No lo vieron venir

Las regiones y el modelo

Cada vez que se analizan conflictos como los de Puerto Aysén o Calama, escuchamos una serie de lugares comunes que, aunque correctos, no parecen suficientes para dar una solución definitiva a nuestras regiones más extremas y a los territorios que se ubican distantes de los procesos propios de la globalización neoliberal.

Se habla de la necesidad de la descentralización de la toma de decisiones y de la desconcentración de los recursos del Estado; de la elección directa de los Cores y de las autoridades unipersonales de las regiones, como si solo con ello pudiéramos resolver un tema que es mucho más complejo de lo que la mayoría de la nación logra vislumbrar.

De partida, el problema no es solo de Calama, Puerto Aysén o Magallanes. Algo similar sucede en cientos de comunas mucho más cercanas y anónimas, que ni siquiera tienen la fuerza para generar un conflicto, pues no solo están abandonadas y con dificultades para seguir adelante, sino que además cada día tienen menos población porque los viejos no tienen a dónde ir y los jóvenes no tienen a qué quedarse.

Las razones para ello no son solo la falta de recursos y el centralismo. También juega un rol el modelo de desarrollo impuesto por la dictadura en un proceso carente de toda participación ciudadana y asesorado única y exclusivamente por el monopolio de las armas.

Se nos impuso un modelo de desarrollo que implicaba un repliegue paulatino del Estado en áreas estratégicas de la economía y en la producción de bienes y servicios de primera necesidad, mediante la eliminación de gran parte de la acción directa del Estado en la reproducción de la vida social y económica de nuestro país.

Para ello se eliminaron todos los subsidios estatales de carácter universal que permitían, en regiones y territorios distantes y poco poblados, el funcionamiento de numerosas actividades productivas y de servicios que bajo las leyes del mercado simplemente no resultaban rentables.

El objetivo de estas medidas era dejar en manos del mercado y la iniciativa privada todo proceso productivo, sin importar si lo producido era un derecho universal, un bien de primera necesidad o un simple bien de consumo.

Se buscaba potenciar las diferencias competitivas de los territorios, eliminando de ellos todas las actividades productivas que no se sostuvieran por sí solas, reemplazándolas por otras que generaran la mayor rentabilidad posible, independientemente de si con aquello se arrasaba con las formas de vida asociadas a las primeras.

Los territorios se fueron especializando de manera radical, generado ciudades y comunas industriales; otras de carácter agrícola o agropecuario; muchas forestales o mineras y algunas restringidas solamente a la actividad turística. La mayoría de los territorios no tuvo cómo elegir, pues su ubicación no les permitía participar de los círculos virtuosos de la globalización neoliberal.

Consecuentemente, la cantidad, variedad y costo de los bienes y servicios, en cada lugar, se fue ajustando a la nueva situación, en directa relación con el rol del territorio y con el tipo y cantidad de la demanda que sus habitantes eran capaces de generar.

Las comunas y los territorios que no tenían cómo competir con aquellas en donde la actividad florecía se fueron apagando en la medida que desaparecían las actividades que por años los habían mantenido con vida.

Los viejos, sin tener adónde ir, se quedaron tratando de sobrevivir cada día con menos recursos. Los jóvenes salieron huyendo en búsqueda de mejores expectativas de vida.

Los territorios reconvertidos casi en unidades monoproductivas entraron en la dinámica de las crisis cíclicas del capitalismo, por lo que sus habitantes tuvieron que acostumbrarse a épocas de vacas gordas y vacas flacas, convirtiéndose —parte importante de ellos— en población flotante de carácter nacional.

Estos nuevos «ejércitos» de trabajadores desplazados se dedican, hasta el día de hoy, a recorrer Chile en búsqueda de lugares en donde «haya pega». Todo esto a costa de la vida familiar, mientras los sectores dominantes cacarean sobre la necesidad de proteger a la familia como base de la sociedad.

En muchos lugares, la educación pública desapareció, se debilitó de manera significativa o se desplazó a lugares donde la concentración de alumnos la hiciera viable con una subvención que representa menos de la mitad de lo necesario para asegurar una educación de calidad.

Algo similar pasó con la salud pública; con las universidades estatales que desaparecieron o nunca llegaron; con la cultura; con los lugares de recreación y esparcimiento; con la infraestructura deportiva y con todas aquellas actividades necesarias para la realización del ser humano que, lamentablemente, no son rentables en aquellos lugares donde la cantidad de población no da para sustentar un negocio de este tipo.

El resto de los productos, esos que son indispensables, se encarecieron en todos aquellos lugares distantes, pues sin subsidios estatales de carácter universal, los productos y servicios de primera necesidad y aquellos que son derechos universales, cuestan lo que cuesta traerlos de donde están o simplemente no existen.

En este contexto ha surgido un país con dos realidades completamente opuestas: la de aquellos territorios y familias que lograron subirse al escenario de la globalización, y la de aquellos que no pudiendo hacerlo siguen marcando el paso a la espera del día en que el último habitante se muera o decida marcharse, hastiado del indolente y ya demasiado extenso abandono estatal.

Efectivamente, lo anterior se ha visto agravado por la falta de democracia, el centralismo y la concentración de los recursos en las zonas exitosas de la globalización neoliberal, que han recibido todas las inversiones en infraestructura necesarias para subirse al carro de la mundialización; pero no será solo abordando estos males como podremos revertir un proceso que sin cambio de modelo, más rápido o más lento, seguirá por la misma senda por donde transita hoy.

Resulta evidente entonces que de no asumir que, por un lado, necesitamos asegurar una mayor participación de la ciudadanía en las decisiones sobre su propio destino y, por otro, requerimos de un Estado mucho más comprometido con los derechos universales, la calidad de vida y la igualdad de oportunidades de todos sus habitantes, independiente del tamaño del mercado que representen y del lugar en que habiten, será mejor que nos vayamos preparando para enfrentar conflictos o abandonar cerca del 95 % del territorio nacional, pues bajo el paradigma neoliberal, aunque haya más participación, todo seguirá relativamente igual.

27 junio 2012

¿Seguridad ciudadana?

El enfoque de Seguridad Ciudadana fue creado por algunos ideólogos de derecha como una extensión de la Doctrina de Seguridad Nacional que, al igual que esta última, define la existencia de un «enemigo interno» al que se debe eliminar y plantea que dentro de las comunidades existen personas que son fuente de inseguridad y hay que «sacarlos de circulación» para ofrecerle seguridad al resto de la ciudadanía.

De esta manera, se instala el temor como elemento unificador de la experiencia urbana, transformándolo en uno de los elementos principales del sistema de dominación y afectando seriamente las interacciones sociales y el desarrollo de la sociedad, y muy especialmente la de los barrios vulnerables.

Se nos invita a desconfiar de todo: del vecino, de aquel que camina en la calle; de los jóvenes que buscan esparcimiento en las esquinas o en las plazas de los barrios, y de cualquier persona que no sea de nuestro círculo más cercano.

La destrucción de la comunidad, de sus redes, y la instalación en su lugar del individualismo más exacerbado, es el resultado buscado por los creadores de este enfoque, el que nos invita a encerrarnos en nuestras casas, a elevar nuestros muros medianeros, a cercar nuestras pertenencias y nuestras vidas, de manera de evitar ser vistos, para no alimentar lo afirmado por el dicho popular que afirma que la oportunidad es la que hace al ladrón.

Lo anterior lleva, inevitablemente, a ceder el espacio público a los individuos y grupos que actúan al margen de la ley, en absoluta impunidad, precisamente gracias a la desaparición de la comunidad.

Desde esta perspectiva, el enfoque de Seguridad Ciudadana ha terminado actuando como una fuerza centrífuga en nuestra sociedad, alejándonos los unos de los otros hasta destruir los lazos que antes nos hacían, solidariamente, responsables de todo lo que pasaba a los miembros de nuestra comunidad.

No hay que sorprenderse, entonces, si después de varias décadas de venir incrementando significativamente el presupuesto dedicado a mantener el orden y la seguridad pública bajo este enfoque, la tendencia al alza de los delitos y de la sensación de inseguridad no ceda y la tendencia de largo plazo siga siendo al alza, de manera sostenida en el tiempo.

Se hace necesario, entonces, revertir este proceso de distanciamiento con un enfoque que actúe como fuerza centrípeta sobre los individuos, de manera de acercarlos entre ellos hasta que cada vez más miembros de la sociedad puedan resolver algunas de sus carencias, en el seno de su propia comunidad.

Para esto se requiere de voluntad política y de leyes que potencien el rol de las organizaciones sociales en los barrios, mediante un financiamiento basal, acompañado de un esfuerzo significativo para dotar a las mismas de sedes sociales y de una infraestructura capaz de convertirlas en verdaderos centros de desarrollo comunitario, con bibliotecas, infocentros e infraestructura deportiva y recreativa.

De esta manera estaremos construyendo barrios con ciudadanos que ocupen los espacios públicos y establezcan lazos de confianza y de expresión para la formación de varias y variadas colectividades, considerando además ámbitos específicos, así como las vivencias de adultos mayores, jóvenes, mujeres y niños en el diseño de los espacios públicos.

Al mismo tiempo se requiere de manera urgente escuchar la voz, las demandas y las expectativas de quienes cometen delitos, de manera de que comparezcan también, en tanto víctimas de un sistema que los estigmatiza, los excluye y no les da posibilidades de salir del círculo vicioso en que se encuentran, en la búsqueda de soluciones a sus expectativas y carencias fundamentales.

Solo así la comunidad volverá a reencontrarse, a conocerse, a quererse y a cuidarse, y retomará la senda de la convivencia comunitaria y de la recuperación de los espacios públicos, como única forma de establecer un control social informal sobre sí misma, sobre sus barrios y espacios públicos, de manera tal que quienes actúen al margen de la ley no puedan circular tan libremente por sus calles como lo hacen hoy en día.

Si el Estado es capaz de asumir que las organizaciones sociales, tanto territoriales como funcionales, pueden ser socios estratégicos para abordar el tema de lo que suele llamarse inseguridad ciudadana, habremos dado un paso gigante en una batalla que, según los resultados de la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Pública, ponen de manifiesto, por una parte, el fracaso evidente del actual gobierno en una materia que fue utilizada como una de las promesas más valoradas de la última campaña presidencial; y por otro, el fracaso de esta forma de abordar el tema de la delincuencia que arrastramos hace ya varias décadas.

23 agosto 2017

Mujeres protagonistas de sus vidas

Las reacciones que ha generado en nuestro país la recuperación de un derecho esencial de las mujeres, como es el decidir sobre su propio cuerpo y sobre su propia vida en circunstancias tan especiales como las de violación, peligro de vida de la madre e inviabilidad fetal, demuestran que, a pesar de todo lo avanzado, nuestro país sigue debatiéndose permanentemente entre el fundamentalismo y la democracia.

Frases como las que hemos escuchado en boca de algunos conservadores de extrema derecha y en representantes de iglesias que pretenden utilizar al Estado para sus propios fines de proselitismo político y moral, no solo rebajan el debate, sino que invitan además a desarrollar en sus adeptos identidades asesinas que afirman su existencia negando las demás, tratando de convertir a quienes piensan distinto a ellos casi en la imagen misma del mal.

En todo caso, nada debe sorprendernos, toda vez que los que hoy se oponen a la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales son los mismos que hace setenta años se oponían a que las mujeres votaran, por considerarlas ciudadanas de segunda clase.

Son los mismos que hace treinta años se oponían al divorcio defendiendo la subordinación absoluta de la mujer al hombre, como cabeza del matrimonio.

Son los mismos que hace quince años se oponían a la igualdad de los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio, por considerar a estos últimos también como ciudadanos de segunda, y son los mismos que se oponen a que seamos todos iguales, al menos ante las leyes, en temas como el matrimonio y la adopción.

Son también los mismos que se oponen a reconocer el trabajo no remunerado de las mujeres y a pagar lo mismo a mujeres y hombres cuando hacen el mismo trabajo, pues lo que en realidad les importa es seguir controlando los cuerpos de las personas, para terminar controlando su pensamiento y sus decisiones, siempre con la campaña del terror por delante, siempre planteando que la libertad, con la que tanto se llenan la boca cuando se trata de comprar y vender para aumentar su riqueza, constituye un peligro contra la sociedad, contra las familias y finalmente contra el Estado, que para ellos debe funcionar como un verdadero instrumento de dominación.

En treinta años más, las posiciones actuales de estos grupos conservadores solo existirán en los libros de historia, y todo aquello a lo que se oponen hoy, será visto como obvio por la sociedad toda y se recordará, al menos en los textos serios, que en este gobierno de la Nueva Mayoría, liderado por la presidenta Michelle Bachelet y rodeada de ministras como Claudia Pascual, Paula Narváez, Carmen Castillo y de muchas otras, las mujeres volvieron a ser protagonistas principales de sus propias vidas, y aunque en ese tiempo muchas no sabrán de estos detalles ni de la larga lucha que esto significó, todos los que tenemos buena memoria agradeceremos por siempre la existencia de este derecho, de la Ley de Cuotas con las que hoy la cantidad de mujeres candidatas se ha multiplicado por cuatro, del Ministerio de la Mujer, de la gratuidad, que beneficia sobre todo a las mujeres, que ante la falta de recursos son postergadas por sus propias familias, y por las mujeres jefas de hogar que nunca pudieron soñar con educar a sus hijos, porque habían sido abandonadas por hombres ausentes y simplemente no alcanzaba, y de tantos otros avances que solo el tiempo nos permitirá aquilatar en su verdadera dimensión.

En estos días no han ganado solo las mujeres; en este gobierno hemos ganado todos y todas, porque una sociedad más justa y respetuosa de los derechos y de la dignidad de las mujeres es finalmente una sociedad simplemente mejor.

06 abril 2018

Menos contribuciones, un regalo para quienes tienen más

El pasado 11 de marzo, el presidente Piñera, desde el balcón del palacio presidencial, llamó al diálogo, a la unidad nacional y a cambiar el rostro del gobierno.

Entre las muchas medidas que planteaba para ello, destacaba el pago de una deuda histórica con los gobiernos locales y regionales: la transferencia de mayores recursos, atribuciones y responsabilidades, advirtiendo al mismo tiempo que se les exigiría mayor gestión, una mayor transparencia y una participación más activa de los ciudadanos.

Esto generó una serie de expectativas que se resumen en el anhelo histórico de que todos los ciudadanos y ciudadanas tengamos, al menos para el Estado, el mismo valor, representado en un per cápita municipal más justo y equitativo.

Mientras algunos municipios como Las Condes y Providencia poseen cerca o más de un millón de pesos por habitante al año, otros como Alhué, también de la RM, no llegan a los noventa mil pesos, y la gran mayoría no alcanzamos a los doscientos mil, lo que constituye no solo un escándalo, sino que además representa el obstáculo más importante para construir una sociedad más justa, democrática y equitativa.

Todo iba bien hasta que los municipios nos hemos enterado, de forma inconsulta y sin diálogo alguno, que Piñera ha decidido dejar sin efecto el reajuste de un 10% a las contribuciones programado para este año y dejarlo en un 7%.

Lo anterior sucede en un contexto en que una parte importante de los gobiernos locales se encuentran ya en serios problemas financieros y económicos, por el traspaso histórico de nuevas responsabilidades, sin acompañar los recursos necesarios para ellas, lo que se repite hoy con un incremento del gasto en salarios que nos significará la nueva ley de plantas.

Cabe destacar también que el reavalúo de 2018 consideraba más de 6,6 millones de bienes raíces no agrícolas, de los cuales el 75% corresponde a bienes habitacionales, y el 25% restante a propiedades destinadas al comercio, bodegas o estacionamientos, en un contexto en el que el 60% de los bienes raíces no agrícolas está exento del pago de contribuciones.

En menos de un mes de asumido el nuevo gobierno, ha tirado por la borda el llamado al diálogo y vuelve a transitar por el camino de profundizar las insoportables asimetrías que los municipios más pobres del país tenemos que sobrellevar en un país en donde la forma de financiarse solo reproduce y profundiza las enormes diferencias sociales.

Es importante destacar que casi el 80% de las propiedades existentes en nuestro país no paga contribuciones, y que la mayor parte de aquellas que no pagan, se concentran en comunas que tampoco generan mayores ingresos por la vía de patentes y otros derechos, y que el reajuste planteado solo afectaba de manera marginal a las propiedades de más alto valor.

Y por si fuera poco, para hablar en el lenguaje que más le gusta a la derecha, según la OCDE y el CEP, las contribuciones son, entre todos los impuestos, el más difícil de evadir y el menos dañino para el crecimiento económico, que tanto les importa a los partidarios del gobierno.

La medida gubernamental avanza justamente en el sentido contrario de las recomendaciones más consensuadas en términos de aumentar la cantidad de recursos de libre disposición a los municipios de menores recursos, como una forma de paliar las desigualdades, y viene solo a profundizar el círculo vicioso de la concentración de la riqueza.

Resulta evidente entonces que esta medida es un regalo para los que más tienen, perjudicando a los municipios más vulnerables del país, lo que al parecer viene a confirmar que los tiempos mejores serán solo para los grandes empresarios y para los sectores más conservadores de nuestra sociedad, quienes desde el primer día de esta segunda administración de Piñera han visto reflejados, de manera nítida y sin dobleces, sus propios intereses.

03 mayo 2018

Por un parlamento más eficiente y eficaz

Hace algunos días, la derecha más conservadora de nuestro país, en su afán de demoler todo lo avanzado en el gobierno anterior en lo que a mejoramiento de nuestra democracia se refiere, ingresó un proyecto que busca disminuir la cantidad de parlamentarios en ambas cámaras, con la excusa de ahorrar dinero fiscal y mejorar el proceso legislativo, objetivos que nadie podría dejar de compartir.

Sin embargo, llama la atención que la fórmula que ellos proponen no cambie en nada el proceso legislativo, de por sí tremendamente ineficiente e ineficaz, y solo cumpla con el objetivo de ahorrar dinero fiscal, pero a costo de deteriorar la aun imperfecta democracia que hemos logrado construir y hacerla menos representativa de lo que ya es.

Cabe recordar que el Parlamento actual, a pesar de haber cambiado significativamente, luego de la última modificación del sistema electoral impulsada por la Nueva Mayoría, sigue respondiendo, en muchos ámbitos, a los criterios de diseño de la Dictadura y contiene una serie de dispositivos que buscan distorsionar la voluntad popular, ya sea bloqueando o retardando su expresión en ambas cámaras, de manera de dificultar al máximo posible los cambios que las mayorías demandan.

Este hecho constituye una de las variables que, sin lugar a duda, han ido provocando, en la mayoría de la población, una tremenda frustración y una baja sistemática en la participación y en la valoración ciudadana de nuestra democracia, puesto que, sin importar quién obtenga la mayoría en el Congreso, ésta difícilmente podrá expresarse en las leyes que emanen de allí.

De hecho, el que haya dos cámaras y que una de ellas, el Senado, esté conformada de manera que un voto de la Región de Aysén valga 42 veces más que un voto de la RM y se renueve solo por mitades y cada ocho años, no solo impide que la voluntad popular se exprese al interior del Congreso a plenitud en cada elección, sino que además retarda en, al menos, cuatro años la posibilidad de que las mayorías se manifiesten claramente en el ejercicio legislativo.

El Senado de la República es la institución en donde los ciudadanos somos más desiguales ante la ley, pues mientras más de 7 millones de personas elegimos 5 senadores en la Región Metropolitana, es decir, 1 cada un millón cuatrocientos mil electores, en la Región de Aysén, poco más de cien mil compatriotas eligen tres senadores, es decir, uno cada cerca de treinta y tres mil personas, lo que implica que un voto de un ciudadano de la Región de Aysén pesa 44 veces lo que uno de la Región Metropolitana de Santiago.

A esto se suma el hecho cierto de que si una ley es aprobada por los diputados y el Senado, en uso de sus atribuciones y potestades, le cambia un solo punto, debe pasar por una Comisión Mixta para volver a ambas cámaras a recibir la aprobación final, sin contar con que cada cámara le da a su quehacer las prioridades que la mesa de la misma tiene. Y si ambas mesas poseen intereses o posiciones distintas, puede pasar lo que con muchos proyectos que duermen eternamente en el Congreso, sin importar lo relevante que sea para la sociedad.

Si a esto le agregamos los quórums calificados que hacen aún más difícil la aprobación de leyes que pueden llegar a tener el apoyo de hasta el 60% del parlamento, pudiendo ser bloqueadas por el 40% restante, es fácil llegar a la conclusión de que requerimos transformaciones de fondo que solo podrán darse con una nueva Constitución.

En este contexto, la propuesta que la derecha plantea solo busca volver a subir las barreras de entrada al Congreso Nacional, eliminando la posibilidad de que partidos con menor porcentaje logren escaños, lo que le restará representatividad al parlamento, dejando solo con representación a los partidos más grandes, como era en el Binominal, que imponía una barrera de entrada de un 33% al ingreso al parlamento, sobrerrepresentando además a los que superen la barrera de entrada con los porcentajes de quienes no lo hagan.

Esto obligaría nuevamente a los partidos menores a pactar y a subordinarse a los grandes, lo que evidentemente resta riqueza a la discusión parlamentaria y excluye de la misma a sectores importantes de la población.

En definitiva, lo que la extrema derecha desea es volver a hacer más difícil todavía que la voluntad popular se exprese en el debate parlamentario, para seguir bloqueando, a toda costa, las transformaciones que las mayorías del país demandan.

Ahora bien, si de verdad quisiéramos hacer más eficiente y eficaz el proceso legislativo, objetivos que reitero nadie puede dejar de compartir, debiéramos enfocarnos en cambios que permitieran que el proceso legislativo se desarrollara con la mayor representatividad posible, con la menor cantidad de recursos posibles, pero al mismo tiempo en el menor tiempo posible, de tal manera que la voluntad popular pudiera expresarse oportuna y fielmente.

Por lo mismo, si se quiere disminuir la inversión en nuestra democracia mejorando su calidad, lo que podríamos probar es eliminar la Segunda Cámara, de tal manera que el proceso legislativo no contemple ni asimetrías tan grandes en la representatividad de los escaños, ni cocinas, ni vueltas innecesarias. Esto le significaría al Estado un ahorro de más de 379 millones anuales por cada senador, es decir, $ 18.950.000.000. Los tiempos legislativos se acortarían significativamente y la representatividad del parlamento sería mucho mayor y más pareja.

Adicionalmente, se podría estudiar una rebaja de la dieta parlamentaria, como la que han propuesto algunos sectores políticos, de manera tal que no pudiera ser más de 20 veces el salario mínimo, lo que significaría un ahorro también significativo.

Todos estos cambios, por supuesto, no pueden ser abordados por los incumbentes y, por lo mismo, aparece como lo más lógico que esta discusión pudiera darse en un Asamblea Constituyente, que pudiera por fin construir un Contrato Social para nuestro país que avanzara lo más posible en hacernos iguales ante la ley, en este y en otros temas pendientes.

28 octubre 2019