Enfoques para el análisis de políticas públicas

Al desconocer el contexto socioeconómico de la población recicladora, la ley no desarrolla un análisis integral sobre las consecuencias nocivas de sus dictámenes; es decir, dado que, según la Asociación Nacional de Recicladores (única fuente disponible en la materia a nivel nacional), más de 80 000 familias obtienen su mínimo vital de esta labor, la criminalización indirecta de ella generaría una crisis humanitaria sin precedentes en las ciudades del país.

Al no reconocer el contexto de producción de los desechos, ni la función productiva y ambiental de la población recicladora, esta ley presenta una gran contradicción con su objetivo principal: el mejoramiento de las condiciones del hábitat urbano mediante la transformación de conductas nocivas para el ambiente. Al desconocer que gracias a la población recicladora en el país se recupera el 10 % de los desechos producidos, es decir que se recuperan más o menos unas 6 000 toneladas diarias (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP, 2006), termina desestimulando esta práctica muy útil en términos ambientales.

Tras la presentación del concepto, la Corte Constitucional declaró exequibles los artículos tutelados, pero condicionó su aplicación a la no obstrucción del trabajo de la población recicladora, hasta que las autoridades locales no hubieran desarrollado acciones afirmativas que evitaran que esta población fuera vulnerada en las diferentes ciudades por esta medida.

Los autores de este concepto consideraron que el marco de análisis de Ostrom aportó herramientas para definir componentes condicionantes de la ley, así como la modificación del componente de atributos o sujetos de ley, de forma que se protegiese a la población recicladora, reconociendo así sus prácticas y el contexto productivo en que se inscriben.

Algunas reflexiones frente al modelo del IAD

Aciertos

El modelo propuesto por Ostrom se constituye, sin lugar a dudas, en un aporte importante para abordar no solo teórica sino metodológicamente el proceso de formulación de políticas públicas, pues supera el enfoque de etapas y lo ubica en contextos específicos, en la medida en que reconoce la especificidad y la diferenciación espaciotemporal como variables fundamentales para su comprensión. Esto lo logra valiéndose de la perspectiva neoinstitucional, la cual implica, necesariamente, contextualizar los procesos en marcos institucionales que determinan el abanico de opciones de los participantes, sus roles y las estrategias que pueden emplear.

Reconoce, además, los límites del modelo de elección racional, tanto en el supuesto de información completa como en el sentido de la motivación material y la motivación del ser humano. Con respecto al primer aspecto, toma como punto de partida el supuesto de racionalidad limitada propuesto por Herbert Simon, según el cual los seres humanos tenemos una racionalidad limitada derivada de la limitación cognitiva y de los marcos culturales en los cuales nos desenvolvemos. Con respecto al segundo aspecto, identifica que la motivación humana es múltiple y está fuertemente relacionada con los contextos culturales a los cuales el ser humano se circunscribe. En este sentido, Ostrom reconoce al modelo de elección racional como un modelo de interacción humana que se da en contextos específicos, entre los cuales se encuentran las situaciones de mercado.

Esta autora parte de las últimas revisiones de la teoría de la evolución, las cuales plantean que la cooperación es la estrategia fundamental del proceso evolutivo, y con ello intenta fundamentar igualmente la necesidad de cooperación para enfrentar problemas colectivos. Además, como la preocupación central del marco es ofrecer salidas para los dilemas sociales, los cuales son propios del manejo de los bienes comunes, Ostrom establece que la cooperación, como fruto de procesos de autodeterminación, es la salida más acertada.

Asimismo, reconoce la autonomía de determinación como un valor fundamental dentro de los procesos de política pública y, con esto, la necesidad de la descentralización como fundamento de estos procesos. Esto implica evidenciar uno de sus supuestos que no es discutido: el marco democrático que implica el desarrollo de su propuesta.

También genera un marco metodológico indudablemente de un gran poder para el análisis institucional, no solo por su capacidad descriptiva, sino por develar elementos fundamentales de su dinámica. Este se constituye eventualmente en el principal instrumento para superar las limitaciones internas del enfoque del IAD, es decir que un intento riguroso de aplicación de la gramática de las instituciones puede ser la vía de superación de la trampa del cálculo racional en el cual está atrapado el enfoque.

Límites

A pesar de su gran crítica al modelo racional y de reconocer la multiplicidad de las motivaciones que en últimas explicarían las decisiones adoptadas, Ostrom no escapa del cálculo racional como el mecanismo de fondo que explica las razones por las cuales se adopta una alternativa frente a otras. Lo anterior se debe al uso de la teoría de juegos como el soporte teórico en el cual descansa la propuesta del IAD, en la medida en que la modelación de los comportamientos requiere, primero, de la agrupación de opciones, del establecimiento de unos mínimos de ordenación de preferencias y de la definición de las resultados esperados, y es en virtud de estos últimos requerimientos a partir de los cuales serán validadas las diferentes opciones bajo el mecanismo de comparación de costos y beneficios.

De otro lado, el reconocimiento de la complejidad humana, y con ello de la complejidad social, no le permite evidenciar el problema del poder y del Estado que subyace en los procesos de política pública, más cuando se está abordando el problema de bienes comunes. En esta medida, a pesar de reconocer la importancia de la contextualización y de la identificación y análisis de las instituciones formales e informales en las que se circunscriben los procesos, no existe ninguna referencia a reconocer al menos estos cuatro aspectos importantes: las fuentes de poder existentes en cada contexto, la dinámica que adoptan, las asimetrías existentes, y la legitimidad y capacidad del régimen como salvaguarda de los bienes comunes. Estos puntos sin ninguna duda son fundamentales al menos en tres aspectos: primero, para comprender el papel del poder en los procesos de acción colectiva de manera general y, específicamente, en los procesos de política pública; segundo, en la comprensión de la dinámica de las instituciones y, tercero, en la comprensión de las posibilidades de establecimiento de nuevos escenarios de cooperación como condición sine qua non del manejo de bienes comunes.

La cultura, noción irresuelta

No obstante, Ostrom presenta una mirada neopositivista del APP, constatada en sus orígenes neoinstitucionalistas y en la teoría de juegos como nutriente básico de su corriente; si bien hay que decir que se preocupa permanentemente por acoger y desarrollar críticas a esta corriente. Es así como asume que la teoría de juegos, pese a su importancia para el IAD, es uno más de un continuo de modelos apropiados para el análisis institucional. Asimismo define los límites del conocimiento ligados a las limitaciones cognitivas y las restricciones comunicativas. Incluso, ya en el desarrollo de su marco conceptual, cuando se refiere a las variables que constituyen los factores principales que afectan la estructura de una arena de acción, identifica los atributos de la comunidad como el tercero de ellos, y dentro de estos atributos Ostrom presenta los siguientes: los valores de comportamiento aceptados de manera general en una comunidad, el nivel de entendimiento común que potencialmente comparten los participantes sobre la estructura de tipos particulares de arenas de acción, el grado de homogeneidad en las preferencias de aquellos que viven en el interior de determinada comunidad, el tamaño y la composición de la comunidad relevante, el rango de inequidad en los activos básicos entre aquellos afectados, y la cultura, aunque esta noción tomada por Ostrom se aproxima al juego de valores compartidos por una comunidad. Así pues, afirma que la diferencia cultural dificulta, facilita o incrementa los costos de creación y sostenimiento de reglas.

Lamentablemente, en nuestra opinión, Ostrom no desarrolla el peso que tienen los factores culturales en su premisa central de búsqueda de los factores que estructuran las interacciones sociales humanas. Su pretendida universalidad, soportada en la teoría de la elección racional y presentada en la afirmación según la cual “siempre que individuos interdependientes estén pensando en actuar en un modelo organizado, varias ‘dimensiones’ de elementos universales constituyen la estructura que afecta su comportamiento y los productos que ellos creen” (Ostrom, 2005, p. 6), se derrumba ante el factor del relativismo cultural y del lenguaje, el cual enuncia al referirse a los atributos de la comunidad. Ello hace que, lejos de articular valores y pertenencias culturales, como variables en la interpretación, legitimación o uso de una regla, los separe para efectos prácticos y module comportamientos transformables solo a partir del cálculo racional.

Cabe contrastarla con la noción constructivista de marcos mentales interpretativos, que no son otra cosa que un conjunto de valores y de conocimientos producto de un contexto histórico cultural, a través del cual se interpretan los hechos y se piensan las cosas. Para Ostrom, el corpus de valores remitido a la noción de cultura es fundamental, pero ni metodológica ni conceptualmente brinda herramientas para abordarlos, dado que para ella realmente son variables para controlar y no se preocupa por “explicar cómo los grupos sociales construyen sus propios entendimientos de la realidad” (Fischer, 2003, p. 128).

Los marcos de sentido mediante los cuales los grupos o comunidades interpretativas dan sentido a la realidad, y que se nutren de pertenencias culturales, pueden llegar incluso a contradecir el postulado de maximización de resultados que soporta uno de los pilares del IAD. Reta además la comprensión misma de las reglas y su legitimación, por lo que imaginamos que esta distancia, no obstante su fe ciega en las reglas como herramientas de cambio, hace que existan tantas reglas formales sin uso.

De esta forma, los métodos cuantitativos y empiristas no dan cuenta de la complejidad cultural, y se hacen necesarias formas de investigación interpretativa. Este límite de la investigación empírica fue suplido por algunas corrientes positivistas, como los teóricos del habla, a través del uso de métodos cualitativos en el estudio de caso que les permitiera diseñar o rediseñar sus investigaciones. Lamentablemente, estos ejercicios cualitativos asociados a la interpretación eran solo la medición de variables ideales a través de muestras piloto. En consecuencia, pareciera que los estudios de caso que soportan el IAD fueron desarrollados bajo una mirada de las relaciones productivas y esquemas que no dotaron de significancia a las estructuras culturales locales y sus manifestaciones interpretativas.

Referencias

Fischer, F. (2003). Reframing Public Policy. Oxford: Oxford University Press.

Kalmanovitz, S. (2003). El neoinstitucionalismo como escuela. Revista de Economía Institucional, 5(9), 189-212. Recuperado de https://revistas.uexternado.edu. co/index.php/ecoins/article/view/196

March, J. y Olsen, J. (1997). El redescubrimiento de las instituciones. La base organizativa de la política. México: Fondo de Cultura Económica.

North, D. (1993). Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. México: Fondo de Cultura Económica.

Ostrom, E. (2000). El gobierno de los bienes comunes: la evolución de las instituciones de acción colectiva. México: Fondo de Cultura Económica.

Ostrom, E. (2005). Understanding Institucional Diversity. Princeton: Princeton University Press.

Ostrom, E. (2009). Las reglas que no se hacen cumplir son mera palabrería. Revista de Economía Institucional, 2(21), 15-24.

Ostrom, E., Gardner, R. y Walker, J. (1994). Rules, Games, and Common-Pool Resources. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Ostrom, E., Schroeder, L. y Wynne, S. (1993). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action Institutional Incentives and Sustainable Development; Infrastructure Policies in Perspective. Oxford: Westview Press.

Poteete, A., Janssen, M. y Ostrom, E. (2010). Working Togheter: Collective Action, the Commons, Multiple Methods in Practice. Princeton: University Press.

1 Es administradora pública y magíster en Gobierno y Asuntos Públicos. Actualmente, es estudiante del doctorado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Correo electrónico: jelopez@unal.edu.co

2 Es antropólogo y magíster en Antropología Social de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Actualmente, es estudiante del doctorado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Correo electrónico: fparrah@unal.edu.co

3 El neoinstitucionalismo y sus diferentes desarrollos se han intentado clasificar de acuerdo con sus preocupaciones centrales. Es así como se identifican el neoinstitucionalismo histórico, el económico, el político y el sociológico, entre otros. Sin embargo, como bien lo anota Rodolfo Vergara en el estudio introductorio del libro de March y Olsen El redescubrimiento de las instituciones, la base organizativa de la política (1997), dichas clasificaciones son arbitrarias, pero muestran la fuerza del fenómeno institucional como eje de análisis en las ciencias sociales.

4 En este sentido, podemos retomar lo expuesto por Salomón Kalmanovitz (2003) con respecto a que el neoinstitucionalismo no es un paradigma en los términos de Kuhn, ni tampoco transforma el núcleo duro (en términos de Lakatos) del programa de investigación de la economía, sino que solo establece diferencias con la economía neoclásica en lo que se refiere a los costos de transacción deri- vados de los costos de información y de las implicaciones de la estructura de derechos de propiedad.

5 Participantes y situaciones de acción se entienden a su vez como hólons.

6 Esta responsabilidad fue delegada en el profesor Gregorio Mesa Cuadros, quien vinculó al Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales y a la organización no gubernamental (ONG) Enda A. L. Colombia en la elaboración de dicha respuesta. Federico Parra, coautor de este capítulo, recurrió a elementos de la gramática Adico y del análisis de reglas para aportar a dicho concepto.

7 Acción jurídica propia del Estado colombiano que busca tutelar los derechos individuales de manera inmediata y preventiva, de forma que se convierte en un instrumento de exigibilidad de derechos para los ciudadanos.

JUAN-ANTONIO ZORNOZA BONILLA1

ENFOQUE DE REDES DE POLÍTICA. INSTRUMENTO EXPLICATIVO, ANALÍTICO E INVESTIGATIVO

Introducción

El enfoque de redes de política pública es una metáfora de modelos analíticos derivada de la caja negra y el triángulo de hierro, que hoy resulta aplicable en escenarios académicos, gubernamentales y organizacionales. El objetivo de este escrito es abordar las articulaciones del enfoque de redes desde su origen teórico, con sus potencialidades en la elaboración y en la investigación aplicada de políticas. Se trata de un modelo explicativo en sí mismo, con hondas repercusiones entre profesionales, activistas, académicos, gerentes corporativos, políticos, funcionaros públicos e investigadores sociales.

Se pretende contrastar su uso y sus resultados con las reglas del juego político y observar diversos mecanismos de aplicación desde la investigación social.

Para ello, se revisan los antecedentes del enfoque, se caracterizan sus diversas versiones teóricas, se analizan las últimas tendencias y se plantean aplicaciones de institucionalización de redes de comunidades que inciden en las soluciones públicas de los problemas. Este texto incorpora un primer avance del estudio en curso, orientado a capitalizar las aplicaciones heurísticas del modelo para incidir en las respuestas de un gobierno local a las demandas de una comunidad tradicionalmente excluida. El punto de partida es la jurisprudencia constitucional, entre 1992 y 2008, que señala la viabilidad de la aplicación del enfoque en el sistema político colombiano. El siguiente paso consistirá en diseñar una metodología para la investigación acerca del grado de participación de las comunidades locales en la formulación e implantación de políticas sociales, con participación comunitaria, en un esquema de doble vía.

Antecedentes

La ciencia política moderna se basó en la teoría de la decisión para comprender el comportamiento de un actor racional iluminado, que mediante la lógica costo-beneficio y la jerarquización de preferencias, procedentes de la economía, respondía a las demandas ciudadanas hechas al sistema político. La caja negra de David Easton con sus inputs y outputs representa para la literatura inglesa una primera metáfora entre los modelos de política pública del marco racionalista. La racionalidad limitada de Lindblom cuestionó la factibilidad de la decisión cuando resulta utópico pretender que la solución escogida había considerado toda la información disponible de manera exhaustiva. Los márgenes de incertidumbre darán paso, en lo sucesivo, a decisiones incrementalistas que ayudarán a la toma de decisiones públicas de los gobiernos. La red de política aparece como el resultado de interacciones y discusiones de académicos que expresan posibles interpretaciones de los procesos de política. Para ello se pretende explorar 30 años de enfoques de redes. El debate clásico se ubica entre top-downers y bottom-uppers. Este es un examen paralelo entre los modelos del orden organizado —clásicos-racionales— y los de ajuste mutuo centrados en cómo se asumen los procesos de toma de decisiones y la interacción entre actores.

Elaboración racional de políticas. En Diciendo la verdad al poder, Wildavsky (1979) señala la tormentosa relación entre ciencia y política, entre quienes buscan el verdadero estado del mundo y los que pretenden reglamentarlo. El modelo racional cuenta con buenas cualidades heurísticas, permite separar política y administración, asume el enfoque gerencial y le facilita a los líderes ejercer el control de su organización y llevar a cabo el diseño del proceso deseado para cumplir las metas corporativas (Dror, 1968). El modelo óptimo de Dror tiene tres etapas y dieciocho subetapas: elaboración de metapolíticas (valores, realidad, problemas, recursos, diseño, localización y determinación de estrategias), elaboración de políticas (sublocalización de recursos, priorización de metas, valores, alternativas de políticas, predicción de beneficios, identificación de las mejores políticas y decisión) y elaboración de pospolíticas (motivación para la ejecución, ejecución y evaluación de resultados). Entre ellas hay dieciocho subetapas, cada una de las cuales es un canal continuo de comunicación y retroalimentación que interconecta todas las fases. Dror no se suscribe a una jerarquía monolítica, pero se basa en el modelo deseado de políticas óptimas en el que las dimensiones políticas no son tratadas a profundidad. Este problema no es resuelto por Dror, pero mientras intenta solucionarlo apela a otros recursos de información, incluso a formas no racionales (Bogason, 2006).

Ajuste mutuo en la elaboración de políticas. En The Science of muddling through, Charles Lindblom (1959) acierta en que, mientras el modelo racional recomienda que la solución de los problemas públicos se debe basar en la autoridad de un experto, los seguidores del ajuste mutuo aconsejan que esta se base en la autoridad de acuerdos alcanzados entre las partes interesadas. Un proceso de ajuste mutuo entre varios actores que interactúan continuamente lleva a cabo una distribución del ingreso sin una coordinación central, estableciendo acuerdos a la manera de la mano invisible de la economía de mercado. Este proceso es exitoso solamente si los acuerdos son alcanzados: así, el proceso adquiere racionalidad como una solución democrática.

Ambos modelos creados para las democracias occidentales contienen elementos de comunicación e interacción usados en la subsecuente discusión de redes. Los modelos racionales son vistos con frecuencia como sistemas de comando y control caracterizados por una cabeza, elegida democráticamente (Bogason, 2006).

El análisis de redes de política tiene sus principales raíces en la ciencia política norteamericana, en particular en autores como Easton (1965) y Deutsch (1963). Posteriormente, este recibió la influencia de los países del norte de Europa, en donde se desarrolló el enfoque de redes para el análisis de políticas. Los diversos enfoques pluralistas y de subgobiernos vinculan a un número de actores a las decisiones estatales, en un marco conformado por funcionarios del ejecutivo, políticos del legislativo y representantes de algunos “grupos de interés” asociados a los sectores económicos, que han financiado campañas electorales y constituyen “clientelas” que condicionan el rumbo del Gobierno a partir de sus intereses particulares. Esta segunda metáfora o “triángulo de hierro”, como la “caja negra”, siguen vigentes en algunos escenarios y contextos decisorios, y es útil para legitimar algunas acciones públicas y excluir selectivamente a algunos actores.

TABLA 1.

FUENTE: KLIJN (1998).

TABLA 2.

FUENTE: KLIJN (1998).

La génesis de las redes de política combina disciplinas y modelos teóricos que paulatinamente van configurando una tercera metáfora, que trascenderá como una herramienta de análisis y un instrumento de investigaciones aplicadas.

La creciente complejidad de las decisiones públicas inexorablemente conduce al concepto de redes de política. Su origen se encuentra en la sociología, la teoría interorganizacional, la ciencia política, la literatura de subsistemas y las comunidades de políticas (Klijn, 1998). Estas disciplinas abordan el debate entre el pluralismo y el elitismo. A ellas se suman los neoinstitucionalistas: un laberinto de instituciones (públicas) y organizaciones (privadas) que gobiernan determinados sectores de la política, por ejemplo, la salud, la industria y la agricultura. Ellos discuten los problemas públicos y proponen soluciones. Este tipo de interacciones se institucionalizan y funden los linderos entre lo público y lo privado.

En los años 60, diversos enfoques teóricos confluyeron hacia los modelos de proceso. Dichos enfoques retoman los conceptos de la ciencia de las políticas orientada a problemas y valores, de naturaleza interdisciplinaria, operacionalizada por Harold Lasswell (1956) como un proceso de políticas: iniciación, estimación, selección, implementación, evaluación y terminación. La elaboración pluralista de políticas consideró la expansión de las responsabilidades estatales y el aumento en la complejidad de los asuntos públicos. La fragmentación de las organizaciones incrementó la especialización y limitó el número de participantes en contextos descentralizados y competitivos, lo que favoreció las clientelas. Esto se originó en teorías como la dependencia de recursos en Estados Unidos, donde las autoridades dependen de los recursos de los grupos de interés y estos, a su vez, de los favores de esas autoridades. Los grupos compiten por áreas de política y no cooperan en redes estructurales. Los subgobiernos se originan en la intermediación de intereses (Lowi, 1963). Las redes de asuntos —issue networks (Heclo, 1978)— le suman, a los actores tradicionales del triángulo de hierro del proceso de política, expertos, analistas y periodistas. El corporativismo desafía el pluralismo a partir de organizaciones monopólicas reconocidas por el Estado.

Versiones

El enfoque de redes de política resultó versátil para los especialistas. Primero, como una figura didáctica que ofrece un modelo para aproximarse a la teoría. Segundo, como una herramienta útil para analizar las relaciones institucionalizadas de intercambio entre las organizaciones de interés y el Estado. Tercero, como un instrumento para el estudio de la elaboración de políticas con poder teórico, y que la estructura de la red afecta tanto al proceso como al resultado político. Y, finalmente, como un reto metodológico (Marsh y Rhodes), ya que el análisis de redes supone simplificar una realidad compleja mediante la descripción de las interacciones entre los actores públicos y privados, con ventajas cuantitativas que permiten analizar la estructura de las redes y con ventajas cualitativas, tales como entrevistas a profundidad y el análisis de discursos y contenidos (Zurbriggen, 2003). Mientras que en Inglaterra el Centro de investigaciones económicas y sociales del Reino Unido concibió el enfoque de red como una forma específica de gobernanza (Rhodes, 1997), en Alemania este se basó en un institucionalismo que estaba centrado en los actores y que era combinado con la (meta)teoría de la dependencia de recursos (Mayntz, Scharpf, Schneider, Instituto Max Planck de Colonia).

Las estructuras políticas de hoy implican la sectorialización, la estratificación social, el crecimiento político de los gobiernos bajo presión, y la cooperación de recursos privados que pueden llegar a la dependencia de los mismos y a la instalación de clientelas regulares. Así, las políticas emanan hoy de una pluralidad de organizaciones públicas y privadas, lo que implica que el enfoque de redes no es una perspectiva analítica nueva, sino la señal de un cambio real en la elaboración de políticas que representa una solución a los problemas de coordinación social, a través de la agrupación y la movilización de recursos. Cabe preguntarse si una configuración institucional del sistema político limita un tipo de acción política o, si bien, son las políticas las que determinan el tipo de la política. Una variación política conduce a la interdependencia de factores cuando lo sectorial agrega intereses en un marco de transformación de los procesos estatales hacia lo subnacional y transnacional; de esta manera, aparecen redes intra e internacionales en cada sector (arena política).

Marc Evans (1998) analizó cuatro enfoques de redes sobresalientes para la investigación empírica en la literatura británica: la interacción grupal, la interacción personal, el análisis formal de redes y el enfoque integrador.

La interacción grupal está centrada en la relación entre grupos y funcionarios públicos localizados en sectores y subsectores. Richardson y Jordan (1979), en Gobernar bajo presión, considera que una red de políticas pasa por una gama de instituciones y que esta no representa solo a una de ellas con una concepción homogénea del mundo. Este enfoque corresponde al pluralismo elitista en Estados Unidos, donde las políticas se consideran desagregadas de subsistemas, triángulos de hierro o redes temáticas plurales. La red y la comunidad de política indican los vínculos cercanos entre funcionarios y grupos de interés en sectores tales como la educación, el transporte y el Gobierno local.

La interacción personal relaciona a agentes en contextos organizacionales e interorganizacionales, e identifica una “cultura” común. Heclo y Wildavski (1974) y Heclo (1978) conciben las redes como aquellas estructuras en las que operan los agentes. Este enfoque se centra en el rol de los individuos y en su percepción de las redes, más que en las redes como estructuras e instituciones que influyen en los actores.

El análisis formal de redes cuenta con dos perspectivas: una estructuralista fuerte y otra estructuralista débil. En la primera, la importancia de las redes radica en atribuir roles, recursos y capacidades, y tiene como unidad de análisis a las entidades corporativas en políticas particulares y no a las instituciones estatales. La segunda enfatiza en la interacción entre factores exógenos y el comportamiento de la red. Marsh y Rhodes (1992) pretenden conceptualizar la relación entre la estructura de la red y la agencia. El modelo de Rhodes parte de comunidades de políticas integradas a través de una red profesional, una red intergubernamental, una red de productores y una red temática.

Los enfoques integradores se derivan del análisis de las redes que abordan el problema de la estructura y la agencia. Estos cuentan con pocos desarrollos empíricos y sostienen que las redes son inadecuadas para estudiar la conformación de la agenda, mientras que el esquema de las coaliciones de apoyo de Sabatier (1989) es capaz de incorporar formas de gobierno de niveles múltiples, redes y acontecimientos dinámicos, para explicar los factores que mitigan el cambio y garantizan la autonomía de la red.

Tendencias

El pospositivismo en las ciencias sociales no sólo ofrece un paradigma identificable con las prácticas existentes, sino que incorpora nuevos métodos, sin rechazar los anteriores. El pospositivismo en el análisis de políticas es un intercambio de ambigüedad, relativismo y autocrítica, que crea más problemas que los que resuelve. Numerosos autores han avanzado en una perspectiva pospositivista del enfoque de redes (DeLeon, 2006).

DeLeon (2006) explora algunas herramientas de la ciencia de políticas en dirección pospositivista: la teoría de redes sociales, las políticas participativas y la Metodología Q. La primera ofrece una explicación a la interconectividad entre diversos actores en los diversos asuntos de política, que trabajan cooperativamente para la resolución de consensos entre representantes de organizaciones públicas, privadas y sin ánimo de lucro (justicia penal, derechos humanos, educación o salud). La investigación institucionalista les ha puesto menos atención a las estructuras que a las transacciones. ¿Son las relaciones de poder y dependencia las que determinan las transacciones individuales? (Scharpf, 1991). El análisis participativo de políticas sugiere que los grupos de interés están involucrados en la selección de preguntas de investigación y métodos de averiguación. La tarea del analista debe ser, en consecuencia, la de facilitar la deliberación racional para ayudar a los hacedores de políticas y a los ciudadanos a entender las limitaciones y a sintetizar sus múltiples perspectivas. Desde 1990, una literatura creciente utiliza los métodos participativos en el proceso de políticas: análisis de grupos de interés, Q-methodology (que permite considerar los intereses subjetivos de comunidades diversas), paneles de ciudadanos, diálogos y análisis electrónicos.