Czytaj książkę: «En la periferia del centro»

I. EL SISTEMA FISCAL

Como he dicho en la introducción, durante el siglo XIV, el reino de Valencia vio cómo sus estructuras administrativas, económicas, hacendísticas y fiscales eran modificadas. Durante ese lapso de tiempo, unos sistemas impositivos nuevos y las instituciones encargadas de gestionarlos nacieron y se consolidaron en todos los miembros de la Corona de Aragón.¹ En efecto, actualmente nadie duda de que, durante los siglos bajomedievales, las antiguas rentas de carácter «banal» fueron completadas con nuevos y más gravosos sistemas impositivos.² Y nadie cuestiona tampoco cuáles fueron las causas que llevaron, hacia el final de la Edad Media, a la introducción en Europa de una auténtica «revolución fiscal»: cuando Pounds o Baydal, por ejemplo, hablan de la creciente actividad bélica y de la progresiva complejidad de las relaciones políticas, creo que resumen lo fundamental.³

Desde ese momento, en el que la fiscalidad «hizo del comercio fuente primordial de sus ingresos»,⁴ y hasta la abolición de los fueros a principios del siglo XVIII, existieron en el reino valenciano tres ámbitos tributarios principales que debemos adscribir –si nos fijamos en su titularidad− a la hacienda real, a los municipios y a la Generalitat.⁵ Estudios parciales sobre esta fiscalidad, desde variados enfoques, existen bastantes. Y David Bernabé Gil realizó, hace ya algunos años, un trabajo sobre la fiscalidad en el conjunto de los territorios peninsulares de la Corona de Aragón, de gran calidad y plenamente vigente, que nos proporciona una magnífica visión de conjunto.⁶ Aun así, debemos preguntarnos cuál era la naturaleza de los impuestos que formaron durante el siglo XVI el sistema tributario de la Generalitat Valenciana. Avancemos, pues, y conoceremos con más detalle la configuración que tuvo el mismo durante este siglo, así como los procedimientos y estructuras que se utilizaron para hacerlo efectivo.⁷

1.1 LOS IMPUESTOS DE LA GENERALITAT VALENCIANA: ASPECTOS GENERALES

Durante el siglo XVI, componían el sistema tributario de la Generalitat los conceptos siguientes:

• Los «drets vulgarment dits lo margalló», en los que estaban comprendidos:⁸

– El «general de les mercaderíes», que gravaba, con algunas salvedades, la circulación de mercancías. Formaba parte de este el «general de les besties maiors», que recaía sobre «les besties maiors que yxen de fronteres del dit regne per terra o per mar mes [...] les que passen de uns regnes a altres per lo dit regne de València, del qual pasatge han de pagar dret de general».⁹

– El «general del tall del drap», por el que tributaba la producción textil mediante una tarifa que fue reducida en septiembre de 1583. Esta reducción de tarifa consistió en suspender el aumento de 9 dineros por cada libra de valor, que había sido introducido el año 1428.¹⁰ Dentro de este impuesto debemos incluir, aunque fueran arrendados aparte en muchos años, el «dret del tall de màrrega e sayal de València e sa contribució» y el «dret del tall de fill i seda de València e contribució de aquella».¹¹

• El «nou imposit de la seda», una tasa aduanera creada en 1547 para financiar la política de defensa. Desgajada del «general de les mercaderíes», gravaba la exportación de seda «axí en madexa, com torçuda e aparellada axi per terra com per mar».¹²

• El «real de la sal», un impuesto directo con el que se pretendía gravar el consumo de sal. El hecho de que «la explotación de la sal, su distribución y la percepción de las correspondientes tasas» fuera «una regalía de la Corona» no impidió que la Generalitat participara, desde el mismo siglo XIV, en la fiscalidad sobre ese producto tan importante para la sociedad que nos ocupa como era la sal. La cuota de este impuesto, cuyos sujetos fiscales eran los pobladores del reino y los ganaderos y pescadores que ejercieran su actividad dentro de sus límites, se calculaba sobre la base del número de fuegos, el de cabezas de ganado y la cantidad de sal gastada, según los casos.¹³

La naturaleza de este último impuesto estuvo sometida entre 1488 y 1510 a un profundo proceso de reforma en el que se actuó sobre sus tarifas y sobre los mecanismos a través de los cuales debía ser exigido. Y lo cierto es que, aunque su objetivo directo era el de obtener mayores rendimientos económicos de su explotación, este proceso no puede ser entendido sin los ataques sufridos por la Generalitat durante el reinado de Fernando el Católico; en especial, sin citar el fortísimo conflicto jurisdiccional desarrollado entre la Generalitat y la Gobernación durante la década de 1490, y que conocemos en profundidad gracias a Ernest Belenguer.¹⁴ Los acuerdos adoptados en 1510 se mantuvieron vigentes a lo largo de casi todo el Quinientos; con excepción de algunos retoques, como las tarifas −modificadas, ya bien entrada la centuria, para aumentar el número de exentos en el pago de estas− o las demarcaciones territoriales contempladas para su exacción. Fue suprimido por las Cortes de 1585, alegando que la Generalitat ya había recuperado los intereses generados por ciertos censales cuya emisión es la que había dado lugar a su existencia.¹⁵

Por otra parte, la creación del «nou imposit de la seda» estuvo precedida de algunas tensiones, que debemos relacionar con la prohibición aprobada en 1542 de importar seda procedente de América y con una pragmática que prohibía la exportación de seda en madeja, derogada por las Cortes en 1547.¹⁶ Además, algunos problemas de orden práctico le acompañaron hasta 1551. Entre estos figuran el nombramiento de las personas que debían recaudarlo, disputas con los arrendatarios de los «drets del general del margalló» –que se quejaron, por ejemplo, en noviembre de 1549 de que la introducción de este impuesto había paralizado la exportación de seda granadina hacia Génova a través del puerto de Alicante−, discrepancias con la junta estamental que gestionaba el programa defensivo, desavenencias con los importadores castellanos de seda y protestas de las autoridades municipales de Toledo.¹⁷ Aunque ello no fue obstáculo para que las Cortes prorrogaran sistemáticamente la existencia de este impuesto entre 1552 y 1585.¹⁸ Su consolidación, además, obligó en alguna ocasión a la Corona a modificar decisiones relacionadas con la política exterior. Es, por ejemplo, lo que ocurrió en 1558, cuando el virrey notificó a los diputados que la prohibición de comerciar con Francia quedaba en suspenso a pesar de estar en guerra. El objetivo de esta suspensión era el de no perjudicar el comercio y, en consecuencia, los rendimientos del «nou imposit»; de manera que los franceses pudieron seguir comprando seda valenciana.¹⁹ De hecho, la desigualdad en la fiscalidad sobre este producto parece que influyó significativamente en las exportaciones de seda hacia Castilla.²⁰

TABLA 1

Tarifas de los «drets del General» durante el siglo XVI

* * *

Ahora bien, como señala Jorge Correa, para comprender bien en qué consiste un sistema tributario «es imprescindible organizar todas las partidas que el monarca ingresa en grupos homogéneos: una simple lista de ingresos o de impuestos no es suficiente para descubrir el significado de la hacienda del rey en el reino de Valencia», de manera tal que, además del análisis normativo y la descripción de los mecanismos de cobro y administración, se hace necesario «un estudio por imposiciones homogéneas».²¹

Así, tomando como referencia la moderna teoría de la hacienda de Cesare Cosciani, que cita Jorge Correa, podemos reunir los impuestos que formaron el sistema tributario de la Generalitat Valenciana durante el Quinientos en dos tipos o grupos:

• Impuestos sobre la circulación de bienes o mercancías. Es decir, los impuestos sobre el tráfico de mercaderías, sobre la producción textil y sobre la exportación de seda. Como señalaban los contemporáneos a mediados de la centuria, «lo dret del general consesteix y sta en dos coses: en la extracció e comerci de les robes e mercaderíes que.s compren en lo present regne y es trauen per altres regnes y entren e yxen, les quals vulgarmente se diuen mercederíes de pas; l.altre es lo dret del tall, ço es robes que.s venen per menut en la present ciutat e regne».²²

• La imposición sobre ese bien estanco en régimen de monopolio que era la sal.

Hablando del impuesto real sobre la producción agrícola, Jorge Correa señala que «adecuar a un esquema moderno la clasificación del tercio diezmo es arriesgado, pues en la actualidad no se encuentran imposiciones similares. Quizá, por encuadrarlo en algún lugar, podría tratarse de una imposición similar al impuesto de fabricación. En este sentido Cosciani define el impuesto de fabricación como aquel que puede gravar determinados bienes en cualquier fase del proceso productivo», pero con el problema de que, en el tercio diezmo, «el producto o productos se gravan aun antes de entrar en el comercio, en el mismo momento de la cosecha». En nuestro caso, el «dret del general del tall del drap» presenta una dificultad similar a la hora de establecer su naturaleza. Puesto que los sujetos pasivos de este impuesto fueron, desde sus mismos orígenes, los vendedores de telas, los exportadores e importadores de tejidos para su confección y los que tejían en su casa para la venta, quizá debiéramos adscribirlo a los gravámenes sobre la producción. Pero como también es cierto, así lo señala Cosciani, que estos gravámenes son en esencia impuestos que terminan incidiendo sobre el consumo, «pueden admitir tanto esta denominación, como “sobre la circulación de bienes” o “sobre la cifra de negocios” o “sobre las ventas”». Así, ante la duda, yo he optado por incluirlo entre los impuestos que gravaban el tráfico, la circulación de bienes, como dice la documentación de la época.²³

1.2 LAS «GENERALITATS»: ¿UNOS IMPUESTOS UNIVERSALES?

Un rasgo inicial de los impuestos que formaban el sistema fiscal de la Generalitat fue el de su universalidad. Los fueros y actos de corte insistieron reiteradamente en ello. Esa reiteración no fue obstáculo para que los diputados, por vía «reglamentaria», introdujeran algunas exenciones: así lo hicieron en 1510, al decidir que las telas entregadas a la Iglesia para adornar los templos fueran despachadas francas siempre que la institución eclesiástica certificara que ese era el uso dado a las telas por las que se pretendía no tributar.²⁴ Y tampoco lo fue para que se produjeran envites por parte de algunos grupos o instituciones que lucharon por alcanzar la inmunidad fiscal.

Uno de esos grupos, fuente de diferentes conflictos durante el Quinientos, fue el formado por los «pares de dotze fills», algunos de los cuales terminaron consiguiendo la inmunidad fiscal por vía judicial antes de que esta fuera incorporada al corpus legal relativo a las «generalitats» por las Cortes de 1604. La queja planteada por los diputados ante el rey, protestando porque algunos caballeros y ciudadanos cometían abusos en torno a esta exención, parece que no sirvió para nada.²⁵ En estos grupos, encontramos también a religiosos como el abad de Benifaçà, que solicitó en diciembre de 1512 quedar exento del impuesto sobre la sal, basándose en un privilegio de Jaime I. Inicialmente, sus pretensiones fueron rechazadas, pero parece que terminaron siendo aceptadas en 1583, cuando se le concedió igualmente la inmunidad fiscal a la cartuja de Valldecrist, e igualmente diferentes órdenes religiosas, que pidieron varias veces quedar dispensadas de los servicios votados en Cortes. Sendas peticiones en este sentido, al menos, fueron transmitidas en las Cortes de 1533 y en las de 1542.²⁶

TABLA 2

Exenciones concedidas a diferentes órdenes religiosas y a la Inquisición en el «tall del drap»

Fuente: Elaboración propia a partir de ARV, Generalidad, Monasterios (Inquisidores), regs. 2374 a 2381. Importes expresados en libras (lb.), sueldos (s.) y dineros (d.). Valores nominales.

Pero, aunque estas pretensiones habían sido denegadas, las llamadas «órdenes mendicantes» (franciscanos, dominicos, carmelitas...) terminaron obteniendo la exención en el «tall del drap» en lo relativo a los «draps [...] per.a son vestit y de ses persones, e no per a altra persona alguna fora de la religió». La franquicia, que tiene relación con el abono de 100 libras en 1569 al canónigo Jaume Aroner por haber ido a Roma para tratar de un breve en que el papa otorgaba total inmunidad fiscal a las mencionadas órdenes, estaba basada –según las fuentes que utilizo− en una decisión tomada por Pío V en julio de 1567.²⁷ Aunque los datos recopilados dan a entender con bastante claridad que la exención comenzó a ser aplicada, en realidad, a comienzos de la década de 1570.²⁸