Pisagua, 1948. Anticomunismo y militarización política en Chile

2.- Solidaridad

Angela Mamani, esposa de Gavino Baltazar: «Señor Presidente de la República […] haciendo uso de sus facultades, el Supremo Gobierno dispuso el traslado a Pisagua de mi marido, Gavino Baltazar Supanta, agricultor, de mí mismo domicilio, al puerto de Pisagua. Que se acusaba a mi marido de ser dirigente comunista, no obstante que jamás intervino en política […] Que a consecuencia del traslado, mis hijos, quienes son tres menores de diez años, han quedado en el más absoluto abandono […] en vano he solicitado al señor Jefe de la Zona de Emergencia que me permita reunirme con mi esposo, quien es inocente de la acusación que motiva su permanencia en Pisagua»¹⁰². El subsecretario de gobierno rechazó tal petición, toda vez que el Jefe de Zona de Emergencia informó de «su mal comportamiento en Pisagua»¹⁰³.

Apenas ocurridas las detenciones, los obreros de El Toco, en Atacama, nombraron una comisión de cinco miembros para ir en su ayuda, con un aporte de $10 cada uno, lo cual fue informado al inspector departamental del Trabajo de Tocopilla, para obtener su reconocimiento legal. Igual iniciativa desarrolló el MEMCH de la localidad para ayudar a las familias de los detenidos, siendo autorizadas por el Jefe de Zona, teniente de Carabineros Alejandro Valdés, reuniendo dinero y víveres¹⁰⁴.

Simultáneamente, en Iquique se organizó un Comité Pro Ayuda de los dirigentes detenidos en Pisagua y sus familias, cuya tarea sería «coordinar y controlar los auxilios destinados a los familiares de estos». Aunque fue organizado por los comunistas, el comité tenía un sentido ecuménico, invitándose a distintos sectores políticos y organizaciones sociales, culturales y deportivas, «ya que no se trata de un organismo político, sino de carácter ayudista (sic), pudiendo participar en ella personas de pensamientos humanitarios»¹⁰⁵. Sus organizadores, acompañados del diputado José Díaz Iturrieta, informaron al Jefe de la Zona de Emergencia, General Guillermo Aldana, de su constitución, finalidades y de algunas condiciones que necesitaría para el desarrollo de sus actividades.

Como explicaron los líderes de esta campaña, la solidaridad era en ese momento «una urgencia mayor». El deber era ayudar a los perseguidos y privados de su libertad, pero también a sus familias, abandonadas en las calles de las distintas ciudades militarizadas, sin posibilidad de subsistencia: «Por eso este Boletín Solidaridad [del Comité de Solidaridad y Defensa de las Libertades Públicas], vuelve a insistir y seguirá insistiendo en lo que a diario y durante meses ha dicho el Comité de Solidaridad: ayuda, más ayuda, toda la ayuda que sea posible. Dinero o especies, o ambos […] dar para la solidaridad con las víctimas de la represión y los perseguidos de la dictadura venal […] Todo lo que llegue será agradecido en Pisagua, en las cárceles, en los sitios de relegación, en todas partes»¹⁰⁶.

Por ello la ayuda era de carácter económico, erogaciones en dinero, en alimento y en ropa-calzado para ser distribuida entre los trasladados y sus familias. El Sindicato de la Planta Embarcadora de Salitre en Construcción, el grupo más activo en esos primeros momentos en la ayuda, consiguió numerosos catres en mal estado del Asilo de la Infancia, para repararlos en la maestranza del puerto de la Compañía de Salitre de Tarapacá y Antofagasta (CSTA), «con el fin de que esta institución social pueda dar asilo transitorio a algunos de los hijos de los obreros expulsados de la industria salitrera»¹⁰⁷. Por su parte, la Unión de Profesores de Chile, de la seccional Santiago, envió tres encomiendas con medicamento y comida para los «12 maestros que se encuentran trasladados a Pisagua», las que fueron entregadas al Comité Pro Auxilio, el que, a su vez, lo entregó al Comité de Distribución de Víveres. Este primer embarque de vituallas y medicamentos fue entregado a sus destinatarios por el diputado Díaz Iturrieta, el director de El Despertar, Rolando Araya, y un dirigente del Comité Pro Auxilio¹⁰⁸. El comité explicó que la demanda por ayuda se mantendría e intensificaría mientras la represión gubernativa persistiera, así como el Campo de Pisagua, las relegaciones y la indefensión socio-económica de los familiares de los trasladados. Suponían que el número de necesitados aumentaría una vez que estuviera listo el censo que el comité estaba llevando a cabo; a inicios de 1948 decidió incrementar su trabajo para coordinar mejor las realizaciones tanto en Tarapacá como fuera de la provincia¹⁰⁹. La gran mayoría de las donaciones eran hechas, al comienzo, por los propios trabajadores, los sindicatos salitreros, otras industrias en el norte y a lo largo del país¹¹⁰. Una vez organizado el Comité de Solidaridad, la ayuda tendió a convocar a un espectro más amplio, incorporar conjuntos sociales diversos, porque se trataba «del hambre que calmar, la miseria que mitigar, las enfermedades que aliviar, el frío que evitar, la soledad que atenuar y la desesperación que aminorar, inmediatamente, antes que sea demasiado tarde»¹¹¹.

Para la Navidad de 1947, el comité en Iquique se preocupó de recolectar juguetes y mercaderías para los niños y familias de los detenidos. Se recibieron erogaciones de Tocopilla y la oficina Prosperidad. El Despertar informó, igualmente, que se estaban recibiendo juguetes y golosinas para entregarlos a «los hijos de los trasladados que se encuentran al lado de sus padres en Pisagua»¹¹².

El Comité Pro Auxilio empezó a realizar gestiones para lograr un local para su funcionamiento y recibir los alimentos, ropas regaladas, y establecer la tesorería. No obstante, trascurrido un mes de su constitución, no reunió las condiciones demandadas para realizar dicha asamblea: «Dificultades surgidas en cuanto a las medidas de control hechas valer por funcionarios de Investigaciones […] hubo de dejarla sin efecto»¹¹³. Es probable que la negativa se relacionara con la participación comunista.

El 24 de octubre de 1947, en Santiago, «un grupo de ciudadanos de convicciones democráticas […] bajo la presidencia de don Carlos Vicuña fundaron el Comité de Solidaridad y Defensa de las Libertades Públicas, al cual se incorporaron más tarde numerosas instituciones y personalidades, y se entregaron con ahínco a la tarea de cohesionar las fuerzas populares, detener y derrotar la represión. La lucha por la disolución del Campo de concentración de Pisagua, vergüenza y maldición para el pueblo de Chile, y por la ayuda y defensa de millares de presos y relegados, demandó inmensos esfuerzos que contaron con la simpatía y la colaboración de amplios sectores de la ciudadanía»¹¹⁴. Con la central participación comunista, el Comité logró adquirir un carácter ecuménico. Carlos Vicuña Fuentes, eminente abogado, radical, uno de los más tenaces líderes de la lucha contra la dictadura ibañista en 1927 y obstinado defensor de las libertades, fue el más importante portavoz, no comunista, en la lucha contra la persecución de 1947-1949 y la Ley Maldita. El comité más tarde fue presidido por el radical Leonardo Guzmán, connotado antimilitarista, Ministro del gobierno provisional de Manuel Trucco en 1931 y de Pedro Aguirre Cerda; Carlos Vicuña Fuentes oficiaba de vicepresidente; Raquel Weitzman –secretaria– era abogada y militante comunista; Santiago Labarca, vicepresidente del comité, fue un destacado dirigente estudiantil de la FECH en 1920, posteriormente diputado radical y Ministro de Educación y Hacienda de los presidentes Juan Esteban Montero y Juan Antonio Ríos, respectivamente; Luis Valente Rossi –tesorero–, era profesor y militante comunista; y Óscar Waiss, socialista, fue el secretario de la organización. Posteriormente, la FECH se integró formalmente al comité y además la JUNECH¹¹⁵. En San Javier, por ejemplo, también participaban militantes del agrariolaborismo, socialcristianos, socialistas populares, sectores del radicalismo y democrático populares. Como señala Rolando Álvarez, el Comité de Solidaridad permitió el acercamiento de quienes, a lo largo de la década del cuarenta, fueron persistentes opositores, tanto dentro de la propia izquierda como con parte del espectro partidario de centro, los que en los comités de solidaridad provinciales, departamentales y locales restablecieron contactos en defensa de las libertades y garantías constitucionales¹¹⁶.

En Santiago, paralelamente, se organizó un Comité de Abogados para la defensa de las personas afectadas por las facultades extraordinarias. El abogado Fernando Ostornal Fernández arribó a Iquique con el propósito de reunir antecedentes sobre la situación de los dirigentes sindicales de las salitreras y de sindicatos del puerto de Iquique que fueron trasladados. En el caso del norte salitrero, el Comité de Abogados asumiría la defensa en el Juzgado del Trabajo de Iquique, ante las demandas de la CSTA en los Tribunales de Justicia para desaforar a los 17 dirigentes de Sewell llevados a Iquique, y también de los sindicatos del mineral de Chuquicamata y las oficinas salitreras María Elena y Pedro de Valdivia. Aún a mediados de 1948, la situación era grave: «Los abogados del Comité de Ayuda deben trasladarse cuanto antes a Iquique, puesto que las compañías han presentado demandas a los dirigentes obreros por abandono del trabajo y los obreros han sido notificados en forma absolutamente ilegal por funcionarios incompetentes que son funcionarios en departamentos que pertenecen a la provincia de Antofagasta, que han ido a notificar a Pisagua, de la provincia de Tarapacỹ¹⁷.

El Comité de Solidaridad y Defensa de las Libertades Públicas se estructuró nacionalmente en el primer semestre de 1948, con comités provinciales, departamentales y locales, y tres departamentos: Organización, Prensa y Propaganda, y Finanzas. La Secretaría General fue la encargada de las subcomisiones de ayuda, visita a los presos y asesoría jurídica. Esta entidad buscaba sensibilizar e integrar al conjunto ciudadano en la defensa de los perseguidos y en la lucha contra la exclusión y la represión, porque «estos objetivos corresponden a un deber mínimo de solidaridad con los hermanos nuestros que sufren las arbitrariedades del gobierno»¹¹⁸, afirmó el falangista Bernardo Leighton, miembro del Comité. En ese afán, los comités locales deberían constituir subcomités en los sindicatos, fábricas, talleres, barrios, haciendas, poblaciones, escuelas, universidades y toda organización que quisiera colaborar. Estos subcomités deberían materializar los fines perseguidos por el Comité de Solidaridad, colaborando económica, jurídica, médica y socialmente a los presos, relegados, perseguidos y sus familias; recolectar provisiones; visitar a los presos y velar por la seguridad y derechos de sus familias contra las acciones arbitrarias del gobierno: «Llamamos a los ciudadanos democráticos, a todas las organizaciones políticas y sindicales, deportivas, a los comités comunales y subcomités de solidaridad en cada sitio donde existan elementos democráticos a intensificar la ayuda en dinero, víveres, medicamentos, ropas y zapatos, revistas, libros de lectura que necesitan impostergablemente los relegados, detenidos y sus familiares, abandonados a la más espantosa miseria. ¡Ayude a los relegados! ¡Aliéntelos para aminorar sus sufrimientos! ¡Coopere!». Aun después de dos años de iniciada la represión se seguían constituyendo comités, como en la población San Pablo de la comuna de Barrancas y otro en la comuna de Renca. Cada uno de estos subcomités debería difundir los propósitos del Comité de Solidaridad y su labor a través de la publicación de folletos, periódicos, proclamas, volantes y manifiestos. El director del periódico Solidaridad era el abogado Carlos Vicuña Fuentes¹¹⁹.

El Departamento de Prensa y Propaganda tenía la responsabilidad de difundir las condiciones en que se hallaban tanto los recluidos en Pisagua como los relegados, perseguidos y sus familias, los atropellos y vejámenes cometidos por las autoridades, amparados en las leyes y los decretos que suspendían los derechos, promoviendo la derogación de todas esas normativas, tarea que se constituyó en un núcleo palpitante del comité. Por ello, toda su estructura debía realizar o patrocinar mitines, conferencias, manifestaciones públicas, lanzar volantes y distintos tipos de folletería denunciadora e informadora, creando comisiones de propaganda en la base social¹²⁰.

De acuerdo al Comité de Solidaridad y Defensa de las Libertades Públicas, para mayo de 1949 había logrado liberar a un porcentaje significativo de presos, ayudar a miles de recluidos que «por quince meses permanecieron en el Campo de concentración de Pisagua» y promover una crucial campaña de solidaridad nacional e internacional, denunciando al gobierno y logrando la creación de una Comisión Investigadora en el Congreso; recaudando y distribuyendo fondos para los reprimidos; ofreciendo ayuda en vituallas, apoyo médico y asesoría legal, y publicando el periódico Solidaridad¹²¹.

Una de las finalidades más importantes del comité era la recuperación de las libertades conculcadas, impedir la aprobación de la Ley Maldita y luego su derogación y la «libertad de los presos políticos y sociales; disolución del Campo de concentración de Pisagua»¹²². Estas finalidades se entendían como transversales al conjunto social, sin que las diferencias políticas o de credos religiosos pudieran actuar como dique para el reagrupamiento de las fuerzas sociales. Por ello se promovía, como señalamos, la expansión del comité a nivel de base en todas las escalas, hasta la más local. Esto estaba en consonancia con el sentido final del comité: «Ninguna persona de convicciones verdaderamente democráticas puede substraerse a esta urgente y trascendental labor […] Nuestra consigna de hoy: organizar comités y subcomités, incrementar al máximo la ayuda, apadrinar grupos de relegados, intensificar la campaña de masas por la libertad de los presos; en suma, transformar el movimiento ayudista en un poderoso instrumento de lucha por la restauración democrática»123. Hemos remarcado esta frase para resaltar la imbricación entre la defensa de los perseguidos y la lucha contra el Campo de Pisagua y la Ley Maldita, y por la restauración de la democracia, entendida como garantista de las libertades consagradas en la Constitución. Fue este sentido el que permitió el carácter políticamente amplio del Comité de Solidaridad y Defensa de las Libertades Públicas, como su nombre lo indica y como lo demuestra la presencia de antiguos anticomunistas, como Leonardo Guzmán, socialistas, falangistas y agrariolaboristas. Fue la defensa de lo que se entendía era una tradición en Chile. Así lo explicitó su máximo líder, Carlos Vicuña Fuentes: «Las libertades políticas se definen como las garantías que el estado doctrinariamente y el gobierno, de modo práctico, deben dar a los ciudadanos para el desarrollo espontáneo y normal de sus pensamientos, sentimientos y actividades. Las libertades políticas no son nociones filosóficas, sino garantías o seguridades del orden jurídicosocial». Por ello, el estado debía contribuir al desarrollo moral de la población, su inteligencia, prosperidad y bienestar. No obstante, sentenciaba Vicuña Fuentes, considerando la complejidad de esta tarea social, el estado y los gobiernos habían legitimado facultades para reprimir aquello que se entendía como socialmente dañino, lo cual explicaba la existencia de numerosos controles estatales, dirigidos a «prevenir los males públicos». Aun entendiendo aquello, Vicuña Fuentes y el “Comité de Solidaridad no compartían el camino seguido por el gobierno de Gabriel González y sus partidarios, ya que: «es una herejía criminal pretender gobernar el desarrollo de las opiniones, sean ellas políticas o científicas, por medios políticos o policiales, leyes, decretos, procesos, condenas, persecuciones. Toda esa artillería hipócrita constituye tiranía y torpeza […] la primera y más fundamental libertad política, la primera garantía que todo gobierno debe dar a la ciudadanos, es su respeto pleno, incondicional, a las ideas y sentimientos que ellos manifiestan, a sus programas de bien público, a sus teorías políticas, sociales, morales, estéticas, jurídicas o religiosas […] Solo debe reprimir las perniciosas y su represión debe ser tal que asegure el orden, la paz, la justicia, el progreso y el bienestar de los ciudadanos, con las medidas estricta y racionalmente necesarias para ello, sin llegar jamás al vejamen, la brutalidad, a la represión ciega y asesina, propia solo de los dementes o de los imbéciles, y siempre indigna de un hombre de valía»¹²⁴.

Estos mismos principios habían guiado la lucha contra la dictadura del General Ibáñez en 1927 e imprimieron el sello al Comité, permitiendo la colaboración con los comunistas en clandestinidad. Fue esta lucha, también, la que, según Rolando Álvarez, habría consolidado el compromiso doctrinario de los comunistas con la democracia.

El Comité se abocó apasionadamente a defender a los perseguidos, iniciando una cruzada nacional por la libertad. Parte de esa tarea fue la realización de asambleas públicas en la FECH para el estudio de las leyes de excepción, actividad en la que participaron profesores universitarios, estudiantes, obreros, empleados, escritores y dirigentes de partidos y sindicatos, concluyendo (el 23 de octubre de 1949) que tales normas vulneraban los derechos, siendo «contrarias a las tradiciones democráticas de la nación e infringen los principios contenidos en la Declaración de los Derechos del Hombre de la Organización de las NU, suscrita por el gobierno [acordando] constituir un Comité Nacional encargado de trabajar por la derogación de las leyes denominadas de DPD y de las facultades extraordinarias»¹²⁵. Eje de su lucha fue la derogación de dicha ley, denunciada como destinada a paralizar todo cambio social, siendo desconocedora de los derechos y libertades de las personas. El radical doctrinario Orlando Budnevich sostuvo: «Esta maldita ley hace desaparecer la libertad pública, como también la de expresar la opinión de palabra o por escrito […] Suprime, asimismo, el derecho a reunión, porque generalmente en cada una de ellas hay un agente de Investigaciones que lleva el soplo a sus patrones […] Esta ley también prohíbe el derecho o facultad para luchar por formas superiores de organización social. Es delito luchar por cambiar la fisonomía política del actual régimen. Priva también del derecho de solicitar o luchar por reivindicaciones económicas. Hacerlo es colocarse el sambenito del comunismo. El que lo hace es un rebelde en potencia, un revolucionario, un paria, en resumen, todo, absolutamente todo lo que da vida […] queda sometido al imperio de los legisladores»¹²⁶.

Si bien uno de los objetivos más importantes del comité fue el cierre del Campo de Pisagua y la derogación de la Ley Maldita, sus logros fueron relativos. El balance del Comité, que mencionábamos anteriormente, resaltaba la liberación de un porcentaje de los presos, como el apoyo brindado en sus más diversos aspectos, y la lucha por la restauración de las libertades. Sin embargo, la liberación de los recluidos/trasladados en/a Pisagua se insertó en el contexto de las elecciones parlamentarias de marzo de 1949, como producto de la solicitud del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) radical al Presidente del cese de las medidas tomadas al amparo de las facultades extraordinarias, «especialmente aquellas de traslados de personas a determinados puntos de la República»¹²⁷, y el quiebre de la alianza que posibilitó la represión, el gabinete de administración. Ello significó el distanciamiento de un sector de los socialistas y de los radicales –ahora denominados doctrinarios– respecto del gobierno.

La demanda del CEN radical, de finalizar las medidas tomadas por el Ejecutivo al amparo de las facultades extraordinarias, habría sido condicionada por el Presidente Gabriel González a que la Comisión Parlamentaria declarara el buen estado de los presos en Pisagua, desmintiendo el cargo de campo de concentración. Esta exigencia habría sido satisfecha, medianamente, por el diputado conservador Jorge Errázuriz, presidente de esa comisión, quien habría asegurado el buen estado de los trasladados. Después de ello, Gabriel González se habría reunido con todos los jefes de Zonas de Emergencia, a quienes les habría dado a conocer el informe verbal del diputado Errázuriz y su decisión de suspender todas las consecuencias de la Ley de Facultades Extraordinarias que establecían las zonas de emergencia, por lo cual quedaban sin efecto los traslados a Pisagua de los dirigentes comunistas, para que «el acto electoral de marzo próximo se realizara en un ambiente de la más absoluta libertad»¹²⁸. En la declaración oficial del gobierno, la cuestión de la calificación del Campo de Pisagua era fundamental: «El gobierno se había abstenido hasta hoy de hacerse cargo de la insistente campaña desarrollada por el Partido Comunista, en orden a que se había establecido un Campo de concentración en Pisagua, cercado con alambres de púas y sujeto a rigurosas medidas de apremio policial, [para] los agitadores comunistas que allí habían sido residenciados […]hecho que una comisión parlamentaria acaba de demostrar inexacto»¹²⁹.

A raíz de tal decisión, «el campamento de relegados de Pisagua ha desaparecido teóricamente, de acuerdo con las disposiciones del gobierno y las medidas adoptadas por el Intendente de Tarapacá y el Gobernador de Pisagua. Ayer, los trasladados en Pisagua y otras localidades de la provincia fueron notificados que quedaban en libertad para trasladarse adonde ellos desearan y que las resoluciones del gobierno adoptadas en su contra quedaban desde ese momento sin valor alguno»¹³⁰. Tras esa orden, las autoridades regionales pidieron instrucciones para el «traslado» de los presos desde Pisagua a Iquique y desde allí a sus lugares de procedencia. Los decretos que ponían fin a las «relegaciones» fueron emitidos el 28 de enero y los primeros en ser liberados fueron los «trasladados» que se encontraban en el Hospital de Iquique, por encontrarse enfermos. Al ponerse término a las facultades extraordinarias, los Intendentes y gobernadores reasumieron todas sus atribuciones, finalizando la autoridad militar¹³¹.

En efecto, una vez terminadas las facultades extraordinarias concedidas al gobierno, los recluidos en Pisagua fueron liberados, pero con orden de relegación a otros puntos del país: «Se nos informa que los siguientes relegados, que hasta ayer se encontraban en Pisagua, han sido enviados a los puntos que se indican»¹³². Fue el caso del diputado Humberto Abarca, enviado a Quellón; Manuel Sasso a Puqueldón; Juan Vargas a Belén; Carlos Márquez a Castro; Lino Barrera, Alfonso Meléndez y Epifanio Flores a Caldera; Guillermo Gálvez, Marino Fontana, Julio Araya Porras y Ruperto Irarrázabal a Cochamó; Silvestre Guerrero, Luis Malbrán, Luis Mercado Cortés, Francisco Patiño, José Miguel Pizarro, Óscar Alejandro Rivera y Armando Rojo a Alhué; Eloy Ramírez, Juan Molina, Ismael Vicencio y Juan Flores a San Juan de la Costa. Los únicos realmente en libertad fueron Natalio Berman y un militante de apellido Quiroz¹³³.