Desafíos para la seguridad y la defensa en el continente americano 2020-2030
TekstQueda claro que el entorno estratégico ha mutado de manera significativa y preocupante. Muchos de estos elementos fueron vislumbrados desde 2012 como naturales de la fase de transición. Otros se han adicionado a partir de la evolución caótica del contexto global y regional de la seguridad internacional.
Las bases para responder a estos desafíos están dadas. El proceso de Transformación y Futuro, sus herramientas y la adaptabilidad que otorga la capacidad instalada de reconocimiento oportuno de retos y amenazas, brindan la flexibilidad necesaria para una acción oportuna y sostenible.
La década siguiente tiene como reto terminar las tareas pendientes de la etapa de transición y acelerar el desarrollo de la etapa de futuro, con miras a cumplir los objetivos estratégicos del 2030. Este no será un problema grave, en la medida que ambas etapas pueden generar sinergias y acciones que permitan desarrollar planes que incluso aceleren cumplimientos de la etapa final.
Alcanzar este objetivo tiene en la transformación del contexto estratégico un motivador natural, y en el desarrollo instalado de capacidades de gestión, un facilitador.
Bibliografía
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Impacto del cambio climático en Colombia. Ministerio del Medio Ambiente (2020) En: https://www.minambiente.gov.co/index.php/cambio-climatico/que-es-cambio-climatico/impacto-del-cambio-climatico-en-colombia Consultado el 29 de septiembre de 2020.
Ministerio de Defensa Nacional. Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad. Bogotá: 2011
Ministerio de Defensa Nacional. Diplomacia para la Seguridad y la Defensa. Bogotá: 2015.
Ministerio de Defensa Nacional. Transformación y Futuro de la Fuerza Pública. Bogotá: 2015.
Ministerio de Defensa Nacional. Visión Estratégica del Sector de Seguridad y Defensa Nacional. Bogotá: 2015.
Pinzón Bueno, Juan Carlos (2015). The Future of the Military. Davos: World Economic Forum.
1 Estas opiniones son personales y no comprometen a la institución ni a las entidades que la conforman.
2 Ministerio de Defensa Nacional. Visión Estratégica del Sector de Seguridad y Defensa Nacional. (Bogotá: 2015), 7-8.
3 Ministerio de Defensa Nacional. Visión Estratégica del Sector de Seguridad y Defensa Nacional. (Bogotá: 2015), 11.
4 Ministerio de Defensa Nacional. Transformación y Futuro de la Fuerza Pública. (Bogotá: 2015.), 55.
5 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Impacto del cambio climático en Colombia. Ministerio del Medio Ambiente (2020) En: https://www.minambiente.gov.co/index.php/cambio-climatico/que-es-cambio-climatico/impacto-del-cambio-climatico-en-colombia
La agenda de defensa de Perú para la próxima década: El papel de la fuerza militar
José H. Robles Montoya
“La política institucional de la fuerza armada la tiene que establecer el poder civil (…). Lo primordial es que la dirigencia política tenga en claro y sepa qué hacer con la fuerza armada”.
Teniente general del Ejército Argentino, Martín A. Balza
“El gobierno no debe decidir cómo reformar a las FF. AA. si previamente no ha definido qué misiones y funciones deberán o no realizar”.
General de división del Ejército Peruano (r),
Edgardo Mercado Jarrín
“No hay seguridad sin desarrollo; ni desarrollo sin seguridad”.
General de división, José del Carmen Marín Arista
“Cada tiempo tiene su forma peculiar de guerra… cada uno tendrá también su propia teoría de la guerra… Y quienes deseen entender la guerra tienen que dirigir su mirada atenta a los rasgos de la época en que se vive”.
Karl von Clausewitz, De la Guerra (1832)
Introducción
Desde fines del siglo XX, el concepto global de seguridad nacional ha evolucionado desde un enfoque tradicional, centrado en la defensa del Estado como único sujeto receptor de la seguridad y donde se hace frente a amenazas convencionales, a un enfoque integral, en el que se plantea que la persona humana es el nuevo receptor prioritario de la seguridad nacional, pero sin descuidar la defensa tradicional de la soberanía e integridad territorial. Este nuevo enfoque focalizado en una respuesta integral del Estado busca hacer frente a las múltiples dimensiones que engloban las denominadas nuevas amenazas que enfrentan los países. Esta respuesta debe ser de carácter multidimensional, al interrelacionar a todos los sectores de la administración pública y los diferentes niveles de gobierno en la búsqueda de la seguridad de la nación y donde el instrumento militar, léase fuerzas armadas, tiene un papel importante dentro de una respuesta holística, tanto en la región sudamericana (buscando una suerte de cooperación entre las fuerzas armadas de cada país), como en cada nación o al interior de las sociedades a las cuales se defiende y protege.
¿Qué roles y misiones debemos asignarles a nuestras fuerzas armadas en esta década? Esta es la pregunta clave que nos toca dilucidar y las respuestas deben basarse en el respeto por la institucionalidad y por los parámetros democráticos que toda sociedad moderna establece para su normal desarrollo, que se ve afectado, para bien o para mal, por fenómenos como la globalización y la integración mundial. El presente artículo busca reflexionar, sobre la base de la Agenda 2030, donde los objetivos de desarrollo sostenible tienen papel primordial a nivel mundial, respecto de los roles y misiones estratégicas que todas las fuerzas armadas, incluidas las de Perú, deben poseer e implementar en búsqueda de la seguridad y desarrollo de la población. En todo caso, son planteamientos de entera responsabilidad del autor.
1. Conceptos y enfoques de la seguridad nacional
En cuanto a definiciones conceptuales, desde las últimas décadas del siglo pasado se ha dejado de priorizar al Estado como único sujeto receptor de la seguridad para privilegiar, sin dejar de lado lo anterior, a los ciudadanos como sujetos principales de protección de un país. En virtud de ello, aparecen los enfoques de seguridad humana y, posteriormente, de seguridad multidimensional. Ambos conceptos, aunados a la responsabilidad de los Estados de proteger a su población como plantea Naciones Unidas, buscan garantizar la seguridad de los ciudadanos ante la aparición de amenazas y riesgos cada vez más complejos y de diverso origen, que por su carácter multidimensional y transnacional demandan una respuesta integral del Estado, el cual hace uso de instrumentos y medios a su alcance de manera multisectorial y en todos los niveles de gobierno. Aquí es necesario indicar que este enfoque multidimensional presenta un carácter mixto de protección, puesto que representa un “proceso dinámico donde confluyen múltiples elementos que subsisten, permitiendo y exigiendo que se garantice la seguridad tanto del hombre (de manera prioritaria) como del propio Estado (en tanto se mantienen vigentes las amenazas tradicionales)”1.
Las denominadas nuevas amenazas tienen, además, la característica de provenir no solo de otros Estados, sino que pueden gestarse y ejecutarse desde y por organizaciones criminales diseminadas en cualquier lugar del globo, inclusive en el propio territorio. De ahí su tremenda y complicada peligrosidad. Entonces, requieren de respuestas múltiples por parte de distintas organizaciones nacionales y, en algunos casos, de asociaciones entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil, todos actuando conforme a las normas y principios constitucionales y legales. Este es el nuevo reto del Estado: construir e institucionalizar una arquitectura de seguridad nacional, cuya responsabilidad sea garantizar la seguridad y la defensa de la nación, para así lograr el desarrollo y el bienestar de la sociedad. Se quiere para ello la formulación de una estrategia coherente y efectiva; sobre todo, en espacios donde las complejidades e incertidumbres son inherentes a cualquier reto estratégico que enfrente la sociedad.
En cuanto a las definiciones en materia de seguridad y defensa nacional, es necesario resaltar, en primer lugar, la clara responsabilidad del conductor político en la toma de decisiones en la materia, siendo así que la seguridad de la nación es una función ineludible e indelegable del Estado. Para el caso peruano, es un deber primordial del Estado y está establecido en el artículo 44 de la Constitución Política vigente. La responsabilidad política que de ahí se deriva comprende la toma de decisiones en materia de defensa nacional, de las cuales la principal es la asignación de misiones al instrumento militar de la nación, definiendo prioritariamente el ámbito de aplicación de la fuerza armada2 y la dotación de capacidades necesarias para el cumplimiento eficiente de dichas misiones. Como vemos, se trata de una definición política del más alto nivel, que se da con el permanente asesoramiento de los profesionales en la materia3.
1 Robles Montoya, J. Dimensiones y espacios de la Seguridad Multidimensional: El caso peruano, en S. Alda & S. Ferreira (Eds.).
2 El autor plantea el término fuerza armada, en lugar de fuerzas armadas, buscando fortalecer el moderno concepto de accionar conjunto del instrumento militar de la nación.
3 Con ello se hace referencia al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los Institutos Armados.
Cuadro 1: Responsabilidades en seguridad y defensa nacional
Fuente: Definiciones políticas en las definiciones de roles y misiones de las fuerzas armadas. Elaboración propia.
2. Armando el edificio institucional de la seguridad y la defensa nacional
La seguridad nacional, y dentro de ella la defensa nacional, debe tener dos características esenciales que deben guiar el accionar normativo de la misma: debe ser política pública y debe ser considerada como bien o servicio público a defender. Como política pública, enmarcada en los parámetros de una democracia, tiene que ser homologada con el resto de las políticas públicas del Estado. Como un bien o servicio público, es conveniente precisar, en primer lugar, que la incorporación de esta característica, desde un punto de vista económico, permite tomar las mejores decisiones respecto del uso de los activos del país en procura del bienestar general. Es vital, entonces, la transparencia de la información y de las decisiones en la materia. Ello permitirá conocer la cantidad de seguridad nacional y, por ende, de defensa nacional que demandamos, y que el Estado está en condiciones de ofertar. Esto genera valoración ciudadana al ponderar la importancia de invertir recursos públicos en la seguridad nacional. Este reconocimiento, por lo demás, se convierte en la legitimación social que toda política pública demanda para su eficiente articulación.
a. Institucionalizando el canal y el proceso de toma de decisiones: vital para la seguridad y la defensa nacional
En materia de seguridad y defensa nacional, la toma de decisiones se convierte en un proceso complejo y completo, que busca la mejor alternativa ante una amenaza, preocupación u otros desafíos a nuestra seguridad. Es complejo, por la integración vertical de los niveles de gobierno; en el Perú, por ejemplo, los gobiernos regionales y locales se encuentran entre los componentes del proceso de toma de decisiones. Y es completo, en tanto cumple con las partes estructurales de todo proceso de toma de decisiones. En una democracia consolidada, las autoridades civiles legítimamente elegidas son las responsables finales de la conducción de la seguridad de un país. Sin duda, la toma de decisiones se convierte en la actividad más importante a realizar, puesto que una buena decisión es el punto de partida para una eficiente asignación de recursos y responsabilidades, acorde con las capacidades del país y en función de las necesidades e intereses de la nación, en la búsqueda de su bienestar general. La inexistencia o ineficiencia del canal de toma de decisiones trae como consecuencia la carencia de una política de seguridad nacional y la confusión conceptual, y por ende, la ineficiencia en la ejecución, en los niveles y en las responsabilidades de los diversos organismos de la seguridad y la defensa Nacional4.
En Perú, el canal de toma de decisiones en materia de seguridad nacional empieza con el actual Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena). En nuestra opinión, debe pasar a convertirse en Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), que es el ente de mayor nivel de decisión política en materia de seguridad nacional. A pesar de su importancia vital, no es bien empleado, ya sea por desconocimiento o por indiferencia política de la más alta autoridad del país. De pasar a ser Cosena, es necesaria una reorganización del mismo, a fin de involucrar a los responsables directos de los sistemas funcionales que generan la seguridad nacional: sistema de defensa nacional, sistema nacional de gestión de riesgos de desastres, sistema nacional de seguridad ciudadana, y quienes, en su momento, deben encargarse de la prevención de conflictos sociales y de la movilización nacional, tanto para afrontar conflictos sociales como para hacer frente a los desastres naturales.
b. Fortaleciendo la gestión del sistema de seguridad nacional: Articulando sistemas funcionales en una respuesta integral del Estado
Establecido el marco normativo y el canal de toma de decisiones con respecto a la seguridad nacional, es necesario reflexionar sobre cómo el Estado puede garantizar a los ciudadanos esa realidad de sentirse y percibirse libre de amenazas, tanto al desarrollo como a la seguridad individual y colectiva. En ese sentido, de acuerdo con la Constitución, en el Perú el Estado garantiza la seguridad de la nación mediante el sistema de defensa nacional. Aquí se presentan dos problemas: en primer lugar, el casi total desconocimiento de la normativa vigente o, peor aún, de la indiferencia en el cumplimiento de la ley. En segundo lugar, el choque con el funcionamiento de los otros sistemas que coadyuvan a la seguridad del país.
c. Papel de la sociedad civil
La sociedad en su conjunto tiene la responsabilidad de monitorear y fiscalizar la adecuada asignación, distribución y ejecución de los recursos públicos destinados al sector. Aquí es menester argumentar que, si bien es cierto que la sociedad no percibe cotidianamente los resultados o frutos de tener una defensa nacional eficiente, es de su responsabilidad el velar por la eficiencia de las políticas de seguridad y defensa de su país a través de una efectiva fiscalización y monitoreo de las decisiones políticas al respecto.
Este monitoreo o auditoría social5 tiene por objeto, en primer lugar, optimizar el ejercicio del poder ciudadano al transparentar aquellos aspectos de la política pública estatal tradicionalmente considerados secretos, con la finalidad de hacer más eficiente el resultado final: una política de defensa acorde con los preceptos democráticos modernos. Si la ciudadanía entiende lo que su gobierno está haciendo y la forma como lo está haciendo en materia de seguridad y defensa tendrá más confianza en el resultado final de dicho proceso6. En segundo lugar, la auditoría social permitirá generar un debate público sobre los aspectos de la seguridad y la defensa que tocan directamente al ciudadano como beneficiario final de todo buen gobierno. Este debate contribuirá, sin duda, a establecer las mejores decisiones a fin de garantizar una fuerza armada eficiente y eficaz dentro de un Estado de Derecho. En otras palabras, la auditoría social se convierte en un valor agregado para la política pública de defensa, en tanto le proporciona la legitimidad social necesaria en toda política pública estatal.
3. Roles y misiones de la fuerzas armadas
En la actualidad, los roles planteados para la fuerza militar se establecen, según la situación de cada país, de manera soberana y responden a los riesgos o amenazas al desarrollo del país y de la sociedad. En ese sentido, cada país otorga a su instrumento militar determinadas misiones, según como haya definido los riesgos o amenazas. El establecimiento de los roles y las misiones forma parte de los lineamientos generales de la política de defensa de un país, que se constituye, finalmente, en el marco general de actuación que el gobierno requiere para fijar los criterios de desarrollo de las actividades de la defensa nacional. Es, sin lugar a dudas, una decisión netamente política, que tiene repercusiones inmediatas en la construcción de capacidades en la fuerza armada destinadas a cumplir con las misiones encomendadas en la Constitución Política nacional.
4 Robles, J. “Reflexiones en torno a la arquitectura institucional de la Seguridad y Defensa Nacional”. En Revista Temática. CAEN. 2016
5 Robles Montoya, J. “Metodología de análisis para la asignación de recursos para la defensa: presupuestos y adquisiciones”, en serie Democracia y Fuerza Armada Volumen II. IDL. Diciembre 2003. Pág. 136 y SS.
6 Robles Montoya, J. “Metodología de análisis para la asignación de recursos para la defensa: presupuestos y adquisiciones”, en serie Democracia y Fuerza Armada Volumen II. IDL. Diciembre 2003. Pág. 137.
Cuadro 2: Misiones de la Fuerza Armada del Perú
Fuente: Reflexiones en torno a la arquitectura institucional de la seguridad nacional. Elaboración propia.
a. Ámbito externo de aplicación
Para el presente artículo se entiende como ámbito de aplicación externo aquel espacio geográfico donde el foco de actuación del instrumento militar está dirigido al exterior de nuestro territorio.
En ese sentido, la actuación del instrumento militar presenta dos modalidades: la primera, de carácter reactivo, y la segunda, de carácter proactivo. Según la primera, el objetivo de la seguridad es la defensa de la soberanía e integridad del territorio, expresada en la intangibilidad de las fronteras. Aquí, el sujeto de la seguridad es el Estado nación en su conjunto, y se establece frente a amenazas externas de fuerzas militares, sean estas regulares o no. En cambio, el carácter proactivo se refiere a que el objetivo de la seguridad es la búsqueda de la estabilidad del sistema internacional, expresada en la imposición o el mantenimiento de la paz internacional bajo el mandato de las Naciones Unidas. En este caso, el sujeto de la seguridad también es el Estado nación, en tanto que en la medida en que se preserve la estabilidad del sistema internacional, no surgirán amenazas que afecten el normal desarrollo del país.
Entonces, en el ámbito de aplicación externo, hábitat natural e histórico de la actuación militar, tenemos que el instrumento militar participa, en primer lugar, en la defensa externa del territorio —misión básica y esencial de toda fuerza armada— y, en segundo lugar, en las misiones de paz bajo mandato de las Naciones Unidas.
En ese mismo sentido, un aspecto que debemos empezar a tener en cuenta, cada vez con mayor relevancia, es el relacionado a que los países de la región Pacífico de Sudamérica empiecen a pensar cómo hacer frente a las amenazas y desafíos que provienen de dicho espacio geográfico y que debemos y podemos responder de manera conjunta. Aquí tenemos que pensar en crear e implementar pequeñas unidades combinadas en el accionar, por ende, organización, entrenamiento y equipamiento de la fuerza del instrumento militar de las naciones deben constituir un solo elemento de acción y respuesta de los Estados. En este punto sería más que conveniente fortalecer la creación e implementación de unidades pequeñas, autónomas en su accionar y de carácter combinado entre dos o más países de nuestra región, entendiendo que durante las siguientes décadas la balanza geopolítica se inclinará hacia el océano Pacífico, que baña las costas de varios países de nuestra región. Debemos empezar a implementar pequeñas unidades internacionales que tengan un grado de alistamiento tal que nos permita ir en ayuda de uno u otro país afectado. Indudablemente, que respondan a lineamientos y protocolos de actuación comunes frente a las amenazas comunes que se ciernen sobre nuestra región y que están contenidas en muchos de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas.
b. Fuerzas armadas y cambio climático
Es innegable que el cambio climático viene produciendo una serie de efectos en diversas partes del planeta. Aspectos como lluvias torrenciales que provocan inundaciones o sequías que producen escasez hídrica y escasez de alimentos, afectan directamente a las poblaciones y representan una amenaza directa al desarrollo y la seguridad de las personas. De ahí se explica la preocupación mundial.
En marzo de 2008, el Consejo de la Unión Europea presentó el informe “Cambio climático y seguridad nacional”, donde estableció que los efectos del cambio climático representan un serio problema de seguridad a nivel global. Incluso hacía referencia específica a América Latina cuando menciona las severas consecuencias del cambio climático. En ese mismo sentido, a fines de 2008, dos prestigiosos centros de pensamiento estratégico de los Estados Unidos emitieron sendos informes analizando las implicaciones geoestratégicas del cambio climático a nivel global y regional. En efecto, el Center for Naval Analyses emitió un detallado informe en 2007, que fue elaborado por 11 almirantes y generales de tres y cuatro estrellas en situación de retiro y en el cual se afirmó que el cambio climático constituye una seria amenaza para la seguridad nacional, ya que actúa como multiplicador de amenazas para la inestabilidad de algunas regiones del planeta. En ese mismo sentido, se pronunció el National Intelligence Council, centro de pensamiento estratégico del gobierno de los Estados Unidos, cuando presentó un informe sobre las tendencias mundiales al 2025: “Se espera que el cambio climático agrave la escasez de recursos. Aunque el impacto del cambio climático variará según la región, una serie de regiones comenzará a sufrir efectos nocivos, en particular la escasez de agua y la pérdida de producción agrícola”.
Finalmente, en su sexagesimocuarto período de sesiones, la ONU presentó en 2009 el documento “El cambio climático y sus posibles repercusiones para la seguridad”, donde menciona enfáticamente al cambio climático como un multiplicador de amenazas y plantea medidas, que denomina reductores de amenazas, para disminuir la inseguridad producida por los efectos del cambio climático en la seguridad de los países, en especial los menos desarrollados.
Aquí es conveniente reflexionar sobre la gravedad del cambio climático en relación con la seguridad de los países y del papel de las fuerzas armadas para la protección y defensa de sus poblaciones. Cuando nos referimos al cambio climático, no como una amenaza a la seguridad y más bien lo señalamos como un multiplicador de amenazas, queremos indicar que este no debe verse ni entenderse como una fuente directa de conflicto o de amenaza a nuestra seguridad, sino que debe comprenderse como catalizador de una serie de amenazas, puesto que multiplica sus efectos nocivos sobre el desarrollo y la integridad de las poblaciones7. El cambio climático puede actuar como catalizador de cuatro grandes grupos de amenazas, con importantes implicaciones geoestratégicas:
1. Amenazas a los recursos básicos: agua, agricultura y alimentos.
2. Amenazas con efectos de carácter social: efectos sobre la salud, migraciones masivas, conflictos sociales, subdesarrollo y derechos humanos.
3. Amenazas con efectos de carácter político: auge de Estados fallidos.
4. Amenazas con efectos socioeconómicos: desigualdades económicas, lucha por el acceso a los recursos energéticos.
Si no se atiende a tiempo este efecto central multiplicador de las amenazas existentes, entonces traerá como consecuencia directa conflictos internos (sea por posesión de territorios, por escasez de alimentos, escasez hídrica, migraciones internas, entre otros) y propiciará en el futuro guerras interestatales por recursos, que se llamarán “guerras climáticas”, por su origen. En efecto, el cambio climático, al acentuar la escasez de productos y recursos naturales, motivará que: “Los conflictos armados se producirán por una necesidad desesperada de recursos naturales, tales como energía, alimentos y agua, en lugar de ser conflictos por ideologías, religión u honor nacional”8.
c. Ámbito interno de aplicación
En este ámbito, la Fuerza Armada del Perú apoya a la Policía Nacional del Perú (PNP), en el mantenimiento del orden interno, y a la comunidad, en aspectos de defensa civil y desarrollo nacional.
1) Mantenimiento del orden interno
El orden interno es un concepto de naturaleza esencialmente político, porque es el orden establecido por el Estado para regular sus interacciones con las instituciones nacionales, asegurando la estabilidad de las estructuras estatales y sus poderes, así como el sistema de gobierno legalmente constituido. Uno de los conceptos sobre orden interno desarrollado por el Instituto de Altos Estudios Policiales (Inaep) afirma que “es una situación de paz en el territorio nacional y de equilibrio en las estructuras socio-jurídico políticas del Estado, regulado por el Derecho Público y el poder político, orientado a mantener el Estado de Derecho a fin de lograr el desarrollo nacional”9. De lo expuesto, podemos deducir que el resquebrajamiento del orden interno afecta básicamente a las estructuras del Estado y a toda la nación en su conjunto, así como al sistema de gobierno legalmente constituido, y que, por su naturaleza, las acciones que atentan contra estas estructuras son eventuales.
Debemos indicar que, en este tipo de misiones, de carácter complementario a la misión principal de la fuerza armada, el papel de esta es apoyar a la fuerza policial a restablecer el orden interno. La dirigencia política y la sociedad deben tener en claro que este tipo de empleo del instrumento militar es el más controvertido para la fuerza armada. La situación ideal en un Estado institucionalizado, con clases políticas que actúan profesionalmente y con sociedades atentas y fiscalizadoras de sus derechos ciudadanos, es no utilizar a la fuerza militar como la solución frente a este tipo de amenazas.
Esto, en virtud de que la historia del hemisferio ha demostrado que las instituciones militares no están capacitadas ni suficientemente organizadas como para repeler por sí solas este tipo de amenazas. Por el contrario, su participación, más bien, ha terminado agravando el problema que se buscaba solucionar. En ese sentido, los gobiernos de turno y sus fuerzas de seguridad comparten la responsabilidad por los errores del pasado. Sin embargo, la realidad de nuestros países nos obliga a actuar lejos del ideal. Ante ello, las clases dirigenciales deben entender que, cuando es preciso utilizar a la fuerza armada, la premisa es que el apoyo sea temporal y complementario. Esta nunca debe ser la responsable de ejecutar la operación. Por esto, es necesario contar, en primer lugar, con un marco legal que defina con meridiana claridad las competencias y funciones de las fuerzas de seguridad y las excepciones para la participación militar en apoyo de la fuerza policial. Asimismo, la dirigencia política debe establecer líneas de acción concretas, que permitan fortalecer a los organismos gubernamentales encargados de combatir la presencia de estas nuevas amenazas.
Aquí debemos resaltar que en el Perú se viene haciendo frente a los rezagos del grupo subversivo Sendero Luminoso que, aliados con bandas de narcotraficantes, aún se mantienen en las alturas del denominado Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem)10. En esta zona, las Fuerzas Armadas, actuando bajo el estado de emergencia establecido en la Constitución Política, tienen el control del orden interno y trabajan en conjunto con la Policía Nacional a fin de erradicar esa organización y llevar la paz, seguridad y desarrollo a los territorios afectados. Además, las Fuerzas Armadas también luchan contra el crimen organizado bajo el mandato de protección de nuestros recursos naturales, que son continuamente depredados, especialmente por la minería ilegal. Este trabajo combinado con la Policía Nacional ha llevado incluso a la creación de unidades militares con funciones establecidas para combatir dichos ilícitos.
2) Apoyo a la comunidad: defensa civil y desarrollo nacional
En cuanto al apoyo en la defensa civil y el desarrollo nacional, la participación del aparato militar se produce en el marco de una respuesta estatal holística, bajo la dirección y el control del Sistema Nacional de Defensa Civil (Sinadeci), actualmente Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Sinagerd). La institucionalidad del Estado debe llevarnos a reconocer la autoridad del Sinagerd por encima de la fuerza armada en caso de desastre natural. En este sentido, las capacidades de la fuerza armada se deben emplear con las restricciones de tiempo y espacio que para el efecto dicten los organismos estatales responsables de la solución de la emergencia presentada. No es recomendable, pues, la creación de mandos o comandos ad hoc ni de responsabilidades directas en el diseño o control de los resultados.
A manera de reflexión final
La siguiente década representa un enorme desafío para Sudamérica, en especial para la región bañada por el océano Pacífico, el mare nostrum del siglo XXI. La tecnología será una fuerza transformadora que sin duda traerá beneficios, pero también riesgos, preocupaciones e incrementará las amenazas a nuestra seguridad y desarrollo. Debemos entender que no existe seguridad sin desarrollo, y viceversa. No podremos desarrollarnos como sociedad si no lo hacemos con seguridad, como bien decía el director fundador del CAEN, general de división José del Carmen Marín Arista. Y ahí les cabe un papel importante a las fuerzas armadas de la región: poder tener las capacidades que le permitan cumplir con los roles y misiones asignados por las clases políticas de cada país. Para ello, dos aspectos clave: institucionalizarse hacia adentro, teniendo cada uno de sus integrantes plena conciencia y convicción de la visión compartida de futuro institucional y del país que protege, e institucionalizar hacia afuera, generando permanentes sinergias con instituciones e instrumentos de cada país a fin de ser parte activa y fundamental —por sus capacidades organizativas, logísticas y humanas— de una respuesta holística del Estado. Por último, deben poder generar organizaciones y acciones conjuntas con las fuerzas militares de otros países a fin de responder adecuadamente ante la presencia de amenazas que afecten el desarrollo y supervivencia de los pobladores de la región.