Fiesta y drama

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2. El secular pacto Estado-clase terrateniente





«Antes de la peluca y la casaca» fue el

modo comunitario

 de vivir y producir en la tierra de

AméricAmérica

: habitación de pueblos, mayoritariamente, asentados en el suelo de su cultivo, trabajando colectivamente la tierra unidos por lazos de consaguinidad. Este modo de producción de la tierra en comunidad constituye la raíz profunda de

AméricAmérica

, violentada en la conquista y muy debilitada y arrancada de su raigambre en la apropiación colonial; pero siempre se mantiene latente su raíz, ante la posible oportunidad de su afloramiento y nuevo florecimiento…



Ocurrida esa violencia y ocupación colonial, el Estado español fue un ente protagónico en el proceso de conformación de la propiedad de la tierra y su régimen social de producción en América y Chile. Como se sabe, desde la conquista de América y durante toda la época hispano-colonial, el Estado metropolitano actuó apropiándose de toda la tierra americana y, en su calidad de tal soberano del territorio de América, realizó un íntimo pacto con los conquistadores y colonizadores privados, distribuyéndoles la tierra conquistada («mercedes de tierras») y entregándoles sus propios súbditos en custodia productiva, determinando su régimen de trabajo («encomienda de indígenas» o prohibición de encomiendas de indígenas, etc.), vigilando y controlando el proceso de conformación y transformación de dicho régimen de tenencia de tierras y de producción a lo largo de los tres siglos coloniales, definiendo, delineando y determinando, asimismo, la tenencia indígena de la tierra –a veces resguardando el «modo de producción de comunidad» indígena en los territorios donde dicha comunidad aún existía o fijando límites con las tierras de la «nación mapuche», etc.–, como asimismo determinando la tenencia privada de ella, así como de los territorios que se considerarían «fiscales» a través de una persistente doble política de «radicación indígena y de liberación de tierras fiscales», etc.: todos procesos de fuerte intervención estatal

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. Aún más, el 27 de marzo de 1767 el Estado español decretó la expulsión de América de la orden de los Jesuitas, grandes poseedores de tierras, realizando lo que podríamos identificar como la «primera Reforma Agraria en América», a través de la cual el Estado español produjo una masiva expropiación de la propiedad agraria jesuita, tomando posesión de sus tierras americanas para luego proceder a redistribuirlas, en gran medida, a través del remate fiscal de las mismas, generando una importante movilidad de la propiedad de la tierra hacia fines del siglo xviii

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. Interesa, así, enfatizar en el hecho de que a fines de la época hispano-colonial, aún convivían tipos distintos de tenencia de la tierra en América y Chile, coexistiendo la propiedad colectiva indígena con la propiedad privada y la propiedad fiscal, con una fuerte presencia y control del Estado.



Durante el siglo republicano del xix, la íntima alianza entre el Estado y los señores «privados» se constituyó en una poderosa fuerza de acción dirigida hacia la consolidación de la conquista de la tierra –básicamente la conquista de la nación mapuche– y hacia la liquidación del modo de producción colectivo comunitario americano. Desde temprano y mediados del siglo xix, el Estado chileno está «privatizando» los Pueblos de Indios, induciendo una colonización extranjera en Chile/Sur Austral y dictando leyes de apropiación estatal de la Araucanía, antes de avanzar militarmente sobre ella

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. Al finalizar ese siglo y luego de la violenta conquista de las tierras de la nación mapuche con todas las fuerzas militares accionadas por el Estado chileno, este último procede a «reducir» al pueblo mapuche en tierras marginales, a rematar a los señores privados parte de la tierra fiscal «liberada» y a colonizar con extranjeros y nacionales segmentos de dicha tierra fiscal

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. En este sentido, interesa aquí enfatizar el carácter protagónico del Estado Republicano en el ordenamiento agrario: un Estado que termina por consumar y consolidar el proyecto de conquista y colonización hispano-metropolitano de la tierra americana, con el fin de consolidar el proyecto capitalista europeo moderno de fundación de propiedad privada de la tierra como modo de producción y de ordenamiento social predominante y hegemónico.



En suma, durante cuatro siglos, el Estado en América y Chile fue agente y actor por excelencia de la conquista de la tierra americana

para y por

 los grandes propietarios privados llamados, por su parte, a la tarea de consolidar la conquista de América y Chile como propiedad privada de la tierra como sólido fundamento de la construcción de un orden socialmente estratificado y generador de relaciones de dominación/subordinación social. Proyecto que se realizó por todas las vías, especialmente por la vía de la violencia militar extrema, violando los derechos humanos fundamentales del pueblo americano y mapuche y, básicamente, negando el poder-de-habitar el pueblo la tierra al modo de sus raíces comunitarias y cooperativas americanas.



Así, el proceso de modernización de

AméricAmérica

 y Chile se había hecho durante el siglo xix y se continuaría haciendo durante buena parte del siglo xx, reforzando y consolidando el ordenamiento social de clase basado en la propiedad de la tierra: el medio de producción por excelencia y el lugar secular de habitar, de producir y de vivir de la mayoría de la población y fundamento, en última instancia, de la dominación y subordinación social y de clase. El proceso de modernización de la política y de las instituciones se había realizado cuidando no tocar ese basamento estructurador de las relaciones sociales.



Abundaban, sin embargo, desde principios de siglo xx y con especial énfasis desde la crisis salitrera y capitalista –décadas de 1920 y 1930–, las críticas a dicho régimen de tenencia de la tierra, visibilizando la concentración de la propiedad y su poca eficiencia en materia productiva, así como la pobreza extrema campesina y los abusos patronales en los campos, mientras en las ciudades y faenas campeaba la cesantía de trabajadores y de la clase media

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.



En medio de un panorama de alta cesantía (crisis de 1930) y grave carestía de los artículos de primera necesidad, al momento de formarse la coalición radical-izquierdista del Frente Popular (1936) y de llegar dicha coalición a la presidencia (1938), los partidos de izquierda que conformaban dicha coalición, especialmente el recién creado Partido Socialista (1933), instalaron el problema de la tenencia de la tierra y de la explotación y subordinación campesina en el centro de la mesa de debate y de la acción política. En esa hora salieron a la luz, hacia los cuatro puntos cardinales, las voces de denuncia y de protesta acerca de las abominables condiciones de vida y las injustas relaciones de trabajo que debían soportar los campesinos chilenos ancestralmente. Siguiendo las directrices del Código del Trabajo vigente, dichos partidos estimularon la organización campesina, generándose un fenómeno de alta sindicalización y de presentación de pliegos de peticiones por parte del campesinado chileno en demanda de cambio y mejoramiento

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. Por su parte, el Partido Socialista presentó en 1939, a través de su senador Marmaduque Grove, un primer proyecto de

Reforma Agraria

 que, bajo el lema de

«Ni hombres sin tierras ni tierras sin hombres»,

 promovía y afianzaba la intervención del Estado en torno a una política de expropiación de tierras no cultivadas y/o dedicadas a la renta por parte de grandes propietarios y su distribución por el Estado a quienes deseasen efectivamente trabajarlas. Acompañado de un discurso justiciero, este proyecto despertó, por vez primera, las esperanzas del campesinado y el pueblo de tener acceso redistributivo a la tierra como acción legal e institucional

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 .



Pero no solo esta esperanza, sino también la movilización y organización de los campesinos chilenos fue gravemente negada y obstaculizada en esos años. El gobierno Frente Popular y radicales, desviando su discurso electoral y siguiendo los pasos del gobierno derechista anterior, levantó fórmulas y accionó prácticas políticas, legales, reglamentarias y policiales para tapar la boca a dichas voces, haciendo zancadillas a las nuevas organizaciones del campo y obstaculizando toda posibilidad de sindicalización campesina y de cambio en el agro por la fuerza de la ley. Así, los gobiernos radicales de la época siguieron la tradición colonial y republicana y apoyaron legal y policialmente, una vez más, a los terratenientes, quienes demostraron su autoritarismo y prepotencia de clase, violando gravemente los derechos humanos de los campesinos que entonces osaron organizarse, no solo despidiéndolos de su trabajo, sino

des-alojándolos

 de la tierra de su habitar junto a sus mujeres y sus hijos: arrojando masivamente a los caminos a cientos de familias trabajadoras campesinas, como simple demostración de su voluntad-de-poder-patronal, exiliándolos de la tierra de su habitar como negación de su

Ser

 (o su

habitar

; Heidegger) o como forma radical de muerte. Acción de

des-alojar

 que manifestaba, una vez más, la violencia y la violación del habitar o del ser-campesino, como vía para la mantención del orden social ancestral basado en relaciones de dominación/subordinación, ordenamiento que hallaba en la propiedad privada de la tierra el fundamento de su construcción y la propia legitimidad de su acción de violación

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.



En suma, la mirada sobre el proceso histórico vivido en tierra de América/Chile, nos muestra la activa y protagónica acción de un Estado construyendo violentamente propiedad privada y privativa de una clase determinada: la clase terrateniente o propietaria privada de la tierra. Lejos de construir una Nación –inclusiva en su diversidad y legítimamente viviente su sociedad en la tierra de su habitar o de su cultivar–, nuestros Estados (coloniales, republicanos y modernos s. xx) fueron agentes históricos de una clase a la que se le otorga la tarea de fundar y construir cotidianamente, desde el propio seno de la tierra que nos cobija y alimenta, el orden social como relación jerárquica y radical-dicotómica de dominación/subordinación, ordenamiento generador por excelencia de

des-igualdad

: principio anti-ético de toda política.

 



Necesariamente y «más temprano que tarde»… «las mareas de la historia», al decir de Allende, presionarán por el cambio de signo, de dirección y de sentido de la acción del Estado en torno al problema de la tierra en Chile/América.







3. El camino hacia la Tierra Prometida: la esperanzadora Alianza Estado-Pueblo/campesino.





Si bien los derechos del campesinado no fueron reconocidos en esos tiempos de su despertar en el Frente Popular y la esperanza campesina fue entonces ahogada, esta esperanza ya vivía en su tiempo y su siglo. Siglo xx que se había iniciado en América Latina con el levantamiento campesino-indígena de la Revolución Mexicana, y que continuaría moviéndose en

AméricAmérica

 en busca de la recuperación de la tierra donde afincar nuevamente las raíces de su pueblo. Mejor tarde que nunca, en un panorama clásico y anquilosado de grave concentración de la propiedad de la tierra, de persistente pobreza y subordinación del campesinado, de la necesidad de modernizar e integrar al modelo de desarrollo al agro chileno y, especialmente, ante un ambiente de miedo a la revolución social que se sentía ad portas… Así, la ya muy atrasada e impostergable tarea de organizar al campesinado y de realizar una

Reforma Agraria

 surgió como una de las urgencias sociales y políticas más agudas de los años sesenta y setenta.



Los programas y las leyes de Reforma Agraria de los años sesenta y setenta en América-Latina y Chile llegaban con el retraso de la opresión social y con el apuro del mandato del siglo, pero llegaban al fin. Leyes decisivas y emblemáticas en cuanto ellas encarnaban el cambio de orientación que debía tomar el Estado respecto de su tradicional alianza con los «privados», especialmente en el campo de su clásica intervención sobre el modo de tenencia de la tierra. Cambio de orientación que quedaba definido por el compromiso del Estado de construir Nación y, por ende, de terminar con su alianza unilateral con la clase propietaria, haciendo con el pueblo despojado y marginalizado un pacto de inclusión, de compensación y de igualdad, a través, especialmente, de su participación en la propiedad de la tierra como lugar donde realizar-recuperar su poder-de-habitar/cultivar al modo ancestral cooperativo y comunitario americano.







a) Camino de reforma en tres fases





Este pacto de construcción de nueva Nación como inclusión popular campesina en el ejercicio del poder y como participación en la distribución de propiedad se realizó en

tres fases

:

a)

 La

fase conservadora

(gobierno de Jorge Alessandri R

.,

1958-1964) , en que dicho nuevo «pacto» con el pueblo campesino se expresó en la dictación de la

primera Ley de R.A

. (Ley Nº 15.020, promulgada el 27 de noviembre de 1962), cuyo objetivo era «…dar acceso a la propiedad de la tierra a quienes la trabajan; mejorar los niveles de vida de la población y aumentar la producción agropecuaria y la producción del suelo». En esta primera fase la R.A. se realizó muy mínimamente, pero sirvió de base legal para comenzar a realizar dicha reforma agraria en el gobierno siguiente

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; asimismo, levantó las principales instituciones que se encargarían de llevar a cabo dicha R.A. en las etapas sucesivas: principalmente, el

I

nstituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y la Corporación de Reforma Agraria


(CORA).

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 b) La

fase demócratacristiana

 (gobierno de Eduardo Frei M., 1964-1970), en la que se da un paso decisivo y progresista hacia la construcción de Nación a través de la integración del pueblo campesino al ejercicio del poder sindical a través de la

legalización de los sindicatos rurales

(abril de 1967) e impidiendo el mecanismo histórico de obstaculización a la organización campesina por parte de los patrones, cual era el des-alojo. Dicha legalización otorgaba «inmunidad de despido para todos los trabajadores agrícolas durante el período de organización sindical y para los dirigentes sindicales elegidos durante la totalidad de su mandato»

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. En esta segunda fase se dicta una

segunda Ley de R.A

. (Ley Nº 16.640, publicada el 28 de julio de 1967), cuyo objetivo era «promover en forma simultánea el aumento de la producción y la productividad agrícola, mediante una mejor y más justa distribución de la propiedad de la tierra y de los derechos de aguas, así como la transformación del campesinado en una fuerza social de carácter dinámico que participe activamente en el proceso económico, social y cívico del país»

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. Con esta ley se dio inicio a una amplia redistribución de la propiedad de tierra y de construcción de un modo colectivo de habitar/cultivar, a través de una organización denominada «asentamiento», modalidad transitoria previa a su acceso a la propiedad privada familiar campesina

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. Desatada en esta fase la abierta oposición de la derecha terrateniente y económica al proceso de R.A. que se llevaba a cabo, mientras los propietarios acometían la división artificial y familiar de sus predios con el fin de evitar su expropiación, en esta fase se logró también dictar una ley modificatoria de la Ley Nº 16.640 que agilizaba las expropiaciones e impedía y prohibía la subdivisión de predios (Ley Aylwin Nº 17.280, publicada el 17 de enero de 1970). Significativa ley «que terminó siendo mucho más amplia que lo concebido originalmente en el proyecto, casi constituyéndose en una nueva y drástica ley de R.A. (…) cuyas disposiciones serían ampliamente utilizadas en la administración Allende»

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. c) La

fase Unidad Popular

(gobierno de Salvador Allende G., 1970- 11 sept. 1973), en que continúa la aplicación de la

2da. Ley de R.A

., alcanzando todo el territorio y llevándola a su culminación y progresiva irradiación hacia el resto de los segmentos campesinos de cada comuna

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. Al mismo tiempo, aumentó notablemente el número de trabajadores agrícolas sindicalizados

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, mientras se desarrolló un

democracia social ampliada

 desde los territorios a través de los

Consejos Comunales Campesinos

, donde se integraban todas las capas y rostros campesinos con el fin de diseñar y proponer políticas agrarias y conducir el proceso social a nivel territorial en esa decisiva hora de transformación de Chile.



De este modo, a través de estas tres fases legales y gubernamentales consecutivas, se llevó a cabo la

Reforma Agraria-S.XX

 en Chile, la que, portando su propia energía transformadora, tocó el clarín de la justicia a los campesinos, erosionando, a su paso, las estructuras de dominación.



Si bien en este texto nos interesa analizar, en un acápite especial, la

3ra. fase

, pensamos que la comprensión de la R.A.-U.P. debe surgir desde la pregunta por la

transición

 de dicha R.A. desde su

2da. fase

, desde donde emana tanto el mandato legal de la R.A., como su continuidad y culminación como necesidad histórica. Para ello, nos interesa identificar y encarnar la transición entre la 2da. y la 3ra. fase de la R.A. en la significativa persona de Jacques Chonchol Chait. ¿Quién es este personaje y qué papel jugó en dicha R.A. y proceso de transición entre la 2da. y 3ra. fase de la misma?







b) Las tareas pendientes. Transición desde la Reforma Agraria DC a UP: Jacques Chonchol





Nacido en 1926 y agrónomo de profesión, con estudios de postgrado en Ciencias Políticas en París y en Economía aplicada a la agricultura en Londres, Jacques Chonchol se desempeñó en distintos cargos públicos antes de los años 60: en el Ministerio de Tierras y Colonización, en el Ministerio de Agricultura, en CORFO, en la FAO, etc. Como militante del Partido Demócrata Cristiano, cuando Eduardo Frei Montalva asume la presidencia en 1964, se le encomienda a Chonchol la vicepresidencia de INDAP

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, donde le cabe la responsabilidad de dirigir en gran medida todo el proceso de la Reforma Agraria, participando activamente en la redacción de la

2da Ley de R.A

. y dirigiendo dicha R.A. en su primera etapa

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, la que creó, como modalidad transitoria, los «asentamientos campesinos»: lugar de tierras expropiadas en las cuales se «asentó» a un grupo de «campesinos-reformados» y sus familias, trabajando colectivamente dicha tierra y recibiendo apoyo económico y asesoría técnica de CORA; asentamientos que, según dicho mandato legal, adquirían un carácter transitorio, debiendo ser luego adjudicados ya en forma individual, ya en forma cooperativa, a los «campesinos-reformados».



Profundo conocedor en el terreno de la realidad agraria en transformación, Chonchol era partidario de acelerar el cumplimiento de la ley de R.A. y de transformar los «asentamientos campesinos» en «propiedad comunitaria», dada la importancia que adquiría en la práctica la eficiencia del trabajo de la tierra en colectivo: postura que expresaba, a nivel de la R.A., la «vía no capitalista al desarrollo» de la que Chonchol era fehaciente partidario e impulsor, y que fue chocando con una posición dubitativa y de moderación de la R.A. por parte del gobierno de Frei –ante una creciente y concertada oposición de la derecha económica y terrateniente–, lo que le haría distanciarse cada vez más del gobierno. Distanciamiento que terminó en ruptura, renunciando Chonchol a INDAP en 1969, saliéndose de la DC y contribuyendo a la formación de una nueva organización partidaria izquierdista, el Movimiento de Acción Popular Unitaria


(MAPU), que lo nombra como su candidato a la presidencia de la república ante la mesa de la Unidad Popular. En términos laborales, Chonchol se incorpora ese año 1969 a la Universidad Católica como director del Centro de Estudios de la Realidad Nacional (CEREN) que, tal como su nombre lo indica, buscaba reunir a los intelectuales en torno al reconocimiento de la sociedad chilena en su proceso histórico, diagnosticando sus problemas a partir de las preguntas y desafíos que se planteaban en ese momento en que se vivían transformaciones estructurales.



¿Cuál era la visión que planteaba Chonchol sobre la R.A.-DC que le había tocado presidir? ¿Cuáles las características propias de la R.A. chilena y cuales los problemas y desafíos que, a su juicio, planteaba dicha R.A. para una segunda etapa de su aplicación por un nuevo gobierno?



En una conferencia dictada en junio de 1969, luego de valorar el hecho de que, al fin, se había logrado pasar en Chile «de las palabras a los hechos» en materia de R.A., Chonchol identifica algunas características de la R.A. chilena que resultan interesantes para su comprensión histórica. Al respecto, significativo era comprender que la R.A. chilena se trataba de un «esfuerzo de cambio que afecta a un sector significativo de nuestra sociedad», pero que se realizaba «mientras en el resto de la misma sociedad no ha habido cambios significativos, de tipo revolucionario, que tocaran las relaciones económicas y sociales». Ello, dentro de un «sistema democrático tradicional», en que «las posibilidades de expresión que detentan otros sectores sociales (…) son mucho más importantes que el sector campesino». A partir de esta característica propia de la R.A. chilena, Chonchol plantea una serie de problemas que habían surgido de su aplicación en la primera fase D.C. Por una parte, aquellos problemas derivados de las dificultades de alcanzar –más allá del consenso programático electoral– el apoyo de los sectores empresariales, enfocados más bien en generar temor social ante los cambios que se realizaban. «Tal fue concretamente la táctica: crear un clima de incertidumbre favorable para una oposición política amplia de los sectores empresariales y de cualquiera que tuviera algún bien, al proceso de R.A.»

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. En segundo lugar, había serios problemas tanto a nivel de la representación social de los Consejos de los organismos públicos (donde estaban representadas principalmente las organizaciones empresariales), como a nivel de la mentalidad de los técnicos y profesionales que operaban en los ministerios y reparticiones públicas, quienes «estaban acostumbrados a trabajar exclusivamente para los latifundistas», mientras, promovidos por su título profesional, mantenían cierto «desprecio o menosprecio hacia el hombre de pueblo, especialmente hacia el campesino, ignorante y analfabeto»

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.

 



Por su parte, otros problemas derivaban de la mentalidad «apatronada» del propio campesinado, especialmente entre los empleados de fundo, mientras «existe falta de conciencia política entre la mayor parte del campesinado (…) no perciben, por lo gener