nominal correspondiente. Y esos materiales son los mismos en todo lugar. Las casillas tuvieron idénticas características en los municipios más ricos del país (San Pedro Garza García, en Nuevo León; Corregidora, en Querétaro; Huixquilucan, en el Estado de México, o Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México) y en los más pobres (como San José Tenango, en Oaxaca; Cochoapa el Grande, en Guerrero; el Mezquital, en Durango, o Batopilas, en Chihuahua) y eso demuestra que por una vez en México los ciudadanos sí son iguales: el día de las elecciones.

México tiene un diseño electoral que se construyó a partir de los años noventa como respuesta a los abusos contra los derechos políticos de los ciudadanos, que ocurrieron en la época del partido hegemónico. Es comprensible que a partir de ahí que se hayan establecido múltiples pasos complejos, que son verificados una y otra vez, para asegurar la legitimidad y la limpieza de los comicios.

El modelo electoral mexicano va de la existencia de una autoridad encargada de la organización de los comicios, autónoma al gobierno –que además incluye en los procesos electorales la conformación de órganos de decisión con la participación de ciudadanos ajenos al personal del INE– a la instalación de las casillas y el conteo de votos por ciudadanos seleccionados al azar para tal tarea, con el propósito de ofrecer certeza sobre la pulcritud del resultado electoral.

Este capítulo detalla cómo se organizó la elección de 2018 y muestra de qué forma desde un primer momento existieron múltiples garantías legales e institucionales para asegurar que sólo la libre voluntad de los electores definiera perdedores y ganadores. O, para decirlo en una nuez: por qué era imposible un fraude electoral.

AUTORIDAD AUTÓNOMA CON CIUDADANOS QUE TOMAN DECISIONES

El INE está definido en la Constitución como un organismo público autónomo, que tiene como principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. En su Consejo General están representados los partidos políticos y hay un consejero por cada fracción parlamentaria del Congreso de la Unión, con voz pero sin voto. Además, está conformado por un consejero presidente y 10 consejeros electorales que tienen voz y voto. El presidente del Consejo y los consejeros electorales son designados por la votación de dos terceras partes de la Cámara de Diputados, de tal suerte que su nombramiento debe ser fruto de amplios consensos políticos.⁴²

La plena autonomía e independencia de la autoridad electoral se consiguió a partir de 1996 al desvincular por completo al Poder Ejecutivo del Instituto Federal Electoral (IFE), pues hasta entonces su Consejo General había sido presidido por el secretario de Gobernación. Los cambios políticos más relevantes ocurridos en las últimas décadas se han dado con la existencia de una autoridad electoral autónoma, que no depende del gobierno: desde la pérdida de la mayoría del partido gobernante en la Cámara de Diputados en 1997, hasta las tres alternancias en la Presidencia de la República que ocurrieron en 2000, 2012 y 2018.

El INE tiene una estructura en todo el país, que incluye 32 juntas locales (una en cada entidad), así como 300 juntas distritales (una en cada distrito electoral). En cada junta hay cinco vocales: el ejecutivo, un vocal que funge como secretario, uno de organización electoral, otro de capacitación electoral y uno más del registro federal de electores. Todos ellos son parte del Servicio Profesional Electoral, esto es, son funcionarios de carrera que han llegado a sus cargos a través de concursos de oposición abiertos y de manera permanente participan en programas de formación y son sometidos a evaluación. Este servicio civil de carrera es clave para asegurar que se cumplan los principios rectores del INE: sus funcionarios están ahí por sus méritos profesionales y cuentan con estabilidad laboral, por lo que no deben su permanencia a ningún actor político o de gobierno.

Durante los procesos electorales, a la estructura profesional del INE se suman ciudadanos que actúan como consejeros locales y distritales, quienes toman las decisiones clave de la organización electoral sobre el territorio. Desde el Consejo General del INE se nombra a seis consejeros electorales locales por cada entidad, con voz y voto, que conforman órganos presididos por el vocal ejecutivo local del INE. Así, de siete votos que hay en cada consejo local, seis corresponden a ciudadanos. En cada consejo local tienen representación, además, los partidos políticos, con voz pero sin voto, para evitar que sean juez y parte de las decisiones. Los consejeros electorales locales se designan a partir de una convocatoria pública que busca identificar a personas de prestigio en las entidades federativas y que provengan de muy diversos ámbitos: el sector empresarial, la academia, la sociedad civil organizada, defensores de derechos humanos, ambientalistas, periodistas, entre otros.

El consejo local, a su vez, designa a seis consejeros para cada consejo distrital de la entidad federativa correspondiente. De esta manera, hay 1 800 consejeros electorales distritales. El vocal ejecutivo distrital del INE preside el consejo con voz y voto, de tal suerte que, una vez más, son los seis ciudadanos que no forman parte de la estructura profesional del INE quienes tienen la mayoría en la toma de decisiones para organizar las elecciones.

Algunas de las funciones más importantes de estos consejos son la insaculación (sorteo) de los ciudadanos que serán funcionarios de casilla, la contratación de los supervisores y capacitadores electorales, el registro de candidatos a diputados que contienden por el principio de mayoría relativa, la acreditación de los observadores electorales, el registro de los representantes de partidos políticos en las casillas, entre otras. Estos consejos son también responsables de realizar los cómputos distritales y la declaración de validez de la elección de diputados y senadores por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, así como el cómputo distrital de la votación para presidente de la república.

Como se puede ver, hay decisiones relevantes que son tomadas desde la autoridad electoral por una mayoría de ciudadanos que no son parte de la estructura permanente del INE. Cada capacitador y supervisor electoral que labora en la tarea de notificar y capacitar a los ciudadanos que fueron sorteados para ser funcionarios de casilla es contratado por el consejo distrital. En esta instancia también se define cuántas casillas habrá en cada distrito, dónde se ubicarán y quiénes serán los funcionarios de las mesas directivas de casilla. Todas las sesiones de los consejos, además, son públicas.

Así, no hay ninguna casilla que no sea fruto del acuerdo de un consejo distrital con presencia de los partidos políticos. Éstos y los candidatos independientes pueden darle seguimiento puntual a cada mesa de votación, conocen los nombres de los ciudadanos que la integrarán, saben cuáles y cuántos son los votantes que pueden sufragar ahí y pueden mantenerse atentos al traslado de los paquetes electorales que van desde las sedes distritales del INE hasta los domicilios de los respectivos presidentes de casilla. En suma, no hay una sola decisión o procedimiento de logística electoral que no sea conocido por todos los contendientes y que no pueda ser observado por cada uno de ellos.

El Estado, con funcionarios de carrera y especialistas en la materia electoral, converge con ciudadanos de a pie encargados de tomar las decisiones más importantes, de encontrar y capacitar a otros ciudadanos que reciben y cuentan los votos que después serán computados por otros ciudadanos que suman cada acta de cada casilla y emiten la declaración de validez de los comicios. Todos acompañados, vigilados y observados a cada paso por los partidos políticos.

CIUDADANOS, AUTORIDAD ELECTORAL EN CADA CASILLA

En México la jornada electoral está directamente a cargo de cientos de miles de ciudadanos que se desempeñan como funcionarios de casilla. Son ellos quienes llegan al lugar donde se sufragará, con los materiales y la documentación electoral, arman las urnas, abren la casilla, reciben a sus vecinos, entregan las boletas, están atentos a que todos los pasos del proceso de votación de cada ciudadano se desarrollen de manera correcta, y más tarde cierran la votación, hacen el conteo y registro de sufragios para, finalmente, entregar los paquetes electorales en las sedes del INE.

Éste es un modelo particular. En otros países, lo usual es que se integren las mesas de votación con funcionarios públicos o bien con voluntarios. En nuestro caso, la desconfianza y el recelo entre los partidos llevó a que no se echara mano de trabajadores del gobierno y que tampoco pudiera haber ciudadanos que se autopropusieran para hacerse cargo de una casilla –se temía que fueran enviados por algún partido rival– y se optó por un sorteo del total de la lista nominal para, a partir de ahí, buscar en cada distrito y sección electoral a los ciudadanos que actuaran como autoridad en cada punto de votación.

La insaculación –que es como la jerga legal denomina al sorteo– de ciudadanos se hace de la siguiente forma: en primer lugar, en sesión pública celebrada en el INE se elige al azar un mes del calendario; después, en cada distrito se incluye a los nacidos en el mes seleccionado hasta llegar al 13% de la lista nominal, y si no se alcanza esa cifra se continúa con los ciudadanos nacidos en el mes siguiente del calendario. En 2018 se sorteó, así, a casi 12 millones de ciudadanos. Una vez que se tiene a los ciudadanos insaculados, los capacitadores electorales del INE acuden a sus domicilios para invitarlos a participar (notificación) e impartirles una plática de sensibilización (primera capacitación). Posteriormente, hay una segunda criba donde también interviene el azar. Se sortea una letra del alfabeto y a partir de ella se elabora una lista de las personas cuyo primer apellido comience con esa letra y que además cumplan los requisitos de ley y acepten participar. Dicha lista se ordena por el primer apellido con la letra del alfabeto sorteada. Los primeros ciudadanos formarán parte de la mesa (como propietarios y suplentes) y el resto quedará inscrito en la lista de reserva. A esta fase se le conoce como la primera etapa de capacitación.

La segunda etapa consiste en una capacitación más detallada sobre los procedimientos que se aplicarán el día de la jornada electoral e incluye simulacros de las tareas a realizar en cada casilla. Por último, se entregan los nombramientos de funcionarios de casilla a los ciudadanos, atendiendo a su escolaridad, de tal manera que el presidente de la casilla será el ciudadano con mayor formación, después el secretario y, finalmente, los escrutadores, es decir, quienes cuentan los votos.

Toda esta operación de selección al azar y capacitación tiene como propósito que los funcionarios de casilla sean ciudadanos con independencia respecto a los partidos. Este modelo se edificó para dejar atrás la designación desde el gobierno de los presidentes y secretarios de casilla, lo que ocurría hasta 1988. Entonces, los escrutadores eran sorteados a partir de listas que presentaban los propios partidos políticos.

Con la creación del IFE en 1990 se estableció que la autoridad electoral debía insacular al 20% de los ciudadanos y que serían las oficinas distritales del Instituto las que decidirían «con base en una evaluación objetiva» quiénes serían los ciudadanos que integrarían las mesas de votación.⁴³ Después, en 1994, se avanzó hacia el modelo vigente para que la integración de las mesas fuera el resultado de un doble sorteo (cuadro 1).

El modelo actual, si bien garantiza la aleatoriedad en la designación de quienes reciben, registran y cuentan los votos, también implica procedimientos complejos y costosos. Cada proceso electoral –y en México no ha dejado de haber elecciones locales año con año– el INE debe capacitar a cientos de miles e incluso a millones de ciudadanos. Eso hace necesario contratar un ejército de capacitadores que recorran las grandes ciudades y los poblados más remotos, desde zonas de altos ingresos hasta municipios con marginación extrema.

Los supervisores electorales y los capacitadores-asistentes electorales son contratados de forma temporal y se convierten en la presencia del INE en cada rincón del país. Su función es vital pues no sólo buscan, convencen y capacitan al ciudadano. También garantizan que los documentos y materiales electorales estén en tiempo y forma en las manos de los presidentes de casilla, y que regresen los paquetes electorales a las instalaciones del INE y de los Organismos Públicos Locales electorales; supervisan el desarrollo de toda la jornada electoral e informan a los órganos directivos del Instituto y de los organismos locales sobre los incidentes que se presentan; intervienen en los cómputos y recuentos de los votos, e incluso en ejercicios clave como los conteos rápidos y el PREP casilla.⁴⁴ En suma, son actores indispensables para que las elecciones puedan celebrarse.

Los supervisores y capacitadores electorales son verdaderos héroes anónimos de los procesos electorales. Cada capacitador tiene que visitar varias veces a 600 personas en promedio al mes y recorrer alrededor de 20 secciones electorales para hacerse responsable de cuatro casillas.⁴⁵ Los capacitadores-asistentes electorales son el vínculo entre una institución del Estado –el INE– y la ciudadanía. Son ellos quienes visitan cada rincón del país, incluso en días de sol intenso, lluvia persistente o frío extremo, con la meta de obtener casillas completas bajo el lema: «si no vas por todos, mejor no vayas».⁴⁶ Recorren sus distritos de día y de noche, pues a algunos ciudadanos sólo se les localiza fuera del horario laboral, y sortean con gran dosis de creatividad y convicción las excusas que expresan los ciudadanos para no participar.

Además, tienen que lidiar con la frustración que les generan las puertas que no se les abren y la incertidumbre de lo que se van a encontrar cuando sí se abren. Al cruzar miles de umbrales de domicilios particulares, los capacitadores se encuentran con personas amigables y respetuosas, a veces algunas entusiastas, y en ocasiones, también, desconfiadas e incluso groseras. Los capacitadores del INE deben transmitir, en minutos, cómo operar un conjunto de procedimientos y pasos previstos en la ley para hacerse cargo de la mesa de votación, recibir a los electores y trabajar bajo la supervisión de los representantes de los partidos políticos.

La selección de los capacitadores se da a través de un minucioso procedimiento en cada uno de los 300 distritos del país, que incluye la revisión curricular y la verificación de que cumplan con los requisitos de ley, un examen de conocimientos y habilidades y, finalmente, una entrevista. Más adelante, el INE los capacita con manuales y a través de talleres presenciales. En 2018 se contrató a 45 044 supervisores y capacitadores-asistentes electorales.

Gráfica 1. Número de supervisores y capacitadores en los procesos electorales 1999-2000 a 2017-2018

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE.

Cada vez que se celebra una nueva elección se necesita más personal para realizar estas tareas (gráfica 1). Ello se explica por el natural crecimiento del padrón electoral, así como por la dispersión poblacional. Además, la legislación establece que en toda sección electoral donde estén empadronados 100 electores se debe instalar una casilla, y si hay más de 750 electores se debe instalar además una casilla contigua. Si las condiciones geográficas, de infraestructura o socioculturales hacen difícil el acceso a los electores, se prevé, asimismo, la instalación de una mesa de votación extraordinaria. A todo esto se agregan las casillas especiales, que se instalan con el objetivo de atender a los electores que se encuentren transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su domicilio.⁴⁷ La gráfica 2 muestra el incremento en el número de casillas en los procesos electorales de las dos últimas décadas.

La intención del legislador fue acercar al ciudadano a la mesa de votación a fin de incentivar el sufragio. En otros países, como en Colombia, Venezuela o El Salvador, existen centros de votación a los que acuden miles o decenas de miles de ciudadanos, lo que hace más eficiente la labor de organización electoral. Sin embargo, esto implica transferir mayor responsabilidad a los ciudadanos, quienes tienen que recorrer distancias mayores para ejercer su voto.

Gráfica 2. Evolución del número de casillas aprobadas en los procesos electorales 1999-2000 a 2017-2018

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, INE.

El trabajo que realizan los capacitadores y supervisores del INE se ha vuelto más complejo debido a cambios en la legislación. En la reforma electoral de 2014 se estableció que el INE sería el responsable de capacitar e integrar las mesas directivas de casillas en las elecciones locales y de instalar la llamada casilla única⁴⁸ en los procesos electorales concurrentes, es decir, cuando coinciden la elección federal y la local, como ocurrió en 30 entidades federativas el 1º de julio de 2018.

La casilla única implicó que se ampliara el número de integrantes de cada mesa directiva, pues si antes bastaba con cuatro propietarios (presidente, secretario y dos escrutadores), se pasó a requerir seis (presidente, dos secretarios y tres escrutadores).

Este cambio, que parece menor, supuso para el INE la obligación de capacitar a más gente y realizar mayor cantidad de tareas. Más aún porque a partir de 2014 ha tenido que tocar a la puerta no al 10% sino al 13% de los ciudadanos de la lista nominal, lo que implica visitar a 30% más ciudadanos. Y en la casilla única se debe contar con 50% más de ciudadanos como funcionarios de casilla. Además, que haya casilla única implica que el capacitador ya no sólo debe estar preparado para transmitir la información sobre los comicios federales sino también acerca de los estatales; los funcionarios de casilla estarán a cargo de dos elecciones distintas; las boletas y actas pueden ser diferentes debido a la participación de partidos locales, candidaturas comunes y candidaturas independientes; la capacitación se tiene que dar con más detalle por las particularidades de cada elección, y la coordinación en la mesa es más compleja debido al aumento tanto de funcionarios como de representantes de partidos y de candidatos independientes.

En los meses previos al 1º de julio de 2018, los 45 044 supervisores y capacitadores electorales tocaron a la puerta de más de 12 millones de ciudadanos ubicados en todos los rincones del país, es decir, al 99.82% de los sorteados. Casi el 40% de los ciudadanos fue visitado en múltiples ocasiones a fin de contar con cerca de un millón de personas (908 301) el día de la jornada electoral.

Por otro lado, el trabajo de campo que realizan los supervisores y capacitadores electorales no está exento de incidentes. Después de todo, estos funcionarios recorren todo el país armados solamente con sus manuales de capacitación. Históricamente, el incidente más reportado ha sido la mordedura de perros. En 2018, sin embargo, como los capacitadores contaron con un teléfono celular otorgado por el INE para vaciar en una aplicación la información del avance diario de su trabajo, el robo fue el incidente de mayor frecuencia (572 casos), como se muestra en la gráfica 3. Estas eventualidades afectaron a 4.3% de los capacitadores, lo que demuestra que, aun en un contexto de inseguridad pública, las labores del INE se desarrollaron en paz y con tranquilidad.