De damnificados a víctimas

Podemos decir entonces que hay pérdidas que implican duelos sociales. El duelo, además de un proceso individual y personal, es un fenómeno social, pues es la manera en que las sociedades enfrentan una pérdida. Expresar el dolor en la escena pública implica reconocimiento y valoración social de lo perdido. El reconocimiento del duelo social transita también por proponer soluciones o posibles reparaciones, como inclusión en la legislación nacional. Elsa Blair habla de duelos nacionales y cómo éstos se relacionan,

admitiendo que no es igual “elaborar los duelos” en el caso de los individuos y en el de las naciones; estas últimas tienen, sin embargo, una vida y un discurso públicos y los individuos pueden verse decisivamente influidos por el análisis del pasado que hacen –precisamente en público– sus dirigentes, sus escritores o sus periodistas: una puesta en escena de rituales colectivos de expiación. Es este registro público oficial, asumido por las autoridades políticas o por sus “portavoces” y puesto en la escena pública, el que ayuda a los dolientes a la elaboración subjetiva (individual y privada) del duelo. Un ejemplo claro y relativamente reciente es el reconocimiento de la categoría de desaparecidos en la legislación argentina.³²

El duelo social y la inclusión de los afectados por la violencia como problema público implican una identificación del Estado con un proceso de reparación pública, con el reconocimiento de los derechos de las víctimas y con la propuestas políticas a las demandas sociales de reconocimiento y reparación.

Durante el periodo abordado en nuestra investigación, las organizaciones de afectados por la violencia, los movimientos sociales de víctimas, que luchan por acceder al duelo público, las “comunidades de dolor”, hacen duelos colectivos y luchan por incluirse en el duelo social y público como en la comunidad política nacional. En el caso colombiano, María Teresa Hincapié Uribe sostiene la hipótesis de que en el conflicto y en el duelo por las violencias la sociedad necesita la elaboración del duelo. Plantea preguntas pertinentes para este trabajo:

¿El duelo por las violencias debe ser también un asunto colectivo, público y abierto en el tiempo y en el espacio, mediante el cual los pueblos y las naciones enfrenten los temas trágicos, dramáticos o vergonzosos de su pasado y su presente, para construir sobre bases más firmes las posibilidades de la convivencia social? ¿El duelo social, colectivo y público está dirigido sólo a las víctimas y a los afectados de manera directa por las violencias y las guerras? O, por el contrario, ¿su necesidad atañe también a los que han convivido con ambientes conflictivos y bélicos, en el pasado y en el presente, es decir, al conjunto de la sociedad?³³

Según la autora, el duelo social y colectivo exige reparaciones económicas, pero también políticas, éticas y culturales. Se concentra en cómo el duelo social se tramita “a través de la recuperación de la palabra y la memoria histórica… mediante las cuales las víctimas y las gentes que habitan estos territorios puedan incorporar sus historias personales y familiares, sus dolores privados e individuales, en contextos explicativos más amplios, e interpretar y otorgarle así un sentido a las situaciones trágicas que han vivido”.³⁴ En este sentido, el duelo social está directamente relacionado con las memorias y las narraciones del pasado violento, tema que atraviesa esta investigación.

Sujetos de memoria y narrativas de la violencia

El duelo social está directamente ligado a las disputas por la memoria y la narración de un pasado violento, y relacionado con la visibilidad y la puesta en público de la voz de las víctimas como sujetos de memoria. “Los duelos en las naciones y las sociedades no se satisfacen solamente con el castigo de los culpables, se requiere desatar las memorias atrapadas en la guerra, presentarlas en público y para el público, configurar historias colectivas y llevar a cabo actos de reparación simbólicos, celebración de rituales conmemorativos y disposición de lugares para la memoria.”³⁵

Además, existe una íntima relación entre las políticas de memoria de pasados violentos y las políticas de reparación. El sujeto víctima es primordialmente un sujeto de memoria, protagonista de luchas políticas por la construcción de memoria y de su introducción en la memoria nacional; ahí se enmarcan las medidas de reparación simbólica. Las víctimas son uno de los ejes constitutivos de diferentes prácticas memoriales. Las personas afectadas se transforman en “instituciones de memoria”, que promueven prácticas y acciones referentes a la narración del pasado violento y a la forma como debe ser reparado. Observamos una tensión entre el sujeto víctima y la narración de la violencia que parte desde la cuestión acerca de cómo comunicar la violencia.

La caracterización de la víctima está ligada a la del victimario. En la revisión de fuentes, durante nuestra investigación encontramos el debate sobre quién o qué sería el “victimario” y sobre el reconocimiento de la “violencia política” como contexto del daño, relacionado con las responsabilidades de los partidos políticos y del Estado. Igualmente, muchas veces las víctimas optan por afirmar o definirse a partir de quien consideran su victimario; por ejemplo, “víctima de crímenes de Estado”, “víctima de las FARC” o “víctima de los pájaros” (como se conocía a los bandoleros conservadores en 1950). Esta definición dual de víctimas-victimarios está presente en estos debates de manera constante. La identificación de víctimas y de responsables está íntimamente ligada a la narración del pasado.

Identificamos las narrativas de memoria de la violencia y el conflicto que narran el pasado y ensamblan discursivamente y manufacturan una memoria colectiva y una representación pública del recuerdo. Se trata de marcos de representación en debate que demuestran las tensiones políticas y sociales frente al “sentido del pasado”. También evidencian una serie de violencias mal tramitadas, de memorias vivas y vividas sin cierres temporales, las cuales persisten.

En las últimas décadas el concepto de memoria ha sido ampliamente utilizado con diversidad de significados. La academia y una parte de la opinión pública lo evocan con multiplicidad de usos y sin suficientes reflexiones, fenómeno que se ha denominado como “boom de la memoria” y “obsesión memorial”.³⁶ Este boom memorístico no sólo tiene expresiones con base en la disciplina histórica, sino también en la antropología, la sociología, la ciencia política y también en las ciencias sociales y políticas. En particular, en las sociedades que han padecido procesos de conflicto o de transiciones democráticas existe un debate político sobre la memoria y un interés por evocar y revisar el pasado.

Un punto de partida necesario son los estudios pioneros de la memoria de Maurice Halbwachs, quien asevera que la memoria siempre es colectiva, pues depende de los grupos sociales en un espacio.³⁷ En nuestro caso, se trata de ver cómo las narrativas de la violencia consolidan unas víctimas que se recuerdan colectivamente, obteniendo reconocimiento social y posibilidades de reparación.

Muchos autores reconocen la relación que existe entre la construcción de la memoria y el poder. Cuando se utiliza el concepto de “memoria oficial”, justamente se hace referencia a la memoria construida desde el Estado y con una intención política particular. Igualmente, cuando se alude a las disputas por la memoria y a la imposición de una memoria sobre otras, se habla sobre cuál prevalece al final. Entonces, la pregunta clave sería respecto de la correlación de las fuerzas políticas en la construcción de memoria y, por lo tanto, en los debates del Estado-nación y las exclusiones que construyen, pues en la manera en que se construyen las memorias hay motivaciones políticas que se disputan la apropiación del pasado.³⁸ En este proyecto observamos las disputas por dar sentido y narrar el pasado del conflicto colombiano en los distintos momentos del periodo analizado. Permanece implícita la existencia de memorias no oficiales, esto es, las de los grupos subalternos. Cabría preguntarse entonces por la relación que existiría entre la memoria nacional y las memorias de grupos usualmente aislados del poder. “La pluralidad de memorias colectivas, en tanto existe una pluralidad de grupos de referencia, trae consigo una cuestión de gran interés, y es que el problema de la memoria es también un problema de poder social.”³⁹ La lucha de distintos sectores subalternos ha sido por ser incluidos en la historia nacional y, por lo tanto, en la memoria oficial. Parte de la disputa por los derechos de grupos de víctimas fue precisamente por tener un pasado reconocido, el cual había sido excluido de la memoria nacional.

Existe una relación entre memoria y olvido, pues no puede haber memoria sin olvido. Autores como Yosef Yerushalmi⁴⁰ y Paul Ricoeur⁴¹ han abordado esta relación. Al igual que la memoria, el olvido también es una acción social. Se trata de dos procesos paralelos, interdependientes y simbióticos. Ahora bien, vale la pena entender que el olvido tampoco es homogéneo, que existen distintos tipos de olvido y su diferencia con la amnesia. En este sentido, es importante reflexionar sobre la obligación de recordar y acerca de la posibilidad de olvidar, debido a que el olvido no siempre implica imposición: también es voluntario. ¿Las políticas de la memoria podrían ser entendidas como una exigencia de memoria? ¿Puede el olvido ser también una opción? ¿Tiene la sociedad el compromiso de recordar?

Félix Vázquez (2001) plantea que debemos entender la memoria como una acción social y examinarla como un nexo relacional.⁴² Según este autor, la memoria sería un conjunto de prácticas discursivas y comunicativas que le otorgan su valor y su significado, además de otros lugares y artefactos que la contienen. Mario Rufer señala que “las acciones de memoria enuncian siempre su compromiso situacional: con una causa política, con la violencia impune. Recuerdan sujetos enmarcados en tramas de vida, entrampados en las palabras y en su propio tiempo, y desde ahí hacen memoria y tiempo”.⁴³ En estas acciones, las víctimas como sujetos de memoria actuarían con base en el compromiso situacional. Según Rita Laura Segato,⁴⁴ en el proceso de construcción de alteridades hay un interés por la continuidad del pasado, es decir, por la memoria como puente entre pasado, presente y futuro. Las víctimas justamente representarían ese puente.

La comunidad política y el Estado son escenarios de la memoria y del duelo social, en el sentido de que representan un lugar donde se construyen y se reconstruyen las identidades y, por lo tanto, también la memoria. Al mismo tiempo, el Estado-nación es forjador de posibilidades de reparación o de rehabilitación. La nación imaginada tiene un pie en las identidades nacionales,⁴⁵ las cuales se consolidan con base en un pasado común, una memoria de hechos que consideran relevantes en su identidad. ¿Cómo se incluye la narración del conflicto y sus víctimas en el pasado nacional común?

Notas

¹ Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, ¡Basta ya! Colombia: Colombia: memorias de guerra y dignidad pp. 31-33.

² Emilio Crenzel, “Movimiento de derechos humanos en América Latina y políticas de la memoria”, en Ximena Erazo, Gloria Ramírez y Marcia Scantlebury (eds.), Derechos humanos, pedagogía de la memoria y políticas culturales, Chile, Lom Ediciones/Fundación Henry Dunant, 2011, p. 64.

³ Annette Wieviorka, The Era of the Witness, Ithaca, Cornell University Press, 2006.

⁴ Gabriel Gatti, Un mundo de víctimas, Barcelona, Anthropos, 2017, p. 13.

⁵ Débora Cerio, “El resto del pasado. Historia, memoria y testimonio en la perspectiva de Giorgio Agamben”, ponencia, I Jornadas de Historia Reciente del Noroeste Argentino, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, “Memoria, fuentes orales y ciencias sociales”, 2010.

⁶ François Hartog, “El testigo y el historiador”, Estudios Sociales, núm. 21, 2001, pp. 9-28.

⁷ Alicia Márquez Murrieta, “Cartografía de una concepción pragmatista de los problemas públicos”, Acta Sociológica, núm. 55, 2011, p. 140.

⁸ Joseph R. Gusfield, La cultura de los problemas públicos: el mito del conductor alcoholizado versus la sociedad inocente, Buenos Aires, Siglo XXI, 2014.

⁹ Alicia Márquez Murrieta, “Cartografía de una concepción pragmatista de los problemas públicos”, p. 142.

¹⁰ Ibid., p. 147.

¹¹ Raúl Velásquez Gavilanes, “Hacia una nueva definición del concepto ‘política pública’ “, Desafíos vol. 20, núm. 0, 19 de marzo de 2010, pp. 149-187, especialmente p. 156.

¹² Luis F. Aguilar Villanueva, Política pública, México, Siglo XXI Editores, 2010, especialmente p. 7.

¹³ Idem.

¹⁴ Egon Montecinos, “Límites del enfoque de las políticas públicas para definir un problema público”, Cuadernos de Administración, vol. 20, núm. 33, 2007, pp. 323-335.

¹⁵ Paloma Aguilar Fernández, Políticas de la memoria y memorias de la política: el caso español en perspectiva comparada, Madrid, Alianza, 2008.

¹⁶ Ibid., p. 53.

¹⁷ Alexandra Barahona de Brito, Paloma Aguilar Fernández y Carmen González-Enríquez, Las políticas hacia el pasado: juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias, Madrid, Istmo, 2002, p. 69.

¹⁸ Ricard Vinyes, El Estado y la memoria. Gobiernos y ciudadanos frente a los traumas de la historia, Barcelona, RBA, 2009.

¹⁹ OEA-CIDH, Lineamientos principales para una política integral de reparaciones, OEA/Ser/L/V/II.131, 19 de febrero de 2008.

²⁰ Cit. en Egon Montecinos, “Límites del enfoque de las políticas públicas para definir un problema público”, p. 329.

²¹ Charles D. Elder et al., Problemas públicos y agenda de gobierno, México, Miguel Ángel Porrúa, 1996.

²² Luis F. Aguilar Villanueva, Política pública, op.cit.

²³ Yomaira García Acuña, “Las víctimas del conflicto armado en Colombia frente a la ley de víctimas y otros escenarios de construcción de memorias: una mirada desde Foucault”, Justicia Juris, vol. 8, núm. 2, 2012, p. 78.

²⁴ Enver Duván Vargas Murcia, “Una genealogía de los sujetos víctima y desplazado en Colombia”, tesis de maestría, Bogotá, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2017.

²⁵ Margaret E. Keck y Kathryn Sikkink, Activists beyond Borders Advocacy Networks in International Politics, Ithaca, Cornell University Press, 2014.

²⁶ Vania Markarian, Left in Transformation Uruguayan Exiles and the Latin American Human Rights Network, 1967-1984, Nueva York, Routledge, 2005.

²⁷ Emilio Crenzel, “Movimiento de derechos humanos en América Latina y políticas de la memoria”, en Ximena Erazo, Gloria Ramírez y Marcia Scantlebury (eds.), Derechos humanos, pedagogía de la memoria y políticas culturales, Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2011.

²⁸ Judith Butler, Vida precaria: el poder del duelo y la violencia, Buenos Aires, Paidós, 2006.

²⁹ Ibid., pp. 48-49.

³⁰ Ibid., p. 61.

³¹ Ibid., p. 184.

³² Elsa Blair Trujillo, “Memoria y narrativa: la puesta del dolor en la escena pública”, Estudios Políticos, núm. 2, 2002, pp. 9-28, especialmente p. 13.

³³ María Teresa Hincapié Uribe, “Estado y sociedad frente a las víctimas de la violencia”, Estudios Políticos, núm. 23, 2003, pp. 9-25, especialmente p. 9.

³⁴ Ibid., p. 10.

³⁵ Ibid., p. 21.

³⁶ Enzo Traverso, El pasado, instrucciones de uso. Historia, memoria, política, Madrid, Marcial Pons, 2007.

³⁷ Maurice Halbwachs, Los marcos sociales de la memoria, España, Anthropos, 2004.

³⁸ Tzvetan Todorov, Memorias del mal, tentaciones del bien: indagación sobre el siglo XX, Barcelona, Península, 2002.

³⁹ Mauricio Menjívar Ochoa, Ricardo Antonio Argueta y Édgar Solano Muñoz, Historia y memoria: perspectivas teóricas y metodológicas, Costa Rica, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2005, p. 12.

⁴⁰ Yosef Yerushalmi, “Reflexiones sobre el olvido”, en Yosef Yerushalmi et al. (eds.), Usos del olvido, Buenos Aires, Nueva Visión, 1998, pp. 13-26.

⁴¹ Paul Ricoeur, La memoria, la historia, el olvido, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2004.

⁴² Félix Vázquez, La memoria como acción social. Relaciones, significados e imaginario, Barcelona, Paidós, 2001.

⁴³ Mario Rufer, “Nación y condición poscolonial: sobre memoria y exclusión en los usos del pasado”, en Karina Andrea Bidaseca (ed.), Genealogías críticas de la colonialidad en América Latina, África, Oriente, Buenos Aires, Unsam/CLACSO/IDAES, 2016.

⁴⁴ Rita Laura Segato, “Identidades políticas/alteridades históricas: una crítica a las certezas del pluralismo global”, Runa. Archivo para las Ciencias del Hombre, núm. 23, 2002, pp. 239-275.

⁴⁵ Benedict Anderson, Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, México, Fondo de Cultura Económica, 1993.

CAPÍTULO 2

LOS “DAMNIFICADOS” DEL 9 DE ABRIL DE 1948: EL SURGIMIENTO DE UN PROBLEMA PÚBLICO

Este capítulo presenta la reconstrucción del proceso histórico en el que se debatió y se realizó la reparación a las víctimas del 9 de abril de 1948, entre 1948 y 1950, tras el magnicidio del político liberal Jorge Eliécer Gaitán y los hechos de violencia de los días subsiguientes. Ese proceso tuvo dos partes: por un lado, el Estado creó una institución para otorgar indemnizaciones y establecer créditos bancarios a aquellas personas que sufrieron pérdidas materiales en propiedad privada durante los eventos del 9 de abril; por otro lado, hubo una insuficiente ayuda humanitaria de organizaciones como la Cruz Roja colombiana, las cuales intentaron brindar ayuda inmediata a quienes sufrieron pérdidas o afectaciones directas, mediante atención médica, ropa y comida. El capítulo muestra cómo se consolidó una escala del duelo social en la que eran perceptibles distintos tipos de víctimas: 1) sectores urbanos, particularmente comerciantes y propietarios de inmuebles “damnificados”, a quienes una serie de decretos otorgó indemnizaciones, créditos y exención de impuestos, y 2) familias de víctimas mortales y de heridos de sectores populares fundamentalmente atendidos con ayuda humanitaria. Se propone historiar la manera en que se consolidaron las políticas hacia las víctimas durante los primeros años de la Violencia Bipartidista.

Desde la perspectiva de la construcción de las políticas públicas se observa en este periodo cómo surgió el tema de los afectados por la violencia política como un problema público. Aunque en realidad la violencia inició unos años antes, a partir del 9 de abril de 1948 comenzó a discutirse qué hacer ante los damnificados de sus secuelas. Vale la pena destacar que, aunque la violencia iba creciendo, por las dimensiones y los lugares donde ocurrieron los hechos de 1948 los “afectados” fueron tenidos en cuenta en el debate público. Las primeras acciones gubernamentales se ejecutaron por medio de decretos extraordinarios cuyo principal promotor fue el Poder Ejecutivo.

Algunas imágenes reiteradas del 9 de abril son las fosas comunes y los “cadáveres insepultos” amontonados. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿qué pasó con las familias de esas personas? Y, ante las imágenes de casas, edificios e iglesias incendiadas, así como de almacenes asaltados, uno inquiere: ¿qué sucedió con ellos durante los días subsiguientes al 9 de abril? El presente capítulo explora las distintas formas de compensación que otorgó el Estado entre 1948 y 1950. El objetivo es reconstruir el proceso histórico mediante el cual se debatió y se realizó la reparación a las personas afectadas y víctimas. Las principales fuentes de la investigación fueron la prensa, la legislación de la época, los debates del Congreso y las acciones del gobierno. Como veremos más adelante, desde 1948 hubo un cuestionamiento sobre las acciones gubernamentales respecto de los afectados por la violencia, así como un debate paralelo sobre el carácter de ésta.

Debe destacarse que en las fuentes de la época fueron utilizados indistintamente, como sinónimos, conceptos como damnificados, víctimas y afectados, pero en la mayoría de los decretos de la época se privilegia el de damnificados; aunque también es perceptible una disputa por su uso y su significado. Actualmente, asumimos a la “víctima” como sujeto de derechos, particularmente el de reparación. Esto no era así en 1948. En esa época se debatía sobre las medidas que debían adoptarse y sobre cómo denominar a las personas afectadas por la violencia. Además, durante este periodo las políticas del Estado se definieron en términos de pacificación, mediante la “rehabilitación y el socorro”, proporcionándole a la violencia un tratamiento similar al de los desastres naturales. De hecho, las organizaciones que se crearon para llevar a cabo esta tarea estaban inspiradas en la idea de la “defensa civil” y utilizaban el concepto de “damnificados de la violencia”, comparando a la violencia con las catástrofes naturales, como una avalancha que llega inesperadamente y sin motivo aparente o como una plaga que se extiende incontrolablemente. Definir la violencia como una catástrofe natural o como una enfermedad pretendía nulificar la responsabilidad de los partidos políticos y del Ejecutivo por su incidencia. En otras palabras, se buscaba despolitizar una violencia que había sido esencialmente política.

El presente capítulo, además de la introducción y de un breve recuento de la historiografía sobre el 9 de abril, se divide en otros seis apartados. En el primero se revisa la conformación de la Junta Informadora de Daños y Perjuicios tras los hechos del 9 de abril de 1948, así como las indemnizaciones entregadas. En el segundo se comentan los decretos para los comerciantes y los propietarios afectados y la conformación de la Junta Pro-Damnificados. En el tercero se refieren los créditos financieros entregados por el Estado. En el cuarto se reflexiona sobre las políticas implementadas para la reconstrucción de las ciudades afectadas. En el quinto se abordan los debates en el Congreso sobre la propuesta de una ley general de reparación. El sexto se concentra en la ayuda humanitaria, en particular el trabajo de la Cruz Roja colombiana y la promulgación de una Ley de Socorro Nacional. A modo de conclusión, se presentan algunas reflexiones sobre las políticas de reparación como problema público y acerca de las escalas del duelo social que operaron durante estos años.

En los meses subsiguientes al 9 de abril las indemnizaciones por las afectaciones de los hechos de ese día se convirtieron en tema de amplia discusión, incluso de presión social para que el gobierno tomara medidas al respecto. Los principales diarios hablaron sobre esos hechos. El periódico El Tiempo publicó en primera página: “Bogotá está semidestruida”, el lunes 12 de abril de 1948, cuando pudo reanudar su circulación, y señaló: “Bogotá está en llamas. Calculamos que se vieron afectadas unas 52 manzanas del centro de la ciudad, 30 de las cuales sufrieron daños considerables. Unos 103 edificios están arrasados; entre los más importantes de ellos están el Palacio de Justicia, el Palacio Arzobispal, el Ministerio de Gobierno y la Gobernación de Cundinamarca”.¹ Unos días después, el periódico El Espectador publicó: “El fuego destruyó 136 edificios avaluados en 137 millones”.² Todos destacaban la magnitud de los hechos de destrucción en las principales ciudades del país. En mayo de 1948 la revista Semana señalaba:

El problema de la recuperación económica es demasiado complejo para resolverlo en ocho días. El gobierno dice que su aspiración es abarcar el panorama de conjunto y esta es la opinión de los más autorizados voceros de la economía. En Palacio, en el Banco de la República, en el Ministerio de Hacienda, en las federaciones y asociaciones de industriales y comerciantes se efectúan todos los días juntas y conferencias en las que se le da la vuelta a la situación y —como en las fórmulas de alquimia— se hacen combinaciones de toda especie para buscar la más adecuada solución. Se estudian problemas del cambio, de la moneda, del crédito, del café, del fisco y de tantas cosas que afectan la economía del país. Pero hasta la fecha no han asomado las primeras medidas concretas.³

Desde 1946 se reconocía el crecimiento de la violencia política; sin embargo, aún no se discutían acciones concretas para los afectados en la agenda política. Ese año, cuando Ospina Pérez fue elegido candidato presidencial en la Convención Conservadora, ya se señalaban los altos niveles de violencia entre los dos partidos como un problema grave. Asimismo, Gaitán, quien en ese momento ya era un líder liberal ampliamente reconocido, identificaba la problemática de la Violencia Bipartidista antes del 9 de abril, por lo cual convocaba a una gran “Marcha del Silencio” que se realizó el 7 de febrero de 1948 en Bogotá, justamente impelida por el aumento de los asesinatos en contra de los liberales, lo que ponía de manifiesto cómo crecía la violencia mientras el gobierno no tomaba medidas para solucionar el problema. En medio de esta marcha, convocada con el espíritu de luto por los asesinados, Gaitán pronunció su famoso discurso (conocido como “Oración por la paz”):

Sólo se oye el rumor emocionado de los millares de banderas negras que aquí se han traído para recordar a nuestros hombres tan villanamente asesinados. Señor presidente: serenamente, tranquilamente, con la emoción que atraviesa el espíritu de los hombres que llenan esta plaza, con esa emoción profunda os pedimos que ejerzáis vuestro mandato, el mismo que os ha dado el pueblo, en favor de la tranquilidad pública… Amamos hondamente a esta patria nuestra y no queremos que nuestra nave victoriosa navegue sobre ríos de sangre… Señor presidente: os pedimos cosa sencilla para la cual están de más los discursos. Os pedimos que cese la persecución de las autoridades y así os lo pide esta inmensa muchedumbre. Pedimos pequeña cosa y gran cosa: que las luchas políticas se desarrollen por cauces de constitucionalidad… Impedid, señor presidente, la violencia. Sólo os pedimos la defensa de la vida humana, que es lo menos que puede pedir un pueblo. En vez de esta ola de barbarie, podéis aprovechar nuestra capacidad laborante para beneficio del progreso de Colombia. Señor presidente: esta enlutada muchedumbre, estas banderas negras, este silencio de masas, este grito mudo de corazones.⁴

La marcha y el discurso evidenciaban cómo esta situación de violencia crecía sin que el gobierno tomara medidas a favor de los afectados. Podemos asegurar que había un cierto sentido de perplejidad o asombro, sin que aún se identificara como un problema público generalizado hasta el 9 de abril.

Vale la pena recordar que “los problemas públicos no existen por sí mismos y que su objetividad es más supuesta que real, ya que no todos los problemas se pueden convertir en problemas públicos y no todos los problemas públicos alcanzan una definición precisa que se traduzca o que pueda culminar en decisiones públicas acertadas”.⁵ Es decir que aunque la violencia existía y crecía desde el inicio del gobierno de Mariano Ospina Pérez, no se consideraba un problema sobre el cual debieran tomarse medidas de “pacificación”, ni de memoria ni de reparación. Ospina Pérez proponía un gobierno de “Unión Nacional” para hacer frente a la violencia, pero no sugería medidas directas para proteger a los afectados. Por otro lado, el gaitanismo usaba la memoria de los liberales asesinados para exigir al gobierno que tomara acciones al respecto. A lo largo de este capítulo veremos cómo los afectados por la violencia se convierten en un tema objeto de intervención gubernamental. Aunque desde la década de 1930 hubo varios hechos de violencia política, con los hechos del 9 de abril de 1948 el gobierno se percata de la necesidad de legislar sobre acciones de reparación.

Una pregunta significativa sobre las víctimas —¿cuánta gente murió o fue herida?— ha tenido distintas respuestas, con cifras muy variadas. Por ejemplo, sobre los hechos del 9 de abril de 1948, un mes después de los acontecimientos, el 10 de mayo de 1948, los periódicos El Tiempo y El Espectador publicaron que los muertos habían sido 549 por causa de estos hechos. En abril de 1948 el Anuario Municipal de Estadística registró 1 043 entierros.⁶ Esas son las cifras que circularon en la época. Sin embargo, las reconstrucciones académicas posteriores han calculado un número mucho mayor. El historiador Paul Oquist contabiliza 2 585 muertos durante ese mes.⁷ Además, Oquist determinó que hubo 14 000 muertes violentas en 1947⁸, reafirmando que la violencia inició antes del 9 de abril.

Esta diferencia de cifras entre las reconstrucciones históricas, las que circularon en la prensa de la época y la del Anuario Municipal de Estadística también evidencian una “escala del duelo social” en la que unas víctimas son contadas y registradas mientras otras nunca son parte de los registros. Recordemos que después del 9 de abril muchos cuerpos fueron arrojados a fosas comunes donde no se contaba ni se reconocía su nombre, por lo cual permanecieron sin reconocimiento ni identificación.

Historiografía sobre el 9 de abril

Los sucesos de 1948 han sido objeto de múltiples estudios, desde distintas perspectivas históricas, los cuales han reconstruido los hechos y sus consecuencias. Sin embargo, hasta el momento no han sido revisados desde la perspectiva de la construcción social de la víctima. La historiografía colombiana del siglo XX se ha concentrado sobre todo en la persona de Jorge Eliecer Gaitán y las revueltas populares subsiguientes.⁹ Grosso modo, el conjunto de trabajos sobre el tema puede dividirse en cinco grupos. Un primer grupo, integrado por los trabajos contemporáneos a 1948, se trata de fuentes primarias que transmiten vivencias,¹⁰ incluidas las propias obras de Gaitán y la bibliografía sobre Gaitán y el gaitanismo antes del 9 de abril.¹¹ Un segundo grupo lo componen los trabajos de la década de 1980: libros sobre Gaitán y el gaitanismo que respondían a la pregunta de los orígenes de la propia violencia que se vivía en esta década.¹² Estos trabajos coinciden con los que aparecieron en el marco del 35 aniversario del magnicidio del 9 de abril de 1948.¹³ Un tercer grupo incluye los trabajos regionales que dieron el salto del “Bogotazo” al “Colombianazo”, por ejemplo, en los casos de Barrancabermeja¹⁴ y Cali.¹⁵ Un cuarto grupo de trabajos, más recientes, analiza el movimiento gaitanista y los debates sobre el populismo, en el cual destaca la obra de William John Green.¹⁶ En un quinto grupo pueden clasificarse los trabajos desde la perspectiva de la denominada “violentología” que se enfocan en la violencia entre liberales y conservadores y los hechos del 9 de abril. Con cierta inexactitud, a estos hechos suelen considerárseles detonantes de la Violencia Bipartidista y del conflicto subsiguiente.