Desafíos para la seguridad y la defensa en el continente americano 2020-2030
TekstREFLEXIONES SOBRE LA MODERNIZACIÓN Y EL FUTURO DE LAS FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA: VISIÓN 20301
Juan Carlos Pinzón Bueno
Introducción
Colombia cuenta con unas Fuerzas Armadas heroicas, que han mantenido al país en pie incluso en los momentos más oscuros. Entre las décadas de 1980 y 1990, sin apoyo político ni presupuesto, enfrentaron decididamente a la alianza robusta entre los poderosos carteles del narcotráfico y las guerrillas marxistas, que incluso lejos de desparecer con el fin de la Guerra Fría, se convirtieron en unas de las organizaciones armadas irregulares más poderosas del mundo.
A la par de la evolución de la capacidad criminal y violenta de estos grupos, paradójicamente las autoridades políticas disminuyeron el respaldo a las Fuerzas Armadas a niveles críticos, lo que condujo al fraccionamiento del territorio y la toma del control por cuenta de organizaciones guerrilleras y paramilitares aliadas con el narcotráfico. Veinte años atrás, el mundo observaba a Colombia como una nación que tenía en entredicho su sostenibilidad institucional y en la que sus ciudadanos enfrentaban riesgos críticos contra sus vidas, sus bienes y el goce de sus derechos.
Gracias al apoyo de Estados Unidos, a través del Plan Colombia, las Fuerzas Militares dieron inicio en 1999 a un período de recuperación de sus capacidades, reconstrucción de su despliegue y proyección sobre el territorio, con miras a superar el contexto de Estado fallido que se estaba configurando como resultado del posicionamiento del terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado.
Sobre la base de una inversión robusta para la recomposición de las capacidades operacionales y la cooperación internacional, así como del desarrollo de la organización militar y de la gestión estratégica de la nación, se logró en un período de seis años superar este contexto, pero además se abrieron las puertas hacia la superación definitiva de las amenazas más graves.
Concluida la fase de recuperación de las capacidades de las Fuerzas Armadas, la sociedad colombiana, encabezada por sus empresarios, decidió avanzar hacia una nueva etapa de consolidación y proyección, tanto del pie de fuerza como de las capacidades de la defensa nacional, para así garantizar la estabilización definitiva del país. Este propósito se solventó con un impuesto al patrimonio, el que permitió que los colombianos de mayores ingresos contribuyeran a la consolidación de la seguridad como eje del fortalecimiento social y económico del país.
A partir de 2007, dichos recursos le permitieron a las Fuerzas Armadas dar inicio a un proceso sostenido de transformación y modernización sobre la base de una idea estratégica que se desarrolló de manera adaptativa por 15 años y que definía un horizonte de culminación en 2030. Dicho proceso tenía como objetivo la derrota definitiva de los factores de desestabilización, así como la reconfiguración de la estructura de fuerza para potenciar la defensa nacional y la consolidación de la estabilidad en un nuevo contexto de control territorial, seguridad y vigencia del imperio de la ley.
Este proceso se desarrolló a partir de acciones concretas en los ámbitos de la planeación y la administración de recursos, el diseño e implementación de herramientas que aumentaran la eficiencia del gasto, así como una mayor comprensión de las capacidades para ser desarrolladas como una estructura flexible con posibilidad de atender áreas de misión diversas.
Con ese fin se redefinió la estructura de gestión estratégica y se modernizó el sistema de planeación de la defensa nacional, otorgándole a las Fuerzas Militares herramientas más ágiles para la sincronización de los procesos de generación de estructura de fuerza, la sostenibilidad del esfuerzo operacional y la efectiva protección de la población, el territorio y los intereses estratégicos de la nación.
Asimismo, se decidió avanzar en el desarrollo de un conglomerado industrial de defensa con miras a la construcción de una base de autonomía estratégica. Dado que la garantía de defensa nacional está determinada por el sostenimiento de esfuerzos de largo aliento, resultaba clave disminuir el riesgo de dependencia de un tercero para la sostenibilidad de algunas capacidades. La pandemia ha dejado enseñanzas claras respecto del suministro de material y equipos estratégicos en un escenario de crisis global desde unidades de producción extranjeras.
También se consideraron acciones decisivas en el ámbito de la profesionalización y especialización del talento humano. Los miembros de las Fuerzas Militares son el eje en torno al cual todos los esfuerzos en términos de capacidades, administración y estrategia se convierten en un ejercicio real de las acciones requeridas para garantizar la defensa nacional de hoy y la proyección adaptativa de la estructura de fuerza frente a desafíos del futuro.
Asimismo, se definió una meticulosa agenda de inserción global, en la que las alianzas estratégicas y la proyección de las Fuerzas Militares, como líderes regionales al servicio de la profesionalización y modernización de los servicios militares en el hemisferio, jugaban un rol determinante para la construcción de estabilidad y seguridad regional.
Adicionalmente, se optó por un análisis permanente del contexto estratégico y la identificación oportuna de sus transformaciones como clave en la construcción de un aparato de defensa con altos estándares de adaptabilidad, que le garantizara al país ubicarse a la vanguardia de las amenazas y desafíos que demandan la actuación de las Fuerzas Militares.
El desarrollo de estas acciones estratégicas dio lugar a unas capacidades en sintonía con el objetivo trazado. De esta manera, entre 2006 y 2015, primero como viceministro y después como ministro de Defensa Nacional, lideré el proceso de definición de un plan de inversiones de cerca de 8.000 millones de dólares destinado al desarrollo de capacidades estratégicas, de operaciones especiales, inteligencia, control territorial, movilidad, comunicaciones, capacidades no cinéticas y bienestar de la tropa.
Estas acciones dieron lugar al debilitamiento significativo de las principales amenazas y factores generadores de inestabilidad entre 2007 y 2010. Posteriormente, entre 2011 y 2015 se logró el deterioro estructural de grupos armados ilegales, bandas criminales, redes de apoyo y fuentes de financiación. Así es como las Fuerzas Armadas, con el apoyo sostenido de los gobiernos desde 1998, alcanzaron una indiscutible legitimidad entre la ciudadanía y el respaldo de socios estratégicos como Estados Unidos, logrando materializar los objetivos estratégicos trazados en 2007 respecto de la construcción de condiciones de estabilidad.
Decisiones políticas posteriores, dirigidas a garantizar la firma de un acuerdo de paz con una de las organizaciones ilegales más grandes del país, terminaron por ralentizar este proceso de transformación y adaptación permanente que se desarrolló a lo largo de tres lustros, enfrentando a Colombia en la actualidad a un nuevo reto de comprensión de los retos y amenazas que le permita volverse a poner a la vanguardia de los factores de riesgo y estar en capacidad de materializar la visión de defensa nacional definida para 2030.
1. Adaptación, transformación y modernización de las Fuerzas Militares en Colombia
El fortalecimiento y modernización de las Fuerzas Militares en Colombia es la respuesta a un proceso de más de 15 años, el cual ha llevado a una transformación definitiva de la Nación. Esta transformación está basada en la recuperación del control del territorio, la promoción del imperio de la ley y la protección de la vida y bienes de los ciudadanos. A su vez, se refleja en más oportunidades, el desarrollo del conjunto del aparato institucional y un liderazgo regional en la construcción de estabilidad y la promoción de la seguridad.
Colombia asumió el reto de superar las circunstancias adversas que vivía a finales de la década de 1990, tomando el reconocimiento de la legitimidad del Estado como la columna vertebral de la protección de la vida y derechos de los ciudadanos. Para lograr sobreponerse a este desafío nacional, se decidió fortalecer a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional, dado su rol de protectores de los derechos e integridad de los ciudadanos y, en muchos casos, como facilitadores de la relación con el Estado en las diversas esferas.
Durante el período 2000-2008, la sociedad colombiana puso en marcha una primera etapa de transformación de las Fuerzas Armadas, que empezó con las inversiones y modernización institucional en el marco del Plan Colombia y terminó con el programa de desarrollo de capacidades más ambicioso en tres décadas, cuando una inversión de 5,5 billones de dólares proyectó una estructura de fuerza en un horizonte de 30 años.
Después de ocho años de una ofensiva sostenida y exitosa, las Fuerzas Militares alcanzaron su máxima madurez, logrando la recuperación progresiva del control territorial, el restablecimiento del dinamismo económico del país y el surgimiento de un sentimiento general de confianza entre los habitantes en todo el territorio nacional.
Desde el año 2009, las tendencias positivas en la evolución del enfrentamiento armado y la lucha contra la criminalidad presentaron un punto de inflexión. Si bien esto no significó un retroceso hacia las condiciones de principio del siglo XXI, entre el 2009 y 2011 las organizaciones armadas ilegales y las bandas criminales armadas se dedicaron al uso del terrorismo, los artefactos explosivos improvisados, la violencia selectiva y la coerción social y económica en las áreas donde aún conservaban presencia (cerca del 10% del territorio nacional), para frenar el debilitamiento sostenido que ponía en riesgo su supervivencia2.
Lo que no cedió fue el compromiso de la sociedad y el esfuerzo estatal con su derrota definitiva. En 2010 se refrendó la voluntad nacional de impulsar el país hacia un nuevo nivel de modernidad y desarrollo en todas las dimensiones, en el que la seguridad y la estabilidad representaban la base fundamental de la materialización de un país con prosperidad para todos sus ciudadanos.
Por ello, como ministro de Defensa en el año 2011, sobre la base de los principios de ética, disciplina e innovación, y a partir de una visión estratégica enfocada en la derrota de las amenazas vigentes y la transformación de las Fuerzas Armadas para los retos del futuro, puse en marcha un proceso de revisión que dio lugar a una estrategia de seguridad integral.
Esta estrategia respondió a los desafíos que el terrorismo y el crimen imponían a la seguridad de los ciudadanos, mientras también se avanzó en la garantía de la defensa de la soberanía nacional. Con ese fin, se enfocó en la desarticulación definitiva de las organizaciones al margen de la ley, la irreversible conquista de la seguridad y la salvaguarda de la integridad territorial; condiciones que eran necesarias para consolidar un camino de prosperidad y desarrollo de Colombia.
Esto dio lugar a la definición de la ruta hacia un estado final deseado para Colombia en 2030, que se representó en tres hitos temporales fundamentales para la materialización de la estabilidad y la prosperidad:
1. Presente: Desmantelamiento de actores y factores generadores de violencia y de sus medios de supervivencia. Generación de capacidades disuasivas creíbles para amenazas externas.
2. Transición: Consolidación del control territorial, del imperio de la ley y del despliegue institucional para la superación definitiva de las economías criminales; la consolidación del monopolio de las armas y el cierre de espacio a estructuras ilegales; despliegue de capacidades preventivas y disuasivas de defensa de la soberanía y la integridad territorial.
3. Futuro: Superación definitiva de los factores de riesgo interno y proyección de capacidades de seguridad pública. Consolidación de las capacidades defensivas y del rol de Colombia como líder en la construcción de estabilidad y seguridad regional3.
Con esa definición del horizonte estratégico y para asegurar que la hoja de ruta siempre se mantuviera con la brújula apuntando a su destino, el sector defensa y seguridad instaló un proceso de transformación y futuro dinámico basado en la planeación por capacidades, un modelo de sostenibilidad y eficiencia del gasto, la revisión estratégica e institucional periódica y la promoción de alianzas estratégicas, como herramientas para una adaptación oportuna a los desafíos de la gestión de la seguridad y la defensa.
No estábamos equivocados, los planes Espada de Honor I y II —resultantes de la articulación de estas herramientas— permitieron alcanzar en 2015 el mejor ambiente de seguridad en al menos 30 años, dando cuerpo a una parte importante del hito de corto plazo, y sentando las bases para avanzar sobre los siguientes.
2. Proceso de transformación de las Fuerzas Militares
Con el fin de emprender el camino hacia el estado final deseado para Colombia en 2030 desde la visión del sector seguridad y defensa, el Ministerio de Defensa Nacional puso en marcha un proceso que integraba el esfuerzo de las autoridades civiles del Ministerio de Defensa Nacional, el Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional, las instituciones sectoriales de apoyo a la misión militar-policial y el holding de empresas del sector.
El proceso de Transformación y Futuro se trazó como objetivo estratégico el desarrollo de unas Fuerzas Militares con la capacidad de anticipar los retos y contar con la estructura de fuerza necesaria para enfrentarlos. Este buscaba dar respuesta a tres retos clave: definir el futuro de las Fuerzas Militares para responder a una nueva configuración de las amenazas sobre la base de los logros consolidados en materia de seguridad y defensa; armonizar las necesidades actuales y futuras en seguridad y defensa con los recursos y presupuestos sostenibles, y establecer un sistema de planeación conjunta y coordinada más eficiente.
La transformación fue planteada en tres etapas de ejecución. La primera, enfocada en la aceleración de la victoria con un horizonte de 1 a 5 años cuyo enfoque es el de completar y sostener las capacidades para derrotar a las organizaciones terroristas y las bandas criminales activas en el país. De conformidad con lo anterior, se hizo énfasis en el fortalecimiento estratégico para disuadir y, si era el caso, enfrentar las amenazas a la integridad territorial y la soberanía.
La segunda etapa contempla el período de transición, con un horizonte temporal de 5 a 10 años. El lineamiento estratégico para esta etapa consistía en el desarrollo de un modelo de fuerza para la transición orientado a consolidar la paz. En este sentido, se identificó el fortalecimiento del pie de fuerza y de la cobertura territorial como un elemento base de la consolidación de la seguridad y el cierre de espacios para las economías criminales. También el aporte de las FF.AA. al desarrollo de zonas periféricas, la protección de activos estratégicos y recursos naturales, así como su disponibilidad para el apoyo en la atención de emergencias y desastres naturales. Asimismo, el reforzamiento de las capacidades defensivas enfocadas en el cierre de espacios vulnerables sobre áreas de frontera, la garantía del control marítimo y aéreo, sumado al desarrollo de capacidades disuasivas robustas.
La tercera etapa, que contemplaba un horizonte de más de 10 años, estableció que el modelo de Fuerzas Armadas 2030 sería el punto de llegada final de la transformación de las Fuerzas Militares, de modo que pudieran cumplir con dos condiciones fundamentales respecto de su alcance: el empleo de la fuerza para disuadir y responder al surgimiento de nuevas amenazas de carácter estratégico en el ámbito interno y lograr una postura estratégica defensiva con capacidad de proyección4.
El proceso de transformación incluyó desde su inicio el desarrollo doctrinario del concepto estratégico conjunto, coordinado e interagencial, considerado por el sector seguridad y defensa nacional como la fórmula clave para el control del territorio, la derrota de las amenazas y la construcción de estabilidad.
Este concepto estratégico prevé la integración de las Fuerzas Militares en el cumplimiento conjunto de la misión, incluso llevándolo al nivel de estructuras, como las Fuerzas de Tarea Conjunta. Asimismo, contempla la coordinación militar-policial como clave para hacer valer el imperio de la ley, el control de territorio y la desarticulación de las estructuras criminales y terroristas. Finalmente, la articulación de la estrategia de seguridad y los planes de otras agencias del Estado para desplegar una oferta estatal integral en el marco de una acción interagencial. Todo lo anterior, con miras de garantizar la protección de la población, la estabilización de los territorios y la integración a la dinámica nacional de las zonas más vulnerables a las organizaciones ilegales.
3. Las Fuerzas Militares de Colombia en el marco de la visión 2030
En el marco del proceso de Transformación y Futuro se definió que cualquier modelo de fuerza hacia el horizonte 2030 debería cumplir con tres principios: adaptabilidad, flexibilidad y sostenibilidad. Dicho modelo sugiere mantener la capacidad para responder al espectro completo de misiones (desde la seguridad ciudadana hasta la defensa externa), haciendo énfasis en la armonización de estructuras de fuerzas y capacidades con las perspectivas de evolución del escenario estratégico y las necesidades de los colombianos.
A partir de lo anterior, se definió que las Fuerzas Militares en 2030 deben desarrollar las capacidades necesarias para garantizar el control del Estado sobre la totalidad del territorio nacional, la seguridad de sus recursos naturales y la protección de los derechos de los ciudadanos, además de disuadir cualquier agresión externa y resistirla de forma decisiva en caso de que llegue a producirse.
Asimismo, contar con las capacidades para enfrentar de manera exitosa una crisis de seguridad interna y otra de defensa externa en un teatro fronterizo específico, que potencialmente se produzca de manera simultánea.
Finalmente, desarrollar capacidades para responder a misiones de carácter no principal, pero de gran relevancia para las Fuerzas Armadas y el país, como son la contribución al desarrollo de la Nación, la cooperación en seguridad regional e internacional, la gestión del riesgo y atención de desastres, y la protección del medio ambiente y los recursos naturales.
Todo lo anterior, bajo criterios de eficacia y eficiencia, asegurando la garantía de la seguridad y la defensa de los ciudadanos en tiempos de restricciones presupuestales y frente a un abanico de amenazas y riesgos de naturaleza cambiante.
El desarrollo del modelo de Fuerzas Militares definido se contempla en el marco de siete de las ocho áreas misionales del sector defensa y seguridad: defensa nacional; seguridad pública; cooperación internacional y diplomacia para la defensa y la seguridad; gestión y apoyo institucional; contribución a la gestión del riesgo de desastres; contribución a la protección de los recursos naturales y del medio ambiente, y contribución al desarrollo del país.
Si bien en Colombia el rol de las Fuerzas Militares está enfocado en misiones relacionadas con el control territorial, la seguridad de fronteras, la defensa externa y el desarrollo de misiones internacionales de paz y estabilización, la naturaleza de nuestro contexto particular y del sistema de seguridad y defensa nacional con el cual se atienden los desafíos que de este se derivan, estas también pueden verse involucradas en apoyo a misiones de seguridad interna, de lucha contra el crimen transnacional organizado y de asistencia humanitaria.
4. Desafíos para el desarrollo de la visión 2030 de las Fuerzas Militares en un contexto cambiante
El panorama de desafíos que enfrenta Colombia en el campo de la defensa no difiere de aquellos que tiene la región y el globo. El mundo se mueve rápidamente hacia una revaloración de las influencias regionales y extrarregionales, afrontando el blindaje territorial en medio de la crisis del multilateralismo y de una geopolítica caótica.
El sistema internacional está siendo puesto a prueba por cuenta de la desestimación de herramientas como las alianzas y los mecanismos de diálogo y de cooperación, los cuales son clave para la gestión de factores críticos con potencialidad de evolucionar en conflictos. En un escenario con relaciones caracterizadas por la distancia y la desconfianza, en que se debilita el intercambio de información, la acción coordinada y la unión de esfuerzos para la construcción de paz, los factores de riesgo se incrementan, aumentando la inestabilidad y obligando a las naciones a tomar acciones individuales con miras a resolver oportuna y efectivamente su dilema de seguridad.
Sumado a ese marco general global, en la región se aprecia el surgimiento de escenarios internos caóticos, tanto a nivel nacional como local. En estos, el fortalecimiento de regímenes populistas asociados al crimen transnacional, que son proclives al uso de actores subordinados y al desarrollo de conflictos de cuarta generación para sostener su poder y debilitar las democracias rivales, representan núcleos de tensión para la seguridad internacional.
En este frente juegan un rol determinante la aparición de actores extrarregionales como dinamizadores de la inestabilidad regional y local, así como la distracción de los aliados históricos de la defensa de los valores liberales, la democracia y el desarrollo. Esta mezcla de dinámicas, intereses y posturas tiene en medio, como grandes beneficiarios, a grupos terroristas y de crimen organizado que se fortalecen con capacidades no convencionales y la explotación de espacios grises.
El pulso geopolítico en la región ha traído consigo una mayor dinámica de inserción de riesgos derivados del uso de las tecnologías de la información, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Un ejemplo de esto es la proyección del dominio ciberespacial como un campo de combate abierto, en el cual se desarrollan operaciones de inteligencia estratégica, táctica y operacional, además de operaciones de información dirigidas a la desestabilización de los sistemas políticos y sociales de naciones rivales y el quebrantamiento de la moral del contrincante.
A la presión externa se suma la crisis en la legitimidad de los Estados debido a factores diversos, como el robustecimiento sostenido del crimen organizado, el debilitamiento institucional generado por la corrupción y la poca efectividad en la gestión estatal, la crisis social generada por la pandemia y una desconexión cada vez más evidente entre ciudadanos e instituciones.
Asociado normalmente con asuntos de seguridad y lucha contra el delito transnacional organizado, el crecimiento de las redes de crimen más allá de las fronteras ha transformado a las organizaciones armadas en verdaderas amenazas a la soberanía, la integridad territorial y la supervivencia del Estado. Su uso como actores subordinados no solo les otorga la habilidad de ser herramientas de debilitamiento de las capacidades diseñadas con base en hipótesis convencionales y de captura de territorios para su control, sino que a través de la erosión social, económica e institucional que infligen gravemente, pues resultan ser instrumentos para el socavamiento de las bases de la democracia, aumentando la capacidad de daño de un sistema rival extranjero.
La defensa nacional tiene en el debilitamiento institucional generado por la corrupción y la poca efectividad en la gestión uno de sus enemigos más poderosos, pero a su vez menos visibles. La protección de una nación es una función poco valorada en tiempos de paz y estabilidad, razón por la cual la discusión pública sobre presupuestos, inversiones, normas, roles y misiones enfrenta dificultades extraordinarias en un ambiente de desconfianza estructural entre instituciones y ciudadanos.
Sumado a lo anterior, el déficit de profesionalización, así como el debilitamiento de reglas y doctrina que resulten en comportamientos de los funcionarios de la defensa que atenten contra las libertades o sugieran comportamientos inmorales y corruptos, se convierten en factores internos de debilitamiento de la posibilidad de respuesta frente a desafíos que demandan la cohesión nacional, generando grietas que facilitan la actuación de sistemas rivales con miras a la fractura nacional e institucional.
Cualquier sistema rival valoraría de manera significativa el descuido de estos factores de riesgo dada la proyección que ofrece para el debilitamiento de las capacidades, la posibilidad de respuesta efectiva y la disminución de la fuerza de adaptación para pasar de un contexto de estabilidad a uno de conflicto.
La crisis social generada por la pandemia y la desconexión entre ciudadanos e instituciones son elementos que aportan dificultades a lo anteriormente señalado. En un momento en el cual la defensa nacional requiere procesos de adaptación tecnológica, infraestructura, organización y de capital humano profundos que demandan presupuestos no despreciables por cuenta de la transformación y la reconfiguración de la naturaleza de los conflictos, el ciudadano aprecia necesidades que considera más urgentes por resolver.
Durante los últimos 40 años, en Latinoamérica se ha dado un proceso sostenido de profesionalización e incorporación de los principios democráticos en los cuerpos militares, que en algunos países ha permitido la ampliación de la actuación a campos de acción no relacionados con los asuntos de defensa o seguridad. En este frente, la necesidad de incorporar a las Fuerzas Militares en dispositivos de respuesta frente a crisis humanitarias, atención de emergencias o desastres naturales, representa en paralelo una oportunidad y un desafío para la legitimidad y el profesionalismo de las fuerzas, dado el aumento del riesgo de su uso politizado y la pérdida de cohesión con los ciudadanos.
Los elementos anteriores también son asuntos determinantes para el desarrollo de capacidades de defensa efectivas en la promoción de la seguridad regional y la defensa de la nación colombiana. Sin embargo, Colombia sigue enfrentando asuntos muy particulares que requieren un plan sostenido de conservación y proyección de una estructura de defensa nacional con capacidad de sortear un período colmado de riesgos, y un alto potencial de conflictividad debe observarse desde el estado de las capacidades actuales, así como de las exigencias surgidas de la combinación de factores, actores y elementos disruptivos que pueden anular su desempeño exitoso.
El escenario posterior a los acuerdos de paz firmados con el grupo terrorista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) está caracterizado por una dispersión territorial fragmentada de retaguardias y disidencias, con vocación de aprovechamiento de las economías ilícitas y el control social y armado de los territorios donde estas se desarrollan. En Colombia, este es un asunto que supera el ámbito de la seguridad, dadas las particularidades geográficas en las que se presenta, las características de los métodos y de la violencia que estas organizaciones ejercen, así como las fortalezas que les ofrecen los santuarios transfronterizos desde donde se proyectan.
El país también tiene latentes desafíos reales frente a la salvaguarda de su soberanía e integridad territorial más allá de los ya identificados anteriormente en relación con el delito transnacional organizado. Tanto en el mar Caribe en los límites con Nicaragua como a lo largo de la frontera con Venezuela se estructuran amenazas con potencial real de afectación para el país.
Colombia es un país con riquezas naturales considerables. Su capital hídrico, la magnitud de su biodiversidad y sus reservas de minerales preciosos, energéticos e industriales hacen del país un objetivo apetecible en la dinámica actual en la que potencias extrarregionales buscan nuevas fuentes de recursos primarios.
De la misma forma, los activos estratégicos de la nación representan elementos clave a la hora de definir una visión de defensa nacional de futuro mediano. Durante los últimos 20 años, el país ha impulsado su crecimiento y el bienestar de sus ciudadanos a partir del desarrollo de un conjunto de infraestructuras de transporte y comercio, unidades industriales y de generación energética, así como de comunicaciones, los cuales constituyen la base del desarrollo para los siguientes 20 años de la nación.
Por otro lado, están los desafíos relacionados con el cambio climático. Para 2030 se estima que Colombia sufrirá una afectación de al menos el 2,2% del PIB por cuenta de inundaciones, la afectación del 44,8% de la infraestructura vial ubicada sobre la Costa Caribe, una aceleración de fenómenos como la erosión y la desertificación, la afectación del 50% del territorio nacional por cuenta de la transformación del régimen de lluvias, entre otros preocupantes efectos5.
En la respuesta frente a retos derivados del cambio climático y los desastres naturales, está demostrado que la estructura organizacional, el despliegue, la doctrina y las aptitudes para la gestión de crisis de manera inmediata de las Fuerzas Militares las convierte en un actor clave para la gestión de asuntos humanitarios.
El 2020 ha llegado con la crisis covid-19 dejando en evidencia otro frente de acción en este sentido. Siendo la pandemia un asunto que ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones civiles, demandando un esfuerzo logístico, de asistencia humanitaria y de control extraordinario, las Fuerzas Militares se han visto enfrentadas a desafíos amplios de sostenibilidad de sus capacidades para el apoyo a la respuesta gubernamental para la atención de las necesidades surgidas y la mitigación de los impactos causados.