Cartas al general Melo: guerra, política y sociedad en la Nueva Granada, 1854

Por otra parte, la indecisión de José María Obando frente al golpe afectó drásticamente el movimiento insurreccional. Ello permitió que el proselitismo a favor de la causa constitucional calara hondo, incluso entre los obandistas, quienes, al no ver a su líder encabezando los eventos capitalinos y al decirse estar prisionero en Bogotá, se movilizaron a favor de los constitucionales.

Otro factor que contribuyó al fracaso del melismo a nivel regional fue la división del liberalismo, que terminó arrastrando un buen número de sus huestes al constitucionalismo. La fractura fue fatal porque si bien a nivel nacional se habla de la incisión entre gólgotas y draconianos, no se tienen estudios de la forma como se expresó a nivel local, pero sin duda existió y se reflejó en la forma como en Cali y Popayán, por ejemplo, las noticias capitalinas del 17 de abril fueron recibidas por miembros del mismo partido de forma diferente. Las narrativas liberales de Ramón Mercado y Manuel Joaquín Bosch lo dejan en evidencia, pero sin dar mayores pistas respecto de cómo esta fractura nacional se reflejaba en la localidad⁴⁰.

Esta panorámica descripción de la geografía melista indica que el golpe no tuvo los apoyos suficientes. Esta situación se debió a la imposibilidad de comprometer a Obando, la falta de apoyo al golpe en otras provincias y la ausencia de figuras civiles y militares notables en el proyecto. Es en este panorama que debe entenderse los esfuerzos del general golpista por ganarse la adhesión y vincular a su proyecto político ciertas figuras emblemáticas como el general José María Mantilla⁴¹.

Sin duda, la fuerte movilización popular que tuvo el efímero régimen especialmente en la sabana inhibió o, más bien, atemorizó a los sectores notables de la sociedad granadina, quienes desde hacía varios años cuestionaban la forma como una fracción del Partido Liberal movilizaba a los sectores populares por medio de las Sociedades Democráticas y su vinculación en las guardias nacionales⁴². Así mismo, cuestionaban las leyes liberales que decretaron la libertad de los esclavos y, posteriormente, otorgaron la plena ciudadanía a los hombres mayores de 21 años al sancionarse la Constitución del 21 de mayo de 1853. En varias provincias se vivió esta tensión, generándose choques y riñas callejeras que desembocaron en ciertos casos en batallas campales⁴³.

No debemos olvidar que la fundación de la llamada escuela republicana, el 25 de septiembre de 1850 en Bogotá, por jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional y el Colegio de San Bartolomé, con el objeto de publicitar las ideas liberales de la revolución de 1848, se formó al distanciarse de las Sociedades Democráticas de Artesanos y, como lo señala José María Samper, contra los excesos que tales sociedades cometían en el Cauca⁴⁴.

En resumen, las reformas liberales de medio siglo ampliaron la arena política a los sectores populares al vincularlos a las Sociedades Democráticas, las guardias nacionales y al otorgarles el derecho al voto universal masculino. Esta movilización no capitalizada totalmente por las facciones liberales despertó temores por parte de los grupos notables, tanto en la capital como en las provincias, en especial en las regiones donde se vivía una fuerte tensión social por conflictos raciales, como en las provincias del Cauca y del Caribe por conflictos de sus usos y derechos de tierras, así como en los territorios donde había resguardos o apropiación indebida de terrenos del común⁴⁵.

Dicha movilización promovió el cuestionamiento de los sectores plebeyos sobre las instituciones e ideas dominantes, aún modeladas por un marco hegemónico de antiguo cuño. Es decir, se rechazaron las estructuras coloniales supervivientes, representadas en la esclavitud, los estancos de aguardiente y tabaco, la deferencia social, entre otras⁴⁶. En este proceso, las ideas hegemónicas del antiguo régimen, que daban sustento tanto a la dominación como a la forma en que se expresaban los reclamos y se interpretaban los conflictos, fueron cambiando a lo largo de la primera mitad del siglo XIX por unas más republicanas basadas en la noción de la ciudadanía, los derechos y las garantías constitucionales⁴⁷.

La difusión de las ideas liberales a finales de la década del cuarenta por medio de las Sociedades Democráticas, la escuela, las guardias nacionales y espacios más informales como las galleras y otros sitios de reunión popular (pulperías, chicherías y plazas de mercado) ayudó a propagar las nociones republicanas e, incluso, ideologías más radicales. Tal difusión, según los contextos y sus conflictos, fue apropiada y resignificada por los sectores bajos, quienes se vieron identificados unos por el programa liberal, al promover la abolición de los estancos coloniales, otros por la liberación de la esclavitud y otros, incluso, por la posibilidad del comunismo territorial. Como lo ha analizado James Sanders al identificar formas de liberalismo y conservatismo popular en el Cauca grande, cada grupo, según sus experiencias e intereses, se apropió de las ideas republicanas en boga y las resemantizó según sus propias aspiraciones y necesidades⁴⁸.

El golpe de Melo catalizó estas aspiraciones populares; su ascenso pudo ser percibido por los sectores plebeyos como la oportunidad para que sus reclamos y aspiraciones fuesen atendidos. La ausencia de personalidades notables en el golpe obedeció al temor que despertó la movilización popular que desde años atrás hacía presencia en la esfera pública. Si bien contó con la participación de notables locales, como lo evidencian las cartas editadas en este libro, en general el régimen debió descansar en funcionarios provenientes de las filas del Ejército y de los artesanos⁴⁹.

Es, sin duda, por la fuerte presencia en la arena política de los sectores plebeyos del periodo y el apoyo de los artesanos capitalinos a Melo que las interpretaciones del fenómeno, aparecidas en las últimas décadas del siglo XX, han artesanizado el golpe. Es decir, han sobredimensionado la presencia de este grupo social, modelando las interpretaciones de diversos investigadores, quienes, influenciados por la historia social de corte marxista o popular, han considerado que la participación artesana comprometió un proyecto político alternativo, incluso han llegado a etiquetarlo de socialista. Pero desconocen que la simpatía que despertó el gobierno de Melo en otras regiones, así no lograse consolidarse, no fue necesariamente por artesanos, sino por un heterogéneo grupo de sectores populares, quienes vieron en el golpe la oportunidad política de alcanzar sus intereses, los cuales no pasaban por la reducción de los aranceles y otras medidas que reclamaban los gremios capitalinos de la época.

La artesanización, valga la expresión, del golpe de Melo expresa una visión centralista que tiene poco en cuenta a las provincias⁵⁰ e ignora la fuerte presencia de oficiales del Ejército regular, quienes han sido totalmente desconocidos en el proceso, a pesar de que los acontecimientos del 17 de abril fueron un acto claramente pretoriano, en los cuales los artesanos participaron como miembros de las guardias nacionales, es decir, bajo una institución militar.

En resumen, las reformas liberales de medio siglo son el proceso en el que se enmarca el golpe del general José María Melo. No obstante, hoy sabemos que las transformaciones sociales, económicas y políticas que se dieron en el periodo, tan publicitadas por sus principales promotores, los gólgotas, formaban parte de un proceso de larga data, las cuales tenían sus antecedentes en las denominadas “revoluciones atlánticas”. Además, ambos procesos, las revoluciones atlánticas y las reformas liberales, se vivieron de manera diversa en las regiones y difícilmente se percibieron de forma homogénea⁵¹.

Las reformas de medio siglo fueron un amplio paquete de medidas legislativas que buscaron derrumbar, según sus promotores, el edificio colonial al liberalizar el mercado de obstáculos tales como los estancos, los aranceles, desamortizar los bienes de manos muertas, eliminar los mayorazgos, las tierras comunales y la redención de censos eclesiásticos, entre otros⁵². También, transformaron la sociedad con la ampliación de la ciudadanía y los derechos individuales y colectivos como el voto universal masculino, la libertad de enseñanza, la libertad de imprenta y de asociación, la libertad de los esclavos y cualquier otra forma de servidumbre, la libertad religiosa y la separación de la Iglesia-Estado, entre otras⁵³.

La idea rectora de transformar la sociedad a partir de estas leyes e implementar un verdadero sistema republicano, el cual tenía como principal objetivo establecer un régimen que descansara en la soberanía popular, hacía necesario, según sus promotores, reducir el papel del Estado al otorgarle mayor autonomía al Legislativo y fomentar la descentralización administrativa y la autarquía de las provincias, como lo hizo la Constitución de 1853, que desembocó en el federalismo en los años sesenta del siglo XIX. De ahí la necesidad de dotar al ciudadano con todos sus derechos y despojarlo de cualquier tipo de servidumbre para hacerlo más activo de su destino y del ejercicio de la cosa pública por el bien común de su comunidad. Así mismo, era pertinente encargarlo de la defensa de la nación e integrarlo en las guardias nacionales bajo el principio de la ciudadanía armada, liquidando el Ejército permanente y erigir sin ninguna traba la libertad de prensa y de expresión, la veedora de las acciones estatales⁵⁴.

Pero el proceso tuvo sus contradicciones. Las medidas señaladas despertaron diversas expectativas y aspiraciones en los sectores plebeyos, las cuales se vieron frustradas en el corto y medio plazo. Las disposiciones económicas, como el tema de los aranceles, los distanció con los artesanos capitalinos, quienes consideraban que la liberalización del mercado los afectaba al no poder competir con las manufacturas extranjeras. La población afrodescendiente manumitida, además de anhelar su libertad, también deseaba convertirse en propietaria de las tierras y de las minas donde antes laboraban, algo que los liberales radicales no tocaron, a pesar de publicitar la idea del ciudadano propietario⁵⁵. La descentralización administrativa volvió fiscalmente inviable a varias provincias y las hizo presa, a algunas de estas, de luchas faccionales por el control político, como en los casos de Valledupar, Ocaña, Azuero, entre otras; muy distante de la idea del ciudadano agente del bien común⁵⁶. La abolición de los resguardos, salvo en algunas comunidades, fue rechazada por las parcialidades indígenas y, como en Pasto, terminó el Partido Conservador capitalizando su adhesión al convertirse en el protector de sus tierras⁵⁷. Similar situación se presentó con las medidas religiosas, que catalizaron al clero hacia el Partido Conservador.

En síntesis, las reformas liberales se vivieron de forma caleidoscópica en las regiones, un tema poco explorado respecto a la manera como se experimentó el proceso en lo local. Pero, en todo caso, terminó por promover un crisol de intereses y expectativas disímiles entre los sectores que vieron en el golpe de Melo la coyuntura para alcanzarlas, pero que difícilmente el melismo hubiese sido capaz de atenderlas todas si triunfaba. De ahí que seguir artesanizando el golpe militar de 1854 es privilegiar la mirada centralista del evento; es necesario entender las causas en aquellos sitios donde hubo simpatías por el melismo, así sus pronunciamientos fuesen efímeros.

En este orden de ideas, sin desconocer la movilización plebeya, el golpe de Melo fue un acto militar en respuesta a las medidas legislativas de una facción del liberalismo que buscaba liquidar el ejército a mediados del siglo XIX. En efecto, desde la construcción del Estado neogranadino en 1832, uno de los principales objetos de atención por parte de la élite civil dirigente, y que no eximió algunos militares como los generales José María Obando, José Hilario López, entre otros, fue lograr constituir unas fuerzas armadas sujetas al dosel constitucional. Para tales efectos, se “diseñó” una arquitectura de Estado en la cual las fuerzas armadas quedaban dependientes, en diversos ámbitos administrativos y jurisdiccionales, a los diversos poderes republicanos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Es decir, siguiendo las líneas interpretativas de Samuel Huntington, se buscó limitar o anular la autonomía de los hombres en armas al maximizar los poderes civiles. Esta política arrancó a inicios de la década del treinta al reducir el pie de fuerza del Ejército permanente y borrar y expulsar del escalafón militar a cientos de oficiales que habían sido deliberativos en la esfera pública. La política continuó en los siguientes años, manteniendo una fuerza armada relativamente baja frente a las necesidades de defensa y por evitar una pesada carga de gasto militar sobre la famélica hacienda púbica de aquellos años⁵⁸.

Por otra parte, se les otorgó a los diversos poderes públicos injerencia en varios ámbitos de la administración militar, como al Congreso, quien debía fijar el pie de fuerza permanente anual y el número de coroneles y generales en servicio, mientras que al Ejecutivo le correspondía designarlos. La contabilidad del ramo de los gastos militares se sujetó a la Secretaría de Hacienda, quien nombraba a un contador general encargado de revisar y glosar los gastos, esta misma práctica se replicaba en las cajas de guerra provinciales. Además, las guardias nacionales, a pesar de ser inspeccionadas por las comandancias militares del departamento o de los Estados Mayores divisionarios, su organización, disciplina y entrenamiento estaban sujetos a los gobernadores de las provincias. Finalmente, en temas de fuero militar y administración de justicia, punto de tensión del periodo, se percibe el esfuerzo de la justicia ordinaria de imponerse sobre la militar, al considerarse el fuero de guerra un privilegio inadecuado frente al ideario republicano⁵⁹.

La política en cuestión formaba parte de los lineamientos del republicanismo que, como ya hemos señalado, buscaba evitar toda forma de gobierno despótico, pues desde el siglo XVII se empezó a asociar a los Ejércitos permanentes como aliados de la monarquía, considerando que la mejor defensa de la nación descansaba en las milicias constituidas por los hombres libres, quienes se entrenaban los fines de semana. Esta tradición sobre la defensa de la patria modeló la organización de las fuerzas armadas en Estados Unidos y en Francia durante la Revolución francesa y estuvo presente en la Constitución gaditana de 1812⁶⁰.

La Nueva Granada no fue la excepción, durante los años veinte del siglo XIX un sector de la dirigencia política del periodo, vinculado al general Santander y conocido como el “Partido Socorrano”, lideró una campaña con el objeto de sujetar las fuerzas armadas a los poderes civiles y disminuir el militarismo en el gobierno y la esfera pública. Dicho proyecto logró cristalizarse con la desintegración de Colombia, que permitió reducir el pie de fuerza del Ejército permanente en los años treinta, como ya se mencionó⁶¹. Posteriormente, a finales de los años cuarenta, una nueva generación de jóvenes liberales, los llamados gólgotas, volvieron a publicitar con más ahínco las políticas antimilitaristas, pregonando liquidar, de una vez por todas, el Ejército permanente y dejar a los civiles encargados de la defensa de la nación como guardias nacionales. El asunto generó un fuerte debate en su tiempo, ya que un sector del liberalismo, los draconianos, con una visión más atemperada de los principios republicanos, rechazaron, entre otras cosas, la liquidación del Ejército. Además, lo consideraban improcedente, al ser las milicias un sistema más oneroso y que no daba muchas garantías de eficiencia frente a la fuerza regular. A este debate se sumaron algunos militares letrados, quienes, como el general Melo, patrocinaron un periódico para defender a su grupo de interés⁶².

Este proceso se inició en los años finales de la administración presidencial del general Tomás Cipriano de Mosquera, cuando se enfrentó al Congreso por sus políticas de reducción del pie de fuerza del Ejército, el cual ganó inicialmente el curtido militar al constituir la fuerza de zapadores, legitimando por este medio mantener un pie de fuerza en tanto se dedicaría a la composición de caminos. Pero a mediados de los años cincuenta el panorama político era diferente, el liberalismo se había afianzado después de triunfar sobre el levantamiento conservador de 1851, la Constitución de mayo de 1853 había sido expedida y el Congreso estaba en manos de los gólgotas y los conservadores. De ahí que la presidencia del general José María Obando tenía poco margen de acción y los más conspicuos representantes del liberalismo radical habían abierto un frente de lucha contra los militares y contra el mismo general Melo, el comandante de la guarnición militar de Bogotá, a quien se le estaba siguiendo un proceso por el asesinato de un cabo.

De hecho, según uno de los estudiosos del tema, la causa inmediata del golpe fue el proyecto de ley alternativo de Manuel Murillo Toro, que buscaba ponerle fin a la institución castrense neogranadina y a la carrera militar, que debía discutirse el 17 de abril. Un debate que no aconteció, justamente porque en la madrugada de ese día las compañías de artillería y las guardias nacionales se congregaron al grito “¡Abajo los gólgotas!” y al son de un bambuco tocado por la banda militar, con el que se inició el golpe del general Melo y se puso fin, durante unos meses, a la Constitución de 1853 y se restableció la de una década atrás. Además, Melo envió partidas a capturar tanto a los representantes del Congreso como a otros individuos considerados opositores y, al amanecer, despachó una comisión al palacio presidencial integrada por Francisco Antonio Obregón, Camilo Rodríguez y Miguel León “para ofrecerle al presidente el mando supremo, rogándole que se pusiera al frente la revolución y declarara cerrado el Congreso Nacional. Pero el general Obando rehusó el ofrecimiento, con lo cual el Ejército proclamó presidente al general Melo y cristalizó así la dictadura”⁶³.

Los hombres de Melo

¿Quiénes fueron los oficiales seguidores de Melo? Sin duda, responder la pregunta implicaría una pesquisa documental exhaustiva en los archivos de la Secretaría de Guerra y Marina que rebasarían los objetivos de este trabajo. Sin embargo, se puede afirmar, con base en la información parcial disponible sobre las personas comprometidas en los hechos del 17 de abril de 1854, que eran militares de carrera, es decir, que habían hecho de la milicia su modo de vida y dependían para su sustento y el de sus familias del salario que ganaban. La afirmación se infiere por el largo tiempo que estuvieron en servicio activo, algunos desde los tiempos de las guerras de Independencia; además, tenían simpatía por el liberalismo y por el movimiento artesanal capitalino. Lo anterior nos lleva a concluir que las reformas antimilitares promovidas por los gólgotas afectaban directamente su sustento material, lo cual los llevó a galvanizar sus intereses con los artesanos y apoyar el acto pretoriano que lideraba uno de sus generales.

Los militares identificados en el golpe de Melo fueron cuatro generales (José María Mantilla, Martiniano Collazos, José María Gaitán y José María Melo); seis coroneles (Rafael Peña, Ramón Acevedo, Manuel Martínez Munive, Manuel Jiménez, Fernando Campos y Salvador Camargo); nueve tenientes coroneles (Mariano Posse, Antonio María Echeverría, José Manuel Lasprilla, Juan Nepomuceno Prieto, José Valerio Carazo, Alejandro Gaitán, Santos García y José Antonio Sánchez, Dámaso Girón); diez sargentos mayores (de los cuales hemos identificado a Juan de Jesús Gutiérrez, José Manuel Calle, Venancio Callejas, Manuel Antonio Carvajal y Tenorio, Diego Castro, Benito Franco, José del Rosario Guerrero, José María Barriga); 27 capitanes, 23 tenientes y 54 alféreces⁶⁴.

Esta lista es parcial, sin embargo, nos permite plantear ciertas consideraciones. Lo primero que indica es el significativo número de militares comprometidos que se encuentran en los cargos de jefaturas (coroneles, tenientes coroneles y sargentos mayores) frente a un reducido número de generales. No obstante, para entender las razones de su iniciativa política es necesario recurrir al método prosopográfico, con el objeto de identificar algunas regularidades presentes en cada uno de estos hombres e intentar explicar su acción contenciosa.

Sobre el grupo de los generales comprometidos en los hechos, la evidencia empírica sugiere que fue accesoria o sin mayor relevancia, varios de los cuales se unieron después de acaecido el golpe. El más prestigioso fue el general Mantilla (por ser veterano de las guerras de Independencia, mantenerse siempre al lado de la legalidad, a pesar de que varios de sus partidarios se lanzaron a las guerras civiles, y por su desempeño en el Congreso), vinculado por insistencia de Melo. Es decir, el general más emblemático del bando dictatorial entró tardíamente a los sucesos y, sin duda, su desempeño en el gobierno de facto fue cosmética⁶⁵.

Martiniano Collazos, un curtido militar de la Independencia, alcanzó su generalato en 1841 por los servicios prestados al gobierno en la guerra de los Supremos; era un oficial sin prestigio, problemático, que, según los contemporáneos, se hallaba resentido con los ricos agiotistas porque en repetidas ocasiones se vio en la necesidad de vender a bajo precio las cartas de crédito que se le daba como pago de su pensión. Disgustado con este trato y, sin duda, preocupado por las políticas antimilitares de los gólgotas terminó adhiriéndose al bando melista el 11 de julio de 1854, cuando las fuerzas de Dámaso Girón ocupaban a El Socorro; su pronunciamiento en Bucaramanga fue efímero, pues la reacción constitucional no permitió prosperar el acto; falleció ese día. Por lo señalado anteriormente, su participación en los eventos fue nula⁶⁶.

José María Gaitán, el más claro exponente de este grupo, era liberal, afiliado al bando draconiano, opositor a la dictadura de Rafael Urdaneta (1830-1831), cercano a la agrupación santanderista y rebelde en la guerra de los Supremos (1839-1842); por este último hecho fue expulsado del país por traición a la patria. Retornó en 1847 por un indulto de la administración de Mosquera. Gracias a José Hilario López entró en servicio activo, quien también lo ascendió a general en 1851. Su vinculación con los hechos del 17 de abril no es clara, pero fue borrado del escalafón militar el 22 de diciembre de 1854 y, a pesar de sus protestas, se demostró su simpatía por la dictadura, pues Gaitán solicitó constantemente a Melo la jefatura militar del Norte, pero no la obtuvo, según parece, porque Melo quiso mantenerlo al margen de su gobierno, pues no quería un general que podría hacerle sombra⁶⁷.

En síntesis, la participación de los generales en el golpe de Melo fue marginal. Por lo tanto, la responsabilidad recae en los coroneles, los tenientes coroneles y los sargentos mayores, un sector de la oficialidad que, según las ordenanzas y leyes militares, se encargaban de los mandos de las jefaturas y comandancias militares de las provincias, de los batallones o eran ayudantes o miembros del Estado Mayor o de las divisiones o columnas del Ejército. Es decir, hombres quienes debían tener cierta experticia en conocimientos de tema castrense (justicia, contabilidad y ordenanzas militares) para encargarse del tren administrativo, como también de la organización y disciplina de las unidades bajo su mando. Pero más interesante es afirmar, después de analizar sus vidas a lo largo del siglo XIX, que estos hombres no procedían de los estratos sociales más altos de la sociedad; no eran aristocráticos. Una tesis que en Colombia ha hecho escuela, como muchas interpretaciones de nuestro pasado, con mucho sentido común y poco trabajo empírico⁶⁸.

La afirmación de que la oficialidad que apoyó el golpe del general Melo procedía de estratos no privilegiados se desprende al mirar sus vidas a partir de 1810 en adelante, cuando la gran mayoría se vincularon al Ejército patriota en calidad de cadetes o empezaron en los grados más bajos de la oficialidad, inclusive como soldados, como por ejemplo Mariano Posse o Juan Nepomuceno Prieto. José Manuel Calle es quien mejor representa este proceso, empezó su carrera en calidad de aspirante el 22 de marzo de 1820, ascendió por todos los rangos por tiempo y méritos en el servicio militar: sargento 2.º, el 1.º de agosto de ese año; sargento 1.º, el 1.º de abril de 1822; alférez, el 24 de septiembre de 1824; teniente, el 16 de febrero de 1827; capitán, el 21 de octubre de 1851; sargento mayor, el 4 de julio de 1852; y teniente coronel, el 22 de julio de 1862⁶⁹. Señalar este punto es importante porque, sin duda, nos permite contrastar con aquellos quienes procedían de estamentos privilegiados y que empezaron en calidad de oficiales (de alférez 2.º a capitán), como fue el caso del general Mosquera, quien entró al servicio como edecán del general Bolívar, o Julio Arboleda, quien se inició en las armas durante la guerra de los Supremos con el grado de capitán y secretario de Mosquera. Otros ejemplos de estos casos se podrían señalar, pero lo que queremos resaltar de los militares comprometidos con Melo es que procedían, en su mayoría, de grupos sociales bajos o medios. Su condición social explica el por qué entraron en los grados más bajos de la milicia y por qué a muchos de ellos sus ascensos se les hicieron a lo largo de un buen tiempo de servicio, como el caso de José Manuel Calle. Otro ejemplo es el de Domingo Castañeda, quien fuera sargento a inicios de los cuarenta y ascendido al alférez 2.º por sus servicios en varias unidades del suroccidente, entre ellas en el Batallón 1.º de Infantería, con el que, entre 1846 y 1848, permaneció acantonado en Pasto por las tensiones fronterizas con el Ecuador. Después de esto, Castañeda hizo la campaña del sur contra los rebeldes conservadores en 1851, en la provincia de Túquerres, ejerciendo las funciones de ayudante de la 1.ª División y en 1852 obtuvo el ascenso de capitán por sus servicios al gobierno. Trasladado a la capital de la República, se debió comprometer con Melo, pues figura de edecán del general, y se halló entre los defensores de Bogotá hasta rendirse el 4 de diciembre de 1854⁷⁰.

El trasegar de varios de los militares melistas es similar; Domingo Delgado, era capitán graduado de mayor cuando se comprometió con la dictadura; venía sirviendo en el Ejército como mínimo desde 1834, cuando Toribio Lozada Peralta, desde El Socorro, el 19 de agosto de 1854, le escribió al general Melo para que su ascenso a sargento mayor fuese reconocido⁷¹. Es elocuente, pues, que varios de los seguidores de los hechos del 17 de abril se encontraban entre los grados de capitán o sargento mayor a mitad de siglo, a pesar de que, en su mayoría, venían en la carrera de las armas desde los veinte, o antes (Venancio Callejas, Manuel José Carvajal y Tenorio, Diego Castro, Benito Franco, Dámaso Girón, José del Rosario Guerrero, Pedro Arnedo, Juan de Jesús Gutiérrez, José Manuel Calle, Benito Franco, José María Barriga, entre otros); o eran tenientes coroneles (Manuel Jiménez, Fernando Campos, Mariano Posse, Antonio María Echeverría, José Manuel Lasprilla, Juan Nepomuceno Prieto, José Valerio Carazo, Alejandro Gaitán, Santos García y José Antonio Sánchez)⁷².

Lo anterior significa que los oficiales comprometidos con Melo venían de largo tiempo ejerciendo el oficio de las armas y, como no procedían de sectores privilegiados (un indicador es su lento ascenso en el escalafón militar), dependían de su salario para su sobrevivencia. Esto los hizo permanecer en la milicia de forma regular tanto en tiempos de paz como de guerra, ocupando cargos burocráticos en la administración militar o sirviendo en diversas unidades acantonadas en los principales departamentos militares del país⁷³. El hecho de ser militares de carrera los colocaba en una condición de vulnerabilidad frente a cualquier política que los liberales radicales a mediados del siglo XIX publicitaban en relación con el Ejército⁷⁴.

Por ejemplo, Diego Castro fue alférez a finales de los treinta, teniente 2.º durante los cuarenta, prestó servicio en los cuerpos de la 1.ª columna en Pasto, Popayán, y a veces al norte del Valle. Fue ascendido por la Secretaría de Guerra a teniente 1.º (septiembre de 1847), sirvió con ese grado en el batallón número 2.º, con el cual hizo campaña en el sur contra los rebeldes conservadores de 1851, desempeñando por un tiempo la comandancia de Yacuanquer (noviembre de 1851); durante esta guerra tuvo varios ascensos, pues en febrero de 1852 era sargento mayor. Trasladado al centro del país, se comprometió con Melo, promoviendo la noche del 16 de abril, horas antes de los sucesos, la distribución del parque militar entre los democráticos.

Después del golpe, Castro fue comisionado para capturar a los miembros del gobierno que se hallaban reunidos con el presidente Obando en el palacio. Se halló en Tíquisa (20 de mayo de 1854), Zipaquirá (21 de mayo) y persiguió a las fuerzas de Melchor Corena derrotadas por Dámaso Girón en Aposentos (29 de mayo). Se encargó de pacificar y controlar la disolvente provincia de Tequendama, territorio adverso a la dictadura (julio de 1854). Se destacó como uno de los comandantes más briosos que tuvo Melo, al punto de que, cuando el general decidió rendirse con otros oficiales y seguidores el 4 de diciembre de 1854, Castro llegó al cuartel de San Francisco y dijo: “Los que quieran luchar y morir conmigo, síganme; yo no deseo caer prisionero”. Algunos lo siguieron, montó a caballo, tomaron la calle del comercio y al doblar a Santo Domingo, cayó muerto⁷⁵.