Teoría y práctica del análisis de conflictos ambientales complejos

La conservación, las vías para hacerla realidad y cumplir con los acuerdos internacionales han probado ser fuentes de numerosos conflictos de distintas magnitudes. En particular de conflictos derivados de las formas como las comunidades se han adaptado a los ecosistemas que habitan y cómo han agenciado sus recursos, enfrentadas a modelos de gestión y conservación estandarizados por lógicas, saberes y prácticas eurocéntricas dirigidos a conservarlos, pero que no atienden su cosmovisión y modos de vida.³²

Estas prácticas serán fuente recurrente de conflictos, e incluso se han documentado casos de “desplazamiento verde”, al reasentar contra su voluntad a grupos humanos fuera de sus territorios ancestrales³³ para garantizar la conservación de los ecosistemas que irónicamente habían mantenido y habitado (véase Agrawal y Redford, 2009; Arsel y Büscher, 2012; Fairhead, Leach y Scoones, 2012; Maldonado, 2005; McCarthy y Prudham, 2004).

En el caso colombiano, en la jerga institucional, los territorios ancestrales de las comunidades étnicas (resguardos indígenas y numerosos territorios de comunidades negras) se “traslapan” con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, diseñado por expertos sin tener en cuenta a las comunidades que los habitan. Irónicamente, los dispositivos de poder y disciplinas de gestión puestas en marcha en los parques naturales han tenido como consecuencia la erosión de las territorialidades de estos grupos y han generado enormes vacíos de poder que, desde entonces, han propiciado su depredación y despojo por parte de actores externos bajo la mirada cómplice y la inoperancia de la gubernamentalidad (Correa, D., 2006, 2010; Ulloa, 2001, 2004, 2007).

La dupla neoliberalismo y desarrollo sostenible agudiza la intratabilidad

En la década de los ochenta, la respuesta de académicos de izquierda y de derecha, de las ONG, así como de entidades financieras multilaterales respecto al papel del Estado en la planificación del desarrollo, apuntaron a la necesidad de desmontarlo, al etiquetarlo como caduco, endeudado, derrochador e ineficiente. La escuela de Chicago y el nobel de economía de 1976, Milton Friedman, postularon la necesidad de confiar al mercado y a la iniciativa privada no solo el desarrollo, sino también la provisión de bienestar social y la gestión de los recursos naturales y su conservación. En consecuencia, la lógica de actuación por parte de los mecanismos de la gubernamentalidad cambió. A comienzos de los ochenta, el discurso del desarrollo alternativo, del ambientalismo y la conservación sufrieron una mutación epistemológica con el fin de ser progresivamente resignificados de manera funcional a la racionalidad neoliberal, bajo la forma de desarrollo sostenible, legitimado en la Cumbre de Río por los actores de poder globales, como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), las principales agencias de cooperación para el desarrollo e, incluso, por una amplia gama de ONG.

El discurso, si bien invitaba a los países del Sur a apartarse del camino seguido por el Norte y no cometer los mismos errores que tantas crisis y catástrofes ambientales habían generado,³⁴ consideraba a los recursos naturales como importantes, dado su papel estratégico para el desarrollo en función de los servicios que presta a la sociedad, lo cual no significaba en ningún momento alterar los patrones de crecimiento económico, consumo y uso de los recursos naturales, ni tampoco transformar efectivamente la concepción del “desarrollo” (O’Brien, 1995).

El paradigma del desarrollo sostenible como discurso de verdad permitió articular los procesos políticos locales a los nuevos consensos económicos globales, que requerían el desmonte gradual del Estado interventor; abrir las economías nacionales a los mercados internacionales; estabilizar las principales variables macroeconómicas, y el control de los déficits presupuestales y de la inflación como condiciones básicas para atraer la inversión extranjera, al tiempo que exigía a los Gobiernos flexibilizar los regímenes laborales (los cuales habían sido ganados con tantos esfuerzos y mártires desde comienzos del siglo XX), con el fin de “elevar la competitividad productiva” y propiciar un flujo de intercambios comerciales que, hasta apenas una década atrás, habrían sido impensables bajo la lógica fordista del proteccionismo y el modelo de sustitución de importaciones, heredero de los mecanismos de seguridad como la biopolítica.

Los países del Sur, en los años siguientes a la Conferencia de Río de Janeiro, transformaron su aparato institucional, crearon ministerios de Medio Ambiente y trataron de seguir los mandatos de la Agenda 21 (O’Brien, 1995).

La adopción incondicional, por parte de los Gobiernos, del discurso del desarrollo sostenible generó las condiciones que posibilitaron la creación de un nuevo campo de expansión del capitalismo globalizado. Los parques naturales y áreas protegidas naturales creados en los setenta y “sus bienes y servicios”, con la globalización y el proceso de apertura de los mercados, podían y debían integrarse al capital y al desarrollo económico (Agrawal y Redford, 2009).

El “patrimonio natural” de los países del Sur se constituía en una plataforma estratégica para el desarrollo. Programas como Debt for Nature, Sumideros de Carbono y Pagos por Servicios Ambientales reconocían los recursos naturales de los países del Sur como prestadores de servicios globales valiosos, pero, más importante quizás, los monetizaba y vinculaba inexorablemente a los circuitos financieros globales (Büscher, Sullivan, Neves, Igoe y Brockington, 2012; Corson, 2010; Planeación, 1998).

El dispositivo de mercado, bajo los saberes de la economía ambiental, se encaminó a orientar la gestión de la naturaleza; surgieron los lemas: “Think globally, act locally” y “El que contamina paga”, entre muchos otros. Los bloques de poder simbólico habían logrado producir el discurso del desarrollo sostenible y la conservación, de este modo se impusieron el uso de instrumentos capitalistas para gestionar la naturaleza y ciertos saberes y disciplinas para administrarlos, los cuales, con sus prácticas, darán curso en adelante a un sinnúmero de conflictos de distintas magnitudes y características. La naturaleza debe ser en adelante transada como mercancía en un portafolio de recursos productivos en los recién abiertos mercados internacionales para la inversión extranjera (Büscher et al., 2012; Shiva, 1992; Sullivan, 2013).

A fin de cuentas, el discurso y las prácticas del desarrollo sostenible, que, en principio, desempeñarían un papel importante en la prevención de los conflictos por recursos naturales, dada su ambigüedad y sesgo neoliberal, se convirtió en fuente de conflictos, incluso algunos autores han señalado que es precisamente su uso amañado lo que ha convertido al discurso del desarrollo sostenible en una fuente de conflicto (Sneddon et al., 2002).

En el mejor de los escenarios, la noción de desarrollo sostenible contemplaba una aproximación preventiva al conflicto, en la medida en que establecería criterios e instrumentos de distintos tipos, en particular desde la gestión ambiental, para evitar su formación mediante la prevención o mitigación de los impactos negativos de las actividades extractivas, productivas y reproductivas de los seres humanos; pero, irónicamente, al mantener su adhesión al papel de la naturaleza y los recursos naturales en el mantenimiento de un indefinido crecimiento económico, se transforma en un significante vacío.

Los efectos del ajuste sobre un contexto proclive a la intratabilidad

La agudización del recrudecimiento de la pobreza, el deterioro de los recursos naturales, el aumento en el número y la magnitud de los conflictos por recursos naturales tienen una relación directa con los cambios en las lógicas de gobierno y sus mecanismos de seguridad, policía y jurídicos. En primer lugar, la apertura económica de los países ha facilitado la entrada, con grandes beneficios para el gran capital en cabeza de transnacionales, multinacionales y grandes conglomerados económicos, en particular los conglomerados dedicados al negocio minero-energético, que han desempeñado un papel importante para incidir en la orientación de las iniciativas de desarrollo hacia la reprimarización de las economías del Sur.

Relacionado con lo anterior, en Latinoamérica se han reportado graves procesos de desindustrialización que han desencadenado una fuerte pérdida de empleo formal, el cual también ha disminuido por cuenta de otras medidas de ajuste implementadas, como el desmonte del Estado y la disminución del empleo estatal, es decir, la transformación de los antiguos mecanismos de seguridad de la población. Más aún, por la vía de la descentralización se han transferido importantes funciones y competencias de mecanismos de seguridad, como la provisión de bienestar y control ambiental, a débiles gobiernos locales sin una transferencia proporcional de poder de decisión, recursos y fortalecimiento de capacidades. Además, la transferencia de los mecanismos de seguridad —para provisión de bienestar a la población, de mecanismos de policía, control y regulatorios— al sector privado, a ONG o a entidades internacionales dificultan fuertemente la rendición de cuentas y la transparencia (Jessop, 1994).

En segundo lugar, la pobreza se ha visto agravada por la disminución de la inversión social, así como se ha inhabilitado al dispositivo de gobierno en su capacidad para garantizar mecanismos de seguridad para la población y, por consiguiente, de provisión de bienestar, debido a severos recortes de planta fiscal y administrativa.

La desregulación y la flexibilización laboral exigidas por el ajuste han influido de manera decisiva en la ampliación de la informalidad laboral, la desprotección y el rebusque generalizado, una condición común al grueso de los pobladores de los barrios informales, que también ha tenido como efecto colateral la imposibilidad de acceder a crédito para vivienda, a las ventajas de protección social de calidad y a los programas de bienestar, educación y acceso a vivienda que ofrecen las cajas de compensación familiar a sus trabajadores formales afiliados.

En efecto, la combinación de la privatización de las empresas de servicios públicos —aseo, basuras, energía y gas—, la privatización de la salud y la educación, la entrega de las curadurías urbanas³⁵ y la flexibilización laboral y consecuente informalización económica han conspirado en conjunto para elevar de manera espectacular el aumento de la pobreza y, en correspondencia, las dinámicas de auto-producción del hábitat³⁶ (Ahumada, 1996, 2000; Bienefield, 1997; Stiglitz, 2003).

La dupla pobreza e informalidad laboral ha adquirido dimensiones dramáticas, lo que ha hecho cada vez más difícil de abordar y solucionar el acceso a la vivienda en las grandes ciudades. Al no contar con empleo e ingresos seguros y estables, el acceso a crédito para vivienda es, por decir lo menos, imposible.

La provisión de VIS se ha tratado de “solucionar” en la mayoría de las ciudades del Sur a través de subsidios estatales para la compra de vivienda, sin atacar el problema central de déficit generalizado de vivienda para las poblaciones con menor poder adquisitivo, negocio que resulta poco atractivo para la empresa privada por los bajos márgenes de beneficios económicos. Por esta razón, la entrega a los privados de programas de acceso a vivienda digna ha probado ser poco atractiva para los promotores privados.³⁷

Adicionalmente, la privatización de las empresas encargadas de la provisión de servicios básicos ha elevado sus tarifas, debido a la implementación de modelos basados en el mercado, que son a menudo sesgados por nepotismos y favoritismos, así como son objeto de un débil control gubernamental en cuanto al seguimiento de su gestión, prácticas y cumplimiento de los contratos de privatización; un ejemplo lamentable es Electricaribe.

Adicionalmente, la privatización y transferencia de funciones de planeación urbana ha generado impactos negativos sobre el cumplimiento de las normas urbanísticas, como veremos con respecto al papel de las curadurías urbanas en el otorgamiento de licencias irregulares en predios afectados por la Reserva Bosque Oriental de Bogotá en el capítulo dedicado al análisis de la acción popular en contra de la delimitación de la franja de adecuación de la Reserva.

En suma, el giro en las lógicas de actuación de la gubernamentalidad en los países del Sur, en las últimas décadas, ha propiciado el crecimiento de la pobreza y la emergencia de conflictos ambientales; asimismo, ha impuesto enormes retos a la realización de acuerdos, lo que ha constituido este accionar y sus lógicas en fuente permanente y creciente de conflictos.

Los proyectos nacionales han ido cediendo sus espacios a los proyectos globales, que ahora deben ser rentables; aquí, temas como la salud, el empleo, la educación y la administración de la universidad pública, así como la definición de prioridades y la financiación de la investigación, cobran enorme relevancia. En adelante, el conocimiento solo será valorado en función de su utilidad para los procesos económicos globales y su rentabilidad, los cálculos costo-beneficio, los intereses de los inversores y los mercados en expansión, etc.; temas como la responsabilidad social, la función social de la educación y del Gobierno en la provisión de bienestar han terminado por desdibujarse (Porto-Gonçalves, 2006).

El nivel meso: la gubernamentalidad como dispositivo de poder territorial

Esta sección se concentra en presentar los conceptos de gubernamentalidad y biopolítica vistos como dispositivos de poder que buscan, mediante distintas tecnologías y saberes, regular el acceso a recursos del territorio desde una cierta intencionalidad o racionalidad. Vale la pena anotar que el territorio es consecuencia histórica del balance del acumulado de las relaciones de poder: “Los hombres, a partir de sus hábitos y costumbres particulares son quienes entablan vínculos permanentes con las riquezas y los recursos del territorio” (Castro-Gómez, 2010, p. 59).

Desde la dimensión de las prácticas institucionales, la literatura especializada en conflictos intratables ha identificado el papel determinante que desempeñan los mecanismos de gobierno sobre la regulación de la apropiación, el acceso, el control y la distribución de los recursos naturales en los territorios bajo su jurisdicción. La gubernamentalidad, a través de sus mecanismos de seguridad, provee bienestar y legitima los distintos niveles de acceso a ellos entre los pobladores del territorio (biopolítica). Como tecnología de gobierno, desempeña un papel clave en los conflictos ambientales al regular el acceso de la población a los recursos o restringirlo, y construir regularidades que bien pueden prevenirlos, transformarlos o, por el contrario, producirlos y complejizarlos.

El caso de la informalidad urbana como conflicto por uso del suelo es recurrente en los países del Sur, hecho que se ha extendido por sus proverbiales características de pobreza, inequidad y segregación socioespacial, por lo cual es previsible que se mantenga y permanezca irresuelto en el tiempo sin transformarse.

Por otra parte, las fallas y fragmentaciones de los dispositivos de poder cumplen una función importante en los conflictos, en virtud de su heterogeneidad o del enfrentamiento entre las lógicas inherentes a sus objetivos. Por ejemplo, los dispositivos de seguridad buscan proveer de un mínimo de bienestar a la población: techo, alimentos, empleo, etc., mientras que la lógica neoliberal establece otras lógicas de provisión de bienestar por la vía de subsidios focalizados y el mercado, lo que puede generar conflictos.

Los estudios sobre intratabilidad de la escuela norteamericana han reseñado cómo la contradicción presente en un conflicto es a menudo aprovechada por los actores menos poderosos para poner sobre la arena de debate temas de mayor relevancia (high stake distributional issues) (Lewicki et al., 2003). Es decir, involucran elementos estructurales, como, por ejemplo, exigir un cambio en la lógica u orientación de los dispositivos de poder en los que, por lo general, el costo del arreglo es mayor al de mantenerse en la disputa, lo que incide en el aumento de su duración y ocasiona que los intentos de transformación no tengan éxito. Es claro que los dilemas presentes en las contradicciones —especialmente en las formas de resolverlas— fijan precedentes, como es el caso de las sentencias de las cortes constitucionales y los fallos del Consejo de Estado, que surgen precisamente de conflictos, movimientos, resistencias y acciones colectivas que buscan el cambio social.

El nivel meso de análisis tiene que ver, específicamente, con el examen de las maneras como las prácticas de la gubernamentalidad, a través de ciertos saberes y dispositivos —jurídicos, disciplinarios o de seguridad—, han intervenido a la población y el territorio de Bogotá mediante unas estrategias (iniciativas, normas, procedimientos, planes, políticas y programas) que, por una parte, buscan regular no solo la ocupación del suelo urbano, sino también los procesos de normalización de los barrios informales y la consecuente provisión de recursos claves para la supervivencia (educación, salud, infraestructura de servicios, transporte, equipamientos, etc.) desde una clara perspectiva biopolítica, pero, por otra parte, también han generado una compleja gama de contradicciones, que se evidencian en los patrones de ocupación y configuración no planificada del territorio de la ciudad y el conjunto de dinámicas problemáticas que han emergido alrededor de la gestión del suelo desde la aclimatación³⁸ de instrumentos de ordenamiento a comienzos del siglo XX, como, por ejemplo, el city planning, producto del urbanismo como saber hegemónico.

Las intervenciones urbanísticas puestas en marcha a lo largo de los siglos XX y XXI en Bogotá se han dirigido a normar y regular la ocupación del territorio, el crecimiento de la ciudad y el acceso al suelo, mediante la incorporación de categorías como, por ejemplo, de suelo urbano, suelo rural y conservación; sin embargo, han ido construyendo un habitus que mantiene y reproduce sus propias características duales (formal-informal), el cual, a pesar de algunos logros, es funcional al sistema socioeconómico extractivo, excluyente, segregacionista, depredador de la naturaleza, corrupto y clientelista colombiano; las sinergias entre estas lógicas de actuación de la gubernamentalidad y las dinámicas sociales han conspirado para generar fuertes presiones sobre la expansión urbana no planificada (Aprile, 1992; Aunta-Peña, 2009; Pécaut, 2001; Torres-Tovar, 2005, 2007).

A continuación, se profundizará en la noción de gubernamentalidad como tecnología de poder y en el papel que desempeña, ya sea para prevenir el conflicto, transformarlo o elevar los rasgos de intratabilidad al involucrar, a través de sus dispositivos jurídicos y de seguridad, nuevos actores, normas, competencias y funciones.

La intratabilidad y las prácticas de la gubernamentalidad

La noción de gubernamentalidad formulada por Michel Foucault fue definida y redefinida durante sus clases dictadas en el Collège de France entre 1978 y 1979.³⁹ Según este autor, este concepto remite al

conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esta forma tan específica, tan compleja, de poder, que tiene como meta principal la población, como forma primordial de saber, la economía política y como instrumento técnico esencial, los dispositivos de seguridad. (Foucault, 1999, p. 195, citado por Castro-Gómez, 2010, p. 61)

Como tecnología de poder, la gubernamentalidad emergió en Europa entre los siglos XVII y XVIII, fruto de la transformación de las concepciones sobre cómo gobernar el territorio: los preceptos, las percepciones, los fines, los objetos y los actores de gobierno necesarios para producir riqueza. Responde a las preguntas: ¿por qué medios?, ¿a quiénes? y, principalmente, ¿para qué gobernar? (Castro-Gómez, 2010; Foucault, 1989, 2006). De acuerdo con Quijano (2000), la gubernamentalidad actúa como dispositivo del capitalismo y la colonialidad, funcional a la idea de gobierno y a la razón de Estado, la ratio guvernatoria, que atraviesa la tríada colonialidad-capitalismomodernidad, en la medida en que los cambios en la racionalidad de gobierno y de creación de riqueza para el Estado sentaron las bases y condiciones de posibilidad para la acumulación y la producción capitalista moderna basada en la colonialidad.

El Estado como “peripecia” de la gubernamentalidad debe, desde una lógica de Estado, soberana, liberal o neoliberal, regular las relaciones entre la población y los recursos del territorio, por lo cual, mediante sus mecanismos jurídicos, policivos, disciplinarios y de seguridad, conforma unidades administrativas de gobierno, fija límites, regula la entrada y la salida de personas, bienes y recursos, impone normas de comercio y control social y aplica sanciones y penas, entre otras funciones dirigidas a la utilización óptima de los recursos y el mantenimiento y mejoramiento de las riquezas de la nación. Desde su lógica, se debe propender por un uso “eficiente” de todos los recursos.

La población y los recursos, desde la lógica de la razón de Estado, deben ser utilizados como “una máquina” para producir riquezas, mercancías, bienes e incluso un tipo particular de sujetos: sanos, calificados y dóciles. No obstante, ella no actúa de la misma manera en el grueso de las sociedades. En las sociedades poscoloniales los aparatos estatales cuentan con fuertes limitaciones para actuar eficazmente bajo estos principios. Sus dispositivos de poder entrelazan distintas lógicas que, por estar enraizadas en un origen colonial, incorporan en sus dispositivos de gobierno tecnologías soberanas y pastorales que privilegian el control del territorio, con el fin de extraer recursos, apropiarse de los bienes, riquezas y, eventualmente, la vida de los sujetos, así como también lógicas de Estado, liberales y neoliberales (Castro-Gómez, 2010; Acemoglu y Robinson, 2012).

Estos acoplamientos en las lógicas de los dispositivos de gobierno en el Sur han conformado un habitus cimentado no solo en un escaso respeto por la vida de los “lugareños, locales o nativos”, sino también en la imposición de saberes, disciplinas y lógicas que propician la emergencia de conflictos. Como anotaba Azar, la mayoría de los Estados donde se manifiestan los conflictos intratables tienden a caracterizarse “por su incompetencia, parroquial fragilidad, gobierno autoritario e incapacidad de satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos”, a lo que se adiciona el uso de métodos represivos para manejar el conflicto, la poca capacidad del sistema político, la ausencia de participación y la tradición burocrática, centralizada y jerárquica, heredada de las administraciones coloniales (Azar, 1990, p. 10).

Por otra parte, Putnam y Wondolleck, en relación con los conflictos ambientales intratables, señalan que las instituciones de gobierno tienden a emprender luchas de poder entre ellas que complican la situación, el paso del tiempo hace que se unan al conflicto gran número de partes involucradas que adhieren nuevas disputas de distintas dimensiones y magnitudes a las iniciales. Otro rasgo que identificaron fue la presencia de numerosos instrumentos, protocolos y procedimientos para tratarlos, los cuales, por lo general, son confusos, burocráticos y discrecionales, así que terminan por hacer la situación aún más compleja porque generan caos y desconocimiento (Putnam y Wondolleck, 2003, p. 49).

A lo anterior hay que añadir que estas características de debilidad de los mecanismos jurídicos, policivos y de seguridad, y la descoordinación e incapacidad de comando y control empeoran en los bordes y periferias, lugares que brindan a distintos agentes la oportunidad de acceder a varios tipos de recursos, en particular a recursos naturales, dado que la presencia y las intervenciones de los mecanismos de policía de la gubernamentalidad son casi inexistentes.

La intratabilidad, el territorio y los bordes

La discusión académica en torno al territorio es bastante larga y compleja y se ha abordado desde distintas disciplinas. Para la geografía, el concepto de territorio está asociado a otro con quizás igual o mayor complejidad: el de espacio (Mançano, 2009). La biología y la ecología lo han relacionado con el concepto de hábitat, el cual es muy útil para el análisis del nivel micro en el caso de estudio: San Isidro Patios.⁴⁰

En este sentido, las aproximaciones desde la antropología y la etnografía se concentran en describir y delimitar en un espacio las interrelaciones e interacciones de grupos sociales particulares. De acuerdo con Schneider (2009, pp. 69-73), son tres los principales paradigmas elucubrados en torno a la noción de territorio.

El primero, de origen marxista, define el territorio a partir de la interacción humana/espacial, los espacios son creados por las formas de uso; son, por lo tanto, construidos, transformados, delimitados, apropiados y, en consecuencia, dominados. Esta perspectiva enfatiza el papel que cumple la producción capitalista y la asignación para la producción de las personas y recursos en la configuración territorial. En este mismo sentido, para Lefebvre el territorio “es la materialización de la existencia humana” (Lefebvre, 1991, p. 102).

El origen de esta noción de territorio se traza hasta la ideología alemana, que nos habla de “otra naturaleza”, la naturaleza construida por el hombre, antropomorfizada, de acuerdo con los planes concebidos para ella en función del papel que le ha asignado el hombre en los procesos de producción y reproducción (Haesbaert, 2004, 2011). El espacio se agencia-gestiona para devenir territorio, es producido por el hombre y es resultado de las relaciones de poder; esta perspectiva es la raíz de la noción de gubernamentalidad de Foucault, presentada en la sección anterior, que evidencia las claras conexiones entre dicha noción y las de territorio y borde.

El segundo paradigma, que emergió de las ciencias sociales, en particular de la fenomenología y la ontología, se concentra en los componentes, los recursos inmateriales del territorio, la dimensión cultural y simbólica de los espacios, las configuraciones sociales situadas en un lugar determinado, la construcción de identidades, valores, afectos y pertenencias, pues “las relaciones producen el territorio, el territorio es punto de partida y de llegada, el espacio es anterior al territorio” (Raffestin, 1993, p. 144).

La identidad y la cultura cumplen un importante papel en las movilizaciones políticas, el territorio no es tan solo un espacio, sino una referencia cultural y de memoria; es el producto de la historia y, por ello, de reivindicaciones y luchas por la autonomía. Actualmente esta vertiente se ha asociado a los estudios posestructuralistas de crítica al desarrollo, a la ecología y la economía política y a los estudios poscoloniales, con claras relaciones con la teoría marxista y el concepto de alienación (Escobar, 2001; Serje, 2005; Shiva, 1991; Shiva y Bandyopadhyay, 1986).

El territorio no existe a priori de las prácticas de uso que los actores hacen del mismo, está constituido por redes translocales: es un “constructor estratégico” en el sentido que no es un modelo de la realidad sino un modelo de acción […]. Estas relaciones y estas reglas de uso no son expresiones de lógicas y principios abstractos, sino productos de prácticas sociales “históricas”, o sea producidas, reproducidas y resignificadas en el curso de los procesos de interacción social. (Gatti, 2007, p. 5)

El territorio está siendo constantemente adaptado, es colmado de símbolos sociales y significados culturales, en concordancia con la historia e identidad de cada pueblo o grupo social. Los territorios tienen agentes y actores sociales diversos, cada uno con diferentes intereses, necesidades y formas de actuar; siendo entonces escenarios políticos donde el poder se disputa constantemente. (Ramírez, 2009)

Se trató de incorporar esta perspectiva al análisis del estudio de caso en el nivel micro, con el fin de identificar cómo los agenciamientos para autoproducir el hábitat, unidos a un cierto habitus bogotano, han conspirado para mantener ciertos rasgos de intratabilidad, en la medida en que las dinámicas de urbanización ilegal en Bogotá no solo son consuetudinarias y se mantienen en virtud de sus beneficios políticos y económicos, sino que también articulan las tácticas y estrategias utilizadas por los actores involucrados según su poder.

El tercer paradigma citado por Schneider (2009) emerge desde los estudios económicos, de planeación y de la geografía del desarrollo, aquí el concepto se asocia a la intervención administrativa del territorio y la aplicación de instrumentos procedimentales y normativos con un fin u otro, o determinada lógica de actuación. Ya sea biopolítico, de “desarrollo urbano” o de cumplimiento de unas u otras funciones estratégicas. En este paradigma se involucra el concepto de región, que proviene de la palabra regir: ‘gobernar’.

Desde la geografía, este paradigma y el concepto de región se han asociado a las características geomorfológicas, climáticas o culturales comunes a un espacio, y a las técnicas e instrumentos concebidos para optimizar su “gestión”, de acuerdo con unos objetivos muy ligados a la escuela francesa de administración, aquí entran los trabajos de Perroux y los conceptos de regionalismo y nuevo regionalismo de Lovering (1999) (véase Piazzini y Herrera, 2006).