Sociedad y conflicto en el estado de Guerrero, 1911-1995

La inestabilidad de los gobiernos locales

Por lo que se refiere a la inestabilidad de los gobiernos locales cabe hacer notar que, no obstante que con Adrián Castrejón se inició lo que el régimen consideró “la modernización política” en el estado de Guerrero y que con él se llevó a cabo también, de forma sistemática y organizada, la reforma agraria —pues ya el primer año de su gestión se caracterizó por un rápido aumento en el reparto de tierras que consolidó la base social de su gobierno—, al final de su gestión habría de enfrentar una serie de dificultades con el PNR que le impidieron culminarla.

En primer término, porque su obra agrarista se vio obstaculizada por la nueva orientación que dio Plutarco Elías Calles a la reforma agraria en México al impulsar la propiedad privada de alta productividad y en la que el ejido resultaba ser solamente una etapa en las tareas del régimen. De esta manera, disminuyó la distribución de tierras expropiadas en 1928 y, ya para 1929, Calles fijó un término al reparto agrario. En contraposición a ello, Castrejón impulsó el agrarismo a nivel local creando una situación que contravenía lo dispuesto por el oficialismo revolucionario.

Una nueva situación adversa al gobierno de Castrejón se produjo con la renuncia del presidente Pascual Ortiz Rubio el 1 de septiembre de 1932, con quien había establecido una relación cercana. Lo anterior propició que al final de su mandato, cuando el Partido Socialista Guerrerense y la Liga de Comunidades y Sindicatos Campesinos del Estado de Guerrero intentaron llevar al poder, por decisión del propio Castrejón, al senador Ezequiel Padilla, quien terminó por imponerse fue el general Gabriel R. Guevara con el apoyo de Calles y del PNR.

Con ello se afirmaba la preeminencia de los poderes centrales por sobre los intereses locales, haciendo prevalecer el criterio de la unificación nacional, pero en realidad dando lugar a la subordinación de las distintas fuerzas políticas del país a un mando único: el del “Jefe Máximo”. Gabriel R. Guevara (1 de abril de 1933-5 de noviembre de 1935) llegó a la gubernatura del estado en función de los nuevos intereses latifundistas prevalecientes y con el decidido apoyo de Calles.

Como dice Ian Jacobs, con la elección de Guevara el PNR habría obtenido un triunfo sobre “la organización política de un gobernador en ejercicio”, puesto que se trataba además de una organización que, como vimos, se encontraba vinculada a intereses populares, en particular a los del agrarismo. Con ello se demostraba que la propia maquinaria política impuesta desde el centro podía pasar por alto dichas demandas si así convenía a sus intereses. En esas condiciones, se entabló una abierta confrontación entre el Partido Socialista de Guerrero y el PNR, como lo demuestra uno de los comunicados que se dictaron entonces:

…no conformes con la derrota que tuvieron en la designación del candidato al gobierno del estado… pretenden mantener el poder público en beneficio de un reducido número de serviles del general Castrejón y en contra de los postulados del PNR de quien hacían alarde pertenecer. Esto puede justificarse con la llamada de todos los presidentes municipales de todo el estado por el gobernador Castrejón a la ciudad de Chilpancingo, donde recibieron consigna de mantener la supremacía autoritaria del Partido Socialista del Estado que es jefe nato el mismo Castrejón en contra del PNR de quien abiertamente se ha indisciplinado.²¹

Guevara se vio obligado incluso, para consolidar su administración, a desconocer los ayuntamientos castrejonistas en abril de 1933, buscando también el control de los comisarios ejidales.

Con Gabriel R. Guevara la familia Figueroa regresó al poder en Guerrero, después de su participación en la fase armada de la revolución. En efecto, según lo informaba el gobernador Guevara el 1 de septiembre de 1934, en las elecciones del mismo año para diputados y senadores, así como presidente de la República, el Partido Nacional Revolucionario habría declarado triunfantes “Como diputados a la H. Cámara federal por el Primer Distrito Electoral a los C.C. Alberto R. Guevara [hermano del gobernador y colaborador estrecho tanto de Rómulo como de Francisco Figueroa], e Ingeniero Rubén Figueroa”. En esa misma relación aparecían también el general Alberto F. Berber por el quinto distrito electoral y Alejandro Gómez Maganda por el sexto, quienes habrían de ocupar la gubernatura posteriormente, sin poderla concluir en ambos casos.

En cuanto a la gestión de Adrián Castrejón, la cámara de diputados de Guerrero lo desaforó cuando solamente faltaban tres días para que concluyera su periodo constitucional. Sin embargo, “no parece que los diputados consiguieran el objetivo de hacerlo polvo, pues la Secretaría de Gobernación se negó a reconocer la destitución —entre otras razones porque no había ya tiempo para ello”.²²

Los problemas del gobernador Adrián Castrejón a solo unos cuantos días de terminar su mandato fueron, como se puede ver, el resultado de los conflictos entre los políticos y grupos locales y el poder político central. A partir de entonces la caída de los gobernadores por las mismas razones, y en función también de una subordinación cada vez mayor a ese poder, se convirtió en una situación común en la historia política local.

Después de Adrián Castrejón, tampoco terminó su mandato Gabriel R. Guevara (el gobernador que lo sucedió), debido a la puesta en marcha del programa político del régimen revolucionario impulsado por Cárdenas y al que ahora Guevara resultaba contrapuesto. A Guevara lo sucedió el licenciado José Inocente Lugo el 6 de noviembre de 1935, quien terminó dicho periodo el 31 de marzo de 1937: “En 1935, cuando Cárdenas luchaba por el poder con el ‘Jefe Máximo’, fueron depuestos siete callistas gobernadores de estado, entre ellos Gabriel Guevara, de Guerrero”.²³

El general Alberto F. Berber, siguiente gobernador electo (1 de abril de 1937-18 de febrero de 1941), tampoco terminó su periodo y fue sustituido por el profesor Carlos F. Carranco Cardoso el 19 de febrero de 1941. En la caída del gobernador Berber fueron decisivas sus diferencias, a partir de 1939, con el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) que había sustituido ya al PNR el 30 de marzo de 1938, lo que culminó con la imposición de Rafael Catalán Calvo por el PRM y por sobre los deseos del gobernador Berber, en las elecciones de mayo de 1941 y que lo llevaron al poder el 1 de julio de ese año como gobernador de Guerrero, dando lugar así a la completa subordinación de los poderes locales a las disposiciones del Ejecutivo federal. Catalán Calvo fue el sexto gobernador electo constitucionalmente desde el triunfo de la revolución. Con excepción de Rodolfo Neri, quien permaneció en el cargo hasta entregar la gubernatura a su sucesor Héctor F. López, y el controvertido caso de Adrián Castrejón, ninguno de los antecesores de Catalán Calvo había concluido su periodo y todos ellos afrontaron serias crisis políticas. El periodo de Catalán Calvo habría de coincidir con el auge de la agricultura comercial en México después de 1940 y con el inicio de la industrialización, ambas situaciones favorecidas por la Segunda Guerra Mundial.

No obstante, Catalán Calvo habría de reconocer que la función política del gobierno del estado era “débil y desconcertada” como consecuencia de la carencia de programas y de las circunstancias políticas nacionales, por lo que el gobernador no era sino “una autoridad sujeta a otras voluntades”. Su reconocimiento al carácter contingente del gobernador del estado frente a los problemas sociales y al régimen político, lo conducía, sin embargo, a una conclusión paradójica solamente explicable porque su propia designación había sido decidida bajo las reglas que desde el centro se habían impuesto a los distintos estados. El gobernador Catalán Calvo invocaba, en última instancia, su apego y subordinación al Partido revolucionario:

En tales condiciones, lo primero que se ocurre es recobrar la necesaria autonomía para desarrollar una política que satisfaga las necesidades regionales y para ello no hay como recurrir a la vigorización de una verdadera organización política del Estado de Guerrero, filial del Partido Revolucionario Nacional.²⁴

A partir de ese momento, el acceso a la gubernatura del estado solamente habría de ser posible a quien, practicando escrupulosamente las nuevas reglas del régimen político, fuera además capaz de propiciar ciertos arreglos entre los grupos ligados al poder local. Durante la década de los años cuarenta y cincuenta, como consecuencia de la situación internacional y del crecimiento económico de México a partir de 1940, también se modificó la situación socioeconómica del estado, sobre todo en el caso de la costa.

Es en estos años cuando Acapulco se transformaba en un centro turístico de importancia por las inversiones del gobierno de Miguel Alemán (1946-1952). En el mismo periodo, se otorgaron y ampliaron grandes explotaciones forestales a empresas como Maderas Papanoa y Chapas y Triplay S. A., entre otras. También en estos años se impulsaron las huertas de copra y de café que sustituyeron los sembradíos de ajonjolí en la costa guerrerense.

Sin embargo, en el ámbito político la nueva estructura de poder dio lugar a la manipulación, sobre todo de los campesinos como votantes cautivos, al regateo por las cuotas de poder y al control patrimonial de las organizaciones y sus recursos. En estos años se produjo, además, el declive del agrarismo y el despojo de los campesinos: “El General Juan Valdés, tío del ex presidente Alemán, se ha quedado con las tierras de la Cooperativa de Cacalutla, según se afirma en Acapulco”.²⁵ Lo anterior hace decir a Manuel Gill: “¡Trágico destino el de Acapulco! Primero en poder de los gachupines, ahora en las manos de los políticos ‘revolucionarios’”.

Con todo, se trató también de dos periodos de relativa estabilidad de los poderes locales, como ocurrió con los periodos de los gobernadores Rafael Catalán Calvo y el general Baltasar R. Leyva Mancilla, comprendidos del 1 de julio de 1941 al 31 de marzo de 1951.²⁶ No obstante, por la pugna con los poderes centrales tampoco terminó su periodo el gobernador siguiente, Alejandro Gómez Maganda (1 de abril de 1951-20 de mayo de 1954), quien fue sustituido el 21 de mayo de 1954 por el ingeniero Darío L. Arrieta Mateos y a quien le sucedió el general Raúl Caballero Aburto (1 de abril de 1957-4 de enero de 1961), transición que representó, en la etapa reciente, la situación más trágica en el estado como consecuencia del descontento social que se produce por las estructuras de un poder autoritario y, en el caso de Caballero Aburto, abiertamente represivas, como se manifestó a lo largo de su gestión y con los decretos que promulgó al final de su régimen contra la difusión de ideas, la rebelión y la sedición y otros desórdenes públicos.²⁷

En efecto, no obstante sus proclamas iniciales de acuerdo con la ideología oficial, el general Caballero Aburto reafirmó las medidas autoritarias del poder y dio lugar a una etapa de represión social que terminó trágicamente en diciembre de 1960 con la insurgencia cívica y estudiantil, en varias poblaciones del estado, frente a sus prácticas políticas. La centralización del poder y el nepotismo, rasgos inherentes al régimen político en su conjunto, contribuyeron al desgaste final de su gobierno. Por lo anterior fue relevado el 5 de enero de 1961 por el licenciado Arturo Martínez Adame. Terminó también su mandato el gobernador siguiente, Raymundo Abarca Alarcón (1 de abril de 1963-31 de marzo de 1969), aunque durante su administración se suscitaron graves problemas políticos: en Acapulco fue asesinado por policías estatales el líder de colonos Alfredo López Cisneros; en ese lugar se produjo también una violenta represión a los integrantes de la Unión Regional de Productores de Copra —que demandaban rebajar el impuesto a la copra y el desconocimiento de los líderes oficialistas de su organización—, con un saldo de 82 copreros muertos, 140 heridos y varios desaparecidos, y se encarceló en Iguala a Genaro Vázquez Rojas, líder de la Asociación Cívica Guerrerense (ACG), así como a José María Suárez Téllez, candidato opositor a la gubernatura del estado.

No terminaron tampoco su periodo los dos siguientes gobernadores: el profesor Caritino Maldonado Pérez debido a un accidente en el que murió y fue relevado por Israel Nogueda Otero el 18 de abril de 1971, gobernador sustituto que tampoco terminó por diferencias políticas con el gobernador electo para el periodo siguiente, ingeniero Rubén Figueroa Figueroa. Por esta razón, Javier Olea Muñoz, antiguo procurador durante el régimen de Raúl Caballero Aburto, cubrió un breve interinato entre febrero de 1975 y el 31 de marzo del mismo año.

Además del ingeniero Rubén Figueroa Figueroa (1 de abril de 1975-31 de marzo de 1981), terminaron su periodo el licenciado Alejandro Cervantes Delgado (1 de abril de 1981-31 de marzo de 1987) y el licenciado José Francisco Ruiz Massieu (1 de abril de 1987-31 de marzo de 1993), pero igualmente fue relevado de la gubernatura Rubén Figueroa Alcocer el 12 de marzo de 1996 a causa de la muerte de 17 campesinos provocada por la policía del estado en Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, el 28 de junio de 1995. Se trata, no obstante, de una manifestación más de lo que ha sido común en la estructura del poder local: el recurso a la violencia del gobierno frente a las demandas sociales, con lo que no solamente no se resuelven los problemas de la entidad, sino que se contribuye a agudizarlos en un marco de violencia generalizada y de desapego al Estado de derecho.

Aquí cabe señalar que si bien el retorno político de los Figueroa a la gubernatura del estado en 1975 con Rubén Figueroa Figueroa fue posible, como dice Ian Jacobs, porque habían abandonado “el papel de caciques autónomos locales y se aprendieron las reglas del proceso político del nuevo México”,²⁸ en el caso de su hijo, Rubén Figueroa Alcocer, fue precisamente el agotamiento de esa estructura de poder y las prácticas políticas a que dieron lugar esas reglas lo que complicó su propia administración hasta generar una crisis que lo obligó a abandonar el poder.

En efecto, Figueroa Alcocer fue relevado por quien fungió hasta esa fecha como dirigente estatal del PRI, Ángel Aguirre Rivero. Las reglas del régimen político mexicano dieron lugar a que quien llegara a la gubernatura interinamente fuera aquel político local que más abiertamente había expresado su apoyo al mandatario estatal, pues Aguirre Rivero, en su condición de dirigente estatal del PRI, encabezó dos días antes de la renuncia de Figueroa marchas priístas en Acapulco y Chilpancingo en apoyo del todavía gobernador.

En este caso no se recurrió al Senado para declarar la desaparición de poderes en la entidad. Sin embargo, también prevaleció la voluntad del Ejecutivo al respecto a través de la Secretaría de Gobernación. Fue en esa dependencia donde se habría negociado la renuncia de Figueroa Alcocer, así como las condiciones de su relevo. El secretario general de Gobierno durante los últimos meses de la administración de Rubén Figueroa Alcocer, Zótico García Pastrana —quien fungió también como coordinador del Congreso local—, aseguró que el gobernador “negoció su salida con Emilio Chuayffet —secretario de Gobernación— y propuso como su sustituto a Ángel Aguirre Rivero”. “Él [Figueroa] sabía que la situación era insostenible y que en cualquier momento la Secretaría de Gobernación le pediría su renuncia, que en caso de que se negara a hacerlo el presidente Zedillo iba a solicitar al Congreso de la Unión que declarara la desaparición de poderes en Guerrero”,²⁹ afirmó García Pastrana a un grupo de periodistas el 11 de noviembre, días antes de concluir su periodo como diputado local.

Aun cuando instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría Especial para el caso Aguas Blancas realizaron investigaciones sobre estos hechos de violencia, ha prevalecido otro de los rasgos del régimen: la impunidad como consecuencia de la inexistencia de un Estado de derecho, puesto que el resultado de dichas investigaciones no ha demostrado verdadera responsabilidad de las autoridades estatales y quienes sí han sido consignados, o han negado su participación en la masacre, o bien han declarado haber aceptado su procesamiento judicial a cambio de ciertos beneficios.³⁰

Puede decirse, en suma, que lo que prevaleció en la política local fue la disputa de los distintos grupos por acceder al poder y beneficiarse con él. A ello contribuyó la inexistencia de poderes públicos que obraran conforme a derecho y respondieran en su estructura y fines a lo dispuesto por la Constitución. Pero aunado a lo anterior, y en el marco del funcionamiento del régimen político, las destituciones de gobernador tienen su origen en las pugnas por el poder entre los grupos locales y en las circunstancias y apoyo que encuentran en el “oficialismo revolucionario”.

También en este sentido se hace prevalecer la voluntad presidencial. Teresa Estrada lo hace notar de la siguiente manera: “Los casos de declaratoria de desaparición de poderes en Guerrero revelan la mediación del Senado como instrumento de la voluntad presidencial; muchas veces por encima de esa misma norma, así como un marcado intervencionismo federal en la soberanía estatal”.³¹

De esta manera, las sucesivas intervenciones de los poderes federales en la desaparición de los mismos en la entidad no solamente no se ajustan a un Estado de derecho, sino que tampoco tienen como propósito el de preservar poderes políticos constitucionales abocados al cumplimiento de las normas establecidas, puesto que la desaparición de poderes obedece, más bien, al interés de someter a los poderes públicos locales a los dictados del Ejecutivo. La inestabilidad política de los gobiernos guerrerenses ha obedecido así, sobre todo, a la carencia de legitimidad constitucional de esos gobiernos y a las pugnas por el poder local y nacional con el concurso de mecanismos de poder informales que han contribuido a fortalecer un sistema político presidencialista en detrimento de poderes públicos autónomos y atentos a la demanda social.

El caso guerrerense: ¿anomalía o realidad del régimen político mexicano?

No es el uso del poder o el hábito de la obediencia

lo que deprava a los hombres, sino el desempeño

de un poder que se considera ilegítimo, y la obediencia

al mismo si se estima usurpado u opresor.

Alexis de Tocqueville, La democracia en América

Después de destacar dos de los aspectos característicos de la forma en que operan los poderes políticos en el estado de Guerrero, nos referimos a la inestabilidad de los mismos y a su desapego a las leyes; conviene preguntarse en qué medida estos rasgos son el resultado del carácter y condiciones impuestas por el régimen político mexicano a nivel local, así como la relación que existe entre los procedimientos de la estructura del poder y la forma en que estas prácticas están vinculadas al atraso, tema que habremos de desarrollar en la segunda parte.

La clave para explicar la forma en que operó el régimen político, tanto a nivel nacional como a nivel local, se encuentra, desde nuestro punto de vista, en el carácter primero federativo del PNR y después corporativo del sistema. Al respecto conviene recordar que la Constitución de 1917 surgió como un documento de cierta radicalidad, sobre todo por lo que se refiere a los artículos 3, 27 y 123, en los que se reconoce el rezago educativo y el atraso social y económico de la gran masa de la población campesina y de los obreros, lo que justificó el contenido social de la Constitución, puesto que esos artículos que trataban la reforma agraria, los derechos obreros y la educación bajo un criterio de democracia que incluso se definió como “sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”,³² hacían explícito el compromiso de la revolución con la atención a los grandes problemas del país. Habría que subrayar que en medio de las contradicciones de los intereses sociales representados en la revolución, el nuevo régimen se comprometía con el desarrollo educativo, social, económico y cultural como condición de su propia legitimidad.

Sin embargo, las estructuras de poder informal que terminaron por prevalecer, así como el carácter corporativo y jerárquico del sistema político, pronto habrían de desvirtuar los postulados sociales del régimen en función de un desarrollo económico acelerado y concentrador del ingreso. En este caso, el corporativismo resultó eficaz no para resolver las demandas sociales de la población, sino precisamente para moderarlas y bloquear la formación de fuerzas políticas independientes. El régimen mexicano se habría de enfrentar así a lo que ha sido su gran dilema: el carácter excluyente de la expansión económica y el desarrollo desigual de las regiones han puesto en cuestión los logros sociales del gobierno que, por lo demás, constituían la justificación del corporativismo y de la alianza social en que se apoyaba, habiéndose consolidado durante el gobierno de Cárdenas.

En efecto, los postulados sociales de la revolución y la movilización campesina y de los trabajadores que dieron lugar a la viabilidad del Estado, así como a la satisfacción de ciertas demandas populares, propiciaron una alianza entre los trabajadores y el Estado que se afirmó a través de un mecanismo político corporativo de control vertical. El resultado de ello fue que mientras se ampliaba la base económica del país en las condiciones de un desarrollo económico desigual conforme a las distintas actividades económicas, por otra parte la incorporación de las distintas fuerzas sociales a la acción del gobierno impidió la construcción de un orden político fundado en el pluralismo.

Más tarde, la estructura por sectores del partido de Estado frenó el movimiento social o bien lo redujo drásticamente. Todo ello en función de los requerimientos de la burocracia estatal. No obstante, la clave del funcionamiento del régimen político se encuentra en el corporativismo, porque este permitió que los distintos grupos sociales organizados bajo la tutela del Estado se convirtieran, en realidad, en extensiones del mismo, dando lugar así a nuestra peculiar estructura de poder.

Tal situación determinó que las demandas sociales fuesen recogidas y procesadas por las instituciones gubernamentales no en función de las carencias y necesidades reales, sino sobre todo por la presencia efectiva que las distintas organizaciones nacionales y locales alcanzaban dentro de esta estructura de poder. Ello explica que en situaciones como las de Guerrero, con un marcado atraso, las condiciones para impulsar esas organizaciones fueran realmente limitadas y, como se puso de manifiesto desde un principio, prácticamente se reducían al ámbito campesino, además de que la debilidad de las mismas afirmó su condición de meras extensiones del poder político local y nacional.

Para mostrar la manera en que lo anterior se presentó en Guerrero conviene volver a lo ocurrido con los gobiernos de Adrián Castrejón y Gabriel R. Guevara, es decir, conviene tener presente el maximato de Plutarco Elías Calles y el gobierno de Lázaro Cárdenas, pues son estos los años que parecen ser decisivos en la conformación de las prácticas del poder en México.

En efecto, es entre 1929 y 1940 cuando se consolidó una estructura del poder y un ejercicio del mismo de carácter plenamente centralista y donde privó la voluntad del Ejecutivo a través de la eficacia con que se desempeñaron, sobre todo, el PNR primero, y el PRM después, como partidos dependientes, primero de la voluntad del “Jefe Máximo” y, posteriormente, del presidente en turno. Esta situación se reproduce en las estructuras políticas locales.

Al respecto, y como lo señalamos, el asesinato de Álvaro Obregón llevó a Calles a buscar una salida de carácter institucional, pero que al mismo tiempo le permitiera mantener el control de la política nacional. Bajo estas circunstancias Calles concibió la necesidad de un organismo político que fungiera de acuerdo con los requerimientos del oficialismo revolucionario. En sentido estricto, se trataba de revestir de una cierta forma institucional la voluntad política del “Jefe México” y de constreñir las prácticas del poder en México a esa estructura de poder. El ejercicio de la política fuera del PNR, del PRM y del PRI, fue imposibilitado por el propio Estado.

Rafael Loyola Díaz recogió en su libro La crisis Obregón-Calles y el Estado mexicano los motivos expuestos por Emilio Portes Gil para la creación de ese organismo político del régimen, destacando al respecto la necesidad de una organización que integrara a los “dispersos elementos revolucionarios y disciplinara debidamente a las tendencias dislocadas de los grupos regionales”, con el propósito de “trazar los cauces del progreso de la nación”.³³ En suma, se necesitaba un partido que diera lugar a la organización del oficialismo revolucionario, así como al desarrollo de la nación. Todo ello, por supuesto, bajo la égida de Calles. Lo decisivo es que se accedía así a un arreglo aparentemente institucional para hacer valer la voluntad de quien bajo esas condiciones se había convertido en el hombre fuerte del poder en México: Plutarco Elías Calles.

Es en ese sentido que el PNR respondió a la necesidad de ampliar el poder político del “Jefe Máximo” a todos los ámbitos del país, de allí su carácter federativo. Por lo demás, la estructura corporativa reforzó tal poder, en manos del Presidente después de 1938 con el PRM. Por ello, en sentido estricto no se trató de establecer un partido político, en el sentido democrático-liberal del término que diera lugar a una competencia abierta por el poder, sino más bien se buscó crear una organización como sustento del régimen mexicano para asegurar el control político de la nación.

Podemos decir, así, que con el PNR se buscaba constituir un frente que integrara a los cientos de grupos revolucionarios que se manifestaban en el país bajo un mando único a cuyas decisiones todos se sometieran. Lo anterior como resultado del pragmatismo político de Calles a fin de hacer valer sus propósitos tanto en el ámbito de esos grupos, como por extensión en la sociedad.

Por lo que se refiere al papel que cumplieron las organizaciones impulsadas por el gobernador Adrián Castrejón en el contexto de esa nueva estructura del poder en México, cabe decir que tanto el Partido Socialista de Guerrero como la Liga de Comunidades y Sindicatos Campesinos del Estado de Guerrero habrían de cumplir con el objetivo primordial del PNR, por lo demás formulado en el momento mismo de su constitución el 4 de marzo de 1929: ganar las elecciones presidenciales de noviembre de ese año en favor de Pascual Ortiz Rubio.

Así, Adrián Castrejón en su primer informe de gobierno del 1 de diciembre de 1929 y de conformidad con lo dispuesto por el gobierno de Emilio Portes Gil, a la vez que instrumentaba medidas represivas pretendió dar la imagen de neutralidad en el proceso electoral, invocando incluso una supuesta actitud democrática al afirmar que “el Ejecutivo a mi cargo giró una circular a todos los presidentes municipales recomendándoles que en lo absoluto se abstuvieran de interponer su influencia [el gobernador Castrejón seguramente quería decir lo contrario] en pro o en contra de determinada candidatura”. Castrejón afirmaba, unas líneas antes, que las elecciones para presidente de la República “se verificaron sin que se registraran choques sangrientos, con excepción de la ciudad de Iguala, en la que los vasconcelistas, dieron la nota salvaje y antidemocrática del asalto a tres casillas, habiendo sido lesionado con tal motivo un representante del Partido Socialista del Estado”.³⁴

En esas condiciones, el Partido Socialista de Guerrero y la Liga de Comunidades y Sindicatos Campesinos del estado cumplieron plenamente su papel como parte de la nueva maquinaria política impuesta por el régimen, como lo demuestran las cifras expuestas por Ian Jacobs al respecto. De acuerdo con estas, en las elecciones presidenciales de noviembre de 1929 Pascual Ortiz Rubio habría obtenido en la entidad 40 855 votos frente a 216 para José Vasconcelos y para el candidato comunista Pedro Rodríguez Triana,³⁵ cifras realmente increíbles como las que se dieron a nivel nacional: 1 947 848 votos para Ortiz Rubio, 110 979 para Vasconcelos y 23 279 para Rodríguez Triana.³⁶

La consolidación de esa maquinaria política tanto a nivel nacional como local para asegurar el control político del país explica, también, que Gabriel R. Guevara, quien sucedió a Adrián Castrejón con intereses latifundistas abiertamente opuestos a este último, proclamara que “no se propugne por la irrisoria igualdad política, que ha sido el opio con que se han adormecido a las masas trabajadoras, sino que su acción se dirija hacia la conquista de la igualdad económica”.³⁷ Tal afirmación, de un carácter puramente declarativo, solamente puede explicarse en correspondencia a la sumisión política e ideológica impuesta desde el proyecto y realización de un organismo dócil a los dictados del “Jefe Máximo”. En realidad, el atraso económico del estado y la debilidad organizativa de los campesinos exacerbaron las estructuras de poder jerárquicas y centralistas y convirtieron a los campesinos en la base electoral del régimen a nivel local. De allí la inadecuación entre la ideología oficial y el ejercicio real del poder.