Desafíos para la seguridad y la defensa en el continente americano 2020-2030

Estos dos asuntos permiten anticipar la necesidad del Estado de contar con Fuerzas Militares que tengan capacidad de generación de respuestas ágiles frente a afectaciones que pongan en riesgo el funcionamiento económico y el desarrollo del país, con el fin de disminuir sus impactos en la estabilidad y la seguridad nacional.

Finalmente, el país aún enfrenta retos de integración territorial, cobertura de áreas periféricas y despliegue de oferta estatal ampliada. Las Fuerzas Militares en Colombia han jugado un rol determinante en este sentido, dada su participación como impulsoras del desarrollo en algunas de esas áreas o catalizadoras de la oferta estatal civil para las comunidades que habitan esos territorios. La presencia activa y efectiva del aparato de defensa en zonas periféricas constituye acciones clave de prevención, protección y control.

La interconexión territorial y el control soberano del territorio también juegan un rol clave. No solo en lo que concierne al apoyo de la construcción de legitimidad del Estado y la reiteración del concepto de nación que cohesiona un país, sino también como acción preventiva de actores subordinados criminales que pueden ser usados por gobiernos hostiles y organizaciones transnacionales de crimen.

La Constitución colombiana otorga a las Fuerzas Militares la misión de defender la soberanía, la independencia, la integridad del territorio y el orden constitucional. Este marco de actuación comprende la atención de diversas fuentes de riesgo y el requerimiento de apoyo desde instituciones de diversa naturaleza para robustecer la capacidad de respuesta frente a las necesidades de los ciudadanos. Esto hace de las Fuerzas Militares colombianas instituciones especiales, que lejos de cualquier señalamiento de intromisión en los asuntos civiles, representan un seguro para la sociedad en momentos de crisis o necesidad.

El sector defensa en Colombia ha dado respuesta oportuna el anterior panorama a lo largo de los últimos 20 años, con la excepción de la pandemia, un factor sobreviniente que puso a prueba la flexibilidad y adaptabilidad del Estado a situaciones críticas. Esto le permitió mantenerse a la vanguardia de retos, amenazas y desafíos durante casi 15 años.

Dicha habilidad le permitió desarrollar capacidades que llegaron a ser modelo global para el ejercicio de funciones en el marco de áreas misionales, como la defensa, la seguridad pública, el apoyo al desarrollo, la atención de emergencias o la protección de recursos. Asimismo, condujo a las Fuerzas Militares a estándares de gestión modelo, abriéndoles las puertas para ser un referente regional de trabajo exitoso y un socio confiable para adelantar programas de profesionalización y modernización en países aliados en el hemisferio, o para participar en intercambios y ejercicios de interoperabilidad con aliados extrarregionales.

No obstante, una lectura errada del gobierno nacional frente a la evolución del contexto estratégico una vez firmados los acuerdos de La Habana, hicieron que las Fuerzas Militares entraran en una ralentización de su dinámica adaptativa, que obliga tanto al gobierno actual como a los gobiernos futuros a retomar la senda que conduce a revitalizar la fuerza de adaptación y transformación alcanzada hacia 2015.

Con este fin es necesario desarrollar acciones puntuales en los ámbitos de la gestión de la defensa, la investigación y el desarrollo tecnológico, el fortalecimiento de las capacidades y la diplomacia para la seguridad. Asimismo, desarrollar una estrategia que permita dar respuesta simultánea a los diferentes desafíos que enfrenta la nación con base en principios de sostenibilidad, flexibilidad y adaptabilidad.

4.1 Gestión de la defensa

En ese sentido, el primer campo de actuación que debe abordarse es el de la gestión de la defensa nacional. En este campo desempeñan un papel clave la administración eficiente de los recursos y la visión conjunta, con lo cual se pueden desarrollar herramientas que permitan hacer de las restricciones fiscales un factor de riesgo controlado para el sostenimiento de las capacidades y las operaciones.

Lo anterior también es clave para la protección de la legitimidad institucional y la promoción de la cohesión nacional en torno las Fuerzas Militares y su rol como defensores de la nación. Para 2030, las instituciones encargadas de garantizar la defensa nacional deben haber desarrollado mecanismos de gestión que pongan en los niveles más altos la transparencia de la administración, la lucha contra la corrupción y el cumplimiento de la ley. Asimismo, deben asegurar que su cuerpo doctrinal permita conservar y potenciar su profesionalismo en el desarrollo de la misión y la protección de los valores democráticos, teniendo en cuenta que la inevitable actuación en contextos donde se mezclan dinámicas políticas internas aumenta el riesgo de ruptura con una parte de la sociedad.

4.2 Nuevas tecnologías

Con la incidencia creciente de las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial (internet de las cosas, big data, inteligencia artificial, computación en la nube, entre otras), la gestión de defensa debe hacer un esfuerzo importante en una estructuración adecuada del capital humano que la compone, asegurando que este tenga la formación adecuada para el uso y aprovechamiento de las nuevas herramientas que aumentan el éxito en el cumplimiento de la misión.

Esto no solo es relevante para superar un escenario de obsolescencia e inmovilidad, sino también para garantizar la posibilidad de generar capacidades de interoperabilidad que permitan aprovechar la cooperación de alianzas y potencias militares aliadas, así como el desarrollo de factores de autonomía estratégica que motiven el relacionamiento para la promoción de la seguridad internacional.

4.3 Leyes, moral y bienestar

También es de la mayor importancia la adecuación de los marcos jurídicos de actuación militar y los sistemas de justicia, con el fin de brindarle seguridad jurídica a los miembros de las Fuerzas Armadas. Uno de los factores de debilitamiento más grande para la acción preventiva y la construcción de estabilidad que enfrentan los cuerpos armados del Estado es la persistencia de un marco normativo que no consulta la realidad de las amenazas, las particularidades entre misión y contexto, así como la naturaleza del servicio y sus particularidades. No avanzar en ese sentido será brindar una ventaja estratégica para los sistemas rivales y aumentar el riesgo de pérdida de legitimidad entre los ciudadanos, como resultado de los obstáculos para la actuación o los encauzamientos contra miembros de las Fuerzas Armadas.

Otro aspecto en el que hay que realizar acciones concretas es el bienestar y la moral de la tropa. La vida militar representa un oficio de dedicación exclusiva, permanente y del mayor alto riesgo. Por tal razón, los gobiernos y la sociedad deben garantizar la existencia y persistencia de sistemas de incentivos que permitan convocar a los mejores ciudadanos al servicio, impulsar su formación y avance en la carrera, así como brindar la seguridad laboral y familiar que exige su compromiso permanente en el cumplimiento de la misión.

4.4 Inversión en equipos

Respecto del sostenimiento y desarrollo de capacidades, Colombia debe desarrollar un ambicioso plan de fortalecimiento de sus capacidades estratégicas. Como ministro de Defensa, en 2012 puse en marcha el último de estos programas por cerca de 2,5 billones de dólares, con el cual se inició la modernización de aeronaves, unidades a flote, vehículos de combate, inteligencia, comunicaciones, ingenieros, entre otros. Este programa debe adelantarse bajo tres premisas clave: la atención en el cumplimiento de los ciclos de vida del equipamiento, la estructuración equilibrada de las capacidades y la rápida transformación de la tecnología utilizada en las operaciones militares.

Frente a la última, es innegable el reto tecnológico que significa la incorporación de unidades autónomamente tripuladas, sensores y dispositivos de guerra electrónicos en las áreas de capacidades con miras a hacer efectivas las tareas de prevención, disuasión, defensa y debilitamiento de sistemas rivales. También, el desarrollo de instrumentos que aprovechen las particularidades del dominio espacial colombiano, con características muy particulares, como la órbita geoestacionaria, que representa una ventaja estratégica que debe ser aprovechada para la protección de la nación.

4.5 Defensa y control territorial

La defensa de la soberanía territorial y marítima también exige una proyección robusta. Estos ámbitos están permanentemente atacados por el crimen transnacional organizado y la presencia de agentes extranjeros, usufructuando los recursos naturales. Asimismo, se enfrentan hipótesis reales de conflicto por intereses foráneos sobre la soberanía nacional. La histórica postura colombiana defensiva-disuasiva debe garantizarse con base en capacidades estratégicas para la defensa nacional, que disminuyan al mínimo posible la probabilidad de una agresión extranjera y cierren el espacio al uso abusivo del territorio. Esto representa un aporte fundamental a la estabilidad regional.

La anticipación, la vigilancia y la protección son otros elementos determinantes del cumplimiento exitoso de la función de defensa. Por tal razón, el desarrollo continuo de las capacidades para el cumplimiento de tareas de inteligencia técnica, la consolidación de programas de inteligencia estratégica y la generación de plataformas seguras y autónomas de comunicación resultan definitivas. En el mundo que vivimos, la gestión y administración de información estratégica y la profundidad de la inteligencia hacen la diferencia en la conservación de la ventaja estratégica y una innovación oportuna frente a las ventajas del sistema rival.

Dentro del sistema de capacidades nacional también debe ponerse atención sobre aquellas que permitan garantizar una atención oportuna de emergencias y desastres naturales, así como apoyar el desarrollo de regiones con menor presencia estatal y desconectadas de los principales centros poblados o cabeceras municipales. Estos dos elementos representan un esfuerzo que no es opcional como quedó evidenciado en la descripción de los elementos que caracterizan el contexto nacional.

En el caso de Colombia, como lo he señalado anteriormente, el aporte de las Fuerzas Militares y el aparato de defensa al control del territorio no solo es una necesidad estratégica, sino un mandato constitucional. En ese sentido, la visión de defensa para las próximas dos décadas tiene como elemento clave el cierre de espacios para el surgimiento de organizaciones armadas y terroristas, así como la negación al crimen trasnacional del uso abusivo del territorio nacional para la articulación de las redes internacionales del delito.

En este campo, juegan un rol importante las actividades de la Armada Nacional en el cierre de los mares y las redes fluviales para el tráfico de narcóticos, la protección del espacio aéreo por parte de la Fuerza Aérea y sus coordinaciones con países vecinos para el bloqueo a rutas de tráfico, la ocupación territorial propiamente dicha por el Ejército y una estructuración novedosa de la acción coordinada con la Policía Nacional. Asimismo, la explotación de las capacidades de inteligencia estratégica para desarrollar acciones preventivas, desmantelar redes y organizaciones, así como poner en marcha una iniciativa contra el lavado de activos que profundice su debilitamiento.

El control territorial también debe enfocarse en la protección de los recursos naturales y de los activos estratégicos de la nación. Estas dos representan tareas fundamentales para garantizar el bienestar de los ciudadanos y asegurar el desarrollo sostenido y sostenible de la nación.

4.6 Ciberespacio e I+D

El siguiente elemento que la visión de defensa 2030 para Colombia debe desarrollar es la protección y explotación del dominio ciberespacial. Este representa el campo de actuación más retador del momento, dado que no solo se refiere a la comprensión de los desafíos que se enfrentan en el espacio cibernético, sino por los requerimientos particulares que implica del desarrollo de una capacidad de anticipación, protección y explotación en este.

En ese sentido, resulta evidente la necesidad de mantener una capacidad de ciberdefensa y ciberseguridad lo suficientemente robusta y equilibrada para disminuir al mínimo el posible riesgo de afectación de sistemas rivales. Peligro que comienza en la pérdida del secreto y la ventaja estratégica, y se extiende hacia la inutilización de materiales y equipos, la desactivación de los sistemas de soporte y la generación de inestabilidad interna.

Sobre esta materia, es clave reconocer que el volumen de los ciberataques se ha incrementado a partir de su automatización. En este sentido, el objetivo de neutralizar el 100% de las amenazas no es una meta realista, por lo que los esfuerzos deben estar en la mayor rapidez en su identificación y en una revisión permanente de los diferentes sistemas de las FF.AA. para reducir las vulnerabilidades al mínimo.

Como es evidente, la acción en este aspecto demanda la formación de capital humano en dos dimensiones. La primera, el entrenamiento y actualización permanente de los miembros de las fuerzas en cómo identificar las modalidades de cibercrimen que involucran la ingeniería social y así minimizar el riesgo de afectaciones. Después de todo, la cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones.

La segunda, la formación de capital humano especializado que logre bridarle a las FF.AA. la capacidad de adaptación veloz y desarrollo lo suficientemente robusta frente a la dinámica que en este sentido tienen los sistemas rivales y el dominio ciberespacial en general. Dado lo anterior, este capital humano no solo debe estar enfocado en el reconocimiento y respuesta oportuna de amenazas y factores de riesgo, sino que debe ser capaz de emplear las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, en particular el big data y la inteligencia artificial para ponerlas al servicio de la ciberseguridad y ciberdefensa.

Encadenado a lo anterior, una nación que quiere ser protagonista y sacar provecho de las nuevas tecnologías debe incorporar en su visión de defensa nacional una apuesta por la investigación y el desarrollo. La construcción de autonomía en el desarrollo de herramientas y capacidades estratégicas cada día toma mayor relevancia en la sociedad de la información. Con la proliferación de herramientas de captura de datos, como el internet de las cosas, la ejecución de los servicios en el área de la defensa nacional y en la guerra misma, dejan al descubierto el secreto estratégico de la misión.

En tal sentido, los países tendrán que apostar más por el desarrollo de herramientas propias y así mantener algún control sobre su desempeño. En el peor de los casos, de no lograr desarrollar esos instrumentos, diseñar sistemas de adquisición de bienes y servicios que tengan la capacidad de mitigar en alguna medida esos riesgos.

Sistemas de información, sistemas de comunicación, sensores, centros de comando y control, instrumentos propios de generación de datos y algoritmos de inteligencia artificial son algunas de las cosas que las fuerzas militares y centros de excelencia académica y tecnológica deberán empezar a desarrollar en el transcurso de los próximos 10 años y por las décadas siguientes.

Sin embargo, el trabajo en investigación y desarrollo no se circunscribe al campo de las tecnologías de la información, la inteligencia y el análisis de datos. Hemos señalado la importancia de sacar un mayor provecho de las capacidades a través de diseños modulares y la utilización de herramientas de gestión eficiente. Sumado a esto, es importante resaltar que en este aspecto un continuo desarrollo táctico y operacional asociados a nuevas tecnologías y herramientas resulta clave. Un ejemplo de esto es la generación de herramientas para la destrucción de cultivos ilícitos que superen el uso intensivo de efectivos militares en esta actividad.

Asimismo, la aplicación de esfuerzos en este campo se extiende a la identificación de fuentes energéticas alternativas, investigaciones médicas, entre muchos otros campos que, al relacionarse con la misionalidad de la defensa, brindarán una línea de desarrollo para la nación.

Para el sector defensa y seguridad en Colombia, la modernización y transformación tienen en la cooperación internacional una herramienta clave, pero no suficiente para su éxito. Esta es observada como un instrumento de diálogo estratégico, en el cual el país comparte con sus socios elementos propios de la gestión de la seguridad y la defensa con el fin de construir un contexto de seguridad internacional estable, seguro y en paz. Para el sector defensa y seguridad, la diplomacia para la seguridad es una estrategia determinante del mantenimiento de altos estándares de profesionalización de la fuerza, proyección regional pacífica y garantía de la postura defensiva-disuasiva.

4.7 Presencia internacional

Entre 2007 y 2015, el sector defensa y seguridad en Colombia desarrolló una estrategia de diplomacia de la seguridad enfocado en la construcción de estabilidad regional y, a la vez, llevó a cabo una capacidad real de anticipación frente a potenciales amenazas externas o la evolución de fenómenos con impacto interno. Esta estrategia también fue definida con el objetivo de aprovechar el profesionalismo alcanzado por las Fuerzas Armadas para un relacionamiento global más dinámico que potenciara sus estándares y le garantizará capacidades interoperacionales con potencias militares de nivel global.

Esta estrategia tuvo acciones en diferentes niveles. Aprovechando el grado de profesionalismo y la experiencia operacional, las FF.AA. de Colombia se convirtieron en socios estratégicos de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido en programas de entrenamiento y asesoría para fuerzas militares y cuerpos de policía en Centroamérica y el Caribe. El programa de mayor relevancia en este frente fue el Plan de Acción Conjunta de Seguridad Regional (USCAP), por el cual miembros de las Fuerzas Armadas fueron dispuestos en varios países para asesorar y entrenar fuerzas locales. Una de las zonas más beneficiadas fue el Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras), una región que comparte elementos críticos del contexto estratégico con Colombia.

Así es como después de 2012 se institucionaliza el diálogo estratégico Colombia-Estados Unidos, se firma el acuerdo de cooperación y seguridad de la información con la Organización de Tratado del Atlántico Norte (2013) —que convirtió a Colombia en el primer país con el estatus de socio global de la OTAN— y se suscribe el acuerdo para la participación en gestión de crisis con la Unión Europea (2014). En la lucha contra el crimen, el país suscribió acuerdos de cooperación y participación con instituciones de cooperación policial, como Ameripol, Europol e Interpol.

El esfuerzo de diplomacia de la seguridad también incluyó el desarrollo de instrumentos únicos en la región sobre seguridad y defensa, como los memorandos de entendimiento bilateral con Israel, España, Japón, Corea del Sur y Turquía, todos los anteriores referentes clave en el diálogo global de seguridad.

Cada una de estas acciones de diplomacia de la seguridad llevaron a las FF.MM. a ser líder en cada una de las conferencias hemisféricas especializadas, así como al sector seguridad y defensa a ser protagonista del diálogo hemisférico de seguridad, tanto en la Organización de Estados Americanos como en la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas.

Como puede observarse, el desarrollo de la diplomacia bajo la visión estratégica de defensa y seguridad representa un elemento clave en la concreción de estándares altos de excelencia y profesionalización e interoperabilidad. El trabajo de las FF.AA. en este ámbito debe enfocarse en el sostenimiento de la vigencia y utilidad de lo hasta ahora alcanzado. Asimismo, se debe centrar en el desarrollo de planes de cooperación internacional, participación de ejercicios multinacionales, ejercicio efectivo de alianzas estratégicas, desarrollo de proyectos conjuntos de desarrollo tecnológico y otras acciones que brinden mayor estabilidad regional y ofrezcan una potenciación de la postura defensiva-disuasiva en detrimento de la capacidad de agresión de los sistemas rivales.

4.8 Desarrollo social

Finalmente, la defensa nacional debe trazarse objetivos para aportar al desarrollo económico y social del país. Si bien con la generación de seguridad y estabilidad está ofreciendo los mayores aportes en este sentido, y con apuestas en investigación y desarrollo puede convertirse en un motor de transformación tecnológica y científica, el sector defensa también aporta directamente sobre el tejido social y económico de la nación. En ese sentido, el sector defensa debe asumir su rol como fuente de empleo, generación de desarrollo local de la mano del despliegue permanente de sus unidades, impulso a redes de comercio y emprendimientos en soporte del cumplimiento de su misión, alfabetización y educación técnica para los miembros que no siguen la carrera militar y la articulación centro-periferia para impulsar la oferta estatal integral de servicios a los ciudadanos.

Conclusiones

A 10 años de completar el lapso definido para la materialización de la visión 2030, los retos y amenazas para la construcción de estabilidad sostenible en Colombia se han transformado, dando lugar a un contexto que demanda las acciones descritas anteriormente como garantía de una adaptación de las Fuerzas Militares de una forma coherente con sus principios de desarrollo y estructuración, de modo que puedan ser capaces de vencer los desafíos inmediatos y alistarse para enfrentar el segundo tercio del siglo.

En este documento señalábamos que el proceso de Transformación y Futuro, en su fase de corto plazo, a través de los planes Espada de Honor I y II, consiguió hacia 2015 la materialización de sus objetivos de fortalecer las capacidades de control territorial del Estado y debilitar los sistemas criminales y terroristas. Producto de esos logros es que las FARC se vieron obligadas a negociar.

El tramo que conduce al hito de mediano plazo de la visión 2030, por el contrario, ha enfrentado dificultades para su cumplimiento. La ventaja obtenida en las operaciones y el cumplimiento estratégico de los planes fueron desaprovechados en las negociaciones políticas de La Habana. Como resultado de las conversaciones de paz, se fueron debilitando las ventajas operacionales y se devolvieron espacios para el despliegue territorial de facciones de las FARC, las cuales se recuperaron de la derrota militar con los beneficios derivados de su reposicionamiento en el liderazgo del crimen organizado.

Asimismo, a partir de 2016 y frente a la inminencia de un acuerdo, quienes lideraban las negociaciones y los mismos guerrilleros abanderaron el posicionamiento del concepto errado del “dividendo de la paz”, un concepto contrario a la realidad de un período de posconflicto, cuando la demanda de servicios de seguridad, justicia y aplicación de la ley se multiplica por cuenta de la necesidad de construir un nuevo espacio de estabilidad y legalidad.

En ese marco se tomaron decisiones contrafactuales para contextos de posconflicto que terminaron por debilitar el despliegue territorial, frenar el desarrollo y potenciación de capacidades y, en general, estancar el proceso de Transformación y Futuro.

Es decir, se retrasó el cumplimiento de las tareas que asegurarían la llegada del país a un estado de consolidación de control territorial, del imperio de la ley y el despliegue institucional para la superación definitiva de las economías criminales, la consolidación del monopolio de las armas y el cierre de espacio a estructuras ilegales. Asimismo, el despliegue de capacidades preventivas y disuasivas de defensa de la soberanía y la integridad territorial, todas necesarias para culminar con éxito una transición hacia la estabilidad definitiva.

El contexto estratégico actual ofrece a la nación nuevos y viejos desafíos. Aunque el debilitamiento pasado de los grupos ilegales aún da espacio para que una acción contundente del Estado los devuelva a su condición de derrota, la transformación del contexto también puede restituir su capacidad de daño, que considerábamos perdida para siempre.

En la actualidad, Colombia enfrenta una amenaza híbrida compleja con patrocinadores externos de alta peligrosidad. El interés del régimen venezolano de Nicolás Maduro de debilitar los sistemas democráticos regionales en paralelo con el fortalecimiento de redes de crimen transnacional organizado y el despliegue de actores terroristas subordinados extrarregionales, es una de las amenazas más grandes que enfrenta la nación.

Esta mezcla de alta capacidad de debilitamiento y destrucción, en el caso de Colombia, incorpora abiertamente al Ejército Nacional de Liberación (ELN) y a las FARC, a través de estructuras conservadas por dos de sus negociadores en santuarios ubicados en territorio venezolano, mientras apostaban al debilitamiento de las Fuerzas Militares en la mesa de La Habana.

Desde Venezuela también emana una nueva fuente de inestabilidad con profundos impactos internos. Los ciudadanos de ese país expulsados por los daños infligidos por el régimen al sistema económico, social y de seguridad de esa nación, buscan desesperadamente espacios para su reasentamiento en toda la subregión sudamericana y en Centroamérica. Este éxodo impacta en todos los países, y en Colombia, con especial dureza, en el clima social y económico de las ciudades, traducido en problemas de seguridad, convivencia y vulnerabilidad de la población.

Como puede verse, la amenaza con origen en ese régimen no se circunscribe a una hipótesis de agresión internacional como respuesta a factores relacionados con su estrategia interna, regional o un dilema de seguridad. También por el uso del crimen y los actores subordinados para el debilitamiento de la democracia en Colombia.

Por otra parte, está la protección y defensa de nuestros límites marítimos y sus riquezas. Tanto Venezuela como Nicaragua mantienen latentes intereses sobre aguas internacionales que obligan al país a considerar hipótesis de escenarios de agresión múltiple. Adicionalmente, las aguas del Caribe y el Pacífico son áreas de despliegue del crimen transnacional desde y hacia Colombia con el narcotráfico, el tráfico de armas, migrantes y otras redes que representan no solo una amenaza a la soberanía, sino a los territorios y la estabilidad del país.

Esto lleva a hacer referencia al impacto que ha tenido el crecimiento del narcotráfico desde 2015 en el posicionamiento de amenazas externas. Por primera vez en la historia de Colombia, organizaciones criminales internacionales tienen influencia territorial directa sobre el clima de seguridad interno. El debilitamiento de las organizaciones narcotraficantes colombianas que llevó a su fraccionamiento, estuvo precedido de un debilitamiento de la lucha antinarcóticos, lo que abrió las puertas para el posicionamiento de operadores narco mexicanos en territorio colombiano.

Si bien no está demostrado un despliegue de unidades armadas de esa nacionalidad, sí se ha evidenciado que estos operadores foráneos han iniciado un ejercicio de financiación y estructuramiento de bandas extremadamente violentas en el control social y económico de las zonas de producción de narcóticos y explotación ilícita de minerales. El resultado de esto es la importación de un modelo de violencia y corrupción mucho más agresivo, con la particularidad de no tener arraigo territorial y cuya desarticulación depende de un esfuerzo que supera el esfuerzo colombiano en su territorio.

La combinación de amenazas externas con actores criminales internos bajo la dinámica del delito organizado transnacional, así como la presencia y actuación de potencias extrarregionales en la búsqueda de consolidar accesos a recursos estratégicos en la región, conduce a un aumento del riesgo para la nación respecto de sus recursos estratégicos y naturales.

Por otra parte, está la protección de la democracia y de los valores liberales que definen el sistema político y económico colombiano. Muchos de los factores anteriormente descritos a través de impactos indirectos o estrategias focalizadas pueden impulsar un colapso de la estabilidad y la unidad nacional.

Los tiempos actuales tienen numerosos ejemplos del dominio ciberespacial para la promoción del sentimiento de inestabilidad social y debilitamiento institucional, llevando a sociedades a su implosión. En el caso de Colombia, el riesgo de enfrentar un desafío de esta magnitud es real, dados los retos propios que conlleva el proceso de transición posterior al Acuerdo de La Habana y de las frustraciones que se derivan de este.

Pero, adicional a los escenarios creados, también están los factores de riesgo reales. La conjunción de elementos anteriormente descritos sobre las dinámicas urbanas, sumado a la destrucción de capital económico y social por cuenta de la pandemia covid-19 y los retos pendientes por superar en el desarrollo natural de la sociedad colombiana, aportan una presión adicional.

Estos se traducen en delincuencia común, que aumenta la violencia y la desconfianza de los ciudadanos. Se potencia el lavado de activos, un espejismo de prosperidad que destruye las bases del desarrollo económico. Se incrementa la conflictividad con los migrantes, una numerosa masa de víctimas expulsadas de su país, en las que se camuflan redes de infiltrados criminales y oficiales por el régimen de Maduro, que ponen en riesgo a sus connacionales.