Las letras del horror. Tomo II: La CNI

Capítulo II. El MIR inicia su retorno
2.1. De la propaganda armada a la ofensiva de combate

El 15 de octubre de 1975 los agentes de la DINA cayeron sorpresivamente sobre una parcela en Santa Eugenia de Malloco, cerca del camino viejo hacia Valparaíso. Allí permanecían ocultos Andrés Pascal Allende, Nelson Gutiérrez, Marie Anne Beausire, María Elena Bachman, Dagoberto Pérez y Martín Hernández Vásquez, los máximos jefes del MIR tras la muerte de Miguel Enríquez.

Al iniciarse el ataque se encontraron con una fiera resistencia de Dagoberto Pérez (“Dago”), jefe del aparato militar del MIR, quien premunido de una metralleta AKA cubrió la retirada de sus compañeros hasta caer abatido.

Nelson Gutiérrez, herido, y Pascal interceptaron un Volkswagen rojo y eludiendo los controles carreteros se dirigieron a Santiago.

El domingo 2 de noviembre la DINA ubicó a Hernández, refugiado por el sacerdote Rafael Maroto en la casa de otro religioso, Gerardo Whelan, en Lo Barnechea. Cinco días más tarde, con la DINA pisándoles los talones, Pascal y Marie Anne Beausire consiguieron llegar a la casa del embajador de Costa Rica, Tomas Soley. Esa noche, Gutiérrez y su compañera fueron subidos por un sacerdote a un Peugeot 404 y conducidos a la Nunciatura, donde se les acogió como refugiados.

Aquel episodio fue considerado como la derrota definitiva del MIR. No obstante, los jefes de la DINA celebraron anticipadamente lo que solo había sido una batalla más de la empecinada resistencia de los miristas.

La conducción del partido fue asumida por Hernán Aguiló (“Nancho”), Augusto Carmona (“Oslo”) y Germán Cortés (“El Cura”), los que diseñaron una nueva estructura, del tipo vertical, para restablecer los vínculos con la dispersa militancia.

En el verano de 1976 empezó a salir de las cárceles y de los campos de concentración un número significativo de miristas que optaron por quedarse en el país y sumarse a la rebelión. A diferencia de los cuadros dirigentes anteriores, decidieron instalarse en las poblaciones obreras periféricas y construir desde allí sus redes de apoyo.

Se les sumaron pronto algunos miembros de las denominadas “colonias”, células de miristas que provenían de las provincias y que buscaban retomar contactos con el movimiento.

Una de las primeras estructuras que retomó las acciones de resistencia fue la llamada “Fidel Arias Pino”, que operaba desde la avenida Departamental hacia el sur. Otra agrupó a los sectores de Melipilla, Padre Hurtado y Talagante, dirigida por un exintegrante del Movimiento Campesino Revolucionario, MCR, al que denominaban “El Punta”. También resurgió una pequeña fuerza en la zona suroeste de la capital, coordinada por Rodrigo Muñoz (“Dionisio”).

Todos efectuaban pequeñas acciones, en muchos casos individuales, destinadas a mantener la moral en alto y atraer a nuevos integrantes.

Grupos de milicianos se organizaron en Cerrillos, Renca, Lo Valledor, en las poblaciones Clara Estrella y Santa Olga, en Quinta Normal y Pudahuel. Se reunían en torno a clubes deportivos, ollas comunes, centros culturales, comunidades cristianas de base, juntas de vecinos y cualquier instancia que les permitiera encubrir su militancia en la resistencia.

En el otoño de 1977 el MIR había logrado recomponer parcialmente sus filas en las zonas norte, sur, poniente y oriente de Santiago, e inició la organización de mítines relámpago en ciertas empresas situadas en los excordones industriales. Paralelamente, se incorporó a los organismos defensores de los derechos humanos, a sindicatos de base y a los balbuceantes nuevos centros de estudiantes universitarios y secundarios.

Al morir “Oslo” y “El Cura”, se incorporaron a la dirección Ricardo Ruz (“Alexis” o “Agustín”) y el argentino José Ratier (“José”). A comienzos de 1977, aproximadamente, el MIR había reconstituido cuatro Grupos Político Militares, GPM, y mantenía un quinto en carácter de “flotante”. Ricardo Ruz, en tanto, trabajaba reorganizando el Regional Santiago y crecían las tareas en las bases, concentradas en áreas como Delegados de sección y taller en industrias, Comisiones para la vivienda, Comisiones de participación estudiantil, Coordinadora de juventud y enseñanza media, Bolsas de cesantes y Coordinadoras zonales y Comités de defensa de los derechos humanos.

También operaba una incipiente fuerza militar, restablecida a partir de exmiembros de la Armada y la Fuerza Aérea que habían recuperado su libertad luego de ser condenados por consejos de guerra inmediatamente después del golpe militar de 1973. Así, entonces, la dirección exterior del MIR procedió a dar un nuevo paso que consideraba decisivo.

2.2. Preparativos en Cuba

El 4 de octubre de 1977, al cumplirse tres años de la muerte de Miguel Enríquez, durante el discurso de homenaje que se le hizo en La Habana, Nelson Gutiérrez (“El guatón Wilson”), segundo hombre en la jerarquía del MIR, anunció el inicio de la denominada Operación Retorno. “El partido requiere hoy concentrar y centralizar en Chile, en el frente, el máximo de su capacidad de dirección, de organización, el máximo de su capacidad para el trabajo de masas y de la realización de la línea militar”, afirmó Gutiérrez. Y agregó:

Hay que concentrar esa experiencia, esos cuadros, esos hombres en el frente. Esa es la principal tarea de la retaguardia. Necesitamos preparar esos hombres, esos cuadros, los combatientes para la fase de la lucha que comienza. Esa es la orden del día: de la resistencia y la lucha revolucionaria. Este es un deber histórico y exigencia perentoria de nuestra moral de clase.

La Operación Retorno fue concebida en su origen por el mismo Nelson Gutiérrez, por René Valenzuela Bejas (“El Gato”) y Arturo Villabela Araujo (“El coño Aguilar”) en Francia y aprobada en Cuba durante una reunión del comité central del MIR, al que asistieron Andrés Pascal Allende, Nelson Gutiérrez (“Javier”), Manuel Cabieses (“Félix”), Hernán Aguiló (“Nancho”), Arturo Villabela, Patricio Rivas (“Gaspar”), Víctor Toro, “El Vilo”, Carlos Díaz Cáceres (“El pecho de buque”) y “El cura Cortés”, entre otros dirigentes.

Antes y después del anuncio en la capital cubana decenas de miristas fueron contactados en los diversos continentes para explicarles en qué consistía el “regreso al frente” e instarlos a que se incorporaran a las diversas tareas programadas.

El MIR debía impulsar la lucha contra la dictadura a niveles superiores y retomar el combate en las calles de Santiago, de Valparaíso y de Concepción. Se instalaría también “en el monte”, en zonas selváticas sureñas de la cordillera de Los Andes y de Nahuelbuta, en pleno territorio mapuche, para construir dos focos rebeldes.

En las escuelas guerrilleras cubanas de Pinar del Río, Punto Cero, Monte Pinares, Guanabo, Los Troncos y en la Escuela de Cuadros Ñico López, decenas de miristas siguieron el curso de Milicia Aplicada a Chile. Durante un período mínimo de cuatro meses se les enseñaron materias como manejo de explosivos, uso de armas cortas y largas, chequeo y contrachequeo, diversionismo y minas, conocimiento del enemigo, táctica individual de combate y estrategia militar.

Seis miristas ya habían sido enviados a mediados de 1976 a Argentina para foguearse en el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, pero todos cayeron en manos de los servicios de seguridad trasandinos y permanecen desaparecidos hasta hoy. Ellos eran Jorge Machuca, Luis Espinoza Barahona, Homero Catalán Avilés, Miguel Orellana, Francisco Leal y el paraguayo Claudio Melquiades.

En 1978, tras cumplir su adiestramiento en Cuba, la mayoría de los miristas volvió a Europa, donde les esperaba la documentación falsa necesaria para reingresar a Chile. En París, Praga o Berlín se les entregaban las últimas instrucciones, sus nuevos pasaportes y se les indicaba la ruta de entrada elegida para cada uno de ellos.

Así, al promediar 1980 ya estaba constituida en Chile la Dirección Nacional Militar (DNM), tres mandos zonales militares –Valparaíso, Santiago y Concepción–, la Jefatura de Milicias Populares (MP) y a lo menos tres grupos de combate (GC) dependientes de esta.

Los miristas con mayor formación militar y experiencia se empezaron a aglutinar en la denominada Fuerza Central (FC), encargada de las operaciones de mayor envergadura.

Al llegar a Chile, los retornados arrendaban pequeñas casas o piezas en diversos barrios de Santiago, aparentando ser empleados, profesores o vendedores ambulantes. Trataban de pasar inadvertidos, de no levantar la más mínima sospecha para no ser detectados por los aparatos represivos o la inteligencia de las Fuerzas Armadas.

En Cuba, en tanto, desde el Departamento América del comité central del Partido Comunista Cubano, PCC, encargado de “asistir al movimiento revolucionario latinoamericano”, se siguieron muy de cerca las evoluciones de la Operación Retorno.

El Departamento América, creado en 1974, era dirigido por el comandante Manuel “Barbarroja” Piñeyro, un hombre que había estudiado administración de empresas en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, y cuyo padre ofició muchos años como representante de Baccardi en la provincia de Matanzas. Piñeyro se casó en Nueva York con la bailarina estadounidense Lorna Burdsall. Luego se incorporó a la revolución cubana en la Sierra Maestra, donde se hizo cargo de las labores de inteligencia. Más tarde, en el segundo frente de combate, que comandaba Raúl Castro, formó el aparato de inteligencia y seguridad cubano, que poco después se transformaría en el Departamento de Seguridad del Estado, conocido con la sigla de G-2. Desde 1962 encabezó la Dirección General de Inteligencia, DGI, en el Ministerio del Interior, cediendo las labores de contrainteligencia, pero asumiendo la conducción del Departamento Liberación, cuya misión era apoyar los movimientos revolucionarios en América Latina.

En 1974 Piñeyro fue removido del Ministerio del Interior y pasó a dirigir el Departamento América. Su despacho estaba inmediatamente al lado del que ocupaba Fidel Castro, en el Palacio de la Revolución. En la década del 70 se casó con su segunda esposa, la periodista, escritora y teórica chilena Marta Harnecker, a quien conoció durante el gobierno de Salvador Allende, y que poco después se transformó en la escritora más vendida en el continente, solo superada por Gabriel García Márquez²².

El Departamento América mantenía un promedio de un especialista y cinco funcionarios para las relaciones con cada uno de los países latinoamericanos. En el caso de Chile, el operativo a cargo era Héctor Sánchez (“Humberto”), quien había permanecido un tiempo prolongado en Santiago durante el gobierno de la Unidad Popular. Conocido también como “Humbertico”, Sánchez era un entusiasta partidario del MIR y como tal participó activamente en la Operación Retorno. Ello, hasta después de haber contraído matrimonio por segunda vez, momento en que se enredó en actividades vinculadas a la pornografía infantil y fue detenido por los aparatos de seguridad cubanos²³.

Piñeyro, en tanto, se mantuvo en su cargo hasta 1992, cuando se le marginó de sus responsabilidades luego de conocerse en La Habana los vínculos que había establecido el MIR chileno con la ETA en España para generar dinero a partir de secuestros de empresarios. Uno de los mejores amigos de Piñeyro, el chileno René “Gato” Valenzuela, fue detenido en Madrid, juzgado y condenado por su responsabilidad en aquellos delitos²⁴.

2.3. El “Comando Carevic” y las amenazas del ojo por ojo

Los académicos y funcionarios del Centro de Estudios Humanísticos de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile trabajaban normalmente a fines de abril de 1979. Una mañana, de improviso, un grupo de hombres ingresó a la recepción de la amplia y señorial casona que había pertenecido hasta hacía algunos años a la embajada de España.

Aparentemente sorprendido, uno de los sujetos, que parecía dirigir a los otros, exclamó:

–¡Pero cómo! ¿Todavía hay gente trabajando aquí?

En seguida se identificaron como miembros de la CNI y aseguraron que la casa había sido adquirida por el “servicio”.

El estupor cundió entre los residentes. Se hicieron las consultas al director del organismo universitario, Enrique D’Etigny. Nadie sabía. El decano tampoco estaba enterado de ninguna negociación al respecto. En las horas siguientes se conoció la noticia. La universidad había vendido el inmueble a la entidad que dirigía el general Mena. Hubo que empezar a embalar.

En los días siguientes varias cuadrillas de operarios iniciaron las faenas para habilitar allí, en avenida República 517, las dependencias de algunas de las principales divisiones de la CNI. Una de las tareas más urgentes era instalar en el amplio subterráneo las plantas técnicas que les permitirían intervenir varios miles de teléfonos en la capital²⁵.

En el viejo edificio ubicado en la esquina de las calles López con Santa María, una cuadra al norte del río Mapocho, el hoy desaparecido Servicio Nacional de Salud, SNS, controlaba antaño el estado sanitario de las prostitutas capitalinas. En el frontis de esa construcción, en las inmediaciones del cuartel Borgoño de la CNI –llamado oficialmente Cuartel Santa María– el 23 de abril de 1978 una bomba colocada por el MIR despedazó al teniente de Ejército Luis Carevic Muñoz, exintegrante de la DINA y miembro de la Unidad Antiexplosivos de la CNI, cuando intentaba desactivar el aparato explosivo.

Días después en los muros de Santiago empezaron a aparecer rayados y consignas amenazantes. Un “Comando Lautaro”, que hacía recordar los nombres mapuches de las brigadas y agrupaciones de la DINA, prometía exterminar a los marxistas; otro, el “Comando Carevic”, reclamaba venganza “ojo por ojo” por la muerte del teniente Carevic. En el gobierno, en tanto, se preparaba una nueva legislación antiterrorista.

A través de la televisión se empezó a transmitir una serie de spots que condenaban el “violentismo” y destacaban la acción de “extremistas del MIR” a quienes se culpaba de la colocación de bombas en la capital²⁶.

La redacción de las medidas legales estaba a cargo de una comisión que integraban la ministra de Justicia, Mónica Madariaga; el auditor general del Ejército y un asesor jurídico personal de Pinochet. Además de los aspectos propiamente legales, el texto final debería incluir un perfeccionamiento de los servicios especiales de investigación y una acción múltiple en el campo familiar, educacional, económico, laboral y social, según lo anunció la ministra Madariaga en una clase magistral dictada en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica.

A fines de abril, el decreto ley 2.691 fue publicado en el Diario Oficial. Tenía como objetivo “prevenir con eficacia los actos terroristas y la organización de agrupaciones que persigan esas finalidades, así como castigar con severidad la ejecución de tales actos, que son atentatorios del ser mismo de la nación toda”.

La anatomía del decreto surgió de la ley de armas, del Código Penal, de la ley de Seguridad Interior del Estado y de las medidas contra la piratería aérea. En resumen, se agravaron ciertas penas y se creó un nuevo tipo delictual: el de la omisión de denuncia, que buscaba institucionalizar la delación y el soplonaje, las ansias de venganza y de desquite.

Las innovaciones más comentadas y criticadas fueron:

–Se agregó al artículo 292 del Código Penal un segundo inciso que estableció: “Se presumirá que la asociación ha tenido algunos de los objetos –ilícitos– que se indican en el inciso anterior, cuando uno o más de sus miembros ha ejecutado algún acto que constituya un atentado contra el orden social, las buenas costumbres, las personas o las propiedades”.

–Se agregó un artículo 295 bis, nuevo, que castigaba al que, “habiendo tenido noticias verosímiles de los planes o de las actividades desarrolladas por uno o más miembros de una asociación ilícita, omitiere ponerlas oportunamente en conocimiento de la autoridad”.

–“Cuando se trate de los delitos indicados precedentemente, incluidos el de asociación ilícita, no procederá la excarcelación del procesado, ya que no existe duda alguna de que en tal caso está absolutamente y totalmente comprometida la seguridad de la sociedad”.

–“En estos mismos delitos no procederá, tampoco, la remisión condicional de la pena, aun cuando eventualmente se cumplieren las exigencias que al efecto contempla la ley N°7.821, que regula esta importante materia”²⁷.

El 3 de mayo de 1979 la CNI informó que una semana antes había detenido en Rengo, en la provincia de Cachapoal, a dos dirigentes del MIR: Julio Iván Ibarra Maripangui y Nora de las Mercedes Muñoz Pavez. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Militar. Otros dos miristas fueron arrestados en el campamento Nuevo Amanecer, en el sector suroriente de Santiago: Guillermo Zamora Zamora (“Memo”), de 26 años, y Jorge Santos Díaz Cornejo (“Gabriel”), 32 años, a quien se le sindicó como integrantes de la Fuerza Central.

Tres días después de conocerse el nuevo decreto contra el terrorismo se hizo más evidente el accionar del Comando Carevic cuando empezó a enviar por correo cartas a medios de comunicación y a diversas casas comerciales e industrias.

A mediados de mayo desconocidos llegaron de noche a la casa del abogado y exministro de Frei Montalva, Alejandro Hales, en avenida Grecia 1970. Hales no estaba, solo su hija Mónica. En la puerta de la casa pintaron una swástica con la leyenda “Muerte”. Al retirarse rompieron algunos faroles.

En las sedes y campus universitarios se hizo habitual la presencia de sujetos desconocidos que haciéndose pasar por reporteros gráficos de algún medio de prensa, tomaban fotografías de profesores y alumnos que osaban manifestarse en contra del gobierno.

Al iniciarse el mes de junio un comando de siete miristas asaltó un camión cargado con productos lácteos de Soprole, los que distribuyeron entre los habitantes de la población La Victoria.

2.4. Secuestro de Rodrigo Anfruns Papi

En la tarde del domingo 3 de junio de 1979, Rodrigo Anfruns Papi, de seis años, desapareció después de salir a jugar con otros menores frente a la casa de sus abuelos, ubicada en calle Juan Agustín Barriga, en la comuna de Providencia. Los atribulados padres, el ingeniero Jaime Anfruns Stange y Paola Papi Beyer, consiguieron en las horas y días siguientes, conmover a todos los chilenos. Miles de afiches con el rostro del pequeño tapizaron las vitrinas del comercio, los taxis y los microbuses de la locomoción colectiva. Lucía Hiriart, la esposa del general Pinochet, se dirigió al país en cadena nacional pidiendo que el niño fuera devuelto y recordando que ella tenía un nieto de la misma edad.

Influyentes familiares y amigos de los Anfruns Papi, como el entonces coronel de Carabineros Rodolfo Stange Oelckers; el animador de televisión Don Francisco; la ministra de Justicia Mónica Madariaga; y el hermano de la madre, el abogado Mario Papi Beyer, hicieron múltiples esfuerzos para ubicar al menor, pero no tuvieron éxito.

En la mañana del jueves 14 de junio, once días después de la desaparición del niño, la Policía de Investigaciones anunció el esclarecimiento del caso. Los detectives, dijo el general Baeza a la prensa, habían encontrado el cadáver desnudo del menor en un sitio baldío a solo 150 metros de la casa de sus abuelos. La policía civil anunció que estaba detenido el presunto responsable del horroroso crimen: Patricio Pincheira Villalobos, de 16 años, a quien la prensa solo identificó con las iniciales PPV.

El primero en manifestar sus dudas fue el entonces abogado de la familia Anfruns, Mario Neumann, a quien el comisario José Opazo, jefe de la Brigada de Homicidios, quien encabezó las pesquisas, respondió categóricamente: “Pongo mis 25 años de experiencia, mi placa y mi revólver sobre la mesa si las cosas no son como digo”.

Según las conclusiones de los detectives, PPV asfixió a Rodrigo Anfruns al intentar violarlo y luego lo sepultó en un hoyo de unos 20 centímetros de profundidad, junto a la muralla que colindaba con la casa de los abuelos paternos. Al día siguiente volvió al lugar, tomó uno de los zapatos del pequeño y lo lanzó frente a la casa de los abuelos. De allí fue a un teléfono público para comunicarse por primera vez con la familia. Más tarde hizo un segundo llamado tratando de que encontraran el cadáver.

Carabineros había rastreado a diario los alrededores con perros doberman y ovejeros. La abuela del niño, Nelly Beyer Bórquez, declaró en el proceso: “Me consta personalmente que el mismo día 3 de junio se rastreó el sitio eriazo que queda detrás de la casa de los abuelos paternos […] y no se encontró nada”.

Los detectives argumentaron que los arbustos de palqui existentes en el lugar habían inhibido el olfato de los perros. No obstante, al día siguiente del hallazgo del cadáver, los carabineros volvieron a pesquisar el lugar con sus perros, los que demoraron solo algunos minutos en ubicar el sitio exacto donde había sido levantado el cuerpo de Rodrigo.

El sargento José Alberto González declaró en el proceso: “Entre los lugares que recorrí dentro del sitio, estuve en el montículo en que más tarde se encontró al menor. Miré debajo de los arbustos y no vi rastro alguno del niño. No he podido comprender cómo pudo haber estado en el sitio donde fue hallado, pues yo registré precisamente ese sector y no encontré rastro alguno”.

Testigos como Andrés Nazar y un niño de 9 años, identificado por sus iniciales AML, dijeron haber visto a cuatro hombres subiendo a Rodrigo a un automóvil en calle Manuel Montt. Hasta ese lugar, precisamente, llegaba el rastreo de los perros policiales.

Otra de las crecientes interrogantes apuntaba a la ausencia total de insectos en el lugar donde el cuerpo habría permanecido, supuestamente, por once días.

El doctor Alberto Teke, de Investigaciones, llamó por teléfono a un hermano de Jaime Anfruns para informarle que la data de muerte del niño no superaba los dos días. Lo mismo le aseguró Lorenzo Reuss, del Instituto Médico Legal, a la ministra Mónica Madariaga.

El primer informe de autopsia afirmó que la muerte había ocurrido cuatro días antes y que el niño presentaba quemaduras en el estómago, en la boca y en los glúteos. Mostraba también señales de ataduras en los tobillos. En el estómago tenía trozos de carne y papas. Las paredes del estómago estaban constreñidas, indicando que estuvo varios días sin comer y luego fue forzado a hacerlo. La causa de la muerte, agregaba, era asfixia.

Aquel primer informe fue desechado. El oficial fue conocido el 15 de junio de 1979 y omitió la probable fecha de muerte. Esta autopsia, de modo inaudito, no fue refrendada por el médico jefe de Tanatología del Servicio Médico Legal, el doctor Julio Veas Ovalle. El forense afirmaría más tarde que fue la única autopsia que no visó en sus 39 años de servicios.

El 20 de junio se evacuó un segundo informe. En él por primera vez se fijó la data de muerte alrededor de 10 o 12 días antes de la autopsia. Sorprendentemente, fue un ginecólogo del Hospital Militar, el doctor José Luis Vásquez, quien hizo la autopsia. Ningún profesional del Servicio Médico Legal fue autorizado para ello por el director del organismo, el doctor Claudio Molina Fraga.

El 1 de diciembre de 1980, el doctor Julio Veas Ovalle entregó un informe que le solicitó el tribunal donde sostuvo que Rodrigo, al momento de ser encontrado, no podía tener más de cuatro días de muerto. Agregó que las lesiones y quemaduras que presentaba el cadáver fueron causadas en vida.

El periodista Víctor Osorio, en un artículo publicado en la revista La Huella en julio de 2002, reveló que el doctor Molina, el 14 de septiembre de 1979, fue responsable administrativo del lanzamiento, en un pequeño cementerio, de los restos de los campesinos detenidos desaparecidos encontrados en los hornos de Lonquén, mientras los familiares de las víctimas esperaban en la Recoleta Franciscana la entrega de los mismos con el objeto de realizar una misa y posterior entierro de sus seres queridos.

Osorio también relató que en el proceso judicial abierto contra Pinochet por el caso de la Caravana de la Muerte, Molina fue quien elaboró uno de los informes periciales sobre la salud del exdictador, concluyendo que Pinochet “no podía valorar sus acciones” y, en consecuencia, era inimputable e irrecuperable.

Otra de las incógnitas de la investigación han sido los restos de alimentos en el estómago de Rodrigo Anfruns. La abuela materna, Nelly Beyer, afirmó que tres días antes de que se encontrara el cadáver, el sicólogo de Investigaciones Hernán Tuane Escaff preguntó por la comida que el niño había ingerido el día que desapareció. La señora Beyer declaró que pese a que la consulta le pareció extraña, la respondió: carbonada.

Días después, en el informe oficial de autopsia, apareció la mención de papas y carne sin digerir en el estómago del menor.

Tuane contó después a la prensa que había cumplido un papel determinante en el esclarecimiento del caso y había logrado arrancar de PPV la confirmación de su responsabilidad en el crimen a través del uso de sus conocimientos sobre sicología criminal. En julio de 1982 Tuane publicó en Editorial Planeta un libro sobre el caso: Rodrigo: Una Interpretación Criminológica. Allí se menciona que el autor del libro había servido los cargos de director de Relaciones Humanas de Gobierno (septiembre de 1973-1975), asesor psico-social del ministro del Interior (1976-1977) y secretario ejecutivo del Consejo Social de Ministros. Fue también asesor en la redacción de los Principios de la Junta de Gobierno (1974). Poco después, el periodista Jorge Escalante describió en el diario La Nación, en abril de 2002, el papel de Tuane en la elaboración de “planes de guerra sicológica” en los meses siguientes al golpe de Estado de 1973.

PPV fue sometido a proceso por el ministro en visita Ricardo Gálvez Blanco, magistrado que luego integró la Corte Suprema. Entre sus decisiones llamó la atención su rechazo a la petición de los querellantes en el caso Tucapel Jiménez de cambiar al ministro en visita Sergio Valenzuela Patiño.

Por haber actuado “sin discernimiento”, PPV fue recluido en tres centros de rehabilitación, hasta que recuperó su libertad en octubre de 1982.

El jefe de la sección de Psicología del Centro de Observación de Menores, Luis González Riffo, que examinó a Patricio Pincheira, atestiguó que “después de una serie de entrevistas sostenidas con el menor, queda la duda acerca de la participación directa en el hecho que se le imputa. El menor parece estar guardando u ocultando información para proteger a tercera o terceras personas”.

En una nota enviada a su madre, luego de su detención, el joven escribía: “Mamita, le juro por Dios que soy inocente. Estoy muy asustado. Tengo miedo que me vaya a pasar algo. Pero si me pasara algo le ruego que me crea que soy inocente”. Meses después, en una grabación enviada a sus familiares, señalaba: “Jamás le digan a nadie que yo no he sido el culpable… Si hubiera dicho quienes fueron realmente, algo que ustedes jamás pensarían le pasaría a la familia… Si yo salgo algún día, siempre tendré miedo de andar por las calles, de saber que me pueden callar para siempre”.

En julio de 2009 la periodista Soledad Pino, entrevistó para el diario La Nación a Patricio Pincheira²⁸.

–¿Usted es culpable del crimen del niño Anfruns? –inquirió la periodista.

–No, yo no maté a Rodrigo.

–¿Por qué se autoinculpó hace 30 años?

–Nunca tuve nada que ver con él. Esa supuesta confesión es falsa, yo nunca afirmé que haya matado a Rodrigo, ni nada parecido; recuerdo que dentro del cuartel me dijeron ‘confiesa y te podrás ir a tu casa’, pero ni siquiera ahí confesé. Me han dicho se supone que yo confesé ante el ministro (Ricardo) Gálvez y alguien más, pero no me acuerdo de eso. Además, la firma que está puesta en esa supuesta declaración ni siquiera es mía, yo no tenía firma en esa época.

Las dudas del abogado Mario Neumann, en la medida que transcurrieron las primeras semanas de la investigación judicial se transformaron en convicción: “Pienso que el móvil fue venganza”, repetía a los reporteros. En los años siguientes no quiso referirse al tema: tuvo que enfrentar numerosas amenazas anónimas y el intento de secuestro de uno de sus hijos.

La primera pista para la hipótesis de una eventual venganza fue proporcionada por la revista Qué Pasa, el 21 de junio de 1979, la cual registró que “rumores no confirmados, indican que el coronel (r) Alberto Irazábal, casado en segundas nupcias con la abuela paterna de Rodrigo, mientras se desempeñó como subdirector de Correos habría practicado un sumario interno por irregularidades y de cuya investigación habría resultado comprobada la participación de algunos funcionarios”.

Poco antes de la desaparición de Rodrigo apareció en Las Últimas Noticias la información del sumario instruido por el coronel, el cual afectó a las siguientes personas: Mario Ernesto Farías Bandera, Manuel Jesús Lara González, Jorge Perley Muñoz, Edmundo Amaro Amaro y Guillermo Picardo Olivos. Los funcionarios eran acusados de violar la correspondencia y apropiarse de diferentes especies de valor.

En septiembre de 1980 circuló en la clandestinidad un libro titulado Defensa del Gobierno de la UP y de Salvador Allende. En el texto, según el periodista Víctor Osorio, se indicaba que los funcionarios habían sido impuestos por Manuel Contreras Sepúlveda, los cuales “además de violar la correspondencia desde 1974, abrían y fotografiaban las cartas de ministros de Estado, generales, jefes de servicios, miembros de la Junta y ministros de la Corte Suprema”.