Pisagua, 1948. Anticomunismo y militarización política en Chile

Entendemos por militarización de la política la intervención de los militares en el debate y la acción política –actividades ajenas a su profesión–, lo cual provoca una desviación de su función social –la defensa externa–, irrumpiendo en ámbitos propiamente civiles²⁰. La militarización política puede implicar, de igual forma, la apelación de los civiles a un papel o función política de esos organismos. Así, la militarización social es el «proceso por el cual los valores, la ideología y los patrones de conducta militares adquieren una influencia en los asuntos políticos, sociales, económicos e internacionales del estado»²¹. En el período que analizamos, la circulación de ideas castrenses alcanzó amplia difusión, sacando a los militares de los cuarteles. Su forma represiva de solución del conflicto permeó el sistema político chileno.

Nuestro marco temporal se justifica en la naturaleza del conflicto político en Chile (1938-1958), definido hasta fines de los cincuenta por la cuestión obrera. Hasta esa fecha, el movimiento obrero tradicional y el Partido Comunista fueron percibidos como la principal amenaza al orden capitalista existente y la resistencia de los trabajadores a su total domesticación. Esa amenaza se afincaba en la persistencia institucionalizadora de la izquierda, la fuerza que ella le ofrecía y su efecto estatal. La Ley Maldita, los decretos y las leyes de Seguridad Interior del Estado, de 1925 a 1932, y la de 1958; el tipo de acción policial ejercida por Carabineros e Investigaciones y la existencia puntual de «Campos de prisioneros» reflejaron ese sesgo del conflicto, dirigido a impedir un poderío incontrolable. Igualmente, esas normas e instituciones policiales hacían manifiesta la forma de combatirlo, toda vez que los dispositivos represivos estatales se adecuan al tipo de amenaza, a lo que se define como tal. El levantamiento popular del 2 de abril de 1957, inicialmente contra un alza de tarifa del transporte público, de características inesperadas y señal de los cambios que viviría el conflicto en los años sesenta, tuvo un efecto fundamentalmente político, no así sobre los dispositivos represivos. La forma utilizada todavía correspondía al período de estudio que cubre este libro. En ese sentido, Ibáñez cerró el ciclo iniciado en 1925.

La narración de esta historia comienza con una descripción del Campamento de Pisagua en 1947-1949, en un intento por situar al lector en el momento en que los obreros y comunistas fueron denominados una amenaza revolucionaria, apresados y trasladados a ese puerto salitrero. El capítulo I describe su llegada y reclusión, los organismos de apoyo y ayuda con que pudieron contar, así como la resistencia del Partido Comunista desde la clandestinidad y de sus aliados en el espacio público. El capítulo no tiene un afán analítico, sino, expresamente, situacional, por lo cual recurre a numerosas y variadas fuentes primarias, rescatando a los sujetos en ese instante. Este trazo –suspendido en el tiempo– lo utilizo para interrogar, posteriormente, respecto de la relación del Campo de Pisagua con la evolución política del país desde 1938. Por eso, su descripción es la entrada al libro, destacando en él términos, fenómenos y procesos que se analizarán en los capítulos subsiguientes. Pisagua como síntesis de una multiplicidad de complejas corrientes.

El capítulo II inquiere sobre el desarrollo de distintos anticomunismos y su vínculo con la Ley Maldita, en un marco de tiempo que excede el triunfo de Gabriel González y la presión norteamericana. Su apuesta es que la expulsión de los comunistas, a través de esa ley, debe pensarse en una periodización y proceso más amplio. El capítulo persigue situar la Ley de Defensa de la Democracia, revisando el período 1938-1948 desde tres aspectos. En primer lugar, el efecto del anticomunismo sobre el funcionamiento del sistema político, tanto respecto de la derecha como del Partido Socialista; la diferenciación entre anticomunismos doctrinarios y la opción represiva, toda vez que sostenemos que el anticomunismo no es sinónimo de represión, necesariamente. La ley es vista como un punto de llegada de diversos procesos. En segundo lugar, se ausculta la relación entre los anticomunismos y el estatismo económico-social que encarnaron el Frente Popular y las coaliciones de centroizquierda hasta la gestión de Gabriel González. Por último, instalamos la Guerra Fría dentro de las modificaciones que sufrió el sistema interamericano tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero como un proceso en construcción, buscando observar y ubicar a los actores en ese contexto específico.

El capítulo III aborda el problema de la militarización política que se puede observar en Pisagua, explorando la participación de las fuerzas armadas en el conflicto político del país, a través de las Zonas de Emergencia desde 1943. Se busca determinar el impacto de la Segunda Guerra Mundial en materias militares en América Latina y los cambios que afectaron a las nociones de seguridad externa e interna. El capítulo recorre las Zonas de Emergencia, detectando las huellas sobre el profesionalismo militar, las relaciones cívico-militares y su politización. Finaliza con las Zonas de Emergencia que dieron vida a Pisagua.

Una vez examinado el camino seguido por la política en los años cuarenta, nos aproximamos a una precisión histórica de Pisagua. El capítulo IV reflexiona sobre una posible definición del Campo que se creó allí, a partir de la evolución de los dispositivos represivos estatales y la influencia de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, explica por qué se le llamó «campo de concentración».

El capítulo V evalúa la proyección del Campo de Pisagua y de la Ley Maldita, escudriñando la relación del gobierno de Carlos Ibáñez con el movimiento obrero en un contexto democrático, a la luz de las herencias dejadas por la experiencia de Gabriel González. Se reflexiona acerca del carácter de la amenaza y los efectos sobre los dispositivos represivos.

El capítulo VI analiza la militarización del conflicto en la nueva fase de la Guerra Fría, bajo el giro autoritario del Presidente Eisenhower, en el marco de la Guerra de Corea, el golpe militar en Guatemala y su impacto en el sistema interamericano, y el estallido del Tercer Mundo, que modificaron el carácter del conflicto, la naturaleza del liderazgo estadounidense y la lucha contra el comunismo.

El libro finaliza con un Epílogo, el cual aborda la derogación de la Ley Maldita y su reformulación en la de Seguridad Interior del Estado de 1958.

1* Los nombres de entidades, organismos o colectividades institucionales, así como los sustantivos comunes y los nombres de cargos y grados, se han mantenido con mayúscula inicial, usados así por la autora por ser convención disciplinar. Las palabras estado, gobierno y nación se usan aquí en minúscula por expresa voluntad de la autora.

La reconstrucción más completa de esas normativas y estallidos de represión estatal en Elizabeth Lira y Brian Loveman, Las suaves cenizas del olvido. Vía de la reconciliación política, 1814-1932. Santiago, 1999; Las ardientes cenizas del olvido. Santiago, LOM, 2000; Arquitectura política y seguridad interior del Estado. 1811-1990. Dibam, 2002; Poder Judicial y conflictos políticos en Chile (1925-1958). Santiago, LOM, 2013.

² Hugo Frühling. «Fuerzas armadas, orden interno y derechos humanos». En Hugo Frülingh, Carlos Portales y Augusto Varas. Estado y Fuerzas armadas en el proceso político chileno. Santiago, Flacso, 1982, p. 35.

³ Verónica Valdivia Ortiz de Zárate. Subversión, coerción y consenso. Creando el Chile del siglo XX (1918-1938). Santiago, LOM, 2017.

⁴ Esta tesis fue inicialmente planteada por Norbert Lechner en La democracia en Chile, Santiago, Flacso, 1970, pero está también en aquellos que han suscrito la idea de estado de Compromiso, como por ejemplo Tomás Moulian, «Desarrollo político y estado de Compromiso: desajuste y crisis estatal en Chile», Estudios Cieplan, No. 8, 1982 y en Las contradicciones del desarrollo político chileno, Santiago, LOM, 2009.

⁵ Verónica Valdivia O. de Z. Subversión, coerción y consenso, op. cit., cap. VII.

⁶ Camilo Plaza. «El Servicio de Investigaciones y la policía política en Chile (1933-1973)». Manuscrito inédito.

⁷ Ibid., caps. II y VII.

⁸ Esa es la mirada clásica, a pesar de las tensiones. Sofía Correa et. al. El siglo XX chileno. Santiago, Sudamericana, 2000; Arturo Valenzuela. El quiebre de la democracia en Chile. Flacso, 1978.

⁹ Marina Franco. Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y subversión, 1973-1976. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2012, la cita en p. 17.

¹⁰ Mariana Iglesias. «La excepción y la regla. Estado, partidos políticos y Medidas Prontas de Seguridad en Uruguay, 1946-1963». Tesis de Maestría, Buenos Aires, Universidad del General Sarmiento, 2010; una síntesis en «La excepción como práctica de gobierno en Uruguay, 1946-1963». Contemporánea, No. 11, Montevideo, 2011, pp. 137-156; Leandro Kierszenbaum. «Estado peligroso y Medidas Prontas de Seguridad: violencia estatal bajo democracia (1945-1968)». Contemporánea, No.12, Montevideo, 2012, pp. 97-114.

¹¹ Tomás Moulian. Democracia y socialismo. Santiago, Flacso, 1983; Paul Drake. Socialismo y populismo en Chile. Valparaíso, Ediciones UCV, 1993; Sofía Correa. Con las riendas del poder. Santiago, Sudamericana, 2000 y Marcelo Casals. El alba de la revolución. La izquierda y el proceso de construcción estratégica de la «Vía chilena al socialismo», 1956-1970. Santiago, 2010 y, del mismo autor, La creación de la amenaza roja: del surgimiento del anticomunismo en Chile a la campaña del terror de 1964. Santiago, LOM, 2016. Una versión alternativa sobre las derechas en Verónica Valdivia O. de Z y Julio Pinto V, «Repensando a la derecha chilena, 1925-1932», Moscú, Istoriya, No. 5, 2020.

¹² Gilbert Joseph y Daniela Spenser (editores). In from the Cold. Latin America’s New Encounter with the Cold War. Durham, Duke University Press, 2007, p. 20; Frederick Katz. «La Guerra Fría en América Latina». En Daniela Spenser (coordinadora). Espejos de la Guerra Fría: México, América Central y el Caribe. Ciesas, 2004, pp. 18-20; Greg Grandin. The Last Colonial Massacre. Latin America in the Cold War. The University of Chicago Press, 2004, pp. 5-8; Piero Gleijeses. La esperanza rota. La revolución guatemalteca y los Estados Unidos, 1944-1954. Guatemala, Editorial Universitaria-Universidad de San Carlos de Guatemala, 2008, p. 307.

¹³ Alberto Aggio. Frente Popular, radicalismo e revolução passiva no Chile. São Paulo, Anna Blume/FAPESP, pp. 152-153.

¹⁴ Jody Pavilack. Mining for the Nation: The Politics of Chile”s Coal Communities from the Popular Front to the Cold War. The Pensylvania University Press, 2011. Una revisión más pormenorizada de la bibliografía existente en el capítulo II.

¹⁵ Carlos Huneeus. La Guerra Fría chilena. Gabriel González Videla y la Ley Maldita. Santiago, Debate, 2009.

¹⁶ Alfonso Salgado. «Exemplary Comrades: The Public and Private Life of Communist in Twentieth-Century Chile», Columbia University, 2016.

¹⁷ Volodia Teitelboim. Pisagua. La semilla en la arena. Santiago, LOM, 2002. La primera edición es de 1973.

¹⁸ Rodrigo Patto Sá Motta. Em guarda contra o perigo vermehlo. Sao Paulo, Editora Perspectiva S.A., 2012.

¹⁹ Marcelo Casals, op. cit.

²⁰ Genaro Arriagada. El pensamiento político de los militares. Santiago, Cesoc, 1981, p. 54; Alfred Stepan Repensando a los militares en política. Cono Sur: un análisis comparado. Buenos Aires, Planeta, 1988.

²¹ Carlos Portales. «Instituciones políticas y fuerzas armadas». En Frühling, Portales y Varas, op. cit., p. 12.

Capítulo I Pisagua, 1948
1.- «Traslados»

«A Óscar me lo mandaron relegado a Pisagua. Y tanto que habíamos trabajado por él [Gabriel González Videla] en la campaña; yo hasta subí a la tribuna para proclamarlo»²²; «Fueron años muy duros. González Videla cometió muchas barbaridades. El pretexto fue la huelga del carbón que, según decía, era “la primera batalla de la tercera guerra mundial”. Por orden del gobierno, los carabineros detuvieron a cientos de mineros y los metieron junto con sus mujeres y sus niños en carros de carga del tren, que se usaba normalmente para transporte de animales y de mineral. Por crueldad o torpeza, al llegar a Chepe desengancharon a esos vagones de la locomotora y ahí quedaron botadas muchos días esas familias, sin alimentos, sin servicios higiénicos, sin agua. Había vigilancia a cargo de carabineros armados… El traidor, empeñado en aplicar a toda costa su política represiva, ordenó mandar a todos aquellos mineros con sus familias al puerto salitrero de Pisagua, recién habilitado como campo de concentración»²³.

Semanas antes de los primeros «traslados», el Presidente había solicitado al Congreso facultades extraordinarias en nombre de la democracia y la salvaguardia de las instituciones: «El actual gobierno […], celoso guardador y mantenedor de las tradiciones democráticas del país, es contrario, por principio, a la adopción de aquellas medidas que tiendan a coartar esas libertades y derechos, pero tampoco puede aceptar […] que ciertos sectores extremistas, abusando de las garantías que a todos los ciudadanos otorga la democracia, quieran hacer escarnio de aquellos mismos principios y pretendan socavar el normal desenvolvimiento de nuestra institucionalidad […] un plan atentatorio a la economía nacional que se traduce en numerosas huelgas de carácter ilegal, que son mantenidas y alentadas en los centros de producción, tales como las que se realizan en las zonas cupríferas, salitreras y carboníferas»²⁴.

Instalando el conflicto interno en el marco de la naciente Guerra Fría, el Presidente Gabriel González acusó a los comunistas de preparar una huelga revolucionaria: «Un vasto programa concebido por el totalitarismo ruso, que realizaban simultáneamente en el mundo entero todos los núcleos comunistas […]una huelga general revolucionaria […] Los antecedentes reunidos, provenientes de todo el país, me señalaron que esta huelga debía empezar en las minas de carbón de Lota y Coronel, lo que traería como consecuencia inmediata e inevitable, la paralización de los Ferrocarriles del Estado, de todas las industrias y de la empresas de electricidad y gas»²⁵. Esta reconstrucción muy posterior a los hechos –incluso cruzada por el Golpe de septiembre de 1973– alude al estallido de una huelga en la zona del carbón, a comienzos de octubre de 1947, cuando las relaciones entre el gobierno y el Partido Comunista estaban rotas y este se encontraba, prácticamente, aislado en términos políticos. Según su declaración, las huelgas respondían a la intervención de la Unión Soviética, que planeaba controlar las fuentes productivas de las materias primas que podían servir a los Estados Unidos para su preparación bélica, en caso de emergencia internacional y retardar o paralizar esas producciones²⁶.

La solución prevista por el gobierno fue la dictación de dos estados de excepción constitucional, Estado de Sitio y Zona de Emergencia, esta última contemplada para casos de ataque externo o conmoción interna, y que entregaría el control de esos lugares a las fuerzas armadas. Los considerandos del mensaje enviado al Congreso para obtener esas facultades extraordinarias afirmaban que «Es deber fundamental del Ejecutivo afrontar la situación, haciendo uso de recursos constitucionales que las circunstancias aconsejan para adoptar las medidas de vigilancia y de represión, autorizadas por la ley para resguardar el interés nacional»²⁷. En su visita a la ciudad de Temuco poco tiempo después, el Presidente afirmó que las Zonas de Emergencia decretadas y la restricción de libertades eran «facultades muy limitadas. Desde luego, solo a las zonas amagadas por el Partido Comunista: cobre, carbón y salitre y solo autoriza al gobierno al traslado de un punto a otro de la República a los comunistas. Se levantan las Zonas de Emergencia 15 días antes de las elecciones […] La crítica a las facultades extraordinarias es un error doctrinario. Yo asumo la responsabilidad de mis actos, porque amante de la libertad y de la democracia sé que con estas medidas de excepción estoy derrotando a aquellos que desean aprovecharse de nuestras libertades democráticas para establecer su propia tiranía totalitaria: la tiranía del Partido Comunista, la misma que acaban de imponer en Checoslovaquia»²⁸.

Según las Memorias del General Guillermo Barrios Tirado²⁹, Ministro de Defensa del Presidente Gabriel González, el 3 de octubre de 1947 una directiva secreta de esa cartera fue enviada al Jefe del Apostadero Naval de Talcahuano, vicealmirante Alfredo Hoffmann y Jefe de Zona de Emergencia en las carboníferas, informándole que se ocuparía militarmente las minas del carbón, procediéndose «al apresamiento de los agitadores comunistas, según lista en poder de esa Jefatura, incluso del alcalde y regidores de Lota y parlamentarios de ese mismo partido»³⁰, a la vez que se ordenaba cancelar los permisos para cargar armas, las cuales serían requisadas. Se le informaba al vicealmirante Hoffmann que el día 4 de octubre se decretaría la reanudación de faenas, explicitándose las condiciones económicas que regirían, orden que de no ser acatada en 48 horas o si lo fuera en menos del 80% de la dotación de las minas, el Presidente dictaría un «Decreto Supremo de movilización militar y de cumplimiento integral del Plan Gamma»³¹. El 4 de octubre el decreto de reanudación de faenas fue emitido: «tropas de la marinería, Ejército y de Carabineros, al mando del vicealmirante señor Alfredo Hoffman, resguardarán el orden en toda la región afectada por este movimiento huelguístico y evitaran los sabotajes anunciados en las faenas»³². Los trabajadores rechazaron la orden de regreso al trabajo, argumentando que su huelga era legal y habían seguido todos los procedimientos contemplados en el Código del Trabajo.

En la reunión sostenida con los oficiales y tropa de los regimientos Chacabuco, Guías y Silva Renard en la zona de Concepción, el General Barrios Tirado señaló que debía imponerse el principio de autoridad porque la lucha era contra una secta internacional y que el objetivo del gobierno era «la liquidación del comunismo entronizado en la zona (y) esperaba para el 4 el arresto de doscientos o trescientos cabecillas […] Se dispone de inmediato que se organicen patrullas de Carabineros, Investigaciones, Ejército, vestidas de civil, para proceder a la detención de quienes figuran en las listas entregadas por las compañías [para lograr el] arresto del máximo de individuos»³³.

El 5 de octubre se cumplió la orden de militarización de la zona. De acuerdo a la información oficial, emanada del Ministro del Interior: «En el día de ayer, tropas de Ejército, Marina y Aviación tomaron el control de toda la zona carbonífera, y en las primeras horas de la mañana de hoy llegarán a Concepción los regimientos de Los Ángeles y Chillán; barcos de guerra llegaron a Talcahuano; fuerza de Aviación saldrá de Temuco con destino a la ciudad indicada en las primeras horas de la madrugada […] Todas estas fuerzas…harán respetar íntegramente el decreto de reanudación de labores. Se detendrá a todo aquel que, en obedecimiento a la consigna de producir la asfixia económica de la nación, pretenda entorpecer o dificultar el trabajo de los obreros»³⁴. Para evitar la paralización, las fuerzas de la guarnición de Concepción se desplegaron por el territorio, reforzadas por el destacamento andino de Los Ángeles y el Regimiento Chillán, unidades de la Armada y un número importante de aviones de la Fuerza Aérea, anunciados por el gobierno. Con el decreto de Zona de Emergencia se aisló a Lota y Coronel, coartando la libertad de movimiento, impidiendo la entrada y salida de personas consideradas sospechosas, mientras se despojaba a los sindicatos de su personería jurídica y de sus bienes, como una forma de evitar una resistencia prolongada. Así lo denunció el manifiesto publicado por el comando de la huelga: «Nuestros dirigentes se encuentran detenidos, nuestros locales clausurados; las radios y teléfonos, controlados; NOS TIENEN EL PUEBLO COMO CÁRCEL (sic), sin poder salir ni entrar de nuestra localidad. Nos amenazan con seguir tomando leyes represivas hasta con el más modesto militante de nuestros sindicatos. El comando hace un fervoroso llamado a las FUERZAS ARMADAS (sic) que tienen el control de nuestro pueblo, para que sepan comportarse como siempre lo han hecho, manteniendo el alto prestigio de Chile, garantizando el libre juego democrático de nuestras organizaciones obreras. Por nuestra parte, los trabajadores sabremos mantener la tranquilidad en el desarrollo de nuestro justo movimiento legal»³⁵.

La militarización de la industria y región carboníferas sometió a los trabajadores al régimen disciplinario y judicial de las fuerzas armadas y se designó al General Santiago Danús Peña, Comandante en Jefe de la III División, como Jefe de Zona de Emergencia en Lota y Coronel, a la vez que se llamó a reconocer cuartel a los reservistas que habían realizado el servicio militar en 1946 y a los que tenían ciertas especializaciones, cuyos nombres figuraban en las listas confeccionadas por la Dirección de Reclutamiento e Instrucciones de las Reservas, debiendo presentarse en su regimiento o cantón de reclutamiento. Quien no lo hiciera sería pasado a los tribunales militares. Estos reservistas reemplazarían a los obreros paralizados. Simultáneamente, y responsabilizando al Partido Comunista de la mantención de la huelga carbonífera y las estalladas en otras partes del país, el Ministerio del Interior decretó la censura del diario El Siglo y otras publicaciones de ese partido e «Idénticas medidas se dispusieron anoche con respecto a otros puntos del país, pues el gobierno tiene informes sobre el traslado de agitadores comunistas a los puertos de Valparaíso y San Antonio, a Sewell y a la zona norte, donde pretenden hacer movimientos como el del carbón, cuya finalidad primera y última es, como se ha dicho, producir la asfixia económica de la nación»³⁶.

Así, 18.000 efectivos militares desplegados en la zona del carbón procedieron a allanar los locales sindicales y deportivos, sedes de partidos, invadieron las viviendas de los obreros, provocando numerosas destrucciones, a la vez que la autoridad uniformada censuró a la prensa, prohibiendo noticias vinculadas a la huelga³⁷.

Las fuerzas militares detuvieron a los denominados «cabecillas», cientos según el Ministro de Defensa, a quienes se les «internó» en pontones³⁸ o en la isla Quiriquina, pasándolos al juzgado militar. Mientras, mil nuevos contratados llegaban a reemplazar a los huelguistas. Los primeros detenidos fueron acusados de intentar impedir la entrada de los trabajadores a los piques: «Detenidos y allanados los 30 comunistas, se les encontró en su poder laques y cuchillas, siendo desarmados e inmediatamente relegados al sur del país. Los treinta comunistas eran dirigidos por Isaías Fuentes, exgobernador de Coronel; por Fidel Mellado, alcalde de Coronel, y por Humberto Pinto Pacheco, secretario del alcalde mencionado»³⁹. La esposa del Presidente de la República, señora Rosa Markmann, fue informada por el Jefe militar de la región carbonífera, General Danús, de la expulsión de numerosos obreros y profesores de la zona, por ser calificados de agitadores y subversivos: «Abdón 2º. Alarcón Barra: Detenido desde los primeros instantes por agitador, fue enviado al vapor Don Thomson, de donde pasó a la Cárcel Pública de Coronel, donde se le juzga por subversión. La familia evacuó el establecimiento con destino a Coronel, recibiendo la asignación respectiva. La esposa confesó ser dirigente del MEMCH [Movimiento pro emancipación de la mujer] y formar en los comicios»⁴⁰.

De acuerdo a las órdenes emitidas por el General Barrios Tirado, los allanamientos de un pabellón completo se iniciaron el día 15 de octubre, deteniéndose a sus ocupantes para «conducirlos al pontón al ancla en Lota», donde serían instalados. Las condenas, según señalaba, durarían entre tres y cinco años. Simultáneamente, se notificaría a los familiares de los detenidos en la isla Quiriquina que tendrían un plazo de ocho días para abandonar las viviendas, pues ellas serían entregadas a los trabajadores que reemplazarían a los detenidos⁴¹.

La violencia desatada contra los trabajadores en huelga y sus familias debe ser inserta en la lógica que impulsaba las decisiones del gobierno y de sus colaboradores, quienes, según el testimonio del Ministro de Defensa, «se consideran en guerra, en una revolución cuyos inmediatos resultados no se sabe, porque no se transigirá con los huelguistas y cueste lo que cueste, pase lo que pase, se impondrá el principio de autoridad»⁴². Efectivamente, la justificación del Presidente para haber impulsado las facultades extraordinarias que le permitieron suspender las garantías constitucionales afirmaba que Chile estaba entrando a un nuevo período histórico: «Es preciso comprender que estamos ya en presencia de una nueva guerra, de una verdadera guerra revolucionaria, cuyas primeras batallas se libran en el mundo entero»⁴³. En consonancia, el Jefe Militar consideraba que el apresamiento de cabecillas debió ser masivo, de dos a tres mil trabajadores, «para extirpar el cáncer revolucionario. La checa comunista tiene atemorizada a la clase obrera y es a esa fuerza a la que hay que eliminar para asegurar la libertad de trabajo»⁴⁴.

Contrariamente, según la denuncia del senador comunista Carlos Contreras Labarca, la huelga tenía motivos estrictamente económicos, irresuelta por la intransigencia de las compañías y completamente alejada de cualquier motivación revolucionaria. No obstante, la acción gubernativa seguía una lógica bélica, tal como lo expresó en el Senado: «Actualmente, la zona del carbón se encuentra –puede decirse– en estado de guerra y los obreros son tratados como si no fueran chilenos. Se han movilizado el Ejército, la Marina y la Aviación. Los cerros que rodean las minas están cubiertos por cañones de artillería y cada quince minutos se hacen volar sobre los campamentos aviones de la Fuerza Aérea cargados de bombas»⁴⁵.

En la tercera semana de octubre de 1947, los minerales de Sewell y Chuquicamata y las salitreras María Elena, Vergara en Antofagasta, así como Victoria, Humberstone y Alianza en Tarapacá se declararon en huelga. El gobierno respondió con decretos de Zona de Emergencia para las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y O’Higgins, con lo cual se produjo la ocupación militar de los campamentos mineros y oficinas salitreras, ordenándose la reanudación de faenas y la detención de setenta dirigentes comunistas. De acuerdo a las Memorias del entonces Presidente de la República, los Jefes de Zona, generales Silvestre Urízar en Antofagasta, Guillermo Aldana en Tarapacá y Humberto Luco en Sewell, procedieron a ocupar militarmente dichas faenas y, en el caso de las oficinas salitreras, «las escuelas fueron invadidas por los militares, quienes cumplían órdenes. Hay despidos de obreros, han sido mandados al sur de Copiapó con todas sus familias; a los familiares de los relegados se les han botado sus enseres a la calle, dando un plazo de 24 horas para que abandonen las oficinas, siendo los relegados embarcados al sur con rumbo desconocido»⁴⁶. Según el testimonio del entonces teniente Aquiles Levensberg, los nombres de los detenidos en la oficina Alianza fueron entregados por los carabineros, quienes indicaban la vivienda del obrero y el método de detención: «Es muy sencillo. Yo le indico dónde vive la gente y usted toma al “gallo” y se lo trae al cuartel. Le pregunté ¿y si se resiste?. “Bueno –contestó–, quiere decir entonces que hay que darle un culatazo para que entre en razón”»⁴⁷.

Para la fecha, todos los centros mineros del país estaban bajo control militar, y los derechos constitucionales, suspendidos.

A comienzos de noviembre de 1947, el buque de la Armada, Araucano, procedente de Lota y Coronel, llegó a Iquique trasladando a los «relegados de la zona carbonífera» en número de 93, «acompañados de 27 familiares», a los que se sumaron 24 relegados de Santiago, en viaje a su lugar de destino: «El Araucano zarpó hoy a Pisagua, sitio de relegación de los [presos] mencionados. Además lleva madera para habilitar barracas en donde serán concentrados; también lleva víveres»⁴⁸. Entre los «trasladados figuran obreros, empleados, maestros, etc., tanto de las oficinas salitreras del interior como de este puerto, los cuales ya se encuentran en Pisagua»⁴⁹.

Tal fue la experiencia de la profesora, regidora y alcaldesa en ejercicio de la Municipalidad de Lota, Blanca Sánchez Sagredo, quien fue «detenida los primeros días siguientes al decreto de reanudación de faenas, mantenida incomunicada por las autoridades policiales de la región, en la sección de Investigaciones de Concepción, trasladada luego a Santiago, en el mismo carácter, el día 13 de octubre y transportada a Pisagua, punto de su relegación⁵⁰, dos horas después de haber sido recibido el recurso de amparo interpuesto en su favor. Durante todo este tiempo, la regidora Blanca Sánchez Sagredo fue mantenida en lugares destinados a la detención de inculpados de delitos comunes, con violación del artículo 72 No. 17 de la Constitución Política y de las leyes nos. 8.837 y 5.163, que establecen, sobre el particular, que el arresto no puede ser en lugares que sean cárceles ni otros destinados a la detención o prisión de reos comunes»⁵¹. Más aún, su abogado defensor Mario Rojas, que interpuso el recurso de amparo, fue también apresado el 22 de octubre.

El buque Araucano recibió a los 2.200 obreros detenidos en la zona del carbón y en Santiago, una vez que fueron interrogados por la autoridad militar, con el objetivo de «establecer quiénes eran los dirigentes que los habían inducido a esa acción incalificable. Del resultado de esta investigación se pudo establecer el nombre y la afiliación de más o menos 300 dirigentes, los que fueron detenidos de inmediato y trasladados a bordo del buque madre Araucano, donde comenzaron ayer mismo a funcionar los tribunales militares»⁵². Luego, zarpó con destino a Iquique.