Violencia contra los periodistas

ii. Sobre los contenidos por motivos culturales y/o morales.

iii. Sobre las infraestructuras por motivos técnicos.

iv. Sobre las infraestructuras por motivos económicos.

Si se observan los controles desde el ámbito gubernamental, Asante (1997, pp. 42-45) establece nueve categorías, a partir de los resultados que arrojan diversas investigaciones sobre el tema, así:

i. Censura. Entendida como el mecanismo más directo y persuasivo para reprimir a los medios de comunicación.

ii. Hostigamiento físico. Este tipo de control se manifiesta en cierre de medios, confiscación de materiales y equipos, detenciones arbitrarias o encarcelamiento caprichoso por parte de las autoridades. Se dirige a medios informativos o periodistas que transgreden las políticas gubernamentales, que hacen críticas a las autoridades o coberturas parciales de determinados asuntos

iii. Persecución legal. Editores y periodistas que publican comentarios o reportajes críticos son sujetos de persecución mediante leyes de libelo y sedición, por ejemplo.

iv. Concesión de licencias a medios y certificaciones a periodistas. Mediante las certificaciones o tarjetas profesionales se establecen controles sobre los periodistas y mediante las licencias se puede asegurar que las posiciones de los medios sean cercanas a las políticas de quien está en el poder.

v. Nombramientos y ceses de editores. Se da principalmente en medios oficiales o de propiedad del Estado.

vi. Recompensas por buen comportamiento.

vii. Reducción de la pauta publicitaria oficial.

viii. Asignaciones de papel periódico.

ix. Autocensura. Bajo esta práctica, los periodistas seleccionan o editan sus materiales teniendo como criterio los posibles detractores a lo que se va a publicar.

La perspectiva de Asante cobra especial relevancia en la medida en que unas de las grandes expectativas normativas sobre el rol de los medios son las que se derivan de los Estados y los gobiernos. Si bien se afirma que en la teoría democrática el Estado no tiene un poder absoluto sobre la prensa libre, evidentemente existe una fuente potencial de recompensas o castigos de carácter económico, regulatorio o de estatus, entre otros.

No cabe duda de que las presiones al trabajo periodístico tienen una estrecha relación con la libertad de expresión y con los resultados que puede arrojar una medición del estado de este derecho en diversos contextos y países. Hanitzsch y Mellado (2011, p. 407), a partir de un análisis comparativo de la percepción que tienen los periodistas en 18 países sobre las presiones que reciben en el ejercicio de su profesión, las categorizan en seis tipos de influencias, como prefieren llamarlas estos investigadores:

i. Influencias políticas.

ii. Influencias económicas.

iii. Influencias organizacionales.

iv. Influencias del trabajo práctico o de procedimientos.

v. Influencias profesionales.

vi. Influencias de los grupos de referencia.

A partir de entrevistas en profundidad a 1.800 periodistas de 356 medios de comunicación se concentran en encontrar, tomando una escala multidimensional de 21 ítems, las diferencias y las similitudes en esas percepciones, de acuerdo con los contextos específicos de trabajo, el tipo de estructuras organizativas de los medios y los sistemas mediáticos de cada país. El resultado de este estudio es que son los factores políticos y económicos los que tienen una mayor influencia en el trabajo de los periodistas y que, en cuanto a las influencias políticas, se puede demostrar que están estrechamente relacionadas con indicadores objetivos sobre libertad política y sobre estructura de propiedad de los medios. Las influencias económicas, concluyen, tienen más incidencia en medios privados que en medios públicos, pero no están relacionadas con la libertad económica de los países. Con respecto a las influencias organizacionales, profesionales y de procedimientos, así como en relación con el impacto de los grupos de referencia, no se dan grandes diferencias entre los países.

Estos resultados son consistentes con las tesis que promulgan que allí donde el ejercicio del periodismo afecta de cerca el ejercicio del poder, surge una necesidad apremiante de vigilancia y control, no solo de carácter político, sino también derivada de la misma propiedad de los medios informativos (McQuail, 2010, p. 60). A esto se suma una tendencia de comienzo del siglo XXI a culpar a los medios de ciertos males de la sociedad, asociándolos con fenómenos como la protesta política violenta, el terrorismo internacional y los disturbios del orden público (McQuail, 2010, p. 75).

A partir de los hallazgos de una investigación como la anterior, Hanitzsch y Mellado (2011) notan que hay aspectos que resultan relevantes para la discusión teórica sobre la autonomía y las influencias en el trabajo del periodismo. Uno de ellos es que en relación con los procesos de globalización se tiende a suponer una cierta unidad entre las culturas periodísticas, pero lo que se observa en la realidad es que prevalecen diferencias sustanciales entre los distintos países y contextos. De ahí que estos investigadores sugieran la necesidad de hacer estudios prospectivos que contribuyan a profundizar en las diferencias entre las percepciones de los periodistas sobre las influencias que reciben en su trabajo y las realidades objetivas de una limitada autonomía del periodismo. El referente teórico de este trabajo es que las percepciones pueden variar entre sociedades dependiendo de los contextos políticos y sociales en los que los periodistas trabajan, de la naturaleza del Estado, de las relaciones existentes entre intereses económicos y políticos y del desarrollo de la sociedad civil, tal como lo han observado autores como Hallin y Mancini (2008).

En general, los distintos estudios con el enfoque puesto en las percepciones de los periodistas arrojan clasificaciones con alguna variación, pero muestran también ciertas constantes relacionadas con influencias derivadas de factores individuales, de las rutinas de los medios, del tipo de organización informativa, de factores externos a los medios y de factores ideológicos. Estudios como los de Voakes (1997) relacionan las presiones con decisiones de carácter ético en la cotidianidad de la labor periodística y allí encuentran siete tipos de influencias sociales:

i. Individual

ii. De pequeños grupos

iii. De la organización

iv. De la competencia

v. Laborales

vi. Externas a los medios

vii. Legales

La literatura especializada en comunicación de masas y periodismo ha trabajado ampliamente como objeto de estudio la problemática de las presiones y las restricciones que recibe la labor periodística, en la medida en que la independencia y la autonomía son dos pilares de esta profesión. Es un área en la que hay cierta variedad en el tipo de estudios y, a su vez, grandes desacuerdos. Hanitzsch y Mellado (2011, pp. 405-409) los recogen en un panorama en el que dan cuenta de los principales autores y tendencias, tomando en cuenta que es creciente una línea de estudio y de preocupaciones por las influencias de carácter sistémico, que combinan influencias sociales, culturales e ideológicas, gremiales, políticas y legales. De este último grupo destacan los trabajos de Berkowitz et al. (2004); Hallin y Mancini (2008, 2012); Preston y Metykova (2009); Weaver (1998) y Zhu et al. (1997). Del conjunto de trabajos, señalan por sus aportes los que estudian las presiones políticas (Blummer y Gurevitch, 1995; Cook, 1996; Czepek, Hellwig y Nowak, 2009b), coerciones de tipo económico (Bagdikian, 1983; Benson y Hallin, 2007; George, 2007; McManus, 2009; Whitney et al., 2004) y las derivadas de las estructuras internas de las redacciones de los medios y de las rutinas periodísticas (Altmeppen, 2008; Breed, 1955; Esser, 1998; Sigelman, 1973). Desde el punto de vista de los aportes conceptuales al tema, destacan las contribuciones de Shoemaker y Reese (1996), McQuail (2000), Preston (2009) y Ettema (2007). Lo que notan Hanitzsch y Mellado (2011, p. 406) es que las grandes divergencias en enfoques y resultados se dan en la importancia relativa de la influencia de cada uno de los tipos de presiones antes mencionados.

Cabe anotar que buena parte de las investigaciones en este campo profundizan en estudios de caso, en países o regiones. Para Asia Central, por ejemplo, estudios recientes revelan que muchos de los esfuerzos por desarrollar un periodismo independiente han tropezado con obstáculos políticos y económicos que han desembocado en procesos de autocensura, un fenómeno que, como en otras geografías, florece con gran vigor (Kenny y Gross, 2008, p. 515).

Hay una circunstancia nueva, todavía muy poco documentada en los estudios de restricciones al ejercicio periodístico, relacionada con la polarización de las audiencias, algo que viene demostrando un efecto nocivo sobre los medios informativos. En la medida en que crece una imagen negativa de parte del público hacia los medios en general y una pérdida de confianza hacia el periodismo, las presiones desde las audiencias empiezan a manifestarse, muchas veces con actos de violencia (Hanitzsch, 2013, p. 208).

Una vertiente de estudios muy sólida, en la que no se profundiza en este trabajo, tiene que ver con la incidencia de los cambios en la propiedad de los medios y con la influencia de las corporaciones multinacionales, de los grandes conglomerados económicos y del sistema financiero sobre el sector mediático y los contenidos informativos, mermando la vocación de interés público que debería caracterizarlos (Almirón, 2010). En este ámbito son relevantes los aportes de Herman y Chomsky (2002), quienes detallan los filtros del poder que influencian con intensidad el trabajo de los periodistas. Esto tiene relación con lo que podría ser una cara oscura del periodismo cuando dominan fuerzas económicas y comerciales, como lo han planteado Almirón (2010), Anderson y Ward (2007), Davis (2007) o McNair (2001). Estas presiones desembocan en tendencias que llevan a que tomen fuerza opciones como la del infoentretenimiento o el privilegio de la información “suave”, menoscabando con ello el tipo de información que se requiere en una democracia, o las que merman la autonomía bajo el dominio de las relaciones públicas y las comunicaciones estratégicas.

Hay un tipo de controles especialmente problemáticos asociados a las circunstancias que establecen los conflictos armados internos, las guerras, las crisis o las catástrofes naturales. La libertad de la que goza la prensa en tiempo de paz con dificultad puede ser igualmente garantizada en dichos momentos. Durante tiempos de crisis o de emergencias nacionales las libertades de las que gozan las sociedades entran bajo presión con el objetivo de su propia protección en el largo plazo (Steel, 2012, p. 126). El concepto que domina en este debate es el de “seguridad nacional”, mediante el cual se habilita a los Estados a tomar medidas que terminan afectando el trabajo periodístico. Como bien lo explica Steel (2012, p. 126), el término está vinculado históricamente a la noción de seguridad militar, pero se ha vuelto amorfo, ya que proteger la seguridad nacional hoy es algo que rebasa los imperativos militares de la época de la Guerra Fría y se ubica en el marco de acción de iniciativas internas de los Estados, razón por la cual han aumentado las preocupaciones de quienes defienden la libertad de expresión. Para Steel, la paradoja en estas circunstancias es que la libertad de prensa es particularmente importante y vital en periodos de crisis, ya que las decisiones que se toman en esos momentos pueden producir profundos cambios para los países y su gente.

Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 el conflicto entre la seguridad nacional y las libertades de expresión y de prensa resurge como tema central en los estudios del periodismo, especialmente por la evaluación que merecen el conjunto de legislaciones que afectan profundamente su ejercicio (Youm, 2010, p. 291) y las propias prácticas de aplicación e interpretación de estas legislaciones. Este tema y los relacionados con la libertad y el control en el mundo digital empiezan a labrar un nuevo camino en los estudios académicos sobre los temas asociados a este ámbito.

Las restricciones y el control a los medios en contextos y situaciones de violencia y conflictos armados generan otro tipo de estudios. Por un lado, aquellos que observan las características de la cobertura periodística que se hace o debe hacerse de los conflictos armados, y el por otro, los que derivan en conceptualizaciones sobre el papel del periodismo como facilitador en la resolución de conflictos y el grado de implicación que debería o no tener en ello.

En lo que parece haber un cierto consenso es en que tanto los medios como el trabajo periodístico tienen un rol significativo en situaciones de violencia. Un caso de referencia profusamente estudiado sobre la contribución que pueden hacer los medios a la intensificación de la violencia es el de Radio Mille Collines en Ruanda. Objeto de interés son las manipulaciones a los medios por los agentes en conflicto y las relaciones entre fuerzas militares y periodistas; y estudios recientes se orientan a demostrar la necesidad de un periodismo de proximidad en contextos locales de violencia, que algunos han denominado “periodismo de paz” (Hanitzsch, 2011), con lo que se profundiza el debate de si el periodismo debe ser parte de los procesos de resolución del conflicto o sostener al máximo su independencia (Wolfsfeld, 2003; Gilboa, 1998, citados por Tumber, 2006). A ese debate contribuye un hecho como la significativa presencia de cooperación internacional orientada a apoyar el desarrollo de medios de comunicación en zonas de conflicto o en periodos de transición. El impacto de la formación de periodistas en estos contextos demuestra las grandes dificultades que supone entrenarlos y luego hacer sostenible una labor periodística de calidad en este tipo de sociedades (Becker, McConnell y Punathambeker, 2002; Kumar, 2006; Napoli, 2006; citados por Brooten, 2006, p. 360).

Un buen ejemplo de ello es el trabajo de Shik Kim y Hama-Saeed (2008), quienes demuestran cómo después de la caída del régimen de Sadam Husein, en abril de 2003, los medios de comunicación iraquíes fueron testigos de un notable crecimiento en número y diversidad y que, desde la mirada de Occidente, la invasión fue señalada como una forma de liberación en términos de libertad de prensa. Sin embargo, los autores evidencian que los medios de comunicación iraquíes post-Husein operan bajo diferentes restricciones gubernamentales, presiones de los partidos políticos y de los grupos religiosos, y los periodistas están bajo constantes amenazas de asesinato y secuestro.

La situación de vulnerabilidad de los periodistas y su contraparte en términos de sistemas de protección y autoprotección ha sido sujeto de revisión histórica por Lisosky y Henrichsen (2009), quienes han demostrado que no existe ningún método integral para proteger a los periodistas que sea universalmente aceptado frente a un problema global que, según las autoras, genera cada vez mayor atención internacional. En el caso de la cobertura internacional de conflictos, aparte de los asuntos de seguridad y protección, hay frecuentes restricciones a los periodistas internacionales por parte de los gobiernos que desean controlar el flujo de la información que sale de sus países. En estas situaciones, las plataformas web 2.0 en la actualidad demuestran ser de gran utilidad para enlazar salas de redacción locales cuando a los periodistas se les niega el ingreso a los países (Volkmer y Firdaus, 2013, p. 105).

A lo anterior se suma una larga tradición académica en el estudio de las relaciones entre el periodismo y la guerra, y el cubrimiento y las prácticas periodísticas en estos escenarios; otro tanto en las relaciones entre terrorismo y medios de comunicación, en lo que no se profundiza en este trabajo. La literatura en este campo, documenta Tumber (2006), arroja debates que incluyen definiciones de guerra, terrorismo y resolución de conflictos, esfera pública, economía política; o asuntos como el manejo de la información, el rol de los medios, las competencias periodísticas, la objetividad o la relación del periodista con las fuerzas militares y las partes en confrontación.

Ahora bien, en cuanto al seguimiento, documentación y visibilización de las agresiones a los periodistas y a los medios, los trabajos se derivan, principalmente, de organizaciones de defensa de la libertad de expresión y se ubican en una línea de investigación denominada “análisis empírico de la libertad de expresión” que se aborda más adelante en el apartado sobre el periodismo y las libertades de expresión, prensa e información. Sin embargo, lo que resulta claro en el panorama actual de los estudios del periodismo es que las miradas a los controles e influencias asociados con violencia contra los periodistas son un campo abierto a la investigación. La ausencia de trabajos es notable a nivel internacional y solo en 2015 empezó a notarse un despertar del interés de los académicos movidos por el impulso de Unesco a una agenda de investigación académica en seguridad de periodistas orientada a aportar conocimiento del fenómeno en el marco del “Plan de acción de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad”, aprobado en 2012.

Aun así, hay que señalar que la violencia contra los periodistas aparece como tema de estudio principal o secundario, la mayoría de las veces, en investigaciones que articulan el ejercicio del periodismo con la libertad de expresión como derecho universal. Se encuentran trabajos que evalúan indicadores de libertad de expresión (Becker, Vlad y Nusser, 2007; Charron, 2009; Peksen, 2010; Carter, 2003) o percepciones de la libertad de expresión por parte de los periodistas (Himelboim y Limor, 2008); y otros que observan y categorizan las presiones y amenazas a los periodistas en determinados contextos —por ejemplo, Hanitzsch y Mellado (2011), en América Latina; Shik Kim y Hama-Saeed (2008) en Irak; Becker (2004), en Rusia; Brooten (2006) en Myanmar; Kenny y Gross (2008) en Asia Central; Stewart (1986) y Wasserman (2010) en Sudáfrica y Namibia— o que analizan grados de riesgo y sistemas de protección (Perkins, 2001). Por su parte, la impunidad en los crímenes de periodistas ha sido observada por Jorgensen (2009); los crímenes de periodistas como epidemia de salud pública, por Riddick, Thomson, Wilson y Purdie (2008) y las manifestaciones contemporáneas de censura y autocensura por Lee y Chan (2009) en Hong Kong; Nadadur (2007) en Pakistán; Simons y Stovsky (2006) en Rusia y Tong (2009) en China.

Himelboim y Limor (2008) investigan las percepciones sobre la libertad de prensa que tienen quienes la practican, es decir, los periodistas y los medios de comunicación, a partir de un análisis de las referencias a la libertad de prensa en los códigos de ética en todo el mundo. De acuerdo con las características de las distintas organizaciones mediáticas y de la situación político-económica de los países considerados, demuestran que los periodistas expresan su preocupación acerca de su libertad no necesariamente relacionándola con el nivel de libertad de prensa imperante en sus respectivos países.

La realidad que se observa en la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI relacionada con las presiones que ejercen al oficio periodístico la criminalidad organizada, los actores armados y las fuerzas de diverso tipo asociadas a actividades de corrupción en ámbitos locales, algo que resulta de singular importancia en esta investigación, empieza apenas ahora a ser un tema de interés académico, debido a la situación de países como México, Rusia, Colombia, Honduras y Azerbaiyán.

Las estadísticas y tipologías de asesinatos de periodistas en la primera década del siglo XXI han sido estudiadas fundamentalmente por organizaciones defensoras de la libertad de expresión, y analizadas por Riddick et ál. (2008), con un enfoque que llama la atención por deslindarse de las investigaciones específicas del campo del periodismo y de los medios de comunicación. Estos autores buscan describir lo que ellos denominan una epidemia internacional de homicidios de trabajadores de los medios, e investigar los factores y niveles de riesgo de acuerdo con los países en los que trabajan los periodistas a partir de los datos sobre los homicidios ocurridos entre 2002 y 2006 recogidos en cinco bases de datos internacionales (Comité de Protección de Periodistas, Reporteros Sin Fronteras, Unesco, International News Safety Institute e International Press Institute), y correlacionar dichos datos con índices internacionales existentes, relacionados con el desarrollo humano y el funcionamiento social y político de los Estados (“Índice de Desarrollo Humano”, de Naciones Unidas; “Índice de Percepción de Corrupción”, de Transparency International; “Índice de Terror Político”, del Stockholm International Peace Research Institute, e “Índice de Estados Fallidos”, de Foundation For Peace).

Riddick et ál. (2008, p. 685) utilizan el análisis de regresión logística para examinar las posibles asociaciones entre la ocurrencia de cualquier homicidio de un trabajador de los medios de comunicación en un país y los índices antes nombrados; también emplean el análisis de regresión de Poisson para identificar vínculos significativos entre el logaritmo de la tasa de homicidios nacional y cuatro de los índices nombrados. Concluyen que en gran medida los trabajadores de los medios asesinados eran nacionales del país en el que perdieron la vida y que hay conexión entre los homicidios y aspectos como un Estado fallido, situación pobre con respecto al respeto de los derechos humanos, terror político, existencia de grupos armados fuera de control, corrupción y malos gobiernos. Sin embargo, plantean la pregunta de por qué algunos países con muy altos niveles de terror político y corrupción, y con gobiernos muy deficientes, no reportan homicidios de trabajadores de los medios, como en los casos de Burundi, la República Centroafricana, Chad, Egipto, Etiopía, Liberia, Corea del Norte, Uzbekistán y Zimbabue. Parte de la respuesta a esta pregunta, dicen los autores, es la relativa ausencia de medios de comunicación, el bajo número de trabajadores de medios, los altos niveles de autocensura y las elevadas tasas de encarcelamiento.

Al considerar la tasa de homicidios de trabajadores de los medios en todos los países, parece que la capacidad de los gobiernos para controlar grupos armados puede ser un factor relativamente importante, ya que si los gobiernos ejercen ese control, es más factible garantizar entornos de trabajo seguros. Demuestran que menos del 25 % de los homicidios ha dado lugar a una detención o enjuiciamiento. Las implicaciones políticas en una situación como el asesinato de periodistas tienen que ver con que de ella se derivan la autocensura y la pérdida de las libertades civiles, algo que crea un efecto negativo en muchos niveles de la sociedad, incluido el desarrollo de la salud. De ahí la necesidad, plantean Riddick, et al. (2008, p. 687), de que la comunidad aliente a los gobiernos a dar seguimiento a los homicidios de periodistas, a realizar investigaciones a fondo y, cuando sea posible, a enjuiciar a los autores.

Un aporte valioso de ese trabajo es su enfoque en la medida en que estudia el tema desde la perspectiva de las implicaciones que los homicidios tienen para el desarrollo socioeconómico y como indicador determinante de la salud de una sociedad. Que autores provenientes de otras disciplinas, como la salud pública, se interesen por la violencia contra los periodistas y se atrevan a hablar de los homicidios de periodistas como una epidemia, para el periodo estudiado, contribuye a llamar la atención y a dar relevancia al tema en el propio ámbito académico de la comunicación, donde este ha sido poco explorado.

Otro tipo de enfoque tiene que ver con observar las alternativas que el derecho internacional presenta frente a los asesinatos de periodistas. Perkins (2001) analiza los casos de asesinatos de periodistas en América Latina presentados ante los tribunales internacionales de derechos humanos y muestra cómo la jurisprudencia que se deriva de estos tribunales ofrece una nueva arma en la lucha contra la violencia hacia los periodistas y los medios. Mendel (2008) aporta elementos desde la perspectiva de la jurisdicción internacional, anotando que hay dos cuerpos que pueden aplicarse en el contexto de la seguridad de los periodistas. El primero, el de las normas relativas a los derechos humanos, y el segundo, el de las que provienen del Derecho Internacional Humanitario y se aleja de la concepción general de que las primeras se suspenden en tiempos de guerra y ahí es cuando entran a operar las segundas, ya que, desde su perspectiva, los derechos humanos son aplicables también en tiempos de guerra.

Jorgensen (2009) sugiere que la impunidad en crímenes de periodistas es peor en contextos de crisis política y bajos niveles de ingreso per cápita, y que la prevalencia de la impunidad disminuye drásticamente cuando hay libertad de prensa. En esta medida, la libertad de prensa puede ser una herramienta eficaz en la reducción de la impunidad en democracias formales.

8 Traducción libre de la autora.

9 Traducción libre de la autora.

10 Traducción libre de la autora.