La captura del Estado en América Latina

La variabilidad se puede observar en los Andes centrales en las primeras décadas del siglo XXI. En esta subregión se pueden detectar casos acentuados de captura corporativa, donde las corporaciones, y sus intermediarios nacionales y soportes globales, tienen altos niveles de influencia. Tenemos a Perú y Colombia, países de la Cuenca del Pacífico, firmantes de tratados de libre comercio con EUA y alineados con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde las corporaciones operan con notable comodidad por su cercanía con el Estado. Este par de casos contrastan con otros dos, la Bolivia de Evo Morales y el Ecuador de Rafael Correa, donde se formaron gobiernos radicales que intentan o intentaron reducir o superar la captura corporativa —no por ello exentos de escándalos de corrupción y casos de mal gobierno—, frenando su influencia política e ideológica, aunque sin limitar su poder estructural. En Ecuador han recuperado el poder y en Bolivia queda por ver si recapturan el Estado. Estas variaciones, que se observan en todo el continente en un escenario mayor donde predominan las situaciones de captura corporativa, abren interesantes posibilidades de análisis.

Nos concentramos en lo que es común o general, tomando en cuenta las situaciones de captura que se inician cuando se introduce el neoliberalismo a comienzos de la década de 1990, momento de cambio de paradigma al adoptarse, por necesidad o convicción, las recomendaciones del Consenso de Washington y, más adelante, a partir de 2016, cuando luego de un giro a la izquierda, una buena parte del continente, incluyendo los países más importantes, hacen un giro conservador, regresando a la misma senda, al mismo tiempo que las corporaciones privadas y sus soportes recuperan sus niveles de influencia. En Brasil, para citar un caso prominente, el gobierno de Jair Bolsonaro elegido en 2018 muestra ser un caso de recuperación política de las élites del poder, donde el Estado vuelve a considerar la promoción de la inversión privada como la gran prioridad del Estado. El de Mauricio Macri, un presidente empresario elegido en Argentina en 2016 es parecido, y destaca por el uso de la «puerta giratoria», que ha permitido extremar la influencia corporativa. A estos se suma el giro conservador de Lenin Moreno en Ecuador en 2017 y el segundo gobierno de Sebastián Piñera en Chile en 2018. Este giro conservador, sin embargo, no solo no se disemina en todo el continente, sino que los gobiernos de derecha de marcada influencia elitista tienden a generar fuerte rechazo social una vez que están en el gobierno e imponen medidas de austeridad mientras mantienen los privilegios de los ricos. Tal ha sido el caso de Macri en Argentina, Moreno en Ecuador y Piñera en Chile, países en los cuales han aparecido movimientos de rechazo y fuertes estallidos sociales en 2019.

La experiencia latinoamericana tiene estos vaivenes, pero el panorama general, incluso durante el periodo de auge del giro a la izquierda (1998-2016), con gobiernos intervencionistas y redistributivos que experimentan problemas distintos a los discutidos aquí, seguía siendo de predominio de situaciones de captura corporativa del Estado. Durante este periodo ocurrió un superciclo de commodities que mejoró los indicadores de crecimiento, empleo y pobreza, razón de más para discutir enfoques que dan cuenta de este persistente fenómeno conservador, en lugar de distraernos con el más precario, aunque más atractivo, caso de gobiernos radicales (Levitsky & Roberts, 2011).

Estos vaivenes y variaciones pueden ser tomados en cuenta sobre todo para un análisis comparativo. Para nuestros propósitos, sin desconocer la importancia de tales estudios, vemos el fenómeno de captura como algo general, que afecta, si no a todos, al menos a muchos de los países del continente, casi en su totalidad democracias y donde las fuerzas del mercado están encabezadas por grandes corporaciones privadas. Nos enfocamos en las principales tendencias con una visión de mediano más que de corto plazo, poniendo el énfasis en los elementos habituales de la captura. El panorama que se dibuja es un tipo ideal de dominación o influencia extrema de las élites del poder sobre el Estado para obtener beneficios que afectan el interés común. Este fenómeno es reconocido como problema —algo que no tiene solución inmediata— por expertos y ciudadanos, excepto para quienes evitan verlo como uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, creyendo en una idealizada democracia de mercado, o debido a que se benefician de la captura y, por lo mismo, no identifican el problema para no cambiar arreglos y prácticas que les convienen. Sea por convicción o interés, diversas fuerzas económicas y políticas que idealizan a las corporaciones —y afirman que estamos frente a una verdadera democracia de terreno nivelado— coinciden en la defensa del statu quo, lo que beneficia a los actores captores.

El enfoque metodológico que analiza regímenes político-económicos ha sido objeto de importantes aportes. Un modelo de reflexiones abstractas sobre las democracias basado en atributos en regiones ha sido utilizado por Dahl, el teórico de la democracia liberal ideal que llama poliarquía. Lo mismo ha hecho O’Donnell con su teoría de la democracia delegativa de América Latina. Aquí caminamos por la misma senda con una visión más crítica de la democracia contemporánea, delineando un tipo ideal de captura corporativa en América Latina, tomando en cuenta una variable que los otros minimizan: el poder corporativo en mercados crecientemente oligopolizados. Hasta que los pueblos se levanten.

Tanto la ideología reinante como los intereses particulares, que gracias al poder discursivo de las corporaciones y los neoliberales pueden presentarse como beneficiosos para todos y como la única alternativa para salir adelante, intervienen no solo para bloquear las ideas divergentes sino para impedir el pensamiento crítico que pudiera generarlas. En este libro asumimos esta perspectiva crítica, basándonos en los distintos estudios de varios continentes sobre la captura del Estado y sus variantes. También nos apoyamos en la experiencia del presente y el pasado reciente del continente latinoamericano y en el caso peruano, donde la captura corporativa es extrema y antigua, y ha sido estudiada en detalle y por largo tiempo por diversos investigadores y analistas, incluyéndonos5.

El libro está organizado de la siguiente manera. La definición de captura, y la identificación más precisa del tipo principal, la captura corporativa del Estado, se discute en el primer capítulo. La captura se asocia con cambios en el contexto: el neoliberalismo globalizador, la tercera ola de la democracia, y las consecuencias de las propuestas de cambio de políticas impulsadas por Thatcher y Reagan para países que salían de la órbita comunista y populista radical y luego continuados por Blair y Clinton.

En este contexto se inicia la discusión de las formas y niveles de influencia corporativa sobre el Estado, y en el segundo capítulo se distingue la «influencia indebida», basada en el soborno, de la «influencia desmedida», que se apoya en múltiples mecanismos, algunos legales, otros grises e ilegales. Se relaciona la discusión de captura con el análisis del poder corporativo y se discute sus poderes tridimensionales —estructural, instrumental y discursivo—.

En el tercer capítulo se discuten los factores estructurales e institucionales que facilitan la captura corporativa del Estado en América Latina, región con una historia propia que condiciona el proceso de toma de decisiones, con énfasis en las particularidades de la concentración de poder económico y político, la porosidad y discrecionalidad del sistema político y la acentuada ausencia de la sociedad civil.

Los principales instrumentos del poder corporativo para penetrar el Estado son materia del cuarto capítulo, en el que se analiza por separado el lobby, la puerta giratoria, la financiación electoral y los sobornos, y se considera la posibilidad de que las corporaciones —actores inteligentes, ricos y organizados— pueden usarlas de manera secuencial, siguiendo la lógica del ciclo político y sobre la base de una estrategia de influencias.

El último capítulo presenta las conclusiones del trabajo y resume las ideas centrales sobre poder empresarial y captura corporativa del Estado en América Latina, estimando las consecuencias que esta situación genera en términos económicos, políticos y sociales.

2 Uno de los temas más populares y que, con variantes, se repite en América Latina, es la crítica a los «dueños del país». Esta noción está generalmente referida a las familias propietarias, tanto la vieja oligarquía del siglo XIX y XX como a la nueva del siglo XXI, que por extensión incluyen a las empresas transnacionales, sobre todo en el siglo XXI, donde la globalización y la apertura de mercados ha atraído gigantes corporativos de todos los continentes. Sobre esa «dueñidad» propietaria, véase el libro pionero de Malpica Los dueños del Perú, que tuvo varias ediciones (3ª ed. 1963). Luego salió una larga lista con el mismo título en otros países; en Panamá con Hughes y Quintero (1989), en Argentina con Majul (1992), en Chile y Venezuela con Carmona (2002 y 2004 respectivamente), en República Dominicana con Rosario (1988), en Uruguay con Traibel (2008) y en América Latina con Reyes (2003). Estos trabajos, escritos por periodistas de investigación y activistas sociales, dan cuenta de qué riqueza está en manos de qué familias, pero no explican (aunque lo suponen) cómo ello influye en los juegos de poder, tarea que realizamos en este libro. Un intento por demostrarlo en el caso de la familia Romero y en los principales grupos de poder peruanos, inspirado por Malpica, se encuentra en Durand 2013 y 2017, respectivamente.

3 Este supuesto es cuestionado por Lindblom (1977), quien afirma que debemos abandonar el hábito de considerar que los distintos grupos de interés juegan en un terreno nivelado, pues las grandes empresas tienen más recursos y una relación privilegiada con el Estado por su poder estructural: generan empleo y desarrollo tecnológico (pp. 193-198). Schattschneider (1960), por su parte, considera que la teoría pluralista de los grupos de interés exagera su rol representativo y transparente, incidiendo en que la política no es siempre pública y que existen formas de acceso individual e informal al Estado (p. 40). Sobre el sistema de rendición de cuentas vertical, ver los comentarios de Foweraker, 2018, pp. 15-16.

4 Hay, ciertamente, países más desarrollados que otros, pero los «casos de éxito» (generalmente Costa Rica, Uruguay, quizás Chile, país muy desigual) son, en realidad, excepciones.

5 Ver Távara (2004, 2006), Dammert (2010), López (2010, 2012) y Alarco (2012). El primer trabajo en el que analizo la captura —de modo preliminar— es de 2005, La mano invisible en el Estado: efectos del neoliberalismo en el empresariado y la política. El tema fue luego retrabajado, y en 2010 publiqué La mano invisible en el Estado: crítica a los neoliberales criollos. Luego he profundizado el tema en varios artículos, capítulos y libros que se irán mencionando a lo largo del libro, manteniéndose la hipótesis de que la introducción y profundización de políticas llamadas neoliberales contribuye de modo importante a generar situaciones de captura del Estado al concentrar poderes económicos y políticos, y al debilitarse la sociedad civil y, en particular, los sindicatos. Se han realizado varios estudios sobre casos concretos y con base empírica para cerrar «la brecha de evidencias» que aqueja a esta temática, como son los sistemas de impuestos, la normativa ambiental y la propia empresa constructora Odebrecht, que funcionan como cuestiones decisionales que determinan el «decretismo».

Capítulo 1. Captura y cambios de contexto

Diversas escuelas y autores han desarrollado la teoría de captura del Estado, que ha sido objeto de variadas contribuciones empíricas, algunas más profundas y mejor documentadas que otras. No falta un debate sobre su carácter conspirativo, que ciertamente existe como fenómeno en la arena política, y que a veces se filtra en las contribuciones académicas (Romero, 2008). Todo ello obliga a ordenar y matizar la discusión, particularmente la variante conocida como captura corporativa —tanto en América Latina como en otras regiones—, en tanto es un tipo más universal que ocurre en contextos donde las fuerzas privadas predominan en el mercado y se proyectan a la política gracias a Estados porosos que les permiten operar con relativa comodidad en democracias6.

Los estudios de captura corporativa se centran en procesos o situaciones donde una élite influyente, la económica moderna, representada por altos ejecutivos y grandes propietarios, va desarrollando una relación colusiva con las élites políticas a medida que acumula riquezas, representada por políticos elegidos y funcionarios, a varios niveles —local, regional, nacional— y en diversas instancias del Estado, como los organismos regulatorios, los ministerios de línea, las principales instancias burocráticas económicas, y la propia presidencia, el Congreso y el Poder Judicial. En este libro usamos un enfoque dinámico-relacional para entender este acuerdo, identificando los factores estructurales e institucionales que generan o facilitan situaciones más marcadas de captura, y las redes y los mecanismos que utilizan las élites corporativas para proyectarse con ventaja al Estado. Este balance permite comprender mejor los alcances de la teoría, definir los conceptos con más precisión, entender las variantes o tipos de captura y elaborar hipótesis más útiles para entender también los procesos de «recaptura» cuando las élites económicas recuperan sus niveles de influencia política.

Si bien la discusión de captura está referida a América Latina, toma en consideración los avances teóricos de otros continentes, sobre todo aquellos que pueden catalogarse como democracias de mercado, caracterizados por la oligarquización de la política y la aparición de una «corporatocracia». Esta amplia y diversa discusión planetaria es un reconocimiento de la vigencia de teorías críticas en lugares con distintos niveles de desarrollo económico y político que, coincidentemente, tienen en común el acentuado poder de las corporaciones privadas que la globalización fomenta, y su eficaz manejo político en democracias formales. La discusión de captura está entonces asociada al llamado neoliberalismo, los intereses que promueven la globalización económica y, como lo dicen con dureza varios analistas, a las democracias «dirigidas» (Wolin, 2008) o «secuestradas» por las élites (Oxfam Internacional, 2018), términos que se aplican a países con distintos niveles de desarrollo.

La captura corporativa —en el pasado inmediato y en el presente— predomina cuando ocurre una recuperación política y un acelerado fortalecimiento económico de las fuerzas privadas del mercado sobre un Estado con funciones y voluntades reducidas. De este modo, gracias a esta acentuada asimetría de poder, la situación laboral de las clases mayoritarias, antes beneficiadas con políticas redistributivas de un Estado fuerte y con la capacidad negociadora de los sindicatos, se precariza. Una vez cooptado el poder —a veces literalmente ocupado—, las élites económicas se benefician con la implementación y profundización del modelo de globalización neoliberal, generando un nuevo statu quo que defienden con vigor, empezando por la política económica, siguiendo por «los derechos adquiridos» en materia tributaria y laboral y las condiciones político-jurídicas que les permiten operar con ventaja.

La adopción de este modelo es resultado de la manera como fue manejada la globalización neoliberal al ser impulsada desde los países del norte por los gobiernos aliados de Ronald Reagan en EUA y Margaret Thatcher en el Reino Unido a partir de 1980, cuando ocurrió un gran cambio político. Esas políticas fueron luego impulsadas por Bill Clinton y Tony Blair, y por los socialdemócratas europeos en la última década del siglo XX. Estos líderes fueron «seducidos» por el neoliberalismo, a pesar de representar o decir representar a las mayorías trabajadoras.

En palabras de Wolin, en estos países desarrollados —y luego en sus zonas de influencia—, surgió un sistema de poder asimétrico que «representa fundamentalmente la madurez política de las corporaciones y la desmovilización política de la ciudadanía» (2008, p. 12). Gracias a las influencias de los aliados anglosajones, estas políticas y sus principios ideológicos fueron diseminados en gran parte del planeta con la ayuda de los organismos financieros internacionales, influenciados por las superpotencias al controlar los votos de sus directorios y a medida que pasaban por crisis que eran resueltas o manejadas por estos poderes.

El modelo fue crecientemente cuestionado a partir de la crisis financiera mundial 2008-2009, al revelarse que los financistas, y sus privilegiados ejecutivos, fueron responsables de una crisis con dramáticas consecuencias, pero terminaron siendo rescatados con millonarios recursos fiscales a la vez que poco investigados y sancionados. La crisis global, la más seria desde la Gran Depresión de 1929-1930, revelaba los juegos del poder a favor de las élites globales, al mismo tiempo que al acentuarse las desigualdades (Picketty, 2014; Therborn, 2015), polarizaba las sociedades y socava las democracias (Kupferschmidt, 2009, p. 14). A partir de este momento se comenzó a hablar del 1% que concentra la riqueza.

Al respecto, para sopesar la importancia de este megaevento, que a diferencia de la Gran Depresión del siglo XX no generó cambios en políticas ni modificaciones en la correlación de fuerzas, pero sí preocupaciones, tensiones y discusiones. Se hablaba incluso de una crisis del capitalismo global moderno. Cabe señalar el siguiente balance. Ricardo Dudda (2019) identifica con claridad las preocupaciones al interior de las élites globales, y añade que a pesar de las crisis y las propuestas se mantuvo la defensa del statu quo, acentuándose los cuestionamientos:

De pronto, más de diez años después de las famosas palabras de Sarkozy («hay que refundar el capitalismo»), todos hablamos de la crisis del capitalismo. Y no solo en la izquierda, sino también en el establishment financiero. Martin Wolf del Financial Times recorre los grandes foros económicos globales para hablar de una crisis sistémica, Adrian Wooldridge intenta convencer a sus lectores en The Economist de que hay que leer a Marx para comprender lo que nos pasa, el gurú financiero Ray Dalio avisa de una revolución si el capitalismo no se reforma y el presidente billonario de Starbucks se ofrece como candidato presidencial con una propuesta de subir los impuestos a las grandes fortunas (Dudda, 2019, p. 10).

A pesar de todas estas discusiones e iniciativas, el statu quo se mantuvo. Cabe preguntarse por qué. Una posible explicación la dan dos pensadores franceses. La adopción y profundización del paradigma económico neoliberal, y su correspondiente filosofía individualista, se mantiene porque, más que como una política económica, opera como «razón del mundo» (Laval & Dardot, 2013). En otras palabras, es la influencia ideológica y la penetración del individualismo en la sociedad civil lo que ha impedido aprovechar la crisis para iniciar un proceso radical de cambios, como sucedió luego de la Gran Depresión. Mientras tanto, el poder corporativo continúa impertérrito su acumulación de riqueza y mantiene su indiferencia frente el resquebrajamiento del pacto social.

América Latina escapa a esta crisis del capitalismo originario debido a que algunos países han girado en dirección hacia la redistribución, y todos, más allá de su orientación, gozaban de la bonanza exportadora del periodo 2002-2014, en gran parte alimentada por el hambre de materias primas de una China en expansión. La bonanza le alarga la vida a esta opción, que, en realidad, a pesar del aumento del trabajo y el consumo, continúa generando una correlación de fuerzas favorable para las minorías selectas y desfavorable para las mayorías. Esta asimetría es más acentuada en América Latina que en los países del norte que promocionaron la globalización neoliberal.

En la segunda década del siglo XXI, estas tendencias, atenuadas durante el periodo 2002-2014 por el superciclo de commodities y el exceso de gasto fiscal que produjo el fortalecimiento del polo radical (Stefan, 2014), se han acentuado con el giro conservador iniciado en 2016 con la salida de gobiernos radicales (Cannon, 2018; Kingstone & Rami, 2018). Si bien los cambios de gobierno fortalecieron políticamente la opción neoliberal en el continente, esto sucedió luego de la erosión del efecto de su discurso modernizador y en un clima político más represivo (Stefanoni, 2018). En varios casos de vuelta de gobiernos neoliberales de derecha, la adopción de medidas de ajuste fiscal mientras se mantienen los privilegios tributarios ha dado lugar a expresiones violentas de conflicto social.

Ello nos indica que a pesar de este giro conservador y de la acentuación del fenómeno de captura corporativa del Estado que se observa en América Latina —al igual que en el norte global, más polarizado cuando emerge el llamado populismo de derecha—, las élites del poder neoliberales enfrentan dificultades para estabilizar su hegemonía, en parte por el desgaste de sus promesas de modernización, su menor contribución tributaria, el efecto negativo de las políticas de austeridad fiscal en los países con serios déficits, la tendencia represiva y antisindical, y factores nuevos como los escándalos y revelaciones de los juegos de poder de las élites, que afectan su legitimidad.

Cabe comentar el factor escándalo, que ha entrado en la escena política como un huracán que ha dejado desnudas a las elites del poder. En efecto, los escándalos de corrupción y malos manejos divulgados por internet son un nuevo elemento que ha puesto a la defensiva a los actores captores, e indican nuevos desarrollos políticos generados por cambios tecnológicos en una sociedad global que opera en red (Castells, 2009). Han surgido graves denuncias internacionales de corrupción empresarial y gubernamental a partir de escándalos reveladores en España, y otros aún más fuertes, como Lava Jato en América Latina y el África portuguesa, en 2016. Este caso muestra casos extremos de colusión y corrupción de las empresas multilatinas brasileñas asociadas a empresas locales en países latinoamericanos y algunos africanos para desarrollar prácticas colusivas y delictivas7. Solo en el caso de la constructora Odebrecht se han reconocido pagos de sobornos y otras formas de influencia para conseguir contratos de obras públicas y sacar ventajas por distintos medios en diez países latinoamericanos y dos antiguas colonias portuguesas africanas (Cabral & Oliveira, 2017; Durand, 2018; Rodrigues, 2019).

A ello se añaden otras revelaciones sobre evasión fiscal y ocultamiento de riquezas en paraísos tributarios como las conocidas como Luxemburg Leaks (2014), Swiss Leaks (2015), Panama Papers (2016)8 y Paradise Papers (2017). Estas «islas del tesoro», cuyo número crece en varios puntos del planeta e incluso se ubican en territorios de países desarrollados (Delaware en EUA) o se encuentran alojados en la propia Unión Europea (Luxemburgo, uno de los fundadores), son usadas por piratas modernos para esconder sus fortunas. Su extensión es el resultado de poderosos lobbies globales, y sus principales usuarios no son los políticos corruptos ni el crimen organizado, sino las corporaciones y no pocos políticos considerados decentes (Shaxson, 2014; Zucman, 2015)9. El impacto de estos escándalos de élites económicas y políticas ha sido profundo y global, motivando respuestas por parte de la OCDE para contener la hemorragia fiscal y el secretismo con el plan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), y la publicación, a regañadientes, de listas negras y grises de países de baja fiscalización y tributación10. La tolerancia de las grandes potencias a los paraísos tributarios —en realidad su protección— muestra ese doble estándar al institucionalizar el incumplimiento. Justamente de eso se trata: el modus operandi de la élite corporativa global es avanzar teniendo la ley por delante, no asaltando el Estado. Este es el modo preferido de la cleptocracia política.

Tanto Lava Jato como los escándalos de evasión fiscal global y ocultamiento masivo de riquezas de distintos orígenes han generado mayores cuestionamientos de privilegios y abusos. La crítica es fuerte, porque toca al mismo tiempo a las élites económicas y políticas del planeta. Se apoya en documentos reveladores que circulan libremente por internet, promoviendo un debate local y global, alimentando exigencias de justicia, transparencia, equidad tributaria, contrabalance al poder corporativo, defensa de derechos y nueva democracia, sin faltar intentos por «salvar al capitalismo» (Dudda, 2019, p. 2).

El reforzado predominio neoliberal de Latinoamérica en la segunda década del siglo XXI es, entonces, más inestable y tiene menos posibilidades de consolidarse si la performance económica declina, tendencia ya manifiesta al terminar el superciclo de commodities 2003-2013, el desgate de algunas grandes reformas privatizadoras como los fondos de pensiones (Ortiz y otros, 2019), el inicio de las tensiones comerciales de EUA con Europa y China y los estallidos de violencia popular en Ecuador y Chile del 2019. La crítica se acentúa por el «desnudamiento del poder», un efecto del cambio tecnológico, y el mayor rechazo social a los privilegios de las élites económicas. Sin embargo, para que los opositores avancen se requiere de paradigmas alternativos que todavía no aparecen con claridad. No bastan las reacciones, sobre todo las de derecha. El surgimiento de populismos de derecha de corte caudillista en Europa, EUA y América Latina, limitados a atacar a la clase política, más no a la económica —limitando sus discursos contra las élites económicas o incluso favoreciéndolas abiertamente— genera inestabilidad política (Pappas, 2012; Greven, 2016). Las corporaciones se acercan o financian los populismos y abandonan a sus viejos aliados políticos, acomodándose con los «nuevos líderes del pueblo», que enfrentan a la clase política vinculada a los partidos de corte socialdemócrata. El precio de esto es que al acentuar la captura del Estado pueden provocar, más adelante, una respuesta.

A nivel global, se vive un periodo de concentración de la riqueza, revelaciones de aumento de la desigualdad y preocupación por los privilegios políticos de las corporaciones y la nociva influencia del dinero en la política. Este debate toca a países líderes de la globalización neoliberal como la Unión Europea (Bouwen, 2004; Coen & Richardson, 2009) y los EUA, y cobra fuerza como efecto de la crisis financiera 2008-2009 y el aumento de la desigualdad (Wolin, 2008; Sachs, 2011; Winters & Page, 2011; Kay, 2015). Para algunos académicos, el problema de fondo ha venido acumulándose durante los últimos treinta años, debido a que las ETN se han fortalecido con las privatizaciones, la liberalización de los mercados y la financiarización, convirtiéndose en los drivers de un paradigma «de relaciones de poder que van más allá del Estado-nación» (Fichter, 2013, p. 3)11. Los sociólogos más influyentes también aportan al debate, preocupados porque mientras las ETN se fortalecen, los Estados se achican, la soberanía nacional se reduce, la desigualdad crece y la polarización política aumenta. Según Touraine, este periodo contemporáneo se caracteriza por una distorsión de prioridades de políticas públicas debido al determinismo económico, recientemente asociado a un populismo de derecha con rasgos antidemocráticos (2018, pp. 7-8). El afamado Estado de bienestar, en el que tanto el Estado como el mercado impulsaron el crecimiento de la clase media, y permitió que en 1945 se abriera una era de capitalismo avanzado, reconciliado con los sindicatos y la democracia, es cosa del pasado (Dudda, 2019).

Como ejemplo de estos tiempos nuevos, vale citar una conferencia organizada por UNRISD de Ginebra en 2018, que muestra preocupaciones en grandes instituciones, preocupación que, sin embargo, ya llevaba tiempo en el mainstream académico de la ciencia política: «Mientras el poder de las élites crece y las brechas sociales aumentan, las instituciones que representan el bien común y los valores universales están siendo crecientemente debilitadas o cooptadas y las visiones de justicia social y equidad pasan a ser menos prioritarias» (traducción libre).12

Otra organización internacional, la OCDE, el club de países desarrollados de Europa y Norteamérica, territorio de «democracias avanzadas», a los cuales se han sumado México, Colombia y Chile (el Perú está en la lista de espera), ha generado estudios sobre riesgos de captura de políticas públicas, advirtiendo sobre las debilidades regulatorias del dinero que fluye hacia la política y los partidos durante elecciones (OCDE, 2016, 2017). Incluso se puede argumentar, como se ha hecho antes, que estos organismos internacionales actúan tardía y débilmente porque se trataría de «organismos capturados» debido a la fuerte presencia de gobiernos con ese rasgo (Moreno Ocampo, 2001).

Sobre este peligro hay docenas de advertencias, y se encienden las alarmas sobre todo en países donde opera el crimen organizado, pero también se repiten admoniciones y recomendaciones en países democráticos donde el cuestionamiento principal es sobre el 1% que concentra la riqueza legal, donde los gobiernos rotan sobre la base del voto ciudadano por partidos crecientemente financiados por grandes donantes privados.

A continuación se presenta un ejemplo de esta declaración de buenas intenciones de los organismos internacionales, que van de intentos del Foro de Davos o la Asamblea de Gobernadores del FMI por discutir la desigualdad sin inquirir sobre algunas de sus causas. La cita es larga pero ilustrativa y va directo al grano, es decir, a la captura. Discute el caso de México, uno de los dos países más grandes e importantes de América Latina: