La zona extractiva

Sin embargo, dos formas del Buen Vivir se han vuelto cada vez más confusas. La primera tiene que ver con la sostenibilidad de formas de vida heterogéneas basadas en «cosmovisiones» Indígenas o afrodescendientes, y la segunda se refiere al uso retórico e instrumental del Buen Vivir como forma de gubernamentalidad, o lo que Michel Foucault definió como práctica organizada de la racionalidad del Estado85. En el nuevo capitalismo extractivo, las políticas estatales de hegemonía sobre la naturaleza convierten a los territorios en mercancías extraíbles utilizando de manera encubierta la retórica del Buen Vivir. Como veremos, por sugerente que sea el concepto del Buen Vivir, este cada vez más se ha convertido en la justificación retórica de un Estado que prioriza las agendas capitalistas y disminuye el alcance de una real descolonización.

La distorsión de la vitalidad

El Buen Vivir se vio cada vez más sacrificado por el socialismo andino del nuevo Estado ecuatoriano, que continuó invirtiendo en el avance del capital extractivo, incluso después del fin del Consenso de Washington. Contrariamente a la mayoría de las predicciones, en los últimos diez años, los Estados progresistas de América Latina expandieron su dependencia global y sus problemáticas ecológicas. En la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en Beijing en enero de 2015, por ejemplo el gobierno chino le ofreció a la región 500.000 millones de dólares en comercio y 250.000 millones en inversión, marcando nuevas configuraciones de poder geopolítico. En esta nueva economía global, que extiende la colonialidad, el Ecuador ha adquirido préstamos a tasas de interés acumulativamente más altas que en el pasado, y que hacen que el sistema anterior de préstamos del Banco Mundial y las políticas de desarrollo lideradas por los Estados Unidos parezcan relativamente suaves.

Como me dijo el abogado yasuní Pablo Piedra, «algunos de nosotros miramos nostálgicos hacia el modelo anterior del Consenso de Washington, donde al menos había un sistema de contrapesos en pie. En aquel entonces era posible acudir al supervisor del Fondo Monetario Internacional y presentar peticiones contra los excesos y términos de los contratos extractivistas»86. Los tipos de controles y equilibrios que existían en el paradigma anterior, como las comisiones de supervisión a partir de las cuales los defensores podían exigir sus derechos, son prácticamente inexistentes en el modelo actual. Pero tal vez más perjudicial que esto resulta el hecho de que, en un momento de caída precipitada de los precios del petróleo en el mercado mundial, el gobierno ecuatoriano se enredara cada vez más en una matriz de préstamos de alto interés con potencias extranjeras, a través del pago de recursos naturales no renovables. Ese pago en mora amenazó las regiones y las iniciativas de conservación, como la Iniciativa Yasuní-ITT.

Para satisfacer la lógica de la deuda y ampliar su alcance autoritario, el Estado ecuatoriano concedió nuevos contratos para proyectos de desarrollo en los ecosistemas de la nación. Así, la minería, la hidroelectricidad, la pesca industrial y la perforación petrolera se convirtieron en intensas actividades extractivas, y las regiones donde se han asentado, en áreas de aguda resistencia sobre el territorio y los recursos. Particularmente, las comunidades de la región septentrional de Intag, en la provincia de Imbabura, han enfrentado el extractivismo minero a través de tácticas de alto riesgo y enfrentamientos violentos entre comunidades y militares, que solo se han intensificado con nuevos proyectos de megaminería. Al extraer recursos de los territorios Indígenas, contradiciendo los preceptos fundacionales del Buen Vivir, el Estado parece en última instancia incapaz de arbitrar, promover o defender los derechos de la naturaleza, como discuto a continuación.

El plan trienal del presidente Rafael Correa, «El Buen Vivir: Plan Nacional, 2013-2017», ilustra la distancia entre la retórica y la implementación de la política social y económica del Estado, que protege los «derechos de la naturaleza». En el documento, el compromiso de buscar el Buen Vivir sirve como una medida contra el «desarrollo y la expansión infinitos», y toma en consideración la redistribución económica, a la vez que extiende los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales de tercera generación87. Aunque el objetivo número 11 del plan estatal argumenta que el Ecuador debería considerar la conversión de su sector económico e industrial, para alinearse con los enfoques del Buen Vivir, partes subsiguientes del documento detallan cómo el modelo sería incompleto sin un aumento en la capacidad de extracción de recursos naturales. Como el plan hace evidente:

El Ecuador tiene una oportunidad histórica para ejercer soberanamente la gestión económica, industrial y científica de sus sectores estratégicos. Esto permitirá generar riqueza y elevar en forma general el nivel de vida de nuestra población. Para el Gobierno de la Revolución Ciudadana, convertir la gestión de los sectores estratégicos en la punta de la transformación tecnológica e industrial del país constituye un elemento central de ruptura con el pasado88.

Aunque partes de este documento están infundidas con la voluntad de proteger a la naturaleza, particularmente cuando se habla de la necesidad de romper con sectores de la economía dependientes, a través de la promoción de lo que la administración de Correa llama la «Revolución Ciudadana», el énfasis real del pasaje está en la «transformación tecnológica e industrial del país», que allana el camino para la expansión extractivista. Más aún, hay pocas indicaciones sobre cómo el Estado cumpliría la gigantesca tarea de descolonización, y aún menos un análisis sobre lo que significa la soberanía para el Ecuador, dadas las nuevas configuraciones geopolíticas.

Las concesiones empresariales extractivas, durante el gobierno de Correa, se concedieron a empresas multinacionales, generando la expansión de la colonialidad. Además de las implicaciones económicas y sociales, también hubo graves consecuencias ambientales: las empresas estatales y nacionales son de las industrias más contaminantes. Teniendo en cuenta estas contradicciones materiales, la retórica del Buen Vivir no ha encontrado una salida al aprieto del desarrollismo. Más aún, le ha proporcionado una retórica encubierta al extractivismo. La distancia entre el principio Indígena amazónico-andino del Buen Vivir y la expansión de la gobernanza extractivista, en todo el continente, ha aumentado con cada concesión para la explotación de recursos naturales que se le ha dado a una empresa o nación extranjera.

Ecología y derecho

Como reacción frente a la extrema devastación ecológica y social, provocada por la hegemonía del modelo neoliberal, a finales del siglo XX, varios Estados sudamericanos incorporaron los derechos ambientales en sus procesos constitucionales. La originalidad de la Constitución ecuatoriana se basó en su capacidad de ir más allá de los marcos jurídicos de los años ochenta y noventa, que ya habían sido alterados con la propulsión de los derechos de «tercera generación» –Colombia (1991), Brasil (1998)–; es decir, con la concesión de derechos culturales, económicos y humanos a las generaciones futuras de colectivos que hubieran conservado la naturaleza durante varias décadas. El Ecuador sufrió una degradación ambiental considerable y una persistente dependencia económica, lo que envalentonó a los movimientos sociales a enlazar la conciencia sobre los derechos ambientales con su exigencia constante de justicia. Al mismo tiempo, el cambio climático del planeta captó la atención mundial, y esto llevó a que, en 1996, Ecuador inaugurara el Ministerio del Cambio Climático Global. Este fue encargado de asegurar el futuro de la biodiversidad dentro de la nación, un objetivo loable que ha sido amenazado en los últimos años. Desde el artículo de apertura, el lenguaje de la Constitución ecuatoriana hace importantes proposiciones sobre la relación entre la soberanía nacional y los derechos del mundo natural:

Artículo 1. El Ecuador es un Estado constitucional de derecho y justicia, un Estado social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, multinacional y laico. Se organiza como república y se rige por un enfoque descentralizado. La soberanía reside en el pueblo, cuya voluntad es la base de toda autoridad, y se ejerce a través de organismos públicos utilizando formas de gobierno participativas directas, tal como prevé la Constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a sus bienes inalienables y absolutos, que no están sujetos a prescripción89.

Si bien el lenguaje de la soberanía describe las protecciones de ley, este no impide que las empresas extractivas entren a los terrenos protegidos. Aunque las leyes 71 a 74 de la Constitución fueron redactadas para prohibir la extracción de recursos, sus lagunas han permitido la incursión de empresas en zonas definidas como de «conservación». Así pues, quizá porque la vida no humana no puede hablar por sí misma, y tiene que pasar por defensores y representantes jurídicos humanos, se cree erróneamente que la ley es el lugar donde el mundo natural queda exento de toda autoridad.

Por esta razón, la Constitución ecuatoriana de 2008 aparentemente cambió el potencial de la ley, creando un aparato para la representación de la naturaleza. En el capítulo siete, del artículo 71, denominado «Derechos de la Naturaleza», la Constitución considera en qué medida la Pachamama «reproduce y hace posible la vida»:

La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos, se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema90.

El derecho de la Pachamama a existir y a prosperar está en el centro de las cosmologías Indígenas de la región andino-amazónica y, en general, la idea de una relación positiva con el mundo natural, que debe ser considerada con más profundidad. Lo anterior no es apenas una apelación liberal al aparato jurídico del Estado, sino un reconocimiento integrado y multidimensional de los derechos de la naturaleza o la Pachamama91. Sin embargo, si ponemos énfasis en la omnipresencia de este principio cosmológico para las cosmovisiones Indígenas, entonces la crisis y el punto de vista reductivo del derecho jurídico europeo se vuelve sorprendentemente evidente. Y es que, dentro de una episteme sureña, las estructuras legales coloniales facilitan y aceleran la conversión de la geomateria planetaria en una catástrofe capitalista. Las concesiones corporativas gubernamentales de Correa exponen esta contradicción.

La gubernamentalidad extractiva muestra que un imaginario ecológico nunca puede ser plenamente actualizado a través de la ley. Aun cuando los canales legales puedan compensar el saqueo de los recursos del planeta, el caso Yasuní sirve como una advertencia de que la legislación no puede ser la única ruta para la conservación. En última instancia, la ley está integrada a un sistema político económico e interestatal mundial, que hace que su papel no sea el de protectora del mundo natural, sino que el de facilitar la venta de recursos naturales en el mercado global. Por lo tanto, el Buen Vivir se ha convertido en una herramienta de los Estados extractivos para reproducir las lógicas de los avances neoliberales. En última instancia, necesitamos otros modos de representación y acción que superen los sistemas jurídicos y que no se retroalimenten de la colonialidad.

Transicionalidad Yasuní: YASunidos

Aunque la Constitución de 2008 establece la protección de los derechos ambientales e Indígenas, así como el respeto a la biodiversidad contra el desarrollo «centrado en el ser humano», el Estado plurinacional ecuatoriano, en última instancia, no ha podido proteger los territorios intangibles.

Cuando en agosto de 2013, Correa anunció que la Iniciativa Yasuní-ITT no sería respetada, los activistas expresaron indignación por la manera como el Yasuní se había convertido en un territorio fichado para la explotación de petróleo. En los días siguientes, cientos de personas de toda la nación, destrozadas por la noticia, se reunieron en vigilias. Como describe Diana Coryat, tales encuentros engendraron el movimiento YASunidos, liderado por jóvenes urbanos y rurales, que habían salido de los movimientos sociales Indígenas, los activismos ecológicos y los colectivos de medios y organizaciones horizontales, que rechazaban el modelo extractivo92. El movimiento espontáneo, que comenzó con el anuncio del fin de la Iniciativa Yasuní-ITT, representa una coalición transversal que ha generado una serie de desafíos importantes para la zona extractiva.

YASunidos es una coalición compuesta por artistas, activistas Indígenas, periodistas, ecologistas y defensores de la tierra. Está basada en la solidaridad afectiva entre activistas que se atreven a nombrar el complejo extractivo, y que perciben al Yasuní como un poderoso símbolo colectivo de la desvalorización global de los territorios Indígenas y de las ecologías biodiversas. Para los jóvenes ecuatorianos, unidos por una preocupación ecológica, la región Yasuní representa psicológicamente un espacio de descanso de un mundo cada vez más definido por el cambio climático, un lugar donde las poblaciones Indígenas «no contactadas» rechazan la colonización y una región donde la biodiversidad prospera en medio de la creciente distopía de los megaproyectos de desarrollo. Así, cuando se comienza a construir una carretera como corredor de extracción, a través de la zona Yasuní-ITT, el choque que produjo descubrir que Correa había roto la iniciativa causó una respuesta enfurecida de la coalición YASunidos, con efectos que continúan reverberando hasta el día de hoy.

En la siguiente declaración de YASunidos, que vale la pena citar extensamente, vemos cómo una visión multidireccional y alternativa organiza la coalición, a través de un llamado que también retoma los principios centrales del Buen Vivir:

Para nosotros, la iniciativa de dejar el petróleo bajo tierra indefinidamente no debe responder a los caprichos de la comunidad internacional o de un gobierno que nos ha fallado descartando unidireccionalmente la posibilidad de un serio debate público sobre las alternativas para la conservación de la ITT.

Nosotros, YASunidos, exigimos el respeto de los derechos humanos de los pueblos no contactados, tal como garantiza el artículo 57 de la Constitución. Exigimos que nuestro patrimonio ancestral y natural no sea sacrificado y optamos por alternativas pospetroleras. Instamos a que se celebre un debate veraz y transparente sobre nuestro modelo económico y nuestra base energética. Asimismo, exigimos que el gobierno nos deje expresar nuestro desacuerdo a través del ejercicio legítimo de la protesta, sin represión ni criminalización.

Para nosotros, el objetivo de dejar el petróleo bajo tierra de la ITT está más vivo que nunca, lo que se evidencia a través de la creatividad y el compromiso demostrado en las calles por ciudadanos que piden que se escuchen sus voces. Esperamos que el tema sea ampliamente discutido y que surjan varios argumentos en lugar de información que se confunde con propaganda gubernamental deslegitimadora.

Es esencial acabar con la pobreza y mejorar la educación, pero no creemos que la explotación del Yasuní sea la forma de hacerlo. Hay muchas riquezas en nuestro país, pero están mal distribuidas, lo cual se destaca por el hecho de que los grupos económicos que más ganan han aumentado sus ganancias en los últimos años, mientras que se ha producido una disminución en los impuestos que deben pagar sobre sus ventas. Si aumentamos el impuesto sobre sus ganancias en 1,5 por ciento, obtendríamos más de cincuenta mil millones de dólares, durante el mismo periodo de 22 años que se propone para la explotación de la ITT.

Al igual que la Iniciativa Yasuní-ITT, proponemos la búsqueda de alternativas; proponemos romper los esquemas, romper con valentía; en definitiva, proponemos una revolución social que desafíe los valores del consumo energético y priorice el bien común, defendiendo la idea del Buen Vivir.

Somos conscientes de que más de una persona ha intentado utilizar nuestra plataforma para su propio beneficio, por lo que es necesario aclarar que luchamos por la vida y por una alternativa al modelo extractivista. Somos ciudadanos, no solo ciudadanos urbanos, y somos conscientes de los desastres que la extracción de petróleo genera para la naturaleza, la humanidad y la economía. Con la firme convicción de que este es el momento de sacar el debate a las calles, y con la participación de todos, esperamos superar la dependencia en el petróleo que se nos impone y que, además, agrava aún más el calentamiento global y la destrucción ambiental, pone en peligro la vida de los pueblos en aislamiento voluntario, y amenaza no solo el futuro de los ecuatorianos, sino también el de la humanidad93.

Aunque la corrupción y la cooptación de los principios coalicionales se menciona aquí al pasar, ambos son un referente constante en las comunicaciones de YASunidos, probablemente por la pérdida de fe en la política formal que trajo como consecuencia la violación de la iniciativa Yasuní. Sin embargo, quizá más importante que eso sea la expresión de una búsqueda de alternativas que rompan valientemente con los «esquemas» y propongan una «revolución social que desafíe los valores del consumo energético y priorice el bien común, defendiendo la idea del Buen Vivir», principios que están en el centro del movimiento YASunidos y su búsqueda por la justicia y los futuros ecológicos. La apasionada declaración de esta coalición no solo confronta directamente tanto la sobreexplotación y la toxicidad que la dependencia en el petróleo crea para la tierra y los pueblos locales, sino también el hecho de que esta introduce a los habitantes del planeta en una matriz de petrocolonialidad que pone en peligro la vida en la tierra. Esta acción política y su análisis multidireccional se basa en las energías de grupos que tienen profundas raíces y experiencias en formaciones radicales, ya sea en activismos Indígenas, ecofeminismos, organización transfeminista o medios y producción cultural anarquista, y que buscan interpretaciones complejas de los territorios, así como alternativas viables al pensamiento extractivo y sus economías94.

Al final de la declaración, YASunidos emite una invitación a todos aquellos «que aman al país y que quieren colaborar y contribuir, a que se unan al movimiento y caminen con nosotros para construir un futuro mejor. Como ecuatorianos decimos: “¡Sí, podemos!”». Si bien hay un llamado al nacionalismo en esta declaración final, la fusión de una forma de vida ecológica con un pensamiento posdesarrollista, como es el Buen Vivir, se convierte en el principio central de un desafío radical a las lógicas asumidas e incuestionables del extractivismo global.

Amenazado por la energía de YASunidos y su visibilidad pública, el gobierno de Correa inició una acción de mano dura, que criminalizaba a activistas ecológicos que defendieran los territorios Indígenas protegidos y a cualquiera que considerara demasiado crítico con sus políticas de Estado95. Con la retórica de la democracia y la importancia de las asambleas constituyentes como telón de fondo, el gobierno de Correa comenzó a desplegar policías vestidos de civil para restringir las actividades de YASunidos.

YASunidos representa la emergencia de las perspectivas sumergidas sudamericanas que teoricé en las primeras páginas de este libro. Sus actividades han abarcado desde expresiones artísticas, que enfatizan la biodiversidad de la región del Yasuní, hasta protestas callejeras masivas, dirigidas a denunciar la violación de la Iniciativa Yasuní por parte de Correa. Cuando lo emergente se hace visible, parece que debe ser reprimido. En emisiones radiofónicas semanales, como documenta Diana Coryat, el presidente Correa comenzó a criminalizar metódicamente las actividades de YASunidos: «En cuanto a los miembros de YASunidos, Correa los caracterizó de diferentes maneras. Fueron manipulados por políticos, “los mismos que siempre lanzaban piedras” (asociándolos con un partido político de izquierda radical, que a menudo era objeto de desprecio en los Enlaces) o personas urbanas de clase media con la panza llena, que nunca habían estado en la Amazonía ni sabían lo que significa vivir sin servicios»96. Como documentó el cuidadoso periodismo del boletín Plan V, la trivialización que hizo Correa del activismo ecológico y la represión concomitante ocurrió precisamente durante el periodo en que se expandieron los contratos de megaproyectos de represas hidroeléctricas y minería. La combinación de una represión antiextractiva por parte de Correa, y el aumento del megadesarrollo, a través de concesiones a empresas ecuatorianas y chinas de energía hidroeléctrica en toda la nación, hizo visible cómo el capitalismo extractivo siempre ha apuntalado la promesa de un «nuevo» Estado progresista.

De hecho, algunos creen que la iniciativa Yasuní-ITT fue contaminada y constreñida por intereses extractivistas desde el principio. Según Acción Ecológica, una organización ambiental independiente y radical ecuatoriana, el diseño del ZITT fue organizado «en complicidad con las grandes transnacionales que tienen concesiones petroleras en la Reserva de la Biosfera Yasuní. Estas empresas han proporcionado mapas, información e infraestructura, así como ejercido una presión considerable»97. El hecho de que surgieran con tanta fuerza intereses multinacionales y estatales para defender la ruptura del tratado da crédito a la idea de que la Iniciativa Yasuní ITT siempre estuvo vinculada al modelo de dependencia económica que ha enredado a la nación ecuatoriana en el complejo petrolero global. En este escenario sombrío, lo que parecían ser amplios procesos constitucionales nacionales y democráticos, que le habían dado primacía a la política Indígena, se mostraron como mecanismos de expansión del Estado extractivo y su aparato de vigilancia. En otras palabras, en lugar de proteger las geografías biodiversas, el gobierno de Correa ha promovido y expandido su extracción.

Los esfuerzos de coalición del movimiento YASunidos, tales como la acción directa, los medios de comunicación de base y las formas de participación autónoma, imaginan la biodiversidad no como un dispositivo retórico, sino como un derecho. YASunidos encuentra continuamente nuevos caminos para abordar las configuraciones globales del capitalismo extractivo. Por ejemplo, el movimiento interpuso en 2014 una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado ecuatoriano, por no cumplir con las protecciones que fueron promulgadas en la nueva Constitución y la Iniciativa Yasuní-ITT, porceso que aún continúa, pero la comisión ha señalado que los derechos de los pueblos no han sido garantizados por el Estado ecuatoriano a pesar de ser su responsabilidad internacional98. Ahora bien, uno podría argumentar que la economía mundial ha mancillado la viabilidad de la Corte Interamericana. Sin embargo, la verdadera ganancia política de YASunidos es su continua exigencia de justicia ecológica ante las instituciones judiciales. Esta exigencia, escuchada o ignorada, amplía el espacio para una posible alternativa futura, justamente fuera del modelo de no futuro del capitalismo extractivo.

YASunidos ha generado nuevas organizaciones activistas que no pueden ser capturadas por la visión extractiva. Así, varias ramas más pequeñas de YASunidos usan los medios y la tecnología para devolverle la mirada vigilante al Estado corporativo. Por ejemplo, el grupo independiente GeoYasuni utiliza tecnologías de vigilancia y seguimiento para exponer los nuevos territorios del extractivismo. En lugar simplemente de rechazar las formas de mapeo digital, estas organizaciones exponen el poder para defender los territorios frente a los intereses petroleros. Las tecnologías de contramapeo como GeoYasuni revelan la mirada extractiva como lo que es: el nuevo espejo colonial.

¿Futuros sostenibles?

En mayo de 2015 visité la región del Yasuní, viajando desde Quito a la ciudad oriental y petrolera de Coca, a través del río Napo, y luego por un pequeño canal formado por el río Aguas Negras, antes de llegar finalmente al Centro de Vida Silvestre de Napo. En este tramo del oriente ecuatoriano, que lleva a Coca, la antigua ciudad petrolera que domina el afluente del Tena, a cincuenta kilómetros río arriba hasta el Centro de Vida Silvestre de Napo, hay 22.000 hectáreas que son administradas colectivamente por comunidades kichwa, y cuyos canales y lagunas azules son accesibles únicamente en canoa de remo. A pesar de haber ido al oriente ecuatoriano en varias ocasiones antes –lo que ya había disipado muchos de los mitos sobre la cuenca amazónica que la cultura popular y el cine europeo habían creado en mi mente–, estaba mal preparada para la manera en que mis preconcepciones cambiarían dramáticamente en este viaje. A diferencia de otros ecosistemas amazónicos del río Napo, que son de propiedad foránea, el Centro de Vida Silvestre de Napo se dedica a proteger la tierra, mientras produce fuentes alternativas de riqueza que benefician a las comunidades Indígenas y no solo extraen de ellas.

El Centro de Vida Silvestre de Napo es un refugio y destino ecoturístico, ubicado en medio de una laguna virgen dentro de los territorios legalmente protegidos del Parque Nacional Yasuní. Allí no se permiten embarcaciones motorizadas, y las nuevas construcciones, así como la pesca, están estrictamente reguladas. El centro está dirigido por el pueblo kichwa, una comunidad Indígena que se reconstituyó en la Amazonía, después de huir del terror colonial de las montañas en el siglo XVI. Unas treinta familias comparten la propiedad del centro y gestionan cientos de hectáreas de ecoturismo. Cada nuevo niño que nace en estas familias se convierte en copropietario de un modelo ecológico y social.

El ecoturismo puede ser una empresa pasiva, en tanto los guías kichwa llevan a los visitantes extranjeros en canoas con tablones de madera a que experimenten las sinuosas curvas de los ríos y la prolífica vida que reside en los canales amazónicos del Aguas Negras. Mientras flotaba por este espacio prístino tenía una sensación conflictiva, ya que nuestros guías habían sido entrenados para ayudar a ver a los visitantes animales difíciles de localizar y fotografiar. Sin embargo, los guías nativos t