Las letras del horror. Tomo II: La CNI

2.7. La reaparición de la Fuerza Central

El lunes 3 de septiembre de 1979 unos 50 familiares de detenidos desaparecidos ocuparon cuatro parroquias y 13 jóvenes ingresaron a la embajada de Dinamarca; todos iniciaron una huelga de hambre. Pedían, además de saber de sus parientes, que fueran devueltos los cadáveres hallados en Lonquén en diciembre y que se derogara la ley de amnistía, que concedió la libertad provisional, previa fianza de tres mil pesos, a los ocho carabineros implicados en el caso. Al día siguiente se sumaron ocho huelguistas en Concepción y tres en Valparaíso. En diversas ciudades europeas, exiliados chilenos iniciaron un movimiento similar.

En la parroquia San Cayetano estaba el grupo mayor: once personas. Entre ellas, Corina Maureira Muñoz, María Hernández Flores y Rosario Rojas Astudillo, familiares de las víctimas de Lonquén. En la parroquia Recoleta Dominicana, Norma Matus González, madre de Carlos Carrasco, exguardia del campamento Cuatro Álamos, detenido en su hogar el 4 de marzo de 1975, declaró: “Nuestra acción es definitiva. Nosotros queremos, por lo menos, darles una sepultura cristiana a nuestros familiares. Poder llevarles, aunque sea, una flor a su tumba. Y hasta ese derecho se nos niega”.

Clara Espinoza Arriagada, de 68 años, trató de incorporarse al grupo de participantes en la huelga de hambre en el Arzobispado de Concepción, pero al comprobarse su delicado estado de salud fue enviada al hospital regional, donde falleció el viernes 7 de marzo. Tenía un hijo desaparecido. Al día siguiente, el sábado 8 hubo graves incidentes con carabineros en la población La Legua, en Santiago, cuando fieles de la parroquia Los Parrales fueron a solidarizar con las mujeres que estaban en huelga de hambre en San Cayetano.

En diversos templos, a las horas de misa, grupos de personas se manifestaban diariamente pidiendo justicia por los muertos de Lonquén. El gobierno hizo saber su molestia al Arzobispado de Santiago. Entonces, 200 sacerdotes y diáconos le escribieron una carta al cardenal Silva donde le pidieron que no se efectuara el Te Deum del 18. El prelado resolvió finalmente efectuar la ceremonia litúrgica, pero abrevió su homilía. Explicó que los párrafos eliminados podrían haberse interpretado como alusiones a materias muy contingentes.

La cuarta huelga de hambre efectuada en los últimos tres años terminó al décimo día, el 19 de septiembre, con un gran desborde emocional en la parroquia Nuestra Señora de Andacollo, en calle Mapocho, donde el obispo auxiliar de Santiago, Enrique Alvear, oficiaba la misa de término de un ayuno de 130 monjas y sacerdotes en apoyo de la huelga. Minutos antes el obispo había recibido un discreto recado: la Corte Marcial había resuelto la devolución de los restos de Lonquén. Cuando el prelado hizo el anuncio las más de mil personas presentes comenzaron un aplauso estruendoso. Tomados de la mano, muchos de ellos llorando, cantaron el Himno de la Alegría.

La CNI seguía, mientras, empecinada en desarticular la creciente estructura de propaganda del MIR. El 7 de octubre desbarató una imprenta clandestina en la Villa San Cristóbal, en el paradero 21 de Vicuña Mackenna, donde se imprimía El Rebelde. Fue detenido Ulises Gómez Navarro (“Francisco Rojas”), 33 años, periodista, hermano de Juan Carlos Gómez Iturra, quien había sido abatido por efectivos de seguridad en un enfrentamiento ocurrido el recién pasado 21 de junio en calle Buzeta, ambos hijos del periodista José Gómez López, director del diario Puro Chile durante la Unidad Popular. También fue arrestado Roberto Zamorano Núñez, de 23 años, estudiante universitario, dueño de la vivienda donde funcionaba la imprenta. En los días siguientes, la CNI entregó a los medios de prensa supuestos documentos encontrados en el lugar allanado. Uno de ellos, difundido por Las Últimas Noticias bajo el título “MIR acusa a Pascal de burgués y de llevar una vida de lujo”, revelaba supuestas divergencias entre Andrés Pascal Allende y Hernán Aguiló.

La Junta de Gobierno aprobó, a comienzos de noviembre de 1979, la primera de una serie de reformas en la CNI. Así, mediante el DL 2822 se modificó el DL 1878 que había creado el organismo de seguridad y se estableció que el director podría delegar en el vicedirector la dictación de resoluciones y las instrucciones internas. El vicedirector y el contralor de la CNI se designarían por decretos supremos. El personal –un 65 por ciento conformado por civiles– sería considerado desde esa fecha en adelante como integrante de las Fuerzas Armadas para todos los efectos jurisdiccionales y disciplinarios. Habría, a su vez, fondos reservados para el organismo en la Ley de Presupuestos, al margen del que se le designara por medio de leyes especiales.

Las nuevas medidas fueron celebradas por los agentes de la CNI, en especial por los civiles. Un grupo de ellos realizó un regado festejo en la Casa de Piedra del cajón del Maipo, propiedad de Darío Saint Marie, exdueño del diario Clarín, que había sido ocupada como cuartel secreto de la DINA, pero que ahora estaba transformada en un lugar de esparcimiento para el personal civil y sus familias. Allí había un parque muy cuidado, con una gran fuente de mármol y piscina. Adentro, albergaba un amplio living con chimenea y piso de mármol, muebles funcionales y varios dormitorios con camas y colchas de alegres colores.

La alegría, sin embargo, les duraría poco. La Operación Retorno del MIR ya estaba en pleno desarrollo y un grupo selecto de militantes se aprestaba a su primera acción, planificada aquella vez por José Ratier.

A las 15:30 horas del 25 de noviembre de 1979 una camioneta recaudadora del Banco de Concepción llegó hasta el supermercado Agas, situado en Manquehue 181, esquina Isabel La Católica, en la comuna de La Reina, a recoger el dinero de las ventas. Un carrito de helados Bresler estaba aparcado en el estacionamiento casi desierto. Los dos carabineros que custodiaban la camioneta de valores bajaron de ella y sorpresivamente el vendedor abrió la tapa de los helados y extrajo una metralleta. El cabo segundo de Carabineros Bruno Burdiles Vargas, 33 años, casado, cinco hijos, intentó extraer su arma de servicio, pero no alcanzó a hacerlo. Cayó acribillado por los disparos del heladero. El compañero de Burdiles, el cabo Martín Ojeda Bahamondes trató desesperadamente de reaccionar. Tampoco pudo lograrlo. Una mujer que estaba muy cerca disparó sobre él con una pistola, hiriéndolo en sus antebrazos y forzándolo a caer de rodillas. El comando mirista, dirigido por Jaime Riquelme (“El Yeti”), estaba integrado por seis hombres y dos mujeres; todos vestían buzos azules y viseras amarillas sobre sus cabezas. Las dos mujeres desplegaron una bandera chilena con una gran R en el centro, maniobra que fue fotografiada por uno de los sujetos. Dos de los asaltantes intentaron abrir la parte trasera de la camioneta a balazos, pero les fue imposible. En segundos, arrebataron las subametralladoras de los policías y abordaron dos automóviles Fiat 125 y una camioneta, perdiéndose a gran velocidad hacia la zona sur de la ciudad. En las semanas siguientes las fotografías captadas por los miristas llegaron a las redacciones de casi todos los medios de prensa de Santiago.

La ira cundió entre las policías y los servicios de seguridad. Tres días después, al mediodía del 28 de noviembre, en un control vehicular rutinario en Pedro de Valdivia con Las Encinas, muy cerca de la Escuela de Suboficiales de Carabineros, en la entonces comuna de Ñuñoa, una patrulla uniformada detuvo a un taxi con patente de Quinta Normal y pidió los documentos a su único pasajero. El hombre extrajo una pistola Browning de 9 mm y empezó a disparar, bajó del automóvil y corrió hacia el sur. A unos 30 metros fue abatido. Tenía unos 26 años y portaba una cédula de identidad a nombre de Rafael Rivero. En un maletín llevaba una metralleta, una granada y una pistola automática con dos cargadores. En las horas siguientes, dependientes del supermercado Agas lo reconocieron erróneamente como uno de los participantes en el atraco a la camioneta recaudadora. Su verdadera identidad era la de Ricardo Delfín Ruz Zañartu (“Alexis”), 34 años, uno de los máximos dirigentes del MIR en Chile.

En esas semanas de noviembre, un extraño hecho fue ocultado a los medios de comunicación. Un día no precisado desconocidos llegaron en un camión a la vivienda de un oficial de Ejército en calle Canciller Dollfuss con Bilbao, en Providencia, para entregarle a la dueña de casa un voluminoso libro. La dama fue alertada por una vecina, a quien le pareció raro que un individuo captara varias fotografías del trámite. Avisado el personal militar de seguridad, verificó que el interior del libro estaba hueco y contenía una poderosa bomba, la que fue desactivada. Lo que más sorprendió a los familiares es que la designación del oficial como agregado militar en Madrid era conocida por muy pocas personas. Se trataba del capitán Luis Irazával Lobos, estrechamente vinculado a los aparatos financieros de la DINA y la CNI y que, además, aparecía ligado a la familia del secuestrado y asesinado niño Rodrigo Anfruns Papi, ocurrido pocos meses antes.

La primera semana de diciembre de 1979 los abogados Fabiola Letelier, Pedro Barría, Alfonso Insunza, Jorge Sellán, Sergio Concha, Carlos López y Luis Egidio Contreras ofrecieron una conferencia de prensa donde dieron cuenta de múltiples casos de personas detenidas desaparecidas por la DINA. Afirmaron que la comprobación de los mismos no había podido hacerse efectiva por incapacidad del Poder Judicial. Entregaron cuatro razones que, a juicio de ellos, los hacía ser pesimistas con el resultado de las investigaciones. En primer lugar, el secreto en torno a las actividades de la DINA, que impedía la identificación de los autores, salvo la de algunos como Osvaldo Romo, de quien entregaron un completo currículo y fotografías. En segundo lugar, la negativa de concurrir a declarar de los pocos agentes identificados. En tercer lugar, la negativa de la ex-DINA a que los jueces se constituyeran en los lugares secretos de detención y, en cuarto lugar, la destrucción de los documentos referidos a las actuaciones de la DINA. Los abogados afirmaron que, al margen de las dificultades objetivas, el Poder Judicial “se ha colocado también trabas subjetivas y se ha autolimitado pese a que tiene las herramientas legales y constitucionales para determinar los casos que investiga y sancionar a los culpables”. Agregaron que “la tortura sigue siendo práctica habitual entre los servicios de seguridad y en el interior de retenes y comisarías de Carabineros se apalea brutalmente a las personas”³².

2.8. El verano caliente de 1980

A comienzos de 1980 se conoció un nuevo hallazgo de restos humanos en la zona de Concepción cuando, apremiada por una querella presentada por el arzobispado penquista, la secretaria del Segundo Juzgado de Los Ángeles, Olga Morales, debió constituirse el jueves 27 de diciembre de 1979 en el fundo Pemehue, en Mulchén.

En el agreste lugar, situado a 70 kilómetros de Collipulli, cerca de la frontera con argentina, se encontraron dos tumbas hechas por los lugareños. En la primera, personal del Instituto Médico Legal recogió la zona inferior de un cuerpo, parte del cráneo, botas de goma y una esquirla de plomo. Posteriormente, se determinó que eran los restos del trabajador agrícola Juan Roa Riquelme.

En la segunda tumba, situada a poca distancia de la anterior, solo se encontraron algunos huesos y proyectiles. Horas después, el tribunal investigó en el fundo Carmen Maitenes, colindante con el primero. Se encontró una tumba, con evidencias de haber sido removida, sin que contuviera restos humanos.

¿Qué había sucedido en este paraje forestal de belleza casi idílica? La querella presentada por el abogado Jorge Barudi, integrante del departamento jurídico del arzobispado entregaba la respuesta: “La represión llegó hasta el último rincón del Biobío”. Tras el golpe militar de septiembre de 1973, en la zona se realizaron varios operativos militares. Se creía que Carlos Altamirano, secretario general del PS, estaba oculto allí. También se buscaba a personal de la Endesa, que supuestamente huía hacia Argentina.

Entre el 5 y el 7 de octubre de 1973 una patrulla formada por 30 carabineros y militares, además de cinco civiles, agricultores de la zona, llegó con armamento de guerra a Mulchén. Allí allanaron un local sindical y recogieron una lista de campesinos sindicalizados. Premunidos con la lista llegaron hasta el fundo Carmen Maitenes. Este predio forestal era de la Corporación de Reforma Agraria, CORA, la que se lo había cedido a la Corporación Nacional Forestal, Conaf, mientras era expropiado. Al momento de llegar la patrulla había trabajadores agrícolas y sus familias reforestando.

Luego de allanar el lugar, lista en mano, la patrulla separó a diez trabajadores: los hermanos José Ligorio, Florencio y José Lorenzo Rubilar Gutiérrez; los hermanos Daniel Alfonso, José Guillermo y Alejandro Albornoz González; los tres hijos de este último, Miguel, José y Germán Albornoz González; y a Luis Alberto Godoy Sandoval. Sus familiares fueron conminados a encerrarse en sus casas.

La detenidos fueron sometidos a crueles apremios. Los golpearon con las armas, puños y pies, incluso les enterraron espuelas en la espalda, mientras estaban tendidos en el suelo. Luego, soltaron a José y Germán Albornoz, después de hacerles un simulacro de fusilamiento. Los ocho trabajadores fueron ultimados con ráfagas de metralleta, y enterrados a unos 200 metros de las casas patronales.

José Guillermo Albornoz quedó vivo. Fue envuelto con alambres de púas y llevado por la patrulla rumbo al fundo Pemehue. Hay testigos que lo vieron en ese estado. Poco después, sobre el puente de un río, fue lanzado al agua y acribillado a balazos.

En el fundo Pemehue, también administrado por Conaf, se repitió el drama con distintos nombres. Mientras sus familias permanecían encerradas, se quedaron con la patrulla los hermanos Alberto y Felidor Albornoz González; Jerónimo Sandoval Medina, Fernando Gutiérrez y Juan de Dios Roa Riquelme. Fueron conducidos en fila a un lugar apartado y se escucharon ráfagas de metralleta. Los cadáveres de los cuatro primeros fueron encontrados días después por los familiares. Como no apareció el cuerpo de Juan de Dios Roa, sus familiares continuaron la búsqueda. Lo encontraron tiempo después en el bosque. Su tumba quedó aislada de la de los otros cuatro trabajadores.

Los lugares donde fueron enterrados los campesinos del fundo Carmen Maitenes y el sector donde sepultaron a los trabajadores de Pemehue, se convirtieron en sitios de peregrinaje en la zona, pese a que el temor amordazó por mucho tiempo a los lugareños.

Cuando la Corte Suprema se preocupó por los casos de detenidos desaparecidos, alguien visitó las tumbas colectivas y extrajo los restos de huesos. Descortezaron los árboles cercanos que tenían restos de balas. La tumba de Roa no fue tocada porque desconocían su ubicación.

La querella del Arzobispado de Concepción individualizó a cuatro de los cinco civiles participantes en el operativo. Uno de ellos, el agricultor e industrial maderero Romualdo Guzmán, era recordado por los campesinos por el alarde que hacía de la necesidad de “matar a los marxistas”. Los otros nombres se mantuvieron en reserva.

Las dificultades para que se hiciera una adecuada investigación fueron muchas. El abogado Barudi expuso algunas de ellas:

No había juez titular en Mulchén, que correspondía por la localidad. Entregamos la querella a la secretaria del juzgado. Ella se inhabilitó porque era pensionista en la casa de Romualdo Guzmán. La subrogaba un abogado local. También tuvo que inhabilitarse por ser abogado de uno de los cinco civiles acusados. Finalmente, pasó al juzgado de Los Ángeles. Allí se juega ping pong. Una semana está uno de turno y lleva el caso. A la semana siguiente, el otro³³.

En Santiago, en tanto, el 10 de enero y bajo el sofocante calor de mediodía, un centenar de familiares de detenidos desaparecidos rindió homenaje a “los compañeros N.N. del patio 29” del Cementerio General. En el acto se lanzaron claveles rojos sobre las sepulturas no identificadas que –según la Vicaría de la Solidaridad– contendrían dos o más cuerpos cada una.

Eduardo Bonel, en representación del grupo, dedicó el acto “a todos aquellos que fueron enterrados clandestinamente, luego de haber sido detenidos y asesinados por fuerzas militares en septiembre y octubre de 1973” y aseguró que se comprometían “a continuar nuestra lucha, sin claudicaciones, para que ustedes recobren sus nombres, para que sus familiares puedan darles digna sepultura, porque se haga justicia y por saber dónde están todos y cada uno de los compañeros detenidos-desaparecidos”.

El día anterior el grupo se había entrevistado con el presidente de la Corte Suprema, Israel Bórquez. El magistrado leyó una carta donde se le informaba “de la nueva amenaza formulada en contra de un familiar nuestro, por parte de un grupo terrorista autodenominado E. de la M.”.

La nota, supuestamente enviada por un “Escuadrón de la Muerte”, fue dirigida a Violeta Zúñiga, esposa del desaparecido Pedro Silva Bustos. Y aseguraba que “matamos a tu marido hace dos años”, para luego proponer que –a cambio de 20 mil pesos– podría obtener algunas prendas del detenido. Mencionaban un reloj de marca italiana que efectivamente poseía Silva.

En la carta a Bórquez, los miembros de la AFDD le recordaron anteriores amenazas recibidas del “Comando Carevic”, una de las cuales también estuvo dirigida en contra de Violeta Zúñiga. Más adelante, le expresaron que “nos preocupa seriamente que la orden dada al Ministerio del Interior para que adoptara las medidas pertinentes de protección, no se hayan llevado a la práctica”. Al final solicitaban que la justicia adoptara medidas eficaces para descubrir y sancionar a los grupos terroristas.

Carmen Vivanco relató el epílogo de aquella entrevista:

Bórquez leyó nuestra carta y luego la devolvió con varias anotaciones en el sobre. Dijo que se trataba de los artículos legales que establecía que nuestra queja debíamos presentarla al juzgado y agregó que no dejáramos que nuestros abogados siguieran engañándonos. Por último, dijo que él ya había hecho suficiente por los desaparecidos. Cuando le recordamos que lo único que había hecho era decir que los detenidos desaparecidos lo tenían ‘curco’, se enojó y nos echó de la sala.

A fines de febrero de 1980 el MIR volvió al ataque con una ola de asaltos perpetrados en diversos puntos de Santiago. El primero de los atracos tuvo lugar en la industria de instalaciones eléctricas Elevap, en la comuna de Renca. Hasta allí llegaron tres sujetos armados pidiendo el dinero de los sueldos. Como aún no llegaba la remesa, decidieron retirarse. Casi a la misma hora dos sujetos asaltaron la industria Metalúrgica Belga, donde hirieron al recaudador. Más tarde, asaltaron la sede del Seguro Social de Las Condes.

En el verano de 1980 el gobierno retomó su línea represiva: se renovó el Estado de Emergencia, se reimpuso la censura a escritores y editoriales y nuevas disposiciones legales otorgaron al gobierno la totalidad de las facultades de que disponía con el Estado de Sitio, aparentemente derogado hacía dos años. A comienzos de marzo se denegó el permiso para celebrar el 8 el Día de la Mujer, pero cientos de personas acudieron al acto. La policía reprimió violentamente y más de 100 personas fueron detenidas. Tras cinco días arrestados en diversas comisarías, 12 de ellos fueron relegados a pequeñas localidades del norte y el sur del país. Entre los jóvenes sancionados figuraba Alejandro Goic Jerez, 21 años, miembro de la Juventud Socialista y alumno de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Pocos días después el padre del muchacho, el médico y académico Alejandro Goic, escribió una carta pública dirigida al ministro del Interior, Sergio Fernández, donde le manifestó:

Gracias a usted conoceré Freirina.

Hasta hoy era para mí el nombre de un oscuro rincón en la geografía de mi Patria. De ahora en adelante será un lugar incorporado a mis vivencias y mis recuerdos. Allí deberá pasar obligatoriamente tres meses uno de mis hijos, porque usted así lo ha dispuesto. ¿Qué hacer?, usted tiene el poder y la fuerza. Yo y los míos, la fidelidad a nuestras ideas y la esperanza de un Chile libre y justo.

Para usted, mi hijo ha quebrantado la legalidad existente. Es cierto. Su legalidad, la de usted y no la que libremente se haya dado la comunidad chilena. Pero la legalidad, usted bien lo sabe, es un concepto aleatorio. Lo que fue legal ayer, no lo es hoy y, tal vez, sí mañana. Pero yo soy un hombre de razón, un universitario. Ni usted, ni nadie me podrán convencer jamás de que mi hijo, un muchacho de poco más de 20 años, sano de corazón y de alma, es un peligro para la seguridad del Estado. Si una pacífica demostración callejera significa para usted un riesgo para la seguridad de Chile, yo le digo a usted que es muy precaria la seguridad que usted defiende.

La relegación de mi hijo es arbitraria e injusta y usted lo sabe. Además, una sanción desproporcionada a la eventual “falta”. Y usted lo sabe. Solo un pensar afiebrado podría sostener o contrario. Resulta penoso observar que un hombre instruido en el Derecho claudique en sus actos de principios morales que sustentan ese saber. Por el contrario, la línea de acción recuerda más a la de los comisarios que caracterizan los totalitarismos. Es una triste manera de iluminar una vocación profesional.

¿Podría usted llegar a comprender que los jóvenes son por naturaleza generosos, de impetuoso corazón y, por ello, tal vez algo irreverentes? Para comprenderlo hay que haber sido de corazón joven alguna vez. Para comprenderlo es necesario haber amado alguna vez. Mi hijo, gracias a Dios, tiene un corazón joven y generoso. Por eso cuenta con mi adhesión y cariño fraternos.

Yo acuso a usted de agraviar a una familia chilena, honorable y hermosa, y de perturbar su patrimonio; de sustraer con violencia a un hijo de su seno, privándolo así de su protección y afecto cotidianos.

Su actitud y tono altaneros para amenazar con las más severas sanciones a los jóvenes disidentes –y concretarlas– no me sorprenden ni me inmutan. Usted es político y yo soy médico. Veinticinco años de profesión me han permitido conocer la grandeza y las miserias de los hombres. ¿Cómo habrán de sorprenderme hoy miserias más o miserias menos? También he aprendido que tras las fachadas del poder y la gloria no pocas veces se oculta una extrema debilidad, donde se agitan las turbulencias de la angustia y el temor.

Yo no lo odio a usted. ¿Cómo podría? Ser cristiano es un difícil negocio. Todos tenemos tarde o temprano que responder ante la justicia de los hombres de los abusos que cometemos o las humillaciones que infligimos a nuestros hermanos. Si así no fuere, está la justicia inmanente de Dios, que ha de juzgar nuestros actos; de ella, sí, no nos libramos.

Rezaré por usted. Rece por mí.

Gracias a usted conoceré Freirina.

Dr. Alejandro Goic.

Santiago, 12 de marzo de 1980³⁴.

El verano de 1980 culminó abruptamente el 27 de marzo cuando el general Pinochet debió suspender en pleno vuelo su viaje a Filipinas. El gobierno de Ferdinand Marcos canceló la visita del dictador ocasionando el principal bochorno experimentado por la Cancillería chilena en su historia. Resurgió entonces la pugna entre el gremialismo, los denominados “blandos”, y los nacionalistas, calificados como “duros”. El abogado Jaime Guzmán, líder indiscutido de los primeros, a comienzos de enero los había descalificado agriamente: “No hubo ningún momento en que pudiesen haber obtenido éxito. No me extraña su rechazo del plan económico, porque son fascistas, y los fascistas son socialistas. Por algo el nazismo alemán se llamó nacional socialismo. Y si a veces admiten la conveniencia de la economía social de mercado, es sin captar el verdadero contenido de ella”³⁵.

La movilización de la CNI se intensificó desde comienzos de abril en prevención de una ofensiva opositora en los días previos al 1 de mayo. Diez dirigentes de la Confederación Unidad Obrero-Campesina, que en la mañana de viernes 11 de abril se encontraban en las oficinas de los abogados Francisco Justiniano y Ramón Toledo en calle Santo Domingo, en Santiago, fueron interrumpidos por 15 individuos de civil que allanaron el local portando metralletas y armas cortas. Luego de registrar la oficina y los documentos de cada uno de los presentes, los ataron de pies y manos con esposas o cinturones, los encapucharon con bolsas de papel grueso y los conminaron violentamente a responder por supuestas actividades preparatorias del Día del Trabajo, su conexión con partidos políticos y tenencia de armas. Enseguida les tomaron impresiones digitales, los fotografiaron y filmaron con equipos de video frente a carteles con consignas políticas que previamente habían pegado con cintas adhesivas al muro. Los abogados Ramón Toledo y Manuel García y los dirigentes Humberto Vergara y Carlos Ulloa también corrieron la misma suerte. Antes de marcharse, los sujetos estamparon en un baño una gran “R” con pintura negra.

Todos los antecedentes del allanamiento fueron incluidos en un recurso de amparo que al día siguiente presentaron los abogados Diego Corvera, Ramón Toledo, Jorge Donoso y Fabiola Letelier. El recurso se interpuso a favor de ocho personas que habían sido “conducidas a algún lugar de detención, encontrándose presumiblemente incomunicadas”.

Casi a la misma hora en que los desconocidos allanaban la sede de la Confederación Unidad Obrero-Campesina en el centro de Santiago, a lo menos tres comandos operativos del MIR asaltaron simultáneamente tres sucursales bancarias –del Banco de Chile, de Concepción y de Crédito e Inversiones– ubicadas en las calles Rodrigo de Araya y Santa Elena, en un concurrido barrio industrial del suroriente de Santiago, sustrayendo 27 millones de pesos y más de 15 mil dólares.

El atraco comenzó aproximadamente a las diez de la mañana y tuvo una duración de cinco a diez minutos. Seis de los autores llegaron en un taxi, robado horas antes en el sector de Estación Central. En el portamaletas de vehículo estaba amarrado su propietario. Los sujetos, todos hombres y armados, dirigidos por uno que se cubría el rostro con una media, dieron primero una vuelta por la plaza situada frente a los bancos.

Dos de ellos, premunidos de pistolas, ingresaron al Banco de Concepción. Víctor Lobos, un guardia de seguridad, intentó oponer resistencia vaciando los seis tiros del cargador de su arma dejando, según relató, aparentemente herido a uno de los asaltantes.

Su acción fue repelida por estos, quedando llenas de perforaciones las vitrinas de la sucursal. Tras reducir a clientes y funcionarios, huyeron con un millón y medio de pesos.

Mientras tanto, otros tres sujetos robaron el Banco de Crédito e Inversiones –en un edificio pareado con el anterior– sin que nadie pudiera intervenir. Hicieron varios disparos contra un ventanal y huyeron en un taxi llevándose cuatro millones y medio de pesos. Mientras, a cien metros de allí era asaltado el Banco de Chile. Ambos grupos, según testigos, eran coordinados por un sujeto con banderas de color verde y rojo, en tanto otro tomaba fotografías de los hechos.

Casi no llamó la atención que una camioneta C-10 de color azul –similar a las que usan las entidades bancarias– se estacionara frente al banco. Los viernes las empresas del sector suelen realizar depósitos o piden importantes remesas para cancelar jornales. Los asaltantes estaban muy bien informados.

Cuando ingresaron a la oficina cinco hombres armados, ya había allí otros tres que simulaban ser clientes. Obligaron a todas las personas a tenderse en el piso y golpearon en la frente al cajero Antonio Doria para que entregara las llaves de la bóveda. Tras hacer algunos disparos al techo, huyeron con 21 millones de pesos y 15 mil dólares.

La fuga coordinada de ambos vehículos fue casi sin sobresaltos. Al menos en el Banco de Crédito e Inversiones dejaron un maletín con dos bombas en el interior. Cuando, cerca de diez minutos después, llegaron los efectivos policiales y de la CNI, las hicieron estallar en la plaza.

Al huir, a los ocupantes de la camioneta se les cayeron dos bolsas y se bajaron a recogerlas. Una testigo dijo que ellos arrojaron miguelitos a un Fiat 600 con carabineros que los seguía. Una hora después ambos vehículos fueron ubicados en el sector sur de la capital. La camioneta se encontró sin patente: había sido robada dos meses antes.

Al día subsiguiente, el domingo 13, la CNI aseguró que –tras redadas, controles y allanamientos– había dos detenidos, uno de los cuales sería el médico que le realizó una cirugía estética en el rostro al secretario general del MIR, Andrés Pascal Allende. La información era falsa.

De cara a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día del Trabajo, el periodista Gabriel Figueroa entrevistó para la Revista Hoy al presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, Tucapel Jiménez, quien graficó el momento que vivían los integrantes de su gremio:

–¿Cómo describe usted la situación económica de los trabajadores del sector público?

–Es peor que el desastre de Rancagua la situación en este minuto. El trabajador fiscal no tiene poder adquisitivo y lo poco que gana es para subsistir, ya que el 80 por ciento está entre los grados 31 al 19 de la Escala Única de Remuneraciones y sus sueldos van de 3.694 a 7.140 pesos.