La oposición al franquismo en el Puerto de Sagunto (1958-1977)

Entramos con diez horas de trabajo cada día y el domingo ocho. El sábado y todo incluido. Hicimos 68 horas. Y ganábamos a la semana unas 70 pesetas. No había ni… En el kiosco aquí comprábamos el tabaco, la botellita de vino y quedaban 25 pesetas para la semana. Y no había nada.¹⁰⁵

A ello cabe añadir las duras condiciones de trabajo en Altos Hornos, que, en no pocas ocasiones, provocaban accidentes de trabajo de trágicas consecuencias. Enfermedades como la silicosis y el cáncer de pulmón representaban una consecuencia habitual de largos años de duro trabajo. La intervención del Estado en las condiciones del lugar de trabajo se limitaban a la mínima expresión y no había una eficaz y rigorosa protección laboral. Hasta bien entrada la década de 1960 no dispusieron los trabajadores (que diariamente trataban con hierro fundido de una temperatura de 1.450°C y respiraban gases tóxicos) de vestimenta adecuada ni de cascos, guantes o mascarillas; de la misma manera, faltaban lavabos o aseos. En el Reglamento de Régimen Interior de 1959 se pueden encontrar (Capítulo XI sobre Seguridad e Higiene en el puesto de trabajo) una larga lista de obligaciones que los trabajadores debían observar, si bien en lo referente a las medidas de protección que los empresarios debían aplicar las afirmaciones no dejan de ser muy vagas. Así, la empresa estaba obligada a tener disponibles gafas especiales, guantes o cascos únicamente en los casos en que, en su parecer, la utilización de éstos fuera estrictamente necesaria.¹⁰⁶ A lo largo del presente trabajo veremos cómo precisamente los elementos de protección eran el motivo principal de queja ante la empresa por parte de los trabajadores, cuya lucha por la mejora de las condiciones laborales se convertiría en el leitmotiv de la futura política de negociación en la empresa.

Durante las décadas de 1940 y 1950 no cambió nada en la dura situación de los trabajadores y la impotencia ante los omnipotentes sindicato y patronos. Para aquéllos el Sindicato Vertical no dejaba de ser un órgano adicional de represión, que les obligaba a obedecer al régimen. Tampoco en las dos décadas siguientes, con la introducción de novedades presuntamente democráticas, la OSE llegó a ser un verdadero representante de los trabajadores. Hasta 1958 el conflicto individual, es decir, la negociación directa de un trabajador con su superior fue la vía permitida legalmente al trabajador para expresar su malestar con las condiciones de trabajo: «Pues sí, se protestaba, pero no como antes cuando estaba la CNT […]. Se protestaba a los mismos encargados si decían algo o hacías alguna cosa que no… Entonces te explayabas con ellos».¹⁰⁷ La legislación como la franquista que no cesaba de evocar la armonía social no podía permitirno aceptabaen absoluto la existencia siquiera del conflicto colectivo; razón por la cual no había tampoco plataformas de negociación en el interior del sindicato o de la empresa.

La represión institucionalizada

[A]quí había una brigadilla que se llamaba «la Investigación Criminal», que controlaban a todos los movimientos sindicalmente. Y por fuera, yo tenía que estar hablando con un compañero, tenías que estar como cuando te pica algo, mirando cuando viene alguien… porque te podían coger y llevarte a la policía.¹⁰⁸

Con la construcción del régimen franquista y la institucionalización y legalización de la represión España entró en una nueva dimensión de la violencia política. Si la guerra civil había servido a las fuerzas de derecha para defender y consolidar su postura contra las temidas reformas revolucionarias de la República, la consecuencia era que, acabada aquélla, para mantener el poder en el nuevo régimen se hiciera necesaria una represión continuada. La esencia política fundamental del Estado franquista descansaba en un aparato represivo sistemático, apoyado por sectores tradicionales de la sociedad española y basada en un marco legislativo ficticio-legítimo. Con su naturaleza represiva y su legalidad aparente, el Estado franquista estuvo casi siempre a lo largo de toda su existencia en estado de excepción y nunca fue, pese a todas sus afirmaciones en sentido opuesto, un estado de derecho. De hecho, hasta 1948 la dictadura mantuvo vigente el estado de guerra, que iba acompañado de un recorte adicional de los derechos civiles y de una intensificación de la persecución de los opositores.

La Ley de Responsabilidades Políticas, de 1939, fue un importante pilar en el marco legislativo de la represión. Hasta 1963 se podía perseguir a todos los opositores políticos que, de una u otra forma, «contribuyeron a crear o a agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España y de aquellas otras que, a partir de la segunda de dichas fechas, se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave».¹⁰⁹ Con esta ley se ilegalizó a todos los partidos y agrupaciones políticas integrados en el Frente Popular republicano o aliados con éste, a quienes el Estado les expropió además sus bienes.¹¹⁰ Las penas para «delitos» abarcaban desde la imposibilidad de ejercer una profesión, pasando por la limitación de la libertad de movimientos, el destierro y la expropiación, hasta la pérdida de nacionalidad para aquellos que «no merecen el honor de seguir siendo españoles».¹¹¹ Para la correcta aplicación de las sanciones en armonía con los preceptos legales y bajo el vigilante ojo del gobierno se creaban tribunales, compuestos por representantes del Ejército, la administración civil y FET y de las JONS.¹¹²

El siguiente paso en la institucionalización de la represión fue la promulgación por parte del consejo de ministros en marzo de 1940 de la Ley sobre Represión de la Masonería y el Comunismo, al menos formalmente vigente hasta 1964, si bien desde 1963 con la creación de tribunales civiles, los Tribunales de Orden Público (conocidos por sus iniciales: TOP), dejó de aplicarse. En su artículo 12 se determinaba el establecimiento de tribunas especiales para la persecución de delitos relacionados con el comunismo y la masonería.

La Ley de la Seguridad del Estado ampliaba la jurisdicción de la legislación penal a aquellos delitos considerados alta traición y que hicieran necesaria la aplicación de la pena de muerte: «En ella tienen sanción severa y oportuna los delitos contra la seguridad interior y exterior del Estado y contra el Gobierno de la nación y establece la pena de muerte para los delitos de traición […]».¹¹³ La Ley de la Rebelión Militar, de marzo de 1943, posibilitaba acusar a los instigadores de conflictos laborales bajo la excusa de rebelión militar. La Ley de definición y represión de delitos de bandidaje y terrorismo, de mayo de 1947, suponía la coronación del marco legal y posibilitaba la intervención de tribunales militares, los llamados consejos de guerra, en procesos de carácter estrictamente político-civil.¹¹⁴

En 1941 la Ley de Reorganización de los Servicios de Policía dividió la policía en Policía Armada, así como en General de Policía, es decir, en policía armada y policía de investigación. La primera, conocida popularmente por el color de sus uniformes como los grises, era un cuerpo fuertemente militarizado cuya actuación se centraba especialmente en las grandes ciudades y que, durante la primera década de la dictadura, tuvo, junto con la Guardia Civil, una participación activa en la lucha contra la guerrilla. A partir de finales de la década de 1950 los grises se dieron a conocer por su intervención en huelgas obreras y manifestaciones estudiantiles. La General de Policía, no uniformada, se componía a su vez de policía criminal y policía secreta, y sobre todo la Brigada Político-Social tendría un papel clave en el aparato represivo del régimen franquista.¹¹⁵

Es muy cierto que numerosas instituciones y prácticas jurídicas, como por ejemplo la jurisdicción militar en los consejos de guerra y la proclamación del estado de excepción, existían con anterioridad y fueron empleadas también ya en tiempos de la República. El aparato policial subdivido en dos no sería, según Ballbé, sino la institución sucesora de las antiguas Policía de Seguridad y Policía de Asalto. De igual manera, la Guardia Civil no habría experimentado desde su fundación ninguna modificación reseñable en su estructura militar, y dos de los principales generales rebeldes del 18 de julio eran comandantes en jefe de dicho cuerpo militarizado.¹¹⁶ Sin embargo, pese a toda continuidad institucional, no cabe olvidar que en el régimen franquista, a causa del carácter pseudo-legítimo de su legislación, no se alcanzó nunca una normalidad constitucional: como hemos mencionado anteriormente, no hay más que recordar que el poder del Caudillo sólo estaba limitado por su propia voluntad. En un Estado, en el que se hacía uso frecuente del estado de guerra, la jurisdicción militar era uno de los puntos de apoyo para el mantenimiento del orden público. El excesivo recurso a los tribunales militares, la ausencia de una defensa adecuada y la condena según la Ley de Rebelión Militar eran expresión de la arbitrariedad franquista. Los tribunales militares de la dictadura se convirtieron en una «auténtica farsa» de la justicia institucionalizada, en la cual todos los actoresa excepción del propio acusadopertenecían a una misma institución: el Ejército.¹¹⁷ Sólo en 1942, el Consejo Supremo de la Justicia Militar dictaminó 150 penas de muerte o de prisión para opositores exclusivamente políticos, unas 200 en 1943 y alrededor de 120 en 1944. Las estimaciones más moderadas calculan que desde 1939 los tribunales militares condenaron a muerte a cerca de 22.000 republicanos, pero otros estudios han demostrado que la cifra de los opositores ejecutados sin proceso ordinario supera los 100.000.¹¹⁸ Ni siquiera la Alemania nazi alcanzó en su represión de opositores exclusivamente políticos semejantes dimensiones.¹¹⁹

La BPS o BIS (como se conocía abreviadamente a la policía secreta) era la principal arma del régimen en su lucha contra derechos democráticos como la libertad de reunión, la libertad de expresión y también contra el derecho a la inviolabilidad de la dignidad humana. Podían detener y mantener presas, ajustándose a derecho, a personas totalmente inocentes (abusando del Estado de excepción se podía prolongar a voluntad el límite habitual de 72 horas), fabricar arbitrariamente pruebas de su culpabilidad y hacer que se las condenara a penas que iban «des de la privació de llibertat fins la mort».¹²⁰

Los «delincuentes» detenidos se veían privados de todo contacto con el mundo exterior y se dejaba a sus familiares y amigos en la duda sobre su paradero y destino. Antes de que se pudiera llegar a juicio el condenado ya había estado sometido en no pocas ocasiones a desmoralizantes torturas, que abarcaban desde insultos al maltrato físico. El sumergimiento repetido de la cabeza bajo agua hasta prácticamente ahogarse, la aplicación de descargas eléctricas o apagar colillas encendidas en la piel del detenido formaban parte de los habituales métodos de tortura. Un testimonio del Puerto de Sagunto nos informa sobre la estancia en prisión de un amigo suyo, Abelardo Gimeno, luchador comunista clandestino y organizador de las primeras células del PCE en la región:

A Abelardo Gimeno Lara lo meten en un cuarto, entran dos policías y le dicen: «¡Quítese usted la camisa! ¡Quítese usted los pantalones, quítese usted los calzoncillos!». Y cuando él estaba desnudo, entra otro policía y pregunta: «¿Éste quién es?». «Pues éste es un vulgar comunista. Míralo, ¡desnudo!». «¿Cuántos años tiene usted?». «46». «¿Y no le da vergüenza estar desnudo?». Le tiran un capazo de garbanzos en la celda y dicen que se ponga de rodillas y ande por encima de los garbanzos. Que quiere, que pruebe a hacer eso. Como este caso hay varios; el maltrato psicológico, brutal.¹²¹

También la Falange desempeñó un papel clave en el aparato de vigilancia del régimen; de hecho, una sección especial del Partido, la Delegación Nacional de Información e Investigación se dedicaba al espionaje de supuestos opositores al sistema. En casi todas las esferas de la vida pública se podía encontrar a los denominados chivatos, muy especialmente en los semilleros potenciales de opositores, como fábricas y núcleos de población industriales. No era fácil identificar inmediatamente a los chivatos, quienes a menudo conseguían infiltrarse en asambleas u organizaciones ilegales. Un antiguo chivato de Puerto de Sagunto describe su modus operandi:

S.: El jefe de información [el entrevistado] no tenía por qué vigilar a los de Falange […]. Era otra gente que había sido de la CNT, de la UGT o de la FAI, para ver cómo se portaban y cómo…

E.: Vamos a ver: ¿Su función era denunciarlo a quién? ¿A Valencia? S.: Sí […] Al jefe mío. Era de Falange. Era alférez provisional de los Nacionales.

E.: Entonces usted transmitía eso y ¿quién actuaba? ¿Quién venía aquí a actuar?

S.: Venía a actuar la policía secreta y la policía de aquí. E.: Usted no, ni Falange se metían… Quiero decir, si cogían a alguno por ahí y usted decía: «este señor está haciendo eso» y desapareciera del mapa, eso lo hacía la policía.¹²²

La presencia constante de chivatos y fuerzas de policía hacían casi imposible las concentraciones e incluso una conversación entre tres o cuatro personas en la calle levantaba la sospecha de la conspiración. La vigilancia alcanzó un alto grado de efectividad y era prácticamente omnipresente, como nos han confirmado numerosos testimonios entrevistados. La coordinación entre espías del partido y fuerzas de policía encontraba su punto máximo en la represión de manifestaciones. Informados con tiempo por los chivatos de los planes de los activistas clandestinos, las fuerzas de policía empezaban de buena mañana con el dispositivo para asegurar y sellar una zona:

A las seis de la mañana aparecía la policía. Todo lleno de policía, la Guardia Civil. Se ponían en todas las esquinas, las plazas… Sabían que la manifestación iba a pasar. Yo salgo un día del turno de noche con mi bici y a las seis de la mañana ya están aquí. Y no me dormía, pensando en la manifestación. Y los cogían a todos, la represión y la gente… y pegaban palos, y de esa manera, pero la gente tenía que ir e iba.¹²³

Recapitulando se puede establecer que el aparato represor, legitimado por el marco constitucional pseudo-legal del régimen franquista en las décadas de 1940 y 1950, hacía prácticamente imposible cualquier actividad opositora. La represión era arbitraria, impenetrable y manipulada en gran medida por parte de fuerzas políticas, militares y espías del partido. Si bien los franquistas pudieron aprovecharse para la construcción de su aparato policial de estructuras organizativas y jurídicas de las instituciones predecesoras de época monárquica y republicana, lo cierto es que la naturaleza del cuerpo policial franquista tuvo un carácter extraordinariamente represivo. La insólita brutalidad de las medidas represivas y su legitimación ficticiolegal a través de un marco legislativo, así como la existencia de un efectivo sistema de infiltración, constituyen una novedad en la historia española moderna y cabe buscar sus orígenes en el ejemplo de la Alemania nacionalsocialista. De forma semejante a la de otras dictaduras militares del siglo xx, el Estado de excepción y la utilización de tribunales de guerra fueron válidos para juicios de origen exclusivamente político en el «mantenimiento del orden público» y para el control del opositor político. Hasta la introducción de los Tribunales de Orden Público, los procesos estaban sujetos a los consejos de guerra y la jurisdicción estaba en manos de militares y no de juristas. Los condenados se convirtieron en víctimas de maltratos psicológicos y/o físicos, no eran informados de detalle alguno sobre la duración de su prisión preventiva, el inicio del proceso y carecieron de la posibilidad de una defensa adecuada.

De la reorganización a la escisión. La oposición en las décadas de 1940 y 1950

En aquellas fechas, en los primeros años 50 había poca cosa, la conflictividad luego ya se puso a los sesenta y por ahí, cuando empezó […]. Además había un sindicato vertical, que no… Estaba al servicio de las empresas y entonces la gente, porque los líderes y todo eso de la lucha obrera, porque les habían descabezado, los que no les habían matado, se murieron en las cárceles, los que murieron en la guerra… o sea el movimiento obrero no tenía líderes, no había gente que hubiera…¹²⁴

Con la victoria franquista y la entrada en vigor de las ya mencionadas leyes para la persecución de opositores, la Falange Española Tradicionalista y de las JONS se convirtió en la única organización política permitida en el régimen de Franco. También en Valencia, pese a su larga tradición «roja» con una predisposición contraria al partido fascista, la cifra de afiliados de éste creció de forma notable. Sólo en el año 1940 el partido único contó con la entrada de 13.115 nuevos miembros. En el punto 6 del programa del partido los fascistas definían su idea del Nuevo Estado «se abolirá implacablemente el sistema de los partidos políticos con todas sus consecuencias: sufragio inorgánico, representación por bandos en lucha y Parlamento del tipo conocido».

Con el final de la guerra comenzó para todas las agrupaciones políticas que no encajaban en la «armonía social» de la Falange, un periodo de persecución, el exilio, muchos intentos fallidos de reorganización hasta una extinción casi completa. La Ley de las Responsabilidades (1939) y la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo (1940) justificaban la eliminación de las centrales de todos los partidos y sindicatos, el desarme, la detención y/o ejecución de sus militantes, la disolución de sus activos y bienes y la destrucción psicológica y moral de los vencidos. Los fundamentos de la movilización obrera, la UGT y la CNT -otras tan influyentes en el País Valencianofueron debilitados de una manera tan persistente por la política represiva de las dos primeras décadas de la dictadura, que no serían capaces de plantear una verdadera oposición al régimen y no se recuperarían hasta la Transición.

Numerosos partidarios del Frente Popular, entre los cuales también el propio Gobierno, sólo pudieron escapar de la represión a través de la huida al exilio en Francia, Gran Bretaña o México. Sin embargo, la situación de los exiliados en Francia empeoró sustancialmente con la invasión alemana del año 1940 y el acuerdo entre Franco y Hitler en la cuestión de la entrega o internamiento de los refugiados españoles en campos de concentración alemanes. Al igual que los luchadores sindicalistas que habían quedado en España, los que habían sido presos en Francia comenzaron hasta la liberación de Francia en las cárceles con los primeros intentos de reorganización. La UGT trasladó su central sindical a Toulouse, en el sur de Francia (ciudad en la cual celebró sus congresos hasta el final de la dictadura) y buscó la formación de una alianza con los restantes grupos del exilio. Pero la profunda división de las izquierdas españolas continuó también en el exilio.

En 1944 la situación internacional había cambiado hasta tal punto respecto a la de 1939 que, con la cada vez más probable victoria de los aliados, se crearon esperanzas de un posible derrocamiento del régimen franquista. Inspirados en esta creencia las fuerzas de izquierda del Frente Popularcon la exclusión de los comunistasiniciaron la formación de una coalición, la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas (ANFD) para coordinar la guerra de guerrillas. Los comunistas, que habían trasladado su central a Moscú, dirigían la lucha de guerrillas con la ayuda de agrupaciones regionales, como la Agrupación de Aragón en el caso de Valencia.¹²⁵ La presencia de los denominados maquis, como se denominaba a las guerrillas comunistas, era en la región de Valenciaen comparación con otras zonas españolasbastante grande y fue perseguida por las autoridades franquistas con especial dureza.

La mayor parte de los líderes de UGT que habían permanecido en España estaba, al acabar la guerra, en prisión. La rápida reorganización de un comité central y de la Alianza Obrera de Levante fracasó definitivamente en 1945. La dirección sindical de la organización clandestina al completo (59 miembros de la UGT) fue sorprendida por una redada policial de grandes dimensiones y acabó en la prisión provincial. Toda esperanza de poder reestructurar el sindicato prohibido a escala nacional quedó reducida a cenizas en 1948 con la detención a nivel nacional de 600 militantes. La dirección del exilio en Toulouse había acordado previamente el nombramiento de un secretario general para Madrid, que, como se supo más tarde, trabajaba como topo de la policía.¹²⁶ Las incesantes oleadas de detenciones llevaron a los activistas restantes del sindicato socialista, dispersado y desarticulado, a un estado de miedo y parálisis hipnótica. Los topos de la policía y la incapacidad de la dirección del sindicato para llevar a cabo un replanteamiento de la estrategia (es decir, para infiltrarse en el aparato sindical de la dictadura) conformaron en Puerto de Sagunto un marco en el que la UGT carecía de cualquier posibilidad de tejer una red ilegal de trabajadores.

La organización de los Sindicatos de la UGT tropieza con grandes dificultades en primer lugar por la represión que se ejerce sobre toda la organización ilegal (hay cientos de policías en las fábricas que trabajan como obreros, que tienen la misión de vigilar los movimientos de los trabajadores. Concretamente en A.H. de Sagunto, hay más de cien, y los trabajadores lo saben).¹²⁷

La situación de la CNT no era mucho mejor. Ya al final de la guerra, los anarquistas en los campos de internamiento empezaron a reorganizarse en comités, cuya función principal fue la localización de los cenetistas más destacados a nivel nacional y su evacuación para ayudarles a escapar de su detención y ejecución. En la zona de Valencia la empresa «Frutera Levantina» sirvió como tapadera para facilitar el «desplazamiento a otros lugares del país sin levantar sospechas». La empresa fracasó al cabo de pocos meses, antes de acabar el año 1939. Todos los componentes del comité fueron detenidos y su secretario general condenado a muerte. El Comité Provincial de Levante, el primer comité a nivel provincial en España, logró mantener en pie su organización durante siete meses, hasta que en junio de 1940 fue descubierto por la policía secreta. En 1941, el tercer y último intento de reorganizar la CNT fracasó de manera igualmente estrepitosa, con tribunales militares y la imposición de condenas de muerte y de prisión.¹²⁸ Indudablemente, una de las razones principales del fracaso anarquista era la feroz represión del régimen franquista, que dejó a la CNT en un estado de impotencia y de fragmentación. Sin embargo, la CNT, al igual que la UGT, cayó en el error de querer reorganizarse según los mismos modelos estructurales de antes de y durante la guerra, es decir, como una organización de masas. Por añadidura, la ausencia de dirigentes sindicales «frescos» y la constante utilización de militantes represaliados, «quemados» durante su encarcelamiento, llevaba al anarcosindicalismo «al borde de su extinción» en España.¹²⁹

Otros cenetistas pasaron a colaborar con los falangistas en la Central Nacional Sindicalista. Desde la perspectiva de la Falange, las motivaciones para aceptar a anarquistas en el Sindicato Vertical eran evidentes: la Falange se podía aprovechar de la formación y la experiencia práctica de los activistas de la CNT y sacaba además provecho de su prestigio entre los trabajadores de la siderurgia. Por otro lado, falangistas y anarquistas compartían también algunas de sus convicciones, que incluía el rechazo de los comunistas y de los partidos políticos.

A principios de los años 50 ya existían «dentro de la CNT […] claramente definidas dos tendencias», como consta en una nota confidencial del año 1951 redactada por la Jefatura Provincial de las FET y de las JONS para el secretario general del movimiento: «Uno de estos sectores, el que pudiéramos denominar CNT-FAI, de tendencia libertaria y actitud permanente subversiva, partidario de la clandestinidad y la oposicionista con relación al Régimen, es francamente minoritaria […]». Ahora bien:

Más amplia es la fracción que pudiéramos llamar «sindicalista» de la CNT […], cuya actitud es de aceptación y colaboración con la política social del Régimen y en bastantes casos de admiración personal y aun de adhesión plena para el Ministro de Trabajo […]. En primer término, Miguel Hernández, Presidente del Montepío Metalúrgico, moderado y sensato, que conserva bastante prestigio en los antiguos medios confederales, singularmente en el Puerto de Sagunto.¹³⁰

Como hemos visto en la documentación de Falange, hubo también en Valencia y en Sagunto cenetistas que colaboraron con el nuevo régimen «en relación casi constante y directa con el Excm. Sr. Ministro de Trabajo».¹³¹ Durante toda la dictadura la central anarcosindicalista rechazó cualquier colaboración de sus miembros con el Sindicato Vertical y en más de una ocasión expulsó a algunos de sus miembros por aceptar un cargo en la organización sindical española. Las razones para la cooperación en las instituciones franquistas no siempre tenían su motivación en la búsqueda de provecho personal o del éxito profesional. Muchos anarquistas se veían obligados a participar en el Sindicato Vertical por presiones de parte del régimen o de sus propios compañeros, que les nombraban para la candidatura en las elecciones sindicales. Por temor a represalias y debido a la profunda desorganización de las estructuras clandestinas de la CNT, los candidatos anarquistas no tenían, por lo general, otro remedio que aceptar su cargo y, en algunos casos, compaginarlo con su militancia anarcosindicalista. En las primeras elecciones sindicales franquistas de los años 1944 y 1947 muchos cenetistas fueron elegidos como enlaces, aunque previamente UGT y CNT habían hecho un llamamiento a boicotear las elecciones. Según Mateos:

Esta presencia no se debería a una estrategia política, sino a la necesidad de estos obreros de aceptar los cargos para protegerse de la represión policiaca. Negarse a ser candidato o rehusar un cargo electivo, con antecedentes políticos, supondría una declaración de oposición abierta a la OSE y al régimen.¹³²

A partir del año 1948, después de varias caídas de los órganos de dirección tanto a nivel regional como nacional, el movimiento cenetista clandestino, incapaz de sobreponerse, careció de cualquier tipo de estructura o coordinación.¹³³ La creciente desintegración y la participación de un número no irrelevante de sus miembros en las estructuras organizadas del sindicato vertical franquista intensificaron el debate dentro del seno de la CNT sobre el «entrismo» como táctica de lucha.¹³⁴

Las esperanzas de los republicanos en el sentido de que los victoriosos Aliados no aceptarían ya tras el final de la guerra la existencia de una España franquista se vieron pronta y amargamente decepcionadas. Si bien con la condena internacional de la ONU en 1946 España continuó aislada políticamente y excluida del Plan Marshall, lo cierto es que ya a partir de la década de 1950 se reincorporó al escenario internacional. Los efectos políticos de la Guerra Fría, intereses económicos y la búsqueda de nuevos mercados de extracción supusieron el factor principal para la aproximación hispanonorteamericana, que en 1951 cristalizó en el apoyo económico de los Estados Unidos y la firma de un pacto de defensa y económico dos años más tarde. También en 1953 el régimen consiguió con la firma del Concordato con el Vaticano el pleno reconocimiento de la Iglesia católica. Ambos tratados contribuyeron muy notablemente a mejorar la imagen internacional del régimen y le proporcionaron un considerable apoyo diplomático.

Con la aprobación plebiscitariacon un resultado oficial del 93% de los votosen 1947 de la Ley de Sucesión pretendía ser, en el plano de política interior, expresión de que los españoles se habían decidido mayoritariamente por colaborar con la dictadura. Para los republicanos, tanto del exilio como en el interior, la legitimación nacional e internacional de la dictadura significaba el fracaso de la política de guerra de guerrillas que habían seguido hasta entonces.

Los comunistas fueron la primera corriente dentro del movimiento obrero que, como consecuencia de las circunstancias políticas, consideraron la posibilidad de cambiar su táctica de la lucha armada a la político-ideológica. Un primer paso fue la creación de una emisora de radio con resonancia propagandística, la Radio Española Independiente, a la que se le puso el prometedor subtítulo de Estación Pirenaica para sugerir a sus oyentes que su emisión tenía lugar desde algún lugar escondido de los Pirineos. Sin embargo, a raíz de la ocupación alemana la estación de radio había sido de hecho trasladada, como también el comité central del PCE, de Francia a Moscú, hasta que en 1955 fue trasladada a Bucarest. «La Pirenaica», como era popularmente conocida, tenía una fuerte influencia del politburó del comité central del PCUS y no reproducía sino la versión soviética de los acontecimientos internacionales. No obstante, con el paso del tiempo se convirtió en un valioso informador de los opositores que habían permanecido en España, al informarles de lo que pasaba en el país y que era sistemáticamente silenciado por el régimen. Para ello recibía apoyo a través de los numerosos canales de información existentes entre los comunistas exiliados en Francia y los oyentes españoles.

En el archivo del exilio del PCE en Madrid se conservan todas las cartas que, pese a los controles y la represión franquista, consiguieron llegar hasta Moscú o Bucarest. Constituyen una valiosa información para el estudio de los movimientos locales de resistencia, así como la organización de conflictos laborales o de estructuras clandestinas del partido. Entre las cartas que han llegado así hasta nosotros se conservan una veintena procedentes de Puerto de Sagunto.