Desafíos para la seguridad y la defensa en el continente americano 2020-2030

Si aceptamos que para Brasil prevalecen los escenarios de alineamiento con los EE. UU., la variable más móvil sería la disponibilidad de presupuesto para la defensa nacional. La consecuencia de eso para la seguridad y la defensa de la región sudamericana entre 2020 y 2030 no es irrelevante. Si hay alineamiento con los EE. UU. con restricción de presupuesto, la posición de Brasil frente la cuestión de Venezuela, de la Amazonía, y de China será defensiva; si, por otro lado, hay alineamiento sin restricción de presupuesto, la posición brasileña frente a las tres cuestiones será, por lo tanto, ofensiva.

Por postura ofensiva, con un Brasil alineado con los EE. UU. y con disponibilidad presupuestaria para defensa, se espera una participación activa en las crisis regionales, pese al imperativo constitucional de la no intervención que, en ese caso, se distingue del principio de no injerencia en asuntos domésticos sudamericanos y, por lo tanto, no es considerado fundamental. Cuando está en una postura ofensiva, Brasil también mantiene una política soberanista y exploratoria respecto de la Amazonía, además de distanciarse políticamente de China en foros multilaterales. Por postura defensiva se entiende una racionalización de su posición dominante en América del Sur, con énfasis en una retórica más ofensiva que las actitudes, también en cuanto a la Amazonía y China.

Las posiciones de Brasil frente a las tres cuestiones cuando hay autonomía y diversificación de alianzas son: mediadora, cuando hay restricción de presupuesto, y proactiva, cuando no hay restricción de presupuesto. Por postura mediadora se comprende un intento de ejercer un rol de mediación en las cuestiones regionales con mayor sensibilidad a demandas de organizaciones multilaterales y no gubernamentales, además de una postura negociadora en los organismos internacionales acerca, por ejemplo, de la cuestión del principio de no intervención al lado de otras potencias emergentes. Por postura proactiva se comprende una posición de liderazgo y de construcción de normas y proposiciones para la resolución de cuestiones regionales en organizaciones multilaterales, ampliando la oportunidad de voz para el país frente la comunidad internacional.

A continuación, presentamos los puntos principales de los escenarios posibles ante cada una de las combinaciones de las variables.

2.1 La cuestión venezolana

Respecto de Venezuela, una posición ofensiva conlleva algunas prácticas bastante específicas, como: 1) Participación activa, al lado de los Estados Unidos, Colombia y otros actores estatales regionales en la presión diplomática y económica en contra del régimen venezolano; 2) Contribución directa, incluso con tropas, para apoyar intervenciones extranjeras en Venezuela enfocadas en el cambio de régimen; 3) Apoyo a soluciones políticas y militares en Venezuela que no pasen por instrumentos y/o organismos multilaterales (OEA, Caricom, ONU) o tampoco iniciativas de mediación ad hoc (estilo “grupo de amigos” o “grupo de buenos oficios”), y 4) Respaldo político, con limitado apoyo militar (en aspectos técnicos, entrenamiento, monitoreo de fronteras etc.) a un régimen post Maduro.

Con respecto a Venezuela, una posición defensiva conllevaría otras prácticas, como: 1) La alianza explícita con Estados Unidos establecería una imagen de “subimperialismo brasileño” y de falta de confianza en sus vecinos sudamericanos. Esta situación obligaría a una “racionalización del dominio”, con el fortalecimiento de políticas de apaciguamiento en las fronteras norteñas (especialmente, en el estado de Roraima) y de diálogo bilateral con los Estados vecinos, de modo de demostrar la intención de no intervenir política o militarmente en asuntos domésticos en la región; 2) Apoyo indirecto a la oposición política venezolana, abriendo espacios para comunicación de sus demandas en los medios privados y públicos brasileños; 3) Condena formal a las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen bolivariano, y 4) Énfasis en una retórica condenatoria del régimen bolivariano, utilizando términos como “régimen dictatorial” bolivariano, defendiendo la “extinción” de dicho régimen.

En el caso de que se dé un cambio en el Ejecutivo brasileño hacia la autonomía y diversificación de alianzas, con o sin restricción de presupuesto, las posiciones brasileñas son, respectivamente, de mediación o proactividad. Todavía en la cuestión venezolana, una posición mediadora significaría: 1) Esfuerzos diplomáticos para la formación de un grupo de Estados que faciliten el diálogo y transición negociada entre los grupos en pugna en Venezuela; 2) El Ministerio de Defensa de Brasil buscaría puntos de contacto con sus equivalentes venezolanos de modo de expandir la posibilidad de diálogo con la oposición interna y disminuir la posibilidad de la opción represiva como forma de mantener el poder del régimen; 3) La diplomacia y los militares brasileños buscarían promover la construcción de confianza mutua con fines de legitimación para los mecanismos de mediación, y 4) Gestionar los foros multilaterales con el reto de despejar la situación venezolana e incentivar la participación coordinada y cooperativa de los instrumentos regionales hacia una solución pacífica del conflicto en este país.

En el caso de un escenario de proactividad brasileña hacia la crisis venezolana, sería posible esperar: 1) Al utilizar su posición diplomática, política y geopolítica históricamente cercana a los Estados Unidos, pero también cercana a Rusia en tiempos más recientes, como ejemplifica el caso de los BRICS, Brasil buscaría amplificar su voz en el sistema internacional como país capaz de mediar un conflicto potencial entre Estados Unidos y Rusia; 2) Apoyo económico para enfrentar la situación de falta de víveres e insumos ante la crisis nacional venezolana, de modo de disminuir la tensión social, facilitando el diálogo y un clima propicio hacia una transición de poder negociada; 3) Promocionar la formación de grupos observadores (en el formato de misiones de paz), por la OEA o por la ONU, de modo de ampliar las condiciones para la protección de la seguridad humana en Venezuela; 4) Ofrecer expertise en conocimiento tecnológico y de infraestructura comicial a las autoridades electorales venezolanas, y 5) Ofrecer buenos oficios de modo de favorecer la comunicación entre el gobierno estadounidense, el régimen bolivariano y la oposición venezolana.

2.2. La cuestión de la Amazonía

En un escenario de posición ofensiva de parte de Brasil, la cuestión amazónica conlleva las siguientes posibilidades: 1) Apoyo a la exploración de los recursos naturales del bosque tropical, con presencia de capital extranjero; 2) Apoyo a la expansión privada (nacional e internacional) de la “frontera agropecuaria” sobre zonas de bosque tropical; 3) Promoción de ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos y otros “major non-NATO allies”, como Colombia y Argentina; 4) Aceptación de la presencia militar estadounidense en la región amazónica (bases operativas, equipos de monitoreo, etc.), y 5) Búsqueda por deslegitimar y/o bloquear la repercusión nacional e internacional de las manifestaciones o protestas de organizaciones multilaterales, ONG ambientalistas y gobiernos extranjeros sobre la deforestación en la Amazonía.

En caso de un escenario de posición defensiva, sería esperable de Brasil: 1) “Racionalización de la dominación”, con la idea de no polemizar con los vecinos amazónicos; 2) Disminución (aunque basada en datos manipulados y/o falseados) del avance del agronegocio sobre el bosque amazónico; 3) Aumento de la atención, aunque relativa, sobre las protestas ambientalistas internacionales, sin provocar cambios concretos en la política de deforestación; 4) Mayor atención hacia las demandas de los pueblos originarios amazónicos, y 5) Disminución de la cooperación militar con Estados Unidos.

Un escenario de posición mediadora presentaría: 1) Mayor sensibilidad a las demandas de organizaciones multilaterales, ONG ambientalistas y Estados amigos respecto de la protección del bosque tropical amazónico; 2) Aumento de las protecciones y restricciones a la inversión privada del agronegocio en zonas amazónicas; 3) Mantenimiento de un bajo perfil en términos de cooperación militar con Estados Unidos en el ambiente amazónico; 4) Fortalecimiento de la política indigenista atenta a las demandas de los pueblos originarios, y 5) Creación de canales de mediación con el reto de controlar y minimizar el conflicto entre el agronegocio, las poblaciones originarias y las instituciones no gubernamentales pro derechos humanos y ambientalistas.

Estando Brasil en condiciones de sostener una posición proactiva, será esperable: 1) Propuestas de metas voluntarias verificables por organismos multilaterales para el cuidado de los bosques tropicales amazónicos y sus pueblos indígenas; 2) Incentivo a que los países amazónicos también asuman metas voluntarias verificables de cuidado con la Amazonía y sus pueblos; 3) Construcción de mecanismos de concertación regional contra la presencia militar de actores extrarregionales en la región amazónica, con vistas también al agrandamiento de la confianza mutua en asuntos militares entre los países de la región, y 4) Ejercicios militares conjuntos entre los países amazónicos.

2.3. La cuestión china

La tendencia es que la cuestión china sea ubicua e inevitable en escenarios donde la preferencia de Brasil es la alianza con los EE. UU. Así, cuando Brasil toma una posición ofensiva, habría un énfasis en: 1) El acercamiento hacia a los EE. UU. en foros multilaterales con distanciamiento de la concertación con China en los BRICS; 2) La no participación en los emprendimientos de la iniciativa One Belt, One Road, impulsada por China, pese a la aproximación de la paradiplomacia de estados y ciudades brasileñas con el gobierno chino en temas de salud pública y tecnología social, y 3) Intención de ofrecer a los vecinos sudamericanos un camino de impulso comercial distinto al chino por medio de la cooperación regional, incluso en términos de cooperación para la modernización e investigación en el campo de equipos militares/industria de defensa.

Si Brasil asume una posición defensiva ante China: 1) Mantiene la aproximación a los EE. UU. en foros multilaterales, aunque esto genere pérdidas diplomáticas y comerciales en la relación con China; 2) Se mantiene fuera de la iniciativa One Belt, One Road, y 3) Amplía su retórica en contra de la presencia de China en América del Sur, particularmente sobre los acuerdos militares hechos por los vecinos de la región.

Si la posición de Brasil es mediadora, 1) Hay una aproximación del país a China en foros multilaterales, especialmente respecto de las cuestiones de intervención humanitaria con utilización selectiva del principio de la responsabilidad de proteger; 2) En la esfera federal, hay adhesión a proyectos de infraestructura subsidiados por China sin haber una adhesión a la iniciativa One Belt, One Road, y 3) Brasil se acerca a China por medio de acuerdos de modernización militar, aunque mantenga su posición cercana a los EE. UU. en la misma cuestión.

Adoptando una postura proactiva, Brasil: 1) Lidera la construcción de normas y posiciones multilaterales en concertación con China, y 2) Adhiere a la iniciativa One Belt, One Road; 3) Disminuye la cooperación militar con los EE. UU., mientras invierte en la cooperación militar con China y desde una perspectiva Sur-Sur. De cualquier modo, la dependencia económico-comercial que Brasil ha desarrollado respecto del mercado chino presenta un desafío constante a la diplomacia brasileña y a las políticas de defensa del país, pues Brasil se queda entre la alianza histórica tradicional con Estados Unidos y la mencionada relación de dependencia ante China.

3. Brasil ante las amenazas transnacionales

Como la totalidad de los países de la región, Brasil enfrenta importantes cuestiones relacionadas con las llamadas “amenazas transnacionales”. Es necesario, no obstante, aclarar que no hay “amenaza” que cruce fronteras y que no esté asociada a dinámicas domésticas, que incluyen pandillas y grupos del crimen organizado locales, como también la presencia de células de organizaciones del crimen organizado de otros países y/o continentes. Así, en términos conceptuales, entendemos que las acciones de naturaleza transnacional están intrínsecamente ligadas a estructuras y actores domésticos5.

El más importante de estos fenómenos en Brasil es el narcotráfico. Entre las décadas de 1970 y 1990, Brasil fue un país de paso para la cocaína andina hacia Europa y un consumidor de segunda importancia de esa droga y de marihuana producida localmente6. En estos años, mafias italianas fueron las primeras en instalarse en plazas como la ciudad de Río de Janeiro, de modo de administrar la recepción y el transporte transatlántico de cocaína hacia el mercado europeo. Mientras tanto, pandillas locales, formadas en el sistema carcelario, como el Comando Vermelho (CV), pasaron a controlar el menudeo de drogas ilícitas, ocupando espacios en las zonas pobres de la ciudad (favelas y periferias), estableciendo enclaves de gobierno informal con alto grado de relación con fuerzas policiales con las que mantuvieron negocios y constante conexión (compra de armas, extorsión, secuestros)7.

Desde finales de los años noventa, no obstante, el tráfico de drogas creció en importancia como actividad ilegal y mercado ilícito en Brasil. Según datos de Naciones Unidas, Brasil es actualmente el segundo mercado más grande para cocaína en el mundo (en polvo y en piedra o crack), y un importante mercado para la marihuana, importada principalmente desde Paraguay8. Las pandillas se han expandido por el territorio nacional. Partiendo desde Río de Janeiro, el Comando Vermelho hoy tiene influencia en el norte y nordeste de Brasil, gracias a alianzas con bandas locales. Desde São Paulo, el Primer Comando de la Capital (PCC) estableció el monopolio sobre las actividades ilegales (tráfico de drogas, extorsión, robos a bancos, secuestros) no solo en esa ciudad, sino en todo el estado y más allá, proyectando su influencia hacia el sur y el centro-oeste de Brasil. La alianza que acercó PCC y CV desde finales de la década de 2000 terminó entre 2016 y 2018 con la disputa violenta por el control del tráfico de armas y drogas desde Paraguay y el dominio de las rutas de exportación de cocaína por los tres arcos de la extensa frontera brasileña: el Arco Norte (desde la frontera con la Guayana Francesa hasta el inicio de la frontera con Bolivia y Perú), el Arco Central (desde el inicio la frontera con Bolivia hasta la frontera con Paraguay) y el Arco Sur (desde Paraguay hasta Uruguay).

Las dos organizaciones criminales forman un tipo de federación ilegal, uniendo a grupos locales, dentro y fuera de las prisiones, a través de códigos de conducta y normas comunes, seguidos del pago de “tributos” a los líderes centrales9. En el caso de Río de Janeiro, la situación es de violencia visible, pues no hay monopolio sobre las actividades ilegales. Por la zona metropolitana compiten bandas de origen carcelario, como el CV, el Tercer Comando Puro (TCP) y Amigo de los Amigos (ADA)10. Desde la década de 1990, otro actor ilegal surgió en ese escenario: las milicias, originalmente grupos presuntamente de autodefensa en contra de la presencia de las pandillas del narcotráfico, formadas por policías o expolicías, militares y exmilitares, pero que pronto se convirtieron en organizaciones de tipo mafioso, controlando servicios públicos, el tráfico de armas y drogas, los servicios de transporte, entre otras actividades.

Con la expansión de la violencia urbana en Brasil, asociada al tráfico de drogas y otras actividades ilegales, creció la presión política y social para intervenciones de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública. Este punto es de importancia e impacto para las políticas de defensa en Brasil, pues pone bajo discusión el rol constitucional de los militares, con implicaciones tanto técnicas (entrenamiento, equipos, medios operativos) como políticas (las relaciones cívico-militares, la militarización de la seguridad pública). La Constitución de Brasil, aprobada en 1988, atribuye a las Fuerzas Armadas, en su artículo 142, la función subsidiaria de apoyar a los poderes políticos constituidos en caso de amenaza a las propias instituciones o al orden público. La Constitución es muy clara sobre el rol principal de las Fuerzas Armadas, vinculado a la defensa de la patria en contra de amenazas exteriores, atribuyendo el elemento de la intervención doméstica como caso excepcional y limitado espacial y temporalmente (las reglas fueron instituidas por Ley Complementar N° 97, de 1999, y Ley Complementar N° 136 de 2010).

A diferencia de otros países latinoamericanos, donde la presencia de las Fuerzas Armadas en operaciones internas en contra del narcotráfico y otros desafíos al poder estatal pasaron a ser parte integral de la vida de las corporaciones militares, lo mismo no ocurre en Brasil. Sin embargo, el debate sobre la intervención militar en asuntos de seguridad pública ha ganado espacio entre académicos, partidos políticos, autoridades políticas y oficiales militares desde que, a partir de 2010, el artículo 142 ha sido invocado a menudo por autoridades políticas subnacionales. Los casos más importantes se dieron en Río de Janeiro, donde fuerzas del Ejército y de la Armada ocuparon extensas áreas de asentamiento urbano irregular (favelas) entre 2010 y 2012, y entre 2014 y 2015, y donde, en 2018, el gobierno federal intervino la Secretaría de Seguridad Pública, pasándola a manos de un general de Ejército bajo la autoridad del Ministerio de Defensa.

El tema de la militarización de la seguridad pública en Brasil no es trivial. La Constitución de 1988 fue elaborada siguiendo las formalidades democráticas, pero en un contexto muy inestable en que los militares mantenían mucha de su influencia política. La fuerza del lobby militar sobre la redacción del texto constitucional es evidente en el tema de la seguridad interna o seguridad pública. El modelo para la seguridad pública establecido en 1969, en el período más intenso y violento de la lucha entre el régimen autoritario y los grupos ilegales armados, dibujó un complejo sistema de vigilancia y represión, el que incluyó a organismos de inteligencia militares, agencias de investigación cívico-militares y un patrón de policías militarizadas, de tipo gendarmería, en cada estado de la federación.

El mando de estas fuerzas quedó ligado al comando del Ejército y su jerarquía, y muchas de sus modalidades de entrenamiento mantuvieron el esquema del Ejército Nacional. Cuando en 1988 se buscaba un modelo distinto de seguridad pública, interesado en la seguridad ciudadana y no en la seguridad del Estado, hubo una propuesta de desmilitarizar a las policías estatales. Esta propuesta fue rechazada por el alto mando militar, generando presiones sobre el Congreso y sobre la Presidencia de la República. La solución intermedia encontrada fue mantener la militarización de las policías, ahora bajo el mando del gobierno estatal electo (durante el régimen autoritario, los gobernadores eran nombrados por el Presidente de la República, que era siempre un general del Ejército). Además, el mencionado artículo 142 dejó abierta la posibilidad de intervención de las Fuerzas Armadas en casos considerados de disrupción interna y de amenaza a las instituciones.

Es importante subrayar que las actuales Estrategia Nacional de Defensa y Política Nacional de Defensa, ambas publicadas en 2020, no mencionan las llamadas “Operaciones para Garantizar Ley y Orden” (GLO) como parte de las funciones principales de las tres fuerzas. De este modo, el Ministerio de Defensa obedece a la Constitución y se rehúsa a aceptar que los militares cumplan el rol de policía, aunque tareas de tipo policíaco sean previstas y practicadas en zonas de frontera terrestre y en aguas territoriales, en cooperación con la Policía Federal. Tomando en cuenta el pasado de intervención policial y represiva de las Fuerzas Armadas durante el régimen autoritario (1964-1985) y la normalización de las misiones antinarcóticos y antipandillas en América Latina, la postura del Ministerio de Defensa respecto de las funciones tradicionales de las Fuerzas Armadas es un dato de extrema importancia.

Otra cuestión crucial para la seguridad hemisférica en las últimas dos décadas, como es el terrorismo transnacional fundamentalista islámico, no entra en el campo de las preocupaciones de defensa de Brasil, a pesar de la atención a la presunta presencia de células del Hezbollah y de Hamas en la región de la triple frontera sur de Brasil (Foz do Iguaçú, Brasil; Ciudad del Este, Paraguay, y Puerto Iguazú, Argentina). Tras los atentados de 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, en el ámbito de la “guerra contra el terrorismo” lanzada por el gobierno de George W. Bush, hubo especulaciones de autoridades estadounidenses de que miembros de grupos considerados “terroristas” por el Departamento de Estado, la CIA, el FBI o por el Departamento de Defensa de Estados Unidos estaban infiltrados en las comunidades de origen sirio-libanes que operan parte considerable del comercio en la triple frontera. Esta hipótesis, sin embargo, nunca ha sido confirmada, aunque la región sea un nodo fundamental para el contrabando de productos industrializados, el tráfico de drogas, el paso de vehículos robados, el lavado de dinero y el tráfico de armas. Este último es un problema relevante para las dos dimensiones conectadas (la defensa nacional y la seguridad pública), pues las armas operadas por los grupos ilegales mencionados más arriba entran, principalmente, por vía marítima (los puertos de Santos o de Río de Janeiro) y por las fronteras con Paraguay y Bolivia.

En ese asunto, en especial, entendemos que haya una oportunidad concreta de colaboración entre las Fuerzas Armadas de Brasil y la Policía Federal para que los elementos de vigilancia e inteligencia sigan desarrollándose de modo que ofrezcan mejores capacidades operativas en términos de incautaciones de drogas, armas y contrabando en una inmensa franja de la frontera. No es coincidencia que la fase experimental por la que está pasando el programa Sistema de Vigilancia de las Fronteras (Sisfron), a cargo del Ejército de Brasil, se ha concentrado en la frontera entre Brasil y Bolivia, de modo de verificar la interoperatividad e integración de los sistemas electrónicos (radares y satélites), el procesamiento de datos y el desplazamiento de fuerzas de seguridad del Estado para zonas de alta actividad ilícita transfronteriza.

4. Conclusiones

La reciente publicación de la Estrategia Nacional de Defensa y de la Política Nacional de Defensa por el Ministerio de Defensa de Brasil ha generado debates y polémica en Brasil y también entre expertos en defensa y seguridad de países vecinos. El punto de controversia fue la inclusión, por primera vez desde que estos documentos son editados, de hipótesis de conflicto militar. Los argumentos críticos fueron construidos alrededor de una presunta resurrección de pretensiones expansionistas de Brasil o incluso una supuesta comprobación de la fuerza de los militares en el actual gobierno brasileño. Sin cuestionar el rol protagónico de los militares en el gobierno de Jair Bolsonaro, interesa subrayar que, en términos estrictos de defensa, lo que se puede leer en la Estrategia Nacional de Defensa es una mención a la posibilidad de conflictos entre o con la participación de potencias extrarregionales que no son nombradas. De este modo, no hay ninguna indicación de que los vecinos sudamericanos de Brasil sean considerados posibles enemigos o blancos militares.

Es cierto que la inclusión de hipótesis de conflicto en un documento como este es una novedad en una historia que, no obstante, es muy reciente. El primer ensayo de un documento con ese contenido fue publicado en 1996, durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. El segundo esfuerzo en este sentido se reanudó en 2008 en el gobierno de Lula da Silva, con la preparación de tres documentos que serían presentados cada cuatro años: una Estrategia Nacional de Defensa, una Política Nacional de Defensa y un Libro Blanco de la Defensa (lanzado por primera vez en 2012, en el gobierno de Dilma Rousseff). Siguiendo la práctica de otros Estados de la región y de las democracias liberales del hemisferio norte, los documentos buscan estimular la confianza mutua en la región y medios para una accountability de la ciudadanía brasileña respecto de sus Fuerzas Armadas y proyectos en el campo de la defensa nacional.

El hecho de que las versiones actuales de los documentos no incluyan a la militarización de la seguridad pública en el conjunto de funciones centrales de las Fuerzas Armadas parece estar en consonancia con la citación a hipótesis de conflicto, pues si es tarea de las Fuerzas Armadas prepararse para la eventualidad de ataques externos a su soberanía, parece coherente que el Ministerio de Defensa trabaje precisamente sobre esta cuestión y no sobre intervenciones en seguridad interna —solamente mencionada una vez en la Política de Defensa, en la parte sobre el Ejército, no sobre cuestiones marítimas o aéreas—. La capacitación y profesionalización de las Fuerzas Armadas de Brasil hacia funciones básicas y tradicionales son elementos importantes para un país donde la historia republicana estuvo marcada por la politización de los militares y por la represión hacia los propios ciudadanos. Las sugerencias de que los documentos de defensa sean agresivos suenan exageradas, además de no considerar la importancia de que se formalice un rol de actuación tradicional. Si la práctica de las operaciones militares sigue fielmente lo que proponen los documentos, es otra cuestión. Hay ejemplos históricos significativos de la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna y en el control de la vida política nacional. Por esa razón, la publicación de documentos con características más tradicionales es una indicación positiva para las relaciones cívico-militares y la consolidación de la democracia en Brasil durante la próxima década.

Referencias

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1 Ministério da Defesa. Poder Executivo entrega atualizações da PND, END e LBDN ao Congresso Nacional. Consultado en: https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/noticias/poder-executivo-entrega-atualizacoes-da-pnd-end-e-lbdn-ao-congresso-nacional

2 DefesaNet, Cenários de Defesa 2040 – Descrição dos Cenários, consultado en: https://www.defesanet.com.br/doutrina/noticia/35694/Cenarios-de-Defesa-2040---Descricao-Cenarios-/

3 Amitav Acharya, The End of American World Order. Cambridge & Malden: Polity Press, 2014, 1-58.

4 Amitav Acharya, The End of American World Order. Cambridge & Malden: Polity Press, 2014, 49.

5 Rodrigues, Thiago; Kalil, Mariana y Augusto, Acácio. “Brazil: violence and public (un)safety”, en Violence in the Americas, ed. Hanna Kassab y Jonathan Rosen (Lanham: Lexington Books, 2018), 17-18.

6 Bergman, Marcelo. Drogas, narcotráfico y poder en América Latina. México: Fondo de Cultura Económica, 2016, 96-98.

7 Rodrigues, Thiago. Política e Drogas nas Américas: uma genealogia do narcotráfico. São Paulo: Desatino, 2017, 114-128.

8 United Nations. World Drug Report 2019. Vienna: UNODC, 70-71.

9 Feltran, Gabriel. Irmãos: uma história do PCC. São Paulo: Companhia das Letras, 19-29.

10 Soares, Luiz Eduardo. Rio de Janeiro: extreme city. London: Penguin, 166-176.