Las letras del horror. Tomo II: La CNI

El coronel Irazábal tenía un hijo de su anterior matrimonio, el capitán de Ejército Luis Irazábal Lobos, del arma de Ingenieros, experto en energía nuclear, exmiembro de la DINA y en comisión de servicios en la CNI; el oficial tenía un niño casi de la misma edad de Rodrigo, al que algunos fines de semana dejaba al cuidado de su padre y que, en muchas ocasiones, jugaba con el niño Anfruns. Ese domingo 3 de junio, sin embargo, Rodrigo estaba solo.

Tras el crimen del pequeño, el capitán Luis Irazábal Lobos prometió todo tipo de ayuda. Pero a los pocos días se fue con su familia a España

–incluida su suegra, que era la secretaria personal del general Ernesto Baeza en Investigaciones–, donde permaneció dos años. Irazábal prosiguió su carrera vinculada desde el Ejército al negocio de las armas. Entre 1990 y 1992 dirigió la Academia Politécnica Militar y más tarde fue director de Famae. En esa calidad acompañó a Pinochet, en 1995, en su viaje a Inglaterra y Malasia. También encabezó una delegación militar que visitó al exdictador en su millonaria prisión de Virginia Waters, en 1999. En esa ocasión fue portador de la condecoración 11 de Septiembre, que los exuniformados otorgan “a quienes se destacan por sus valores y principios”. En el año 2002 estuvo en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, insistiendo en la viabilidad del fracasado proyecto Rayo, junto con un representante de la Royal Ordenance. Por aquel tiempo era un asiduo visitante de sus amigos encarcelados, Manuel Contreras y Álvaro Corbalán.

2.5. Cacería fallida en El Arrayán y un profesor asesinado

En noviembre de 1978 uno de los correos del MIR, el periodista César Fredes Rojas (“Rogelio”), se reunió con Andrés Pascal Allende en París y recibió el encargo de preparar en Santiago el regreso de uno de los principales dirigentes del movimiento. Meses antes, Fredes había sido identificado por la CNI y los agentes de seguridad seguían muy de cerca sus pasos, convencidos de que los llevaría hasta algunos de los jefes del movimiento subversivo.

En todas las capitales y en las principales ciudades de los países europeos, la DINA primero y luego la CNI establecieron redes de agentes y contactos para vigilar a los exiliados y monitorear los desplazamientos de los principales dirigentes de la resistencia a la dictadura militar chilena. En esas tareas contaron con el apoyo de miembros de los servicios de inteligencia y de las policías locales, y con la colaboración de integrantes de grupos ultraderechistas de Francia, España, Portugal, Alemania, Italia, Bélgica y Holanda, entre otras naciones.

La vigilancia se ejerció no solo sobre los viajeros que portaban pasaportes chilenos, sino que también sobre hombres y mujeres que exhibían documentos de casi todos los países de habla hispana. Desde Chile se emitieron miles de alertas rojas hacia Interpol, lo que permitió a la CNI y a la Policía de Investigaciones recibir casi al instante la información sobre los movimientos de las personas encargadas.

Eran años en que arreciaba el terrorismo internacional de los más variados cuños y orígenes, en medio de una Guerra Fría que se extendía a los cuatro confines del mundo. En ese enfrentamiento global, donde las sutilezas estaban ausentes, la izquierda chilena tenía domicilio conocido y la dictadura del general Pinochet también. Así, en aquellos tiempos los pasaportes chilenos eran prolijamente revisados. Sus portadores caían bajo las sospechas de ser agentes de una de las peores dictaduras sudamericanas o, en cambio, estar vinculados a los grupos terroristas de la izquierda mundial.

Un número hasta ahora no precisado de los miristas que formaron parte de la Operación Retorno combatieron en Angola, en Nicaragua o en El Salvador; otros recibieron entrenamiento en lugares tan distantes como Libia, Corea del Norte y Yemen del Norte. Muchos de ellos, además, habían salido de Chile desde las cárceles al exilio por medio de la conmutación de sus penas o como asilados. Todos esos casos estaban debidamente registrados por los servicios de seguridad. Los riesgos, entonces, de que fueran identificados al regresar eran altísimos; no obstante, los corrieron.

A las 20:45 horas del sábado 4 de agosto de 1979 los agentes de la CNI rodearon la parcela 36-A en el camino El Cajón, en los faldeos precordilleranos de El Arrayán, en el sector oriente de Santiago. Desde el interior de la vivienda situada en el lugar algunos de sus moradores intentaron una precaria pero heroica resistencia. A los pocos minutos fue abatido Antonio Lagos Rodríguez (“Gabriel”), 35 años, casado, exminero de Vallenar, guardaespaldas de Pascal Allende; y resultó herida Ana Luisa Peñailillo Parra (“Ani” o “Leonor”), 28 años, quien había salido en 1974 hacia Perú, luego a Cuba y que desde mayo de 1978 estaba en Francia, para desde allí volver a Chile en septiembre de 1978. El jefe del MIR logró escapar del lugar en un automóvil IKA Renault, modelo Torino, color plateado, cuyo motor había sido adaptado para conseguir más potencia. En los instantes previos al enfrentamiento la CNI detuvo al que fungía como chofer del jefe del MIR, el periodista César Fredes, ligado anteriormente a los partidos Demócrata Cristiano, PDC; Izquierda Cristiana, IC; y al Movimiento de Acción Popular Unitaria, Mapu.

En los interrogatorios a “Rogelio” y “Leonor”, los agentes de la CNI se enteraron de que uno de los principales contactos que tenían en París era una mujer llamada “Alicia” y que esta era la esposa del “Gato” Valenzuela. También supieron que en la parcela de El Arrayán había estado algunos días un antiguo militante mirista apodado “José Manuel”, que había recibido adiestramiento militar en Cuba y en la RDA, y que había salido hacia el sur de Concepción para hacerse cargo de la instalación de un foco guerrillero. Los oficiales de la CNI percibieron entonces que algo importante se estaba gestando²⁹.

En los días siguientes, los aparatos de seguridad inundaron la prensa de Santiago con todo tipo de versiones distractoras. El 9 de agosto el diario Las Últimas Noticias informó que la Junta Revolucionaria Popular, que agrupaba a la subversión del continente, se preparaba para reunirse en Chile el día 15 y que Pascal había ingresado a organizar la reunión:

Sabido es que los grupos subversivos son ‘oxigenados’ desde Alemania y Estados Unidos. Los países socialistas no exportan dinero sino revolucionarios. Cuba se limita a levantar la moral con palabras y no concreta su ayuda ni en dinero ni en armas. Castro ha insistido que las armas, el dinero y los alimentos de los cubanos son para los cubanos y a ellos les cuesta mucho ganarlos. La documentación incautada permite conocer que realmente el MIR en Chile ya no existe. La llegada de Pascal Allende ha sido inoficiosa para el grupo que ya no ostenta ideologías, sino que se balancea en la cuerda floja de la delincuencia, camino que para ellos resulta fácil de recorrer³⁰.

Federico Renato Álvarez Santibáñez, profesor de Química, casado, un hijo de tres años, fue aprehendido, junto a Raúl Ramón López Peralta, a las 5:30 horas del 15 de agosto por el funcionario de la Novena Comisaría de Carabineros Eduardo Araya Pardo, en la esquina de Manuel Rodríguez con Compañía, después de que huyera al ser sorprendido en la intersección de Manuel Rodríguez con Balmaceda, arrojando panfletos del MIR y –según la versión oficial– haber colocado una bomba explosiva bajo un bus de Carabineros. En su detención resultó con una herida contusa parietal media y otra occipital media y una contusión lumbar derecha, lesiones de carácter leve, producto de lumazos, según el informe del Servicio de Urgencia del Hospital J.J. Aguirre, donde fue conducido a las 6:30 horas.

Permaneció detenido por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado en la Novena Comisaría hasta las 16:30 horas, momento en que, dando cumplimiento al Decreto Exento N°2449 de esa misma fecha, emanado del Ministerio del Interior, fue entregado a miembros de la CNI, los que se habían constituido en dicha unidad policial desde las 10 horas. Desde allí fue trasladado al cuartel de la CNI en Borgoño 1470, donde lo recibieron con las mismas lesiones descritas. Fue interrogado por un equipo de cuatro funcionarios, comandado por Jorge Andrade Gómez, y permaneció privado de su libertad hasta las 13:30 horas del día 20 de agosto, cuando fue puesto a disposición de la Primera Fiscalía Militar de Santiago, donde se encontraba el abogado Jaime Hales, quien pudo ver el mal estado en que se encontraba el detenido.

En el cuartel Borgoño también estaban detenidas las profesoras Luisa Gatica, Sonia Orrego y Josefina Rodríguez, a las que la CNI presumía involucradas con Álvarez y López y que fueron víctimas de crueles torturas. Dos de ellas más tarde relataron que “estaban en una casa en avenida Santa María que tenía un portón negro, teniendo al otro lado del río a la Estación Mapocho, como en diagonal”. Agregaron que fueron golpeadas y sometidas luego completamente desnudas a la parrilla eléctrica. Vieron a Luisa Gatica que venía muy mal y casi no podía subir las piernas a la camilla. Agregaron que se trataba de un lugar muy especial, con piezas pintadas de color negro, para abrumar sicológicamente; perros que ladraban y cumplían funciones extrañas y médicos que llegaban a examinar a los detenidos. “En la pieza del lado –expresó Josefina Rodríguez– había dos hombres. Uno de ellos se quejó mucho durante toda la noche. Eran quejidos tremendos en medio de arcadas y gritos”.

Tras ser interrogado a las 19:30 horas del 20 de agosto en la Primera Fiscalía Militar, ese tribunal dispuso que el profesor Renato Álvarez fuera trasladado en calidad de detenido e incomunicado a la Penitenciaría de Santiago con expresa orden de internarlo, debido a su mal estado de salud, en la enfermería del plantel a fin de que se le prestaran los cuidados médicos adecuados. Recibido a las 19:45 horas en dicha enfermería y habiéndose agravado su estado físico, por decisión del médico de turno fue conducido a las 23:40 horas a la Posta Central, donde luego de ingresar a las 0:40 horas del 21 de agosto y de hospitalizársele, dada su gravedad, en la Unidad de Tratamiento Intensivo, falleció a las 6:50 horas con diagnóstico de contusión toráxica complicada, contusión pulmonar bilateral y distress respiratorio del adulto. Antes de morir relató que había recibido golpes y múltiples contusiones en diversas partes del cuerpo desde hacía más o menos seis días.

Realizada la autopsia por el Instituto Médico Legal se constató que la causa de muerte había sido una fractura en el cráneo complicada y que las complicaciones habían sido aspiración de sangre no reciente, bronconeumonía bilateral incipiente final y aspiración final de vómitos.

El vicario de la Solidaridad, Juan de Castro, dijo en los días siguientes que “la Corte de Apelaciones ha dejado una vez más sin cumplir el mandato que le impone el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, que otorga plazo de 24 horas para fallar el recurso de amparo. Tampoco ha ejercido su facultad de provocar el habeas corpus del amparado, diligencia que habría evitado el trágico desenlace”. El presidente de la Corte de Apelaciones, Enrique Paillás, respondió los cargos afirmando que ese tribunal “hizo lo que legalmente le correspondía”.

Álvarez Santibáñez estaba contratado desde hacía tres meses en el Liceo N°73 de Maipú. El Colegio de Profesores afirmó que no figuraba en sus registros. La CNI sostuvo que dirigía una célula operativa del MIR y que había llegado al cargo de secretario regional del Norte Chico. El fiscal militar, Hernán Montero, comunicó que el profesor estaba en un sitio que no podía ser revelado por razones de seguridad y detenido por orden del general Odlanier Mena.

El ministro en visita Alberto Chaigneau del Campo pidió una ampliación del informe forense donde se especificó que la fractura de cráneo fue producto de un golpe directo inferido por terceros. El juez hizo público su informe al juez militar, general Enrique Morel, afirmando que los hechos investigados constituirían un delito de homicidio y se declaró incompetente para proseguir la investigación por aparecer implicadas en el caso personas con fuero militar.

Los bombazos seguían estremeciendo los diversos barrios de Santiago. El 6 de septiembre el obrero Juan Carlos Díaz Godoy, 18 años, se dirigía a su trabajo cuando vio un tarro de pintura que pensó olvidado; al tomarlo, explotó arrancándole la mano derecha y dos dedos de su mano izquierda. La bomba había sido ubicada junto al exdomicilio del subsecretario del Interior, Enrique Montero Marx. Consultado por la prensa el funcionario de gobierno, oficial de Justicia de la FACh, declaró que el atentado no le sorprendía, porque en el operativo de El Arrayán, donde huyó Pascal Allende, se encontró un archivo con direcciones de autoridades. Horas después, un niño también resultó herido en una feria libre al explotarle un paquete dejado bajo un carro de arrastre.

El MIR emitió un comunicado anunciando una severa investigación interna y afirmando que tomaría todas las medidas para que sus ataques a la dictadura no dañaran víctimas inocentes. Agregó que se estaba recurriendo al expediente de asesinar con cargas explosivas a los combatientes de la resistencia previamente detenidos, como había ocurrido con dos miristas muertos en Concepción, donde según la versión oficial llevaban una bomba para instalar en la Radio Nacional.

La noche del 23 de junio de 1979 una fuerte explosión estremeció el centro de Concepción. La CNI informó que dos jóvenes –Alberto Salazar Briceño e Iris Vega Lizama– murieron en calle Maipú al explotarles una bomba que pretendían colocar en el frontis de la Radio Nacional. Lo cierto es que ambas víctimas habían sido detenidas previamente y conducidas a ese lugar drogadas. Se les hizo bajar de un vehículo asegurándoles que podían marcharse. Ambos llevaban adosados a sus cuerpos poderosos artefactos explosivos que los agentes de la CNI hicieron detonar segundos después, destrozando a los muchachos.

Más de 150 personas habían sido detenidas desde comienzos de 1978 por ser “confesos fabricantes de bombas” y fotografiadas por la prensa en su calidad de autores de tal o cual atentado. La mayoría había recuperado su libertad incondicional por falta de méritos. A octubre de 1979, 45 personas enfrentaban procesos en los tribunales militares por infracción a la ley de control de armas. En la justicia civil las investigaciones seguían sin lograr éxitos. Un mes después de ser nombrados, tres ministros en visita archivaron por falta de pruebas las causas abiertas por atentados contra las residencias de Israel Bórquez, presidente de la Corte Suprema; Sergio Dunlop, ministro de las cortes Marcial y de Apelaciones, y Arturo Fontaine, director de El Mercurio.

2.6. El asesinato de Daniel Acuña Sepúlveda

En la madrugada del lunes 13 de agosto de 1979 tres violentas explosiones rompieron la calma en la zona de Tierras Blancas, muy cerca de La Serena. La CNI señaló que “informados por Carabineros de Coquimbo que en la localidad de Tierras Blancas se había producido una explosión a las 05:00 horas, se concurrió al lugar y las diligencias condujeron rápidamente a una parcela habitada por Daniel Acuña Sepúlveda, 69, fundador y exsecretario regional del proscrito Partido Socialista” y que al llegar al lugar los efectivos de seguridad “fueron recibidos por un sujeto que les lanzó un artefacto explosivo y de inmediato huyó hacia la casa habitación de la parcela”.

“Antes de llegar a la casa se produjo una segunda explosión que destruyó casi en totalidad los ventanales de inmueble” y “encontraron en el cuarto de baño los restos de una persona víctima de la explosión”, agregó el comunicado.

El intendente Luis Patricio Serre afirmó que el sujeto que recibió a los agentes huyó del lugar y que luego fue detenido en el hospital de La Serena. El acusado como presunto autor era Roberto Acuña Aravena, hijo del propietario de la parcela.

Tres semanas después de los hechos, el 6 de septiembre, la Corte de Apelaciones de La Serena designó como ministro en visita al magistrado Kerima Navia Pefaur para que investigara lo ocurrido. La solicitud de un ministro la presentó el abogado Pedro Escandón, director de la Oficina de Acción Social y Caridad del Arzobispado de La Serena, a expresa solicitud del arzobispo de la diócesis, Francisco Fresno.

El tribunal interrogó al hijo de la víctima fatal. Este relató que el lunes 13 de agosto llegó hasta su casa aproximadamente a las dos de la madrugada y se acostó a dormir. Transcurridas algunas horas fueron despertados por el insistente sonido del timbre, ubicado en el portón de entrada a la parcela, distante 70 metros de la casa.

Al llegar a unos ocho metros del portón sentí un objeto que, lanzado desde la calle, cayó a mi lado. Era similar a una cajetilla de cigarrillos y emitía una luz fosforescente de color naranja. Ante eso me detuve y de inmediato pregunté quién era. Desde el portón se me contestó “¡Carabineros!”. Simultáneamente con la respuesta, un disparo hecho por mi lado izquierdo me atravesó el estómago con salida de proyectil. Caí por efecto del disparo y, a gatas, me arrastre por entre los matorrales y los árboles hasta llegar a un desnivel del terreno, mientras gritaba a mi padre que se trataba de un asalto.

Amparado por la oscuridad de la noche y la abundante vegetación llegué a un huerto de hortalizas hasta alcanzar un cerco de cañas secas que rompí con mis manos para atravesarlo. Después de caminar alrededor de ocho kilómetros logré llegar hasta la casa de mi prima.

Según los familiares, Daniel Acuña se escondió en un clóset, ubicado en el baño contiguo al dormitorio, detrás de unos ternos. Los perseguidores abrieron la puerta del baño y dispararon hacia el muro del costado derecho. Luego se percataron de que Acuña estaba en el clóset. Estando a menos de un metro le apuntaron sus armas a una altura no superior a un metro y dispararon una tercera ráfaga. Las balas atravesaron la ropa, alcanzaron a Daniel Acuña y finalmente quedaron incrustadas en la pared donde estaba adosado el closet. La víctima cayó aferrada a las ropas que colgaban del mueble, deformándose los ganchos por el peso de su cuerpo.

De inmediato tomaron el cuerpo sin vida y lo trasladaron al dormitorio de al lado, donde perdió gran cantidad de sangre. Después rastrearon el baño retirando vainas y balas percutadas para no dejar señales del crimen.

Con el mismo fin procedieron a desmontar el clóset del baño e hicieron desaparecer la madera. Luego trasladaron el cadáver al preciso lugar donde había estado el clóset. Allí lo tendieron poca abajo y le pusieron uno o más artefactos explosivos en la región abdominal y toráxica, zonas que presentaban el mayor número de impactos de bala. La explosión destrozó casi completamente a la víctima, dejándola prácticamente irreconocible, salvo los pies, los brazos y las manos.

La autopsia señaló la posibilidad de que la muerte se hubiera producido por una acción de terceros. Cuando se quiso verificar esa hipótesis, realizando una nueva necropsia del cuerpo para apreciar el estado en que quedaron las manos de la víctima y ver si él era quien manipulaba el artefacto explosivo, estas desaparecieron misteriosamente tras la exhumación del cadáver.

El magistrado que sustanció la causa se declaró incompetente al determinar que había personas con fuero militar comprometidas en los hechos.

Vicente Papic, hoy sociólogo, recordó en diciembre de 2010 el día en que mataron a Daniel Acuña, su tío. Papic estaba en la casa donde acudió el hijo de Acuña aquella noche del allanamiento.

El primo de mi madre al poco rato de habernos contado que habían sido atacados en su parcela por una cuadrilla de carabineros que habían ametrallado todo y dinamitado desde diferentes flancos su propiedad, se acomoda en el sillón donde yo lo había dejado al recibirlo en la madrugada, y notamos un pequeño charco de sangre que de a poco fue creciendo hasta darnos cuenta que estaba muy mal herido. Había corrido más de 6 kilómetros con una bala de metralleta que le había atravesado el vientre, pero él con la impresión de los sucesos no había notado nada hasta que el cuerpo se le empezó a enfriar sentado en ese sillón, de donde solo se paró para subirlo a una camioneta en la que lo llevamos a la Iglesia San Agustín en La Serena donde operaba la Vicaría de la Solidaridad. No alcanzamos a que entrara cuando una patrulla de militares nos detiene y a él se lo llevan detenido; por sus heridas fue trasladado al Hospital, fue operado y su recuperación fue en una camilla desvencijada y engrillado por todas sus extremidades como si en ese estado hubiese podido arrancar a una libertad que nunca necesitó expiar. Mientras eso le sucedía, con mi madre nos habíamos armado de valor y partimos a la parcela de mis tíos y al entrar encontramos unas patrullas de militares destruyéndolo todo. Hacían fogatas con los libros, los discos de música clásica, las partituras de piano, en fin, con cuanto creían podía reflejar una conciencia político cultural que contrariara los mandatos del General. Mi madre empezó a vociferar que eran unos descabellados, inconscientes, brutos, animales; mientras tanto yo recorría estupefacto los alrededores en el que circulaba por los cráteres de las granadas o dinamitas que habían lanzado desde diferentes puntos tratando de hacer parecer que habían sido atacados desde dentro de la parcela. Mi madre me grita que me acerque y al lado de ella había una suerte de oficial de ejército que con desparpajo nos indica que “el viejo se había suicidado” y que “no era bueno que viéramos ese espectáculo grotesco en el que había quedado”. Con mi madre nos miramos, nos tomamos de las manos y caminamos hacia el interior de esa casa que me había cobijado desde niño. Veía cómo soldados con sus fusiles partían las paredes y desprendían los anaqueles botando al suelo cientos de recuerdos con los que crecí hacia lo que soy hoy. Entramos al dormitorio de mi tío Daniel Acuña Sepúlveda y lo encontramos en miles de pedazos, algunos con restos de su cabellera, diseminados por todas partes de su habitación y baño. Lo habían asesinado arrojándole una granada; lo recogimos con nuestras propias manos, sin guantes: era nuestro tío, lo quisimos, nos contó historias, nos educó. En una bolsa de basura negra cupo entero de a pedazos³¹.

En el proceso pudo identificarse a tres personas como presuntos autores del asesinato, pero la familia de Acuña, amedrentada por desconocidos, no quiso seguir investigando. El expediente original se extravió más tarde en la Corte Marcial.

Más de 30 años después, amigos y compañeros de Acuña han reunido antecedentes sobre los presuntos responsables de aquella masacre de 1979. Las sospechas apuntan hacia el capitán de Ejército Patricio Padilla Villén, el cabo segundo de Ejército Gustavo Camilo Ahumada y el sargento de Carabineros Rigoberto Alejandro Gallardo Tabilo.