No lo vieron venir

El sueldo ético en el país del milagro económico

Amigos y amigas. Compañeros y compañeras. Hace mucho que no escribo, es cierto, y más de alguno de ustedes me ha llamado o escrito para preguntarme por qué. No han sido buenos tiempos, y como siempre y como a todos y todas, las cosas malas se nos juntan y parecen destruirte un poco por algún tiempo. La última fue la partida de mi padre, y déjenme decirles, antes de seguir adelante con el tema que hoy me ha invitado a volver a escribir, que todos ustedes, todos los que estuvieron y me acompañaron en ese momento me recordaron a los imprescindibles, a esos que no se cansan, a los que están en las buenas y en las malas, a los que dejan de verdad huellas indelebles en las vidas de los que aman, gracias a todos y a todas, gracias por recordarme, como dice Neruda, nuestro gran poeta, que junto a ustedes no termino en mí mismo. Gracias nuevamente.

Hoy vuelvo a escribir para compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de un debate que, para algunos, ha abierto la iglesia en los últimos días, al hablar uno de sus representantes, de la necesidad de retribuir al trabajo con un «sueldo ético», como lo llamó el obispo Goic.

Digo para algunos porque en este país nos hemos acostumbrado tanto a la censura encubierta de los dueños de los medios de comunicación, que tanto dicen defender la libertad de expresión, que solo nos dejan leer estas opiniones en sus medios siempre y cuando no sea un enemigo del modelo el que las diga.

Fue el caso, por ejemplo, de la necesidad de estatizar el transporte público que el Partido Comunista viene planteando hace muchos años, pero cuya discusión recién salió a la luz cuando lo planteó Frei.

Lo mismo ha pasado con muchos temas que mi partido viene levantando hace años, como la crisis de la educación y de la salud, o el tema de los derechos laborales de los trabajadores, conculcados desde la dictadura y que permanecen en esa condición a excepción de algunos tímidos avances que han permitido, sobre todo, la presión de la lucha social y la protesta de los trabajadores organizados, que una vez más han logrado romper el estado de cosas para poner al centro las verdaderas transformaciones que aún están pendientes y que sin ellas los pilares fundamentales del modelo económico de la dictadura siguen intocables.

Ahora bien, más allá de quien logre abrir el debate, lo importante es que se abra, y por eso quiero partir saludando al obispo Goic y al mismo tiempo quiero condenar la histérica reacción de la senadora Matthei, que parece que además de saber de economía solo lo que es capaz de sustentar su posición ideológica, parece saber menos de ética y de política. Su disfraz democrático no resistió el estallido de la esencia autoritaria y déspota que lleva en su interior, y como es lógico en quienes no son capaces de discutir con argumentos, salió lisa y llanamente a descalificar a su oponente, pues era el único recurso que le quedaba.

Lo que me ha sorprendido en todo caso es que todos discutan del sueldo ético y nadie haya discutido hasta ahora acerca de las utilidades éticas y de los salarios máximos éticos. Porque está claro que la discusión del sueldo es una discusión multivariable en donde se debe considerar lo que los trabajadores y sus familias necesitan para llevar una vida digna que les permita un desarrollo integral como personas, y no solo la reproducción de la existencia física para seguir funcionando, generación tras generación, como mano de obra barata de la clase dominante.

También debe considerarse el valor socialmente aceptado del trabajo que se realiza, por varias razones. Una de ellas es porque si la propiedad privada, como todos dicen, nace del trabajo, es indispensable que a cada trabajador se le pague lo que vale su trabajo y no menos, ya que quienes les pagan a sus trabajadores menos de lo que vale su trabajo, lo que hacen en definitiva, a pesar de gritar a los cuatro vientos que son defensores de la propiedad privada, es destruir precisamente la propiedad privada del trabajador para construir la gran propiedad privada de ellos, los grandes empresarios, asegurando a sus familias por varias generaciones a costa de lo que, en justicia, debiera recibir cada trabajador en retribución por su trabajo.

Por último, debe considerarse un hecho esencial y que es el que determina la gran brecha existente en nuestro país entre ricos y pobres: cuánto de la riqueza generada en el proceso productivo va a retribuir el riesgo del capital invertido, como le llaman; cuánto a retribuir la inversión en medios de producción como la tierra y las maquinarias, y cuánto finalmente queda para retribuir a la fuerza de trabajo, que es la que en definitiva genera la riqueza con su esfuerzo hasta convertir ese trabajo en productos y servicios transables en el mercado.

En muchos países la diferencia entre estas variables es bastante menor, y muchas veces esta se inclina hacia la retribución a la fuerza del trabajo como condición fundamental para construir la equidad. De hecho, en la mayor parte del mundo la participación de los sueldos y salarios supera el 50% del Producto, y en nuestro país solo llega al 30% y algo más. Claro, esos países tiene una clase empresarial bastante más culta y solidaria que la nuestra, participan de negocios con tasas de ganancias que bordean el 13% de la inversión y entienden que los trabajadores felices y bien retribuidos trabajan más y mejor, de hecho trabajan menos horas que nosotros y producen casi tres veces en promedio lo que nuestros trabajadores. Lamentablemente en nuestro país no hay empresarios que trabajen o mejor dicho arriesguen sus capitales con tasas de retorno menores al 20 o 25 %, y esa diferencia explica de sobra los magros salarios que ayudan a engrosar las utilidades de los que ya no saben en qué gastar las utilidades y el patrimonio que han acaparado en estos años en nuestro país.

Lo mismo pasa con los salarios máximos y mínimos que en algunas partes del mundo no sobrepasan las 10 o 15 veces dentro de las organizaciones, mientras en nuestro país llegan a más de cien y doscientas veces el uno del otro.

Es necesario preguntarse hasta dónde es ético seguir acumulando riquezas, ¿hasta asegurar tres, cuatro o cinco generaciones hacia delante mientras otros se debaten entre vivir el día a día sin saber si mañana se tendrá lo necesario para subsistir y para satisfacer las necesidades de sus seres queridos?

Nadie dice –porque pocos se atreven, y los que se atreven no salen en los medios de comunicación–, que necesariamente para reducir la pobreza y disminuir la desigualdad habrá que limitar la riqueza. Porque si alguien piensa que el objetivo debe ser incrementar los niveles de consumo y generación de desechos de los pobres hasta los niveles de las capas medias o de los ricos, es porque aún no ha caído en la cuenta de que el mundo es finito y de que cuando alguien consume más de lo que necesita, necesariamente alguien se queda consumiendo menos de lo que requiere para reproducir su existencia.

Lamentablemente, estos debates están prohibidos precisamente en donde pudieran ser relevantes, ya que el sistema electoral se las arregla, con la complicidad de la derecha y de la Concertación, para dejar afuera del lugar en donde se discuten y se hacen las leyes que rigen el comportamiento de los actores sociales y productivos, precisamente a los que piensan distinto, y mientras eso no cambie, mientras el parlamento siga siendo un reducto de los defensores del modelo y se siga discutiendo solo el cambio dentro de la continuidad, seguirá habiendo gente que optará estúpidamente por hacer callar a los que digan cualquier cosa que ponga en peligro sus intereses y los de la clase que representa, como vulgarmente lo ha hecho la senadora Matthei.

Agosto 2010

Piñera o la nueva forma de contaminar

El proyecto para construir una termoeléctrica en Punta de Choros acaba de ser suspendido por el Presidente de la República, luego de que la aprobación del mismo por parte de sus representantes en los organismos competentes causara la indignación de las comunidades involucradas y de los hombres y mujeres con algo de conciencia medioambiental que existen en nuestro país¹. Finalmente, la administración Piñera tuvo que ceder ante la presión ciudadana, siendo obligado, por la fuerza, a respetar una de sus promesas de campaña. Todo indica que habrá que estar alerta para evitar lo que, de lo contrario, podría ser un lamentable legado en materia medioambiental de la nueva forma de gobernar.

Este desafortunado episodio nos da, sin embargo, la posibilidad de discutir, una vez más, la institucionalidad ambiental vigente en nuestro país, ya que los proyectos son aprobados en virtud de leyes votadas favorablemente por muchos de los diputados que en estos días han aparecido criticando las actuaciones del ejecutivo, pero que nunca han asumido su responsabilidad en materia legislativa para reorientar a Chile hacia la senda del desarrollo sustentable².

Solo algunos grupos ciudadanos levantaron su voz para defender la biodiversidad y el santuario de la naturaleza que iba a ser destruido por los cambios que generaba este proyecto, mientras en el gobierno reinaba el mismo silencio cómplice que reinó durante los gobiernos de la Concertación ante la destrucción que ellos aceptaron y promovieron. Al igual que entonces, nadie en el gobierno habla del patrimonio natural y cultural que podríamos perder con estos proyectos y que quizá apreciaríamos en 20 o 50 años, cuando los responsables políticos y económicos ya no estuvieran vivos para responder, ante las futuras generaciones, por el daño causado.

La Corema se defendió diciendo que la aprobación se hizo conforme a la ley y con consulta al Presidente, aunque ninguno de los involucrados es capaz de argumentar el drástico cambio de opinión que mostraron sobre un proyecto que solo un par de meses antes los mismos organismos rechazaban.

Así las cosas, resulta imprescindible discutir entonces el modelo económico y las leyes que siguen permitiendo que proyectos de este tipo se desarrollen a costa de nuestro medio ambiente.

Lo primero es discutir nuestra institucionalidad medioambiental, ya que luego de ver la inconsistencia de las autoridades, resulta inaceptable la dependencia política que ella posee con respecto a los gobiernos de turno. Se revela como urgente, entonces, la creación de una Contraloría Medioambiental independiente y autónoma, con participación de la sociedad civil, con las atribuciones y los recursos necesarios para defender el patrimonio medioambiental de nuestro país.

Lo segundo es terminar con la integración vertical que existe al realizar los estudios, pues resulta inaceptable que los pague y los encargue el propietario del proyecto sometido a fiscalización. En este contexto, una de las tareas que debiera asumir esta contraloría medioambiental sería realizar, con cargo al proyecto en cuestión, los estudios que permitan aceptar o rechazar el mismo.

Lo tercero es mantener una Línea Base³ oficial y detallada de todo el patrimonio medioambiental de la nación, contra la cual poder realizar los análisis, pues resulta evidente que al no existir ningún instrumento oficial de la situación base contra el cual refrendar los estudios presentados es imposible medir su verdadero impacto. Para ello, esta institucionalidad debiera contar con la capacidad técnica y los recursos necesarios para enfrentar su propia responsabilidad, pues resulta evidente que tampoco ella existe en la institucionalidad vigente.

Por último, resulta imprescindible reemplazar, en nuestro ordenamiento jurídico, la participación ciudadana tardía y meramente consultiva por una participación temprana y vinculante, obligando a incorporar a los actores involucrados desde el inicio de los proyectos, de manera de asegurar la internalización de los impactos negativos y de diseñar con la comunidad las medidas tendientes a mitigar o anular dichos efectos.

Todo lo anterior debe sumarse al cobro de un royalty de verdad, puesto que resulta absurdo e injusto que luego de haber extraído tanta riqueza de nuestros suelos, ríos y mares, generando incluso un desplazamiento de otras actividades que pudieran haber sido sustentables, se retiren dejando nada más que un ecosistema devastado.

Estos cambios lograrían, al menos, retrasar el colapso de nuestro medio ambiente y ganar tiempo en espera del surgimiento de un paradigma ecocéntrico, en el cual la misma ética que se exige en la relación entre seres humanos fuese extendida a la existente con el resto de la naturaleza de la cual somos parte inseparable, por ser ésta nuestro cuerpo inorgánico como nosotros somos el cuerpo inorgánico de las demás.

16 junio 2011

El eterno retorno de la crisis de la educación

De vuelta están los estudiantes en la calle. Con ellos, las tomas y paros, la solidaridad de la mayoría de la población y, por supuesto, las autoridades de turno que buscan desprestigiar al movimiento para debilitarlo y salir de la crisis, sin reconocer sus responsabilidades y, al mismo tiempo, persistir en el viejo anhelo de la dictadura: aniquilar la educación pública para convertirla paulatinamente en una nueva área de negocios.

A pesar de lo anterior, la educación suele ser mencionada como pilar fundamental para el desarrollo de las sociedades y la superación de la pobreza y la desigualdad en todos los discursos políticos y académicos de nuestro país; y en las discusiones que buscan mejorarla, se suele recurrir, de manera liviana y con poco fundamento, a un cuerpo de ideas creado precisamente para mejorar y asegurar la calidad de cualquier proceso productivo: la Gestión de Calidad.

Lo lamentable es que los sectores más neoliberales de nuestra sociedad se han habituado a copiar modelos a medias, pasándolos por el cedazo de la ideología dominante y centrando la responsabilidad de todo producto final en el mundo de los trabajadores, y excluyendo de ellos toda exigencia a los empresarios y, en este caso, a los sostenedores de la misma.

De esta manera, en la discusión sobre educación, se centra la preocupación en el control y la evaluación de los profesores, que actúan sólo en la fase final del proceso, sin asegurar la infraestructura, el clima laboral y los recursos necesarios para que realicen su parte del trabajo, y, lo más grave, sin abrir espacios para discutir la política y las responsabilidades concurrentes de cada actor con los destinatarios del proceso de producción de la educación.

Tampoco se discute con el cuerpo social el sentido y la visión del sistema educativo que necesitamos, lo que sería consistente con el enfoque hacia el cliente, tan propio de los modelos de gestión de calidad. La calidad, entonces, es entendida como fin y no como medio para el mejoramiento de la educación y el desarrollo de nuestra sociedad.

Ahora bien, como es sabido, la gestión de calidad se basa en hacer las cosas bien a la primera, realizando nuestro trabajo sin errores y a tiempo; dando a la siguiente persona en el proceso lo que requiere para realizar su parte del trabajo y, por sobre todo, satisfaciendo las necesidades y expectativas de los clientes del proceso, tanto internos como externos.

En este caso, los clientes o destinatarios del sistema educacional corresponden a los directivos, docentes, codocentes, padres y apoderados, alumnos y a la sociedad en su conjunto, que son los miembros del sistema y aquellos a quienes deseamos servir con el mismo. Hablar de calidad entonces, sin las consideraciones anteriores, representa un ejercicio meramente retórico.

Se afirma buscar calidad en la educación, pero sin la participación de los actores, lo que demuestra nula preocupación por los destinatarios internos y finales del proceso.

Tampoco existe preocupación por las condiciones en que se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje, ni porque los recursos necesarios estén disponibles o sean claramente suficientes. Como si fuera poco, se plantea que primero debe llegar la calidad, para ser premiada luego con los recursos necesarios para lograrla.

Por solo dar algunos ejemplos, y sin pretensión de ser riguroso, es útil recordar que mientras en el sistema privado el promedio de alumnos por sala se acerca a los 30, en el sistema público bordea los 46.

Mientras en el sistema privado se gasta por alumno cerca de $100.000, a todo evento, en el sistema público se gastan $ 40.000, siempre que tengan 100 % de asistencia.

Como si fuera poco, del total de horas contratadas por profesor, en el sistema privado cerca del 80% de ellas se destina a hacer clases y el resto a preparar las mismas y a corregir trabajos y pruebas. Mientras tanto, en el sistema público el 100 % de la horas contratadas se dedican a hacer clases y los profesores terminan preparando las mismas y haciendo todas las demás actividades que implica su labor en sus casas, los fines de semana o en las tardes y noches, luego de llegar de hacer su trabajo, obligados a dejar de lado a su familia y su descanso.

Seguimos así, sin entender que tener a los profesores entre los profesionales peor pagados, con la presión de ser los únicos responsables de los resultados y a los alumnos obligados a estudiar en pésimas condiciones, sin la infraestructura necesaria y sin una buena alimentación y un justo sistema de transporte, es un mal camino para tratar de alcanzar la tan mentada calidad, sino el peor.

En este contexto, el marco normativo que rige la educación en Chile debe ser transformado radicalmente, incorporando mecanismos y procedimientos para la participación de todos los miembros en las definiciones del sistema, ya que son la esencia del mismo y sólo su total implicación posibilitará que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la sociedad y de los destinatarios finales, generando identidad e identificación con el sistema en su conjunto y con sus objetivos.

Paralelamente, debe dotarse al sistema de los recursos necesarios para tener a los miembros del sistema orgullosos, satisfechos y contentos de la labor realizada, abandonando de una vez y para siempre la agonía programada por quienes sueñan con que el sistema público muera de inanición por abandono y desinversión.

Resulta obvio que para certificar la calidad de la educación deben asegurarse, de manera previa, las condiciones para desarrollar el proceso.

Estos requisitos no deben estar condicionados por resultados, pues si aspectos como la infraestructura, recursos, respeto y salarios dignos son un premio por la calidad y no una condición para ella, jamás lograremos mejorar la educación.

08 julio 2011

Lucro e ideología

Me cuesta encontrar puntos de acuerdo con Joaquín Lavín, pero no puedo negar que las declaraciones que aparecen en los periódicos nacionales, respecto a que en la discusión del lucro »hay mucha ideología detrás», lo lograron, aunque seguramente con un sentido completamente distinto al que el ministro le pretende otorgar a su afirmación.

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ideología es todo conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc. Ahora bien, según Marx, ideología es todo.

En Sociología se llama ideología a todo conjunto más o menos sistemático de creencias que intentan explicar al hombre y el mundo, a la vez que orientar su conducta a partir de ciertos valores aceptados como correctos. En este sentido general, toda teoría del mundo es una ideología, incluidas aquellas que sostienen las posiciones políticas, incluidas las reaccionarias, las conservadoras, las progresistas, las reformistas y las revolucionarias. En este sentido, también en la defensa que algunos hacen del lucro en la educación y en toda actividad humana hay mucha ideología. El tema es saber cuál y al servicio de quién.

Quienes abrazamos las ideas desarrolladas a partir de la teoría de Marx, entendemos la ideología de un modo tan amplio que casi identificamos ideología con cultura. De hecho, en Crítica de la economía política nos dice Marx que la ideología abarca el derecho, la política, la religión, el arte, la filosofía, y hasta la misma ciencia.

Pensamos además que las ideologías no describen al hombre y su situación en el mundo y la sociedad de un modo correcto, sino de un modo deformado o simplemente falso.

Esa deformación es consecuencia del interés de las clases dominantes por mantenerse en su situación de dominio. Para ello, dispone de los medios de producción material, pero también del control y producción de los bienes espirituales, de la producción de la cultura y por supuesto, de la información, por lo que las ideas que en toda sociedad operan como mínimo común denominador del pensamiento social son, normalmente, las que la clase dominante quiere que dominen.

Desde esta perspectiva, las ideologías son un «producto social»: los pensamientos de los hombres son consecuencia de la sociedad en que viven y más particularmente del orden económico vigente y no al revés.

Dada esta interpretación de la ideología como una forma de alienación o de autoengaño, una de las tareas más difíciles de lograr en las clases dominadas es el desarrollo de una conciencia propia, pues, dado el control que tiene la clase dominante de las distintas formas de producción espiritual, cultural y material, muchas veces los que más reclaman contra la sociedad, por la exclusión que la misma impone sobre ellos, terminan defendiendo ideas que no les convienen, ideas que son las que a la clase dominante le interesa que se defiendan.

En ese sentido el recurrente intento de distintos personeros de gobierno por desacreditar todo aquello con lo que no están de acuerdo, estigmatizándolo como ideología, pretende, solamente, encubrir los reales intereses del gobierno del cual forman parte y los intereses de los grandes empresarios a los cuales, como gobierno, representan.

Cabe recordar que incluso en el nacimiento del liberalismo económico, como ideología, su padre espiritual, Adam Smith, en su libro acerca de la riqueza de las naciones, afirmaba que en las sociedades todo debía estar subordinado a las todopoderosas y eternas leyes de mercado, salvo tres áreas en donde el mercado, es decir el lucro y el afán de riqueza, no debía intervenir debido a la incompatibilidad de intereses entre éste y las primeras: educación, salud y defensa.

Solo años después, otra ideología, derivada de la primera, pretendía borrar esta frontera ética existente para los negocios, afirmando que en la sociedad actual no deben existir áreas vedadas para el mercado. Esa es la ideología neoliberal.

Ideología de la cual el ministro Lavín y el gobierno al que representa son los mejores exponentes.

Afortunadamente, existen muchas otras formas de pensar y de entender la realidad; entre ellas, las que tan valientemente defienden en estos días los estudiantes, los profesores, los apoderados y la sociedad en su conjunto. Para esa «ideología», el bien común, el derecho a la educación y a la salud, el derecho a la felicidad, el derecho a un medio ambiente sin contaminación, es mucho más importante que las utilidades de unos pocos.

Lo importante, entonces, no es develar si en la discusión sobre educación y lucro existe o no mucha ideología, ya que eso está de más; la clave es develar al servicio de qué intereses está cada una de las ideologías que se encuentran en disputa y ver cuál de ellas es más cercana a lo que Chile, y no los que se sienten dueños del país, necesita.

8 marzo 2012