La estabilidad del contrato social en Chile

En otras palabras, la compensación que es tan necesaria en la lógica completa del utilitarismo clásico, tiene debilidades de implementación de corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, el utilitarismo tiene un gran atractivo, una gran fortaleza.

El atractivo del utilitarismo

¿De dónde viene este atractivo del utilitarismo? Hay dos razones principales. Por un lado, la métrica de utilidad habitual (PIB o consumo) tiene una enorme ventaja, ya que se puede medir el impacto de las políticas públicas. Podemos estimar el impacto de los controles de capital o la inflación en el bienestar, es decir, en el PIB o el consumo. En principio, esto debería permitir una mejor gestión económica al evitar especulaciones sin sustento empírico. Por otro lado, a los economistas se nos ha dicho —y decimos regularmente— que la economía es una ciencia positiva; nuestro objetivo es describir el mundo tal como es, evitando hacer juicios de valor explícitos. El enfoque de maximización de la utilidad se convierte así en una forma conveniente. Sin embargo, en su búsqueda de ser positivistas, los economistas a menudo no nos damos cuenta de que hay al menos un juicio de valor que pasamos por alto: el utilitarismo mismo.

Utilitarismo y maximización de la utilidad

El utilitarismo es una teoría moral, mientras que la maximización de la utilidad es una herramienta metodológica inspirada en la primera, pero no limitada por ella. Por lo tanto, ambos están relacionados y su vínculo se ha fortalecido con el tiempo, pues la simplicidad de la maximización de la utilidad aumenta cuando se usa para resolver problemas inspirados por pensadores utilitarios.

Desde finales de la década de 1960, la economía como disciplina ha soñado con acercarse lo más posible a una ciencia dura, y la formalización matemática de los modelos ha avanzado significativamente. Partiendo de supuestos de racionalidad individual, la economía usa el cálculo para maximizar la utilidad del agente representativo. Con este instrumento, podemos ofrecer soluciones intuitivas y elegantes en muchos campos. Solo tenemos que acordar qué es la racionalidad.

La estrategia de usar matemáticas garantiza que los resultados sigan un camino lógico, con cuyos resultados “las personas honestas no pueden estar en desacuerdo”. Esta es una frase de Robert Lucas, ganador del Premio Nobel de Economía y uno de los economistas más influyentes en el último cuarto del siglo XX, uno de los líderes de esta revolución neoclásica.

De Vroey (2010) analiza la visión de Lucas sobre el vínculo entre teoría e ideología. En una carta a Cristopher Sims, Lucas dice: “Trabajar de esta manera es productivo, no porque resuelva los problemas de política de una manera que las personas honestas no puedan estar en desacuerdo, sino porque canaliza la controversia (las cursivas son mías) en pistas potencialmente productivas, porque nos hace hablar y pensar sobre temas en los que podemos progresar”. Esta “canalización de la controversia” incluye disputas ideológicas. El punto es que “hacer que la conversación sea matemática”, es decir, lógica, le permite al economista poner la ideología solo al comienzo del proceso; el resto es solo lógica garantizada por las matemáticas. Por lo tanto, la matematización de la economía se ha guiado por el deseo de ordenar el debate ideológico. En lugar de intentar discutir ideologías, uno debe discutir los supuestos subyacentes y dejar que los resultados sean consecuencia de la lógica matemática pura.

Aunque esta podría haber sido una estrategia bienintencionada, sigue siendo un enfoque incorrecto para tratar con ideologías e instituciones. No todas las ideologías pueden escribirse simplemente en unas pocas ecuaciones y competir con otras. Además, se convierte en una trampa, pues para mantener las soluciones matemáticas razonablemente manejables, cada vez se necesitan más supuestos simplificadores convenientes. Si cambiamos la definición de racionalidad, como han sugerido los psicólogos, nuestros resultados elegantes y simples se convierten en ecuaciones matemáticas complejas; cuanto más relajamos las condiciones restrictivas de la maximización de la utilidad, más complejo se vuelve todo. Además, si introducimos más argumentos en la función de utilidad, si permitimos que los agentes interactúen estratégicamente, si consideramos varios sectores de la economía con precios endógenos, si estimamos fallas del mercado (bienes públicos, externalidades), costos que introducen algunas rigideces, o si permitimos la incertidumbre o el riesgo, la consecuencia es que la trazabilidad matemática de los modelos se vuelve casi imposible. Si, además de esto, consideramos argumentos no económicos, como creencias, cultura o política, entonces la palabra “casi” puede cambiarse por “verdaderamente”.

La matematización de modelos basados en la maximización de la utilidad es útil, pero, como decimos los economistas, incluso aquí hay rendimientos decrecientes. El hecho de que esto haya arrojado algo de luz sobre los problemas relevantes, no significa que la maximización de la utilidad sea la forma de analizar todo tipo de problemas económicos, en particular cuando interactúan con problemas no económicos. Hay problemas que son difíciles o incluso imposibles de analizar utilizando modelos matemáticos. La matematización, en principio, nos evita hacer juicios de valor, pero muchas veces solo oculta el propio juicio del modelador.

A los economistas modernos, como Lucas, no les gusta hacer juicios de valor explícitos. Adam Smith era profesor de filosofía moral, promovió ciertas políticas como el libre comercio y la especialización laboral, porque pensaba que eran mejores para la sociedad. Hizo juicios de valor explícitos. En los libros de texto de economía pública, por ejemplo Stiglitz (1988), la estrategia es buscar formas en que los juicios de valor sean innecesarios. En el análisis del bienestar, construye funciones de utilidad social que dependen del consumo de agentes, apareciendo así cierto espacio para el juicio de valor: establece diferentes formas de la función de utilidad social, utilitaria o rawlsiana. Sin embargo, incluso aquí la mecánica del análisis es la misma: o maximizamos el consumo de cualquier persona en la sociedad (utilitarismo) o de los menos acomodados (rawlsianismo).

Por lo tanto, desde esta perspectiva, el utilitarismo es útil porque permite el desarrollo de modelos matemáticos estilizados que, eventualmente, permitirían a los economistas evitar entrar en juicios de valor y disputas ideológicas. O eso piensan algunas personas. Es que el utilitarismo no es malo siempre, solo en dosis exageradas.

Las consecuencias políticas de la hegemonía utilitarista

La lógica utilitaria era “lógicamente” más entusiasta para los economistas neoclásicos. En una entrevista con la Reserva Federal de Minneapolis, Robert Lucas dice: “Creo que Chicago tiene un sesgo promercado o tal vez una mejor manera de expresarlo es que solo tiene un escepticismo sobre la eficacia de los programas gubernamentales. La belleza de la economía neoclásica es que no es un tipo revolucionario de todo o nada”. De hecho, a partir de cualquier modelo estilizado de maximización de la utilidad, la intervención del gobierno genera diferentes formas de costos sociales. Este enfoque conduce naturalmente a discursos políticos que limitan la acción gubernamental, como los sugeridos ex ante por Lucas. Este resultado apareció de modelos que fueron diseñados para “canalizar la controversia” de modo que “las personas honestas no puedan estar en desacuerdo”. ¿Qué sucede cuando la sociedad valora algunas de esas intervenciones gubernamentales? Ese es el punto de partida de la economía keynesiana.

La revolución neoclásica liderada por Lucas, Sargent o Wallace a comienzos de los años setenta tuvo una gran influencia en el keynesianismo. Lucas sugiere que incluso antes, comenzando con Paul Samuelson, “hubo un esfuerzo por unificar la economía keynesiana con la economía neoclásica”, en el sentido de proporcionarle microfundamentos. Paradójicamente, agrega: “A medida que avanzamos más y más hacia encontrar algo que parecía ser una base microeconómica común, la economía se hizo cada vez menos keynesiana. Finalmente, algunos decidimos que no era keynesiana en absoluto”.

Por lo tanto, el enfoque del gobierno limitado se instaló dentro del campo keynesiano mediante esta herramienta metodológica. A lo sumo, hubo acuerdo en que la distribución del ingreso resultante de un mercado eficiente podría ser demasiado desigual o que algunos bienes “de mérito” debían ser distribuidos de una manera no mercantil (Tobin, 1970). Uno de los focos importantes de la economía neokeynesiana, que es la mezcla de objetivos keynesianos con instrumentos neoclásicos, era precisamente sobre las desigualdades. La relevancia de esa línea de investigación ha estado creciendo en las últimas dos décadas, a medida que la distribución de ingresos ha empeorado en el mundo desarrollado.

El utilitarismo y el poder de los números

Otro elemento atractivo del análisis utilitario son los números y su análisis estadístico. La disponibilidad de grandes bases de datos está aumentando, y el análisis estadístico se vuelve cada vez más sofisticado. El uso de datos tiene la intención, nuevamente, de canalizar debates ideológicos: “dejemos que se hable de datos” es una frase que se escucha a menudo entre los economistas.

De nuevo, este es un objetivo razonable. Sin embargo, hay fuentes de error no evidentes que pueden llegar a ser importantes. Una es absurda: la calidad de los datos puede ser mala (fuentes poco confiables, cambios en los criterios estadísticos, empalmes de series mal realizados, errores administrativos). Otra es más sofisticada: los modelos empíricos generalmente centran su atención en la evaluación de mecanismos particulares tratando de agrupar otros efectos. Esto puede producir sesgos en las estimaciones; a medida que el trabajo académico se sucede, no es poco común que los nuevos trabajos adviertan que la investigación anterior tenía sesgos, pero sin reconocer que ellos mismos pueden tener algunos, solo que aún no lo han descubierto. Los economistas hacemos un serio esfuerzo para producir números duros y análisis empíricos sofisticados, pero nos falta la humildad y la prudencia en la interpretación de ellos y a darlos a conocer al público.

Lamentablemente, la prudencia no es popular. Los números le dan a su creador una dosis significativa de poder. Las métricas utilizadas en economía tienen un alto valor comunicativo. Es difícil oponerse a una política pública que supuestamente aumenta el PIB en un X%, en particular si ese número proviene de un análisis reflexivo. Tomemos, por ejemplo, el informe de productividad de la reforma de las pensiones del segundo gobierno de Piñera en Chile: “El impacto de la tasa de contribución en la economía se estima a través de un modelo que tiene en cuenta cómo un mayor ahorro impacta la economía. (...) El mayor ahorro, 2%, es expansivo con respecto al stock de capital, 4.1%, y del PIB, 1.5%. Mientras que los salarios reales caen un 1,5% y el empleo formal disminuye un 0,9%. Es decir, aproximadamente 52.000 empleos”. Es atractivo para las políticas públicas tener datos sólidos que supuestamente provienen de modelos bien diseñados y estimados.

Sin embargo, existe una falta inherente de precisión debido a que las políticas se implementan en un entorno determinado. Cada reforma se acompaña de un contexto político, social y económico que afecta en cómo los agentes económicos dan forma a sus expectativas y creencias. Esto determina de manera crucial cómo reaccionarán los agentes ante los estímulos que trae una reforma. Su impacto debe incorporarse desde el exterior, lo cual es difícil de medir y se presta a manipulaciones bruscas.

La conclusión es que la disponibilidad de datos y la sofisticación de los modelos desafortunadamente no garantizan un mejor debate público. Lo que se supone que facilita el debate y lo hace transparente, puede terminar logrando lo contrario. Cualquier analista con cierta solvencia profesional puede defender razonablemente sus modelos y números. El público solo puede “creer” en la versión de uno u otro. Hay más información, pero no necesariamente hay más transparencia y calidad en el debate.

Más allá de eso, muchos economistas olvidan las limitaciones del análisis utilitario. El debate entre pares los induce a extender y naturalizar esta lógica. La mayoría de los análisis de bienestar utilizados en documentos y libros económicos, a pesar de que eventualmente pueden proporcionar medidas alternativas y advertencias sobre las limitaciones del análisis, generalmente terminan utilizando flujos de ingresos o consumos de un individuo representativo. En estos análisis formales usualmente no hay interacción entre las personas, ni hay interacción con las instituciones. Por lo tanto, es una visión unidimensional del bienestar, desprovista de tensiones respecto de variables no económicas.

Este enfoque utilitario ha sido utilizado masivamente por economistas de derecha, pero también de centro e izquierda. Los economistas de centroizquierda, sin olvidar el criterio de disponibilidad de bienes y servicios, incorporan en sus análisis un contrapeso relacionado con su distribución. Si al leer a Lucas o Friedman lo único que importa es generar condiciones para que los mercados maximicen el crecimiento, al leer a Piketty pareciera que el rol del Estado es optimizar científicamente su capacidad distributiva.

La gracia de una política unidimensional es que es muy claro qué pretende. Esto le permite a todo el mundo tomar posición a favor y en contra. El problema es lo que esa batalla olvida.

El desafío olvidado de la fraternidad

En la literatura económica más tradicional, el uso del enfoque utilitario mezclado con consideraciones distributivas, puede leerse como la intención de usar un enfoque científico para hacer compatibles la eficiencia y la igualdad. Un caso claro es la discusión sobre el régimen tributario óptimo (como en Diamond y Saez o en el Mirrlees Review). Entre estos dos valores —eficiencia e igualdad— hay una tensión. Resolver este dilema ha tenido un costo. Se llama fraternidad.

Varios autores han advertido que la expansión de la lógica de mercado liberada por la caída del Muro de Berlín y el triunfo ideológico neoliberal ha tenido consecuencias importantes en otras áreas. En 2013, Michael Sandel señaló que, sin límites, la expansión de la lógica de mercado podía transformar la naturaleza de ciertos valores que son importantes.

Ese mismo año, en El otro modelo (Atria et al., 2013) postulábamos que era necesario encontrar un punto intermedio entre el régimen del Estado —que fija las condiciones en las que el Estado provee derechos sociales— y el régimen privado —que fija las condiciones para que el sector privado maximizador de utilidades desarrolle sus actividades—. Ese régimen, que denominamos “régimen de lo público”, pretende generar condiciones para que los privados puedan proveer derechos sociales sin poner en peligro la descomodificación que estos pretenden.

Más recientemente, en 2018, Paul Collier en The Future of Capitalism señala que la socialdemocracia europea se olvidó de construir una lógica y un discurso sobre las obligaciones recíprocas (lo que veremos es la esencia de la lógica contractualista), y se dedicó más a optimizar la eficiencia de las políticas de ingresos redistributivos, que a minimizar los desincentivos para trabajar e invertir.

Según Collier, esto generó un efecto no deseado: las obligaciones morales interpersonales se depositaban cada vez más dentro del alcance del Estado. Para decirlo en términos del lema de la Revolución francesa, los economistas intentan maximizar la libertad y la igualdad, con resultados positivos en el primero y resultados negativos en el segundo, pero olvidando el tercer componente: la fraternidad.

Y la fraternidad es algo que podemos experimentar en grupos pequeños. Raghuram Rajan, hasta cierto punto reconoce esto en su libro El tercer pilar (2019), cuando argumenta a favor del desarrollo de relaciones basadas en la comunidad.

La gran víctima del utilitarismo de derecha e izquierda ha sido la fraternidad.

Utilitarismo y comportamiento racional

El enfoque utilitario se basa en una lógica bien desarrollada en teoría económica. Los economistas piensan en el ser humano como un ser racional, cuyo objetivo es la maximización de la utilidad, en particular, el consumo. Si alguien no cumple con este principio, decimos que él o ella no es racional.

Pensadores prominentes como Daniel Kahneman dicen hoy que tal visión de los seres humanos no es realista. Durante mucho tiempo, dentro de la corriente económica principal, la opinión predominante fue la de John Harsanyi, un influyente pensador neoliberal. Según Harsanyi (1977), “los filósofos y los científicos sociales no se dan cuenta de cuán débiles son los postulados de racionalidad”, y continúa: “Todo lo que necesitamos es el requisito de preferencias consistentes, un axioma de continuidad”. Estos dos elementos son condiciones extremadamente estrictas para mantener. Acordemos que es una posición extrema.

Una crítica a esto viene de la sociología. Gérald Bronner en L’empire des croyances (2003), cuestiona esta forma de entender la racionalidad. Dice que, en lugar de imponer una forma precisa de entender la racionalidad humana, como lo hace el economista, el sociólogo procede a la inversa. Comienza a identificar un determinado comportamiento, por ejemplo, en el caso de Bronner, el extremismo, y se pregunta qué razones, lógica, prioridades y preferencias hacen que el extremista actúe, algo racional desde la perspectiva de quién lo ejecuta. El economista piensa en la racionalidad desde donde observa al agente. El sociólogo piensa la racionalidad desde la posición del propio agente.

Desde la perspectiva del utilitarismo, el trabajo del sociólogo nos recuerda que no todos los seres humanos valoran igualmente los criterios de mayor disponibilidad de bienes y servicios para pensar que cualquier política dada es deseable.

Pero el ataque más fuerte contra el homo economicus ha surgido de la psicología, particularmente gracias al trabajo de Daniel Kahneman y Amos Tversky, ganadores del Premio Nobel de Economía. Ellos consideran que la forma en que los economistas pensamos en la racionalidad humana es crudamente simplista. Al ser unidimensional —la única cosa que importa es el bienestar material—, no es capaz de identificar con precisión y claridad las tensiones que siempre acompañan las decisiones de política pública. El desarrollo de la economía del comportamiento está abriendo nuevos campos de comprensión sobre cómo desarrollar mejores políticas públicas que, a la vez que busquen incentivos de crecimiento, puedan identificar mejor las compensaciones que surgen. Una sofisticación de la metodología económica en este sentido ayudará naturalmente a superar el utilitarismo.

Por ejemplo, Jonathan Haidt, en The Righteous Mind: Why Good People are Divided by Politics and Religion (2012), plantea dos ideas interesantes. Primero, que las intuiciones morales del ser humano aparecen automáticamente y casi instantáneamente, mucho antes de que el razonamiento comience a funcionar. Esto hace que sea muy complejo para el razonamiento ignorar las intuiciones morales que lo condicionan. Una persona con intuiciones morales conservadoras usará su racionalidad de tal manera que minimice la disonancia cognitiva que podría ocurrir si racionalmente concluye algo más de lo que cree. El corolario obvio es que es necesario prestar atención a los argumentos que justifican cierta posición moral como si fuera racional en sí misma.

Segundo, los valores morales que son importantes para los seres humanos de diferentes culturas y niveles socioeconómicos, van más allá de la preocupación por la justicia y el dolor. Según Haidt, las personas tienen otras intuiciones morales muy poderosas, como las relacionadas con la libertad, la lealtad, la autoridad y la santidad (en el sentido de no degradación).11 Los economistas tendríamos problemas para maximizar una función con seis argumentos, lo que requeriría seis restricciones, casi todas las cuales serían inconmensurables.

En el estado actual de desarrollo de la economía, la principal ventaja del enfoque utilitario es que se adapta muy bien a una metodología simple y elegante. Esta discusión, sin embargo, nos dice que el enfoque utilitario para analizar fenómenos complejos como el malestar en las sociedades modernas es, en el mejor de los casos, incompleto.

El utilitarismo nos lleva por caminos en los que no encontraremos la solución que buscamos para restablecer la confianza en nuestras instituciones. Desde su perspectiva, el problema se resolvería con una buena agenda a favor del crecimiento. Esto es necesario, pero está lejos de ser suficiente. Para avanzar en el análisis de las instituciones, debemos modificar el curso; es necesario adoptar otra perspectiva.

La principal alternativa al utilitarismo es el contractualismo, cuya obra reciente más destacada es Teoría de la justicia (1971), de John Rawls. Para el economista, el enfoque contractualista es más complejo, pero tiene una importante herramienta a la mano para analizarla: la teoría de juegos. Si el utilitarismo usa la maximización de la utilidad como su marco analítico, el contractualismo puede usar la teoría de juegos.

Hablemos del contractualismo antes de entrar plenamente en el análisis institucional en sí.

El enfoque contractualista o de expectativas autocumplidas

Podemos entender mejor las sociedades modernas si adoptamos un enfoque alternativo al utilitarismo, a saber, el contractualismo. Este enfoque puede definirse generalmente como aquel que sostiene que la obligación de seguir las normas depende del consentimiento de quienes están cubiertos por ellas.

Sin embargo, hay numerosas formas de entender este consentimiento.

Varios contractualismos

Schwember (2014) clasifica las diferentes corrientes contractualistas de acuerdo con cuatro dimensiones: función del contrato, incentivos del agente, alcance del contrato y su estado ontológico. Estas dimensiones dan lugar a varias categorías y las distancias entre ellas no son triviales. La categorización más aceptada se basa en los filósofos que las inspiraron. Siguiendo a Schwember, existen al menos tres formas de contractualismo, todas las cuales comparten la opinión de que el contrato no es un hecho histórico.

Un contractualismo hobbesiano postula que antes del contrato no hay una regla de justicia ni ningún vínculo normativo, por lo que el contrato cubre cualquier cosa. Schwember califica este tipo de contractualismo como “fuerte”, precisamente porque todo es posible dentro del contrato; no hay derechos válidos antes de él. Es un contractualismo egoísta, porque es válido siempre que permita a los agentes alcanzar sus propios objetivos. Incluso podríamos decir que esto es un contractualismo utilitario.

Un contractualismo lockeano es en el que los agentes tienen un amplio margen de maniobra para acordar cosas muy diferentes con respecto al orden político, “pero no tienen libertad para (re)configurar el orden moral de la ley natural”, porque en el estado de naturaleza hay libertad perfecta. Este es un contractualismo débil e individualista. De hecho, Locke no ve ninguna razón para obligar a los agentes a adherir a un contrato que les sirve mal. Sin embargo, se les pueden imponer algunas restricciones porque, como en el estado de naturaleza hay alguna forma de cooperación, “pueden aparecer algunas restricciones que hacen posible la cooperación mutua” en virtud del contractualismo lockeano. Schwember afirma que este es un contractualismo libertario, porque los hombres son “dueños de su propia persona” y también le pertenecen “el resultado del trabajo de su cuerpo y sus manos. (...) Cada vez que cambia el estado de algo como la naturaleza lo dejó (...) es su propiedad”. Para Locke, los derechos de propiedad son precontractuales.

Finalmente, en un contractualismo rousseauniano-kantiano, el pacto tiene como objetivo salvar la libertad humana contra la opresión y hacerla efectiva en la vida social. Esto también es un contractualismo débil, pero es universalista en el sentido que supone que nuestros propios intereses son tan válidos como los de los demás y, por lo tanto, el contrato debe ser imparcial y pluralista. Para hacerlo, el contexto de imparcialidad y pluralismo es la adhesión a los principios de justicia.

Un aspecto particular de este debate que marca una diferencia con Locke es que la propiedad de Rousseau pertenece al alcance del contrato. De hecho, Rousseau es flexible en su enfoque de la propiedad porque pertenece al alcance del contrato. Por lo tanto, cuando habla del primer ocupante de una tierra, dice que “obtuvo la posesión no por medio de una ceremonia simple sino por el trabajo y la cultura, único signo de propiedad que, sin ninguna documentación legal, debe ser respetada”. Hasta aquí se parece a Locke, pero más adelante en el mismo párrafo, cuando habla de propiedad comunal, dice que “el derecho de cada individuo a su propia tierra está subordinado al derecho de la comunidad a todo”. Esta tensión entre derecho del individuo a la propiedad y el de la comunidad a todo para garantizar el ejercicio de la libertad de cada individuo es un punto conflictivo.

Aunque la concepción original de este enfoque universalista proviene de Rousseau, Kant se clasificó con él cuando declaró su imperativo categórico según el cual un acto es correcto si sigue principios que podrían haber sido aceptados por todos los demás. Un corolario de este enfoque es que se trata de un contractualismo igualitario, en el sentido de que, a pesar de sus diferencias naturales de fuerza y genio, “todos los hombres se vuelven iguales por convención y por ley”.

Si bien no pretendemos entrar a fondo en este debate, tenemos la intención de algo más modesto, basado en un elemento que comparten estas tres escuelas de pensamiento contractualistas: el hecho de que las obligaciones mutuas en la sociedad surgen de una mezcla de conveniencia con respecto a los resultados (por ejemplo, interés propio) y restricciones en nuestro comportamiento a las que adherimos voluntariamente.

Primera visión sobre la estabilidad del contrato social

La paradójica situación chilena que discutíamos al inicio es de una potencial inestabilidad de nuestro contrato social, que la visión utilitarista no tiene cómo analizar satisfactoriamente. Esto se discute más en detalle en Larraín (2020 a). En breve, se postula que esta depende de una frágil relación entre, por un lado, la supuesta voluntariedad de la adhesión a las reglas establecidas y, por otro, la materialidad de las disposiciones que por algún mecanismo representan la voluntad general.

Las propiedades de estabilidad pueden analizarse siguiendo cualquiera de las tres escuelas discutidas anteriormente. Para este propósito, la elección de una u otra es secundaria. Comenzaremos con el enfoque de Rousseau,

ya que su formulación es sorprendentemente cercana al concepto de “equilibrio de Nash”.

Antes de seguir, hagamos dos definiciones: equilibrio y equilibrio de Nash. Un equilibrio es una situación en la cual los individuos de alguna manera ejercen fuerzas opuestas que se neutralizan entre sí, y el resultado es que algo que les interesa a todos no cambia. Para que un equilibrio cambie, para que deje de ser estable, algo debe suceder: un shock externo o un cambio en las preferencias de los individuos.

En cuanto al equilibrio de Nash, es un tipo particular de equilibrio. En esta situación, los jugadores conocen las estrategias de los demás, es decir, cada jugador sabe lo que es conveniente para los otros jugadores. Estos agentes estarán en equilibrio si este conocimiento los induce a desarrollar una secuencia de acciones, de tal manera que cada acción sea la mejor

respuesta a las acciones del resto. Un caso ilustrativo es por qué conducimos por la derecha o la izquierda; no hay una razón a priori para preferir una u otra alternativa. Pero si crees que todos lo harán por la izquierda, debes hacerlo por el mismo carril. En el Reino Unido, no intentes conducir por la derecha; todos en ese país esperan que lo hagas por la izquierda y aceptarás hacerlo.

Volvamos al contrato social y su interpretación. Según Rousseau, el contrato social es uno en el que:

En resumen, cada uno entregándose a todos, no se entrega a nadie; y dado que no hay un asociado sobre el cual no adquirimos los mismos derechos que le concedemos sobre nosotros mismos, ganamos el equivalente de todo lo que perdemos y más poder para preservar lo que tenemos.12

Esta formulación es lo suficientemente amplia como para representar todas las ramas del contractualismo, y será clave en lo que viene después.

Antes de esto, necesitamos discutir dos cosas. Primero, ¿en qué sentido violar algunas de las dimensiones mencionadas puede convertirse en una amenaza para la estabilidad del contrato social? Segundo, ¿cómo lidiamos con el problema de que enfrentamos una familia de contratos sociales, y no solo uno, cuya estabilidad es nuestro foco de análisis?

La estabilidad del contrato social se relaciona con el cumplimiento de sus condiciones internas de operación. Por ejemplo, la existencia de condiciones precontractuales significa que el contrato puede discutir muchas cosas salvo aquellas. En el caso de Locke, es la propiedad: una resolución deficiente de los conflictos relacionados con los derechos de propiedad es una fuente de inestabilidad. En el caso de Rousseau-Kant, el problema surge con la justicia. A pesar de que Rousseau tiene cuidado con legitimar los derechos de propiedad adquiridos dudosamente —como los reclamados por Núñez de Balboa en nombre de la Corona española en las Américas—, las reglas internas del contrato social son tales que podemos decir que el problema es de justicia o falta de ella. El tratamiento injusto de los conflictos de derechos de propiedad también conduce a fuentes de inestabilidad. Obviamente, según Rousseau, este conflicto es menos amenazador para la estabilidad del contrato social que según Locke.