Teoría y práctica del análisis de conflictos ambientales complejos

Fuente: fotografía tomada por Marta Reina y Humberto Rojas (2006).

MODELO PARA ARMAR: ENSAMBLAJE TEÓRICO PARA EL ANÁLISIS MULTINIVEL DE CONFLICTOS COMPLEJOS

Las múltiples aristas de la intratabilidad del conflicto ambiental en los Cerros Orientales y San Isidro Patios

Son muchas las problemáticas y los conflictos presentes y relacionados con la gestión y conservación de los Cerros Orientales de Bogotá; sus retos y desafíos, causas e interrelaciones a lo largo del tiempo han sido analizadas por muchas disciplinas y campos de estudio, en distintos niveles y con diferentes herramientas.¹

Uno de los fenómenos más visibles corresponde al gradual, pero continuado, proceso de urbanización ilegal de predios afectados por la declaración de la Reserva. Se ha dicho que solo los más pobres o los más ricos y poderosos se han aventurado a hacerlo.

En efecto, desde comienzos de siglo XX a lo largo de los Cerros Orientales se fueron asentando los grupos más pobres de la población, luego, con el rápido proceso de llegada y crecimiento de la población experimentado en los años sesenta y setenta, los barrios informales, ante la limitada oferta institucional, no tuvieron más alternativa que gestionar y autoproducir su hábitat. El fenómeno de la urbanización ilegal, clandestina, subnormal, pirata o progresiva, entre otras denominaciones, fue extensivamente estudiado durante los años setenta y ochenta en Colombia y Latinoamérica, pero fue abandonado con la llegada de temas como el ambiental, en los noventa, y los derechos humanos y el conflicto, a comienzos del nuevo milenio.

El conflicto generado por la dinámica de loteo ilegal presente en San Isidro Patios conecta numerosos elementos y tensiones que entrecruzan nuestros tiempos, como el dilema de la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales frente a la realidad de las presiones y dinámicas socioeconómicas, institucionales y políticas; el tema humanitario, la pobreza urbana y el derecho a un techo en la ciudad, y, por último, los efectos del Antropoceno sobre el soporte de la vida como la conocemos en el planeta, y por ende la complejidad, recurrencia e intensidad de los conflictos que involucran los recursos naturales.

Las aristas de este conflicto actúan sobre la población y se interceptan en distintos niveles y dimensiones del territorio. Lo local y la vida cotidiana con la pobreza y la lucha por satisfacer necesidades básicas y configuración de los medios de vida; lo institucional con el papel del Estado en clave de mecanismos de seguridad, de policía y jurídicos, que conforman la gubernamentalidad,² y lo cultural, como nivel intangible, pero quizá una de las formas más potentes de ejercicio del poder en clave de habitus,³ discursos de verdad y poder simbólico.⁴

A continuación, se presentarán algunas de las formas como se han entretejido los ingredientes conflictivos en San Isidro Patios. Comenzaremos con algunos datos importantes sobre el Distrito Capital. Este abarca un territorio total de 163 659 ha, que está dividido en dos grandes categorías: un área urbana (41 388 ha) y un área rural (122 271 ha). Es decir que el 60,46 % del área de la ciudad se identifica como rural y apenas un 39,54 % del área total, como urbana. Dentro de estas dos grandes categorías existen dos subcategorías de uso de protección del suelo: suelo de protección urbano y suelo de protección rural, cuya extensión total es de 77 873 ha.

Esto significa que el 47,58 % del total de la superficie del Distrito Capital se ha destinado a la protección (Secretaría Distrital de Planeación, 2009), lo que implica enormes retos para la gestión, en particular para la planificación, el manejo y la conservación, pero sobre todo para que haya un comando y un control coordinado, máxime cuando estas competencias recaen en un mosaico de instituciones que conforman una gubernamentalidad fragmentada, que actúa bajo diferentes lógicas y que abarca los niveles nacional, regional y local.

Desde la dimensión ecológica, la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá es albergue de una importante diversidad biológica, se constituye en el principal pulmón de la ciudad y es pieza fundamental del sistema hídrico, al conectar la cuenca del río Teusacá con el río Bogotá, la cual abastece al 35 % de la población. Se trata de un ecosistema estratégico por las funciones que cumple en el ciclo del agua, desde la producción y recarga de acuíferos, hasta la regulación del balance hídrico. Adicionalmente, tiene un gran valor simbólico, estético, recreativo y tutelar para la ciudadanía, como telón de fondo y referente paisajístico. Desde la perspectiva identitaria, es importante recordar que para los indígenas muiscas los Cerros Orientales constituían un lugar sagrado de pagamento, por ser el lugar de nacimiento del agua, el referente de la aparición del Sol día tras día y el símbolo de la eterna lucha entre la luz y la oscuridad (Palacio, 2008).

Desde la perspectiva institucional, la gestión, planeación, restauración, valoración, apropiación social, conocimiento, cuidado y protección de la Reserva genera importantes y numerosos retos si se tiene en cuenta la magnitud de las fuerzas que ejerce una metrópoli con casi nueve millones de habitantes; las numerosas presiones ejercidas sobre sus recursos (suelo, bosque, agua, biodiversidad, paisaje, etc.), agudizadas por motores como el crecimiento natural de la población, el desplazamiento forzado y la migración voluntaria, y entrecruzadas por factores casi estructurales, como la constante reestructuración de las entidades distritales, la corrupción, la débil coordinación institucional, la prevalencia de intereses económicos de corto plazo, así como la proliferación, el desconocimiento e incumplimiento sistemático de los instrumentos de planeación y las normas urbanísticas y ambientales, entre otros.

Desde la perspectiva de la propiedad del suelo, de acuerdo con Maldonado (2005), dos terceras partes de los predios afectados por la declaración de la Reserva son propiedad privada, por esta razón los cerros son intervenidos de manera incesante, mientras se elaboran numerosos planes de manejo que nunca son implementados. El Plan de Ordenamiento y Manejo de los Cerros Orientales —en adelante, POMCO—, por ejemplo, identificó y caracterizó once sistemas de alteridad presentes en los Cerros Orientales; es decir, dinámicas mediante las cuales gradualmente los cerros son intervenidos, transformados y deteriorados en sus valores ecológicos. Estos sistemas son: desarrollo progresivo de vivienda, desarrollo planificado de vivienda, minería, centros educativos, comercio formal, telecomunicaciones, finca campesina, finca encargada, desarrollo de vivienda suburbana, áreas privadas en conservación y predios sin construir. Sin embargo, los posibles instrumentos para controlar o al menos modificar o intervenir estos sistemas de alteridad nunca fueron puestos en marcha.

A pesar de que el proceso de planificación urbanística y ordenamiento del suelo de la ciudad ha sido muy ambicioso, al haber destinado una importante proporción del suelo distrital a la protección (casi el 50 % del total), no se ha logrado garantizar de manera mínima su restauración y conservación, ni siquiera un mantenimiento libre de ocupación o de procesos extractivos o de contaminación; esto en virtud de la débil capacidad institucional, la estructura de la propiedad, la elevada presión urbanizadora, la dinámica de la inmigración del campo a la ciudad y los fenómenos de urbanización ilegal, asociados a redes clientelistas, entre otros factores.

El caso de San Isidro Patios

En el curso de más de dos siglos, los Cerros Orientales de Bogotá han sido un territorio que ha estado sometido a repetidos ciclos y dinámicas de apropiación, extracción de materiales para la construcción de la ciudad, numerosos usos e intervenciones productivas y reproductivas, así como institucionales, al tiempo que ha sido progresivamente habitado y reclamado por comunidades tanto rurales como urbanas con diferentes grados de poder.⁵

En el año 1976, el Ministerio de Agricultura, a través del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente —en adelante, Inderena—, mediante el Acuerdo 30, declaró la Reserva Bosque Oriental de Bogotá y la alinderó en la cuenca alta del río Bogotá —incluyendo el primer barrio construido en San Isidro Patios, denominado Caja Agraria—. En principio, la Reserva debería ser administrada durante cinco años por la CAR.

En 1985, a raíz del conflicto generado por haber incluido el barrio en la Reserva, la CAR, “mediante Resolución 2337, sustrajo una parte y reconoció a San Isidro, dando inició así ‘semi oficialmente’ a lo que supondría un proceso de incorporación al perímetro urbano de la ciudad” (Toro, 2005, p. 103). Cito el término semioficialmente en cursivas porque se ha incurrido, desde la declaración misma de la Reserva, en varios errores de procedimiento que han dado origen a sinnúmero de pleitos y querellas que no han permitido, desde esa época, legalizar los barrios (véase Gómez-Lee, 2011 y Maldonado, 2005). Quizá el más grave fue la no inscripción en su momento de la Reserva en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, y, en consecuencia, la ausencia de afectación legal de los predios cobijados por la declaración, lo que permitió todo tipo de transacciones con los predios hasta el año 2005, cuando finalmente se realizó la afectación en el marco de la acción popular interpuesta en el mismo año para oponerse a la creación de una franja de adecuación.

A pesar de su declaración en el año 1976 como reserva forestal de orden nacional, las presiones extractivas, productivas y urbanizadoras no han cedido, y, de hecho, en las últimas dos décadas se han acentuado, lo que ha generado distintos procesos de degradación y transformación ambiental, y en particular agudas dinámicas de urbanización planificada y no planificada, así como de gentrificación (es decir, el progresivo reemplazo de barrios de raigambre popular, como Calderón de Tejada, Pardo Rubio, San Martín y Los Olivos, entre otros, por viviendas dirigidas a estratos socioeconómicos medios-altos y altos, desplazando a sus poblaciones hacia otros bordes de la ciudad).

La dinámica de la urbanización ilegal de predios del territorio de la Reserva no ha sucedido exclusivamente en el área de San Isidro Patios actualmente configurada. Según datos de la Mesa Ambiental de los Cerros (2008), para ese año, en los Cerros Orientales había 64 barrios informales o de origen informal, que acogían aproximadamente a 74 720 habitantes en el territorio de la Reserva. Tan solo en la porción de los cerros que corresponde a la localidad de Chapinero habitaban cerca de 24 834 personas.⁶ Las últimas cifras disponibles, recopiladas por la Secretaría Distrital del Hábitat y la Dirección de Legalización y Mejoramiento Integral de Barrios (Secretaría Distrital del Hábitat, Secretaría Distrital de Planeación y Secretaría Distrital de Ambiente, 2014), estimaban en 91 174 personas la población que habitaba los Cerros de manera informal en barrios autoproducidos. Es claro que esta dinámica de ocupación no se ha detenido.

De manera similar a lo ocurrido en otros barrios de los Cerros Orientales, los barrios que hoy conforman a San Isidro Patios han ido creciendo y densificándose desde los años setenta hasta llegar a configurar la Unidad de Planeación Zonal Distrital 89 —en adelante, UPZ 89—, que agrupaba en el 2008 cerca de 5000 viviendas, enclavadas en alturas entre 2900 y 3300 m s. n. m., y que ocupaban en ese entonces alrededor de 170 ha en los límites urbanos de las localidades de Chapinero y Usaquén, en el nororiente de Bogotá, D. C. (figura 1).⁷

Los barrios, por su condición de ilegalidad, no han sido objeto de inversiones por parte de la administración distrital para su mejoramiento integral. Esta es una de las principales contradicciones presentes en el conflicto, y la lucha por un techo en la ciudad, por equipamientos, por infraestructura y servicios de transporte y domiciliarios describen necesidades básicas insatisfechas.

En cuanto a las protestas y movimientos asociados al conflicto en San Isidro Patios, a finales de los años ochenta los habitantes de los barrios tuvieron confrontaciones con la Policía y con la CAR, por haber construido sus viviendas en la zona de la Reserva. Sin embargo, no hay registros hasta la fecha de que el conflicto haya escalado a enfrentamientos violentos. A pesar de su aparente ilegalidad, estos barrios han sido reconocidos como unidad de planificación, identificada por la administración distrital como UPZ 89 y definida como de tipo 1: residencial de urbanización incompleta, que “corresponde a sectores periféricos no consolidados, en estratos 1 y 2, de uso residencial predominante con deficiencias en su infraestructura, accesibilidad, equipamientos y espacio público” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 28 de julio de 2000).

La UPZ 89 está conformada actualmente por los barrios La Esperanza Nororiental, La Sureña, San Isidro I y II, San Luis Altos del Cabo. Esta UPZ presenta numerosas falencias, entre otras cosas, debido al hecho de que sus barrios están construidos sobre predios loteados ilegalmente por sus propietarios y afectados por la declaración de la Reserva; concurren además los riesgos por remoción en masa e inundación, que complican los procesos de regularización y que hace que no sean objeto de inversión pública, expresada en servicios públicos estatales. Sin embargo, sí pagan impuestos y son objeto de algunos programas de asistencia social distrital y por parte de organizaciones no gubernamentales —en adelante, ONG— de distintos niveles por su situación de vulnerabilidad social y precariedad económica.

Figura 1. Localización de San Isidro Patios

Fuente: elaborado por Nicolás Vargas Ramírez (2014).

Las dinámicas de aumento poblacional, urbanización acelerada y deterioro ambiental de la Reserva en esta área son notorias: el territorio urbanizado ha venido aumentando progresivamente, en el año 2006 se contaron 3412 viviendas, y en 2009 habían aumentado a 4385; el número de hogares para las mismas fechas pasó de 3738 a 4785, es decir que en tres años se conformaron en la UPZ 89 (San Isidro Patios) 1047 hogares, el valor más elevado de las tres UPZ pertenecientes a la localidad de Chapinero. En la actualidad, se calcula su población en cerca de 25 000 habitantes,⁸ a pesar de que no existe un censo reciente, sino tan solo proyecciones de la Secretaría del Hábitat.

El crecimiento de la demanda de servicios básicos, la imposibilidad de ampliar las coberturas por medio de inversión pública, la creciente producción de desechos sólidos, vertimientos y aguas servidas asociadas a la urbanización ha deteriorado notablemente la calidad y la cantidad de los recursos naturales en este sector de la Reserva; en particular el recurso hídrico, conformado por las nueve quebradas que se encontraban en la zona, y que desde los años ochenta han mostrado señales de desaparición por causa de distintos tipos de intervenciones, entre ellas la contaminación, la desecación, el taponamiento y la desviación (Alcaldía Mayor de Bogotá et al., 2010).

Ante el problema de abastecimiento de agua potable, en 1982 la comunidad agenció un acueducto comunitario para satisfacer sus necesidades de agua, y poco a poco fue ampliando su cobertura hasta llegar a construir un modesto sistema de alcantarillado, que solo conduce sus aguas residuales y sin tratar al río canalizado de Molinos, el cual corre de oriente a occidente de la ciudad y transporta las aguas residuales de los barrios que se ubican cuenca abajo, de modo que afecta a los barrios circundantes.

Se puede decir que, dada la dinámica de densificación y crecimiento de estos barrios, la ausencia de un servicio de acueducto y alcantarillado óptimo que cubra al 100 % de la población; la falta de un sistema integral de recolección, manejo y tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos, y la creciente demanda por el recurso hídrico han conspirado para que, al conflicto de uso del suelo, se sumen otros conflictos ambientales en torno a la disponibilidad de agua, el acceso a espacio público y equipamiento urbano, el abandono de mascotas, etc. Ante la evasión y desatención del conflicto generado por la urbanización ilegal de predios, este sigue creciendo, escalando, y el número de actores afectados es cada vez mayor.

A pesar de la condición de “ilegalidad”, los barrios cuentan con un precario equipamiento colectivo, agenciado enteramente por las organizaciones comunitarias con participación de varias ONG y algunas entidades estatales que prestan servicios de educación y salud (un puesto de salud), y poseen un precario espacio público, con vías en su mayoría autoconstruidas y con insatisfactorias condiciones de seguridad y de alumbrado público. En el año 2009, por ejemplo, se contaba con 18 instituciones de Bienestar Social “que centran su intervención en la prevención y asistencia a los grupos de población más vulnerables y que viven en condiciones de pobreza y miseria” (Secretaría Distrital de Planeación, 2009, p. 38).

Existe una gran variedad de actores institucionales, privados y de la sociedad civil, etc., involucrados en este conflicto, en especial las autoridades ambientales del nivel nacional (el MMA), regional (la CAR de Cundinamarca), distrital y local (la Secretaría de Medio Ambiente, Catastro, Planeación Distrital, la Dirección de Prevención y Atención de Desastres [DPAE], la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá —en adelante, EAAB— y las empresas prestadoras de servicios públicos, entre muchas otras). También concurren en él el Cantón Norte; propietarios de canteras y areneras; talladores de piedra; propietarios de los predios rurales afectados por la declaración de la Reserva (grandes, medianos y pequeños), con distintos intereses y proyecciones sobre sus propiedades; habitantes de estratos altos residentes en condominios vecinos, y habitantes de los cinco barrios que conforman San Isidro Patios, de estrato 1 y 2, y sus distintas organizaciones, con características de autogestión y un fuerte sentido de pertenencia, grupos de jóvenes, JAC y Acualcos (el acueducto comunitario).

Desde lo institucional, se presentan elementos de contexto problemáticos, tales como: 1) la intermitencia de las intervenciones estatales, que muestran lógicas contradictorias que oscilan entre el asistencialismo paternalista y el segregacionismo; 2) un enorme cuerpo normativo y regulatorio en varios niveles, desarticulado y confuso, caracterizado por la falta de claridad administrativa (funciones, competencias, jurisdicción, responsabilidades, lógicas, etc.) y limbos jurídicos (véase anexo 1); 3) la ausencia de instrumentos eficientes de comando y control de los usos del suelo; 4) la baja capacidad de intervención estatal coordinada, y 5) el clientelismo, la impunidad y la corrupción.

En cuanto a la construcción de clientelas y las prácticas de subalternidad, en los Cerros Orientales persiste la práctica de comercializar lotes dentro de la Reserva, ya sea motu proprio o utilizando urbanizadores ilegales (tierreros), patrones y “caciques” políticos, que incorporan a los pobladores de estos barrios a sus clientelas con la promesa de legalización, acceso a servicios o infraestructura urbana, lo que alimenta prácticas políticas de patronaje y formación de redes clientelistas. Una gran cantidad de los barrios hoy legalizados en los Cerros Orientales han seguido este proceso (como Juan XXIII, Pardo Rubio, El Paraíso, Los Olivos, Cerro Norte, El Codito, San Martín, etc.) (Camargo, 2001, 2005b).

Adicionalmente, la urbanización ilegal es una actividad muy rentable: quienes lotean y venden no realizan sesiones de los predios, no pagan impuestos, ni tramitan licencias, utilizan suelo no apto para la urbanización y, una vez que las familias construyen sus viviendas, se tornan en una clientela que solicita la asistencia estatal, la cual, a su vez, debe entrar, con enormes costos para el erario, a corregir todas las irregularidades e impactos ocasionados por los urbanizadores y el desarrollo progresivo de los barrios: reasentar población en riesgo, proveer servicios básicos y espacio público, construir infraestructura social, vías de acceso y equipamiento urbano, entre otros. En los últimos años se ha generado un proceso de gentrificación de los barrios, que son comprados por grandes consorcios económicos para construir proyectos urbanos para grupos con mayor poder adquisitivo, en especial en la localidad de Chapinero.

La legalización de los barrios abriría, en principio, la posibilidad de que el Distrito pudiera invertir en obras y programas para elevar la calidad y cobertura de los servicios públicos, del transporte, del espacio público, etc., como es el caso del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios. Sin embargo, dada la indefinición jurídica en la que se encuentran los barrios de San Isidro y el hecho de que la Reserva sea un área protegida de carácter nacional, se requiere de un proceso de concertación y acuerdo entre entidades en todos los niveles: el MMA, la CAR y la Secretaría de Medio Ambiente, para poder realizar la sustracción y realinderación, así como generar las pautas para su restauración ecológica, su conservación y su manejo, lo que hasta el momento no ha sido posible.

Esta situación desemboca en un alto costo de transformación del conflicto y del agenciamiento de diferentes tácticas para la autoproducción del hábitat. Han sido muchos los intentos de transformar el conflicto por las vías formales (normativa y judicial): entre 1974 y 2006 se produjeron cerca de cuarenta normas (véase anexo 1). Esta larga secuencia de normas y pleitos legales ha contribuido a fortalecer la percepción de intratabilidad, dado que el conflicto no ha sido atendido adecuadamente y se ha mantenido y complejizado, al involucrar cada vez a un mayor número de contradicciones y actores.

Esta situación también ha contribuido a fortalecer entre los actores involucrados la percepción de que los costos de transformación son muy altos, ya que algunos de los actores institucionales sostienen que la única forma efectiva de evitar la urbanización de los cerros es prohibir la extensión de suscripciones de servicios de acueducto y alcantarillado, así como evitar que se establezcan precedentes por medio de la legalización de los barrios, por lo cual se rehúsan a dar curso al proceso, a pesar de que los barrios se han ido consolidando desde hace casi cuarenta años.

Se asume que cualquier señal de legalización podría disparar la urbanización ilegal de los cerros, al percibirse como una ventana a la urbanización ilegal o apropiación de un suelo que presenta una fuerte demanda y, por lo mismo, un elevado precio en el mercado inmobiliario del área de los Cerros Orientales en la parte norte de la ciudad.

Es notable que, a pesar del déficit en el suministro de agua y de servicios como alcantarillado, la comunidad residente en los barrios haya mantenido una actitud relativamente pasiva frente a la escasez del recurso, y no se hayan registrado conflictos violentos. Sin embargo, podría decirse que la comunidad ha mantenido una actitud de resistencia al permanecer y agenciar su sustento en el área utilizando distintas tácticas —dentro de las cuales la más importante es la autoorganización—, al tiempo que ha buscado las vías formales y legales de resolución —por medio de tutelas, derechos de petición y acciones de cumplimiento—, que han obtenido muy pocos resultados.

En lo que respecta a los primeros rasgos reseñados: la larga duración, la recurrencia y los repetidos fracasos de numerosos intentos de resolución, en este libro nos referiremos al hito quizá más importante y reciente intento de transformación, conocido por el público a través de los medios de comunicación. Este evento, data del año 2005, fecha en que la CAR y el Ministerio del Medio Ambiente —en adelante, MMA— emitieron la Resolución 463, del mismo año, por medio de la cual redelimitaban la Reserva y creaban una franja de adecuación.

En principio, la creación de esta franja permitiría sentar las bases para legalizar los barrios de origen informal construidos dentro del borde urbano rural de la Reserva y en apariencia solucionar mediante la regularización situaciones de facto. Sin embargo, en el mes de abril del 2005 fue interpuesta en su contra una acción popular que contó con dos fallos, uno en el año 2006 por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (TAC) —que fue apelado en 16 oportunidades— y un fallo final, pronunciado, luego de más de ocho años de disputas legales, en el mes de noviembre del 2013 por parte del Consejo de Estado (CE).

Si bien este trabajo investigativo se concentró en el análisis en profundidad de las dinámicas de autoproducción del hábitat a lo largo de más de cuarenta años utilizando el enfoque de los medios de vida, requirió, para abordar la intratabilidad de manera más comprensiva, involucrar en el análisis una cronología de las prácticas de ordenamiento del suelo en Bogotá, a manera de contexto, y el análisis de dos niveles complementarios (macro y meso), para abordar, en primer lugar, el papel desempeñado por el Estado en clave de gubernamentalidad en el conflicto y la configuración a lo largo del tiempo de un habitus proclive a este tipo de conflictos, así como, en segundo lugar, en el nivel denominado macro, analizar el papel que han cumplido los discursos hegemónicos que han orientado las prácticas de la gubernamentalidad y que han producido numerosos impactos no solo sobre este conflicto, sino sobre la mayoría de los conflictos que involucran los recursos naturales en el país.

Cuando se hace referencia al papel y las prácticas del Estado en clave de la gubernamentalidad y sus mecanismos, es importante resaltar la trayectoria y contexto general de debilidad de las instituciones distritales y las contradicciones de sus lógicas de actuación, así como también algunos fenómenos concomitantes, como el clientelismo en el sistema político, y, en últimas, la prevalencia de prácticas hondamente arraigadas —habitus, en términos de Bourdieu—, como la consuetudinaria corrupción, la captura de rentas y el patrimonialismo, heredadas desde tiempos coloniales y vigentes en la mayoría de las instituciones de los países del Sur (Acemoglu y Robinson, 2012; Azar, 1985; Garay, Salcedo, León y Guerrero, 2008; Gray, Coleman y Putnam, 2007; Kriesberg, Northrup y Thorson, 1989; Lewicki, Gray y Elliot, 2003).

En síntesis, este conflicto, cuya contradicción principal está definida por la urbanización ilegal por parte de los propietarios de predios afectados por la declaración de la Reserva, presenta todos los rasgos de intratabilidad referidos por la literatura e incluso algunos nuevos, en función de: 1) su larga duración; 2) la elusión de su resolución, es decir, la dificultad para encontrar una transformación positiva; 3) el gran número de intentos fallidos de transformación, el desgaste de la comunidad y la pérdida de confianza en los procesos; 4) el complejo entramado de normatividad (disposiciones, decretos y acuerdos) que en todos los niveles se ha producido para regular su manejo, conservación y restauración; 5) la cantidad y variedad de actores involucrados de distintas condiciones sociales y niveles (nacional, regional o local); 6) las percepciones de intratabilidad que los actores involucrados han venido construyendo y reforzando; 7) la percepción de los altos costos en todas las esferas de la transformación del conflicto, y 8) la resistencia relativamente pasiva de una comunidad pobre y vulnerable.

En virtud de todos los elementos expuestos, que intentan describir su grado de complejidad, este caso se constituye en un enorme reto académico que puede dar luces a futuro sobre cómo analizar este tipo de conflictos ambientales complejos.

Los conflictos ambientales y la intratabilidad

El objeto de este apartado teórico es presentar de qué modo se elaboró el ensamblaje conceptual para esta investigación, centrado en el uso de conceptos y enfoques que permiten analizar las relaciones de poder, para, fundamentalmente, describir cómo se construyó la categoría central de conflictos ambientales intratables. Para ello se tomó como punto de partida el conjunto de rasgos reseñados por la literatura, los cuales fueron ordenados y jerarquizados en tres niveles y subniveles, que van de los más abstracto a lo más concreto, y luego se seleccionaron y ensamblaron los conceptos que mejor podían describir los rasgos de intratabilidad en cada nivel. Debe anotarse que hay uno o varios conceptos que articulan los tres niveles de análisis (figura 2).

De manera general e introductoria, en la primera sección se presentan, para los neófitos, las definiciones más básicas de conflicto —sus componentes, dinámicas y función en el cambio social—, así como las diferencias entre las nociones de transformación y resolución.

En la siguiente sección se introduce una breve evolución de los grandes enfoques a partir de los cuales la academia se ha aproximado, desde las versiones más clásicas a las más críticas, a los conflictos por recursos naturales: la teoría económica, la ecología política y los estudios críticos al desarrollo.

Luego, se abordan los dos orígenes de la noción de intratabilidad y se presenta la forma como, para este trabajo, se sintetizan y complementan varios componentes provenientes de las escuelas europeas y norteamericanas, de manera específica la larga duración, la recurrencia, el fracaso de los intentos de resolución y el involucramiento de necesidades básicas, así como, de manera general, la “presencia de elementos estructurales y culturales”, que se llenan de sentido mediante el uso de los conceptos habitus, poder simbólico y discursos hegemónicos —aporte de las escuelas posestructuralistas francesas—.