Hijas e hijos de la Rebelión. Una historia política y social del Partido Comunista de Chile en postdictadura (1990-2000)

⁸⁸ Sobre el «reinosismo», Carmel Furci, El Partido Comunista de Chile y la vía chilena al socialismo, Ariadna Ediciones, 2007, y Manuel Loyola, «Los destructores del Partido. Notas sobre el reinosismo en el Partido Comunista de Chile, 1948-1973», O. Ulianova; M. Loyola, R. Álvarez, 1912-2012. El siglo de los comunistas chilenos, IDEA, USACH, 2012.

⁸⁹ Abordamos esta división en Álvarez, Arriba los pobres… op. cit. El testimonio de un militante sobre esta fractura en Mauricio Hernández Norambuena, Un paso al Frente. Habla el Comandante Ramiro del FPMR, Ceibos Ediciones, 2016.

⁹⁰ Fue el caso de Orlando Millas, Américo Zorrilla, Samuel Riquelme, Luis Guastavino, Mario Navarro, Jorge Montes, Víctor Canteros, Rodrigo Rojas y Hugo Fazio. Los dos primeros habían sido ministros de Estado durante el gobierno de Salvador Allende, el tercero subdirector de la Policía de Investigaciones. Guastavino y Montes habían sido parlamentarios, y en el caso del segundo, integrante de la Comisión Política, al igual que Canteros y Rojas. El último había sido vicepresidente del Banco del Estado con Allende y era el economista más destacado del PC. Una narración crítica del XV Congreso, en Iván Ljubetic, De la historia del PC de Chile. La crisis que comenzó en los años ochenta, Imprenta Latingráfica, 2002. Orlando Millas, por su parte, explicó en sus memorias que no lo dejaron participar en dicho torneo aludiendo a sus problemas de salud y seguridad. Ver O. Millas, La alborada democrática en Chile Memorias. Vol. 4. 1957-1991. Una digresión, CESOC, 1996.

⁹¹ Pudal, Un monde défait… op. cit. p. 134.

⁹² Catherine Leclercq, «Histoires d ‘ex’. Une aproche socio-biographique du désengagement des militants du PCF», Thèse de sciencie politique, IEP de Paris, 2008, citado en Pudal, ibid. p. 1332 y ss. Ver también, Catherine Leclerq, «Engagement et construction de soi. La carrière d’émancipation d’un permanent communiste», en Sociétés contemporaines 2011/4 (n° 84), p. 127-149.

⁹³ Testimonios de sus desencuentros con la dirección en la coyuntura de 1990, Millas, op. cit. y para el caso de Samuel Riquelme, José Miguel Varas, Los tenaces, LOM ediciones, 2010.

⁹⁴ Sobre este episodio, ver Luis Corvalán, De lo vivido y lo peleado. Memorias, LOM ediciones, 1997, p. 331.

⁹⁵ Carta de Corvalán a Teitelboim, en Ibid. p. 348. La carta tiene fecha del 20 de agosto de 1990.

⁹⁶ Al respecto, ver las autobiografías de Ernesto Ottone, El viaje rojo. Un ejercicio de memoria, Debate, 2014, y Alberto Ríos, Los hijos de la UTE. Jóvenes héroes, amantes de un sueño, actores de una tragedia, Editorial de la Universidad de Santiago de Chile, 2015.

⁹⁷ Sabrovsky, op. cit. p.155 y ss.

⁹⁸ «La perestroika no es una cosmética del socialismo», en Cauce del 26 de junio de 1989.

⁹⁹ «Manifiesto por la democracia y la renovación del socialismo», en La Época del 26 de enero de 1990. El caso de Mancilla responde a un perfil distinto al de la mayoría de los adherentes al grupo «Manifiesto». De larga militancia, destacó como periodista de El Siglo y otros medios de comunicación ligados al PC. Volvió a militar en el Partido Comunista más de veinte años después de esta crisis.

¹⁰⁰ Las fuentes para conocer las posiciones de Guastavino y Leal son muy abundantes. En el caso del primero, revisar su libro Caen las catedrales, Hachette, 1990. Editado semanas después de haber sido sancionado por la dirección del PC, es una síntesis de documentos, entrevistas y columnas de prensa del líder disidente. Importante también fue la entrevista concedida a Ercilla, publicadas en ediciones sucesivas. Sus encabezados reflejan su carácter polémico: «Revisionista, no traidor» y «Anticomunismo es legítimo», Ercilla del 14 y 21 de noviembre, respectivamente. Otra entrevista importante, «Ahora tengo más gravitación en el PC», Hoy del 20 de agosto de 1990. En el caso de Antonio Leal, este escribió columnas en Pluma y Pincel (antes de radicalizar su disidencia), La Nación, El Diario, Análisis, La Época y Cauce. En ellas se explayó en su crítica al marxismo-leninismo, en la necesidad de la renovación del PC y la perestroika y la crisis del «socialismo real». Un texto que sintetiza sus planteamientos, «Democratización y renovación comunista», La Época del 12 de junio de 1990.

¹⁰¹ Para conocer sus reflexiones sobre Antonio Gramsci, ver Gramsci. La ciudad futura, Ediciones Documentas, 1991.

¹⁰² Al respecto, ver carta de renuncia al partido de Antonio Leal dirigida a Volodia Teitelboim. s/f, mecanografiada.

¹⁰³ Al respecto, ver su intervención en la Conferencia Nacional del partido de 1990. En ella, defendió a Guastavino, la construcción de un partido más democrático y criticó «las tendencias izquierdistas» que supuestamente todavía hablaban de sublevación nacional y no criticaban los errores cometidos por la política militar durante la década de 1980. Carta mecanografiada, mayo de 1990. Ver también «La dirección debe reabrir el diálogo», entrevista en Punto Final del 27 de agosto de 1990.

¹⁰⁴ Durante la crisis, renunciaron al Comité Central la nombrada Pollarolo, Augusto Samaniego y Manuel Fernando Contreras, quienes encabezaban al otro sector de los «desplazados». También renunció Franex Vera, quien se sumó al sector de Guastavino. Ver carta de renuncia del 26 de junio de 1990, mecanografiada. Por último, renunció a su condición de miembro suplente de este organismo el economista Manuel Riesco Larraín. Al igual que Vera, era exmilitante del MAPU y se habían incorporado al PC alrededor de 1980. El resto, compuesto por casi 80 dirigentes nacionales, se mantuvo al lado de la Comisión Política.

¹⁰⁵ Ver Florencio Alejandro Valenzuela, Recuerdos desordenados. Esquirlas de un sueño, La Hoja Itinerante, 2015. Sobre la situación en Valparaíso, ver entrevistas a Alejandro Valenzuela: «Dirigente del PC pide renovación en métodos de elección de dirigentes del PC» y «Sin canales democráticos de discusión corremos el riesgo de dividirnos», en La Época del 27 de marzo de 1990 y Fortín Mapocho del 13 de abril de 1990, respectivamente. Sobre la renuncia de Sergio Vuskovic al PC, El Mercurio del 8 de diciembre de 1990.

¹⁰⁶ Fernando Contreras, «La renovación del PC de Chile», en varios autores, op. cit. p. 265 y ss.

¹⁰⁷ Manuel Fernando Contreras, «Opiniones en torno a la renovación del Partido Comunista de Chile», agosto 1990, s/r.

¹⁰⁸ Augusto Samaniego confirma el carácter «oficialista» del CISPO e ICAL hasta mediados de 1989 en su texto «El discurso comunista y la transición desde el plebiscito de 1988. (¿Interpela ese discurso comunista a sectores de la Concertación?)», en Marcelo Mella (comp.), Extraños en la noche. Intelectuales y usos políticos del conocimiento durante la transición chilena, RIL Editores, 2011.

¹⁰⁹ Ver entrevista a Manuel Fernando Contreras «Cómo hay que hacer la revolución», en Pluma y Pincel del 22 de febrero de 1990. En todo caso, en junio de 1989, Contreras publicó un texto donde deslizaba críticas por no haber modificado la línea del partido a contar de 1986: «La actual situación política y sus proyecciones», en Varios autores, Crítica y socialismo: una reflexión desde Chile, Ediciones CISPO, junio de 1989, p. 112.

¹¹⁰ Fue autor de «Las desviaciones de derecha del movimiento obrero chileno», 10 de enero de 1977, La Habana, documento que criticaba el supuesto «reformismo economicista» del PC durante la Unidad Popular y no haber abordado el problema del poder. Más tarde, bajo el seudónimo «Camilo González», publicó «Lo militar en la política del Partido», Principios nº 22, enero-febrero de 1982, considerado clave en el diseño de la PRPM. Su intervención en el XV Congreso fue una de las más polémicas, abogando por la «renovación» del Partido y publicada en un documento oficial junto a la de los más altos dirigentes del Partido. Ver «Intervenciones de delegados al XV Congreso Nacional del Partido Comunista de Chile realizado en mayo de 1989», Ediciones El Siglo S.A., p.59 «Ernesto». En el plano orgánico, fue encargado militar del partido entre 1981 y 1982. Luego, bajo la cobertura legal de Diagnos, participó en el equipo de relaciones políticas del PC con los otros partidos de la oposición.

¹¹¹ En mayo de 1989, casi de manera paralela al XV Congreso, se efectuó en el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, otro centro de estudios creado y financiado por el PC, el seminario «Teoría e ideal socialista: crisis de los proyectos históricos». Allí Contreras realizó una ponencia titulada «Grado de universalidad de la crisis del socialismo», en la que desarrolló sus planteamientos. En ese momento, era considerado muy cercano a la dirección del Partido. La ponencia en Cuadernos del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz nº 8, junio de 1989, p.12 y ss. El CISPO publicó un libro en 1989, que fue difundido por los medios oficiales del PC, en donde se desplegaban comentarios críticos hacia la política del partido, que fueron tolerados por la dirección: Crítica y socialismo: una reflexión desde Chile, op. cit.

¹¹² Textos de estos intelectuales comunistas, en varios autores, Crisis y renovación… op. cit; Crítica y socialismo… op. cit., Cuadernos de ICAL, op. cit. y «La crisis del Partido Comunista. Una reflexión necesaria», Segunda Reflexión, 1990. Este último documento recopiló las ponencias a un seminario organizado por la «disidencia unida» en septiembre de 1990. Otros textos importantes son el citado de Álvaro Palacios, «Apuntes para la discusión…», op. cit., Eduardo Santa Cruz, «El estalinismo en el Partido Comunista de Chile», Documento de Trabajo CISPO, febrero de 1990, y Emilio Gautier «Teoría y política en la izquierda de los 80: reflexiones para una renovación en el PC de Chile», diciembre de 1989, mecanografiado.

¹¹³ Ver «Recuento general sobre Arco», diciembre de 1990.

¹¹⁴ «Ex comunistas ingresaron al PS», La Nación del 8 de agosto de 1990.

¹¹⁵ «PPD recibe en sus filas a grupo ex PC» e «Ingreso de ex PC no cambiaría al PPD», en La Nación del 17 y 18 de diciembre de 1990.

¹¹⁶ «Asamblea de Renovación de los Comunistas. Declaración pública», 10 de noviembre de 1990. Sobre el surgimiento de ARCO, «Disidentes del PC crearon ‘Asamblea de renovación de los comunistas’», La Época del 11 de noviembre de 1990

¹¹⁷ Antonio Leal, «Contribución para el debate sobre el futuro del ARCO», mecanografiado, s/f. P. 12 y 13.

¹¹⁸ «Informe sobre Asamblea Nacional ARCO», 25 y 26 de mayo de 1991. Mecanografiado.

¹¹⁹ «Participación Democrática de Izquierda. Primeras tesis políticas, culturales, programáticas» agosto de 1991, s/r.

¹²⁰ Al respecto, ver http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=35824, consultado el 14 de marzo de 2016.

C apítulo 3 De la «independencia constructiva» a la oposición a la Concertación (1991)

El comportamiento político del Partido Comunista durante el año 1991 se concentró en salir al paso de las fuertes críticas que el resto de los actores políticos le endosaba. Estas se enfocaron en torno a tres hechos que marcaron la agenda política del PC durante el año. Primero, la publicación de los resultados del Informe Rettig y los intentos iniciales de consagrar la impunidad a los violadores de los derechos humanos durante la dictadura. El segundo hecho fue el asesinato en el mes de abril del senador de la UDI Jaime Guzmán Errázuriz, a manos de un comando del FPMR autónomo; y, por último, la disolución de la Unión Soviética, ocurrida durante el segundo semestre de 1991. Estos eventos generaron coyunturas políticas que significaron una fuerte ofensiva contra las posturas del PC. Los contenidos de las críticas siguieron la tónica del año anterior, en el sentido de cuestionar la vigencia de la organización, a la que se le pronosticó una fecha inminente de defunción.

En este marco, el partido se esforzó por reafirmar su existencia en base a su presencia en organizaciones sociales populares y desarrollar una línea política que los diferenciara de sus críticos de derecha y la Concertación. Así, aislados políticamente, los comunistas definieron en 1991 una línea de acción de largo alcance: ser opositores a los nuevos gobiernos democráticos y la creación de un referente político amplio, que se confrontara a las dos alianzas que hegemonizaban la arena política de la recientemente recuperada democracia chilena. Por medio de estas opciones, intentaron abrirse camino en la vida política y social del país.

Respecto a la materia de los derechos humanos, entre el 8 y 10 de marzo de 1991, es decir, cuatro días después de conocerse los resultados del Informe Rettig, se realizó un pleno el Comité Central del PC. Como se sabe, la llamada «Comisión Verdad y Reconciliación» fue el mecanismo ideado por el nuevo gobierno democrático para abordar la problemática de los ejecutados y detenidos-desaparecidos durante la dictadura. Su composición incluyó a personeros de derecha, como una forma de que pudiera ser considerada neutral y representativa de la mayoría de la ciudadanía. Eso explica que el historiador y ex ministro de Educación de la dictadura, Gonzalo Vial Correa, formara parte de la instancia. Además, que fuera quien redactara un polémico «contexto histórico» en el que se habrían producido las ejecuciones y secuestros, concluyendo que «todos» habían sido responsables de lo ocurrido. La Comisión tenía como misión recabar información, establecer los hechos y entregar a los tribunales todo el material para avanzar hacia el establecimiento de la justicia. Entre sus disposiciones más polémicas, estaba que, a pesar de poseer un listado de nombres de perpetradores de violaciones a los derechos humanos, este no sería entregado a la opinión pública, bajo el argumento de no poseer atribuciones judiciales para acusar a personas de estos graves hechos. Una vez que el presidente Aylwin dio a conocer el Informe, las fuerzas armadas y la derecha desconocieron sus resultados, que establecían la existencia de más de tres mil víctimas durante la dictadura, entre asesinados y hechos desaparecer.

El mencionado informe al pleno del Comité Central del PC, por su parte, partía valorando el Informe Rettig, sobre todo en el contexto de que la inmensa mayoría de la derecha y el conjunto de las fuerzas armadas negaban la existencia de violaciones a los derechos humanos y ponían en duda la existencia de los desaparecidos, o «supuestos desaparecidos», como los nombraban en sus discursos públicos¹²¹. Por otra parte, el PC planteaba la necesidad de «verdad total y justicia plena» como principios básicos para resolver la problemática de los derechos humanos. Por último, se estableció la necesidad de «desmontar la tergiversación histórica acerca del período de la Unidad Popular» y acentuar el debate para «restablecer la verdad histórica», puesto que se consideraba que el Informe exponía «ciertos juicios e interpretaciones político históricos subjetivas que tienden a relativizar las responsabilidades del pinochetismo, la derecha y el imperialismo, y a legitimar en los hechos el golpe de Estado…». Por último, el PC exigió que la Comisión encabezada por el jurista Raúl Rettig entregara los nombres de los perpetradores y se mencionara públicamente a Pinochet como responsable último de los hechos¹²².

En esta coyuntura, el PC dejó de manifiesto su estilo de comprender y hacer política divergente con la Concertación, cuestión que estuvo en la raíz de su futura oposición a los gobiernos encabezados por la coalición de centro-izquierda. En efecto, el oficialismo estaba realizando esfuerzos para acordar con la derecha «alguna solución» al problema de los derechos humanos. Hay que recordar que la oposición contaba con mayoría en el Senado, razón por la cual cualquier iniciativa legal debía contar con el beneplácito de esta. Asumir de manera «realista» esta situación estaba en la base de lo que entonces se denominó como la «democracia de los acuerdos». El PC, por su parte, no compartía esta visión y planteaba, como veremos más adelante, la «ruptura institucional» como fórmula para avanzar en la democratización del país. Por este motivo, los comunistas rechazaron públicamente los acuerdos cupulares que el oficialismo intentó realizar con la derecha en esta materia, bajo la sospecha de que ocultaban alguna fórmula para dejar impunes los crímenes¹²³.

La posición discordante de los comunistas en materia de derechos humanos, fue utilizada por los partidos oficialistas y de derecha para descalificar al PC. Se le tildaba de falta de realismo, de no entender las dificultades objetivas que enfrentaba el gobierno y, peor aún, de no entender que la ciudadanía rechazaba los discursos confrontacionales como el suyo. De esta manera, una consigna que había sido enarbolada por Aylwin durante su candidatura presidencial, como la de «verdad y justicia», ahora era relativizada por el oficialismo. Dado el alto componente emocional que tenía para los comunistas el tema de la violación de los derechos humanos, este hiato con la Concertación fue uno de los factores que influyeron de manera decisiva para que el PC se convirtiera en opositor al gobierno de Aylwin.

La conflictiva coyuntura abierta por la entrega del Informe Rettig se cerró producto del asesinato de Jaime Guzmán, líder de la UDI, el partido de derecha más cercano y defensor del general Pinochet y su régimen. A pesar de que prontamente se supo que la acción había sido ejecutada por el FPMR autónomo, es decir, por quienes se habían desgajado del PC en 1987, la oportunidad fue utilizada por casi todo el espectro político para arrinconar a esta colectividad. Como resultaba obvio, el PC sacó una declaración rechazando el crimen¹²⁴.

Es necesario contextualizar en la coyuntura de la época las acusaciones contra el PC. Agrupaciones de izquierda, como el FPMR (autónomo), ramificaciones del MIR y el MAPU-Lautaro, decidieron continuar desarrollando acciones armadas luego de restaurada la democracia en marzo de 1990. En una línea argumental similar a la del PC, en el sentido de la continuidad entre dictadura y el nuevo gobierno de Aylwin, estas organizaciones planteaban que nada había cambiado en el país. Por lo tanto, la lucha armada continuaba siendo su principal forma de lucha. Entre 1990 y el asesinato de Guzmán, realizaron acciones de gran impacto público, como el intento frustrado de asesinar al general (r) Gustavo Leigh Guzmán, ex integrante de la Junta Militar junto a Pinochet, y la muerte del coronel (r) de carabineros Luis Fontaine, entre otros. Además, numerosos ataques a la policía civil, asaltos bancarios y enfrentamientos con carabineros¹²⁵. De esta manera, la oposición de derecha ocupaba este accionar para criticar la supuesta incapacidad de las nuevas autoridades para controlar lo que denominaban como «el terrorismo». A su vez, tanto el oficialismo como la derecha criticaban al PC por lo que consideraban su ambigua posición ante el desarrollo de estas acciones armadas.

Por este motivo, desde antes del crimen de Guzmán, diversos sectores venían planteando que los comunistas estaban conectados con acciones terroristas. Por ejemplo, solo días antes del atentado al senador de la UDI, la prensa de derecha acusaba al PC de tener una doble cara en su accionar: por un lado, una legal y conocida, pero, por otro lado, «está la acción informal que comprende el frente terrorista, sea a través del Frente Manuel Rodríguez o del Lautaro»¹²⁶.

Pero la tormenta de críticas se gatilló pocas horas antes del asesinato de Guzmán, facilitadas por las declaraciones de algunos de sus dirigentes nacionales. Fue el caso de Luis Corvalán, ex secretario general del PC y su principal figura histórica. En el contexto de una entrevista publicada en El Mercurio el domingo 31 de marzo, se le consultó sobre qué les recomendaría a los militantes del Frente Patriótico y el Movimiento Juvenil Lautaro, protagonistas de numerosos hechos de violencia en esos días. Contestó que «a los jóvenes que hacen acciones que perjudican al gobierno de Patricio Aylwin, les digo que no van por buen camino, pero si hay jóvenes que tienen armas, les diría que las guarden… ¡por si las moscas!»¹²⁷. Al día siguiente, lunes 1 de abril, era baleado el senador Guzmán.

El mismo día que se publicaba la entrevista de Corvalán en El Mercurio, se conocían las declaraciones de Mireya Baltra sobre el mismo tema. La ex ministra del Trabajo de Salvador Allende e integrante del Comité Central del PC relativizó el carácter de «terrorista» del accionar de los grupos armados de izquierda bajo contexto democrático. Por el contrario, consideró que los acusados de participar en estos hechos eran «presos políticos» y no terroristas. Al día siguiente, Antonio Leal, a nombre del ARCO, señalaba que las palabras de Baltra demostraban la ambigüedad del PC ante la violencia y que este estaba dirigido por una «cúpula militarista» que se negaba a renunciar al empleo de formas ajenas a la democracia, como era la violencia política. Además, daba a entender que los comunistas todavía tenían nexos con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (autónomo)¹²⁸. De esta manera, la entrevista de Luis Corvalán, la conferencia de prensa de Mireya Baltra, unido al atentado de Jaime Guzmán, todo ocurrido en un margen de 24 horas, articularon un cuadro político muy adverso para el PC.

La prensa de derecha pidió que se examinara la posible proscripción del PC y del MIR. La DC las calificó de «políticamente inaceptables, moralmente equivocadas y circunstancialmente torpes», al poner en cuestión el monopolio de las armas en manos del Estado. El ARCO, a través de Luis Guastavino, afirmaba que los dichos de Corvalán reflejaban «la carencia de un proceso de análisis, autocrítica y revisión de viejas formulaciones». Por último, el PPD fue más allá, pues Eric Schnake, presidente de esta colectividad, señalaba que como el PC tenía relaciones con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, debía entregar informaciones para «contribuir a la lucha contra la acción subversiva»¹²⁹. Todo esto se vio agravado, incluso desde el punto de vista judicial, cuando Gloria Olivares, ministra sumariante encargada de investigar al FPMR autónomo, comunicó públicamente que citaría a declarar a la mesa directiva del PC, porque «esta organización extremista es el brazo armado del Partido Comunista». Además, de que su línea de investigación era estudiar las vinculaciones entre ambas organizaciones¹³⁰. Debido a una queja disciplinaria interpuesta por los abogados del PC, la ministra debió retroceder en sus intenciones, pero de todos modos sus declaraciones colaboraron a consolidar el sentido común respecto al carácter violentista y antidemocrático del Partido Comunista de Chile.

De poco sirvió la conferencia de prensa del secretario general Volodia Teitelboim, que junto con rechazar a nombre del PC tajantemente cualquier tipo de acción terrorista, señaló que, a diferencia de Corvalán, «aconsejaría a los jóvenes a devolver las armas». Tampoco sirvieron las declaraciones públicas del PC, que contenían propuestas para hacer un «pacto antiterrorista» alternativo al del gobierno. Es más, tampoco se escuchó la afirmación de que «somos un partido que, habida la experiencia vivida bajo la dictadura, adhiere plenamente, como cuestión de principios, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos….»¹³¹. Los daños provocados a la imagen del PC durante esta coyuntura tuvieron un efecto muy prolongado. Si es que en 1990 se había construido la imagen de partido antidemocrático y arcaico, ahora se le sumó la de violentista. En todo caso, cuando todavía no se apagaban las andanadas de críticas contra el PC por su supuesta ambigüedad ante el terrorismo, un nuevo acontecimiento golpeó duramente el imaginario político de los comunistas: el fin de la Unión Soviética.

Cuando se produjo el golpe de Estado encabezado por Guennadi Yanayev en agosto de 1991, el PC chileno buscó diferenciarse del discurso dominante, que convertía a Yeltsin en el héroe de la jornada. Por otra parte, tampoco transó la defensa de la existencia en la Unión Soviética. Por ello, no rompió ninguna lanza por Gorbachov, aunque tampoco hizo un apoyo explícito a las nuevas –y efímeras– autoridades. La declaración del día 20 de agosto de 1991 del PC chileno planteó respecto al golpe de Yanayev: «Lamentamos que la crisis haya llegado a este punto. No compartimos la forma como se han producido estos cambios. No era fatal que se llegara a esta situación. Se debió haber reaccionado antes asumiendo una condición más clara del proceso de renovación, que significara una mayor participación del pueblo soviético para neutralizar las fuerzas partidarias de la regresión y el caos y preservar el rumbo socialista de la Perestroika». Respecto al futuro, el PC planteaba que esperaba que las nuevas autoridades avanzaran «hacia un socialismo solidario, fraterno, con más democracia y al servicio del ser humano, alejando el peligro de regresión al capitalismo»¹³².

Para el PC, tuvo un alto costo evitar respaldar a Yeltsin y no calificar como «golpe de Estado» el accionar de Yanayev en su primera declaración sobre los sucesos en la URSS. Los dirigentes del PDI Fanny Pollarolo y Antonio Leal descargaron duras críticas, diciendo que el PC había apoyado el golpe del «comunismo ortodoxo». Leal disparó: «El PC chileno con esta actitud ambigua de no condenar el golpe, insiste en una posición de doble estándar que le hace perder toda credibilidad democrática»¹³³. Días más tarde, una vez que Gorbachov había sido restablecido en el poder y derrotada la asonada, Leal afirmó que el PC «era cómplice de Yanayev y el comunismo autoritario»; que mientras la humanidad estaba en vilo porque los golpistas tenían en sus manos las claves de las armas nucleares-químicas, «los comunistas chilenos estaban felices», porque creían que se restablecería el comunismo ortodoxo¹³⁴. Por otra parte, el coro de quienes pedían la disolución del Partido Comunista abarcó desde el PDI hasta la derecha¹³⁵. En esta línea, el conservador diario El Mercurio publicó un extenso reportaje sobre el PC en su influyente sección política de los días domingo, considerado barómetro de la política chilena en aquel entonces. Redactado en tono irónico, recogía opiniones sobre la situación del PC de ex militantes comunistas, de dirigentes de la Concertación e incluso de la derecha, sin mencionar sus fuentes. En resumen, el texto hacía aparecer un consenso entre los actores sobre que el comunismo chileno parecía vivir una «crisis terminal», pero que a, pesar de esto, constituía un peligro para la democracia, producto de sus conexiones con el terrorismo. Se describía una imagen catastrofista sobre el estado de la organización, señalando por ejemplo que, dada la marginación de sus intelectuales y estudiantes, entre la militancia predominaban «cesantes, pobladores…los sectores más resentidos», lo que se asociaba a una posible ligazón del PC a la violencia política. O que el 50% de los militantes de base «se habían ido para la casa», el 25% al ARCO y solo el 25% restante quedaban en la organización. Desde el punto de vista político, se afirmaba que no desautorizaba el accionar del FPMR autónomo y que sus declaraciones rechazando el terrorismo carecían de credibilidad^136. Este tipo de imágenes fueron las hegemónicas en los medios de prensa y entre la gran mayoría de los partidos, lo que significó un radical aislamiento político del PC. Si el año 1990 había sido muy complejo por la crisis interna de la organización, 1991 puede considerarse un escalón más en la crisis comunista. En efecto, aunque detenida la hemorragia de militantes y las guerrillas internas a través de la prensa, el escenario político nacional (asesinato de Jaime Guzmán) e internacional (fin de la Unión Soviética) parecía que dejaba al PC sin brújula y sin el gran pilar de su imaginario¹³⁷.

La posición de los comunistas chilenos ante los acontecimientos de la Unión Soviética no tenía que ver con sus valoraciones de la democracia, tal como ha planteado el historiador Alfredo Riquelme en su citado libro. En realidad, la organización había consensuado abandonar en 1989 la opción de hacer política fuera de la legalidad, que había sido uno de los pilares fundamentales de la Política de Rebelión Popular y se resumía en una frase repetida muchas veces en las declaraciones del PC durante la década de 1980: la lucha era «desde fuera y contra de la institucionalidad». Se podría afirmar que, a regañadientes, el accionar dentro del sistema comenzó a ser asumido en 1987, cuando el PC llamó a inscribirse en los registros electorales, y se ratificó con el llamado a votar «NO» en el plebiscito de 1988. Al año siguiente, y todavía en dictadura, inscribió un partido instrumental (PAIS), para poder tener candidatos en las elecciones parlamentarias de 1989. Y apenas terminado el régimen militar, trabajó por su legalización como partido, lo que le permitiría presentar candidatos a alcaldes y parlamentarios bajo la denominación «Partido Comunista de Chile». Todo esto demostraba que el PC había asumido hace tiempo que en la nueva escena política postdictatorial, la batalla política sería «dentro» y no «fuera» de la institucionalidad. De hecho, esta opción había provocado la crisis al interior del FPMR, fractura que había originado en 1987 la facción «autónoma» de la «fuerza propia» del PC. Incluso al costo de quiebres internos, la opción comunista había sido la lucha democrática dentro del sistema, tal como lo hizo en Chile a lo largo de su extensa historia. Por este motivo, lo que realmente estaba en juego detrás de la interpretación de los espectaculares hechos en la Unión Soviética, era la viabilidad de la organización llamada «Partido Comunista de Chile». Seguir al coro dominante que celebraba el fin del Partido Comunista de la Unión Soviética implicaba un guiño muy explícito sobre el destino de su par chileno. Así lo ratificaban las declaraciones de los representantes de casi todo el espectro político del país. Defender el socialismo en la Unión Soviética, en ese sentido, era sinónimo de defender la validez de seguir denominándose «comunista» en Chile.