Las letras del horror. Tomo II: La CNI

1.10. Batalla entre hombres duros

En el verano de 1979 Santiago volvió a estremecerse por los bombazos. Los peritajes de la Policía de Investigaciones y de Carabineros señalaban que los artefactos eran fabricados con trotil; la CNI sostuvo que el trotil solo lo empleaban las Fuerzas Armadas. En los tres organismos se pensaba que los autores de los atentados eran exmiembros de la DINA. Desde el estallido de una bomba el 22 de noviembre de 1978 en la casa del presidente de la Corte Suprema, Israel Bórquez –poco después de que decidiera acoger a proceso la petición de la justicia estadounidense para extraditar a Manuel Contreras, Pedro Espinoza y Armando Fernández Larios–, hasta fines de marzo de 1979, la prensa informó de la colocación de 23 artefactos explosivos, 19 de los cuales estallaron y los otros cuatro fueron desactivados. De los 19 que explotaron, ocho lo hicieron en casas particulares; otros once en locales fiscales, empresas privadas y secretarías gubernamentales; y uno en el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura. Todas las bombas eran de baja potencia, ubicadas en lugares estratégicos para evitar heridos y con mecanismos de relojería para que explotaran por las noches. Hasta marzo de 1979 no se registraban heridos entre las víctimas de los atentados, pero sí seis muertos entre los presuntos autores: tres en una explosión en Coquimbo, dos durante un tiroteo en Santiago y uno al estallar un artefacto que se preparaba en una casa de Quinta Normal.

En el mismo período se informó de 46 detenidos como confesos fabricantes de bombas o cómplices. De esos 46, cuatro quedaron en libertad por falta de méritos y 15 fueron amnistiados. De los 27 restantes, 12 estaban siendo procesados por infracción a la Ley de Seguridad del Estado y solo 15 en tribunales militares por delitos a la Ley de Control de Armas.

El ministro de la Corte de Apelaciones Sergio Dunlop –que investigaba la bomba en casa del juez Bórquez cuando estalló otra en la suya– afirmó que las bombas estaban fabricadas con trotil. También el general Germán Campos, entonces prefecto de Carabineros de Santiago, aseguró que todas las bombas que estallaron en 1978 estaban fabricadas con trotil. La CNI, en cambio, fue enfática para afirmar que “no son de trotil, porque este elemento es usado solo por las Fuerzas Armadas”. Desde entonces, los medios de prensa informaron que, según fuentes de seguridad, tal o cual bomba era de polvo de aluminio o amongelatina. Pero hubo excepciones: el 14 de febrero de 1979, El Mercurio dio cuenta de una bomba que estalló en el sector de La Granja y que, según Carabineros, “estaba confeccionada con 500 gramos de trotil”.

El 14 de mayo de 1979, en un fallo de primera instancia, el presidente de la Corte Suprema, el ministro Israel Bórquez, anunció su rechazo a las extradiciones de Contreras y Espinoza solicitadas por el gobierno de Estados Unidos.

Seguros de que las condiciones habían cambiado, ambos exjefes de la DINA decidieron iniciar un fulminante contraataque y el 31 de mayo acusaron constitucionalmente a los ministros del Interior, de Relaciones Exteriores y de Educación, Sergio Fernández, Hernán Cubillos y Gonzalo Vial, respectivamente.

Contreras y Espinoza los culpaban de haber interferido en sus defensas e influir de mal modo ante diversas instancias públicas para que no se les ayudara. Afirmaban que uno de sus abogados, Jorge Balmaceda, jefe del Departamento Jurídico del Ministerio de Educación, había sido presionado por el ministro Vial para que abandonara el caso.

De acuerdo a la acusación de los exjefes de la DINA, el embajador estadounidense George Landau habría señalado a Cubillos su inquietud por la situación irregular de Balmaceda. Y este, junto a Fernández, habría acicateado a Vial para que presionara a Balmaceda. Para Contreras y Espinoza esa conducta resultaba inadmisible. Se trataba de una intervención extranjera que, con la complicidad de tres ministros, comprometía e1 honor de Chile y atentaba contra el legítimo derecho de defensa que tiene todo ciudadano.

La Junta de Gobierno se reunió y determinó que no procedía jurídicamente la acusación constitucional. El gobierno, en tanto, declaró que jamás se había pretendido intervenir en el proceso sobre las extradiciones, ni para privarlos de defensa, ni para entorpecer la acción de la justicia.

Los ministros aludidos no guardaron silencio. En una enérgica declaración emitida a últimas horas de ese mismo día refutaron los cargos que se les imputaban, manifestando que nunca han aceptado presión alguna y reiterando su adhesión a los valores de la dignidad y honor de la Patria. Y agregaron:

Resulta entre audaz y grotesco, por decir lo menos, que los referidos reclamantes se atrevan en estas circunstancias a formular semejantes declaraciones de índole moral y jurídica, con lo que queda de manifiesto que su propósito es el de intentar una burda maniobra política.

Manuel Contreras, por su parte, replicó al día siguiente:

Lo único que puedo declarar es lo siguiente: mi general Pinochet ha estimado que esta situación está totalmente superada. Yo, como militar, estoy dispuesto a cumplir, una vez más, las órdenes de mi general, pese a la actitud ignominiosa de algunos de los lacayos que actualmente lo rodean.

Pinochet reiteró su confianza a los ministros y el Ejército se cuadró con su comandante en Jefe. A las 8:30 de la mañana del jueves 7, llegó hasta el gabinete de Pinochet el cuerpo de generales a presentarle su saludo con motivo del día de la Infantería. En representación de ellos, el general René Escauriaza manifestó su adhesión el gobernante:

Queremos decirle a aquellos ilusos que aún pretenden minar la lealtad de la institución, que no confundan serenidad con temor ni silencio con desafección, pues cuando el Ejército, cuyo símbolo humano es la infantería, tiene que responder, sabe hacerlo sin titubeos²⁰.

Casi un mes antes, el 26 de abril, el canciller Cubillos había invitado a almorzar a su casa al embajador estadounidense George Landau, a quien le confidenció que en las últimas dos semanas había recibido dos amenazas de muerte de Contreras.

En un documento secreto de tres páginas desclasificado por el gobierno norteamericano en marzo de 2001, Landau había informado en abril de 1979 al Departamento de Estado: “Cubillos me dijo que había recibido dos amenazas de muerte porque había firmado el original de la orden de arresto en su contra y que estaba muy consciente que la política exterior de Chile enfrentaría serios problemas si la Corte falla en contra”.

Los chilenos presenciaban por esos días las primeras grandes batallas de una guerra al interior del régimen militar que se prolongaría más allá del fin de su existencia. Los bandos en pugna fueron identificados como “duros” y “blandos”, atribuyéndoles características y posiciones antagónicas en el manejo económico, en las relaciones exteriores, en los planes políticos, en la educación, en suma, en todos los ámbitos ideológicos y administrativos del gobierno.

El general Pinochet decidió impulsar un gran movimiento cívico-militar que robusteciera los pilares de su gestión. La tarea recayó en el mismo hombre que poco después del golpe militar de septiembre de 1973 le recomendó reemplazar sus incrustaciones de oro en la dentadura, despejar su frente y levantar la altura de su gorra: el publicista Federico Willoughby. Trabajaría codo a codo con un coronel de Ejército en Cema Chile y emplearía como verdaderas monitoras de la idea a las esposas de los oficiales y de los funcionarios de las intendencias regionales.

En los últimos meses de 1979 Willoughby había logrado fichar a 240 mil chilenos. No obstante, la sombra del corporativismo con un penetrante olor a fascismo había caído sobre el tan esperado movimiento y Pinochet ordenó congelarlo hasta una nueva orden.

1.11. El conglomerado empresarial del “Mamo”

Manuel Contreras había previsto el fin de la DINA, su retiro y el de sus hombres. Pensando en ello creó una sociedad de responsabilidad limitada –Pedro Diet y otros– destinada a dotar de casas a todo el personal que conformaba el estado mayor del organismo de inteligencia. También, en sociedad con Vianel Valdivieso –Víctor Víctor, como le decían en la DINA– formó la empresa CONAS, dedicada a los servicios técnicos de ingeniería y mantenimiento.

Otras empresas bajo el control de Contreras al iniciarse los años 80 eran Conapala, una compraventa de automóviles; Enelectro, de artículos electrodomésticos; Impromet, en el rubro de la metalurgia; y su empresa regalona: Servicios de Asesorías Integrales Alfa Omega Ltda.

El general decidió instalarse en el tercer piso de Santa Lucía 270, en unas oficinas que arrendó a su amigo y exagente DINA Eduardo Romero Olmedo, que justo las había rematado poco tiempo antes.

Romero era dirigente de los camioneros durante la Unidad Popular, época en que se hizo muy amigo de Contreras.

En mayo de 1980 se descubrió una gigantesca evasión tributaria, superior a 250 millones de pesos –unos 20 millones de dólares– que involucró a la empresa Union Trading Co. Ltda., propiedad de Romero, y ubicada un piso más abajo de las dependencias que ocupaba Contreras.

Entre mayo y agosto, tanto la Brigada de Delitos Económicos de Investigaciones, Bridec, como los medios de prensa, recogieron múltiples antecedentes que indicaban la presencia de un grupo económico con vínculos y negocios insospechados.

Los principales socios de Romero, con dilatada trayectoria en el mundo empresarial, eran el colombiano nacionalizado estadounidense Jorge Bendek Bendek; su cuñado, Jorge Masihy Duery, y Manuel López Jiménez, un hombre que también había trabajado en la DINA, en el departamento encargado de falsificar cédulas de identidad y pasaportes²¹.

“No nos van a amedrentar y les aseguro que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y no nos vamos a detener, caiga quien caiga, porque es necesario investigar a fondo los alcances del fraude”, dijo el general Ernesto Baeza, director de Investigaciones, al contar en esos días a los periodistas que tanto los agentes de la Bridec como sus familiares habían sido amenazados.

En uno de los muchos nexos del escándalo, un nombre llamó la atención de los investigadores: Álvaro Miguel Barría Duque, que aparecía como el principal proveedor de cobre para exportación de Union Trading. Entre mayo de 1979 y marzo de 1980 Barría había cobrado IVA por 245 millones de pesos, cheques de Tesorería que él mismo había cambiado en la sucursal Avenida Matta del Banco Español-Chile.

¿Que había de extraño? Álvaro Miguel Barría Duque había sido detenido por agentes de la DINA desde su domicilio el 15 de agosto de 1974 y visto por última vez en la casona de calle Londres. Era un detenido desaparecido.

Otra de las personas que aparecían cobrando cheques de IVA era Bonifacio Catacora Zarzuri, nombre falso del exsargento Juan de la Cruz Cepeda Baraona.

Romero, López y Cepeda fueron a dar al Anexo Cárcel de Capuchinos, vigilados muy de cerca por el teniente primero de gendarmería Orlando Manzo Durán. Ese gendarme, adscrito a la DINA, había estado entre 1974 y 1977 a cargo del campo de prisioneros de Cuatro Álamos, y el 2 de octubre de 1978 había declarado ante el ministro en visita Servando Jordán, que investigaba algunos casos de detenidos desaparecidos, entre ellos el de Barría Duque.

El abogado Jorge Villalobos Bolt, exfiscal de la DINA, asumió la defensa de Romero Olmedo.

Dos de los principales involucrados alcanzaron a huir de Chile antes de que los detectives los ubicaran para detenerlos. Se trataba de Jorge Masihy, cuñado de Romero, y Jorge Bendek Bendek.

Ese fraude, como muchos otros procesos, abandonó las páginas de los diarios y de las revistas, pasando bruscamente al olvido.

El miércoles 5 de septiembre de 1990, diez años después de lo relatado, en una operación conjunta del Departamento de Control de Drogas y Prevención Delictual de Carabineros, OS-7, y del Servicio de Aduanas, se descubrió una red internacional de tráfico de drogas, dependiente del Cartel de Medellín, que operaba enviando cocaína desde Santiago a Miami.

La conexión surgió cuando fueron detenidos en el aeropuerto de Pudahuel tres chilenos y un colombiano portando 61 kilos de cocaína, avaluada en el mercado negro en 1.200 millones de pesos, unos tres millones de dólares.

Cinco días después el OS-7 informó que los detenidos en Pudahuel eran Jaime García Ruiz, 49 años, colombiano; y los chilenos Fernando Cortese Stevenson, 43 años; Francisco Canales de la Cerda Fuentes, 31 años; y, Miguel Ángel Candia Morales, 53 años. En los días siguientes, los agentes antinarcóticos habían arrestado a Óscar Barker Cárdenas, 43 años, chileno; Guillermo Franjola Orellana, 43 años, chileno; Carlos Guevera Bonilla, 38 años, chileno, Florencio Fuentealba Aguayo, 56 años, chileno, y Jorge Bendek Bendek, 62 años, ingeniero químico, colombiano nacionalizado estadounidense.

El colombiano Bendek, el mismo que había sido socio de Romero Olmedo en el fraude al IVA detectado en 1980, era el jefe de la operación en Chile y trabajaba junto a un cubano-estadounidense, entrando y saliendo de Chile desde 1988.

Su lugarteniente, Florencio Fuentealba Aguayo, tenía también un pasado interesante. El miércoles 12 de septiembre de 1990, el diario La Tercera de la Hora escribió sobre él:

La “ficha” de Florencio Celedonio Fuentealba Aguayo –uno de los nueve detenidos por el grandioso descubrimiento de cocaína– comenzó a nutrirse en junio del año 1970, cuando sustrajo armas de regimiento, donde servía con el grado de capitán.

En esa oportunidad, Florencio Celedonio Fuentealba Aguayo, acompañado de su primo, Luciano Cruz Aguayo, fallecido en extrañas circunstancias hace algunos años atrás, se dirigió a la población La Bandera, donde pretendieron instalar un foco armado de resistencia extremista de izquierda. Después del 11 de septiembre estuvo enrolado en organismos de seguridad.

En la actualidad a Fuentealba Aguayo se le conoce como fuente laboral una oficina exportadora de figuras en lapislázuli, de escaso movimiento, pero con una numerosa planta de personal.

Hace pocos meses estuvo conectado a un empresario español que pretendió instalar máquinas tragamonedas en Santiago, a lo que se opusieron la Municipalidad y la Intendencia, fallo que confirmó la Corte de Apelaciones de Santiago. Ese empresario residió antes en Colombia.

En 1981, poco antes de que Alfa Omega entrara en su fase terminal, Contreras había logrado reunir junto a él a los generales en retiro Galvarino Mandujano y Pablo Schaffauser Acuña, ambos del arma de Ingenieros; Agustín Toro Dávila, de Infantería, y al coronel Ramón Larraín.

Entre sus principales clientes estaban la discoteca Eve, la planta de Vicuña Mackenna de IRT y numerosas financieras pequeñas. Para satisfacer sus compromisos comerciales, tenía a diez analistas de seguridad, todos exoficiales de Ejército.

Una de sus ventajas era ofrecer servicios de seguridad casi exactamente iguales a los que exigía la comandancia de la Guarnición Militar de Santiago.

En uno de aquellos días Contreras, con algunos tragos en el cuerpo, después de concluir una comida de camaradería con sus colaboradores de Alfa Omega, se emocionó al recordar los funerales del generalísimo Francisco Franco en 1975, a los cuales asistió acompañando a Pinochet. Narró que miles de falangistas luciendo sus camisas azules saludaron con el brazo en alto el entierro del gobernante español en el Valle de los Caídos, mientras entonaban el “Cara al Sol”, himno de la Falange que fundara José Antonio Primo de Rivera.

Contreras, con lágrimas en los ojos, comentó:

–¡Esa es la mística que necesitamos en Chile!

–¡Tómese el gobierno, mi general, nosotros lo apoyamos! –lo instó uno de sus asesores.

–¡Sí, mi general! ¡Usted sabe que hay muchos que estarán junto a usted! –se entusiasmó otro.

El general pareció reflexionar algunos segundos. Luego, respondió:

–No; mi lealtad hacia mi general Pinochet es irrestricta, pero les aseguro que voy a quitar de circulación a esos cabrones de los gremialistas.

¹ Entre ellos Jaime Guzmán Errázuriz, Gonzalo Vial, Emilio Sanfuentes, Francisco Bulnes Ripamonti, Hermógenes Pérez de Arce, Francisco Orrego Vicuña, Ricardo Rivadeneira, Orlando Sáenz, Cristián Zegers Ariztía, Ricardo Claro Valdés, Hernán Cubillos Sallato y Roberto Kelly.

² Ver Eugenio Ahumada y otros: Chile. La Memoria Prohibida; Tomo II. Santiago de Chile: Pehuén Ediciones, 1989.

³ Proceso rol N°21.485 del Segundo Juzgado del Crimen de La Granja, iniciado el 24 de mayo de 1977. Ver también Marcelo Miranda: “El Vía Crucis de un torturado”, El Periodista, 3 de diciembre de 2004.

⁴ En ese lugar se ubica hoy la piscina Antilén.

⁵ Andrea Lagos A.: “A 25 años del encuentro de Chacarillas. La noche en que nació el Pinochetismo”, Siete+7; 28 de junio de 2002. Ver también “El descenso de Chacarillas”, diario La Tercera, 30 de junio de 2002.

⁶ Las leyes N°18.314 y 18.315, del 17 de mayo de 1984, que tipificaron las conductas terroristas, facultaron a la CNI y a otras fuerzas de orden para detener previa orden del Ministerio del Interior, de los intendentes regionales, de los gobernadores provinciales o de los comandantes de guarnición, sin necesidad de una orden judicial. También se le autorizó a detener en sus propias dependencias.

⁷ A comienzos de enero de 1978 Pinochet decidió encomendarle al general Manuel Contreras una misión delicada y confidencial. El exjefe de la DINA debía viajar a Argentina y convencer al general Jorge Rafael Videla para una reunión con Pinochet. Contreras tuvo éxito y el 19 de enero ambos jefes de Estado se reunieron en el aeropuerto Plumerillo de Mendoza.

⁸ Ver Luz Arce Sandoval: “Confesiones de una agente DINA-CNI”. Declaración de Luz Arce ante la Comisión Rettig: Revista Página Abierta, Santiago de Chile, 18 de marzo de 1991.

⁹ Ver Ernesto Carmona. Morir es la noticia. Santiago de Chile: Ernesto Carmona Editor, 1998. También: El Combatiente, Periódico Oficial de la Comisión Militar del MIR, N°11, noviembre-diciembre de 1989.

¹⁰ La Segunda, viernes 20 de enero de 1978.

¹¹ “Dónde Están”. Boletín 4, enero-abril 1984; Agrupación Nacional de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

¹² Michael Townley planificó un asalto a una central eléctrica en Concepción desde donde el gobierno de la UP interceptaba con un oscilador las emisiones piratas de Canal 5 de Televisión, dependiente de Canal 13 de Santiago, que dirigía el sacerdote Raúl Hasbún. En el asalto, efectuado por un comando de Patria y Libertad el 20 de marzo de 1972, encabezado por Juan Manuel Sessa y Carlos Vial, resultó muerto por asfixia el obrero José Tomás Henríquez, a quien los atacantes amarraron, le pusieron tela adhesiva en la boca y le aplicaron cloroformo. Townley y sus secuaces escaparon de la justicia viajando a Argentina.

¹³ Hijo del coronel Pedro Medina Arriaza y sobrino de Jorge Medina Arriaza, uno de los implicados en el secuestro del general René Schneider.

¹⁴ Ver Verónica Valdivia Ortiz de Zárate: El golpe después del golpe. Leigh vs. Pinochet. Chile 1960-1980. Santiago de Chile: Lom ediciones, septiembre de 2003.

¹⁵ Ver Manuel Salazar: Las letras del horror. Tomo I La DINA. Santiago de Chile: Lom ediciones, 2011.

¹⁶ Ver Manuel Salazar: Contreras. La historia de un intocable. Santiago de Chile: Grijalbo-Mondadori, 1995.

¹⁷ Ver Claudio Orrego y Patricia Verdugo: Una herida abierta. Santiago de Chile: Editorial Aconcagua, marzo de 1980.

¹⁸ Ver Ernesto Videla: “Historia secreta del conflicto Chile-Argentina”, serie publicada por el diario La Segunda en seis fascículos entre el viernes 23 de julio de 2004 y el viernes 27 de agosto del mismo año.

¹⁹ Carta de Herrera Jiménez al director de la DINE fechada el 9 de noviembre de 1990.

²⁰ Blanca Arthur: “Las granadas de Contreras”, revista Ercilla, Santiago de Chile, 13 de junio de 1979.

²¹ El periodista Gabriel Figueroa publicó un completo cuadro de las empresas a las que, de una u otra forma, estaba vinculado Romero. Entre ellas aparecían: Sociedad de Turismo Costa Brava Ltda.; Caroicar y Cía. Ltda.; Sociedad Minera Pucalán Ltda.; Sociedad de Buses Flecha Verde Ltda.; Romero y Cia. Ltda.; Romero Bendex Ltda.; Masihy Alfaro y Ortega Ltda.; Romero y Diez Ltda.; Transportes Internacionales Santiago Ltda.; Metalúrgica Lamifor Ltda.; Union Trading Ltda.; Comercial Fundación Ltda.; Agrícola y Forestal La Cascada Ltda.; Compañía Nacional Metalera Ltda.; Cofema Ltda.; Minera y Mercantil Ramayana; Comercial Hual Ltda.; Somalco M.R.; Turismo Alfa Tour; Tisal Tour; Fundicol Ltda., y Comercial y Minera World. Romero aparecía, además, conectado a una red de negocios en el exterior, donde figuraban la agencia aduanera Elissalde y Poblete, y las sociedades panameñas Marbat S.A. y Ketol S.A. También había intentado conseguir la representación para Chile de las tarjetas de viaje Big Travel Club Inc., de Miami, Florida, empresa presidida por el cubano norteamericano Ray Velásquez. Entre las personas ligadas a estas sociedades –aparte de Romero, Bendek, Masihy y López Jiménez– destacaban: José Navarrete González, Miriam Bannura Babul, Abraham Jarur Puery, Manuel Ortega Pizarro, Osvaldo Huerta Pino, Alfredo Alfaro Motles, Nayo Rojas Abud, Héctor Palacios Green, Miguel Navarrete Cáceres, Carmela Hernáez Aute, Cornelio Albornoz Allende, Julio Solar Solar y Jorge Díaz Utrera. Ver revistas Hoy 151, 158 y 161, entre junio y agosto de 1980.