Neoliberalismo y globalización en la agricultura del sur de Chile, 1973-2019

Las deudas por las parcelas entregadas se incrementaron significativamente desde 1978 en adelante. Hasta esa fecha, según disposición de diciembre de 1973, las cuotas anuales no se reajustaban, y solo pagaban intereses por mora. Considerando la situación económica nacional, descrita más atrás, las cuotas por pagar habían perdido rápidamente su valor real debido a la alta inflación. Sin embargo, en diciembre de 1978 se estableció que las cuotas serían reajustadas anualmente (100% del IPC), más intereses. A ello había que sumar las multas por atrasos en los pagos. De allí hasta 1984 las deudas se incrementaron significativamente. Este es el periodo en que la venta de parcelas fue mayor. Predominaba la morosidad entre los parceleros, por lo que en diciembre de 1984 se extendió el plazo para pagar hasta 30 años, a contar de 1985 y se condonaron los reajustes e intereses de la deuda original. Más tarde la deuda sería definitivamente condonada50.

Por su parte, los precios de los productos agrícolas crecieron menos que el IPC, y por debajo del incremento de los insumos y maquinarias, lo que aumentó los costos de producción. Entre 1974 y 1978, los precios del trigo, maíz y remolacha se mantuvieron iguales o se incrementaron levemente, mientras algunos insumos (petróleo, salario mínimo y neumáticos de tractor) subieron entre el 50 y el 100%. En 1980, los precios reales del trigo, maíz y papa eran similares a los de 1974, mientras el de la colza se había incrementado levemente51.

Por otro lado, en aquellos predios donde hubo mayor colaboración y cooperación (préstamos, mediería, etc.) entre los parceleros o con propietarios de fundos vecinos, las posibilidades de permanecer como propietarios eran superiores a las de predios donde las relaciones con los demás parceleros o sus vecinos eran escasas, ya porque varios eran recién llegados al lugar o porque los contactos estaban deteriorados con antelación52.

También, había diferencias sustanciales entre unos predios y otros del sector reformado; estaban los que fueron parte de fundos bien explotados, con maquinarias, edificios, animales, etc., de gran valor. Por el contrario, había otros en pésimas condiciones (Gómez, 1982: 66-67).

Buena parte de las parcelas entregadas en los años 1975 a 1978 estaban descapitalizadas, tras varios años difíciles. Parcelas recibidas sin animales, maquinarias, semillas, etc., no eran económicamente viables53.

Un estudio del Instituto de Pastoral Rural, vinculado a la Iglesia católica, de marzo de 1975, sobre la base de entrevistas a 229 campesinos, de diferentes zonas del país, señala que en el campo se vivía un serio problema económico, manifestado en la falta de dinero, bajos precios agrícolas y exiguos créditos54. También, había poca asistencia técnica del Estado. La mayoría consideraba que los asentados estaban incluso peor que los asalariados. Sabían que se esperaba que ellos se desempeñaran como empresarios agrícolas, pero no recibían ninguna capacitación en ese sentido.

Como señalamos más atrás, la asignación de parcelas favoreció a hombres, principalmente entre 30 y 50 años, casados, con familias numerosas, con títulos o algún oficio, y que supieran leer y escribir. Ello afectó a los campesinos más jóvenes, sin oficio y a los analfabetos. ¿Qué influencia en la venta de parcelas tuvo el tipo de propietarios?

En el predio Huite, de la comuna de Futrono, provincia de Valdivia, de las 12 parcelas que aparecen inscritas en el Conservador de Bienes Raíces de Valdivia, en 1977, 10 fueron vendidas entre 1980 y 1985; una en 1980, seis en 1981, una en 1982, una en 1983 y otra en 198555.

Las dos parcelas que no fueron vendidas fueron las entregadas a los dos campesinos más viejos, con 57 años en 1977. Uno de ellos además tenía la familia más numerosa, ocho personas, y era analfabeto. El otro no tenía oficio y solo declaraba saber leer y escribir. Los que vendieron tenían oficios, como mayordomo, tractoristas y camperos. Ellos optaron, posiblemente, por desempeñarse como dependientes en otras propiedades, que iniciarse como pequeños propietarios rurales56.

Un estudio hecho por la Iglesia católica, enero de 1976, enviado al mismo Pinochet, hizo una dura crítica de la política de asignación de tierras. Entre otros aspectos, concluía:

La ausencia de recursos económicos, asistencia técnica, capacitación y organizaciones propias del proceso, han dejado a los asignados sin los medios necesarios para una explotación racional de la tierra, y por ende, una permanencia estable en ella57.

Según un estudio de ICIRA, de junio de 1978, cerca de un 50% de los que vendieron sus parcelas a nivel nacional lo hicieron por falta de capital o por deudas anteriores58. De acuerdo a esta misma fuente, en la zona entre Malleco y Chiloé, el retorno del capital era del 10% en promedio; un 75% de los parceleros tenía un retorno inferior a ese valor59. Además, un 75% de los parceleros tenía un endeudamiento importante, con ingresos anuales inferiores a 0,65 veces las deudas del año (la cuota anual de la parcela y créditos operacionales y de inversión). Esta misma situación les hacía difícil adquirir nuevos créditos con organismos estatales o bancos.

Para algunos expertos, en julio de 1980, no había ningún interés nacional para seguir apoyando a los parceleros, a no ser que el Estado lo hiciera por razones políticas. Con un enfoque neoliberal, creían que el mercado debía resolver este problema, con la venta, arriendo o asociación con quienes pudieran hacer producir más y mejor las tierras que poseían60.

Por octubre de 1981, el INDAP calculaba que hubo 46.600 familias beneficiadas por tierras, con 3,1 millones de hectáreas, de las que 14 mil ya habían vendido sus parcelas, unas 600 mil hectáreas. Las 32.600 familias restantes tenían serios problemas económicos61.

La crisis económica de 1982-1985 sería una situación límite para los parceleros. Los momentos más duros del neoliberalismo aplicado por la dictadura militar llegaron a su fin y en los años posteriores hubo una mayor asistencia técnica y créditos por parte del Estado, así como se impusieron algunas medidas que permitieron una leve recuperación de la agricultura tradicional (Echenique & Rolando, 1991; Echenique, 1992; Portilla, 2000). Aunque la situación económica para los campesinos, entre ellos los parceleros, fue menos difícil, ello no significó una mejoría significativa, por lo que la propensión por vender se mantuvo en el resto de la década de los ochenta.

Conclusiones

La nueva reforma agraria realizada por la dictadura militar tuvo características de una verdadera acumulación originaria. Había que reestructurar el agro y el Estado lo hizo apoyándose en el mercado y en la fuerza militar y política. Si bien formalmente, la dictadura militar constituyó un grupo numeroso de pequeños propietarios individuales surgidos de las tierras expropiadas antes de 1973, las propias transformaciones de la economía y la política, al alero del neoliberalismo, fueron imposibilitando la existencia de esos parceleros.

Un número significativo de ellos vendió sus tierras a los pocos años de recibidas. Un tercio como promedio nacional, pero llegando a la mitad en las zonas agrícolas y periurbanas, y superando incluso el 60% en algunas provincias. Los parceleros del sur de Chile estuvieron en los valores más altos.

De este modo, ya a comienzos de la década de los ochenta, las mejores tierras entregadas a los parceleros habían pasado a manos de medianos y grandes propietarios rurales, a comerciantes y profesionales.

Dentro de los factores que explican las ventas está, en primer lugar, el escaso apoyo del Estado a los parceleros, tanto en asistencia técnica, como en créditos. En segundo lugar, la incapacidad de los propios parceleros, que hizo imposible para una mayoría la permanencia en sus tierras como propietarios: les faltaban capitales, capacidad técnica, organización, redes sociales, etc.

La propia política económica neoliberal perjudicaba abiertamente a la agricultura tradicional. La promoción del individualismo, el paso (fracasado) de campesino a empresario, la movilidad en la propiedad de la tierra, el término de las bases ideológicas que favorecían la organización campesina, entre otros fenómenos, estaban considerados dentro de la política implementada por la dictadura, implícita o explícitamente, afectando directamente la posibilidad de los parceleros de permanecer como propietarios.

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Entrevistas:

Bravo Möll, H., parcelero Río Negro, provincia de Osorno, 29 de agosto de 2014.

Carrasco San Martín, J., agricultor provincia de Osorno, 29 de octubre de 2014.

Ubilla Carrasco, J., técnico agrícola provincia de Osorno, 29 de agosto de 2014.

Vargas González, E., parcelero Río Negro, provincia de Osorno, 29 de agosto de 2014.

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CAPÍTULO 2

Neoliberalismo y crisis económica: Políticas estatales, mercado y agricultores del sur de Chile, 1973-198562

El enfrentamiento de los agricultores sureños a las políticas neoliberales en las décadas de 1970 y los años ochenta, permite comprender parte de la conflictividad que generó la instalación del modelo neoliberal: que no contó con la aprobación de los sectores asalariados eso es bastante evidente, pero, muy importante, tampoco tuvo el respaldo de todos los sectores empresariales y propietarios agrícolas. Sin contar la resistencia que hubo en la propia derecha pinochetista, gremialista, y en las Fuerzas Armadas.

La reacción de los agricultores sureños fue parte de una arremetida general de los empresarios, durante la crisis económica de los ochenta, contra las políticas neoliberales dogmáticas o radicales. Guillermo Campero fue uno de los primeros en estudiar cómo las asociaciones empresariales participaron activamente del proceso político nacional desde 1970 en adelante. Durante la dictadura militar, respaldaron la definición de políticas neoliberales, así como hicieron ver su oposición cuando fueron afectados. Durante la crisis económica de los ochenta, los sectores empresariales más perjudicados, entre ellos los agricultores, entraron en conflicto con el Gobierno, demandando y negociando a través de las principales organizaciones empresariales cambios concretos a la política económica (Campero, 1984; y 2003).

Por su parte, Eduardo Silva afirma que, durante esa crisis los grandes empresarios pidieron al Gobierno modificar sus políticas, manteniendo un estrecho vínculo con los funcionarios estatales a la hora de definir las nuevas orientaciones (Silva, 1993; 1996a; 1996b; 1999; y 2008). Sin embargo, Silva otorga reconocimiento exclusivo a la Confederación de la Producción y el Comercio, la que habría aglutinado las demandas empresariales, incluidas las de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), que representaba los intereses de los empresarios agrícolas de la zona central.

Patricio Silva, Jorge Echenique y Sergio Gómez, han estudiado las relaciones de los agricultores con el Estado y las políticas neoliberales (Silva, 1992; Gómez & Echenique, 1988; Gómez, 1986; 1992a; 1992b; y 1993). En general, se produjo entre los agricultores una creciente oposición al neoliberalismo. Con diferencias sectoriales, de acuerdo al efecto que tenían las políticas en sus actividades, comenzaron a surgir quejas y peticiones, las que llegaron a su apogeo con la crisis económica de los años ochenta.

Sin embargo, excepto el estudio de Campero sobre los gremios empresariales, donde trata la oposición de la Confederación de Productores Agrícolas (CPA), del Consorcio Agrícola del Sur (CAS) y de agrupaciones de trigueros y remolacheros a las políticas económicas durante la crisis económica de los ochenta, y el de Gómez sobre las demandas de los agricultores entre 1976 y 1982, falta una consideración especial al protagonismo asumido por los agricultores sureños en esta materia durante la crisis económica (Campero, 1984; Gómez, 1986).

Es claro, que el Estado no es una entidad social autónoma, por el contrario, se encuentra relacionada, controlada, incluso intervenida, por los capitalistas. Para Peter Evans se puede hablar de una “autonomía enraizada” (por los vínculos, raíces, que unen a los funcionarios estatales con los empresarios) (Evans, 1995; Ross, 1999; Sanfuentes, 1984). En esta línea, el nexo de los empresarios chilenos señalado por Silva es uno permanente con el Estado. Por el contrario, creemos que los agricultores sureños, si bien participaron en la redefinición de las políticas neoliberales, lo hicieron solo en la coyuntura de la crisis, de un modo irregular, sin lograr insertarse en los niveles permanentes de vinculación entre empresarios y Estado. En ese sentido, planteamos, que su posición en el campo de relaciones estatales fue marginal, por lo que sus conexiones fueron débiles, esporádicas y de corta duración. Además, estos agricultores, fuertemente afectados por las políticas económicas neoliberales, se convirtieron en críticos del Gobierno militar, de Pinochet y los neoliberales, pero sin dejar de ser, en su mayoría, partidarios leales del Gobierno militar y del propio dictador.

Definición y efectos de la política económica neoliberal

La crisis económica mundial de 1973, seguida por la de 1978, produjeron grandes efectos en la economía, generando inestabilidad en el crecimiento, lo que perduraría en la década de los ochenta. La dictadura militar, desde 1973, enfrentó esta coyuntura y avanzó a la definición de un nuevo Estado, economía y sociedad.

Después de políticas restrictivas del gasto público, orientadas a desestatizar la economía, con un enfoque economicista, pro empresarial, productivista y de vinculación a la economía internacional, desde comienzos de 1975 se asume una política neoliberal como un cuerpo doctrinario, homogéneo y capaz de resolver los problemas de la economía.

Uno de los sectores más afectado por estas políticas neoliberales fue la agricultura (Gómez & Echenique, 1988; Gómez, 1992b; y 1993; Portilla, 2000; Kay, 2002)63. Estructurada por el mercado, con un Estado que se aleja de la intervención directa en los precios, producción, distribución y comercialización de los productos silvoagropecuarios, sujeta a los precios internacionales y a la competencia de las importaciones, las que generalmente recibían subsidios en sus países de origen, la agricultura nacional comenzó una caída sistemática de su rentabilidad.

Ya a fines de 1977 estalló un conflicto entre los ganaderos y el Gobierno, ya que una drástica reducción de los aranceles de importación hizo caer el precio interno de la leche. El Gobierno acusó a los afectados de ser los únicos responsables de sus problemas, por no ser capaces de adaptarse al nuevo escenario. Incluso un funcionario del Ministerio de Economía llegó a decirles, ante la dificultad de competir con la leche importada, que se “coman las vacas” (Gómez & Echenique, 1988; Silva, 1987)64.

A pesar de la oposición del Ministerio de Economía, el Gobierno finalmente resolvió, en octubre de 1977, fijar un arancel específico para 14 productos lácteos, favoreciendo al sector para competir con las importaciones y continuar desarrollándose (Departamento de Economía Agraria, 1980). Ello fue el resultado de la presión del CAS y de la CPA, dirigida por Domingo Durán. La SNA apoyó las demandas, pero fue desplazada del protagonismo como representante de los intereses gremiales de los agricultores.

Además, como puede verse en el Cuadro N° 5, entre 1974 y 1982 hubo un desplome de la superficie nacional sembrada con cereales y cultivos industriales, mientras se incrementó la siembra de cultivos de leguminosas, papas y frutales.

Cuadro N° 5

Superficie nacional de cultivos, 1974-1982 (hectáreas)

Fuente: Elaboración del autor, a partir de Banco Central de Chile (2001: 97-114).*Incluye maravilla, colza y remolacha azucarera.

Las plantaciones frutales, también las forestales, aumentaron como resultado de una política de incentivos iniciada por la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) en los años sesenta y fortalecida por la dictadura militar (Camus, 2000; Murray, 1999). A su vez, aumentó la exportación de vinos. Por su lado, el sector pecuario tuvo mejores condiciones de desarrollo desde 1975, con precios más altos para la carne y tras resolverse el problema lechero descrito.

Eran los años previos a la crisis económica de 1982, cuando el modelo neoliberal se había sancionado por la mayoría de los sectores empresariales como la única alternativa para el país. El “modelo” se había convertido en exitoso, en términos macroeconómicos, y era considerado un dogma por la mayoría de los partidarios del Gobierno. La excepción la constituían los agricultores de productos tradicionales, especialmente del sur65.

La crisis económica y la reacción de los agricultores

Excluyendo los productos forestales, vinos y frutas, favorecidos por la apertura de la economía nacional al mercado mundial, la mayoría de los cultivos, leche y carne bovina cayeron en su producción en 1982-1983 a los peores niveles del siglo XX.

No es extraño entonces que la principal oposición a las políticas neoliberales estuviera en el sur de Chile, principal zona productora de cultivos tradicionales, leche y carne bovina.

En la Región de Los Lagos (de Valdivia a Chiloé) se produjo en 1981 el 65% de la producción nacional de leche66. Junto a una alta producción nacional hubo una considerable importación, lo que provocó una caída del precio de la leche puesta en planta.

El precio de la leche pagada por la Cooperativa Agrícola y Lechera de Osorno (CALO), cayó de 7,52 pesos en 1975 hasta 5,20 pesos en 1978, su momento más bajo, subiendo en 1979, para volver a caer en 1980, llegando a 6,85 pesos.

Sumando producción nacional e importaciones, hubo en 1981 unos 300 millones de litros de leche más de lo requerido por el consumo nacional, lo que provocó una fuerte caída de la producción nacional en el corto plazo.

Desde fines de 1980, la Asociación Nacional de Productores de Trigo (ANPT), liderada por Carlos Podlech, con sede en Temuco, comenzó una crítica directa a las políticas estatales. En diciembre envío una carta al ministro de Agricultura, Alfonso Márquez de la Plata, culpándolo de la quiebra de los agricultores67.

En febrero de 1981, la Asociación se reunió en Santiago con el nuevo ministro de Agricultura, José Luis Toro. Ellos notaban una incoherencia entre una política estatal de promoción del cultivo del trigo en los últimos años y una política general de libre mercado. Los productores de trigo produjeron más, pero terminaron descapitalizados y endeudados. El ministro prometió apoyar la formación de un poder comprador privado de trigo, organizado por los propios productores, así como formar una comisión nacional del trigo68.

El ministro de Agricultura recomendó al presidente de la república, en junio de 1981, atender la queja de los productores sobre los productos importados subsidiados, ya que los bajos precios internos les impedían pagar sus créditos. Asimismo, destacaba la crisis que vivían los agricultores de cultivos tradicionales del centro y sur del país69.

Sin embargo, la solución propuesta por el ministro era un reforzamiento de la política económica neoliberal.

Los agricultores del sur perdían la paciencia y ya no aceptaban las frases hechas de los funcionarios del Gobierno. Se les pedía eficiencia, pero no había ninguna estabilidad ni lógica en las decisiones gubernamentales. Precios bajos y estancados, falta de mercados, preferencia por los productos importados, créditos caros, etc.