Teoría y práctica del análisis de conflictos ambientales complejos

Figura 2. Mapa conceptual

Fuente: elaboración propia.

En consecuencia, se elaboró la noción central interdisciplinaria y multinivel de conflictos ambientales intratables. Posteriormente, se diseñó la estrategia metodológica de estudio en tres niveles interrelacionados utilizando instrumentos y conceptos de diferentes disciplinas y campos del conocimiento (tabla 1) para llevar a cabo el análisis en profundidad del caso de San Isidro Patios.

A continuación, se hace una breve referencia al análisis de los estudios sobre conflicto y desarrollo como un campo importante de estudio en Latinoamérica, que incorpora diferentes formas de aproximación conceptual y metodológica para analizar conflictos por recursos naturales generados por iniciativas de desarrollo centradas en la extracción de minerales e hidrocarburos, el cual es aplicable para el análisis de un importante y creciente grupo de conflictos socioambientales o redistributivos en los países del Sur.

Con el fin de precisar conceptos provenientes de la teoría urbana, se presentan la variedad y la evolución de los conceptos sobre la informalidad urbana, también denominada: urbanización no planificada, ilegal, clandestina, espontánea, incompleta o subnormal, entre otras.

A manera de cierre, en la tercera sección se presenta la estrategia metodológica diseñada para la investigación, los tres niveles de análisis seleccionados y las formas como se interrelacionan a través del uso de conceptos que permiten interconectarlos en cada nivel desde una perspectiva holística e interdisciplinar.

De modo general, para el análisis a nivel macro se utilizan fundamentalmente los conceptos de discursos hegemónicos, poder simbólico y habitus, con el fin de rastrear el papel que desempeñan las variables culturales en la intratabilidad; en particular, el influjo que tienen sobre los rasgos de larga duración, recurrencia y permanente fracaso de los intentos de transformación.

El habitus corresponde a conjuntos de prácticas culturales que responden a unas ciertas lógicas recurrentes y socialmente aceptadas respecto a las formas de regular el acceso, la apropiación y el control de recursos, por lo mismo, son naturalizadas. Es por esta razón que Bourdieu habla de estructuras estructurantes.

El poder simbólico, por su parte, es entendido como “la potestad para la construcción y escenificación de la realidad, imponiendo un orden gnoseológico que es invisible y genera ‘concensus’ (doxa) sobre el orden y sentido del mundo social” (Bourdieu, 2000, p. 25). En efecto, este concepto permite analizar desde la perspectiva cultural el papel y los efectos del ejercicio de esta poderosa forma de poder sobre los conflictos por recursos naturales, y específicamente sobre los rasgos de intratabilidad, expresados en su larga duración, recurrencia y fracaso continuado de los intentos de transformación o resolución.

Estos rasgos, como ya se anotó, tienen que ver con dos elementos comunes documentados por la literatura de los estudios de paz: el papel que desempeña el Estado en la generación de conflictos, así como, de una manera más vaga, las “pautas culturales” (Putnam y Wondolleck, 2003; Gray, Coleman y Putnam, 2007; Kriesberg, Northrup y Thorson, 1989; Lewicki, Gray y Elliot, 2003).

Vale la pena resaltar que el poder simbólico produce un “orden y sentido” determinado, es decir, “discursos de verdad”. Estos corresponden a la expresión de unas formas particulares de ver y entender el mundo, que con el tiempo, y por obra y gracia del habitus, se configuran como saberes hegemónicos, disciplinas del saber sancionadas socialmente como legítimas, amparadas en unas ciertas formas de representar y escenificar el mundo validadas por la doxa, es decir, por el consenso en la construcción de sentido.

Es importante tener en cuenta que los discursos de verdad orientan las prácticas y lógicas de actuación de los dispositivos de poder del Estado y sus mecanismos en un momento histórico determinado. Como se anotó, la gubernamentalidad, como tecnología de poder, está compuesta por mecanismos jurídicos, de policía y de seguridad; estos mecanismos, desde la perspectiva de Foucault (2000, 2006, 2007, 2008), se dirigen al gobierno del territorio, de la población y, en consecuencia, de los recursos naturales presentes en el territorio, y las formas como el dispositivo pretende ordenar y controlar las maneras cómo la población los debe valorar, representar, apropiar, acceder, asignar, etc.

Como es previsible, la puesta en marcha de estas tecnologías de poder, sus lógicas y mecanismos, propician la emergencia de conflictos, en especial cuando se enfrentan a formas diferentes de ver y comprender la realidad, y que, en consecuencia, sustentan las posiciones antagónicas de los actores involucrados, expresadas en sus posiciones en torno a la contradicción principal presente en el conflicto.

En este sentido la gubernamentalidad característica de los países del Sur, como tecnología de poder, sus particularidades históricas, y específicamente el acoplamiento de distintas racionalidades (colonial o liberal, soberana o moderna) y sus prácticas han tenido unos efectos claros en propiciar la emergencia de conflictos intratables en la medida en que algunas de sus prácticas de gobierno y control de recursos —como, por ejemplo, el ordenamiento del recurso suelo—, y específicamente la delimitación de áreas para la conservación, restringe el acceso, control, distribución y apropiación de recursos clave para la vida y para la satisfacción de necesidades básicas de los grupos sociales con menor poder.

Esto se realiza mediante la producción e imposición de mecanismos dirigidos al ordenamiento territorial y espacial desde una u otra lógica, amparada en la actualidad en discursos hegemónicos como el neoliberalismo, el desarrollo, el crecimiento económico, la competitividad, la conservación y el urbanismo, entre otros, los cuales tienen diversos efectos sobre cómo son representados, valorados, apropiados, distribuidos, concesionados y asignados los recursos naturales presentes en los territorios, de maneras que muy a menudo se contraponen las formas de vida, prácticas consuetudinarias y cosmovisiones de grupos con menor poder, por lo general considerados como pobres e ignorantes, no modernos, salvajes e incivilizados (mestizos, campesinos, indígenas, afro, etc.), lo que pone en peligro su subsistencia al transformar los modos como consuetudinariamente han agenciado sus medios de vida para satisfacer sus necesidades fundamentales.

Los dispositivos de poder, y en particular el poder simbólico, han construido unas ciertas formas de representar y escenificar los países del Sur, sus recursos naturales y pobladores, así como de producir ciertas disciplinas para “transformarlos”, de modo que devengan modernos y civilizados. Estas disciplinas, a través del ejercicio del poder simbólico, han justificado y legitimado la adopción de unas ciertas lógicas de apropiación, distribución y control los recursos naturales que producen despojos, dinámicas extractivas, deterioro ambiental y conflictos (Escobar, 1998, 2001, 2003; Shiva, 1993, 2002).

En el caso de la contradicción generada por la urbanización ilegal de predios destinados a la conservación, como corresponde a San Isidro Patios, las posiciones de los principales actores involucrados, Estado y pobladores de los barrios, sus prácticas y discursos, así como sus consecuencias, expresadas en los numerosos rasgos de intratabilidad acumulados e interceptados a lo largo del tiempo, ilustran claramente el papel que cumple el ejercicio del poder simbólico y los discursos hegemónicos (la conservación y el urbanismo) que amparan y justifican las prácticas del Estado, en contraposición a las tácticas, estrategias y prácticas cotidianas de resistencia adoptadas por las organizaciones comunitarias de los barrios y sus efectos sobre la permanencia irresuelta de este conflicto por más de cuarenta años y los numerosos impactos políticos, ecológicos, sociales, institucionales negativos de esta dinámica.

Así pues, el poder simbólico guía las lógicas y deber ser de la gubernamentalidad, mientras que el habitus guía las prácticas.

Para el análisis meso se utiliza la noción de gubernamentalidad, que como dispositivo de poder incorpora como sus principales componentes mecanismos de seguridad (dirigidos a garantizar la supervivencia de la población), de policía (dirigidos al castigo, el control y la vigilancia) y jurídicos (dirigidos a instaurar normas y regulaciones).

El concepto de gubernamentalidad se escogió para analizar otro rasgo importante reseñado por la literatura: el “papel del Estado” en los conflictos por recursos naturales. Dado que los mecanismos de la gubernamentalidad desde diferentes lógicas convergen o divergen en sus funciones de regulación del acceso de la población a los distintos tipos de recursos presentes en el territorio bajo los principios y postulados de saberes y discursos (nivel macro) que orientan sus prácticas, en este caso dichos mecanismos corresponden principalmente a la conservación, el urbanismo y el ordenamiento territorial. Ahora, el concepto de territorio es muy útil, por configurarse como un resultado “acumulado” de agenciamientos, estrategias, prácticas y tácticas puestas en marcha por parte de la población y los dispositivos de poder de la gubernamentalidad, que conforman un juego de poder, para privilegiar unas u otras formas de agenciar los recursos del territorio y configurarlo de una cierta manera.

A nivel micro se utilizaron como conceptos centrales, en orden descendente: autoproducción del hábitat, agenciamiento y medios de vida, prácticas, tácticas y estrategias, para las formas como son agenciados los medios de vida en la lucha por las necesidades fundamentales y describir sus efectos acumulados sobre la configuración del territorio. Es decir, los procesos con que la población con menor acceso a assets/capitales/activos/recursos⁹ agencia los que encuentra disponibles para autoproducir su hábitat y sobrevivir a la escasa provisión de bienestar brindada por parte de la gubernamentalidad a causa del rótulo de ilegalidad, que limita la provisión regular de mecanismos de seguridad (como salud, educación, infraestructura de servicios, transporte, etc.).

El ABC del conflicto: definiciones, funciones e intratabilidad

La presente sección introduce los conceptos básicos sobre conflicto, sus definiciones, formas de análisis y funciones. Se encuentra dividida en tres partes, que buscan familiarizar al lector con los abordajes del conflicto hechos desde sus dos escuelas fundacionales de origen eurocéntrico: la escuela de estudios de paz (EEP) y la escuela de resolución de conflictos (ERC).

Definiciones de conflicto

El término conflicto proviene del latín conflictus, que significa ‘choque’. En el nivel más básico, el conflicto hace referencia a una situación de diferencia, disputa u oposición; un actor se enfrenta a otro, o a otros, por perseguir objetivos contrarios, o que son percibidos como tales, lo que los sitúa en extremos antagónicos en una situación de confrontación, que en últimas puede ser resuelta dependiendo de las formas que asuman las relaciones de poder en las que están inmersos. Los conflictos, por lo general, están imbuidos de las formas como son establecidas y ejercidas las relaciones de poder. Sin embargo, las diferentes disciplinas del conocimiento abordan el análisis de dichas relaciones como problema desde diferentes enfoques y lugares de enunciación.

Los enfoques considerados clásicos, que son los que primero se presentan en este documento e irán siendo complementados con otros propios de otras tradiciones disciplinarias, provienen de la diplomacia y las relaciones internacionales; luego fueron enriquecidos con aportes de la sociología y de los estudios estructuralistas, a los que, a propósito del caso de estudio, este libro complementa con algunos otros aportes posestructuralistas y provenientes de los estudios culturales.

Los conflictos involucran componentes tanto objetivos como subjetivos, los cuales se encuentran en permanente dinamismo, por lo que no son estáticos; emergen y se adaptan permanentemente a los contextos en los que se desenvuelven, surgen de múltiples causas o de combinaciones de ellas e incorporan en su dinámica (latencia, escalada o enfrentamiento abierto) elementos concretos —como los comportamientos, los intereses o las necesidades— y abstractos —como las actitudes de los actores involucrados— (Galtung, 1969).

Asimismo, los conflictos son consecuencia de las maneras como son establecidas y ejercidas las relaciones de poder (Lederach, 2000). La eventual victoria se obtiene por la fuerza o la intimidación (la manera realista) (Morgenthau, 1986); por vía de las normas, las regulaciones y los acuerdos (arbitraje) (Lederach, 1990); a través de la colaboración, la cooperación y la negociación (Fisher, 2001; Fisher, Abdi, Ludin, Smith, Williams y Williams, 2000), o finalmente por medio de la dominación cultural, vista como la aceptación de que una forma de ver el mundo (ontología) es superior a otra (Escobar, 2003).

Las disciplinas y campos de estudio que abordan los estudios sobre los conflictos han producido distintas definiciones que enriquecen o enfatizan algunos de sus componentes y características. Para unos, se tratan de “una lucha expresada entre por lo menos dos partes, quienes perciben sus metas como incompatibles, una escasez de recursos e interferencia por el otro en el alcance de sus metas” (Wilmot y Hocker, 1994, citado por Lederach, 2000, p. 57). Para otros, son “una situación social en la que participan al menos dos actores, que luchan para obtener en el mismo momento un conjunto disponible de recursos escasos” (Wallensteen, 2002, p. 13).

Como se puede observar, cada definición enfatiza en una u otra área del conocimiento, tipos de tensiones, diferencias o enfrentamientos. En el caso de la intratabilidad, como veremos, un elemento ilustrativo que la concreta es la percepción de la mutua exclusión de los objetivos perseguidos por los actores enfrentados y el convencimiento de estos de la imposibilidad de resolver la contradicción que da origen al conflicto.

Un ejemplo clásico es la clara incompatibilidad entre conservar un bosque y llevar a cabo minería a cielo abierto, o, por ejemplo, los choques entre quienes ven el aborto como un derecho y quienes lo ven como un asesinato, o quienes son partidarios de las uniones del mismo sexo y quienes ven esto como algo contra natura. Sin embargo, más allá de discusiones éticas o morales, issues, en estos enfrentamientos subyacen relaciones de poder asimétricas que con el tiempo han sido naturalizadas. Un bosque o un río no pueden defenderse por sí mismos en la sociedad; no obstante, los grupos indígenas hablan de los derechos de los ríos, de los bosques, de la fauna, incluso de las rocas y del territorio en su conjunto como de una entidad mucho más compleja que un espacio geográfico conquistado y ordenado de una cierta manera, bajo unos ciertos principios, intereses y posiciones.

Algunos autores resaltan justamente estas diferencias como un desafío, ya sea para acercarse a otras maneras de ver el mundo (pluriverso versus universo) (Escobar, 2014) o como oportunidad para incluir y ampliar las visiones imperantes o hegemónicas —lo que Gramsci definió como el sentido común o Bourdieu como consenso—, expresadas en lo que el mismo Bourdieu definió como poder simbólico; en esta dirección el conflicto puede catalogarse como “una intensa experiencia de comunicación e interacción con potencial transformador” (Buckles, 1999).

En cuanto a las relaciones de poder, el conflicto emerge, por lo general, como consecuencia de las injusticias o desigualdades extremas en distribución de recursos, derechos, titularidades, por lo cual es inherente a la lucha por el cambio social (Escobar, 1998).

El conflicto es un aspecto intrínseco e inevitable del cambio social. Es expresión de la heterogeneidad de intereses, valores, creencias que surgen del choque entre las formaciones nuevas que emergen de los cambios sociales frente a las limitaciones heredadas. Pero la forma como lidiamos con el conflicto es cuestión de hábitos y decisiones. Es posible cambiar las respuestas habituales y hacer el ejercicio de tomar decisiones inteligentes. (Ramsbotham, Woodhouse y Miall, 2005, p. 5)

En síntesis, la mayoría de los autores coincide en que el conflicto: 1) emerge como efecto de las relaciones asimétricas de poder; 2) tiene que ver con elementos subjetivos, tales como las percepciones de los actores, sus posiciones, valores, creencias, actitudes, etc., que muchas veces son naturalizadas por los actores enfrentados como “el deber ser”, “el orden de las cosas”, “lo natural” —a estos elementos algunos autores los denominan “ingredientes culturales”—; 3) convergen elementos objetivos claros, identificables y mensurables, tales como los intereses, los beneficios de un grupo frente a otro, las formas como se reparten costos y beneficios, el reconocimiento, el logro, etc.; 4) se cumplen ciertas funciones sociales claves, como la cohesión, la movilización, la concientización en torno a una idea, principio o derecho, y 5) por lo general, requiere para su resolución del cambio social, el reconocimiento de las otredades y de sus derechos y, por consiguiente, la transformación de las relaciones asimétricas de poder (Coser, 1956).

Actitudes, comportamiento y contradicción

Galtung (1969, 2010), desde la teoría ya clásica de la escuela europea, estableció que los conflictos tienen tres componentes fundamentales: a) las actitudes, b) el comportamiento (behavior) y c) la contradicción, a los cuales representó en el triángulo del ABC, por sus iniciales en inglés (figura 3).

Desde su perspectiva, Galtung planteaba que las posiciones, intereses y necesidades de los actores enfrentados son elementos que afectan en diferentes grados y momentos las actitudes y comportamientos, así como las formas como los involucrados perciben la contradicción y sus causas.

Figura 3. Triángulo de Galtung

Fuente: Galtung (2010, p. 27).

De modo que la contradicción corresponde al objeto de la disputa, se habla de cuestiones (issues) como aquello que está en juego y que origina el enfrentamiento entre las partes (Galtung, 1969). Identificar o definir la contradicción no es fácil, y al hacerlo se debe buscar que no se involucren juicios de valor; por esta razón muchas veces las contradicciones se formulan de manera sesgada. En el caso que nos atañe, por ejemplo, se puede ver cuando se habla de asentamientos ilegales, clandestinos, marginales, periféricos, subnormales, etc., denominaciones que tienen una carga de valor negativa.

Las actitudes, por ser subjetivas, están ligadas a los pensamientos, sentimientos, emociones y valores; influyen en los comportamientos (pero no los determinan); son adquiridas durante las etapas de aprendizaje con la experiencia vital y el trato social; están relacionadas con la percepción que cada parte ha construido de la otra y con las pautas sociales; incluyen elementos subjetivos (como la emotividad [sentimientos]), cognitivos (como los valores y las creencias) y afirmativos (ego, voluntad, ambiciones y deseos). Están, además, relacionadas con la orientación de los sujetos en relación con sus cosmovisiones, modos de construir, articular y percibir al mundo, con las maneras de “enmarcarlo o referenciarlo” (framing). Es decir que, desde la perspectiva posestructuralista actual, se encuentran estrechamente relacionadas con el poder simbólico, con el habitus y con las formas como los actores, a través de las pautas culturales, perciben y ordenan el mundo de una cierta manera y refieren su vivencia a una forma particular de ver, comprender el mundo y aprenderlo desde unas formas “legítimas”, “civilizadas” y “modernas” de conocimiento, bajo la forma de disciplinas y saberes, impuestos y validados por el statu quo.

En el caso de estudio, la contradicción principal corresponde a la autoproducción del hábitat y la configuración urbana no planificada de predios afectados por la declaración de la Reserva Forestal Cerros Orientales. La contradicción no es la urbanización ilegal o clandestina, o “la invasión de los cerros”, como aparece erróneamente en los medios de comunicación. En este conflicto, las actitudes y comportamientos¹⁰ de los actores expresan claramente las tensiones entre las bases epistemológicas sobre las que se ha construido el deber ser de la ciudad, determinado por la gubernamentalidad; por discursos y saberes como la conservación, el urbanismo y la planeación del desarrollo urbano, y por sus mecanismos jurídicos, policivos y de seguridad, que condenan a los barrios populares y generan una atmósfera hostil y una percepción sesgada de estos, criminalizándolos.

Una vez se investiga el proceso de urbanización, se puede constatar que las personas han comprado los lotes y los han pagado a sus propietarios, quienes han loteado y urbanizado ilegalmente los predios afectados por la declaración de la Reserva. Es por esta razón que antes de formular la contradicción es necesario estudiar en profundidad cada caso, de manera que su identificación y formulación sea en sí mismo un resultado valioso y punto de partida del proceso investigativo y analítico.

No obstante, como es previsible a medida que se profundiza en la indagación, esta contradicción incorpora tensiones más profundas y de larga data, que han sido el resultado del peso de la historia y de la evolución de la sociedad colombiana, como corresponde a la lógica extractiva y depredadora del territorio y sus recursos, imperante desde la Conquista; la imposición de instituciones, saberes y nociones de raza que han promovido la segregación social, y una cierta división del trabajo, entre otras cosas (Mejía Pavony, 2012; Quijano, 2000; Zambrano et al., 2000).

El acelerado crecimiento urbano, desde finales del siglo XIX y la mayor parte del siglo XX en Bogotá, está vinculado a distintas dinámicas de migración voluntaria y a los efectos del prolongado conflicto armado y del desplazamiento forzado (Aprile, 1991, 1992; Sánchez Steiner, 2007, 2008). Sin embargo, los barrios autoproducidos han sido rotulados por el urbanismo como subnormales, clandestinos, espontáneos, incompletos, ilegales, progresivos o marginales, entre otros términos; definiciones que desde la perspectiva del poder simbólico y del habitus legitiman el ejercicio de lo que Bourdieu denominó violencia simbólica y Galtung, violencia estructural, por limitar el acceso al bienestar, es decir, a recursos claves para agenciar los medios de vida; marginalizar, por la vía de negar a grupos específicos el reconocimiento, la legitimidad y la participación como ciudadanos con plenos derechos, y segregar, por “apartar” unos grupos de otros (Galtung, 1990), como sucede en las diferencias de equipamiento e inversión entre la población del norte y la del sur de Bogotá.

Los comportamientos de los actores en los conflictos, por su parte, son dinámicos, están permanentemente cambiando y siendo influenciados; pueden verse como una respuesta a una situación en un momento dado, que puede dirigirse hacia la cooperación, la coerción, la violencia, la adopción de gestos conciliadores o la hostilidad. De acuerdo con Galtung, “estos elementos son dinámicos y sujetos a acciones y reacciones a lo largo de las fases del conflicto” (Galtung, citado por Ramsbotham, Woodhouse y Miall, 2005, p. 14).

El conflicto, como es apenas lógico, está mediado por las relaciones de poder, y se puede traducir, desde la perspectiva de la sociología de la vida cotidiana, en el uso de tácticas o estrategias. De acuerdo con Michel de Certeau (1996), se habla de estrategias cuando se detenta el poder, o de tácticas cuando se carece de él; entonces se busca el reconocimiento y la obtención de derechos o titularidades por parte de quienes lo detentan. Como lo explica Santiago Castro-Gómez, citando a De Certeau:

La estrategia se refiere a la manipulación de las relaciones de fuerza que se hace posible desde un sujeto de voluntad y de poder (una empresa, un ejército, una ciudad, una institución) […]; postula un lugar susceptible de ser circunscrito como algo propio y ser la base [desde] donde administrar relaciones con una exterioridad de metas o de amenazas […]; son prácticas calculadas, conscientes e interesadas hechas desde una posición de poder (social, científico, político, militar). […] Las tácticas, por el contrario, “son prácticas realizadas desde una posición desventajosa en las relaciones de poder. Son acciones de resistencia por parte del subalterno que buscan volver favorable una situación desfavorable, pero jugando con las mismas reglas establecidas por el poder hegemónico. Además: “debe actuar en el “terreno impuesto”, “en el interior del campo de visión del enemigo y dentro de un espacio controlado por él. La táctica necesita utilizar vigilante, las fallas y coyunturas del poder. Crea sorpresas. […] En suma, la táctica es un arte débil. (Castro-Gómez, 2005, p. 90)

Tácticas y estrategias, como dos variantes del comportamiento, no son estáticas, se adaptan a las dinámicas relacionales y a los balances de poder; este dinamismo se mantiene incluso en los momentos en que la tensión disminuye y las partes deciden negociar, evadir, cooperar, convenir o acomodar, o, por el contrario, competir o utilizar distintas formas de violencia: el chantaje, la coerción, la amenaza, la violencia física, alianzas estratégicas, etc.

En el caso de San Isidro, los comportamientos de los distintos actores involucrados han estado mediados por las formas diferenciales (positivas y negativas) que pueden adoptar las prácticas, tácticas y estrategias de los actores, las cuales, dependiendo de su grado de poder, es posible medir, ya sea por el nivel de apropiación, control y acceso a los recursos del territorio o por su influencia y capacidad para relacionarse/acoplarse a los mecanismos de la gubernamentalidad, como, por ejemplo, incidir en la promulgación de normas y regulaciones (mecanismos jurídicos), constituirse en beneficiarios de proyectos y programas (mecanismos de seguridad, biopolíticos) o mantenerse impunes ante el incumplimiento de normas (mecanismos de policía).

También se pueden adoptar diferentes tácticas y estrategias en función del grado de poder de cada actor. En el caso de los mas débiles, pueden participar en mecanismos de policía a través de veedurías, vigilancia y control, o mediante la táctica de la conformación de las JAC, para incidir en la forma como se ponen en marcha los mecanismos de seguridad distrital; también pueden acceder a los espacios institucionalizados de participación y constituirse como beneficiarios de iniciativas o, en otros casos, hacer parte de redes clientelistas y patrimonialistas del sistema político mediante la maximización de los beneficios individuales, la búsqueda o acaparamiento de programas de corte asistencialista o la conformación de “carteles de participación”, para la búsqueda y captura de rentas o para garantizar la conformación de fidelidades y clientelas, entre muchos otros mecanismos (Garay et al., 2008).

Posiciones, intereses y necesidades

Desde la perspectiva de la resolución de conflictos, es de vital importancia distinguir claramente entre las posiciones, intereses y necesidades de las partes, con el fin de identificar vías para su resolución en función de los intereses de los actores involucrados, como puede verse en la figura 4.

Figura 4. Posiciones, intereses y necesidades

Fuente: elaboración propia, con base en Ramsbotham, Woodhouse y Miall (2005).

Los intereses compartidos, desde la perpsectiva de la resolución, son la vía más expedita para solucionar los conflictos, por ser más reconciliables que las posiciones y contener elementos objetivos que pueden acordarse. Las posiciones, por otra parte, son más complejas y pueden estar mediadas por diferentes elementos de carácter subjetivo, como las creencias y los valores o marcos —que aparentemente son objetivos o que, por lo general, se han naturalizado como tales por parte de los actores enfrentados—. Algo similar sucede con las posiciones institucionales, ligadas a mecanismos jurídicos, normas y reglas “que no se pueden negociar” y que en otros casos están teñidas por los deseos y las aspiraciones de los actores enfrentados; todos los casos anteriores requieren de mayores esfuerzos para transformarse.

Las posiciones de los actores, en el caso que nos ocupa, están asociadas a la adhesión incondicional —por ejemplo, por parte de la gubernamentalidad— a discursos hegemónicos, saberes disciplinarios modernos y “el deber ser” en relación con la conservación, el urbanismo y la planeación del desarrollo urbano. Mientras que en el caso de los propietarios de los predios afectados por la declaración de la Reserva, estas posiciones tienen que ver más con su interés y sus expectativas de obtener provecho económico de sus propiedades. Por otra parte, en el caso de las comunidades pobres, sus discursos no están orientados por posiciones o siquiera intereses, sino que están centrados en la subsistencia, en la necesidad de tener un techo en la ciudad y de agenciar sus medios de vida. Es por esta razón que, en este conflicto de larga data, los actores institucionales y los grandes y medianos propietarios, en virtud de su mayor poder y capacidad de resistencia, despliegan estrategias de mediano y largo plazo, mientras que los actores comunitarios ponen en marcha tácticas de corto plazo, como, por ejemplo, maximizar su capital social, agenciar prácticas de supervivencia o articularse con actores mas poderosos, como las redes clientelistas, las iglesias, las fundaciones y las ONG, entre otros.