Documentar la atrocidad

Hetherington, Kregg. Guerrilla Auditors. The Politics of Transparency in Neoliberal Paraguay. Durham (nc): Duke University Press, 2011.

Hite, Katherine. Política y arte de la conmemoración. Memoriales en América Latina y España. Santiago: Mandrágora, 2013.

Jelin, Elizabeth. “Memorias en conflicto”. Puentes, núm. 1 (2000): 6-13.

Jelin, Elizabeth y Victoria Langland (comps.). Monumentos, memoriales y marcas territoriales. Madrid y Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2002.

Ketelaar, Eric. “Archives of the people, by the people, for the people”. S. A. Archives Journal, núm. 34 (1992): 5-15.

Ketelaar, Eric. “Archival temples, archival prisons: modes of power and protection.” Archival science, núm. 2.3-4 (2002): 221-238.

Lefranc, Sandrine. Políticas del perdón. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2005.

Lira, Elizabeth. “Trauma, duelo, reparación y memoria”. Revista de Estudios Sociales, núm. 36 (2010): 14-28.

López, Loreto y Evelyn Hevia. “Archivo Oral de Villa Grimaldi: experiencia y reflexiones”. En María Graciela Acuña, Patricia Flier, Myrian González Vera, Bruno Groppo, Evelyn Hevia, Loreto López, Nancy Nicholls, Alejandra Oberti, Claudia Bacci, Susana Skura, Enzo Traverso. Archivos y memoria de la represión en América Latina (1973-1990), 107-130. Santiago: Lom ediciones, 2016.

Lunecke, Graciela Alejandra. Violencia Política. (Violencia Política en Chile. 1983-1986). Santiago: Arzobispado de Santiago, 2000.

Mbembe, Achille. “Nécropolitique”. Raisons politiques: Études de pensée politique 1, núm. 21 (2006): 29-60.

Moon, Claire. “Narrating Political Reconciliation: Truth and Reconciliation in South Africa”. Social & Legal Studies 15, núm. 2 (2006): 257-275.

. “What one sees and how one files Seeing: Human Rights Reporting, representation and action”. Sociology 46, núm. 5 (2012): 876-890.

. “Human Rights, human remains: forensic humanitarianism and the human rights of the dead”. International Social Science Journal 65, núm. 215-216 (2016): 49-63.

Mora-Gámez, Fredy. “Reparation Beyond Statehood: Assembling Rights Restitution in Post-Conflict Colombia”. Tesis doctoral, School of Management, University of Leicester, 2016.

Moyano, Manuel Ignacio. “Sujeto y Potencia. La des-creación del sujeto en Giorgio Agamben”. En Emmanuel Biset, Fernando Chávez Solca, Roque Farrán, Hernán García Romanutti, Daniel Groisman, Carolina Juaneda, Natalia Lorio, Natalia Martínez Prado, Manuel Ignacio Moyano, Juan Manuel Reynares, Aurora Romero, Sofía Soria, Mercedes Vargas. Sujeto. Una categoría en disputa, 131-168. Buenos Aires: La Cebra, 2015.

Nordstrom, Carolyn. Shadows of War. Violence, Power, and International Profiteering in the Twenty-First Century. Berkeley (ca), Los Ángeles (ca) y Londres: University of California Press, 2004.

Olmo, Darío. “Reconstruir desde restos y fragmentos. El uso de los archivos policiales en la antropología forense en Argentina”. En Ludmila da Silva y Elizabeth Jelin (comps.). Los archivos de la represión: Documentos, memoria y verdad, 179-194. Madrid: Siglo XXI Editores, 2002.

Programa Interdisciplinario de Investigación en Memoria y Derechos Humanos – Universidad Alberto Hurtado. “Línea de tiempo ‘Hitos de los Derechos Humanos en Chile, 1973-2013’”. https://memoriayderechoshumanosuah.org/linea-de-tiempo-hitos-de-los-derechos-humanos-en-chile-1973-2013.

. “Guía de Archivos de Memoria y Derechos Humanos en Chile”. Santiago: 2017. https://memoriayderechoshumanosuah.org/guia-de-archivos-de-memoria-y-derechos-humanos-en-chile/.

Rabinow, Paul. Anthropos Today. Reflections on Modern Equipment. Princeton (nj): Princeton University Press, 2003.

Raffin, Marcelo. La experiencia del horror. Subjetividad y derechos humanos en las dictaduras y Posdictaduras del Cono Sur. Buenos Aires: Editores del Puerto, 2006.

Richard, Nelly. Crítica de la memoria (1990-2010). Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2010.

Roniger, Luis y Mario Sznajder. El legado de las violaciones de los derechos humanos en el Cono Sur. La Plata: Al Margen, 2005.

Schindel, Estela. “Inscribir el pasado en el presente: memoria y espacio urbano”. Política y Cultura, núm. 31 (2009): 65-87.

Schindel, Estela y Pamela Colombo (eds.). Space and the Memories of Violence. Landscapes of Erasure, Disappearance and Exception. Londres: Palgrave Macmillan, 2014.

Scott, James C. Seeing Like a State. How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. New Haven and London: Yale University Press, 1998.

Simmel, Georg. Conflict and The Web of Group-Affiliations. Glencoe (il): The Free Press, 1955 [1922].

Smart, Barry. Michel Foucault. Londres: Routledge, 1985.

Stier, Oren Baruch. Holocaust Icons: Symbolizing the Shoah in History and Memory. New Brunswick (nj): Rutgers University Press, 2015.

Stoler, Ann Laura. “‘In Cold Blood’: Hierarchies of Credibility and the Politics of Colonial Narratives”. Representations, núm. 37 (1992): 151-189.

. Carnal Knowledge and Imperial Power: Race and the Intimate in Colonial Rule. Berkeley (ca), Los Ángeles (ca) y Londres: University of California Press, 2002.

. Duress. Imperial Durabilities in Our Times. Durham (nc) y Londres: Duke University Press, 2016.

Strathern, Andrew, Pamela J. Stewart y Neil L. Whitehead (eds.). Terror and Violence. Imagination and the Unimaginable. Londres y Ann Arbor (mi): Pluto Press, 2006.

Tamboukou, María. “Writing Genealogies: an exploration of Foucault’s strategies for doing research”. Discourse: Studies in the cultural politics of education 20, núm. 2 (1999): 201-218.

Taylor, Diana. The Archive and the Repertoire: Performing Cultural Memory in the Americas. Durham (nc) y Londres: Duke University Press, 2003.

Tejero, Laura. “‘Nosotros, las víctimas’: violencia, justicia transicional y subjetividades políticas en el contexto peruano de recuperación posconflicto”. Papeles del CEIC, núm. 106 (2014):1-31.

Trace, Ciaran B. “What is Recorded is Never Simply ‘What Happened’: Record Keeping in Modern Organizational Culture”. Archival Science, núm. 2, (2002): 137-159.

Vergara, María Paz. “Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad”. En Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi (ed.). Acceso Público a la Memoria: el Rol de los Archivos Testimoniales en la Democratización de las Sociedades Postdictatoriales [encuentro], 69-79. Santiago: Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, 2009.

Weld, Kirsten. Paper Cadavers. The Archives of Dictatorship in Guatemala. Durham (nc) y Londres: Duke University Press, 2014.

Winn, Peter, Steve J. Stern, Federico Lorenz y Aldo Marchesi. No hay mañana sin ayer. Batallas por la memoria histórica en el Cono Sur. Santiago: Lom ediciones, 2014.

1 En 1962, surgió la posibilidad de un conflicto nuclear entre la Unión Soviética y los Estados Unidos debido al inicio de la construcción de sitios para misiles soviéticos en Cuba. El incidente provocó un enfrentamiento en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Las tensiones entre los dos países disminuyeron un poco en 2014, al final de la segunda administración del presidente de Estados Unidos, Barack Obama (2012-2016), quien tomó las medidas iniciales para poner fin al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba en 1960.

2 La dictadura chilena no solo operó localmente. A partir de 1975, se coordinó con otros regímenes dictatoriales de la región para perseguir a miembros de partidos y organizaciones de izquierda y, en muchos casos, hacerlos desaparecer sin dejar rastro. La “Operación Cóndor”, nombre dado a esta coordinación transnacional, aumentó el alcance geográfico de la represión en todo el Cono Sur. Articuló los servicios de inteligencia de varios países en torno a lo que definió como la “lucha contra la subversión”, adhiriendo a la lógica de la Doctrina de Seguridad Nacional. Los servicios de inteligencia de la dictadura chilena también se dirigieron directamente a individuos que articularon oposición, o fueron definidos como enemigos de los intereses del régimen. Tales fueron los casos del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, asesinados en el exilio en Buenos Aires, Argentina, en 1974; el intento fallido de asesinato del líder del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Bernardo Leighton, en el exilio en Roma en 1975; y el asesinato por coche bomba del exministro de Asuntos Exteriores de la Unidad Popular, Orlando Letelier y su compañera de trabajo, la estadounidense Ronni Moffitt, en Washington D. C. en 1976. Estos crímenes fueron planeados desde Chile y apoyados por otras fuerzas de seguridad de la región.

3 En la jerga carcelaria, las “calugas” son cartas o mensajes clandestinos en miniatura, escritos en trozos de papel rescatados y sacados de contrabando de los centros de detención. El término hace referencia a la forma que toman dichos mensajes cuando se pliegan y comprimen, que asemeja a la de estos dulces.

4 Véase http://www.memorialdelashoah.org/en/archives-and-documentation/the-documenta tion-center/the-history-of-the-cdjc.html.

5 El término “archivos de derechos humanos” no incluye la documentación derivada de los registros de los autores de la persecución y la represión desatada por las dictaduras, que se conocen como “archivos de la represión”. En Chile, solo están disponibles pequeños segmentos de este segundo tipo de archivo. Como señalan López y Hevia (2016) y la “Guía de Archivos de Memoria y Derechos Humanos en Chile” (2017), dichos segmentos incluyen documentación que el juez Jorge Zepeda confiscó en 2000 y 2005 en las instalaciones de la ex Colonia Dignidad. Se descubrió otro conjunto de 429 documentos en un antiguo edificio de oficinas de la policía secreta (Central Nacional de Informaciones, CNI) en 2005, durante el proceso de transformación del edificio en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA). Además, en 2010, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH) recibió una donación de documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) relacionados con la participación de Estados Unidos en el derrocamiento del presidente Allende, así como con las acciones posteriores tomadas por la Junta Militar de las que los Estados Unidos tenían conocimiento directo. En 2015, se donó un segundo conjunto de documentos desclasificados de Estados Unidos al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. El MMDH también recibió una donación, de Argentina, de documentación compilada por la antigua Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba). Los registros se referían a personas deportadas de Chile entre septiembre y diciembre de 1973. La Comisión Provincial de la Memoria, en La Plata, Argentina, es el depósito de dichos archivos. Desafortunadamente, el Estado chileno posterior a la transición no se ha esforzado por obtener acceso a la información producida y archivada por las Fuerzas Armadas y las agencias de inteligencia relacionadas. Sin duda, esta información representaría una contribución a la verdad y la justicia con respecto a los crímenes de lesa humanidad, y ayudaría a una mayor comprensión del terrorismo de Estado. La falta de acceso a dicha información se ve exacerbada por la existencia de la Ley 18.771. Esta legislación permite que el Ministerio de Defensa de Chile y las Fuerzas Armadas eliminen y destruyan documentos cada cinco años, en lugar de enviar sus archivos al Archivo Nacional como todas las demás entidades estatales están obligadas a hacerlo. La exención se adoptó en 1989, aún durante la dictadura, pero poco después del plebiscito nacional del 5 de octubre de 1988 que dio paso a las elecciones presidenciales que llevarían al régimen a su fin a principios de 1990. Al momento en que escribimos este libro (mediados de 2018), el Congreso chileno se encontraba debatiendo un proyecto de ley para derogar esa exención. Para comprender el impacto del acceso a los archivos de la represión, véase González (2002, 2016); el libro de Hetherington (2011), Guerrilla Auditors, sobre los archivos del Terror de Paraguay; el libro de Weld (2014), Paper Cadavers, sobre el descubrimiento y rescate del archivo policial secreto de Guatemala; y el texto de Olmo (2002) sobre la recuperación de los archivos de la Dippba.

6 Los métodos empleados para registrar las situaciones de las personas que solicitaron asistencia fueron bastante similares en todas las organizaciones que funcionaron durante el período en Chile. Las pequeñas divergencias en las formas de registro reflejan los tipos específicos y el rango de servicio que cada organización proporcionó (atención médica, psicológica y/o psiquiátrica). La información personal y confidencial no es accesible a otros, pertenece estrictamente a las víctimas.

7 Véase Weld (2014).

8 Algunas excepciones a esta tendencia son Moon (2006, 2012 y 2016), Tejero (2014) y Mora-Gámez (2016). En el Cono Sur, la literatura se ha concentrado en los estudios de las medidas y mecanismos de la justicia transicional (Lefranc 2005; Roniger y Sznajder 2005; Raffin 2006; y Collins 2013, 2015, 2017). Las memorias del pasado violento también ocupan un lugar central en la literatura, especialmente las elaboradas por sobrevivientes y familiares y aquellas asociadas a procesos de memorialización (Jelin 2000; Jelin y Langland 2002; Schindel 2009; Lira 2010; Richard 2010; Birle et al. 2010; Hite 2013; Schindel y Colombo 2014; y Winn et al. 2014).

9 Sobre esta transposición, véase Bernasconi, Lira y Ruiz (2018).

10 Esta multiplicidad de definiciones ha llevado a algunos a proponer la noción de “actos de violencia” con la finalidad de restaurar la dimensión multifacética del término (Ferrándiz y Feixa 2007, 52).

11 Véase Simmel (1955 [1922]); Agamben (1970); Nordstrom (2004); Strathern, Stewart y Whitehead (2006).

12 Foucault (1977, 1979); Smart (1985); Dreyfus y Rabinow (1982); Tamboukou (1999).

13 Este no es un asunto limitado al pasado: en 2018, la Vicaría recibió una solicitud especial de un excomandante en jefe del Ejército (2002-2006) de información que el archivo podría contener sobre crímenes de lesa humanidad por los que actualmente está siendo juzgado.

14 Véase, al final de este libro, “Lista de extrabajadores y extrabajadoras del Comité Pro Paz y de la Vicaría de la solidaridad entrevistados y citados”.

15 41000 casos atendidos en Santiago, y sobre 4500 en provincias.

16 Véase https://memoriayderechoshumanosuah.org/linea-de-tiempo-hitos-de-los-derechos-humanos-en-chile-1973-2013).

CAPÍTULO III

¿Cómo sostener una organización de derechos humanos bajo violencia de Estado?

Oriana Bernasconi, Manuel Gárate,

Rodrigo Suárez y Daniela Mansilla

Introducción

El Comité de Cooperación para la Paz en Chile y la Vicaría de la Solidaridad buscaron proporcionar un espacio seguro donde las familias de prisioneros/as políticos/as pudieran reportar sus urgentes necesidades y encontrar apoyo para iniciar o proseguir la búsqueda de sus seres queridos. Sin duda, proteger la vida y resguardar a miles de personas era un trabajo delicado y riesgoso. Junto a la labor de asistencia, ambas organizaciones iban recopilando contundente documentación que revelaba las acciones de los agentes estatales y su papel en la perpetración de graves violaciones a los derechos humanos. Se trataba de una práctica sistemática. La labor del organismo generó una disputa entre el régimen y la Iglesia católica que se extendió a lo largo de la dictadura, constituyendo un choque abierto entre dos partes que no podían ignorarse. El conflicto radicaba en la legitimidad de los propósitos de cada una de estas partes, la veracidad de la información por ellas producida y diseminada y, finalmente, la propia realidad de la violencia.

Varios episodios alimentaron la disputa y la mantuvieron latente durante toda la dictadura. Al examinar los incidentes más álgidos, este capítulo trata sobre cómo una organización de derechos humanos se sostiene bajo el régimen represivo que denuncia. Hasta que los exfuncionarios del régimen, tanto civiles como militares, revelen sus archivos sobre la represión, será difícil responder completamente a la pregunta de por qué el régimen de Pinochet permitió que existieran estas organizaciones1. Entre tanto, abordamos una variante de esa pregunta: ¿cómo estas organizaciones lograron sobrevivir a la dictadura que enfrentaban abiertamente?

Argumentamos que varios factores operando a diferentes niveles explican la perduración de estas organizaciones. La combinación de estos factores permitió, primero, que el Comité se formara y, más tarde, que la Vicaría permaneciera como un interlocutor que el régimen no pudo ignorar. El acto de registrar la violencia fue clave para mantener esta posición. Hizo posible que los horrores se dieran a conocer a medida que se infligían, y permitió a las organizaciones desafiar al gobierno por la responsabilidad de crímenes que no podía simplemente ignorar o tergiversar. También permitió a los familiares de las víctimas y a las organizaciones de la sociedad civil responsabilizar al gobierno, presentando acciones legales en defensa de los perseguidos y denunciar la represión ante la opinión pública nacional e internacional. En el largo plazo, esas tempranas acciones de las nacientes organizaciones de familiares de víctimas resultaron ser vitales para el activismo por los derechos humanos en Chile.

El régimen desplegó una serie de estrategias para defenderse de las acusaciones. Esto incluyó la negación de los hechos, la desinformación, la manipulación de pruebas, las declaraciones falsas y el hostigamiento a organizaciones de derechos humanos en la prensa nacional e internacional. También hubo intentos recurrentes para deslegitimar el trabajo de estas instancias, amenazando reiteradamente con confiscar sus registros institucionales. El Comité y la Vicaría resistieron, y de ese modo pudieron salvar muchas vidas, no sin pagar un alto precio. Sus propios trabajadores y trabajadoras fueron sometidos a allanamientos, ataques, intimidación, hostigamiento, vigilancia, arrestos, citaciones judiciales, expulsiones del país, torturas e incluso, en 1985, al horrendo asesinato de uno de ellos.

Este capítulo revisa las principales disputas del Comité y la Vicaría con el régimen en el curso de la dictadura militar. Para ello analizamos nueve libros sobre el Comité y la Vicaría escritos por exfuncionarios y exfuncionarias; 60 artículos periodísticos sobre el cierre de la Vicaría en 19922; publicaciones producidas por las organizaciones de derechos humanos (como los informes anuales elaborados por el Comité y la Vicaría);3 además de comunicados de prensa y documentos de trabajo pertenecientes a la Vicaría y a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD). Completamos nuestro corpus de información analizando 12 de las 24 entrevistas realizadas por nuestro proyecto de investigación con extrabajadores y extrabajadoras de ambas organizaciones.

Poder contra poder

Desde la creación del Comité Pro Paz, la tarea de registro de la violencia fue concebida como un eje articulador de la asistencia y apoyo ofrecidos a las personas afectadas por la represión. Según el Informe Anual del Comité de 1975, este era un nuevo tipo de trabajo ecuménico: “No ocasional, no para discutir, no para orar, sino para trabajar al servicio del hombre que sufre y está desvalido […] un compromiso militante de las distintas creencias y religiones […] que está al servicio de los postergados y reprimidos” (Comité de Cooperación para la Paz en Chile 1975, 2). El documento eclesial que dispuso la creación del Comité Pro Paz, el decreto arzobispal N° 158-73, consigna que los objetivos de la organización serían:

1. Buscar y proveer ayuda material para las personas y familias afectadas […]. 2. Proveer directamente […] asistencia legal y judicial, para la defensa de los derechos de las personas afectadas. 3. Recoger hechos irregulares que suceden y dañan gravemente la dignidad de las personas, y que estamos ciertos no son deseados por el Supremo Gobierno (Arzobispado de Santiago 1973).

Al trabajo de registro del Comité se le otorgó una función explícita en la resolución de estos hechos: denunciarlos ante las autoridades del régimen y así, con suerte, colaborar con la reconstrucción de la paz social: “Deseamos [dar a conocer estos hechos] a la autoridad del país como una colaboración eficaz y necesaria para lograr la pacificación” (Arzobispado de Santiago 1973).

Al explicar sus propósitos, el Comité se concibe en el rol de mediador entre las personas afectadas y la dictadura. Sin imputarle los hechos, reconoce el poder del gobierno para evitar lo que debiera “no desear”. Pero, como el gobierno desconoce estas “irregularidades”, el Comité asume la labor de registrarlas y, de este modo, cooperar con la paz social en Chile. Ambas ideas fuerza –cooperación y paz– nominan a la organización. Y ambos vectores –negación y afirmación de la violencia– alimentarán la disputa entre la Junta Militar y el Comité y, luego, la Vicaría durante todo el período de la dictadura.

Pese a lo riesgoso de su misión, el Comité difundió públicamente su existencia y convocó abiertamente a sus potenciales beneficiarios. Tan solo a un mes de su creación publicó un inserto en el principal periódico nacional, El Mercurio, proclive a la dictadura. El inserto anuncia la existencia del Comité, y ofrece asistencia jurídica gratuita. Como se puede apreciar en la figura 3.1, el inserto, además de diseminar una recomendación de resistencia a los despidos irregulares (“no firmar ninguna renuncia”), declara que, según las Sagradas Escrituras, la consecución de la paz requiere de justicia.

“Proteger la vida” y “amparar” a miles de chilenos era un trabajo delicado, riesgoso y de alta responsabilidad. Por solicitud del arzobispo de Santiago, cardenal Raúl Silva Henríquez, el personal de la naciente organización fue reclutado por el sacerdote jesuita Fernando Salas, el abogado José Zalaquett y la asistente social Daniela Sánchez. Este equipo inicial usó sus redes personales de contacto para invitar a nuevos trabajadores y trabajadoras que les merecieran confianza. La institución combinaría generaciones. Incluía a jóvenes veinteañeros con experiencia organizacional comunitaria, religiosa o política, generalmente sin empleo y/o recién expulsados de sus universidades o de sus primeros trabajos, y profesionales con trayectoria, legitimidad y autoridad transversal en sus disciplinas4. Esta diversidad hizo posible no solo la creación de un sistema de trabajo cooperativo e interdisciplinar sin precedentes, sino también la emergencia de un cierto ethos que permitió al equipo resistir las presiones asociadas a esta labor. En efecto, la mayoría de los miembros permanentes del equipo se mantuvieron en la organización durante un largo período de tiempo (véase Capítulo IV). El Comité comenzó a operar a través de dos departamentos: el Penal, compuesto por abogados que ofrecían asesoramiento y representación legal gratuita, y el Asistencial, constituido por asistentes sociales, procuradores, religiosos (incluidos sacerdotes católicos) y monjas. Este equipo brindó asistencia principalmente para problemas laborales y estudiantiles como despidos y expulsión de trabajos y universidades (véase fig. 3.1)5.

Figura 3.1. Diario El Mercurio. 5 y 10 de noviembre de 1973. Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

En el primer año, los problemas que abordó el Comité incluyeron situaciones de despidos laborales, exilio, secuestros, violencia física (torturas), detenciones, relegaciones y otras formas de violencia orientadas a la desarticulación social. En 1974, atendieron en promedio a 50 personas diariamente (Comité de Cooperación para la Paz en Chile 1975, 7), cifra que se duplicó en los años posteriores. A poco andar, el Comité se extendió a nivel nacional, desplegando su labor a 24 sedes en distintas regiones del país.

En abril de 1974, seis meses después de iniciado el trabajo del Comité, la Conferencia Episcopal se reunió para reflexionar sobre el actuar de la Iglesia católica ante “los desafíos de la hora presente” (Obispos de Chile 1974, 2). La Conferencia Episcopal solicitó al Comité elaborar un informe para ayudar a formular una posición oficial respecto a la represión política. El Comité reaccionó a la solicitud destinando a cuatro de sus funcionarios a una labor de sistematización de información, tan confidencial que ninguno de los demás trabajadores y trabajadoras del organismo la conocería. Al equipo que preparó el informe, coordinado por la religiosa María de los Ángeles Marimón, no se le dijo quién lo había encargado. Este fue el contexto de producción del primer informe chileno6 sobre el alcance de la represión durante los primeros meses de la dictadura. El equipo reunió las carpetas de los casos documentados por el Comité entre septiembre de 1973 y abril de 1974. El producto final, titulado “Desarrollo de las acciones del gobierno militar en contra de los disidentes políticos. Informe Scherer” (Comité de Cooperación para la Paz en Chile 1974), detallaba las situaciones de prisión, tortura y ejecución conocidas por el Comité. Si en sus comunicaciones públicas el Comité no responsabilizaba de los hechos represivos al gobierno, este título revela que sí lo hacía en sus informes confidenciales. El título también indica el reconocimiento del carácter eminentemente político de la violencia al nominar a quienes son su blanco como “disidentes políticos” en vez del genérico “afectados” que encontramos en tantos otros documentos del período, incluyendo fichas de registro usadas para consignar las denuncias y demandas que acogían. El segundo párrafo del informe señala que el objetivo de analizar las acciones del gobierno contra los disidentes políticos, siempre que sea posible, está supeditado a…

…un adecuado examen de tendencias [que] debería comprender el análisis de las acciones de gobierno en los distintos planos (en especial las medidas de política económica, agraria, educacional y cultural y las acciones y políticas respecto de las organizaciones sociales de base), porque conforman el contexto dentro del cual las acciones de represión directa a los disidentes políticos se insertan (2).

Esta redacción subraya la comprensión temprana del Comité de la amplia gama de facetas de la vida nacional en la que la dictadura tenía previsto intervenir. Con estas advertencias, el Comité presentó su informe de lo que había ocurrido “hasta ahora” en el “área de acciones gubernamentales en el campo de los derechos humanos”.

Los autores y autoras del informe presentaron un análisis diferente a los informes producidos hasta ese momento, basados en “la descripción de situaciones, su cuantificación y […] juicios críticos” (2). En contraposición, este informe busca “describir el curso del desarrollo de estas acciones en sus líneas generales y las tendencias que llevan implícitas” (2). Para lograrlo, el documento de 71 páginas ofrece la primera “periodización de las acciones represivas” (2), es decir, un perfilamiento de los principales rasgos de la violencia según períodos de tiempo (véase fig. 3.2). La técnica de la periodización ingresa así al repertorio de tecnologías usadas para configurar y exponer este episodio cruento de la historia nacional chilena. Esta técnica transitará a otros momentos de gestión de esta catástrofe política (véase Capítulo VI). Además, para dar cuenta de las detenciones, el primer informe del Comité organizó la información por sexo, ocupación, lugar de trabajo, edad, lugar de arresto, métodos de tortura, prisioneros y víctimas de ejecuciones sumarias. También refiere al estado legal de los afectados, y describe los Consejos de Guerra y las sentencias que dictan, e indica si los detenidos accedieron a defensa legal7.

Figura 3.2. Extracto Informe “Informe Scherer. Desarrollo de las acciones del gobierno militar en contra de los disidentes políticos. Documento N° 0082300”, Comité de Cooperación para la Paz en Chile, abril de 1974, p. 2. Fuente: Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

Producto de la reflexión en torno al informe, los obispos chilenos elaboraron una carta pastoral de siete páginas titulada “Chile país de hermanos. La Reconciliación en Chile” (1974; véase fig. 3.3). La carta representa la interpretación que hacen los obispos del informe realizado por el Comité. Fue distribuida “en misas dominicales a todos los fieles católicos y, por otros conductos, […] a los reclutados en las filas de las Fuerzas Armadas” (Ahumada et al. 1989, 18). Si el informe original estaba compuesto en más de un 70 % por tablas de frecuencia que analizan el alcance y el patrón represivo (es decir, la distribución de la violencia según el tipo de acción represiva); la carta pastoral dividió su contenido en siete secciones tituladas: “Año santo”, “La reconciliación con Dios”, “La reconciliación con nosotros mismos”, “La reconciliación entre los hombres”, “El sacramento de reconciliación”, “María, signo de reconciliación” y “Conclusión”8. La carta comienza recogiendo el requerimiento del papa Pablo VI de considerar 1974 como año santo, es decir, “año de reconciliación” en la relación “con Dios, con nosotros mismos y con los demás hombres” (Obispos de Chile 1974, 3). La condición básica para lograr esta última reconciliación, postula, es “la plena vigencia del estado de derecho, en el que la Constitución y la Ley sean una garantía para todos” (4). Sin embargo, prosigue, existen “obstáculos objetivos” para lograrla, solo superables mediante “el respeto irrestricto de los derechos humanos formulados por las Naciones Unidas y por el Concilio Vaticano II” (5), es decir, organizaciones reconocidas internacionalmente. Estos derechos, dice la carta, son “naturales, y anteriores y superiores al Estado”, “absolutos e inviolables” y garantes de la real dignidad del hombre (5). Entre los obstáculos que preocupan a los pastores listan: “un clima de inseguridad y de temor”, “las dimensiones sociales de la situación económica actual […] (aumento de la cesantía y los despidos arbitrarios)” y la reestructuración “del sistema educacional” (5). Finalmente, el texto indica que…