Czytaj książkę: «Poderosos»

©2022, Lucía Salinas y Lourdes Marchese

©2022, RCP S.A.

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ISBN 978-950-556-854-3

Hecho el depósito que marca la ley 11.723

Diseño de tapa e interior: Pablo Alarcón | Cerúleo

Foto de tapa: Adobe Stock - zendograph

Primera edición en formato digital: marzo de 2022

Versión: 1.0

Digitalización: Proyecto 451

Lucía:

A Lourdes, por esta triple aventura y este equipo imbatible.

A Gabi Granata, a Guido y a Facu, por ser familia, por ser parte siempre.

Lourdes:

A Lucía, porque sin vos este sueño no se hubiera materializado, fueron tres libros juntas. Gracias por este equipo de trabajo que formamos. Deseo que este libro sea el inicio de una transformación, para que las nuevas generaciones puedan volver a confiar en la Justicia.

PRÓLOGO

Por Nelson Castro

“Cuatro característica corresponden a un juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente”.

SÓCRATES

Noviembre de 1983: corrían los días previos a la restauración plena de la institucionalidad democrática en la República Argentina tras las elecciones del 30 de octubre que ganó la fórmula de la Unión Cívica Radical integrada por Raúl Alfonsín y Víctor Martínez. Una de las tareas a las que se abocó de inmediato el presidente electo fue la de constituir una nueva integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un poder esencial en la vida de una república. Consciente de ello y del momento clave que se vivía, y en total acuerdo con su objetivo de terminar con las antinomias y de dar pasos concretos en pos de la consolidación de la democracia a través de la participación de la oposición en el armado institucional del poder, el Dr. Alfonsín tuvo una iniciativa de alto significado e impacto: le ofreció la presidencia de la Corte Suprema a quien había sido su principal adversario en la contienda electoral: el Dr. Ítalo Argentino Luder. Así fue como un enviado del mandatario electo se apersonó en el domicilio del Dr. Luder, a los fines de hacerle formalmente ese ofrecimiento, que este último, sin dimensionar su envergadura y su dimensión republicana, rechazó.

Este hecho —que tiene como precedente histórico la iniciativa del Gral. Bartolomé Mitre, quien el 18 de octubre de 1862, dos días después de promulgar la ley número 27 que reorganizaba el Poder Judicial, le ofreció integrar la Corte a uno de sus opositores acérrimos, Valentín Alsina— sirve para ilustrar la naturaleza política que tiene el proceso de designación de los jueces en nuestro país. Son los dirigentes políticos los que tienen la última palabra en la compleja trama que culmina con la nominación de cada uno de los magistrados. Quien firma las designaciones en última instancia es el presidente de la nación.

Los jueces son, por lo tanto, un reflejo de la calidad de la clase política. Es verdad que hay en la Justicia una mayoría de personas honestas. Sin embargo, las deshonestas, aun siendo minoría, logran alcanzar posiciones de preponderancia a través de las que dañan severamente la calidad y, por ende, la credibilidad del Poder Judicial.

Cuando el expresidente Carlos Menem amplió el número de miembros de la Suprema Corte lo hizo con un objetivo: tener una mayoría adicta.

Cuando, siendo senadora, Cristina Fernández de Kirchner impulsó la reducción del Consejo de la Magistratura y luego, como presidenta, intentó imponer la Ley de Reforma Judicial, su intención era la de colonizar el Poder Judicial con sus acólitos.

En el variopinto panorama que ofrece la Justicia, cohabitan:

 Jueces que reprueban los exámenes.

 Jueces que son nombrados luego de que quien los designa se saltee el orden de mérito.

 Jueces que van a jugar al tenis con el presidente de la nación.

 Jueces con escasa o nula formación jurídica.

 Jueces con patrimonios imposibles de justificar.

 Jueces con vidas indecorosas.

 Jueces ligados al narcotráfico.

 Jueces que demoran o apuran fallos según el momento político del gobierno de turno.

Las consecuencias de estos males son graves porque, en definitiva, terminan por consagrar la impunidad de quienes ocupan cargos de poder y minan la confianza de la ciudadanía. Dijo Simón Bolívar: “La Justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad”. Por ello, sin Justicia no hay república, algo de lo cual la Argentina tiene una necesidad absoluta.

HERNÁN BERNASCONI: EL JUEZ DEL MONASTERIO

El comienzo del fin de su carrera judicial fue un jarrón de terracota. No dimensionó seguramente el impacto mediático de su decisión: había detenido a Guillermo Cóppola, representante y amigo de Diego Maradona. Lo mantuvo 97 días tras las rejas. Fútbol, farándula, televisión en vivo, escándalo. El caso Cóppola, como se lo conoció en los 90. Los ribetes más llamativos fueron parte de un expediente que después la justicia desestimó llevando al banquillo de los acusados al exjuez Hernán Bernasconi, artífice de todo. Luis Miguel, Pablo Escobar Gaviria, Maradona, Guillermo Cóppola, todos estaban nombrados como parte de una mega banda narco.

El 9 de octubre de 1996, un grupo de policías extrajo de ese famoso jarrón que Cóppola recibió de una exnovia 406 gramos de cocaína de baja pureza. Pero ese último detalle no los eximía de la tenencia, que fue la excusa para librar un conjunto de órdenes de detenciones y, así, abrir el expediente. La causa judicial cayó en manos del juez Hernán Bernasconi, quien inauguró el juzgado federal de Dolores. Ese año, por decisión suya, se procedió a la detención de Héctor Yayo Cozza, Tomás Simonelli y Claudio Cóppola, que no tiene parentesco con el exrepresentante de Diego Maradona. La seguidilla de prisiones preventivas continuó días después, cuando cayó el exjugador Alberto Tarantini, a quien le encontraron droga cuando estaba en la casa de su amiga Natalia Denegri. La entrega de Guillermo Cóppola ante el comisario Emilio Azzaro, a causa de la orden de detención que se libró en su contra, fue el broche de oro de esos operativos.

Aquel escandaloso y mediático caso catapultó a la fama a un juez que tenía más aspiraciones políticas que judiciales, pero que nunca creyó en los efectos colaterales de la causa. Una veintena de jueces tuvieron a cargo la investigación que se radicó en cuatro ciudades diferentes. Después de aquel derrotero, cuando finalmente logró avanzar hacia la instancia del juicio oral, el Tribunal a cargo dio un giro sustancial al caso: invirtió los roles de los protagonistas y fue así como los acusadores terminaron acusados y los que estaban en el banquillo lograron recuperar la libertad y quedar eximidos de cargos.

El tramo final de la carrera del exjuez de Dolores se escribe a través de Guillermo Cóppola, sin duda. El exmánager no lo nombra nunca, no pronuncia su nombre, como si ese gesto le permitiera olvidar lo que le tocó vivir, y porque lo considera indigno. “Un delincuente, él y sus secretarios. Y junto con tres policías adscriptos a ese juzgado, todos presos, expulsados de sus funciones. Me metieron en la cárcel. Decían que yo integraba una asociación ilícita, y los de la banda eran ellos, que se dedicaban a perseguir a ricos y famosos”, recuerda en el presente. El enojo sigue vigente. Aunque con terminología más técnica, la justicia le terminó dando la razón muchos años después.

Cóppola estuvo en dos prisiones, en las que recibió las incansables visitas de Diego Maradona. Hasta que el 15 de enero de 1997, el juez federal Carlos Liporaci firmó la resolución que le permitió esperar en su casa el juicio oral. En la resolución, se dejó constancia de que hasta ese momento, 97 días después de que Bernasconi hubiera librado la orden de detención, no había pruebas suficientes para acreditar que la noche del 30 de septiembre del año anterior, Cóppola había suministrado en forma gratuita estupefacientes o que facilitó su departamento para que se consumieran drogas.

El escándalo contaba con las declaraciones de Natalia Denegri, quien aseguró —aunque no bajo juramento— que participó en el domicilio de Cóppola de reuniones en las que “se escuchaba música, había sexo, se consumía cocaína y duraban uno o dos días”. El juez Liporaci nunca citó a declarar a Denegri y sostuvo aquella decisión al señalar que lo que ella decía, “por su pública falta de seriedad y su personalidad fabuladora”, carecía de peso y que citarla habría sido una “pérdida de tiempo inútil”. Además, señaló que en ella se advertía “una franca tendencia a la falsificación de las experiencias reales que enlaza con la necesidad de protagonismo, de ofrecerse como espectáculo, de seducir, de tener vigencia…”. El caso se derrumbaba y, con él, la permanencia de Bernasconi frente al juzgado.

—¿Volviste a ver a Bernasconi?

—Una sola vez, en la esquina de mi casa, en un café.

Era un sábado de invierno, como a las 19. Hacía dos años que había dejado la cárcel. Un vecino le avisó que el juez que lo había mandado a prisión se encontraba en el café, sentado contra un ventanal que daba a la calle, con un cortado sobre su mesa. En jogging, sin preocuparse demasiado de su aspecto, no dejó pasar la oportunidad. Se dirigió al lugar. Le hizo una seña con la cabeza al encargado, que fácilmente entendió todo, y los dejó solos. Bernasconi leía un libro. Guillermo se acercó a la mesa de madera desgastada, se lo arrebató de las manos y, acto seguido, lo tiró al piso. “¿A la esquina de mi casa tenés la desfachatez de venir, vos que tanto daño me hiciste?”, lo increpó. Bernasconi no pronunció palabra, no bajó tampoco su mirada. Cóppola continuó: “Decime por qué lo hiciste, no te pido más. Solo explicame por qué y no se lo digo a nadie”. Entonces sí, Bernasconi, que estuvo prófugo cuando se le dictó la orden de detención, agachó la mirada. “Esto es lo que sos, un pobre tipo. Cagón, cobarde, saliste corriendo, te profugaste”.

Con 50 años, en octubre de 1996, Bernasconi alcanzó, a su criterio, el cenit de su carrera como juez federal. “Había desbaratado una narcobanda vip que abastecía de droga a ricos y famosos, capitaneada nada menos que por el mánager de Diego Maradona”. De eso pasó a la clandestinidad durante tres meses, a dos cárceles cariocas, a una prisión en Argentina y a no poder ejercer nunca más como juez.

Hernán Bernasconi estudió en San Justo en 1974. Lo recuerda él mismo: “Estudié en medio de conflictos sociales. Entre la muerte del general Perón y la asunción de Isabel Perón, se produce un ajuste económico muy severo, el llamado Rodrigazo. Años después, en 1977, me secuestran, como a tantos otros. En La Matanza hubo mucha gente que desapareció, algunos tuvimos la fortuna de quedar vivos, sobrevivir”.

Sus primeros pasos en el derecho fueron como abogado laboralista, desde los 70 hasta 1983, cuando Argentina volvió a la democracia. Representaba en aquel entonces a la Unión de Obreros Metalúrgicos (UOM). Tenía una larga trayectoria de militancia en un espacio que respondía a la Juventud Peronista. Cuando se refiere a La Matanza, su tierra de origen, se percibe un dejo de nostalgia. Sintió que lo expulsaron las internas políticas y que no quería seguir construyendo ahí. Entonces vino, desde la misma política que criticaba, el ofrecimiento para convertirse en juez federal de Dolores. Se despidió así de los cargos que había asumido como secretario de Justicia y director del Mercado Central durante el gobierno de Antonio Cafiero. También había asumido como diputado provincial y congresal nacional del justicialismo. “Quería volver a mi vocación, que era y es el mundo del derecho. Me propuse desempeñar esa función de magistrado, de una manera, si se quiere, militante, de hacer justicia sin importarme si la persona era poderosa, rica o famosa”.

Así inauguró un juzgado que carecía de mobiliario, de personal y de lineamientos de trabajo. Para emprender aquel desafío, buscó al abogado que se ocupó de llevar adelante su divorcio, Roberto Schlagel, y le otorgó el puesto de secretario. El abogado recorrió la pequeña localidad un fin de semana junto con su esposa, inspeccionó sus calles, la plaza que queda a 300 metros del juzgado, experimentó la tranquilidad de aquel poblado de 22.000 habitantes y, convencido del cambio radical que le daría a su vida, un lunes por la mañana le dijo que aceptaba. Comenzaron a transitar esa aventura fundacional que los conduciría a ambos a prisión, algo impensado por ese entonces.

Ninguno de los dos provenía de carrera judicial, pero ahora estaban a cargo de un juzgado federal en suelo bonaerense mientras comenzaba a desatarse una guerra voraz entre Eduardo Duhalde y Carlos Menem por el sillón de Rivadavia. En esos primeros días, Schlagel le dio dinero a Bernasconi para que fuera al lavadero que quedaba cerca del juzgado a retirar las camisas y los trajes. Aún lo cuenta entre risas, una realidad antagónica a la que experimentaría años después.

“El primer día que fui juez federal no tenía despacho. No tenía un juzgado físicamente hablando, tuve que comenzar por hacer gestiones y alquilar un piso, que es donde actualmente sigue estando el juzgado, hacer reformas, conseguir del administrador de la Corte, doctor Alberto Piacentino, muebles y medios”. Admite que aquello fue una aventura. De la mano del entonces intendente de Dolores César Meckievi, vino una lista de personas para el lugar: maestranza, planta de empleados y funcionarios. La preselección concluyó y en pocos meses quedó constituido el equipo de trabajo. “Muchos de ellos sin ninguna experiencia”, asegura, pero eran vecinos de Dolores, la política le estaba pidiendo un favor, y él no dudó en cumplir. Una mañana, el entonces juez le pidió al cura de la catedral que bendijera las instalaciones. Ese día abrieron las puertas oficialmente.

Si bien no había ejercido nunca como abogado, Bernasconi tenía experiencia en los tribunales del trabajo de la Capital, donde se hizo “desde abajo”, en la mesa de entradas, en la recepción de audiencias. Llevó sus pocos conocimientos a ese personal heterogéneo, pero admite que le costó darle herramientas. “En ese pueblo encontré una gran belleza, en sus calles y en su gente. Recorrí las dependencias policiales de la policía bonaerense —no había policía federal—. Años después logré que se instalara una delegación. Les conté mi misión y mis ideas, cómo íbamos a trabajar, y todos respondieron muy bien”.

Bernasconi se había instalado en una casa a unas diez cuadras del juzgado: “Mi vida cotidiana era de mi casa al juzgado y del juzgado a mi casa”. Sin embargo, en el juzgado recuerdan algunos desvíos de esa rutina, como las reuniones en La Plata con Eduardo Duhalde, o los fines de semana en Capital Federal. “Había semanas en las que hasta el martes no aparecía en el juzgado. Todo lo manejaba yo, tenía dos secretarías, la civil y penal, y las tuve mucho tiempo a mi cargo. Hernán era un político a cargo de un juzgado que frecuentaba algunos días de la semana”, sostiene Schlagel. La política, en efecto, era su gran aspiración. Soñaba con la llegada de Duhalde a la Casa Rosada y, para él, el ministerio de Justicia.

¿A qué hora llegaba? “Y… los políticos arrancan al mediodía”. A esa la hora se lo veía llegar a su despacho, de aspecto impecable siempre, el pelo engominado, de saco oscuro y corbata. Al ingresar, se encontraba con el mate preparado por Renato Bianchini, el encargado de maestranza, quien a veces se quedaba en su despacho cebando mientras él se ponía al día con los expedientes. El escritorio, salvo por una seguidilla de fotos familiares, carecía de toda impronta personal, quizás porque creía que ese despacho era una instancia intermedia hasta el que más le interesaba.

El juzgado de Dolores tiene la particularidad de ser considerado de “competencia federal universal”, es decir que entiende en causas penales, en demandas civiles o administrativas y reclamos tributarios. Todo eso estuvo en manos de Bernasconi y Schlagel, que administraba el juzgado en el día a día. La Causa 1, aún la recuerdan, fue sobre una tenencia de estupefacientes. La Causa 575, la más escandalosa de todas, la investigación sobre Guillermo Cóppola.

La vida social durante esos años en la localidad bonaerense estuvo determinada por las reuniones del Rotary Club, que una vez a la semana realizaba una cena a la que Bernasconi nunca faltaba. Era hábil para las relaciones públicas, la política se lo había enseñado. Los asados con el intendente y otros invitados completaban el circuito de la “rosca”. Algo que compensaba con un grupo de amigos y amigas amantes de la equitación que disponían de un par de hectáreas y de algunos caballos para realizar paseos durante las tardes, no importaba si era en horario laboral, en el juzgado estaba Schlagel manejando todo. En más de una de las fiestas gauchas propias del pueblo se lo vio a Bernasconi desfilando a caballo. Parecía más patrón de estancia que juez federal. O ambas cosas.

Esa imagen era más amena que la que brindaba en el juzgado, con cuyo personal intercambiaba pocas y protocolares palabras. Puertas adentro de su despacho, las palabras fluían más, pero solo con su secretario. “Hernán siempre fue un político en un cargo judicial”, recuerdan desde su equipo de trabajo. No le interesaban las causas, salvo que fueran políticas, que tengan ahí algún rebote”.

Los fines de semana regresaba a Buenos Aires para estar con sus hijos, pero la agenda le marcaba todo tipo de reuniones políticas. “Tengo un gran recuerdo de ese tiempo y del juzgado federal y de la gente de Dolores, siento un gran amor por todos, Alfredo Meckievi, la familia Porrez, Dorcasberro, Avanza, mis secretarias, Lale, Mugarza, el oficial primero Miguel Lascano, que creo que se radicó en otra provincia, Bianchini y tantos otros y otras”, sostiene con cierta nostalgia.

Cuando se le pregunta cuál fue el caso más relevante que llevó adelante en el juzgado de Dolores, sin dudar y en ese tono de voz grave que conserva, enumera una serie de expedientes para dar la idea de que todos revistieron la misma relevancia para él. “Cada caso merecería un libro. Excepto la causa de Cóppola, que terminó con un aborto. Se anuló y se cancelaron las múltiples investigaciones y conexiones con otra causa en Italia”. El caso Cóppola fue un punto de inflexión en su carrera judicial, pero también en sus vínculos con la política.

El 5 de noviembre de 1999 Hernán Bernasconi dejó de ser juez federal de Dolores, después de que el Senado de la Nación votara su destitución. Lo encontraron responsable de la comisión de delito y mal desempeño en sus funciones, aquello mismo que Cóppola denunciaba. Pero las acusaciones se centraron en un expediente cuya carátula era “N.N. Pirillo”. Los senadores de ambos espacios políticos consideraron que el exjuez cometió “errores gravísimos” en su tramitación y que tuvo “notorio desconocimiento de los efectos procesales” en la resolución de un expediente sobre una denuncia de la DGI. “Prevaricato” (actuar en contra de la ley maliciosamente) fue la figura que ganó más votos entre los integrantes de la cámara alta.

En el Senado, el bloque justicialista, que lo había protegido en varias ocasiones, votó para declararlo culpable de tres de los siete cargos que pesaban sobre él. “Las decisiones del juez se fundaron en hechos falsos, dictó órdenes de allanamiento sobre la base del testimonio de agentes encubiertos e incurrió en el mal desempeño de sus funciones”, dijeron en el recinto cuando las manos se levantaron para votar su destitución. La oposición estaba convencida de que había pruebas suficientes para acusarlo de privación ilegítima de la libertad y de haber fabricado pruebas para detener al exfutbolista Alberto Tarantini, pero el gobierno opinó lo contrario. Así fue como, pese a que contribuyeron para que Bernasconi fuera destituido, el menemismo moderó el contenido de la sentencia al impedir que se lo sancionara por dos delitos más severos que integraban la acusación: asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad. Ello estaba intrínsecamente vinculado a la mediática y escandalosa causa Cóppola.

Fue una jornada intensa y todo se proclamó cerca de las dos de la tarde, pero hacía días que Bernasconi ya no se encontraba en el país. Luego de que lo suspendieran de su cargo, se anticipó a lo que iba a ocurrir: “Cuando me di cuenta de que mis compañeros peronistas —el senador Antonio Cafiero, el gobernador Eduardo Duhalde y algunos otros que prefiero no recordar— de un día para el otro no me atendían el teléfono, ya iniciado el juicio político, me sentí muy defraudado y me pesaba su condición humana. Ellos me conocían bien, y en particular Duhalde estaba involucrado en la investigación. Había mandado al comisario Azzaro para ponerse al frente de esa investigación policial, y yo me había reunido con él en su quinta y en la gobernación en varias oportunidades. Siempre supo más que yo, pero se hizo el boludo. Le dijo a (Hugo) Anzorreguy que él no tenía nada que ver, que sabía poco o nada y que hicieran lo que tenían que hacer”.

¿Por qué siendo aún juez, decidió profugarse y evadir la justicia? “Estaba extenuado, agobiado por la situación política, fueron tres años de mucha pelea. Mis amigos de la política me llamaron y me dijeron que ya no podían defenderme”.

La política en la que se formó y con la que tendió sendos puentes desde su despacho le dio la espalda. Entonces eligió la clandestinidad. Si bien algunos allegados al gobierno de aquella época sostienen que la SIDE lo ayudó a salir del país y dirigirse a Brasil, su explicación es más llana. Cuenta que tenía un amigo sacerdote que le aconsejó alojarse en un convento cerca de Copacabana para hacer un tratamiento integral. En poco tiempo organizó el viaje. Aún era juez cuando hizo los trámites de migraciones y se dispuso a dejar la Argentina sabiendo que en pocos días estaría violando la ley que él debía aplicar desde Dolores.

Su refugio durante tres meses fue el santuario San Camilo, patrono de los enfermos, en el barrio de Tijuca, una zona residencial de Río de Janeiro. Aunque asegura que la experiencia le permitió “desconectar con todo”, sabía que las acusaciones, la destitución y el pedido de detención que se había emitido desde Comodoro Py lo aguardaban. Pasó aquellos días realizando trabajos holísticos y tratamientos médicos y espirituales. Tenía tareas asignadas, ayudaba a su amigo cura en una favela todos los días. El resto del tiempo permanecía en el convento, evitaba salir demasiado. Conocía el procedimiento, sabía que ya había una alerta roja de Interpol con su nombre y apellido, por orden del juez Gabriel Cavallo. Su una única distracción: terminar una novela que había empezado a escribir en su juventud, Capucha – Capucha, en la que refiere el secuestro que sufrió durante la dictadura militar.

Estuvo tres meses evadiendo todo tipo de controles. Pero un viernes de enero del año 2000 quedó detenido. Interpol había logrado irrumpir en el santuario gracias al seguimiento que las fuerzas realizaron de un amigo suyo, Luis Leite Dos Santos. “La vi venir”, admite hoy. Ese día regresó muy tarde, tras haberse quedado en una librería que quedaba en las cercanías del lugar. Cuando se acercaba a la puerta, vio dos autos estacionados que le llamaron la atención. Ocho efectivos policiales lo rodearon. No opuso resistencia, solo les pidió que le permitieran darse un ducha y agarrar algunos pocos elementos. Nunca antes lo habían esposado.

Esa noche fue trasladado al presidio estatal Ponto Sero. Allí permaneció cinco meses a disposición del Supremo Tribunal de Justicia brasileño. Con una conducta tras las rejas que fue calificada como “excelente”, y con las mínimas medidas de seguridad, no tardó en entablar una cordial relación con otros presos: un grupo de policías corruptos, dos abogados y un político de menor rango. A ellos les dijo que él era un perseguido político, que estaba atravesando ese “infierno por haberme animado a acusar a gente poderosa, pero aun con las pruebas necesarias me acusaron injustamente”. La misma defensa que esgrimió en los tribunales argentinos. Pero hubo un vínculo que aún recuerda con extremo cariño. “Doctor, soy Hernán Toro, narcotraficante”, escuchó luego de su primera noche en el penal. Después le llevó una frazada y le prometió un guiso que no se hizo esperar y que cumplió las expectativas. Mantenían largas caminatas y todavía recuerda —aunque no logra distinguir las verídicas de las inventadas— las múltiples anécdotas que aquel hombre le contaba. De todos modos, era entretenido y eso le ayudó a pasar el tiempo en prisión.

¿Por qué permaneció preso en Brasil? Porque huyó del país antes de ser destituido, por lo que contaba con sus fueros. Después la justicia lo declaró prófugo y dio aviso a Interpol, por lo que se necesitaba un juicio de extradición para que volviera a suelo argentino. Fue el juez Juan José Galeano, que reemplazaba temporalmente a Gabriel Cavallo en la causa contra Bernasconi, quien pidió la extradición.

Aquel enero de 2000 su plan de escape concluyó, y con eso también la posibilidad de evitar el mismo destino que su secretario Roberto Schlagel, a quien el Tribunal Oral Federal N.º 5 había condenado a ocho años de prisión. Bernasconi, antes de dejar la Argentina, lo visitó dos veces en prisión. La última vez le dijo que Duhalde solo lo salvaría a él. Así terminaron su relación. Pero tiempo después Schlagel tendría revancha.

Pasaron 99 días exactamente hasta que regresó al país, lo hizo en el vuelo 1416 de Aerolíneas Argentinas en una fila de tres asientos, en el medio iba él custodiado por policías de Interpol. De camisa clara, pantalones cómodos y menos engominado que cuando ingresaba a su juzgado, Bernasconi vio a lo lejos las luces de Buenos Aires. Estaba sentado en la fila 30, la última. No le colocaron las esposas cuando descendió del avión en Ezeiza, solo traía con él una bolsa amarilla con propagandas en portugués y un pequeño bolso. “Pasó las tres horas de viaje hojeando la revista Veja y el Jornal do Brasil. Dijo que no con la cabeza cuando le ofrecieron los diarios argentinos, que informaban sobre su regreso. También rechazó la comida. No pidió ni un vaso de agua ni se paró para ir al baño. Parecía un poco tenso”, relató Clarín, que subió al mismo avión a un periodista.

Eran otros tiempos para la política argentina. Su primera noche en prisión se lo demostró. Apenas descendió del avión, un vehículo policial lo esperaba en la pista. Lo trasladaron a una sala destinada para personal diplomático, donde le leyeron sus derechos, y dos empleados de las fuerzas lo escoltaron hasta el Escuadrón Buenos Aires de Gendarmería Nacional, donde también estaba preso —entre otros— el extitular del PAMI Víctor Alderete.

Diez días después de su arribo al país, el juez Cavallo lo procesó como el jefe de una banda que se dedicaba a inventar causas por drogas contra gente famosa. La resolución sostuvo que Bernasconi convirtió el juzgado federal de Dolores “en una asociación ilícita que fabricaba pruebas falsas”. Además le atribuyó los delitos de falso testimonio y falsedad ideológica.

En su declaración, Bernasconi responsabilizó a su secretario y a los policías que trabajaban con ellos. Cavallo dijo que “aun si eso hubiera sido cierto, no cumplió con su deber de denunciar lo que hacían sus colaboradores, sino que, por el contrario, hizo gestiones por ellos y, aparentemente, hasta aportó económicamente para su defensa”. Si le faltaba algo a la acabada carrera judicial de Bernasconi fue ese fallo en el que se habló de un “actuar organizado”, y que el extitular de Dolores “fijaba los fines hacia dónde esta asociación ilícita dirigía sus acciones. Estos fueron personas determinadas, escogidas por él a las que se debía involucrar en causas penales mediante la preconfiguración de pruebas o la invención de ilícitos que luego les serían atribuidos”.

Antes de conocerse el veredicto del Tribunal Oral Federal 5, Bernasconi realizó un alegato político que sirvió de poco. “Fui sentenciado en 1996 por el exsecretario privado de Carlos Menem, Ramón Hernández, amigo de Guillermo Cóppola”. Se refirió a él como un “personaje siniestro”, a quien comparó con José López Rega. Durante una hora habló sin trastabillar, dijo que a los jueces los usaron “como mis verdugos y al juicio como un altar de sacrificio”. No faltaron las críticas para los jueces Juan José Galeano y Gabriel Cavallo y contra el ex ministro del Interior Carlos Corach, a quien consideró uno de los artífices de su enjuiciamiento.

Al día siguiente de haber pronunciado aquellas palabras, el 21 de agosto de 2002 Diego Maradona ingresó a los tribunales de Comodoro Py junto con Guillermo Cóppola. Se sentaron a poca distancia, inquietos en sus movimientos ante la mirada de todos los presentes. No eran los únicos: también estaban Natalia Denegri, la joven detenida por el exjuez, y luego testigo en su contra, y el empresario de la noche Carlos Ferro Viera. El bullicio reinaba, y la tensión en el ambiente era palpable hasta que la calma los invadió cuando escucharon lo que querían que sucediera: el tribunal oral condenó a Hernán Bernasconi a nueve años y seis meses de prisión por armar causas contra personajes famosos. “Ganamos”, se escuchó en la sala. Así fue como Diego felicitó a su mánager y amigo. Bernasconi escuchó con un gesto adusto la acusación. No lo sorprendía. A pocos metros de él, varios de los involucrados en las causas que, según dijeron los integrantes del Tribunal, él había armado festejaban. Fue trasladado a la prisión de Gendarmería, donde lo visitó (en dos ocasiones) Roberto Schlagel. La segunda vez solo le dijo: “Hasta acá, Hernán”.

Volvió a estar en libertad un año después, cuando los cómputos —había alcanzado los dos tercios de su condena— le permitieron acceder a la libertad condicional.

Apenas recuperó la libertad, volvió a ejercer como abogado. Asesoró a la UOM de La Matanza y ocupó su tiempo en estudios centrados en cuestiones legislativas y derecho laboral. Aún repite que actuó “en defensa de la lucha contra el narcotráfico” y cuando Guillermo Coppola fue absuelto, expuso otro de sus conceptos: “Con esa medida la droga está de fiesta”. Sin embargo, reconoce algunos errores que, en tanto juez, no se le deberían haber escapado: “El mayor error fue confiar el trabajo en la policía. Otro fue el de sobreestimar el alcance de mi poder. Avanzar en la causa donde estaba el poder político muy metido también es un pecado”.

No puede disimular el enojo que siente al recordar aquellos años. Mide cada palabra. Nunca más pisó un juzgado. Cuando se le pregunta si volvería a ser juez, apela a su fe católica: “Si Dios lo dispone, sería juez”. Se despidió de Dolores cuando eligió la vida de prófugo, pero volvió por última vez cuando recuperó la libertad, para vender su casa y los caballos. Todo eso quedó, para él, en el pasado. La causa Cóppola, que lo catapultó a una fama inesperada, también le expuso los límites del vínculo que había intentado explotar en su favor: el de la política y la justicia. “Si conocés al gobernador que podía llegar a ser presidente, te ilusionás con ser parte de su equipo”, confiesa.

CLAUDIO BONADIO: EL JUEZ DE LA EMBAJADA

Unos destellos de luz le llamaron la atención. Le impedían ver con nitidez. Su obsesión, aplicada a todo en su vida, le anticipó que no se iba a resolver con una mera consulta oftalmológica. Ese primer especialista fue el que le recomendó que viera a un neurólogo, que a su vez le prescribió la primera tomografía computada. Eran días calientes en Comodoro Py. La causa conocida como los cuadernos de las coimas había estallado pocos meses antes, y, en el centro de las críticas de un medio centenar de políticos y empresarios, estaba él. Su salud comenzaba a jugarle una mala pasada.

El cronograma que los médicos estipularon se cumplió con extrema precisión: después de la primera operación para extraer el tumor, había que esperar siete meses. Y así ocurrió, con la rigidez que se plasman en las resoluciones judiciales cuando se determina una fecha. Era abril de 2019 cuando sorpresivamente Claudio Bonadio pidió una licencia por quince días. En los pasillos de Comodoro Py los rumores eran cada vez más grandes. Algunos especularon con su jubilación, basándose en que la causa que instruía en Dolores su par Alejo Ramos Padilla haría caer la que con tanto recelo llevaba desde hacía ocho meses, la de los cuadernos de las coimas. Otros empezaban a hablar de una enfermedad. El juez se ausentó desde el primero de mayo hasta el quince del mismo mes.

El turno para la tomografía se consiguió con la premura que el caso ameritaba, muy a su pesar, porque buscó dilatarlo lo más que pudo. Nadie sabía de la situación, a excepción de una persona, la responsable de conseguir el turno y de colocar en su historia clínica el nombre de su madre ya fallecida. Nadie podía saber lo que ocurría. Ingresó a la clínica por una puerta lateral y permaneció varias horas sometido al riguroso estudio. Su familia no lo supo sino mucho tiempo después.

Esos días, en los portales de noticias y en los diferentes medios de comunicación, no se hablaba de otra cosa que de la salud del magistrado. Se llegó a decir que la situación era delicada, sobre todo cuando se confirmó que había sido operado de un tumor en la cabeza y que se había internado con otro apellido y bajo un fuerte operativo de seguridad.

Hubo quienes se ilusionaron con el retiro anticipado del juez, sobre todo cuando pidió extender la licencia por una semana más, es decir, hasta el veintidós de mayo. Era una realidad, su cuadro era grave y los rumores sobre una enfermedad terminal cobraban mayor robustez. Fue sometido a una cirugía en carácter de urgencia, y la misma persona que lo había ayudado a guardar una extrema reserva sobre la situación fue la que anotició del cuadro a la familia, no debía atravesar ese momento en soledad. Aquella operación tenía un calendario predeterminado, los médicos anticiparon que en siete meses y una semana todo podía ser peor.

Transcurrida la operación, hizo la cuenta precisa. No la pronunció jamás en voz alta. Él y su hijo Mariano eran los únicos que la tenían agendada. Fue un miércoles de mayo cuando volvió a cumplir con su rutina. Llegó antes de las nueve a los tribunales federales. Atrás de él caminaba su custodia que, como siempre, llevaba su maletín plateado, que cuenta con llave y contraseña. Sin esperarlo, ingresó a su despacho, donde lo aguardaba todo el personal del juzgado. Lo recibió un aplauso generalizado ante el cual no pudo ocultar la emoción, pese a la rudeza que siempre reflejaba. “Los registros sobre mi muerte eran exagerados”, dijo, parafraseando a Mark Twain. Aplausos de sus colaboradores y secretarios. Esa mañana el cuarto piso fue de los más transitados. Muchos se acercaron a saludarlo, incluso los colegas con los que tenía marcadas diferencias, quizás porque, a fin de cuentas, son más corporativos de lo que admiten. En su despacho, dejó un mensaje claro: “Hay Bonadio para rato”. Fue más bien una expresión de deseo.

Siete meses y una semana después, la nueva tomografía confirmó lo anticipado. El tumor era peor. No había nada más para hacer. Lo siguiente fue complejo: comenzó a perder la firma, los dolores de cabeza eran insoportables, ya no recordaba sus claves personales, los estudios médicos se intensificaban, pero la decisión estaba tomada: no se iba a someter a nueva operación. Eso tenía una sola consecuencia, la muerte. Le puso fecha, con la misma obstinación con la que transitaba todo.

El último día hábil de diciembre brindó con todo el personal de su juzgado con pleno conocimiento de lo que proseguía. Antes de retirarse, se paró en la puerta de la secretaría privada y, como siempre, con pocas palabras, se quedó observando a Mónica, su secretaria, aquella que conservó como nadie la información más delicada durante los últimos meses. “Cuidate mucho, descansá. No se te ocurra venir en la feria. Te quiero ver en febrero”, le dijo ella, siempre sonriente. Bonadio solo esbozó una sonrisa. Fue la última vez que se vieron.

El 4 de febrero de 2020, a las 6:30, Claudio Bonadio murió en su casa del barrio de Belgrano. Lo acompañaba su hijo Mariano, quien desde la última tomografía se había mudado para acompañarlo, consciente de que caminaban hacia un lugar inevitable. Enojado con el edificio en el que su padre permanecía la mayor parte del tiempo, en el que volcó más energía y desde donde construyó el poder que sabía ostentar, su único hijo decidió que el velatorio iba a ser cerrado, solo para familiares y amigos. Eso confirmaba algo: Bonadio nunca tuvo amigos en Comodoro Py.

“Murió como vivió, con las botas puestas”, reflexionaron desde su reducido entorno. Es una lápida muy pequeña. Sobria. El primer pensamiento es que el poder es efímero o, al menos, temporal. Claudio Bonadio falleció con una certeza: hizo todo lo que quiso y más desde su despacho ubicado en el cuarto piso de Comodoro Py y decidió hasta dónde darle pelea a su enfermedad. Ni un minuto más ni un minuto menos. Su afán por las rutinas y por el control también signaron sus últimos días.

Su despacho permaneció cerrado, intacto, por varios meses. Todo en ese reducido espacio hablaba de él. Sobre el escritorio un lapicero acumulaba lápices negros de todo tipo de hoteles y museos, de distinto grosor de mina. Debajo del vidrio de aquel antiguo escritorio marrón oscuro, algunas frases significativas: “Todo pasa”, “No soy tan malo”, entre otras. A la derecha se encontraba la puerta de su despacho. Ahí colgaba una frase por demás peculiar: “No se preocupe, yo tampoco llegué por concurso”. Una ironía a la expresión de Domingo Cavallo que se hizo conocida en los 90 sobre la servilleta de Carlos Corach, en la que figuraba el nombre de Claudio Bonadio, que había sido nombrado por el exmandatario en 1994, tras haber pasado por la política como asesor de Corach.

Conservaba, en aquellas bibliotecas de madera, libros de literatura, de historia y los infaltables en un despacho judicial. Pero tenía una fascinación en particular, le gustaba encuadernar las causas más relevantes que tuvo en sus manos. Para eso se contrataba a un encuadernador que conocía desde hacía años esta manía de Bonadio. En un estante de la biblioteca se observaba, como si fueran enciclopedias, los expedientes más complejos: tragedia de Once, la firma del memorándum con Irán, entre las más resonantes.

Algo lo caracterizaba: su desconfianza hacia todo. En los últimos años se había vuelto más solitario, algunos hoy lo atribuyen al volumen de trabajo acumulado con gran peso político. De sus años en el edificio, sus allegados colocan en la reducida lista de amigos a los exjueces Gustavo Literas y Gustavo Bagnasco, ambos renunciaron en 2001 con denuncias presentadas en el Consejo de la Magistratura. Pero los años más calientes, en los que públicamente se convirtió en el enemigo número uno de Cristina Kirchner, pocos colegas tocaban la puerta del juzgado once. Sí se hacía tiempo para tomar un café con el fallecido fiscal Jorge Di Lello, “los dos peronistas confesos del edificio”, define una de las personas que conocía el movimiento del despacho.

El sonido de ese lugar con ventanas que daban a la avenida Comodoro Py era siempre el mismo, la radio de fondo, que contrastaba con su tono de voz monocorde, moderado, de pocos decibeles. La misma emisora día tras día con una sola finalidad, que nadie escuchara nada de lo que se hablaba ahí. Su hijo Mariano se quedó con muy pocas cosas de todo lo que había en aquel despacho. Entre ellos un dibujo original obsequio de Menchi Sábat, el artista plástico y periodista gráfico, que mostraba a Cristina Kirchner visiblemente enojada señalándolo a Bonadio, que había sido dibujado acostado. “¿Qué interpretás de esa imagen?”, solía preguntar. Su respuesta era inmediata: “Será que me quiere sometido”. Las risas posteriores concluían el breve y reiterado diálogo.

Un fuerte, por demás blindado, ese despacho era temido por muchos y repudiado por otros. Para muchos Bonadio, en los noventa, era un “político que ejercía la magistratura y se convirtió en un juez que hacía política”. Así deslizaron abogados y funcionarios judiciales. Él no desconocía esa y otras definiciones en su contra. No le importaban, la camaradería no fue lo suyo. “Era un lobo solitario”, describe un juez con más de dos décadas en Comodoro Py. Estoico, arribaba siempre a la misma conclusión: “Sé dónde escuchar, tengo pajaritos que me cuentan qué está pasando”. Poco le importaba lo que dijeran de él, incluso lo que sus pares sostenían sobre su accionar judicial. Prueba de ello era su constante ausencia a los almuerzos habituales de muchos jueces.

Otro hecho define a Claudio Bonadio: fue el juez federal que más denuncias acumuló en el Consejo de la Magistratura. El listado oficial indica que se radicaron 53 denuncias en su contra. La primera de ellas data de 1999, un año después de haber ingresado como titular del juzgado once en Comodoro Py. Ni una sola de esas causas lo inquietó, jamás. Todas tuvieron el mismo destino y la misma leyenda: “Desestimar el pedido de apertura del procedimiento de remoción del Dr. Claudio Bonadio”.

Durante sus años como juez federal vio pasar expedientes por doquier e investigaciones de lo más variadas. Los últimos años: las principales causas contra Cristina Kirchner quedaron radicadas ahí. El paso del tiempo generó muchas controversias respecto a su persona. Querido por muchos y odiado por otros, sin embargo todos coinciden en definirlo al menos con dos palabras: obsesivo y obstinado. Impensada sería la definición que llegaría de alguien que perteneció al círculo íntimo de los Kirchner, el ex contador de los expresidentes Víctor Manzanares, quien lo definió como un “pitbull que le salvó la vida”, algo que podría parecer extraño dado que fue el magistrado el que ordenó su detención en el 2017 en el marco de la causa Los Sauces (la inmobiliaria de la familia Kirchner investigada por lavado de dinero).

La década menemista marcó un cambio de época y empezaron a aparecer casos judiciales de impacto mediático por su vinculación con el poder político. Entonces todo se concentraba en el despacho de Bonadio. En aquella época le tocó investigar el enriquecimiento ilícito del exministro Domingo Cavallo. También tuvo, en su comienzo, el expediente por el encubrimiento del atentado de la AMIA, pero fue la cámara federal la que le quitó la causa con fuertes críticas hacia el accionar como juez, al considerar que debió haberse apartado voluntariamente del caso cuando el gobierno de Fernando de la Rúa acusó al ex ministro del Interior Carlos Corach, con quien él había trabajado.

Otros casos de renombre crecían en Comodoro Py, como la valija de Amira Yoma (cuñada de Carlos Menem), en la que se encontró dinero que provenía del narcotráfico y por la que fue sobreseída definitivamente en 1994. También resonó entonces la causa por el pasaporte falso del sirio Al Kássar, quien estuvo relacionado con importantes ex jefes de Estado, entre ellos Menem. Casi como un presagio de los tiempos actuales, el poder político y el judicial compartían encabezados de noticias asiduamente, donde no se distinguiría la división de poderes.

El último caso de impacto mediático y también judicial que tuvo en sus manos fueron los cuadernos de las coimas. La intensidad que se vivió en ese juzgado desde agosto de 2018 hasta que, meses antes de morir, elevó todo a juicio oral, marcaron un nuevo ritmo de trabajo. Para entonces, quienes trabajaban con él creyeron ver una versión más amable, un poco relajada del juez. Pero duró poco. Volvió aquella rutina de horarios tempranos, salidas casi nocturnas del edificio. Trabajo que continuaba en su casa interrumpiendo los tradicionales domingos de almuerzo familiares. Contaba, en la propiedad del barrio de Belgrano, con una suerte de estudio rodeado de bibliotecas que exponían más de cinco mil títulos de literatura, una colección de grandes filósofos y un sector de derecho. Todo estaba organizado temáticamente: cientos de libros sobre peronismo y una gran parte en contra del partido político con el que se identificaba. Tenía una máxima: “Si te vas a pelear con alguien, tenés que saber qué piensan quienes lo defienden y quienes lo atacan”.

En esa amplia colección incluyó, el último tiempo, todos los libros de Arturo Pérez Reverte, combinada con el sector donde ubicaba novelas policiales y negras, libros por doquier del escritor estadounidense Mario Puzo y más. Había de todo un poco, distribuido con un criterio específico y regido por un lema: si no se enganchaba en las primeras cincuenta páginas con lo que estaba leyendo, pasaba al último lugar de su biblioteca, una suerte de rincón del olvido. Con la casa en venta, hubo que desarmar ese espacio sagrado y más de tres mil libros fueron donados a una biblioteca de Humberto Primo por su hijo Mariano. Los restantes fueron conservados y guardados en cajas, bajo el orden impuesto por su dueño, junto a una enorme cantidad de recuerdos de los que nunca se deshizo: cartas de su exesposa cuando eran novios, todos los boletines escolares de su hijo, diplomas, papeles inesperados. Supo resguardar todo con un “importante grado de sentimentalismo, algo que nunca expresaba”, dijo una persona que lo conoció en detalle.

Esa imagen contrasta con la descripción que realizan quienes convivieron con él en los tribunales de Retiro. Bonadio era observado como un libre jugador, un outsider. “Era necio, también, muchas veces, a la hora de resolver”, expresó alguien que conoció de cerca su trabajo. No admitía jefes, se tomaba su tiempo para los enojos. La calma no lo caracterizaba, pero sí la astucia para la política. Supo tejer lazos con todos los dirigentes peronistas, incluyendo a Néstor y Cristina Kirchner, razón por la cual se llegó a pensar que esa fue la razón por la que entre 2010 y 2011 el magistrado sobreseyó del delito de enriquecimiento ilícito a los secretarios de los expresidentes Isidro Bounine, Daniel Álvarez y los fallecidos Fabián Gutiérrez y Daniel Muñoz.

Ocho años después los nombres de aquellos exsecretarios aparecieron en el caso de los cuadernos. Entonces Cristina Kirchner lo había declarado el “no juez” y su enemigo público número uno. Otros aires. Eran esos tiempos, abogados, imputados y sus propios pares señalaron que su despacho era “la embajada”. ¿La explicación? Porque ahí, sostenían entre risas, “no rige la ley argentina”.

Nadie pudo aconsejarle cómo evitar ciertos enfrentamientos políticos e internos, no aceptaba ninguna sugerencia al respecto. “Era un espartano en el sentido más amplio del concepto”, reflexionó una persona de su entorno, y no a modo de crítica. “Era una persona enfocada, nadie lo sacaba de lo que ya había decidido que iba a hacer, pero no era un mamarracho jurídico como muchos decían”. Claro está, dependía de dónde se leyeran sus resoluciones judiciales. Las voces en contra de esa defensa, que son muchas, arguyen la cantidad de prisiones preventivas que dictó en el caso cuadernos: más de setenta personas terminaron en prisión. Ante esos sucesos, en los pasillos de Comodoro Py, utilizaban otra referencia: “Es un buen tirador”. El comentario, que aludía a su determinación cuando quería llegar a algún lugar con una causa judicial, también refiere a su gusto por las armas y la caza. Asiduo al polígono de tiro, era un amplio conocedor de la materia. Incluso guardaba en su despacho dientes de jabalí que conservaba como trofeos, incluso con la fecha de su obtención.

También coleccionaba armas. Una era conservada con particular celo, la pistola Glock “que me salvó la vida”, como solía reiterar. En 2001 protagonizó un hecho de inseguridad en el que un amigo suyo resultó herido y dos delincuentes terminaron muertos. “No sé si algo se quebró en su interior, pero hubo un cambio notorio. Su alma se cargó dos vidas y no fue fácil para él”, confesó alguien cercano a su familia.

Otra ruptura: cuando su hijo Mariano fue denunciado por lavado de dinero. La AFIP arremetió contra su hermano con otra investigación. Siempre dijo que ese límite “no debería haberse traspasado”. Propios y ajenos vinculan esos dos sucesos con las decisiones que, en el marco de varios expedientes, tomó sobre Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. Desalojos, intimaciones, cartas documento, intervenciones sobre bienes y empresas. La defensa reiteraba que esas medidas no tenían sustento jurídico. Pese a que una de sus frases de cabecera era “los caballeros no tienen memoria”, en este caso no aplicó.

Ese último fin de año, se despidió del personal sabiendo que era la última vez que los vería. Pero no se lo dijo. Cuando llegó a su casa, le hizo prometer a su hijo que cuando muriera, debía conservar tres cosas: “El arma que me salvó la vida, el rosario que siempre tengo conmigo y la lapicera con la que firmé todas las resoluciones”. Así se cumplió.

Su despacho iba a ser sede de un homenaje que le rendirían los jueces y fiscales. Se retiraron cosas, se pintó y se modificó la disposición de los pocos muebles que quedaron. Pero el homenaje nunca se concretó: incluso muerto, su figura siguió dividiendo aguas. El personal del juzgado 11, por lo bajo, coincide: “Tampoco le hubiese interesado”.

RODOLFO CANICOBA CORRAL: EL JUEZ DEL MATAFUEGO

Era la tarde de un caluroso viernes de diciembre de 1995. Se acercaban las fiestas y los empleados judiciales que se encontraban en los tribunales de Retiro decidieron celebrar la previa de la Navidad en los pasillos del quinto piso. Sacaron mesas de los juzgados, compraron pizzas y bebidas y pusieron música para convertir la reunión en una verdadera fiesta. Del encuentro participaron más de cien personas, entre los que se encontraban jueces y secretarios. Pero algunos decidieron no participar, como por ejemplo Norberto Oyarbide, que no tenía relación con sus pares.

Con el pasar de las horas, la algarabía era total. Muchos de los presentes habían bebido por demás; gritaban y saltaban al ritmo de la música y hasta se animaron a armar un trencito. Alguien recuerda que, atraído por el sonido, junto con un compañero decidió subir y se encontró con tres mesas con todo tirado, botellas de champán derramadas. El juez Jorge Ballestero saltaba arriba de un sillón y alguien le arrojaba un pedazo de pan en la cabeza al juez Carlos Liporaci. En un momento de la noche, alertado por el bullicio, Alfredo Bisordi, el entonces presidente de la Cámara de Casación, se hizo presente en el lugar para terminar con el desorden. Pasados de copas, los presentes comenzaron a gritar: “El que no salta es un botón”, lo que enardeció a Bisordi, que empezó a hacer una lista de los presentes y les exigió a los policías que lo acompañaban que los pusieran contra la pared y los detuvieran por disturbios.

Totalmente alterado, el juez Rodolfo Canicoba Corral agarró un matafuego y comenzó a gritar: “Vení, gordo puto, te voy a cagar a trompadas, andá a cuidar a tu hermana que hace calle”. Así lo recuerdan varios de los asistentes, incluidos fiscales y altos funcionarios judiciales. Muchos empezaron a huir. Fue tal el lío que se armó que tuvieron que separarlos para que la situación no pasara a mayores. Mientras Bisordi decía que le iniciaría una querella al juez, este manifestaba que la actuación del presidente de Casación había sido “fascista, digna del proceso militar”. En conclusión, terminaron sancionados con una multa equivalente al 33 por ciento de sus salarios Canicoba Corral y sus colegas Jorge Ballestero, Carlos Liporaci, Gabriel Cavallo, Adolfo Bagnasco, Jorge Urso, Juan Galeano, Gustavo Literas, Claudio Bonadio y Carlos Branca.

No era la primera vez que Canicoba Corral reaccionaba de esa manera. Una noche de jueves había salido con otros colegas, como de costumbre, a cenar a un restaurante. Al abandonar el sitio vio que un auto estacionado delante del suyo le obstruía el paso. La reacción fue todo un espectáculo. Canicoba agarró su maletín y empezó a golpear el capó del rodado con el conductor aún dentro, quien, sorprendido por la situación, no estaba dispuesta abandonar su asiento. Los gritos llamaron la atención. El entonces magistrado no escatimó insultos: “Forro, pelotudo, bajá del auto”, fueron solo el prólogo. Otra anécdota que muchos aún recuerdan en Comodoro Py.

La historia de Rodolfo Canicoba Corral, que ocupó un despacho durante veintisiete años, se remonta a principios de la década del 90. Había comenzado a trabajar en los 80 en un juzgado, pero luego decidió seguir la profesión liberal, algo que no le duró mucho. “Era un oscuro abogado del oeste del gran Buenos Aires”, lo describen excolegas. Un típico letrado con aceitadas relaciones con las comisarías, lo que le permitía desarrollarse básicamente en casos de inseguridad. Por aquella época se trasladaba de juzgado en juzgado por el partido de San Martín para seguir las causas de sus clientes en un Taunus o en moto (era amante del motocross).

Carismático y talentoso (así lo describen), supo tejer una red de relaciones personales y políticas especialmente al calor del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Durante unas vacaciones conoció a Elías Jassán, que trabajaba para el gobierno de Carlos Menem y con quien estrechó un vínculo. Así terminó como asesor en el Ministerio de Justicia en 1992. Desde ese lugar de poder comenzó a ubicar conocidos suyos en la justicia, varios de ellos como fiscales en el fuero federal y de instrucción. Hay quienes aseguran que fue determinante para la designación de Sergio Torres, titular del juzgado federal número 12 hasta que renunció para integrar la Suprema Corte bonaerense en mayo de 2019. Esa relación tuvo, sin mayores explicaciones, un quiebre y quedó circunscripta a un trato cordial. “No se pelearon, pero cada uno fue por su lado”, asegura personal del juzgado.

En los comienzos de su carrera ocupó un cargo como juez de menores, pero el 16 de junio de 1993, luego de que el entonces titular del Juzgado Federal N° 6 Miguel Guillermo Pons pasara a integrar un Tribunal Oral, Canicoba Corral fue designado por Carlos Menem para reemplazarlo, tras obtener el acuerdo del Senado en una época en la que no existía el Consejo de la Magistratura, encargado en la actualidad de los concursos para la confección de las ternas que después son derivadas al Poder Ejecutivo.

No se destacaba por su puntualidad en los tribunales. Solía llegar después de media mañana, vestido de trajes blancos o azules combinados, aunque si estaba trabajando con alguna causa compleja llamaba por teléfono a sus secretarios a las 7:30 para dar las órdenes correspondientes. Si por casualidad no estaban en ese horario en sus despachos, los regañaba (las transcripciones de aquellas conversaciones en realidad están cargadas de algún que otro improperio). Se manejaba con las causas que le importaban y sabía que podían llegar a tener alguna repercusión. El timing político era lo suyo. Aún lo definen como el “típico peronista de los viejos, muy componedor”, y aseguran que no le gustaba perseguir ni meter preso a los políticos. Su lema era: “hay que garantizar la gobernabilidad”, recuerda alguien que trabajó en tribunales.

Cuando arribaba, siempre acompañado por sus custodios, estacionaba la camioneta sobre la vereda (los tribunales aún funcionaban en la calle Tucumán), aunque eso impidiera el paso de los transeúntes. Cuando los despachos se mudaron a Comodoro Py, no modificó mucho su rutina. Lo primero que hacía era citar a sus secretarios en su despacho ubicado en el tercer piso del edificio de Retiro. Aquel espacio amplio, que aún conserva su placa, era un reflejo de sus pasiones. En su amplio escritorio de diseño antiguo y madera oscura, tenía retratos de su familia, de sus hijos y algunos con jueces amigos, así como fotos suyas en moto, su gran pasión, y alguna que otra esquiando. Detrás de su sillón negro, una bandera argentina y un par de cuadros completaban la decoración. Se observaban algunos certificados de cursos y también una gran caricatura de una persona entregando una bomba, una metáfora de la causa más caliente que le había tocado: la investigación del atentado a la sede de la AMIA. Hincha fanático de Racing Club, no faltaban referencias a su equipo. Siempre les contaba a sus empleados que, en su juventud, había sido un defensor férreo. También tenía una platea en el club, donde, cada vez que podía, concurría a alentar a su equipo. En algún momento pasó por su cabeza integrar el tribunal de disciplina de la sede deportiva, pero después de hablar con la comisión directiva decidió no participar.

Era un hombre con mucho humor, muy seductor a la hora de hablar. “Siempre estaba un paso adelante”, detalla una persona que trabajó con él, veía todas las jugadas antes y tenía una mirada integral. “Rodi”, como lo conocen, usaba un audífono por un problema auditivo que se agudizó con el tiempo. Muchas veces aquel pequeño aparato le acoplaba y hacía un ruido insoportable en medio de las reuniones. Y cuando se perdía en alguna conversación o sabía que había hecho algo mal, decía que el audífono no le funcionaba bien. Nunca reconocía un error porque no le gustaba perder a nada. “Si no la ganaba, la empataba”, reflexiona un empleado con muchos años en el juzgado. Con sus secretarios tenía un trato bastante familiar. A veces les tiraba indirectas o les hacía burlas sin llegar a faltarles el respeto, pero cuando se enojaba no pasaba desapercibido, se empezaba a mover en su sillón como quien no tolera estar sentado y refunfuñaba. Todo su lenguaje corporal expresaba su malestar, y no faltaba cada tanto alguna que otra puteada. Todo transcurría en su despacho, ahí pedía el parte diario de cada expediente y, aunque les pedía opinión, nunca les daba la razón. Se recostaba en su sillón forrado en cuero negro haciendo muecas. Primero los escuchaba y luego les indicaba qué hacer.

Siempre llevaba con él un anotador en el que escribía las preguntas para formularle al personal y en un calendario de escritorio anotaba cada causa por nombre y alguna referencia. Usaba pluma, tenía varias en su haber, y tinta negra. Cuando algo era muy complejo o quería que se redactase de determinada forma porque sabía que iba a ser visto y porque deseaba que quedara clara su opinión respecto de algún tema, agarraba un puñado de hojas y, luego de mojar la pluma en aquel líquido oscuro, él mismo se ponía a escribir delante de sus secretarios. Hay quienes dicen que manejaba su juzgado como un feudo y que, como le interesaba la política, lo utilizaba como un trampolín. Lo cierto es que supo acomodarse a cada gobierno de turno.

Poco tiempo permanecía en el juzgado. Reuniones, encuentros, almuerzos, mesas políticas, todo eso también era parte de su jornada laboral. Recorría los pasillos de Comodoro Py con su característica sonrisa. Consciente de la prohibición de fumar por cuestiones de salud, cerca del mediodía se iba al juzgado de Ariel Lijo. Ahí podía inhalar y exhalar todo el humo que quisiera, y sin recibir ninguna recriminación. La hora del almuerzo también se respetaba. Solía comer en algunos restaurantes de Puerto Madero y, si surgía alguna urgencia, le pedía al personal que le acercaran ahí los escritos que debía firmar. Quienes lo conocieron durante todos esos años aún sostienen lo mismo: “Siempre estaba, aun sin estar. Y no llamaba a su personal al celular, sino a los teléfonos de los despachos, para corroborar que estuvieran ahí”. Con los años, su carisma y su simpatía fueron dando paso a un tipo más áspero e irritable, algo que se reflejó en el trato con sus pares y con su equipo de trabajo.

Adepto a los buenos festejos, cada fin de año organizaba dos brindis: uno puertas adentro y otro que se postulaba como una ostentación de poder. al primero invitaba a todo su equipo de trabajo; al segundo, solamente a sus pares y a ciertos personajes que eran conocidos por operar tras las sombras, por ser un puente con la política: Javier Fernández y Daniel Angelici, el Tano. En la celebración con los integrantes de su juzgado solía reservar mesa en algún vip, pero no se hacía cargo de la totalidad de lo consumido, pagaba la mayoría y la diferencia se repartía entre el personal. Este festejo no lo privaba de realizar una celebración más íntima en su despacho. Ese lugar era el epicentro de sus cumpleaños. “Amaba que lo agasajaran”, relata en el presente un antiguo empleado del juzgado federal 6. Para ese suceso que ocurría cada 29 de julio, los empleados le entregaban ritualmente, siempre en su despacho, un buen regalo, que se solventaba en gran parte con la contribución de sus secretarios. Hay quienes recuerdan su septuagésimo cumpleaños, cuando él mismo se encargó de agasajarse. No escatimó ni en la lista de invitados ni en la megafiesta.

Dentro de los tribunales, con su estilo, supo inspirar liderazgo. En sus comienzos, tenía muy buena relación con los entonces jueces del fuero Jorge Urso, Adolfo Bagnasco y Gustavo Literas, de quienes aprendió el arte de dialogar con todos los colegas para crear un bloque de contención. Cada vez que podía visitaba a los colegas y dialogaba con ellos. Además, siempre mantuvo una gran relación con Javier Fernández, integrante de la Auditoría General de la Nación y reconocido operador judicial. Los unía una relación con el exespía Jaime Stiuso, con quien trabajó muchos años en la investigación del atentado de la AMIA, pero ese vínculo tuvo, también sin mayores explicaciones, un marcado distanciamiento. Se jactaba de ello. Supo entablar una gran amistad con el abogado del exespía Santiago Blanco Bermúdez, con quien se conocen desde los 90 y que siempre tuvo la puerta abierta del juzgado como si fuera un integrante más.

Usar el juzgado para construir vínculos con la política fue una de sus características. Algunos aseguran que no faltaron lazos con el empresario Alfredo Yabrán, como supieron tener muchos otros jueces y fiscales de la época. Esa relación le permitió tender puentes con Aldo Elías, dueño del Hotel Presidente, por entonces sede de eventos épicos que tenían como protagonistas a muchos integrantes de Comodoro Py.

Otra persona con la que compartió mucho fue Guillermo Scarcella, que había recalado en el juzgado del por entonces juez Carlos Branca. Se terminaron haciendo inseparables porque eran pareja en los torneos de truco organizados por el hermano del juez Ariel Lijo en el que participaban jueces, fiscales, empresarios y políticos y que tiempo después, a causa de sus muchos triunfos, pasó a denominarse la Rodi Cup. Se jugaba por dinero y los poderosos disfrutaban mientras bebían whisky y fumaban habanos. Según cuenta Tato Young en El libro negro de la justicia, “a las Rodi Cup llegaba con su última moto de alta cilindrada, envuelto en una campera de cuero que escondía el paso de los años, con un elegante pañuelo en el cuello”. No bien se sentaba en la mesa “comenzaba a irradiar todo su encanto: repartía habanos, sonreía y fascinaba a todos con sus relatos de noches eternas que lo convertían a él, siempre, en un héroe incansable, cargado de suerte y furiosa bonanza”. Esa suerte cambió en 2010, cuando los ganadores fueron el fiscal Guillermo Marijuan y su compañero. También cuentan que no era extraño que, en esas reuniones, apareciera Daniel Scioli, quien luego nombraría a Scarcella, el coéquipier de Canicoba, como funcionario en la provincia.

Pero el dúo Canicoba y Scarcella no se limitaba al truco, ambos disfrutaban de otros eventos sociales, como por ejemplo las cenas en El Paraíso, en la Costanera. Bajo el paraguas de esa amistad conoció a quien terminaría siendo su esposa. Según una nota publicada por La Nación, Canicoba Corral, Scarcella y su entonces mujer, Patricia Harguindeguy, visitaban los fines de semana a Viviana Tejada, que trabajaba con el juez. Todos disfrutaban de la pileta de su edificio en el barrio de Belgrano. Por entonces aún no eran pareja. De hecho dicen que un fiscal se la había presentado un tiempo antes, para que trabajara en su despacho. Al poco tiempo iniciaron una relación amorosa que mantenían en secreto. En una ocasión, un empleado del juzgado destacó entre sus compañeros sus atributos femeninos, algo que llegó a los oídos del juez y devino en un exultante reto. Nadie entendió demasiado aquella escena, pero cuatro meses después todo quedó más que claro: Canicoba blanqueó su noviazgo con Viviana y tiempo después llegó la boda.

No todo fue color de rosas para el magistrado, pese a su esfuerzo componedor. En 1996 el entonces ministro Domingo Cavallo denunció que Carlos Corach había escrito en una servilleta los nombres de los jueces federales que respondían a los deseos del gobierno de Carlos Menem. Entre ellos se encontraba el de Rodolfo Canicoba Corral. Un año más tarde, el magistrado condenó a Cavallo a cuatro meses de prisión en suspenso por injuriar al extitular de la Aduana Jorge Jolom. Tiempo más tarde, en el 2004, el exgobernador Sergio Acevedo, que estaba al frente de la SIDE, lo mencionó durante una entrevista al hablar de aquellos jueces de la servilleta y los calificó como “jueces detestables”. Inmediatamente el magistrado lo demandó al considerar que el término utilizado para descalificarlo “violaba su honorabilidad, desprestigiaba su carrera y le ocasionaba un grave daño moral”. Años más tarde la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena, por lo que el exfuncionario tuvo que pagarle una indemnización por haber ofendido su buen nombre.

Los movimientos internos de Comodoro Py lo llevaron a tener en sus manos expedientes de alto voltaje. Estuvo a cargo de la investigación de las coimas del Senado luego de que Gabriel Cavallo, juez a cargo hasta ese momento, fuera ascendido a camarista. Permaneció en carácter de subrogante hasta octubre de 2004, cuando Daniel Rafecas juró como titular del juzgado federal 3, donde estaba radicada la causa más caliente para el gobierno de Fernando de la Rúa. Según se relata en el libro Los arrepentidos, en ese año ocurrió de todo en el expediente. Después de todas las indagatorias y ampliaciones de Mario Pontaquarto, que además aportó documentación, el magistrado —el 23 enero de 2004— procesó al exsecretario parlamentario como partícipe necesario de cohecho, a Fernando de Santibañes, extitular de la SIDE, como autor de cohecho y a los exsenadores José Genoud de la UCR y Emilio Cantarero del PJ como autores de cohecho pasivo, mientras se comenzaba a investigar la responsabilidad del expresidente de la Alianza.

También ordenó en agosto de 2003 la detención de María Julia Alsogaray al procesarla en un expediente por defraudación al Estado y malversación de caudales durante su gestión como secretaria de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable del gobierno de Carlos Menem. La acusaba de haber gastado dos millones de pesos en refacciones de una oficina, de haber beneficiado a empresas amigas y de pago de sobreprecios.

Asimismo, en diciembre de 2003 la Cámara Federal apartó a Juan José Galeano de la investigación de la causa AMIA. Canicoba Corral quedó a cargo del expediente y tres años más tarde ordenó la captura internacional de los siete imputados iraníes, tras un pedido del fiscal Alberto Nisman, al tiempo que lo declaró crimen de lesa humanidad. Siguió instruyendo la investigación hasta el día en que abandonó el juzgado. Investigar el atentado lo mantenía en contacto directo con el poder de turno y los servicios de inteligencia, lo que le permitía seguir sumando poder. Las denuncias en su contra trazan una relación directa entre ese escenario prácticamente causal y su estilo de vida, algo que terminó plasmado en sendas denuncias por presunto enriquecimiento ilícito.

Hubo tres fuertes cuestionamientos a cómo procedió el juez en causas vinculadas al poder político/empresarial, pero lo que le representó un quiebre fue otro expediente, uno en el que el denunciado era él mismo por no poder justificar su crecimiento patrimonial.

En 1999, el juzgado a su cargo investigaba una denuncia de la embajada de México según la cual el poderoso cartel de Juárez habría ingresado dinero en el circuito financiero argentino por medio del Bank of América, que giró las divisas a través del Citibank al MABank de las Islas Caimán, desde donde fueron enviadas al banco y financiera Mercado Abierto, manejado por Aldo Ducler, a partir de lo que se compraron propiedades por un valor de 10 millones de dólares. En el marco de ese expediente, el magistrado ordenó embargos, entre ellos el de un campo cerca de Bahía Blanca, donde designó a un amigo suyo como administrador, bajo el argumento de que no le convenía a nadie que no se explotara. Tiempo después la Cámara Federal lo apartó tras descubrir malos manejos en la administración de los campos tutelados por la Justicia.

Catorce años después, Canicoba Corral recibió una denuncia contra los directivos de Aeropuertos Argentina 2000 por presunta defraudación a la administración pública a través de supuestos pagos de la Corporación América Sudamericana en base a un esquema de “operaciones simuladas” a otras sociedades del grupo con sede en Panamá por USD1.100.000. Se trataba del holding que le había dado entre 2009 y 2013 a su mujer Viviana Tejada la concesión para el envoltorio de valijas en los aeropuertos, con una firma que después pasaría a Guillermo Scarcella, su amigo. Pese al pedido de la fiscal Paloma Ochoa para que la causa pasara al fuero penal económico, el juez sobreseyó a Eduardo Eurnekian y otros directivos en dos ocasiones, ambas revocadas por la Cámara Federal, que finalmente las envió al otro fuero.

El otro expediente fue el que tenía en la mira al empresario Cristóbal López y el control online que hacía Lotería Nacional de las máquinas tragamonedas instaladas en el Hipódromo de Palermo y en los buques Princesa y Estrella de la fortuna, ambos amarrados en Puerto Madero. La denuncia por irregularidades había sido presentada por legisladores de la coalición cívica tras una emisión de La cornisa, programa conducido por Luis Majul. El magistrado archivó el expediente en la misma semana en que el Consejo de la Magistratura aprobó el concurso de su hijo Emiliano para juez de San Martín. Todo muy oportuno.

También se rodeaba de magnates empresarios. Por entonces el exjuez pero siempre amigo de él Jorge Urso le presentó a los Werthein. Con ellos entabló una gran relación, especialmente con uno de los hermanos del clan, Gerardo.

Durante uno de esos eventos a los que solía concurrir, su esposa quedó enamorada de la casa del anfitrión y así fue como decidieron comprarla (dicen que fue un obsequio). La propiedad estaba a nombre de la aseguradora La Caja. La venta se produjo el 15 de noviembre de 2010 con un préstamo otorgado por la misma empresa a través de una hipoteca de 290 mil dólares. Cada vez que llegaba a su casa, los vecinos del barrio no podían pasar ni estacionar porque la custodia cortaba todas las calles hasta que él entrara.

Se trata de una mansión de 1.214 m² que abarca tres direcciones (1643, 1651 y 1661) de la calle Monasterio, según se desprende de los registros catastrales. La tasación habla de un valor de un millón doscientos cincuenta mil dólares. Según la declaración jurada del magistrado, el 80 % estaba a nombre de su mujer, Viviana Tejada, mientras que él contaba con el 20 % restante. También utilizaba autos de lujo que estaban a nombre de su mujer. Además, tenían un semipiso de casi 200 metros cuadrados frente a la embajada de Estados Unidos, en el barrio de Palermo, con un valor de mercado que ronda los 750 mil dólares, comprado a nombre de una sociedad cuya accionista mayoritaria, según una nota de La Nación, es su esposa. Por último, posee un terreno en Uruguay.

En los últimos años, además, alquilaron una mansión de estilo francés en el country San Jorge Village, un exclusivo barrio privado con club hípico en el municipio de Malvinas Argentinas. La vivienda de ocho ambientes y 1700 metros cuadrados, alquilada en 3200 dólares mensuales más 50 mil pesos de expensas. Sin contar sus millonarias vacaciones junto con su numerosa familia en Punta del Este, durante el verano, y en el sur, durante el invierno, para esquiar.

Codearse con hombres de poder traía sus beneficios. Empresarios amigos le prestaban sus aviones privados para realizar esos viajes de los que tanto disfrutaba a Uruguay, incluso para pasar fines de semana. “Le gustaba ostentar”, asegura alguien que lo trató durante muchos años y que disfrutó de ese buen pasar. Su inclinación por un estilo de vida vedado para un funcionario judicial quedaba a la vista de muchos en las costosas casas en las que vacacionaba, los gustos que se daba y los grandes eventos de verano que solía organizar (algunas de las cuales provocaron el enojo de sus vecinos).

Canicoba Corral parecía un hombre infalible, pero, pese a la fortaleza construida gracias a sus vínculos con el poder político y el establishment, a partir de 2012 conoció su talón de Aquiles, la denuncia de enriquecimiento ilícito, que comenzaba a ganar protagonismo en los medios de comunicación. Entonces se comenzó a escribir el final de su carrera judicial. Ese año fue denunciado penalmente por el abogado Ricardo Monner Sans luego de que el programa Periodismo Para Todos, conducido por Jorge Lanata, mostrara el frente de su casa y se hablara de un crecimiento patrimonial que no tendría relación con el salario de un juez. El abogado añadía que le había comprado una casa a los Werthein, familia sobre la que había un expediente en su juzgado. La causa quedó temporalmente en manos de su par Luis Rodríguez hasta que, tiempo después, contó con un fallo favorable por parte de Claudio Bonadio. En Comodoro Py reza una máxima: las causas por enriquecimiento ilícito entre ellos no prosperan.

Nunca ocultó su enojo por esta investigación ni por las denuncias radicadas en el Consejo de la Magistratura, que coincidían en sostener lo mismo: se había enriquecido ilícitamente utilizando su cargo. Ante la prensa rechazó las sospechas levantadas en su contra y afirmó que la denuncia le permitirá esclarecer “cualquier duda” sobre su patrimonio. Llamativamente, nunca brindó explicaciones al respecto. “Estaba muy enojado, sentía que era una operación política y le molestaba que se insistiese. Estudiaba el tema. Lo que más le dolió fue que se hablara de la megafiesta, que costó millones, que le hizo a su hija”, cuenta un hombre de su confianza durante muchos años. Según la información dada a conocer por PPT, el evento realizado en el Tattersall de Palermo costó 3,5 millones de pesos.

Además de las propiedades, al magistrado se lo investigaba por los autos de alta gama que manejaba, entre los que se encontraban un Volvo, un Jeep, una camioneta Kia y una moto BMW a nombre de su mujer. Solo uno de sus hijos, un empresario y el magistrado tenían cédulas azules. “Asimismo, se detectaron irregularidades en sus declaraciones juradas, con faltantes de documentación u omisión de información”, sostiene la investigación en el Consejo en su contra. En la investigación patrimonial también se sumaba que el magistrado, desde 2005 y 2018, había viajado al exterior al menos seis veces por año.

En esa misma época, Miguel Ángel Doñate, dueño de Servicios Marítimos, impulsó una denuncia por extorsión contra el gremialista del SOMU Omar “Caballo” Suárez. La causa ingresó al juzgado de Canicoba Corral, que durante dos años la tuvo dormida hasta que en 2014 se sumaron nuevas denuncias. Entonces el juez decidió procesarlo. Allegados al sindicalista aseguran que el magistrado llegó a pedirle dos millones de dólares para cajonear la causa. Y que tiempo después, cuando intervino la empresa San Jorge, se quedó con una lancha que usaba en el Delta.

Su historial de vínculos con el poder político tenía, aunque le costara aceptarlo, fecha de vencimiento. Como era muy amigo de Daniel Scioli, solía hablar por los pasillos de Comodoro Py en su nombre y se jactaba de ser el elegido para ocupar un puesto importante en caso de que el gobernador ganara las elecciones presidenciales de 2015. Nunca imaginó lo que ocurriría tiempo después. “Todo lo hacía en pos de ese objetivo, que quedó trunco el 10 de diciembre de 2015”, rememora un alto funcionario judicial.

Poco tiempo después de la asunción de Mauricio Macri como presidente, el entonces ministro de Justicia Germán Garavano le pidió la renuncia a Canicoba Corral luego de conocerse versiones sobre pedido de coimas por parte del juez a imputados. El magistrado se negó a renunciar. Enojado por la situación, cada vez que tenía que mencionarlo lo llamaba de diversas formas, entre ellas “garabato”. No quería seguir el modelo de Norberto Oyarbide, quien, acorralado por las denuncias en su contra, había dado un paso al costado en abril de 2016. Canicoba estaba dispuesto a dar pelea para mantenerse en la cima de ese poder efímero que le confería el cargo de juez federal.

Fiel a su estilo, buscó permanecer en su despacho en base a la negociación política. Tanto es así que muchos aseguran que, por un lado, negoció su permanencia con Daniel Angelici sobreseyendo a Gustavo Arribas, uno de los mejores amigos de Mauricio Macri y por entonces titular de la Agencia Federal de Inteligencia, en una causa relacionada al Lava Jato. Por el otro, interviniendo el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos y deteniendo a su titular, Omar Suárez, sumándose así al discurso oficial de que era tiempo de “ponerles fin a las mafias sindicales”. La política había metido la cola y él había encontrado su salvoconducto.

Pero lo que para él era un guiño hacia el gobierno de turno terminó convirtiéndose en un búmeran. En Comodoro Py, un colega de Canicoba Corral, empleados y hasta un integrante del Ministerio Público Fiscal coinciden en plantear que la intervención del SOMU “fue totalmente irregular por cómo se hizo”. Sin embargo, quienes trabajaron en el expediente aún sostienen que nadie, después de esa medida, presentó alguna queja. El procedimiento fue criticado, los resultados no tanto. Lo que sucedió es que el juez se reunió con la superintendencia de Salud y propuso a su cuñado para auditar la obra social del sindicato, que, se sabía, manejaba una abultada caja. También sugirió a la dirigente de Cambiemos Gladys González como interventora.

Al poco tiempo de su detención, el líder del SOMU comenzó a tener problemas de salud, por lo que su hija Lorena se presentó en el juzgado para pedir el arresto domiciliario. Ella fue la mensajera del pedido de coima por parte del juez. “Me pidió una coima de 500 mil dólares”, cuenta. A los días de aquel hecho, que terminó en una denuncia formal, regresó al juzgado ubicado en el tercer piso y, detrás de la mesa de entradas, le gritó a un secretario: “Decile a tu juez que va a tener que guardar un muerto en el placar”. María Servini, en cuyo juzgado recayó esta acusación, que tiempo después terminó archivada, quiso realizarle una pericia médica al Caballo. Esto derivó en una fuerte pelea con Canicoba Corral, que consideró que se estaba inmiscuyendo en su caso. Desde entonces y hasta que renunció a su cargo, no volvieron a hablar. No era el primer enfrentamiento que tenía con la jueza más poderosa de Comodoro Py.