Economía, salud y envejecimiento

Por último, cabe destacar las evaluaciones económicas completas. Una evaluación económica consiste en comparar, al menos, dos alternativas disponibles (opción A frente a opción B) en términos de sus costes y sus beneficios esperados (Drummond et al., 2015). Sin afán de exhaustividad, las ventajas de llevar a cabo una evaluación económica completa podrían resumirse en las siguientes: i) las evaluaciones económicas minimizan el riesgo de excluir una alternativa importante al suponer un análisis sistemático de las opciones disponibles; ii) tienen en cuenta la perspectiva del análisis (proveedor o financiador sanitario, paciente o sociedad en su conjunto), pudiendo variar las conclusiones en función de la perspectiva aplicada (Peña-Longobardo et al., 2019); iii) la cuantificación y comparación de los costes y los resultados en salud asociados a dos alternativas diferentes facilita la estimación del coste real de un programa o intervención (no solo su “presupuesto”, sino también su coste de oportunidad respecto a las alternativas disponibles); y iv) ofrecen una consideración organizada de un rango de posibles alternativas y la evidencia de sus posibles efectos en salud. Además, puede implicar una distinción clara entre las cuestiones de hecho y las inevitables cuestiones de valor social, suponiendo un cambio no tanto en las decisiones que finalmente se toman, sino en cómo se toman (Culyer, 2014; Drummond et al., 2015).

Dentro de las evaluaciones económicas, existen distintos tipos de acuerdo con la forma de valorar los efectos en salud, pudiendo variar sustancialmente. Así, a diferencia de lo que ocurre en los análisis de minimización de costes, en los que el resultado o beneficio en salud es idéntico entre alternativas, en los análisis coste-efectividad y en los de coste-utilidad se contrastan los efectos de la intervención evaluada y del comparador, que son diferentes. Estos dos últimos tipos de estudios miden de forma distinta el resultado; mientras que en el primer caso (análisis costes-efectividad) el resultado se expresa en unidades clínicas habituales (mortalidad, días de estancia, tasas de reingreso, etc.), en el segundo (análisis coste-utilidad) son los denominados años de vida ajustados por calidad (AVAC). Un tercer tipo de estudio en que se comparan efectos de opciones diferentes son los análisis coste-beneficio, en los que los resultados en salud se miden también en unidades monetarias.

4. Demanda de salud y su aplicación a la población adulta mayor

Si bien parece existir consenso en torno al empeoramiento del estado de salud en poblaciones de edad más avanzada, la teoría detrás de la demanda de salud ha sido objeto de debate desde su introducción en 1972. Fue en ese año cuando el economista Michael Grossman construyó, basándose en la teoría del capital humano, un modelo para la demanda del bien “buena salud” (Grossman, 1972). La proposición central de dicho modelo es que la salud puede ser considerada como un factor (“stock”) de capital duradero, el que produce como resultado una cierta cantidad de tiempo que transcurre en buena salud. No es atención sanitaria lo que los consumidores quieren, sino salud. Demandan atención sanitaria (input) para poder producir salud (output). Así, la salud es un bien productivo que entrega días de buena salud; cuanto mayor sea el stock de salud individual, mayor será el número de días vividos en buena salud (hasta un máximo de 365 días al año), lo que aumenta la productividad individual. Los individuos pueden demandar salud por dos motivos: consumo e inversión. Como bien de consumo los individuos ganan utilidad al estar sanos; como bien de inversión la salud determina la cantidad de tiempo disponible para otras actividades, como pueden ser el trabajo, las tareas domésticas o actividades formativas para crear renta futura y bienestar.

La salud es, por tanto, un bien duradero que se deprecia (con la edad y otros elementos) como cualquier otro producto de capital, pero que se puede incrementar a través de inversiones (como la educación o hábitos de vida saludables). El modelo supone que las inversiones en salud determinan rendimientos prolongados, es decir, no se deprecia instantáneamente, por lo que puede ser considerada como un bien de capital. Si bien es cierto que el stock inicial de salud se va depreciando con la edad a una tasa incremental, cabe la posibilidad de producir salud a través de inputs intermedios, como son la utilización de los servicios sanitarios, tiempo y esfuerzo (estilos de vida saludables), entre otros. Por ello, los principales determinantes de la acumulación (positiva o negativa) de capital salud son el salario, la edad y el nivel de educación de los individuos.

Trasladando la idea desarrollada por Grossman a la población más adulta y sus particularidades, también en edades más avanzadas se puede hablar de cierto stock de salud, atendiendo al concepto recientemente establecido como capacidad intrínseca por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015), que incorpora a su vez el concepto de capacidad funcional a la hora de definir qué es salud y prescindiendo en dicha definición de la presencia o ausencia de enfermedad. Así, los objetivos del envejecimiento saludable en ancianos se centran en estas dos capacidades, suponiendo la primera un stock surgido de la combinación de todas las capacidades físicas y mentales que un individuo ha podido acumular a lo largo de su vida y que puede utilizar en un determinado momento. Así, se ha demostrado que las evaluaciones generales del estado funcional predicen mucho mejor los resultados positivos en términos de bienestar subjetivo y de satisfacción con la vida en la edad avanzada que la presencia de una sola enfermedad o incluso el alcance de la multimorbilidad. Aunque está claro que la capacidad intrínseca disminuye con la edad debido a distintos deterioros asociados con la edad (incluyendo los cambios propios del envejecimiento, pero también la presencia de algunas enfermedades y condiciones), distintos estudios han mostrado que, igual que ocurría en el modelo de demanda de salud de Grossman, hay factores que pueden explicar las diferencias en el stock de capacidad intrínseca, como son la renta o los hábitos de vida saludables. Así, en la figura 4 se observa que la capacidad intrínseca de una persona de nivel socioeconómico bajo parte de un punto máximo menor que una persona de nivel socioeconómico más alto y que, además, esta diferencia se mantiene a lo largo de toda la vida, si bien tiende a converger en edades avanzadas.

Diversos estudios han demostrado que en torno al 25% de las diferencias se deben a factores genéticos (Wilcox et al., 2003), mientras que el otro 75 % se debe, en gran parte, al resultado de los hábitos de la persona y los factores a los que ha sido expuesta a lo largo de su vida, incluyendo la posición social en la que nació el individuo (Bauman et al., 2016).

Por tanto, y como analogía al modelo propuesto por Grossman, la inversión para mejorar el stock de salud en poblaciones de edad más avanzada debería centrarse en la capacidad intrínseca. En un primer momento la disminución de la capacidad intrínseca no se ha visto acompañada de una caída sustancial de la reserva funcional y, por tanto, la situación es reversible y la autonomía funcional aún es relevante. Si no se interviene y se permite que se agrave la pérdida de capacidad intrínseca, aparece la discapacidad significativa, que es difícilmente reversible. El primer estado correspondería a lo que se denomina fragilidad, mientras que el segundo corresponde ya a la dependencia. Si se quiere actuar en la prolongación libre de discapacidad, habrá que poner el foco en los estados iniciales del proceso discapacitante, de la pérdida de capacidad intrínseca, esto es, en la fragilidad. Sin que ello suponga no paliar en la medida de lo posible los efectos de la discapacidad, pero sabiendo que las posibilidades de recuperación son en muchos casos escasas.

Figura 4: Capacidad intrínseca, por quintil de riqueza y edad (Fuente: OMS, 2015)

Nota: las cifras más altas indican un mejor estado de salud

De similar modo, la edad ha sido tradicionalmente vinculada con una mayor demanda y utilización de recursos sanitarios y no sanitarios con su consiguiente gasto incremental, siendo considerado el envejecimiento como un problema para la sostenibilidad de los sistemas sanitarios y de servicios sociales como los conocemos hoy en día. Dentro del marco teórico de uso y gasto sanitario desarrollado por Meijer et al. (2013), la edad aparece como uno de los factores predisponentes, siendo estos definidos como aquellos que reflejan la predisposición del individuo hacia el uso de recursos sanitarios y no sanitarios. Sin embargo, es de reseñar que, habiendo otros dos tipos de factores, los capacitantes (los recursos disponibles para satisfacer una necesidad sanitaria, como renta del hogar o seguro sanitario) y los de necesidad (aquellos que conforman el motivo por el que el individuo, debido a los otros factores, solicita atención sanitaria, como el estado de salud, la discapacidad o el tiempo hasta la muerte), la edad aparece solo como factor predisponente, pero no de necesidad, dando pie a la idea de que no es la edad per se la que predice un mayor uso y gasto sanitario, sino algunos de los factores que se asocian a ella. Así, numerosos trabajos en las dos últimas décadas han tratado de abordar qué papel juega realmente la edad en el gasto sanitario, refiriéndose a ello como “cortina de humo” en la literatura relacionada (Zweifel et al., 1999), resaltando, frente a la edad, el papel de la proximidad hasta la muerte. Sin embargo, otros autores han establecido que puede no ser suficiente controlar por el tiempo hasta la muerte cuando se analizan los costes sanitarios y no sanitarios en poblaciones envejecidas (Zweifel et al., 2004), siendo la morbilidad (Carreras et al., 2018; Hazra et al., 2018; Howdon & Rice, 2018) o la discapacidad (de Meijer et al., 2011; Hazra et al., 2018) los principales elementos predictores de mayor utilización y gasto de recursos, tanto sanitarios como no sanitarios.

5. Carga económica asociada a la población mayor

En línea con lo anterior y aunque existen enfermedades devastadoras que condicionan sustancialmente la autonomía de las personas a cualquier edad, la evidencia demuestra que la prevalencia de los problemas asociados a la discapacidad y dependencia se concentran fundamentalmente en la población de edad avanzada. Así, la discapacidad y dependencia son dos estados que, en la mayoría de las ocasiones (especialmente cuando se trata de población en edad avanzada), vienen precedidos por otro síndrome conocido como fragilidad. En este sentido y como se ha desarrollado en el segundo apartado de este capítulo, debido al continuo y progresivo cambio demográfico que la sociedad está experimentando, el número de personas mayores frágiles y con enfermedades crónicas discapacitantes aumentará sustancialmente en los próximos años si no se interviene sobre ellas. Además, estas personas mayores y frágiles estarán en riesgo de desarrollar ciertas limitaciones para realizar las actividades básicas de la vida diaria, lo que provocará un incremento en la demanda de cuidados personales (cuidados de larga duración tanto profesionales como no profesionales).

Es en este contexto donde surge la necesidad de analizar si existe una asociación entre la demanda de recursos (sanitarios y no sanitarios) y, por consiguiente, en su coste, y la población mayor. Analizar el impacto económico de los tres componentes fundamentales asociados a la población mayor: deterioro funcional (desde la fragilidad a la discapacidad y dependencia absolutas), enfermedades crónicas más prevalentes en poblaciones de edad avanzada y cuidados de larga duración (cuya demanda se concentra fundamentalmente en este grupo de población), se ha convertido en un nicho de investigación con un interés cada vez más creciente entre la sociedad científica. Ello permitiría conocer el verdadero impacto económico que la población mayor supone para la sociedad en general y para los sistemas de salud, en particular.

5.1. Coste y fragilidad

Si bien el espectro del deterioro funcional abarca, como ya se ha comentado, desde la fragilidad a la dependencia grave, nos vamos a centrar en los costes asociados a la fragilidad por dos razones fundamentales. La primera es que los costes de la dependencia han sido ya extensamente tratados en la literatura tanto sanitaria como económica, mientras que los costes de la fragilidad solo han sido muy recientemente abordados y, aun hoy día, de manera muy preliminar e insuficiente. La segunda razón es que mientras que la discapacidad es difícilmente reversible, y por tanto los costes a ella asociados difícilmente modificables, la fragilidad sí puede revertirse y, en consecuencia, los gastos derivados de ella son evitables total o parcialmente.

Como se acaba de comentar, pocos son los estudios de costes que han analizado el impacto económico de la fragilidad en la población mayor. No obstante, todos ellos llevan a la misma conclusión: la fragilidad es un síndrome ligado a un importante impacto económico en la sociedad. Más concretamente, un estudio llevado a cabo en España concluye que, en términos medios, el coste asociado al uso de los recursos sanitarios en personas mayores es de 1.922 €/año durante 2013. Sin embargo, este coste varía sustancialmente si consideramos el grado de fragilidad que padecen. Así, los participantes frágiles tenían un coste total promedio de recursos de salud de 2.476 €/año, los pre-frágiles 2.056 €/año y los robustos (no frágiles) de 1,217 €/año (García-Nogueras et al., 2017). Además, el estudio también sostiene que el 67% del coste total se asocia al coste de ingreso hospitalario, el 29% al coste de visitas a especialistas y el 4% al coste de visitas de urgencia. Por su parte, los costes directos sanitarios fueron de 592 €/año y 458 €/año más altos en participantes frágiles y pre-frágiles, respectivamente, que en los no frágiles.

Los resultados del estudio español van en línea con los obtenidos en un estudio alemán, con la cohorte ESTHER, longitudinal y con un seguimiento durante 3 años (desde julio 2000 hasta diciembre 2002) de personas mayores de 60 años. El principal aporte de este estudio con respecto al anteriormente mencionado es que tiene en cuenta no solo los costes directos sanitarios (tales como hospitalizaciones, medicamentos, pruebas médicas y visitas de atención primaria y especializada), sino también los costes directos no sanitarios (como son los cuidados profesionales y no profesionales). Los autores concluyen que el coste asociado a las personas clasificadas como no frágiles no difiere mucho del coste asociado a las personas pre-frágiles. Sin embargo, dicho coste sí es significativamente diferente entre la población mayor no frágil y la población mayor frágil. Más concretamente, el coste aumenta entre un 55% y un 100% cuando se identifican entre 3 y 5 ítems del síndrome de fragilidad en los ancianos, hecho que los cataloga como frágiles. Además, el agotamiento es el rasgo asociado a la fragilidad que supone un mayor coste (Hajek et al., 2018). Para el caso concreto de los costes directos no sanitarios (cuidados profesionales y no profesionales), los autores concluyen que comparados con los individuos pre-frágiles, aquellos individuos frágiles tienen un 52% más de coste asociado a los cuidados familiares y un 73% más de coste asociado a cuidados profesionales.

Algo superiores son las cifras estimadas por otro estudio llevado a cabo en los Países Bajos, donde el coste sanitario medio asociado a personas mayores no frágiles fue de 15.438€, mientras que para las personas frágiles fue de 30.792€ durante el año 2013 (Peters et al., 2015). Esta diferencia significativa se explica fundamentalmente por la diferencia en los costes asociados a los cuidados de larga duración, esto es, el coste del cuidado personal recibido en el hogar y el coste del cuidado institucional. También se demostró la existencia de diferencias estadísticamente significativas en los costes asociados a los medicamentos (1.237€/año para no frágiles vs 1.573€ para frágiles), a las visitas de atención primaria (374€/año para no frágiles vs 450€ para frágiles) y pruebas médicas (528€/año no para frágiles vs 1.016€ para frágiles). Sirven & Rapp también han analizado este tipo de costes (visitas tanto al médico de atención primaria como al especialista) en población anciana en Francia, encontrando que las personas mayores pre-frágiles en Francia generan un incremento de 750€ de los costes ambulatorios a lo largo del año 2012 (esto es, visitas al médico de atención primaria y/o especialista) en comparación con las personas mayores no frágiles, mientras que los ancianos frágiles lo incrementan en 1.500€ (Sirven & Rapp, 2017).

Para la población latinoamericana, un estudio llevado a cabo en México sobre personas mayores adscritas a las unidades de medicina familiar y con síndrome de pre-fragilidad y fragilidad, encuentra que el coste medio por año e individuo asociado a las personas con fragilidad es de $1.911,02, mientras que para las personas pre-frágiles este alcanza a $1.802,48. (Villarreal et al., 2015). Cabe destacar dos características de este trabajo: en primer lugar, estas cifras no son comparables con los estudios europeos anteriormente mencionados al no incluir aquí a los no frágiles (robustos); y, segundo, son cifras absolutas, descriptivas, pero, en ningún caso, incrementales de coste sanitario.

Por su parte, es conveniente señalar el hecho de que el impacto económico asociado a la fragilidad en la población mayor puede verse sustancialmente intensificado si consideramos otros aspectos, tales como una intervención quirúrgica o una estancia hospitalaria. Así, un estudio canadiense, tomando como sujeto de estudio a la población mayor de 60 años sometida a una cirugía cardiaca, encuentra que la fragilidad está asociada a un aumento en el número de hospitalizaciones y, por ende, en los costes globales de hospitalización. Más concretamente, el coste asociado a las hospitalizaciones en personas frágiles que han sido sometidas a una cirugía cardiaca es de $32.742 al año, mientras que para las personas no frágiles igualmente sometidas a dicha intervención se sitúa en torno a los $23.370. Por tanto, los autores concluyen que tras la cirugía cardiaca la fragilidad en personas mayores conlleva un mayor coste de hospitalización, en comparación con las personas mayores no frágiles (Goldfrab et al., 2017). Del mismo modo, se ha demostrado una asociación entre fragilidad y coste sanitario tras una intervención colorrectal en la población mayor durante los 6 meses posteriores a la operación (Robinson et al., 2011). Finalmente, otro estudio encuentra un mayor coste sanitario total de los ingresos hospitalarios en la población mayor frágil que varía de un 22% a un 43%, con una clara relación dosis-efecto dependiendo de su nivel de fragilidad. Así, el coste sanitario y de atención residencial acumulado a lo largo de seis meses del año 2011 es de $19.947, $24.270 y $28.417 dependiendo de que el nivel de fragilidad sea bajo, medio y alto, respectivamente (Comans et al., 2016).

5.2. Coste y enfermedades crónicas en los adultos mayores

Una vez analizada la evidencia existente sobre el impacto económico de la fragilidad en la población mayor, resulta interesante analizar el coste asociado a las enfermedades crónicas más prevalentes entre la población mayor, ya que estas contribuyen a la mortalidad y morbilidad en las personas mayores. De hecho, se estima que el 80% de la población anciana tiene, a lo menos, una enfermedad crónica. Ello tiene su traducción directa en términos económicos, ya que en materia de gasto sanitario se estima que el 80% de los recursos se destinan al tratamiento y prevención de enfermedades crónicas, y la distribución del gasto está marcadamente concentrada en un pequeño porcentaje de la población, en su mayoría personas mayores (aproximadamente un 5% de la población consume cerca del 30% de los recursos) (OECD, 2019). No obstante, cabe aquí mencionar que cuando se introducen variables de autonomía funcional en la estructura de costes, los análisis muestran que la situación funcional explica una gran parte de los costes asociados a la propia enfermedad que, en su conjunto, no explicaría más allá del 25% de dichos costes en muchos escenarios (Rodríguez-Sánchez et al., 2017).

Dentro de estas enfermedades crónicas las más limitantes a nivel funcional en la población mayor de 65 años son la diabetes mellitus de tipo 2, la enfermedad cardiovascular, el cáncer, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), las enfermedades mentales, las enfermedades neurodegenerativas como la demencia, así como enfermedades osteoarticulares como la artrosis, la osteoporosis o la artritis reumatoide. En este sentido, existe un importante número de estudios que han tratado de estimar el impacto económico causado por estas enfermedades crónicas. Para entender el orden de magnitud de este impacto señalaremos los resultados de algunos de ellos, siempre teniendo en cuenta lo reseñado al final del párrafo precedente. Por ejemplo, el coste de la enfermedad cardiovascular y el infarto cerebral en los Estados Unidos alcanzó los 311 mil millones de dólares al año, de los cuales 181 mil millones se debieron a costes sanitarios y el resto (130 mil millones) a costes directos no sanitarios (actualizados a 2017). Una cifra menor, aunque creciente con los años, de 248 mil millones de dólares correspondería a la diabetes mellitus, de los cuales 178 mil millones se atribuyeron a los costes médicos. Por su parte, el cáncer supuso 247 mil millones de dólares anuales (actualizados a 2017), de los cuales 146 mil millones eran debidos a los costes sociales y 101 mil millones a costes sanitarios. Padecer EPOC tiene un impacto menor en el sistema estadounidense, ya que alcanza los 15 mil millones de dólares anuales a nivel agregado, aunque en este caso solo se consideran los costes sanitarios. En cuanto a las enfermedades mentales, los costes derivados de la depresión en EE. UU. se han estimado en 100 mil millones de dólares (actualizados a 2017), de los que un 37% es atribuible a costes sanitarios y el resto a costes sociales. Los costes de la demencia en EE. UU. suponen 115 mil millones de dólares, incluyendo 84 mil millones (73%) de costes sanitarios y 31 mil millones (27%) como consecuencia de los cuidados informales. Si se trata de osteoporosis, su impacto en EE. UU. alcanza los 18 mil millones de dólares anuales, la mayor parte de estos atribuibles a costes derivados de fractura de cadera y otros costes sanitarios. El coste anual de la artritis reumatoide es ligeramente superior, 21 mil millones de dólares, de los cuales el 50% se debe a costes sociales y el 19% al cuidado informal.

En Europa, el coste total anual de las enfermedades cardiovasculares alcanzó los 216 mil millones de euros (actualizados a 2017), con los costes directos sanitarios representando el 62% de dicha cantidad, el cuidado informal el 17% y otros costes sociales el 21%. En el caso de la diabetes mellitus de tipo 2, se estimó que su coste directo a nivel agregado europeo alcanzaba los 31 mil millones de euros anuales, siendo el coste de hospitalización el de mayor relevancia (55%). En el caso del cáncer, el impacto económico que supone en la Unión Europea (27 países) alcanzó los 137 mil millones de euros, de los cuales el 40% son costes directos, el 18% se debe al cuidado informal y el 42% restante a pérdidas laborales. Por su parte, el coste de la demencia en 15 países de la Unión Europea se ha cifrado en 192 mil millones de euros, de los cuales el 56% (107 mil millones) se debe al cuidado informal. En general, la distribución de los costes por país es muy heterogénea y refleja el distinto grado de desarrollo de sus sistemas de cuidado de larga duración (países del norte de Europa) respecto a los países donde el cuidado informal tiene un mayor peso (sur de Europa). También a nivel europeo, la osteoporosis supone un coste de 37,5 mil millones de euros anuales, de los cuales el 66% se debe a los costes directos sanitarios y el 29% a los cuidados informales. En el caso de la artritis, la estimación del impacto económico alcanza los 45,5 mil millones de euros anuales (actualizados a 2017), representando la mayor proporción de los costes totales el cuidado informal, el cual dependiendo del tratamiento recibido supone entre el 30 y el 45% del costo total.

5.3. Coste y cuidados de larga duración

Tomando en conjunto todas las enfermedades y lesiones, en la mayoría de los países de rentas altas el gasto sanitario oscila entre un 7 y un 11% de su Producto Interior Bruto (PIB), mientras los sistemas de cuidados de larga duración representan entre un 1 y un 3% –aunque hay diferencias importantes entre países en función de su renta, así como de otros aspectos organizativos y culturales. Ello refleja, por una parte, el gran peso económico de estos sistemas, pero también el grado de prioridad que conceden los ciudadanos a sus cuidados a través de decisiones personales y colectivas. Otros trabajos científicos han tratado de estimar los costes “invisibles” –aquellos que no están asociados a un presupuesto– de otros costes sociales ya mencionados. Así, algunos trabajos han estimado que el valor de los cuidados informales podría ser muy superior al coste de los cuidados sociales profesionales, en especial en aquellos países con menor desarrollo de sus sistemas de cuidados de larga duración.

En este sentido, un último elemento a tener en cuenta cuando se analiza la población mayor son los cuidados de larga duración, tanto profesionales como no profesionales (cuidados familiares o informales), ya que, como se ha mencionado anteriormente, la asociación entre la edad y las limitaciones para desarrollar las actividades básicas hacen que la demanda de estos cuidados personales se incremente. Así, existe evidencia (escasa) sobre la relación existente entre los costes asociados a los cuidados no profesionales y el grado de fragilidad de las personas mayores. Más concretamente, las personas mayores con deterioro cognitivo y fragilidad tuvieron 61,70 €/día más de coste asociado al cuidado no profesional (cuidado informal) en comparación con los pre-frágiles mayores durante el año 2014. Esta diferencia de coste es aún mayor cuando se compara las personas frágiles y no frágiles, con 79,26 €/día más de coste por parte de los primeros con respecto a los segundos (Butler et al., 2016). Sin embargo, el estudio demostró que la fragilidad no resultó ser un factor clave para el coste asociado a los cuidados profesionales y servicios sociales.

Por su parte, Peters et al. concluyen en su estudio que la principal diferencia de coste entre personas mayores frágiles y no frágiles se explica por el coste asociado a los cuidados de larga duración, esto es, al coste del cuidado personal recibido en el hogar y el coste del cuidado institucional. Así, los mayores no frágiles tuvieron un coste asociado a los cuidados de larga duración de 8.834€ por persona a lo largo del año 2013 (7.025€ de coste del cuidado institucional y 1.809€ de coste recibido en el hogar), mientras que en los mayores frágiles este fue de 22.604€ (17.655€ de coste del cuidado institucional y 4.948€ de coste recibido en el hogar) (Peters et al., 2015).

Finalmente, es importante señalar que las enfermedades crónicas más prevalentes en la población mayor son las que precisamente tienen un mayor peso asociado al coste de los cuidados, profesionales y no profesionales. Así, para el caso de demencia, incluyendo la demencia tipo Alzheimer (enfermedades muy prevalentes en la población mayor), se estima que más del 68% del coste total en el año 2007 (esto es, unos 128.787 millones de euros en toda Europa) se explica por el coste asociado a los cuidados informales, mientras un 26% del coste (48.555 millones de euros) a los servicios sociales (Luengo-Fernández et al., 2011). Del mismo modo, Peña-Longobardo & Oliva-Moreno estimaron que el coste asociado a los cuidados informales en población con Alzheimer oscilaba en España entre los 31.839€/año y los 52.760€/año por individuo (dependiendo de la técnica de estimación empleada) (Peña-Longobardo & Oliva-Moreno, 2015). De similar modo, un estudio realizado usando datos de ocho países europeos concluyó que los costes per cápita promedio al año, asociados con los cuidados recibidos en una institución por personas mayores con diabetes, suponían $12,66 (actualizados al año 2010), representando los diversos grados de deterioro funcional (tener limitaciones en actividades básicas de la vida diaria) el 78% de los costes atribuidos a complicaciones (Rodríguez-Sánchez et al., 2017).

En definitiva, cada vez son más los estudios que centran su atención en la carga económica asociada al continuo y progresivo envejecimiento que la población está experimentando. Así, la evidencia progresivamente disponible muestra que tanto la fragilidad y las situaciones de mayor deterioro funcional, así como determinadas enfermedades crónicas, ocasionan un considerable impacto económico que afecta no solo a los recursos sanitarios tradicionales, sino también a los cuidados de larga duración, cada vez más necesarios, acrecentando la incertidumbre sobre la sostenibilidad financiera de los actuales sistemas nacionales de salud según están hoy diseñados y relevando la necesidad urgente de reformas profundas en la orientación, objetivos y diseño de dichos sistemas de salud.

6. Evaluaciones económicas de intervenciones en personas mayores

Como se ha mostrado en el apartado anterior, dado el considerable impacto económico que puede llegar a ocasionar la salud de la población mayor y sus factores asociados (fragilidad, prevalencia de enfermedades crónicas discapacitantes), en los últimos años ha habido un interés creciente en el análisis, diseño, implementación y evaluación de programas e intervenciones que no solo mejoren el estado de salud de las personas mayores, sino que también permitan contribuir a la sostenibilidad financiera del sistema sanitario. Es en este contexto donde las evaluaciones económicas, previamente descritas al principio de este capítulo (ver epígrafe 1.3), cobran un importante papel.