Soldados de la represión

Salvo algunos trabajos de rescate de las historias y memoria de la represión en regiones75, el grueso de la investigación se ha centrado en las militancias y la represión desatada sobre ellas para los casos del PCCH76 y el MIR77. Desde la óptica de la resistencia de la sociedad civil al régimen, destacan la reciente investigación de Oriana Bernasconi sobre la interacción entre las formas de registro documental de las violaciones a los derechos humanos y su impacto en los agenciamientos sociopolíticos de resistencia al régimen78. Desde un enfoque más centrado en las redes de la sociedad civil y la conformación de movimientos sociales, destacan la investigación de Robinson Silva sobre la resistencia a la dictadura, la de Carla Peñaloza sobre las organizaciones de derechos humanos y la de Manuel Bastías sobre las organizaciones de derechos humanos en dictadura79. Pese a ello, no existe ningún trabajo sistemático desde las ciencias sociales y la historiografía que se aboque al estudio y análisis de las organizaciones represivas con el desarrollo de la coyuntura política.

Existe cierto consenso en torno a la inflexión generada por la DINA en el desarrollo de las prácticas represivas y de inteligencia en Chile80, así como de los impactos y el rol protagónico que tuvo en el desarrollo de las coordinaciones regionales con los otros servicios de inteligencia y fuerzas represivas de la región81. No obstante, no existe acuerdo en torno a los elementos que incidieron en su desarrollo y funcionamiento en el marco de las dictaduras de seguridad nacional del cono sur, el impacto de la influencia extranjera en su conformación y de las redes de colaboración de la alta oficialidad militar del continente en el desarrollo del terrorismo de Estado en Chile. Pese a ello, una serie de trabajos ha remarcado la incidencia norteamericana en la formación de la DINA a través de la influencia de la

Central Intelligence Agency

 (CIA)82. Otras investigaciones han remarcado algunos nexos con el

Serviço Nacional de Informações

 de Brasil83 y otro tipo de trabajos han dado cuenta de las relaciones de colaboración de agentes del Mossad de Israel en el proceso de formación de los agentes de la DINA84.

Respecto a sus orígenes, el trabajo de Gabriel Salazar ha enfatizado que es el resultado de un necesario ajuste internacional del patrón de acumulación capitalista, lo que implicó la alianza entre sectores mercantiles, (neo)liberales y militares influenciados por la CIA85. Otras investigaciones sitúan a la DINA como el resultado lógico del desarrollo de la represión y su profundización con posterioridad al período de represión masiva del año 197386. Por su parte, la tesis de Pablo Riquelme sitúa a la DINA en el marco del proceso de profesionalización militar desarrollado en Chile y de las tendencias propias del funcionamiento de las FF. AA. como un cuerpo burocrático, acentuadas en el contexto de crisis política y económica que las llevó a iniciar una guerra en el frente interno87.

En síntesis, este conjunto de investigaciones ha remarcado el carácter represivo de la DINA y de la dictadura militar, esbozando una serie de elementos que permiten identificar su funcionamiento y racionalidad burocrática. De la misma manera, han dado cuenta de ciertos elementos que marcan matices con las tendencias de las dictaduras latinoamericanas desde el punto de vista de la represión y, por ende, de la caracterización política del régimen militar. No obstante, poco se conoce respecto a la manera en cómo se van configurando históricamente las estrategias de seguridad e inteligencia dentro de las FF. AA. y policiales y cómo estas repercutieron en las características y dinámicas de la represión en los primeros años de la dictadura militar. Tampoco existe claridad en torno a cómo se fue articulando este proceso con el fortalecimiento del poder personal de Augusto Pinochet al interior de las filas del Ejército y cómo esto contribuyó a su consolidación en la Junta Militar de Gobierno88. Finalmente, no existen investigaciones sobre la DINA y las FF. AA. que releven su accionar no represivo, orientado a la coordinación de las políticas de Estado, la recopilación de información y la producción de inteligencia para la implementación de planes, programas y estrategias de Gobierno.

El debate teórico-metodológico sobre la investigación de la represión

El enfoque morfogenético para el análisis de las organizaciones represivas

En términos epistemológicos, esta investigación se posiciona desde el realismo crítico en ciencias sociales y de la teoría social morfogenética. El punto central de la epistemología realista es la afirmación del carácter estratificado de la realidad social. Es decir, el reconocimiento de que tanto los agentes (individuos) como las estructuras sociales tienen propiedades autónomas irreductibles entre sí pese a que son interdependientes; así como los individuos son la condición de posibilidad de la emergencia de las estructuras sociales, el comportamiento de estas no es reductible por inferencia causal de las propiedades y atributos individuales. De la misma manera, las estructuras sociales que operan como entorno del agente son fundamentales para el desarrollo y desenvolvimiento del individuo; su intelección no es deducible de los atributos de las estructuras sociales. Esto es lo que lleva a cuestionar tanto la explicación metodológica del individualismo como del colectivismo presente con fuerza en la teoría social y en las humanidades89.

A partir de la doble entrada analítica agente-estructura, se destaca la centralidad de la temporalidad para el análisis social. La temporalidad implica en lo epistemológico reconocer dos condiciones de posibilidad para el estudio racional de los agentes y las estructuras, que se desprenden de la constatación de que son las estructuras las que crean las condiciones en las que los agentes vivos en el presente que tienen que actuar y a través de las cuales tiene lugar la elaboración social y cultural. La primera de ella es la dependencia de la actividad, que reconoce la mutua dependencia entre individuo y estructuras sociales. La segunda de ellas es el desfase temporal, la que sostiene que las estructuras sociales solo pueden explicarse si se tiene en consideración su interacción con las acciones de los individuos en el pasado interrelacionadas en el presente y que la temporalidad de la estructura es distinta a la de la agencia. Ese reconocimiento le da una importancia capital a la temporalidad para el análisis de la realidad social. Por ello, en términos metodológicos, esta investigación observa la relación entre los agentes, formas y dinámicas de la represión en un período determinado con las organizaciones e instituciones que estas adoptan. Por este motivo, toma como observables la coyuntura, los actores, las instituciones y las organizaciones.

Para los fines de esta investigación, las burocracias como cuerpos normados y organizados del Estado son los agentes que efectúan y materializan la represión y la inteligencia90. No obstante, dado que históricamente la represión de Estado que se acentúa en contextos dictatoriales y/o autoritarios es un tipo de violencia que combina repertorios legales e ilegales, como fenómeno se expresa en organizaciones normadas legalmente (burocracias) y en organizaciones que adoptan modos de organización clandestino e ilegal. En otras palabras, la represión y la inteligencia de Estado combinan formas de represión de hecho y de derecho, lo que Ernst Fraenkel denomina la existencia de un “Estado prerrogativo” y un “Estado normativo”91. La dimensión transversal a ambas es la dimensión organizacional, la cual queda conformada por redes de interacciones y por prácticas. En el plano de las interacciones sociales, las organizaciones son redes de interacción social prescritas, por lo que tomar como herramienta heurística la red tiene rendimientos en términos de expresión de la materialidad de los circuitos de interacción de una cadena organizacional92.

Esto nos permite entender los vínculos y las relaciones sociales como fenómenos configurados a partir de las cualidades de los actores y sus características. Para ello requiere precisar de una noción en torno al rol, efecto y cualidades del espacio como articulador de una red, tanto para el caso de los espacios formales como los informales. De la misma forma, es interesante introducir los efectos que generan los artefactos en las articulaciones de las redes, en el sentido de que se constituyen en la materialidad misma de la comunicación en una red. Desde nuestra perspectiva, la noción de práctica nos permite introducir una concepción no racional de la racionalidad de los actores, en términos de una caracterización de su comportamiento y relaciones en los espacios y en las redes.

Esta aproximación externa a la racionalidad la proponemos como una alternativa a la noción de subjetivación, que da cuenta del proceso de elaboración interno del sujeto, tanto de la actividad reflexiva (pensamiento) como de sus objetivaciones (relaciones). Por el contrario, la concepción de la racionalidad como una objetivación de las relaciones de un actor permite una aproximación reconstructiva de la acción en función de sus vínculos con otros actores, su disposición en espacios de articulaciones de redes y sus prácticas. En ese sentido, retomamos la noción trabajada por Paul Veyne93 en torno a la práctica entendida como lo que los actores hacen cuando hablan y actúan. El análisis de la práctica parte de la premisa que su racionalidad no puede ser evaluada por una estructura analítica subyacente a su experiencia, sino que, a partir de su desarrollo propio, su caracterización y de las relaciones que la producen. En ese sentido, el enfoque de la práctica es también un enfoque práctico y permite un análisis en términos pragmáticos, orientado más bien a la semántica y al uso94.

Red, espacio, artefactos y prácticas se constituyen en elementos claves para un análisis de la racionalidad de determinados actores y fenómenos complejos como la actividad represiva, las operaciones de inteligencia y contrainteligencia de los servicios secretos de las dictaduras de seguridad nacional bajo la constatación de la dualidad entre Estado prerrogativo y normativo identificado por Fraenkel. Estas nociones son claves para la reconstrucción histórica del funcionamiento de la DINA. Por ejemplo, la red corresponde a la estructura de relaciones que permite una caracterización de los procesos de estructuración del mando, como de la toma de decisiones. Un análisis en torno a las cualidades de esta red, así como de vínculos establecidos entre ellos, permitiría una caracterización de los roles y grados de poder, así como de autonomía relativa, de cada uno de los actores. Por su parte, permite trazar los puntos de intersección de actores (nodos) por fuera de la red.

Por su parte, la dimensión del espacio nos permite comprender el lugar donde se efectúan las relaciones de la red y que demarcan los campos de acciones y posibilidades de los actores, a la vez que codifica el sitio en el que se desenvuelven, generando una ocupación funcional del mismo, en relación con los objetivos prácticos y el accionar de la red represiva. En ese sentido, la red y el espacio permiten entender y caracterizar las prácticas y los artefactos, entendidos como los objetos en torno a los cuales se desarrollan las prácticas y se configuran las redes. En una red represiva, los artefactos usados en los contextos de represión dan cuenta de una racionalidad y determinados grados de elaboración en torno al accionar y las prácticas represivas.

Violencia, represión e inteligencia estratégica

En algunos trabajos, la noción de violencia política aparece igualada a la noción de represión y conflicto, enfatizando diversas repercusiones teóricas, éticas y morales. Estas dependerán del ámbito interpretativo, ya sea a nivel simbólico95, normativo96, funcional y sistémico97. Como experiencia social, tanto la violencia y la represión están encuadradas social e históricamente; como señala Michel Wiewiorka, “la violencia varía de un período a otro en sus formas concretas, esbozando en cada época histórica un repertorio, así como las representaciones en las que se da lugar”98. Así como no existe relación de violencia pura, ni ejercicios de represión sin límites (salvo en las experiencias totalitarias), estas dimensiones constituyen relaciones instrumentales sujetas a valoración ética y moral en torno a sus límites y legitimidad99. Esto es lo que ha llevado a diversos grupos étnicos, políticos y culturales a reconocer en contextos de quiebres de la institucionalidad político-estatal o inexistencia de esta, a considerar la violencia política como una herramienta de fundación o disputa de un orden político, sobre todo en el caso de las guerras civiles100.

Los trabajos de Julio Aróstegui constituyen un aporte importante para pensar una historiografía de la violencia social y política sobre todo en contextos dictatoriales101. El primer rasgo distintivo identificado corresponde al reconocimiento de que constituye un tipo específico de acción social, manifiesta o latente, que se genera en el seno de una relación social enmarcada en torno al conflicto. Esto lo lleva a acotar fenomenológicamente la violencia como una realidad social extensiva solo a las sociedades humanas, diferenciándose del ámbito natural y biológico. El segundo rasgo distintivo está dado por la reflexión que abre respecto al conflicto, el cual constituye la condición de necesidad para la emergencia de la violencia, pero no su consecuencia necesaria. El tercer punto dice relación con el carácter y alcance social del desacuerdo en una relación social, que lo lleva a reposicionar la categoría conceptual de la anomia, entendida como la pérdida de vigencia de las reglas y normas que regulan la acción individual y social en una determinada sociedad. Por todo ello, la definición de violencia que acuña Aróstegui la entiende como una forma de regulación no consensuada de acción en un conflicto: “violencia es toda resolución, o intento de resolución, por medios no consensuados de una situación de conflicto entre partes enfrentadas, lo que comporta esencialmente una acción de imposición que puede efectuarse, o no, con presencia manifiesta de fuerza física”102.

A partir de la conceptualización de la violencia como un mecanismo de regulación no consensuado de un conflicto en torno al horizonte normativo de una sociedad determinada, la conceptualización de la violencia se relaciona con el poder y la autoridad. Esto lo lleva necesariamente hacia una reflexión respecto a la vinculación entre conflicto social, el poder social y el Estado, lo que fundará la distinción entre violencia social y violencia política. A partir de la dicotomía entre sociedad –en la que se expresan relaciones sociales de horizontalidad– y Estado –como ámbito en el que se desarrollan relaciones sociales verticales–, Aróstegui entenderá que la violencia social es la que se expresa entre personas, grupos, instituciones o corporaciones en un conflicto entre partes equiparables, mientras que la violencia política es un conflicto entre personas, actores, instituciones, grupos o corporaciones con poderes y posiciones asimétricas: “La violencia política es siempre una violencia vertical, pero que tiene una doble dirección”103.

Desde esa perspectiva, la violencia corresponde a un tipo de relación social en el que se desarrolla un tipo de acción orientada que tiene por objetivo el cambio de la voluntad, la decisión o la acción de un individuo, organización o institución acorde a las intenciones e intereses de uno de los actores de dicha relación104. La violencia es, por tanto, una forma de coacción, es una acción sobre otra acción que afecta el curso y orientación de esta, tanto a nivel de las disposiciones corporales como simbólicas105.

Complementando esta entrada analítica de manera coherente con el dualismo metodológico agente-estructura, Eduardo González Calleja nos propone una aproximación a la violencia que vincula al individuo con los contextos sociales y políticos en los que este se desenvuelve. En términos relacionales, la violencia conlleva tres dimensiones analíticas: la ejecución de una acción coactiva, la amenaza o aplicación de esta y una deliberación en torno a la intencionalidad y consecuencias de la aplicación de dicha coacción106. Por ello, la violencia comporta una virtualidad transgresora de los derechos fundamentales de una persona, en la medida que se constituye en un ataque o agravio en contra de la integridad física o moral. Pero a la vez, también, se constituye en una relación política y de poder, por cuanto que las sociedades contemporáneas quedan estructuradas en sus esferas de acción en el marco del derecho, la violencia como fenómeno de observación se vincula con el Estado, en la medida en que es entendido como la materialización y cristalización de determinados conflictos de las relaciones sociales107 y se ha definido como el lugar de expresión de la institución de lo político y de la estructuración del marco de la acción política. De ahí la definición clásica del Estado de Max Weber, entendido como aquella comunidad humana que en el marco de un determinado territorio reclama (con éxito) el monopolio legítimo de la violencia física108 y simbólica109. Como órgano instituido de lo político, el Estado pretende para sí la institución de la autoridad de una determinada sociedad, vinculándose con los individuos a través de determinadas instituciones normadas legalmente. Este modo de relación normada por los cuerpos legales posibilita que la interacción entre individuos quede diferenciada entre rol y posición; de este modo, el vínculo de un individuo con otro no solo expresa una interacción corporal, sino que también simbólica en la medida que cumple con un rol en el poder instituido y normado legalmente.

La violencia que ejecuta el Estado para controlar, disciplinar y administrar determinados grupos humanos corresponde a la represión. Siguiendo a González Calleja, la represión es una de las posibles acciones de regulación que los Estados y sus burocracias dirigen en contra de individuos o grupos que desafían las relaciones de poder existentes y los órdenes políticos constituidos de facto. Es, en ese sentido, “(…) el empleo o la amenaza de la coerción en grado variable, que los gobiernos aplican contra los opositores reales o potenciales con vistas a debilitar su resistencia frente a la voluntad de las autoridades”110. En la medida en que el Estado reclama para sí el ejercicio legítimo de la violencia física y simbólica, los límites de la utilización de esta, así como las maneras y condiciones bajo las cuales se recurre a ella, quedan normadas legalmente y sujetas a los grados de legitimidad que implican su uso para el conjunto de la sociedad. Por su parte, los grupos sociales que administran los cuerpos e instituciones normadas del Estado, corresponden a las burocracias. Las burocracias son los sectores jurisdiccionales estables, organizados jerárquicamente y normados legalmente para el desarrollo de actividades prescritas por la autoridad constituida del Estado. Dado que el Estado ejerce para sí el monopolio legítimo de la violencia física y simbólica, el ejercicio y materialización de esta se efectúan a través de los órganos burocráticos del que han sido normados como depositarios de las funciones coactivas, de defensa, de administración del delito y de seguridad al interior de una determinada sociedad111.

La diferencia entre violencia y represión es que la segunda siempre corresponde al uso de los medios coercitivos y coactivos por parte de las burocracias e instituciones del Estado y está dirigida en contra de un determinado objetivo, población y se somete a una evaluación instrumental. Por su parte, la represión sistemática y vinculada con el ejercicio del poder de Estado ha sido desde comienzos de la modernidad denominada como terror de Estado112. Se ha entendido por terrorismo de Estado el uso sistemático de la represión a través de la combinación de repertorios legales e ilegales, burocráticos y/o en aparatos organizacionales clandestinos, destinados a efectuar coerción, debilitando, eliminando o erradicando las resistencias de los objetivos de la violencia113. Por su parte, González Calleja ha enfatizado el carácter gradacional del terrorismo de Estado que va desde la intimidación coercitiva (por ejemplo, mediante asesinatos selectivos por grupos paraestatales amparados por agentes de Estado), al ejercicio sistemático, extendido y generalizado en contra de tipos específicos de poblaciones (lo que comporta ciertas características de genocidio).

Dado que la coerción y la represión constituyen uno de los rasgos más distintivos de las dictaduras, se torna necesario efectuar algunas consideraciones al respecto. Como señala Pablo Policzer, los gobiernos autoritarios coercitivos –como las dictaduras– se enfrentan necesariamente a la problemática de la creación de organizaciones coercitivas capaces de cumplir con los objetivos políticos del régimen, desde el aspecto más fundamental (la conquista y conservación del poder del Estado), el control sobre la población mediante diversos dispositivos de subjetivación (como lo son las campañas de propaganda y los dispositivos de guerra psicológica), de vigilancia, control, hasta la administración y gestión de sus propios gobiernos. Por otra parte, los Gobiernos dictatoriales sustentados en el uso de la coerción se enfrentan con la propia tensión de disponer de un control sobre las propias burocracias, evitando que se generen cuestionamientos a la concentración del poder114. Ello implica necesariamente generar consideraciones sobre las burocracias y los mecanismos de restricción de estas.

Como he indicado en un adelanto de esta investigación115, las burocracias que legamente se abocan a las labores represivas corresponden a aquellas que tienen mandatos legales de administración del monopolio de la violencia física: las FF. AA. y policiales, las cuales están divididas por una diferenciación funcional en militares y policiales. Las burocracias militares administran las labores de defensa en escenarios de guerra externa e interna; las policías se abocan a la administración y resguardo del orden público. Para el desarrollo de las funciones de las burocracias militares y policiales, se contemplan las labores de recopilación de información y de análisis de esta: la inteligencia116. Dada la complejización de las sociedades contemporáneas, así como los escenarios de conflicto intra e interestatales, las funciones de inteligencia se formalizan y en determinadas coyunturas se constituyen en servicios diferenciados. Desde este punto de vista, emergen las burocracias de información e inteligencia.

Dado que el ejercicio de la represión y la inteligencia muchas veces está en el límite de la legalidad, una comprensión del desarrollo histórico de las mismas debe prescindir de un criterio formal de análisis para escrutar las formas cómo históricamente se producen las funciones militares, policiales y de inteligencia117. Desde este punto de vista, el enfoque de observación más que hacia las orientaciones normativas o los marcos legales que las sustentan (sin perder el foco en estos componentes), debe abocarse a las maneras en cómo, históricamente, se organizan y se vinculan con los dispositivos jurídicos, los aparatos paraestatales y estatales118. Es decir, escrutar el punto de articulación en los que las organizaciones burocráticas militares, policiales y de inteligencia ejecutan la represión, conllevando con ello graves violaciones a los derechos humanos.

Por otra parte, dado que la represión constituye una relación social, está sujeta a mecanismos de restricción, los cuales operan al interior del propio Gobierno autoritario (mediante mecanismos de centralización y control de los agentes) y en relación con la población civil (mediante diversos repertorios de denuncia, registro y visibilización)119.

Todas estas distinciones son fundamentales, ya que nos permiten entender la vinculación entre violencia política y represión, así como la conexión entre represión y producción de subjetividad a través de la representación del enemigo. Estudiar y explicar la represión estatal en términos históricos y con un enfoque realista crítico, implica acuñar una concepción teórica que incorpore al menos las siguientes consideraciones:

En primer lugar, la represión estatal es un acontecimiento y un proceso, que no es reducible ni a la voluntad y acción de un individuo en particular, ni a meras disposiciones estructurales e institucionales sin contexto histórico. Es una acción de regulación violenta que pretende para sí la legitimidad instituida en el Estado. Por ende, se encuadra en instituciones, regulaciones y legislaciones estatales. El ejercicio de esta es efectuado por agentes y burocracias que tienen como mandato el cumplimiento de dicha acción con diversos márgenes de discrecionalidad y legalidad.

En segundo lugar, la represión y el consenso son ámbitos y funciones de la estatalidad que inciden en la legitimidad de un determinado régimen y forma de Gobierno; por ende, están sujetos a control político (mecanismos de control interno). Las relaciones sociales institucionalizadas en el Estado en relación con la conflictividad social de la época, inciden en los mecanismos de formación de consenso institucional o de la legitimidad de la represión estatal, dando cuenta de la sociedad y Estado de una determinada época. La existencia de organización de la sociedad civil y contrapesos institucionales inciden en las dinámicas, prácticas y mecanismos de la represión estatal, así como en la discrecionalidad y legitimidad de esta mediante el desarrollo de dispositivos y mecanismos de restricción de la represión (mecanismos de control externo).

En tercer lugar, la represión estatal tiene como objeto un sujeto representado como objetivo. Ello implica la elaboración simbólico-cultural del mismo y, a la vez, su representación legal a través de la tipificación del delito. Dicha representación institucionalizada emerge de las discusiones, debates y luchas sociopolíticas del contexto y está profundamente arraigada a las representaciones de los sujetos sociopolíticos de la época.

Finalmente, los agentes de la represión son las burocracias que, a su vez, están formadas por individuos en contextos sociales permeados de las representaciones y conflictos de la época. Dichos sujetos no están escindidos de sus contextos sociales, los cuales inciden en motivación y representación de estos, que permiten legitimar el accionar represivo.

Estudiar la represión y las dictaduras necesariamente implica problematizar el fenómeno de la represión desde diversas consideraciones, partiendo de un enfoque que integre la mutua relación de los individuos y las estructuras en los contextos sociopolíticos de un momento histórico determinado. Sin la pretensión de generar un enfoque rígido para el estudio de la represión estatal, propongo este marco de operacionalización como una grilla analítica para contemplar diversos ámbitos de una problemática compleja (como lo es la represión y lo son las dictaduras), que necesariamente necesit