Dimensiones de la migración en Colombia.

Aunque el conflicto armado en el país ha cobrado millares de víctimas, representa para muchos conciudadanos un asunto ajeno a su entorno y a sus intereses. La violencia de la desaparición forzada, la violencia sobre el líder sindical perseguido, la violencia del desplazamiento forzado, la del campesino amenazado y despojado de su tierra, la de la violencia sexual y tantas otras suelen quedar marginadas de la esfera pública, se viven en medio de profundas y dolorosas soledades. En suma, la cotidianización de la violencia, por un lado, y la ruralidad y el anonimato en el plano nacional de la inmensa mayoría de víctimas, por el otro, han dado lugar a una actitud si no de pasividad, sí de indiferencia, alimentada, además, por una cómoda percepción de estabilidad política y económica. (CNMH, 2013, p. 14)

Esta situación de invisibilización la ratifica el informe Nacional de Desplazamiento Forzado en Colombia, una nación desplazada, en el cual se sostiene que “a pesar de que la crisis humanitaria ha puesto a Colombia en el centro de atención de la comunidad internacional en las últimas dos décadas, durante la mayor parte del siglo XX el desplazamiento forzado permaneció como una problemática inadvertida, invisibilizada, y en muchos casos, justificada como una consecuencia o “efecto colateral” a las más de cinco décadas continuas de conflicto armado interno (CNMH, 2015, p. 26).

Cómo el desplazamiento forzado afecta las dinámicas sociales y poblacionales

En un estudio realizado en el 2012, con el objetivo de describir la evolución de la estructura poblacional de los municipios de Colombia de acuerdo con su situación de desplazamiento interno como consecuencia de la violencia armada, se evidenció que “el grupo de municipios de alta recepción de desplazados aumentó su población en un porcentaje mayor que la media de Colombia, lo que impone retos para la atención de la población y puede generar dificultades en la obtención de empleo” (Salaya & Rodríguez, 2014a, p. 162). El desplazamiento forzado en una magnitud como la que se presenta en Colombia, un país en el que el 16 % de su población ha sido desplazada, puede alterar las dinámicas sociales y la estructura poblacional, tanto de los municipios expulsores como de los receptores. Como se evidenció anteriormente, algunos de los municipios expulsores han llegado a perder incluso la mitad de su población, poblaciones predominantemente rurales que en la mayoría de casos han consolidado sus dinámicas sociales y económicas alrededor del trabajo de la tierra, y que en los lugares receptores la mano de obra requerida es más tecnificada, por lo cual no logran encontrar un sustento económico permanente porque sus conocimientos no se adaptan a las dinámicas sociales y económicas de esos nuevos territorios.

Lo anterior se traduce en que “en las zonas afectadas por el desplazamiento forzado los niveles de violencia armada son muy altos cuando los municipios son expulsores. Como contrapartida, hay municipios que reciben esta población y en ellos también cabe esperar que se modifique la forma de su pirámide poblacional” (Salaya & Rodríguez, 2014b, p. 164). En este sentido, los desplazados constituyen una categoría migratoria particular que supone retos en materia social, económica y poblaciones tanto en los lugares receptores como en los expulsores, “esas personas se insertan en una dinámica en la que las precarias condiciones económicas (tras la pérdida de activos como la vivienda o la tierra) impulsan a contextos de pobreza, desigualdad, exclusión y discriminación (Fleury, 2007). En esta dinámica, envuelven tanto a las comunidades de origen como a las de destino, destruyendo las bases organizacionales que rigen las relaciones sociales cotidianas” (Ruscheinsky & Nina, 2013b, p. 164), teniendo en cuenta además que los desplazados no comparten muchas cosas en común, más allá de su condición de desplazados y de víctimas del conflicto armado.

Muy por el contrario, desde el momento mismo de ser expulsados, los desplazados experimentan cambios y profundas transformaciones subjetivas —desgarradoras siempre— que los empiezan a configurar como pobladores urbanos, imprimiéndole nuevas dinámicas a la ciudad en su permanente lucha y negociación por hacerse un lugar en ella, por incluirse, también como ciudadanos. […] Los desplazados desencadenan dinámicas sociales marcadas por la desconfianza y la prevención que se creían superadas en los barrios conformados hace 20 o 30 años. La manera sigilosa en que llegan los desplazados, el ocultamiento de las razones por las cuales abandonaron sus tierras, llevan a instaurar aquella idea de que “no se sabe quién es quién”. Los conflictos en la convivencia cotidiana que se desencadenan por la heterogeneidad, expresada en las diversas culturas regionales de procedencia, nos muestran, sobre todo en los asentamientos de desplazados, que en ellos no se instaura un comunitarismo homogenizante sino que las diferencias perviven, en medio de las cuales tienen que inventar distintas estrategias para garantizar el control social de quienes allí habitan. (Naranjo, 2001, párrs. 69-79)

El estudio realizado por Ibáñez & Moya (2007) mencionado anteriormente, también demuestra que a mediados de los años noventa los desplazados provenían de algunos departamentos puntuales, pero esto se fue transformando con el paso del tiempo y se ha expandido a lo largo del país, debido a la generalización de la violencia, afectando de alguna manera casi al 90 % de los municipios, ya sea porque son expulsores o receptores, sin embargo, tanto la expulsión como la recepción siguen focalizadas en pocos municipios, el 57 % de personas desplazadas provienen de 75 municipios y 44 municipios reciben el 66 % de esta población. Bogotá, al ser la capital del país, también ocupa un lugar como los municipios que más población desplazada recibe. Los desplazados se concentran en las zonas más pobres de los lugares a los que llegan, en Bogotá por ejemplo se ubican en localidades como Usme, Soacha y Ciudad Bolívar, donde alrededor del 40 % de la población vive en condiciones de pobreza extrema, y se rebuscan la vida por medio de trabajos informales como las ventas ambulantes o trabajos temporales” (Kirk, 1993, p. 16). La llegada de personas desplazadas a lugares que de por sí afrontan graves problemáticas sociales empeora aún más las condiciones de vida tanto de las personas que habitan en estos lugares, como de las personas que llegan víctimas del conflicto armado interno.

La ruta de ¿reparación? de los desplazados

Colombia ha realizado algunos esfuerzos normativos en pro de la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. Para efectos de este capítulo, es importante entender que los desplazados forzados, de acuerdo con la jurisdicción colombiana, son víctimas. “Los derechos de la población desplazada están protegidos por la legislación nacional e internacional. Los principios rectores del desplazamiento forzoso rigen los derechos de dicha población en el ámbito internacional” (Ibáñez & Moya, 2007, p. 38). Antes de la Ley 1448, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la Ley 387 de 1997, entre otras varias leyes y decretos, constituían el marco normativo en el tema del desplazamiento forzado; si bien esta Ley sigue vigente, la Ley 1448 marcó un hito jurídico sin precedentes en el país en materia de reparación de las víctimas del conflicto armado interno.

Es importante contextualizar al lector, por lo menos de manera sucinta, en qué consiste dicha Ley y para qué se creó. La Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones, se promulgó el 10 de junio de 2011, con una vigencia de diez años. Vale la pena mencionar que la legislación de víctimas sancionada en Colombia, principalmente la Ley 1448, “no es sólo un cuerpo normativo más, es ella misma una política pública que integra definiciones y soluciones para uno de los temas más espinosos de los últimos tiempos en las agendas local e internacional: la atención de las víctimas del conflicto armado colombiano” (Lopera, 2011, párr. 1). Dicha Ley establece como fin mismo la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, el que puedan gozar efectivamente de sus derechos constitucionales, vulnerados con el hecho victimizante sufrido, así como el fortalecimiento del apartado judicial y administrativo y la generación de condiciones propicias para promover y consolidar la paz y la reconciliación nacional. La Ley creó el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas, integrado por entidades del orden nacional y territorial, quienes están a cargo de la política integral de atención y reparación a las víctimas.

Por otro lado, es importante aclarar, en el marco de la Ley 1448, quiénes son consideradas como víctimas, para entender por qué los desplazados encajan dentro de esta definición y por ende por qué tendrían derecho a las medidas de asistencia y reparación establecidas en esta. El artículo tercero de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras establece que se consideran víctimas a aquellas personas que “individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”. En este sentido, es claro que los desplazados forzados, por lo menos aquellos que fueron desplazados a partir de 1985, tienen cabida en las medidas de reparación contempladas en la Ley 1448.

Esta Ley está enfocada en la reparación de las víctimas al interior del país, de las cuales alrededor del 80 % son víctimas de desplazamiento forzado. Es precisamente la cantidad de víctimas al interior del país lo que ha generado no cientos, sino miles de investigaciones, publicaciones e informes referentes a las víctimas del conflicto armado en Colombia, y bajo este entendido la Ley de Víctimas se recibe con satisfacción, entendiendo que si bien las víctimas nunca podrán ser completamente reparadas, sí se está adelantando un esfuerzo importante en pro de estas. No obstante, es importante resaltar que muchas de estas víctimas no han podido tener acceso a las medidas de asistencia y reparación, debido a limitaciones políticas, administrativas y jurídicas, así como al desconocimiento de la Ley.

Si bien la situación del desplazamiento forzado en Colombia es crítica, el grupo del Banco Mundial (2018) sugieren que:

La experiencia de Colombia con el desplazamiento forzado también crea oportunidades para la migración. Colombia tiene las capacidades institucionales, logísticas y técnicas para generar respuestas humanitarias y de integración social y económica, articuladas, integradas y coordinadas, las cuales han sido puestas en práctica en la respuesta al fenómeno del desplazamiento. En efecto, las rutas de atención a las víctimas del conflicto y la experiencia del pnr constituyen una base útil para Colombia sobre la cual puede desarrollar respuestas a las necesidades de la migración.

Conclusión

La migración interna en Colombia ha estado caracterizada por un entrecruzamiento entre lo voluntario y lo forzado. Se puede constatar que existen factores de atracción por los procesos de urbanización y desarrollo económico de las ciudades, mejorando las condiciones de vida en cuanto a las necesidades básicas de los habitantes, lo cual intensifica la migración interna, proceso que se inicia en la década de los sesenta pero que continúa hasta la actualidad. Por otro lado, la violencia y el conflicto armado interno han elevado la migración forzada a niveles dramáticos.

Existe una alta movilidad interna reciente en el país, ya sea dentro de sus regiones o a otras zonas del país, lo cual puede estar explicado por la necesidad de búsqueda de oportunidades, así como producto de la violencia, en donde millones de personas han sido obligadas a abandonar sus territorios y les han sido despojadas sus tierras, lamentablemente muchas de estas víctimas han sido invisibilizadas o están fuera de la protección del Estado.

En Colombia la violencia ha generado que los desplazados se ubiquen en zonas pobres y de informalidad, teniendo altos niveles de vulnerabilidad. Es este sentido, la Ley de Víctimas ha ofrecido un mecanismo de asistencia y reparación, sin embargo, siguen existiendo limitaciones, especialmente por el desconocimiento de los procesos, cuestión que aún es tarea pendiente tanto del Estado como de la sociedad civil organizada.

Sin duda, la migración interna en Colombia sigue comportándose de manera muy dinámica, como un proceso afectado por la mala distribución de la riqueza, la corrupción e ineficiencia política, falta de recursos para inversión pública y privada, así como también por el narcotráfico y la violencia que aún persisten. El desplazamiento forzado se sigue registrando tanto interno como transfronterizo, y la búsqueda de mejores oportunidades tanto en el interior como en el exterior del país mueve a miles de colombianos que migran cada año.

De esta forma, se hace necesario tener más claridad estadística y caracterización socioeconómica de la población migrante interna, de manera que se puedan observar las necesidades de los migrantes, así como las dificultades y vulneraciones de derechos que se presentan, con el fin de generar planes de prevención y de atención a migrantes “económicos” como forzados.

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* Grupo de Estudios sobre Migraciones Internacionales y Vulnerabilidad (GEMIV) de la Universidad Santo Tomás.

1 Las cifras que demuestran que Colombia es un país de migraciones, el artículo fue publicado en El Tiempo (2015), sin embargo los datos fueron registrados directamente desde el DANE. Recuperado de https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/especial-con-datos-sobre-las-migraciones-internas-en-colombia-264990

2 Cifras extraídas de El Tiempo (2015).

3 Las cifras en torno al número de refugiados colombianos son inciertas, y oscilan entre los 300.000 y los 500.000, a diferencia de las víctimas internas sobre las cuales se tienen estadísticas mucho más concretas. Las cifras también varían si se contemplan solo las personas que cuentan con el estatuto de refugiado, o también aquellas que se encuentran en el proceso de solicitud, e incluso las personas que no cuentan con el reconocimiento como refugiados pero que se encuentran en situaciones similares. Ana Guglielmelli (2011) habla de una cifra de 500.000 refugiados, David Cantor (2011) trabaja con una cifra de aproximadamente “455.000 que viven fuera del país como refugiados, solicitantes de asilo o en situación similar a la de los refugiados” (p. 150).

4 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito entre el Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, p. 126.