Desafíos para la seguridad y la defensa en el continente americano 2020-2030

Este tipo de enfoque no cambiará de acuerdo con el resultado electoral de los Estados Unidos. Al promediar los ocho años de gobierno de Barack Obama, tras participar en Beijing de un encuentro bilateral de alto nivel, el entonces vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo públicamente: “Estados Unidos es y seguirá siendo la potencia del Pacífico”.

En el segundo período del último gobierno demócrata, el presidente cambió las prioridades del sistema de defensa y el Asia pasó a ser la primera prioridad, desplazando al Medio Oriente. En función de este cambio, en el mismo gobierno se estableció la primera base militar permanente en Australia, con una dotación de 3.000 infantes de marina, de acuerdo con el nuevo enfoque.

5. Ártico, Antártida y el espacio en la visión de Estados Unidos

El Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos es el organismo que define la visión de largo plazo sobre la cual los servicios de inteligencia y, en alguna medida, el Gobierno en su conjunto perciben el futuro. Se presenta coincidiendo con el cambio de administración y el último, el que plantea su visión del mundo para 2035, es el sexto. La complejidad de la situación llevó al documento “Tendencias Globales 2035” a eludir una definición sobre los escenarios por región para dentro de dieciocho años, como se había dado en los cinco documentos precedentes, optando por reducirlos para los próximos cinco años. Define que las regiones y países estarán sometidos a un fuerte “estrés”, el que será económico, político, social, geopolítico y ambiental. Divide al mundo en ocho regiones, las que coinciden con la división de trabajo vigente en el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional, el Pentágono y la CIA, entre otros departamentos y agencias: Asia Oriental y Sudoriental (China, India y sus áreas de influencia); Asia del Sur (India, Pakistán, Afganistán, etc.); Oriente Medio y África del Norte (del mundo musulmán a Israel); África subsahariana (Nigeria, Angola, Sudáfrica, etc.); Rusia y la mayoría de las ex repúblicas soviéticas, incluyendo el Asia Central con el concepto de Eurasia; Europa, que hoy es la Unión Europea y el Reino Unido; Norteamérica (Estados Unidos, Canadá y México), y Sudamérica. La novedad respecto de los documentos previos es que incorpora dos más: el Ártico y la Antártida, y el espacio, los que confirman la tendencia global hacia la ocupación de donde no ha llegado la soberanía nacional de los Estados.

Los cambios ambientales en el Ártico darán forma al clima global y al acceso a las vías de tránsito clave durante los próximos cinco años y continuará produciendo alertas tempranas del clima cambiante. Los veranos totalmente libres de hielo probablemente permanecerán una década o más, pero un Ártico cada vez más navegable lo convertirá también en una región con más problemas económicos y de seguridad. El derretimiento del hielo plantea la posibilidad de rutas comerciales más cortas entre los principales bloques comerciales, como exportaciones a China, Japón y Corea del Sur, a Europa y América del Norte. Un Ártico más abierto creará como problema la carencia de infraestructura para ello. Los recursos naturales, el clima peligroso y el hielo no amortiguarán los intereses comerciales o nacionales de sus enormes riquezas. Es la mayor área inexplorada de petróleo del mundo y podría contener 90.000 millones de barriles, 1.700 billones de pies cúbicos de gas natural y 44.000 millones de barriles de gas natural líquido. Pero es improbable que se explote en los próximos cinco años si no suben los precios del petróleo y el gas. El desarrollo minero seguirá siendo teórico sin infraestructura de transporte, pero aumentará el acceso a la pesca por el derretimiento del hielo.

El calentamiento de la Antártida se ha frenado por la profundidad y expansión del océano Austral y las capas de hielo de varios kilómetros de espesor en el Polo Sur son más resistentes que en el Ártico. Pero la rápida desintegración de la plataforma de hielo Larsen B en 2002 y el retiro en curso de la Pine Island y el glaciar Thwaites muestran cómo el hielo rápido de la periferia de la Antártida se puede perder. Se ha detectado una grieta que se desarrolla en Larsen C-Antártica que podría generar un trozo de hielo separable del tamaño del estado norteamericano de Delaware. Se acortan las estimaciones de tiempo sobre cuándo puede suceder. La pérdida de las plataformas de hielo y el retiro glacial exponen el hielo del interior de la Antártida al agua del océano y ello puede acelerar el aumento del nivel del mar. Solo la Antártida Occidental puede elevar el nivel del mar en más de tres metros en todo el mundo. Más allá del nivel de hielo, sigue siendo una región geopolítica importante. El Tratado Antártico de 1959, que dejó en suspenso el ejercicio de la soberanía de los países que la reclaman y estableció que el continente es una reserva científica, puede ser el tratado internacional más exitoso del mundo. Pero el aumento de las actividades rusas y chinas puede generar violaciones al Tratado y un cambio de actitud en países que reclaman soberanía, como Australia, Nueva Zelandia y Noruega.

Geopolíticamente, estas regiones han tenido un lugar destacado en las estrategias de seguridad nacional de los países más relevantes y la disminución del hielo marino aumenta oportunidades económicas. En el Ártico, las naciones de la región tienen preocupaciones sobre la seguridad y el medio ambiente. Las duras condiciones climáticas y los intereses económicos a largo plazo han fomentado la cooperación entre los países limítrofes de este océano. Rusia, probablemente, seguirá reforzando su presencia militar a lo largo de su costa norte para mejorar su defensa perimetral y el control de su zona económica exclusiva (ZEE). Seguirá buscando apoyo internacional para su reclamo de plataforma continental ampliada y puede estar más decidida a rechazar el rol internacional en esta región. El Consejo del Ártico, integrado por las cinco naciones que tienen territorio soberano dentro del Círculo Polar Ártico (Canadá, Dinamarca —por Groenlandia­—, Noruega, Rusia y Estados Unidos), continúa aumentando su relevancia. Están tratando de definir sus límites en el océano Ártico, de acuerdo con el Derecho del Mar, que todos han ratificado menos Estados Unidos. Desde su creación en 1996 dio reconocimiento a cinco comunidades indígenas y condición de observador permanente a 12 países; entre ellos, China, India y Japón. A ello se agrega que Groenlandia se encuentra en un proceso de independencia respecto de Dinamarca.

El espacio muestra importancia creciente por parte de las grandes potencias en cuanto a su exploración, utilización y ocupación. Cinco cuestiones se dan respecto al mismo:

a) Exploración espacial multinacional. India fue el primer país en poner una sonda espacial en una órbita marciana en 2014 con su misión Mars Orbitar. El mismo año, tras una misión de diez años, la sonda Rosetta de la Agencia Espacial Europea llegó al cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, aterrizando un módulo en su superficie. En 2015, Estados Unidos patrocinó a Dawn, la primera nave espacial diseñada para explorar los planetas enanos Vesta y Ceres e hizo su primer viaje a Plutón y sus lunas con la misión New Horizons. Las misiones planificadas en los próximos cinco años incluyen viaje terrestre y regreso al asteroide Ryugu y el aterrizaje en el lado oscuro de la Luna.

b) Comercialización. El espacio ya no es solo para los gobiernos. Empresas privadas, como SpaceX, Blue Origin y Virgen Galactic, han montado sus propios programas para lanzar humanos al espacio por los beneficios futuros y la reducción de los presupuestos estatales, como el de la NASA.

c) Nuevos sistemas de navegación por satélite (GNSS). Se espera que el sistema Galileo de navegación por satélite de la UE esté en plenitud en algún momento de 2020. Mejorará la navegación espacial en varios sentidos y se unirá al GPS de Estados Unidos, al GLONASS de Rusia, al BeiDou de China y a sistemas regionales de India y Japón.

d) Basura espacial. Más de medio millón de piezas de desechos espaciales son rastreados mientras orbitan la Tierra. Muchos millones de piezas no pueden ser rastreadas, pero también implican riesgos para satélites y naves espaciales. Se harán necesarias medidas internacionales.

e) La militarización del espacio. A medida que el espacio se vuelve más congestionado, también es cada vez más disputado. El inmenso valor estratégico y comercial de los activos del espacio exterior hará que las naciones luchen cada vez más por el acceso, uso y control del espacio. El despliegue de tecnologías antisatélites, diseñadas para deshabilitar o destruir satélites, podría intensificar la tensión global. Es una pregunta si los países que más navegan el espacio (Estados Unidos, Rusia y China) podrán acordar un código para regular eventuales conflictos.

6. Antártida y Atlántico Sur en 2020

Este año ya rige el acuerdo de los cinco países ribereños del mar Caspio para ejercer soberanía sobre su lecho a partir de un convenio establecido entre ellos al margen del resto de la comunidad internacional (Rusia, Turquía, Kazajistán, Turkmenistán y Azerbaiyán). Es un paso más en el proceso de “nacionalización” de espacios marítimos cerrados que se inicia en 2007 cuando un buzo ruso clavó la bandera de su país en la cordillera de Lomonosov, en el fondo del Ártico.

El conflicto entre Turquía y Grecia, por la explotación de recursos naturales en el lecho del Mediterráneo Oriental, confirma la tendencia mencionada. En febrero de este año, Rusia conmemoró el bicentenario del descubrimiento de la Antártida por la Armada del Zar. Para este país, la flota que entonces recorrió los mares de la Antártida dejando señales de la soberanía rusa que el tiempo ha borrado, y denominando con el nombre del Zar Alejandro los mares y tierras también descubiertos (según la interpretación rusa, fue el primer registro de ejercicio de presencia estatal en la Antártida). Con esta base, el Libro Blanco para la Antártida, presentado por Rusia hace una década, mantiene que este país no sostiene que el descubrimiento le dé derecho a reclamar soberanía, pero no renuncia a hacerlo: una ambigua fórmula diplomática para dejar todas las opciones abiertas.

Pero coincidiendo con este aniversario, Rusia creó la Inspección para la Antártida, un organismo cuya función es la aplicación de su derecho nacional a las relaciones jurídicas —incluso delitos— que afecten a sus ciudadanos en la Antártida.

Además del nuevo mapa, el gobierno argentino anunció la construcción del nuevo buque polar para el Atlántico Sur, en el marco de la reestructuración del complejo militar industrial que integran Tandanor, INVAP, Fadea y Fabricaciones Militares. La capacidad científico-tecnológica es un punto clave en las relaciones internacionales y la soberanía efectiva de las naciones.

La Argentina puede plantearse hoy avanzar hacia un buque polar nuclear. La capacidad que tiene el INVAP pone a la Argentina a la cabeza del desarrollo nuclear y espacial en América Latina. Un buque polar a propulsión nuclear —no es un sistema de armas ofensivo— marcaría un protagonismo de Argentina en la zona y un nivel tecnológico sin precedentes. Dos son los países que se especializaron en este tipo de buques: Rusia y Finlandia, ambos para navegar en el Ártico. El modelo ruso se compone de grandes buques que no parecieran ser adecuados para un proyecto argentino. Los buques de Finlandia, por otro lado, por su dimensión y costo, sí son un proyecto posible para la Argentina, que no debería renunciar a sus capacidades tecnológicas en función de sus intereses estratégicos.

En conclusión, el Atlántico Sur, la Antártida y su inevitable vinculación con el reclamo soberano por Malvinas, pueden constituir un área prioritaria para el interés estratégico de nuestro país: realizar los esfuerzos para ello resulta vital pensando la Argentina del 2030.

Bibliografía

Centro de estudios nueva mayoría. Balance Militar de América del Sur 2017. Buenos Aires, 2017.

Escuela de defensa nacional. Atlántico Sur 2018.

Fontana, Pablo. La pugna antártica: El conflicto por el sexto continente 1939-1959. Guazuvirá Ediciones, Buenos Aires, 2014.

Fraga, Rosendo. Por qué es tiempo de reclamar por nuestros intereses en la Antártida. Publicado en Infobae, 25/02/2017.

Fraga, Rosendo. ¿Cuáles son las razones económicas de la carrera espacial? Publicado en El Cronista Comercial, 11/08/2020.

Fraga, Rosendo. El creciente rol militar en la región. Publicado en diario Clarín, 24/09/2020.

Fraga, Rosendo. La revancha de la geografía. Publicado en diario Perfil, 09/10/2020.

Fuerza Aérea Argentina: Antártida y sus Archipiélagos Subantárticos. Factores para su análisis. 5 tomos. Buenos Aires, 1987.

The National Intelligence Council: Global Trends 2035.

Situación de la Seguridad y Defensa de Brasil para la década de 2020-2030

Thiago Rodrigues

Mariana Kalil

1. Introducción

El país más extenso de América del Sur enfrenta un momento de múltiples desafíos. La crisis política, empezada en 2013 con masivas protestas en contra del gobierno de Dilma Rousseff (Partido de los Trabajadores), sigue viva entre la profundización de la desconfianza ciudadana ante las instituciones políticas, la pérdida de legitimidad del sistema partidario, la creciente polarización político-ideológica, el aumento de la inestabilidad laboral y la debilidad de la economía brasileña. En un escenario así de complejo, la política de Estado para la defensa es impactada tanto en términos de presupuesto como en cuestiones conceptuales e institucionales.

Por un lado, hay una tradición de la burocracia cívico-militar en el Ministerio de Defensa que defiende la continuidad de los objetivos históricos de la defensa brasileña. Esta tradición incluye elementos como garantizar el control y la soberanía de un inmenso territorio (8.516.000 km2), de una extensa área de aguas territoriales (3.600.000 km2) y de 7.367 km de fronteras terrestres, limítrofes con nueve de los 11 países sudamericanos, además de 730,4 km con el departamento francés de ultramar de la Guayana. Por otro lado, se refiere a la consecución de proyectos de largo plazo, como la renovación de la flota de aviones de caza (en cooperación con Suecia) y la producción de una nueva generación de submarinos diésel-eléctricos y del primer submarino de propulsión nuclear (ambos en cooperación con Francia). Los dos programas tienen como elemento clave la transferencia de tecnología que permitirá al Estado brasileño avanzar en la producción propia de vehículos militares y en la aplicación dual (civil y militar) de hallazgos científicos derivados de dichos proyectos.

No obstante, la situación geopolítica de Brasil genera presiones de nuevo tipo, principalmente las producidas por el tránsito ilegal a través de las fronteras terrestres, fluviales y marítimas. El tráfico de drogas y el tráfico de armas presentan desafíos concretos para la seguridad pública brasileña y la expansión de sus flujos transnacionales revelan tanto la reubicación de Brasil en la geoeconomía global de narcotráfico, como también la porosidad y las dificultades técnicas y operativas para el eficiente control de las enormes extensiones fronterizas, en su mayoría ubicadas en zonas de bosques tropicales (la Amazonía y el Pantanal). El crecimiento de las actividades ilegales asociadas al llamado “crimen organizado” desde la década de 1990 ha impactado las discusiones sobre el rol de las Fuerzas Armadas brasileñas, pues el empleo de militares en cuestiones de seguridad interna es un tema delicado para una sociedad que salió de dos décadas de régimen autoritario liderado por militares (entre 1964 y 1985). Así, el problema de las llamadas “nuevas amenazas”, concepto abierto que incluye diversos tipos de actividades ilegales conducidas por actores no estatales, se relaciona, en Brasil, con la memoria social e institucional del autoritarismo político y, por tanto, a la discusión sobre el rol de los militares y el delicado tópico del control civil sobre las Fuerzas Armadas.

Al mismo tiempo, la llegada a la Presidencia de la República, en 2019, de Jair Bolsonaro —un excapitán del Ejército de Brasil— abrió importantes interrogantes sobre la actuación política de los militares. La plataforma política de Bolsonaro está basada en un discurso de carácter nacionalista que ha atraído apoyo de militares de todos los rangos y de las tres fuerzas. La burocracia y los ministerios del presente gobierno se han llenado de militares activos y de la reserva (alrededor de un total de 6.000 militares). No obstante, es un equívoco analítico entender a los militares en Brasil como un bloque unificado, sin considerar matices y diferencias de opinión que influencian a la toma de decisiones y a la formulación de políticas de defensa. Por esa razón, este capítulo busca presentar el proceso de elaboración de las políticas de defensa que resultaron en los tres documentos clave de la Defensa Nacional (la Política de Defensa Nacional, la Estrategia de Defensa Nacional y el Libro Blanco de la Defensa Nacional), los tres de 20201 y que son el resultado de distintas opiniones y perspectivas sobre la defensa que surgen de civiles y militares que ocupan puestos de formulación de políticas dentro del Ministerio de Defensa. Estos documentos fueron producidos sin el aporte de ideas de expertos civiles, de partidos o sindicatos, de la prensa o de movimientos sociales y sin una discusión abierta entre los diputados y senadores. Organizaciones académicas como la Asociación Brasileña de Estudios de Defensa (ABED) y la Comisión de Defensa y Relaciones Exteriores del Congreso Nacional no fueron consultadas por los elaboradores de los tres documentos. En ediciones anteriores de dichos documentos (2012 y 2016) hubo eventos de consulta del Ministerio de Defensa a expertos y a la sociedad civil.

El escenario político interno de Brasil que vio nacer los documentos de defensa es complejo y la falta de transparencia en el proceso de elaboración de los mismos dificulta su análisis por parte de autores/as ubicados en universidades y think tanks. Además de esta importante limitación analítica y de su significado político, el ambiente internacional en que se inserta Brasil enseña cambios y desplazamientos que no son claros. El “entorno estratégico nacional” de Brasil sigue, como veremos en los documentos de defensa, definido en sus marcos tradicionales, estableciendo como áreas de interés prioritario a América del Sur, al Atlántico Sur, a la costa sudoccidental de África y a la Antártica. Sin embargo, Brasil ya no proyecta sus pretensiones globales en el campo de la diplomacia multilateral, del fomento a la cooperación Sur-Sur, de la cooperación en temas de defensa con naciones en desarrollo y de la actuación internacional de empresas públicas y privadas. Desde el gobierno de Dilma Rousseff (2010-2016), pasando por el gobierno de Michel Temer (2016-2018) y llegando al actual, Brasil ha disminuido su actuación como global player. Esta tendencia es importante y consistente; por esa razón, la tomaremos en cuenta para presentar en este capítulo un ejercicio de escenarios posibles de acción brasileña en el campo de la defensa para la próxima década.

Además de los estudios e investigaciones mencionados arriba, usamos como fuente primaria el documento de trabajo liberado por el Ministerio de Defensa para la producción de escenarios de defensa entre 2020 y 20402. Seguimos, así, los cuatro posibles escenarios para la seguridad y la defensa de Brasil en la década indicados por este documento, con énfasis en el decenio entrante. Los cuatro escenarios considerados son:

1) Alineamiento con los Estados Unidos con restricción de presupuesto;

2) Alineamiento con los Estados Unidos sin restricción de presupuesto;

3) Autonomía y diversificación de alianzas con restricción de presupuesto, y

4) Autonomía y diversificación de alianzas sin restricción de presupuesto.

La polarización de las sociedades en general y de la brasileña en particular ha hecho que los escenarios para la seguridad y la defensa de Brasil entre 2020-2030 sean radicalmente opuestos: o de alineamiento con los EE. UU. o de autonomía; sin o con presupuesto. Las fake news, a su vez, no ayudan a hacer una lectura más fiable del contexto internacional a la población y a los tomadores de decisiones, tampoco facilitan una interpretación más uniforme de la importancia de las Fuerzas Armadas y de las cuestiones de seguridad y defensa dentro del presupuesto público. Así, los cambios electorales tienden a tener gran impacto sobre la política de defensa de Brasil durante la próxima década.

Las dos variables importantes de los cuatro escenarios presentados son la política exterior y la disponibilidad doméstica de presupuesto. La cuestión del presupuesto depende de gestiones domésticas y del contexto internacional. Hay dos posibilidades de posicionamiento en la política exterior: el alineamiento con los EE. UU. o la autonomía con diversificación de alianzas. Ellas dependen principalmente de las líneas establecidas por el Presidente ante lo que se entiende como el mandato de la opinión pública. Como los cambios en la opinión pública son también impactados por las tendencias del contexto internacional, la lectura de los sucesos globales es relevante para la política de seguridad y defensa de Brasil entre 2020 y 2030.

Con la polarización político-ideológica, las interpretaciones del contexto internacional tienden a ser favorables o desfavorables a Brasil, sin muchos matices. Tomando en cuenta esta característica, la política de defensa de Brasil presenta tres desafíos en la década que se inicia:

1) La cuestión de Venezuela

2) La cuestión de la Amazonía

3) La cuestión china

Los temas globales (como el calentamiento global), la distribución de poder entre las grandes potencias y las amenazas no tradicionales tendrán impacto sobre cómo Brasil actuará en las tres cuestiones dentro de los cuatro posibles escenarios para la seguridad y defensa del país entre 2020 y 2030. Con esto en mente, organizamos este capítulo en dos partes: una, considerando las posibles reacciones de Brasil ante el escenario global y otra, incluyendo las configuraciones posibles de las políticas de defensa ante las “amenazas transnacionales”. El ejercicio considerará las combinaciones entre las variables presentadas arriba, y así presentar un marco analítico de las tendencias de las decisiones y acciones de Brasil en temas de defensa en su entorno estratégico.

2. Brasil ante la distribución de poder entre las grandes potencias

Hace mucho tiempo ya se piensa la distribución de poder entre las grandes potencias mirando la posición relativa y absoluta de los EE. UU. La ilusión de un momento unipolar en la década de 1990 ya se mitigaba con la importancia de las amenazas no convencionales (no estatales y transnacionales), presentes incluso en el territorio de los EE. UU. Los atentados terroristas en el World Trade Center (1993) y en los Juegos Olímpicos de Atlanta (1996) habían llevado al territorio de la superpotencia una nueva realidad en la cual el hard power, o el poder militar y económico, no se transformaba automáticamente en influencia geopolítica que pudiera traer la paz doméstica o internacional, mientras el soft power, la expansión del way of life de EE. UU., con la idea de exportación de democracia, se presentaba como una tarea difícil, costosa y polémica, convirtiéndose en parte del problema respecto de la mantención de la hegemonía global estadounidense3.

En Latinoamérica, el apoyo de Estados Unidos al fallido golpe de Estado en contra de Hugo Chávez, en 2002, enseñó nuevos límites a la capacidad de influencia e intervención estadounidense en América Latina, región donde históricamente ha tenido influencia geopolítica4. Como reacción a dicho apoyo, hubo un rechazo al modelo de exportación de democracia en América Latina y el Caribe, territorios tradicionalmente bajo la égida de los EE. UU. Con la pink wave en América del Sur (la elección de gobiernos de centroizquierda) y los cambios en la política exterior de China (que pasó a mirar hacia América Latina), hubo un crecimiento de la cooperación económica de Beijing con los países de la región. Mientras desde 2009, y a pesar de la actual blue wave (la llegada al poder de grupos políticos nacionalistas de derecha), hubo una diversificación temática en la presencia china en la región con, por ejemplo, la instalación de la Estación de Espacio Lejano en Argentina, la zona franca con puerto en Uruguay, acuerdos de asistencia militar con Bolivia, Ecuador, Perú y Uruguay, entre otros. La pandemia de covid-19 abrió una nueva oportunidad de ampliar las relaciones con China, aunque los gobiernos de derecha (principalmente el brasileño), busquen distanciarse de Beijing políticamente. Los contactos ampliados con China ante la pandemia fueron el resultado de una inédita actuación de las unidades subnacionales que, bajo la legitimidad constitucional para el ejercicio de la paradiplomacia, han establecido acuerdos directamente con Beijing para la compra de equipos médicos, insumos hospitalarios y vacunas experimentales.

La paradiplomacia emerge de las directrices de los estados de la federación donde los gobernadores tienen pretensiones de lanzarse a las elecciones, como San Pablo y Maranhão. Así, la “corona-diplomacia” china ganó espacio en Brasil, surgiendo como la única colaboración estatal con Brasil durante la pandemia, ya que la vacuna británica desarrollada con institutos brasileños es privada. Mientras tanto, el gobierno de Donald Trump, con una posición claramente anti-China y, además, negacionista respecto de la gravedad de la pandemia, ha limitado su apoyo al gobierno de Bolsonaro al envío de insumos ya abundantes en Brasil, como es el caso de la hidroxicloroquina. Esta medicina es defendida por el gobierno de Bolsonaro y fue enviada por los EE. UU. a Brasil tan solo días antes de que el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades del gobierno federal estadounidense oficializara su evaluación sobre el no funcionamiento de dicho compuesto contra el covid-19.

Esa actitud de los EE. UU. muestra su visión de que los negocios hechos con China tienen naturaleza política, sobre todo en un contexto de creciente controversia comercial entre Washington y Beijing, y frente a la disputa de poder sino-americana en el mundo. Cuando envía medicamentos que no son escasos a Brasil, mientras alimentan la polarización ideológica de la nación legitimando a los sectores favorables a un alineamiento automático con Washington, los EE. UU. actúan estratégicamente, debilitando al gobierno brasileño en el nivel doméstico. No obstante, el envío de ayuda redundante es tomada por el gobierno de Bolsonaro como expresión de la alianza y colaboración entre Brasil y los Estados Unidos.

Dos de los principales desafíos para la seguridad y la defensa de Brasil entre 2020 y 2030 respecto de la distribución de poder entre las grandes potencias serán, por lo tanto, encontrar un difícil punto de equilibrio entre su política exterior respecto de los EE. UU. y de China bajo un escenario de grandes impactos domésticos, en términos de polarización político-ideológica de las opciones en política externa. Entendemos que no importa qué partido gobierne a los EE. UU. a partir de 2020, la política exterior estadounidense buscará retomar un lugar protagónico para el país, sobre todo en Latinoamérica. Los medios utilizados, como siempre, pueden variar según el énfasis en el hard power o el soft power; sin embargo, la interferencia en el debate público brasileño por parte de los EE. UU. no parece ser una tendencia menguante. Garantizar que el gobierno brasileño mire a la proximidad con China, no solo en lo comercial, como contraria a los intereses y valores nacionales, parece ser fundamental para la retomada de poder por los EE. UU. en la región. Eso tendrá impacto directo sobre qué escenario prevalecerá, pues China es el más importante comprador internacional de las exportaciones brasileñas (soya, carne, minerales), mientras el principal grupo económico que apoya a Bolsonaro es precisamente el agroindustrial, dependiente de las compras chinas. Por lo tanto, se está armando el escenario para una tensión entre intereses económico-comerciales, colaboración estratégica internacional, alineamiento diplomático y afinidades ideológicas.

La distribución de poder entre grandes potencias tiene otra peculiaridad en Sudamérica. La crisis política, económica y social en Venezuela ha traído a Moscú al centro de la geopolítica regional, pues el gobierno de Vladimir Putin apoya explícitamente al régimen de Nicolás Maduro, con el envío de consultores militares, venta de equipos militares y recursos financieros. La llegada de los intereses geopolíticos y económicos rusos a América Latina pone fin a la pérdida de presencia de Moscú en el continente americano desde que la disolución de la Unión Soviética en 1991 hizo retroceder la influencia sobre el régimen cubano. Además de los rusos, el acercamiento estratégico entre el régimen Maduro e Irán ha introducido un elemento nuevo para el equilibrio regional en la zona de influencia estadounidense.

El caso venezolano, además, presenta en su ecuación elementos vinculados a los actores armados no estatales legales e ilegales. Por un lado, se ha expandido la presencia de compañías militares privadas para entrenar a fuerzas especiales del régimen de Maduro, para proteger a los negocios rusos y para actuar como guardia pretoriana de Nicolás Maduro y sus colaboradores más cercanos. La presencia de compañías militares privadas en América del Sur no es una novedad, ya que fueron utilizadas en el conflicto colombiano y siguen actuando en ese país. La novedad es su vinculación con potencias rivales a los EE. UU., ya fuera del modus operandi de la seguridad hemisférica. Así, el respeto a los derechos humanos y a la democracia (que formalmente, por lo menos, son postulados por los estadounidenses cuando buscan establecer algún control sobre empresas privadas de seguridad activas en el exterior) no son preocupaciones para Rusia o Irán, que acompañan la presencia de esos actores en el país sudamericano y caribeño. No por nada, las Naciones Unidas han acusado al régimen Maduro de cometer sistemáticamente crímenes de lesa humanidad, sin que esta acusación haya producido resoluciones o medidas por parte del Consejo de Seguridad, donde los intereses rusos y estadounidenses chocan.