Diplomacia y revolución

El presidente interino De la Barra se comprometió a indemnizar los daños ocasionados por las acciones maderistas. El maderismo consideró vital ganar la confianza y aceptación tanto de las potencias europeas como de Estados Unidos; sin ello, el gobierno mexicano no tendría la posibilidad de participar en la escena política y económica internacional, por lo tanto, salvaguardar los intereses extranjeros se volvió vital para la vida diplomática mexicana.

La violencia armada en el norte de la frontera afectó a una gran cantidad de propiedades, bienes, derechos y concesiones extranjeros. La revolución, al ser contenedora de múltiples bandos, intereses y actitudes hacia los extranjeros se vio rebasada por una violencia sin concesiones.29 En cuestión de meses quedaron desechas propiedades agrícolas, haciendas, industrias y comercios; en general, la cotidianidad se interrumpió y se hicieron presentes los distintos bandos en pugna. De ello fueron culpados los revolucionaros, junto con grupos de bandidos y gavillas de asaltantes. Ante esta situación se levantaron rápidamente muchas voces de reclamo —tanto dentro como fuera del país— hacia las autoridades civiles estatales y nacionales.

Para Madero, quienes se manifestaron en contra de la revolución no comprendían su significado, y señaló que el sacrificio de los revolucionarios salvó vidas estadounidenses. El excandidato a la presidencia aseguró: “ahora que la guerra ha terminado, podrán apreciar el beneficio de la libertad y cosechar los beneficios de ello en sus relaciones con México” (Hart, 1998: 354). Se olvidaría cualquier sentimiento antiamericano siempre y cuando Estados Unidos respetaran el camino revolucionario.

La representación diplomática estadounidense presionó para que el gobierno de León de la Barra se comprometiera a resarcir los daños causados por las revueltas y los levantamientos subsecuentes. Ello quedó sólo en un proyecto que no fue aprobado por el Congreso, sin embargo, esta acción perfiló el actuar de la diplomacia estadounidense frente a México: garantizar que los intereses económicos de sus ciudadanos no fueran trastocados por ningún alzamiento político o militar.30

El gobierno de Madero: la esperanza al restablecimiento de la paz

A finales de 1911, una vez que Madero fue proclamado presidente, las críticas a la postura neutral estadounidense se hicieron cada vez más enérgicas. Un caso ejemplar fue el de Juan Leets, político centroamericano, quien con el respaldo del embajador Wilson logró repartir un texto al Congreso y Senado estadounidense donde denunció que el intervencionismo estadounidense no se aplicó con el mismo rigor en toda Latinoamérica, siendo México un caso de excepcional tolerancia.

Leets explicó que el fracaso del porfiriato se sustentó en la ignorancia mexicana y la complicidad estadounidense. Se consideró que el gobierno de Díaz fue una etapa de progreso y prosperidad, haciendo posible la paz por más de tres décadas; pero al no educar a las masas para disfrutar las libertades políticas, no estaban facultadas para “mantener estos esfuerzos altamente fructíferos, los que se derrumbaron en el primer asalto del huracán revolucionario que barrió al país y que está desgarrando las entrañas en el país” (Leets, 1912: 10).

De igual forma, Leets señaló que otro culpable de la violencia fue la intervención indirecta de Estados Unidos, pues desde el llamado maderista “la frontera americana fue prácticamente abierta para la introducción de armas a México, y de la capital americana fueron enviadas en abundancia para respaldar la revolución” (Leets, 1912: 11). Esta intervención fue calificada como un juego estratégico, pues a Was­hington le interesó ahondar en la discordia mientras movilizaba tropas que permitirían invadir al país, ello bajo el pretexto de la protección de vidas y propiedades americanas.

Con desdén, Leets señaló que el gobierno estadounidense retrasó toda incursión militar ante el temor de que una intervención en México “llevaría al inmediato cese de toda lucha interna y la unión de todos los mexicanos, que tomarían las armas contra el invasor” (Leets, 1912: 11). Este retraso fue calificado como una injusticia, no por la presencia y supervivencia de los regímenes revolucionarios, sino porque no se aplicó una política similar al resto de las naciones latinoamericanas.31

Para 1912, el profesor L. S. Rowe, de la Universidad de Pensilvania, señaló que el movimiento contra Porfirio Díaz no fue coyuntural, sino consecuencia del apoyo preferencial a empresarios sobre las masas obreras, la pobre calidad de la educación y principalmente el federalismo simulado. En general, el poder político del país fue acaparado en la oficina presidencial (Rowe, 1912: 286). La revolución fue comparada con el movimiento de 1876, en el cual el propio Díaz llamó a la guerra en rechazo a la reelección de Lerdo de Tejada.

Para este autor, la neutralidad de Estados Unidos resultó del “marcado contraste con otras revoluciones que han tomado lugar en México, o en la misma América Latina, el levantamiento contra el gobierno de Díaz fue exclusivamente civil” (Rowe, 1912: 281). Contrario a otros movimientos armados latinoamericanos, los revolucionarios tenían ventaja sobre Díaz, pues aun ignorando tácticas militares contaban con el equipo y apoyo secreto de las masas en Chihuahua, Coahuila, Sonora y Durango. Díaz, pese a su voluntad para gobernar, fue “un presidente de edad, con asesores de edad, que en su familiaridad con tácticas militares modernas eran totalmente ineptos” (Rowe, 1912: 291).

La abdicación de Díaz resultó gracias a la opinión pública, que por primera vez en la historia mexicana alcanzó proporciones nacionales. El triunfo de la revolución fue reflejo del sentir popular reprimido desde la guerra tuxtepecana. Finalmente, descartó que el encumbramiento de Madero garantizara la restauración de la paz, pues las demandas sociales no estaban resueltas, por lo que parecía probable que se viviera un nuevo periodo de anarquía. Advirtió que si el maderismo seguía en el poder era consecuencia de una posible “intervención por parte de los Estados Unidos [que] ha ejercido una cierta influencia aleccionadora, [aunque] no ha sido suficiente para evitar los movimientos insurreccionales” (Rowe, 1912: 297).

Respecto a la potencial intervención, advirtió que la Casa Blanca debía ser cuidadosa, ya que probablemente “se despertarían los recelos de cada mexicano patriótico que se unirían a una causa común, por lo que sin duda no beneficiarían a los intereses estadounidenses” (Rowe, 1912: 297). Su hipótesis fue que si Estados Unidos intervenía, se desataría un sentimiento nacionalista que sólo generaría un derramamiento mayor de sangre.

Mientras algunos círculos intelectuales en Estados Unidos discutían el caso mexicano, los estadounidenses que habitaban en la frontera solicitaron la pronta intervención armada, y a ellos se sumaron extranjeros de la Gran Bretaña y Alemania. En atención a los demandantes, el general Brigadier Hare, delegado militar en Dallas, declaró que era viable y justificable iniciar una movilización al sur del río Grande, pues demandó al gobierno mexicano que “si tú no nos dejas proteger a nuestros ciudadanos, entonces tú debes protegerlos [… De no ser así] considero que es una obligación moral de Estados Unidos mantener bajo protección a los ciudadanos de otras naciones” (The Amarillo Daily News, 24 de febrero de 1912: 4).

Aun ante los clamores por una intervención armada en México, la posición del presidente Taft fue contraria. Basado en los informes periodísticos y diplomáticos que sus colaboradores le hacían llegar, consideró que su posición no cambiaría, pues eran esperanzadores los logros de Madero en los últimos días. Negó rotundamente haber “tomado medidas para fortalecer la milicia americana en la frontera, o preparar una fuerza expedicionaria para operar en territorio mexicano” (The Amarillo Daily News, 24 de febrero de 1912: 4).

Por recomendación del embajador Wilson, Taft ordenó al servicio diplomático redoblar las medidas preventivas hacia México. Una de las primeras medidas fue enviar mil rifles Kragg estándar de Nueva York a la colonia americana en Ciudad de México. Es importante señalar que la Ciudad de México registró al mayor número de estadounidenses residentes en México con 3 987 (Secretaría de Agricultura y Fomento, 1918), por lo que era necesario extremar las medidas de protección. En consecuencia, en la capital se rumoró que, para cuidar a la embajada estadounidense, estaba por ser transportado un grupo de fuerzas militares especiales (The Amarillo Daily News, 30 de marzo de 1912: 1).

A los llamados prointervencionistas en México, se sumó la voz de algunos ciudadanos de El Paso, quienes mediante comunicados y notas de prensa demandaron a Smithson, secretario de Guerra de Estados Unidos, que enviara un destacamento a Ciudad Juárez. La vida en México era intolerable, “los robos y atracos nocturnos en Juárez en que los estadounidenses son víctimas y sus negocios y casas son saqueadas” (The Amarillo Daily News, 30 de marzo de 1912: 1). Los solicitantes promovieron una intervención más no una invasión, pues señalaron que una patrulla de soldados sería suficiente para su seguridad, ello hasta que el gobierno mexicano retomara las riendas en la frontera. La Casa Blanca fue receptiva respecto a las demandas de protección, por lo que envió un destacamento para que resguardara la zona fronteriza.

En México causó preocupación la declaración de Taft, quien refirió que “el ministro de la Guerra debió haber asistido a las fiestas de la coronación del Rey de Inglaterra, pero que no lo hizo por el temor que había de que estallara una guerra con Méjico [sic]” (El País, 24 de junio de 1911: 2). Parecía que la situación en México estaba lejos de restablecerse, por lo que la movilización de tropas y mandos militares en la frontera fue crucial para actuar en cuanto fuera necesario.

La intervención armada fue considerada por algunos sectores políticos estadounidenses como un asunto de seguridad nacional, acusando que el gabinete de Taft no actuaba acorde a la gravedad de los sucesos en México. En agosto de 1911, Taft enfrentó una demanda legal al ser acusado por J. E. Buckley de esconder al Congreso información que “podría justificar una demostración de la marina o armada, una semana antes de la clausura del congreso”. Algunos sectores de la prensa de Estados Unidos señalaron que el aseverar que las cosas en México estaban controladas era una mentira del Estado (Licking Valley Courier, 17 de agosto de 1911: 1).

El demandante se declaró representante de los ciudadanos estadounidenses residentes en la Ciudad de México, en una demanda realizada ante la Corte de Justicia estadounidense. Aclaró que su intención no era que se ejerciera alguna acción penal contra el presidente, sino impulsar “una acción para obligar a los Estados Unidos a declarar la guerra a México, no a modo de intervención, sino por conquista” (Licking Valley Courier, 17 de agosto de 1911: 1), puesto que una nación sin gobierno era una oportunidad de expansión territorial.

Los reportes sobre las afectaciones a estadounidenses en México continuaron, aun cuando se firmó un armisticio. Desde la zona fronteriza emanó el mayor número de reclamos al Departamento de Estado. Uno de los más notables fue el del cónsul Edwards, quien denunció que los revolucionarios, aun cuando lograron la victoria, seguían estableciendo préstamos forzosos, los cuales se aplicaron a los extranjeros “especialmente con los alemanes y americanos que residen en ciudad Juárez” (El Diario, 9 de marzo de 1912: 4).

En marzo de 1912 se realizó un balance respecto a las afectaciones sufridas por los extranjeros en México, y en él se evidenció un saldo negativo para los estadounidenses. Se reportó la salida de más de treinta mil personas a causa del conflicto revolucionario, la mayoría avecindados en la frontera. Fue entonces que los pasos fronterizos reportaron un importante tránsito diario. La salida de estadounidenses era masiva, “solamente ocho mil ciudadanos de los Estados Unidos, que son los que, según cálculo autorizado, permanecen en nuestro país” (El Imparcial, 13 de marzo de 1912: 1). Se estimó que los que permanecían en el país no lo harían por mucho tiempo, pues el éxodo de sus connacionales causó enormes pérdidas económicas.

18 Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (ahsrem), legajo 381, p. 1/7.

19 Para más información sobre los conflictos desatados entre el cuerpo de guardia fronterizo estadounidense y los grupos armados revolucionarios véase Harris (2004).

20 Otros informes de prensa complementaron esta noticia con el hecho de que la fuerza de los rangers trabajaba de manera cooperativa con las fuerzas federales mexicanas, a fin de asegurar “el refuerzo de las leyes de neutralidad” (Evening Times Republican, 22 de noviembre de 1910: 1).

21 Pese a la neutralidad existente entre ambas naciones, las leyes internacionales no impedían que los estadounidenses intervinieran en los hechos revolucionarios si eran contratados oficialmente por el gobierno mexicano; sin embargo, existía preocupación de que algunos estadounidenses se involucraran voluntariamente a las filas revolucionarias. Uno de los primeros de los que se tuvo noticia fue John Kenneth Turner. Véase The Arizona Republic (23 de noviembre de 1910: 1).

22 Véase la noticia completa en The Washington Herald (24 de noviembre de 1910: 1).

23 El 23 de noviembre se reportó la muerte de dos posibles ciudadanos americanos en el Parral que servían como parte de las tropas federales; no obstante, a esta noticia no se le dio seguimiento, por lo que no es posible confirmar su nacionalidad. Véase The Marion Daily Mirror (23 de noviembre de 1910: 1).

24 Este estadounidense era originario de Mississippi, por lo que se le pidió al Departamento de Estado que contactara a sus familiares y no hiciera otra cosa que fuera ajena a la resolución del caso, como entrevistarse con Madero. Véase la noticia completa en The San Francisco Call (24 de noviembre de 1910: 3).

25 Véase Borja Tamayo (1997: 39).

26 Se criticaron las explicaciones de Taft referentes a la presencia de tropas estadounidenses, pues aseguró que se trataban de maniobras que se tenían que realizar, siendo la frontera “el lugar más apropiado por su buen clima, no obstante que es más costoso por la distancia”. Mientras que la prensa mexicana acusó a H. L. Wilson de “haber dado malos informes respecto a la situación general de México”. Véase El Diario (10 de marzo de 1911: 1).

27 Se refiere a la ley internacional que prohíbe que una nación orqueste dentro de su territorio un movimiento armado que busque derrocar a un gobierno legítimamente instituido.

28 “Informe del cónsul de la Ciudad de México, Arnold Shankiln, al secretario de Estado, 27 de mayo de 1911”. nara, M275, 812.00, p. 2048.

29 Hay autores como Hart que sostienen que la revolución se fundamentó en un espíritu nacionalista antiimperial, en el que las afectaciones a los intereses de extranjeros en el país formaron parte de un proceder con intereses económicos y políticos, contrastando con las características de apertura del antiguo régimen. Aunque este sentimiento antiextranjero que en muchos momentos rayaría en la xenofobia y que caracterizó de forma identitaria al nuevo estado revolucionario, no se presentó exclusivamente en las instituciones gubernamentales, además se difundiría entre la opinión pública. Para mayor información véase Hart (1998: 354).

30 Para más información consúltese Treaties, Conventions, International Acts, Protocols and Agreements Between the United States and Other Powers, 1776-1923 (1928).

31 Se consideraba que la doctrina Knox proponía garantizar la prosperidad latinoamericana con el financiamiento de Wall Street y la intervención de las fuerzas armadas estadounidenses.

Capítulo 3. La diplomacia estadounidense frente al derrumbe de la democracia mexicana

El gobierno de Madero pareció desmoronarse desde sus primeras semanas. El primer signo de crisis fue la rebelión de Emiliano Zapata promulgada en el Plan de Ayala el 28 de noviembre de 1911, tras negarse a dejar las armas hasta que fueran atendidas sus demandas agrarias. La revolución continuó, pero ahora con nuevos frentes de batalla: mientras en el sur Huerta atacó el zapatismo, en el norte Pascual Orozco convocó a una rebelión en marzo de 1912. Este llamado encendió nuevamente las alarmas en la Casa Blanca.

El peligro de que los enfrentamientos entre las tropas federales y orozquistas permearan la frontera preocupó a las autoridades militares estadounidenses. El gobierno de El Paso, Texas, solicitó a Washington que se redoblara la presencia militar, por lo que en mayo de 1912 fue enviado un cuerpo “de color” que intervendría ante una posible invasión (Hopkinsville Kentuckian, 9 de mayo de 1912: 1). Contra todas las previsiones, la Casa Blanca se mantuvo firme en su decisión de no intervenir. En una conferencia con Stimson, secretario de Guerra, y algunas autoridades de Texas, el presidente Taft ratificó “que no piensa en recurrir a la intervención a menos que el Congreso lo autorice para tomar tal medida” (El Imparcial, 13 de marzo de 1912: 7).

En México no tardaron los cuestionamientos al embajador Wilson sobre la presencia de tropas en Texas. Su respuesta fue que no se trataba de un acto de guerra, sino una medida preventiva ante la actitud de los reyistas “que conspiraban contra un gobierno amigo, con flagrante infracción de las leyes de la neutralidad” (Nueva Era, 21 de noviembre de 1911: 1). Se aseguró que las tropas evitaran el contrabando de armas o la incursión de mexicanos armados a Estados Unidos.32

Madero calificó que la “intervención” estadounidense sólo era un rumor malintencionado, “fomentado en ese país [los Estados Unidos] por diarios sin escrúpulos, pero no han tenido éxito en causar diferencias entre los dos gobiernos, ni el gobierno de Washington ser influenciado por sus esfuerzos” (The Amarillo Daily News, 2 de abril de 1912: 1). Aseguró que las medidas tomadas por el Congreso estadounidense para prohibir la exportación y venta de armas a los rebeldes debía considerarse un claro respaldo a su régimen.

Algunos sectores de la prensa estadounidense denunciaron que la situación de inseguridad en México era crítica, por lo que urgía una pronta acción de la Casa Blanca. Entre los eventos que causaron alerta entre el público anglosajón destacó el enfrentamiento entre ciudadanos estadounidenses y rebeldes mexicanos en agosto de 1912. Dos americanos llegaron a Tucson, Arizona, buscando atención médica y refugio; dijeron haber escapado de la zona infestada de rebeldes del norte de Sonora, donde asesinaron a tres insurrectos. Denunciaron “haber pasado fuertes penurias, estar cansados por cargar sus armas y comer melocotones verdes” (The Daily Amarillo News, 2 de abril de 1912: 1). Apenas salvaron su vida y consideraron que nadie podía estar seguro en México. Finalmente, declararon no tener intenciones de regresar, pues temían a la violencia generalizada y a la venganza por haber asesinado a tres mexicanos.

Mientras tanto, en la ciudad de Los Ángeles, California, Mr. Joseph Smith, presidente de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, declaró estar preocupado por la situación en México. Por ello, pidió a los miembros de su Iglesia “abandonar cuanto antes el territorio mexicano y permanecer en los Estados Unidos mientras dure la revolución, a fin de no exponerse a sufrir las consecuencias del estado anárquico que reina” (El País, 2 de agosto de 1912: 2). Aclaró que este exhorto tenía una doble intención: salvar la vida de sus hermanos en la fe y a su vez evitar que se desatara algún conflicto internacional como consecuencia del sacrificio de vidas estadounidenses. En contraparte, Philander C. Knox, secretario de Estado, aseguró que, según los informes consulares recibidos de México, no había motivo para pensar en la intervención armada.

Knox aceptó que el presidente Taft consultaba la posibilidad de enviar una embarcación de guerra al Pacífico, pero ello sería “para tener noticias de los americanos que se encuentran en ella incomunicados” (El País, 23 de abril de 1912: 1). Se refrendó el compromiso de Washington por mantenerse al margen de la revolución mientras no amenazara los intereses de sus connacionales, postura que se mantuvo aun ante las denuncias y llamados a la intervención.

Pascual Orozco se declaró ante la prensa estadounidense como enemigo de la intervención, calificándola de “la última pérdida de nuestra independencia, la caída de nuestra república, al igual que cientos de miles de vidas sacrificadas y millones de dólares en propiedad destruidos” (The Amarillo Daily News, 28 de abril de 1912: 1). Llamó a sus aliados y enemigos a que respetaran los intereses estadounidenses, pues México no tenía los recursos y hombres para combatir una intervención extranjera.

Para la segunda mitad de 1912, la revolución dejó de ser un tema prioritario para la prensa y de la mayoría política estadounidense, en adelante su atención se enfocó en la 34º elección presidencial. El 2 de agosto de 1912, el presidente Taft aceptó la candidatura del partido republicano, ocasión que aprovechó para reiterar “su firme política de no intervención en asuntos de México, [la cual aclaró] encontrará justificación ante la historia” (El País, 3 de agosto de 1912: 1). Las posiciones de Taft (republicano), W. Wilson (demócrata) y T. Roosevelt (progresista) fueron decisivas en los comicios. Ningún aspirante se manifestó interesado en iniciar una guerra con México, aunque Wilson y Roosevelt calificaron de parca la reacción del presidente en turno.

Según El Paso Herald-Post, de 300 estadounidenses encuestados, 260 opinó que la intervención americana en México era necesaria, además de que censuraron “la inacción del Ministerio de Relaciones por no haber conminado ya al gobierno de México a dar garantías a los ciudadanos americanos residentes” (El Paso Herald-Post, 2 de agosto de 1914: 1). Parecía para todos claro que el gobierno maderista no podía ofrecer las garantías que las tropas americanas podían alcanzar mediante una acción militar.

Frente a todos los reclamos, Taft se mantuvo firme en su decisión de no intervenir en México, aun cuando fue consciente que su lugar en la Casa Blanca estaba en juego. Fue reiterativo en el sentido de sacrificio a favor de una salida civilizada y de respeto a la soberanía latinoamericana. En uno de sus mítines de campaña declaró:

Es preferible sufrir algunas molestias, conformándonos con hacer valer nuestras protestas y reclamaciones, que despertar la indignación popular y aprovecharla para alcanzar popularidad, precipitando a nuestro país en acontecimientos perjudiciales, como lo demuestra la experiencia que hemos adquirido en las guerras de Filipinas y Cuba (El Paso Herald-Post, 2 de agosto de 1914: 1).

Fue así que la guerra contra España a principios del siglo fue uno de los argumentos con que se sustentó la neutralidad de Washington frente a las críticas de distintos medios informativos y políticos de la época. Aunque no se negó el esfuerzo de garantizar la vida y los intereses estadounidenses en México, se calificó de irresponsable iniciar un acto de guerra cuando se tenía confianza en que el gobierno de Madero podría conducir a su gobierno por una ruta pacífica y democratizadora.

El embajador Henry Lane Wilson solicitó a la prensa mexicana ignorar las notas amarillistas que circulaban en Estados Unidos respecto a la situación revolucionaria. Ello en atención a la nota del Baltimore Star, en la que se denunció que “las mujeres americanas que pasan por las calles de los pueblos mexicanos, son despojadas de sus ropas que se las hace objeto de burlas insultantes de un populacho inmoral” (El Diario, 7 de agosto de 1912: 1). Al respecto, el diplomático estadounidense aclaró que no tenía conocimiento oficial ni extraoficial de que mujeres americanas hayan sido insultadas u obligadas a andar desnudas por las calles de pueblos mexicanos. En el caso de los estadounidenses que abandonaron sus hogares en Chihuahua y Sonora, se trató de la aprensión de actos de violencia; la inseguridad en México fue reducida a la subjetividad e intereses de grupos.

Con el transcurrir de las campañas electorales y la presión política en el Senado, el presidente Taft cambió su postura. En una entrevista en la que se le cuestionó sobre el conflicto armado revolucionario declaró que

el gobierno de México se ve incapacitado para suprimir la rebelión, y los rebeldes están atacando ciudadanos americanos y propiedad. La intervención es más cercana desde que se enviaron las primeras tropas a la frontera hace dieciocho meses atrás (Licking Valley Courier, 12 de septiembre de 1912: 1).

Taft evaluó que en México se vivía un estado de crisis, pues Madero no garantizó el respeto a los estadounidenses, además declaró que “la situación al sur de la capital mexicana se volvía particularmente peligrosa para los americanos porque los revolucionarios de ahí aparentemente tienen mucho menos miedo a una invasión americana que los del norte” (The Amarillo Daily News, 8 de septiembre de 1912: 1). Los revolucionarios estaban tan empeñados en resolver sus luchas internas que no les pareció importar la posibilidad de una incursión estadounidense.

Taft no tuvo empacho en hacer pública su esperanza de que Madero mejorara las condiciones para evadir la intervención. En septiembre de 1912 ordenó, como medida preventiva, que se despacharan dos regimientos de caballería sobre la frontera mexicana, además solicitó una sesión extra en el Congreso, donde declaró que la intervención “está más cerca ahora que nunca” (Big Sandy News, 13 de septiembre de 1912: 2). La guerra entre ambas naciones parecía cada vez más una posibilidad real.

En adelante, las autoridades estadounidenses redoblaron sus esfuerzos para garantizar el respeto de los intereses de sus connacionales. Para diciembre de 1912, el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Lascurain, realizó una gira de trabajo a Washington. A su regreso, aseguró que Estados Unidos no quería intervenir, pero que los altos dirigentes le dieron a entender que “contra su voluntad estarían obligados a intervenir si no cesaban los continuos asesinatos de norteamericanos y la destrucción norteamericana” (Katz, 1982: 117).

La prensa mexicana descartó la posibilidad de que ocurriera una intervención armada, pues el ministro Lascuráin aseguró que “se ha alejado de pronto el peligro que existía para los americanos en Sonora, y no hay razón para que estén excitados los ánimos” (El Imparcial, 11 de septiembre de 1912: 8). La acción militar pareció un rumor esparcido sólo por quienes podrían obtener algún beneficio, por lo que se consideró antipatriótico que la violencia fuera la solución de la crisis en México.

Se advirtió que una intervención rompería con las redes de comercio de Estados Unidos con Centro y Sudamérica. Según el ministro mexicano, “la gran mayoría del pueblo americano no se preocupa por la intervención, ni piensa en ella, ni la desea” (El Imparcial, 11 de septiembre de 1912: 8). Las probabilidades de que tropas estadounidenses traspasaran las fronteras serían ínfimas mientras el gobierno de Madero se mantuviera estable.

Los actos, considerados una agresión a la soberanía estadounidense, se siguieron replicando en 1912 a lo largo de la frontera. Uno de los que causó más escándalo fue el ataque de los hombres del general Campa al Ferrocarril Sud Pacífico en Nogales:

Los rebeldes abrieron fuego contra la máquina y el maquinista paró el tren, el General Campa rodeó el tren y explicó a los pasajeros que no serían molestados, que solamente querían las armas y la munición [no obstante…] el correo, equipaje y la segunda clase fueron incendiados […] solo la primera clase y los dormitorios escaparon de la destrucción (The Amarillo Daily News, 12 de septiembre de 1912: 1).

Un día después, los diarios estadounidenses discutieron la posibilidad de que iniciara una intervención sobre el territorio mexicano. Inmediatamente algunas decenas de ciudadanos estadounidenses armados declararon estar preparados para entrar a México con el fin de resguardar los intereses de sus compatriotas. Aunque estos hombres entraron a México, oficialmente la neutralidad no fue violada, de hecho, la presencia de extranjeros armados no escaló a un problema diplomático, pues al no ser un ejército, no podía considerarse una invasión.

Se registró la entrada de “29 americanos en Sonora cerca de Hachita. N. M., cincuenta más entre Naco, Arizona, y Douglas, y 123 hombres entraron en Baja California y Mexicali, cada hombre cargando mil rondas de munición” (The Amarillo Daily News, 13 de septiembre de 1912: 1). Estos “voluntarios” (la mayoría vaqueros) fueron liderados por E. S. O’Reillu, un periodista y veterano de la revolución maderista y que se decía conocedor de la frontera.

Ese mismo día el secretario de Estado, Philander C. Knox, intensificó sus demandas a México y advirtió que en el caso de que se pusiera “en peligro vidas americanas y propiedades por el fuego directo de sus rifles en territorio americano […], los oficiales de comando americano podrían actuar por su propia discreción” (The Amarillo Daily News, 13 de septiembre de 1912: 1). Se aclaró que, en caso de emergencia, las tropas fronterizas actuarían sin autorización presidencial.

A pesar del giro discursivo de la política de Taft hacia México, fue poco lo que pudo hacer para echar a flote su campaña presidencial. Los sectores más conservadores de la prensa estadounidense señalaron que la tolerancia ante la anarquía en México “tiene un culpable, y éste habita en la Casa Blanca” (Mt. Sterling Advocate, 17 de septiembre de 1912: 4). La neutralidad de Taft se consideró uno de los factores que le costaron la derrota ante el demócrata Woodrow Wilson en los comicios del 5 de noviembre de 1912.