La erosión democrática y el contrato constitucional

1. El populismo, enfermedad infantil del peronismo

El populismo afecta la política de los siglos XX y XXI en nuestro país. La justicia social como factor superador de las libertades públicas impregnó el marco ideológico después de Yrigoyen.

La inmigración constituyó el origen de la clase obrera en la República Argentina; trajo consigo concepciones vinculadas al socialismo, anarquismo, comunismo, en tanto, muchos de los inmigrantes, efecto residual de la revolución industrial europea, habían sido influidos (1848), la “Comuna de París (1875), los intentos insurreccionales contra el “zarísmo” en 1905 y posteriormente la “Revolución Bolchevique” de 1917 en Rusia. El incipiente industrialismo de la posguerra (1914/1918) se caracterizó como una apremiante expectativa social y una participación más activa de un sector de la sociedad vinculado a lo más postergado social y económicamente del campo y a ciudad y la ciudad, mientras otros sectores se limitaban a observarlos como un fenómeno social de coyuntura.

La sociología traza el retrato de un mundo social y cultural que presenta características objetivas comunes: personas que viven en barrios periféricos, en zonas industriales o afectadas por su incipiente decadencia, con ingresos inferiores a la media, estudios relativamente incompletos, sometidos al empleador sin contratos ni obras sociales o derechos provisionales. Un conjunto social, despreciado y reducidas a la invisibilidad. En el campo, subsisten posturas feudales en las grandes extensiones que ahogan a pequeños productores que se rebelan en el llamado “Grito de Alcorta”.

Perón visualizó ese fenómeno al frente de la Secretaria de Trabajo.

La Ley Saenz Peña (1912) catapultó a Yrigoyen al gobierno, en los períodos 1916/22 y posteriormente a un segundo mandato en 1928. Por su parte, los beneficios de la posguerra 1914/1918 fueron recogidos por Alvear entre 1922/28. El radicalismo interpretó a un importante sector social, mayoritariamente agricola y otro sector urbano que anhelaba participar y ser protagonista electoral en una sociedad que estaba cambiando como consecuencia de una incipiente globalización que se caracterizó por la aparición de las primeras empresas monopólicas y oligopólicas que transformaron los esquemas geopolíticos. Los conservadores, aferrados en sus tradiciones europeas, conscientes que la ley electoral los dejaba en minoría, apelaron al golpe de Estado Cívico/Militar en 1930 y posteriormente al fraude en la llamada “década infame”.

Perón, educado en la tradición prusiana del ejercito argentino, simpatizó al comienzo de la segunda guerra con los países del eje; sin embargo, alentó la neutralidad hasta pocos días previos a la finalización de la segunda guerra y ello le permitió, frente a una Europa devastada, transformase en un enorme “silo alimenticio”, consolidando las exportaciones y mejorando la condición social de una creciente y enorme población urbana que emigraba del campo a las grandes ciudades.

Pierre Rosanvallon (“La Contrademocracia”, Editorial Manantial-2015), expone en torno a la anatomía del populismo que la conforman cinco elementos. Refiere que la conforman cinco elementos constitutivos de la cultura política populista: a) una concepción del pueblo,; b) una teoría de la democracia; c) una modalidad de la representación; d) una política filosofica de la economía y e) un régimen de pasiones y emociones.

El populismo se construyó como una forma de respuesta a los conflictos contemporáneos e interpretó e interpreta que la democracia es, por naturaleza intrínseca, un régimen inestable.

El peronismo, desde sus orígenes, se ha constituido como un movimiento populista y como tal, tiene en común con otros populismos, el hecho de considerar al pueblo como figura central de la democracia. Es una definición imprecisa por lo genérica. No sabemos si hace referencia al cuerpo cívico, sintetizado en el padrón electoral; al cuerpo social integrado por un conjunto de matices que el marxismo engloba las capas, el proletariado, los humildes como los llamaba Evita, a los sectores periféricos de las ciudades En el que el conurbano bonaerense es su mejor referencia.

El proyecto populista se sostiene en la sincera convicción que representa al pueblo; sin embargo, su “idea de pueblo” es abstracta en su amorfa estructura pero real en su concepción, en tanto fisicamente se expone, moviliza y propone un conjunto de demandas heterogéneas que ya no pueden formularse simplemente en términos de intereses ligados a categorías sociales determinadas.Ello ha implicado un desafío para la ciencia política en tanto abandona el análisis del mundo social en términos de clases.

Precisamente, el mismo Pierre Rosanvallon, en otra obra contemporánea a la anterior, que denominó “El Siglo del Populismo”(Ed.Manantial 2020), cita a Laclau, quien concibe al populismo como una “lógica horizontal de equivalencia” que reúne el conjunto de las demandas sociales, individualiza un enemigo común y traza la línea divisoria entre “ellos” y “nosotros”. “Ellos” son los enemigos al que califican de casta, oligarquía, elite, sistema, sosteniendo contra “ellos” su desprecio.

El populismo es esencialmente un “movimiento”; una parte del mismo se exhibe como partido político al solo efecto de cumplir con las imposiciones del régimen partidocrático dentro del marco de legalidad democrático; por lo tanto, no requiere la estructura de una organización política que funcionen sobre la base de la democracia interna; invita más bien a una actitud de adhesión a una verticalidad de nuevo tipo, en torno de un significante hegemónico que corporiza efectivamente la vida y las demandas de los representados.

El desencanto democrático contribuye a una mayor personalización de la política, donde una presencia física inmediata parece más atractiva que un programa distante.

Las decisiones del líder son inapelables por cuanto no hay nada por encima de él y ello, evidentemente, no colabora con la horizontalidad que presume el sistema democrático.

La visión populista de la democracia conduce paradójicamente a una concepción absolutista sobre su legitimación por las urnas. El partido y el movimiento que sustenta su base social no visualizan que en todo proceso electoral existe una minoría que no se siente representada por el ganador y que, en el complejo arte de gobernar y administrar, debe dirigir sus acciones al todo y no a una parcialidad, en tanto, el ejercicio democrático requiere una institución al servicio de los habitantes, independientmente de cualquier interés particular. La presente reflexión que surge de las definiciones trazadas en nuestra historia política constituciónal desde 1955 a la fecha, confirma dicha tesis.

En un mundo en el que se multiplican los lobbies y los intentos de privatización de los bienes públicos, esa imparcialidad encarna una dimensión sustancial del ideal democrático de un poder colectivo, constituida por el hecho de que nadie puede disfrutar de una ventaja o de un privilegio.

El peronismo en la Argentina, en todas sus administraciones y especialmente desde 1973 en adelante, ha insistido con la configuración clásica del populismo sin percibir que la globalización ha transformado su composición social.

Efectivamente: El capitalismo de organización, fundado en la explotación de la fuerza general de trabajo ha dado lugar a un nuevo tipo de capitalismo calificado como “capitalismo de innovación”,que se apoya en el valor de uso para la empresa y la masa que le sirve de sustento ha extendido su proletarización abarcando a sectores de la clase media que conforman el generico concepto “pueblo”, muchos de los cuales no tienen ni comparten las posturas sociales de los sectores más carenciados. Matices sociales que requebrajan ideologicamente el bloque de sustento.

Rosanvallon afirma que “...la entrada en una sociedad donde el nivel intelectual y cultural de la población ha aumentado, generó una mayor expectativa individual de reconocimiento y desarrollo personal. En la actualidad, la perspectiva de una igualdad-singularidad se impone como figura positiva del lazo social. Al mismo tiempo, con estas mutaciones generan nuevas líneas de fractura en la sociedad...”

A partir de la década de 1990, los economistas y sociólogos referían que las desigualdades ya no dividían a la población en función de las diversas categorías socio-profesionales, sino también por las diferencias de remuneración entre las empresas tanto como entre los sujetos asalariados, generando nuevas formas de pobreza.

El populismo potencia la radicalización de las divisiones políticas; incentiva la reelección (Insfran, Menem, Zamora) y el nepotismo (Perón/Evita; Perón/ Isabel Martinez; Nestor Kirchner/ Cristina Fernandez de Kirchner). En el parlamento argentino vigente en el 2021, el bloque oficialista lo dirige Máximo Kirchner y su madre, Cristina Fernandez de Kirchner, preside el Senado en su condición de Vice Presidente. La constante postura de impulsar la reelección , aún a contramano del principio de legalidad, encuentra justificación en el populismo, nos recuerda Rosanvallon, en el hecho que siempre en primer plano la preeminencia que debía otorgarse a la “voluntad del pueblo” y en los “antidemocrático” que implicaría impedir que el pueblo decida.

En la década de 1980 con el repliegue o derrota de las dictaduras en Argentina, Brasil, Chile y Paraguay -para mencionar solo los casos mas notorios- la recuperación del Estado de Derecho, llevo a incluir en la mayoría de las Constituciónes, la imposibilidad de reelección inmediata de los presidentes. La medida se introdujo para conjurar los espectros del pasado y para consolidar las democracias renacientes en países que habían vivido todas las formas del autoritarismo y del poder personal. Ahora bien, esa tendencia comenzó a invertirse desde mediados de la década de 1990: Fernando Henrique Cardoso se postuló exitosamente en Brasil para un segundo mandato tras obtener la necesaria modificación de la Constitución. Bolivia, Venezuela, Ecuador y Nicaragua imitaron dicho proceder. En Argentina, se redujo de seis a cuatro años el mandato presidencial con la posibilidad de un solo período de reelección inmediata; sin embargo, no se copió el modelo americano. Se admite en la actual constitución argentina, que el titular del Poder Ejecutivo con cuatro años de mandato, pueda ser reelecto por otros cuatro en forma consecutiva e incluso presentarse como candidato para un tercer período, si hace la pausa de un mandato presidencial al finalizar el segundo. Por su parte, los gobiernos de provincia, en Argentina, en sus respectivas constituciónes, mantienen prohibiciones a la reelección de su gobernador, como en Santa Fe o la admiten indefinidamente como en Formosa.

Los populistas de izquierda y populistas de derecha coinciden que la Constitución es la simple expresión momentánea de una relación de fuerzas en la que todo es político.

En nuestra interpretación, la reelección indefinida es otro factor del deterioro democrático y republicano, propio de la monarquía.

Existe otro factor de deterioro o desgaste democrático: El populismo, de derecha y de izquierda procura sistemáticamente la domesticación de las cortes constituciónales, destinada a suprimir los diferentes contrapesos al poder omnímodo del ejecutivo y en tal sentido, la decisión de ampliar el número de miembros de la Corte Suprema, designando Ministros que favorecen las políticas de Estado vinculados a la privatización de las empresas del Estado, la legitimación de los decretos de necesidad y urgencia, los procesos de reelección en los ámbitos provinciales.

En las sociedades contemporáneas, los medios de comunicación constituyen un factor de publicidad y critica de los actos de gobierno y muchas veces, de silencio y autocensura durante los gobiernos militares. El cierre del diario La Prensa en la segunda presidencia de Perón; el humor corrosivo contra el Presidente Illia, el enfrentamiento con el diario Clarin durante todo el período kirchnerísta, por citar una pequeña muestra, delata el importante papel y la formidable herramienta que significa un medio periodístico en poder del oficialismo o de la oposición.

El peronismo no se vertebra como partido, sino como movimiento mayoritariamente espontáneo en la que el lider es el gran aglutinador de una masa informe más propia de la psicología social que del racionalismo. El partido es un recurso que habilita la participación en un sistema partidocrático pero no hace a la esencia de su construcción.

La democracia que se había sustentado en el reconocimiento de las libertades públicas, los partidos políticos como instrumentos de participación y acceso al poder y el sufragio universal, no alcanzaba a consolidarse sin el ejercicio de los derechos sociales. El movimiento peronista, sin lugar a dudas, se constituyó en un protagonista. Nadie puede negar, que ha sido un gran hacedor en la comprensión, alcance y significado de la justicia social. Sin embargo, su naturaleza populista degeneró en una distorsión de principios democráticos en su propio movimiento que se extendió a la organización sindical y una creciente desconfianza a las libertades públicas individuales en el entendimiento que minaban los marcos de legitimidad y del poder que las urnas le habían conferido.

2. La crisis del sistema partidocratico y representativo- la distorsión del sistema republicano

Los partidos políticos, en la campaña electoral de 1983, canalizaron profundos deseos de participación y protagonismo politico de una generación que desde 1976, había estado silenciada y perseguida. Ello se tradujo en grandes concentraciones populares, comités y unidades básicas se convirtieron en centro de debate, los programas de gobierno se aprobaban en las convenciones o congresos partidarios y los candidatos electorales eran elegidos por la nueva conscripción de afiliados de los respectivos partidos en elecciones internas. Los órganos partidarios suspendidos durante la dictadura, comenzaron a trazar, planificar y organizarse. Los dirigentes que durante el proceso de facto habían mantenido, en la clandestinidad, trozos de la estructura orgánica partidaria, tuvieron una notable ventaja en la planificación de las campañas electorales.

a) Recuperado el Estado de Derecho, paulatinamente, los partidos en la década de 1990, perdieron protagonismo, se burocratizaron para transformarse en un espacio necesario e inevitable para la composición de cargos electorales. Una casta se abroqueló en la estructura de esas organizaciones para prolongar y prorrogar sus mandatos, especulando con tres conceptos diferentes (nativo, domicilio y residencia), utilizando cualquiera de ellos para justificar la jurisdicción territorial que lo legitime como candidato. Senadores y Diputados, nativos de una provincia o distrito electoral que, cumplido su mandato, se postulaban y se postulan por otra jurisdicción territorial en la que mantenían su residencia o domicilio o a la inversa. Especulaban y especulan con las encuestas y en función de ellas, elegían invocar la condición de nativos, domicilio o residencia para legitimarse como candidatos. La conducta republicana que invocan en sus discursos, se diluye en materia de periodicidad de los mandatos, cuando verificamos que en su extensa trayectoria partidaria, han sido intendentes en su ciudad de residencia, diputados por otra provincia en su condición de nativos de la misma, más tarde senadores invocando la residencia en otro distrito, posteriormente gobernadores de la provincia en la que nacieron. A veces, la alteración del principio republicano de la periodicidad de los mandatos no se configura por haber desempeñado diferentes funciones, sino en los mandatos ininterrumpidos de dieciocho y veinticuatro años de senador o dieciséis años de diputado nacional, adoptando sin pudor, en los hechos, mandatos vitalicios, propios de la monarquía.

Los representantes pierden todo contacto con la realidad. Desconocen el valor de las mercaderías que consumimos, el costo de las tarifas de un ómnibus urbano o de media o larga distancia y paulatinamente el divorcio con el pueblo se hace más ostensible. Ello constituye otro factor de deterioro.

b) La financiación de una campaña electoral no reconoce mecanismos de transparencia. A pesar de la legislación vigente, todo lo concerniente a la contribución de fondos es manifiestamente informal. No existe un control adecuado y eficiente. La rendición de cuenta es esencialmente morosa y muchas veces se omite con la complicidad de la autoridad de aplicación. El control estatal, en consecuencia, no es confiable.

Muchas empresas, prestatarias del Estado, adelantan donaciones que luego recuperan y compensan con infinidad de contratos públicos. Contar con un sponsors con recursos es una herramienta eficaz que colabora con la publicidad y conocimiento del candidato. Los medios de comunicación son caros. El precio se fija por minutos o segundos. Las campañas no se basan en propuestas, sino en slogans, vacíos de todo contenido. No existe programa de gobierno sino propuestas genericas abstractas.

El costo de una campaña electoral para un candidato a Diputado Nacional o Senador Nacional en alguna provincia central implica una erogación que no esta al alcance de un trabajador, de un pequeño empresario o de un profesional liberal. Los costos de los espacios en radio, televisión, prensa escrita, programas de alto rating, espacios gráficos, carteleria urbana y en rutas, etc. implican un presupuesto millonario que no lo compensa el valor real de cincuenta hectáreas de campo en la pampa húmeda.

La campaña electoral para la presidencia de la Nación, en tanto alcance nacional e incluso en medios extranjeros es de imposible financiación sin una “Comisión de Notables” cuyos integrantes se los elige por sus lazos permanentes con empresas y empresarios

La campaña presidencial del 2015, en la Argentina, estuvo plagada de irregularidades en los balances electorales del PRO y del Kirchnerismo. El fiscal Jorge Di Lello requirió que los mencionados balances con los gastos oficiales de los candidatos Mauricio Macri y Daniel Scioli, en la citada campaña, no sean aprobados por la Justicia hasta que los partidos puedan “subsanar” las irregularidades detectadas por diferentes auditorías. Las autoridades de la Cámara Nacional Electoral por imperio de auditorías, verificaron inconsistencias en su financiamiento. El Fiscal Di Lello pidió suspender la asignación de los fondos públicos. Los auditores de la Cámara Federal, detectaron falsos donantes, asesores fantasmas, aporte indirecto de empresas y actos multitudinarios sin declarar. Las irregularidades alcanzaron al Frente Cambiemos, el Frente para la Victoria, Compromiso Federal (cuyo candidato fue el puntano Adolfo Rodríguez Saá); la Alianza UNA (Sergio Massa-José Manuel De la Sota), el Frente Progresista (Margarita Stolbizer), entre otras fuerzas.

La Cámara Electoral hizo hincapié, en el caso del Frente Cambiemos, en los aportes indirectos de empresarios a su campaña electoral y, simultáneamente, la canalización de fondos electorales a través de su partido político camuflados como “gastos de desenvolvimiento institucional”. Los auditores mencionan que los honorarios del asesor más conocido de Mauricio Macri, Jaime Durán Barba, no se declararon. Desde PRO respondieron que el ecuatoriano “asesora gratuitamente por una relación de amistad con el Presidente” (?).

El Frente para la Victoria, también sufrió fuertes cuestionamientos sobre su financiamiento electoral. Ante las observaciones de la Cámara Electoral sobre la falta de solvencia de sus donantes, la alianza reemplazó doscientos doce aportes por otros nuevos donantes. Desde el partido respondieron por escrito a la Justicia que todo fue parte de “un error administrativo”. Pero la nueva lista de donantes también sufrió llamativas observaciones en la auditoría: la Cámara detectó más de doscientos doscientos aportes que tampoco cumplían con las condiciones financieras mínimas para realizar dichas contribuciones. Son monotributistas de las categorías más bajas que llegaron a donar hasta $ 60.000 cuando su límite de facturación anual era inferior a los $ 48.000. Los auditores detectaron también que en la campaña para Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, su candidato, omitió informar el dinero ingresado en las millonarias cenas de recaudación de Parque Norte y Costa Salguero celebradas en la ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el FPV le respondieron a la Justicia: “El gobernador [Scioli] sólo asistía a actos de protocolo o de gestión como funcionario en ejercicio”(?).

La siempre polémica relación entre políticos y empresarios, tomó otra dimensión en la provincia de San Luís. Su gobernador Alberto Rodríguez Saá convocó a los empresarios que construirán el megaproyecto “Parque La Pedrera”, una obra de $ 1500 millones que incluye la construcción de un estadio, un autódromo, lagunas artificiales, escuelas y un hospital. Dichas empresas desembolsaron el capital que permitieron financiar la campaña presidencial de Adolfo Rodríguez Saá, el hermano del gobernador a pesar que la ley no permite el aporte de empresas ¿Como lo hicieron? Las compañías utilizaron a sus empleados. A diferencia de lo que sucedió con el Frente para la Victoria, los puntanos eligieron pocas personas de confianza para realizar donaciones por altos montos (Fuente: Ivan Ruiz, Diario La Nacion).

Los partidos políticos evitan designar a dirigentes activos porque la ley de financiamiento electoral fijó como castigo para los responsables económicos la inhabilitación para ocupar cargos públicos si sus balances no son aprobados. La lista de Sergio Massa (UNA) frente a desembolsos realizados antes del período permitido por ley, por decenas de carteles en la vía pública, gastos en aviones privados y hasta el alquiler del estadio de Vélez para su acto de lanzamiento fueron señalados por la Justicia por haber sido omitidos en su declaración.

En las auditorias ordenadas por la Cámara Nacional Electoral, una importante empresa nacional, violó el tope máximo de donaciones permitidas. El holding se convirtió en el principal aporte de las campañas de Alberto Fernandez y Mauricio Macri. Declaró donaciones individuales menores a los nueve millones de pesos que era el límite impuesto por la Justicia; sin embargo, los fondos que el holding aportó, en total, para el Frente de Todos fueron $30 millones, y otros $25,5 millones para Juntos por el Cambio. Para realizar los aportes, el grupo utilizó al menos ocho razones sociales distintas. La Cámara Electoral detectó que, en algunos casos, las transferencias bancarias de cuatro de esas empresas fueron realizadas por la misma persona, el mismo día y desde el mismo banco.

Los auditores también señalaron que uno de los accionistas del holding, integra una empresa que tiene una concesión del Estado por 30 años. Las restricciones de la ley de financiamiento electoral son amplias en cuanto a la relación de los aportes con el Estado: prohíbe contribuciones de empresas concesionarias, contratistas de servicios u obras públicas, o proveedores de la Nación, provincias o municipios.

La Cámara Electoral planteó en el caso de los aportes electorales a Mauricio Macri, que durante la campaña se desempeñaba como presidente, que algunas de las empresas que donaron a su campaña tenían permisos emitidos por el Estado para operar puertos (LDC Argentina SA y PTP Warrant SA) y otras habían recibido beneficios del programa RenovAr, de energía eólica (Arre Beef SA y Frigorífico Gorina SAIF). Los auditores también hicieron hincapié en un grupo de seis frigoríficos y empresas agropecuarias que hicieron aportes a Juntos por el Cambio por un total de $28 millones y que habían accedido a la cuota Hilton, un cupo de fondos que reparte el Estado entre exportadores de carne vacuna.

La jueza María Servini, con competencia electoral, no aprobó todavía los balances de la campaña presidencial de 2015.(Fuente Iván Ruiz, Diario La Nación)

c) Hoy asistimos a partidos políticos paralizados. No existen como tal. Los comités y unidades básicas están vacías, deterioradas, cerradas, con importantes deudas por tasas de gas, luz, agua, servicios municipales, telefónicos, etc. que no se abonan desde hace bastante tiempo.

En 1983, frente a la necesidad de recomponer y reparar los daños afligidos a los comités y unidades básicas, en la dieta de un legislador se retenía un porcentaje destinado al partido político que representaba. Dichos fondos posibilitaron la reparación edilicia de muchos centros políticos. Con el tiempo, la conformación de frentes electorales descompuso la representación partidaria y muchos legisladores en crisis y con litigios internos con la dirección de sus respectivos partidos, se negaron a la retención partidaria y con ello, las organizaciones perdieron un soporte financiero vital. Una casta burocrática retiene los órganos de poder, evita las elecciones internas y conforma frentes electorales. Son numerosos los ejemplos de candidatos que han legitimado sus postulaciones por fuera del partido orgánico y una vez elegidos, con el poder que confiere el cargo, han asumido la conducción del mismo.

Lo expuesto, ha generado el alejamiento de los ciudadanos de los partidos políticos tradicionales y no tradicionales por manifiesta indiferencia cívica. La ausencia de participación reconoce múltiples causas. Los congresos y convenciones partidarias han dejado de convertirse en la caja de resonancia del programa partidario. La distorsión de uno de los requisitos básicos del sistema republicano (la periodicidad de los mandatos) por parte de gran parte de la casta burocrática partidaria y frentista, ha significado un verdadero “tapón” para las generaciones más jóvenes. No existe renovación parlamentaria genuina; la excepción es cuando de apela al nepotismo. El nepotismo es más notorio en las provincias, muchas de las cuales mantienen un sistema feudal. No existe debate interno

La involución oligárquica de las democracias parlamentarias y presidencialistas se profundiza e intensifica. Una minoría burocrática, supeditada al poder económico monopoliza la representación política y excluye de facto a la mayoría, aunque sigue invocando su legitimidad formal a través del sufragio universal. Esta democracia oligárquica se convierte a la par en una verdadera plutocracia donde el poder está en manos de una minoría económicamente privilegiada.

La sumisión de los partidos políticos al mundo financiero ha aumentado el escepticismo hacia los representantes políticos, cuyo descrédito es creciente, agudizando los mecanismos de participación democrática y generando la actual crisis de representación

Con la excepción de contados procesos electorales en la que las contradicciones insuperables entre dos partidos políticos han potenciado el llamamiento a votar y los porcentajes se participación han aumentado, observamos que en las convocatorias electorales voluntarias, la indiferencia es notable. En las convocatorias con voto obligatorio, también decrecen y dicha indiferencia incluso se extiende a la conformación de las mesas electorales en razón que el designado por el colegio electoral tampoco se hace presente a su apertura.

d) La crisis de la democracia y su deterioro, se expresa esencialmente en la indiferencia de algunos sectores en el significado, sentido y utilidad del voto y en otros, como la Unión Europea, en la existencia de una capa creciente de inmigrantes sin derecho a voto, de ciudadanos de segunda categoría que asisten a las contiendas electorales como espectadores de decisiones que los afectan.

En el conjunto de la periferia europea, la deslegitimización del poder político y de la clase política se acentúa. La crisis económica y social se convierte en una crisis política cada vez más profunda con procesos crecientes de deslegitimación de instituciones y de los partidos políticos. Todo ello conlleva al desaliento, la desconfianza, el enojo y una marcada insatisfacción.

El vaciamiento institucional reemplazó a los golpes de Estado. La erosión de los cimientos democráticos, en los últimos años, expone el “desgaste” que nuestros sistemas de gobierno sufren “desde adentro”, provocando lo que, años atrás, el investigador argentino Guillermo O’Donnell denominó su “muerte lenta”. Esta “muerte lenta” de las democracias contrasta con la trágica práctica que fue tan común en América Latina hasta hace pocas décadas: la “muerte súbita”, consecuencia de violentos golpes de Estado, y que llevaban al abrupto reemplazo de gobiernos elegidos popularmente por gobiernos militares.

Otro rasgo de esta “muerte lenta” o “erosión paulatina” son conductas que el propio Poder Ejecutivo, confundiendo al Estado con gobierno, desconociendo el contrato social, alienta e impulsa, como afirmamos precedentemente, la ampliación de los miembros de la Corte Suprema, designando Ministros complacientes con las medidas del gobierno; legisla, a pesar de su expresa prohibición constituciónal, con decretos de necesidad y urgencia, forzando la interpretación constituciónal, aún y a pesar de fallos judiciales que lo impiden; procuran la re-reelección de sus mandatos a pesar que la constitución, a la que han jurado respetar, les veda un tercer mandato ininterrumpido; judicializan toda decisión en contra de sus intereses, confiando que la mayoría de los integrantes de la Corte devuelvan favores y lo legitimen.

En el Poder Legislativo, la mayoría parlamentaria cuando responde al oficialismo, cualquiera sea éste, demora el nombramiento del Defensor del Pueblo y todo tipo de control; delega al Poder Ejecutivo todas las competencias que las provincias pre-existentes al Estado Nacional le ha conferido al Congreso de la Nación, renunciando a ejecutarlas; prorroga “sine die”, competencias extraordinarias conferidas para una coyuntura determinada en tiempos de normalidad institucional; legitima los decretos de necesidad y urgencia; evita todo debate parlamentario, resistiendo toda convocatoria de Ministros al seno del Congreso.