Neoliberalismo y globalización en la agricultura del sur de Chile, 1973-2019

En el sur, la Araucanía es un buen ejemplo del carácter político-militar que asumió la defensa del derecho de propiedad privada de la tierra (Correa et al., 2005). Allí, un Comité Ejecutivo Agrario (CEA), dependiente de la Corporación de la Reforma Agraria (CORA), comenzó a devolver propiedades en manos del Estado a sus antiguos dueños. El CEA, dirigido por un militar, en un breve plazo después del Golpe procedió a entregar una parte significativa de los predios, sin atender las disposiciones legales vigentes. Argumentos como la seguridad, la recuperación productiva de los terrenos y la normalización, fueron utilizados para revertir las expropiaciones realizadas.

En todo el país, de cerca de 10 millones de hectáreas expropiadas, a diciembre de 1979 casi 3 millones habían sido devueltas a sus antiguos propietarios (revocaciones totales o parciales) y unos 2 millones de hectáreas se habían entregado como propiedad individual a los asentados en el sector reformado (Garrido et al., 1988: 184). Además, un poco más de 1,6 millones de hectáreas fueron transferidas a instituciones o rematadas. El resto, cerca de 1,8 millones estaba en proceso de asignación o remate14.

Mapa Nº 1

Chile Central y Sur, 1975

La devolución de tierras expropiadas, la formación de parcelas con propietarios individuales y el posterior remate de propiedades, a veces de considerables dimensiones, como los predios forestales, tenían claramente un propósito común, imponer una racionalización capitalista en el mundo rural (Santana, 2006). Junto con ello, se evitó restablecer el latifundio anterior, predominando propiedades de un tamaño menor, excepto en los predios forestales y costeros (Bengoa, 1983; Kay, 2002). En particular, también estaba el propósito de debilitar las organizaciones y el sindicalismo campesino, fomentando el valor de la propiedad privada entre los trabajadores agrícolas (Silva, 1992).

La entrega de propiedades individuales a los asentados fue una decisión que se impuso tempranamente15. Para la asignación de la tierra, se procedió a dividir los predios expropiados en Unidades Agrícolas Familiares (UAF), los que hasta ese momento funcionaban como asentamientos (propiedades colectivas) o cooperativas (explotación conjunta). Mediante un estudio técnico de la CORA, se definían tantas UAF como fuera posible (Bellisario, 2007b: 158-163). Después se realizaba un estudio de selección, de quiénes serían los propietarios de esas parcelas, un número siempre inferior al total de ocupantes, según edad, permanencia en el predio, años trabajados, estudios, oficio, ocupación, etc.

Entre los postulantes, la reglamentación favorecía antes de 1975 a los campesinos y otros trabajadores asentados. Desde mayo de 1975, un nuevo reglamento dio un trato similar a los asentados y no asentados, así como aumentó la puntuación dada a la capacidad de trabajo, un aspecto subjetivo16. De este modo, se terminó privilegiando a las personas mejor calificadas (según oficio) y más educadas, con lo que hubo un sesgo socio-económico significativo, que perjudicó el acceso a la tierra de los campesinos y trabajadores agrícolas más pobres. Además, se favoreció a hombres principalmente entre 30 y 50 años, casados y con familias numerosas.

Respecto a la disposición de diciembre de 1973, que excluía de la asignación de tierras a quienes hubieran ocupado con violencia el predio en que estaban asentados, su aplicación fue estricta en los primeros años del proceso de entrega de parcelas. Según memorándum del director del Instituto de investigación y Capacitación en Reforma Agraria (ICIRA), de diciembre de 1975, en la Araucanía se estaba aplicando de forma indiscriminada esta exclusión. Habían sido a esa fecha objetados cerca de un 14% de los postulantes en la provincia de Cautín.

A diciembre de 1975, a nivel nacional, de 14.371 postulantes, 5.398 no habían sido elegidos por similar razón, casi el 38% (Silva, 1987: 173-174).

El propio Pinochet ordenó al ministro de Agricultura, en diciembre de 1975, reemplazar como causal de eliminación de postulantes la frase “por orden de la autoridad militar”, agregando el fundamento legal correspondiente17. Asimismo, señala que había numerosas denuncias hechas a los intendentes, pues en la entrega de tierras se desplazaba a campesinos y favorecía “a personas que nunca trabajaron la tierra” (empleados, comerciantes, camioneros). Finalmente, le pide corregir esas “injusticias”.

La orden presidencial estaba relacionada con una carta del obispo de Chillán, de 5 de noviembre de 1975, quien denunció los problemas que se estaban produciendo en la asignación de parcelas individuales18. Especialmente, la situación de los campesinos que eran excluidos por haber participado en la toma del predio.

En respuesta, el dictador ordenó al ministro de Agricultura, a fines de diciembre de 1975, que se enviase un oficio a las autoridades regionales y provinciales, para que se excluyera de la asignación de tierras solo a quienes dirigieron las tomas19. Por su parte, el ministro ya había instruido lo mismo a la CORA.

En esa línea, en enero de 1976, el ministro del Interior ordenó a los intendentes y gobernadores que, para que la CORA cumpliera lo indicado, en un plazo de 30 días debían revisar la información enviada a este organismo, con los nombres de todos los que participaron en tomas de predios, destacando aquellos que habían sido dirigentes o activistas en la ocupación de los fundos20.

De este modo, la selección de parceleros por la CORA estaba supeditada al veto político de las autoridades regionales y provinciales. Otro tanto realizaban otras autoridades, como el subsecretario de Agricultura, quien en octubre de 1976 pidió a CORA que excluyera de la asignación en un predio de Traiguén a dos activistas. La fuente de información era confidencial21.

La exclusión de postulantes hecha por CORA, por “informes de seguridad” sobre algunos postulantes u otra razón desconocida, llevó a la Confederación Nacional Sindical Campesina “Libertad” a pedir al Gobierno, en julio de 1976, que hubiera una apelación a estas decisiones22.

En noviembre de 1976, se dispuso que los excluidos podrían apelar en un plazo de treinta días, ante el Ministerio de Agricultura23. En la práctica, el ministerio sancionaba lo que resolvía una comisión formada por la CORA y militares delegados por el Gobierno provincial. La mayoría de las apelaciones que conocemos fueron rechazadas, por estar fuera de plazo o por no haber demostrado la falsedad de los informes en su contra24. En todo caso, estos reclamos eran tardíos, pues en muchas provincias del país la mayor parte de la tierra ya estaba repartida (Silva, 1987: 175-176).

El proceso de entrega de tierras a nivel nacional se realizó rápidamente, entre 1974 y 1978, cuando finalmente se disolvió la CORA y se creó la Oficina de Normalización Agraria, la que completó lo que quedó pendiente.

Por abril de 1979, se habían entregado 37.508 UAF. Sumando algunas asignaciones que estaban pendientes se llegaba a una cifra de 40 mil asignatarios. Ellos habían recibido un poco más de 2 millones de hectáreas, la cuarta parte del suelo agrícola entre Coquimbo y Llanquihue. De acuerdo a una encuesta hecha por ICIRA, en junio de 1978, cerca de 421 mil personas vivían en esas parcelas, un 19% de la población rural estimada para 197825.

Estas parcelas no fueron entregadas de forma gratuita, sino que debían pagarse a la CORA en 28 años de plazo, a partir del tercer año de recibida (Silva, 1987: 170).

Aquellos que no obtuvieron parcelas fueron un porcentaje significativo, llegando a un 50% del total de asentados. La mayor parte de ellos permanecería viviendo en el campo (Silva, 1987: 174-176).

La política de asignación de tierras fue motivo de varias críticas. Ya a comienzos de 1974, Victoriano Zenteno, presidente de la Confederación Triunfo Campesino, se opuso a la asignación individual de tierras26. También existió oposición de parte de los funcionarios del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), ICIRA, CORA y del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). No por nada, se consideró fundamental para el avance de las políticas de la dictadura militar la reducción del número y reemplazo de funcionarios públicos. El decreto ley 1.025, de 15 de mayo de 1975, permitió reducir hasta un 40% de la planta de funcionarios. En INDAP, en septiembre de 1973, había 4.611 funcionarios. En agosto de 1974 ya se habían exonerado 957 y se proponía llegar a 2 mil funcionarios, dada la orientación política contraria al Gobierno27.

A pesar de la purga en el ministerio y organismos estatales, a comienzos de 1975, se mantuvo la crítica de los funcionarios a la política del Gobierno y la falta de compromiso con sus objetivos28.

La suerte de los parceleros bajo el neoliberalismo

Desde un principio, se había concebido a los parceleros insertos en el mercado, vinculados a los demás propietarios y productores agrícolas. Ya en 1974 se había diseñado un programa nacional de capacitación empresarial. Por ese momento, INDAP proponía al Gobierno que a través de sus políticas generara: “conocimiento cabal de las implicancias de su nueva condición de empresarios en términos de responsabilidad personal y nacional”29.

En febrero de 1978, para sumar a los parceleros a la nueva economía neoliberal, se creó un programa de asistencia técnica empresarial para pequeños productores, el que fue ejecutado directamente por empresas privadas recién constituidas para hacerse cargo de la asistencia técnica, negocio emergente, camino a formar una cultura empresarial entre los campesinos. Funcionó hasta 1983, siendo reemplazado posteriormente por otro programa similar, pero controlado estrechamente por INDAP (ICIRA, 1976; Santander, 1987: 71; Sanfuentes, 1987: 125; Gómez, 1991: 25-39). Esta capacitación no fue suficiente.

A nivel nacional, de 43.347 asignatarios CORA, a marzo de 1983, 19.727 habían vendido sus propiedades, esto es, el 45,5% del total, con casi el 30% de las tierras entregadas (Garrido et al., 1988: 199). A esa fecha, en la Región Metropolitana, aproximadamente el 48% de los parceleros había vendido su propiedad, en la Región del Maule el 44% y en Los Lagos, el 34%. Echenique y Rolando (1991: 15) estiman que un 57%, como promedio nacional, había vendido sus parcelas hacia 1990. En el norte y parte de la zona central del país se habían vendido a esa fecha el 70% de las parcelas y desde la Región del Maule a Los Lagos, centro y sur, un 45%.

Como señalan Silva (1987: 184-185) y Echenique y Rolando (1991: 11), se hicieron varios estudios de la situación de los parceleros en la zona central (Buin, Paine, Aconcagua, O’Higgins), pero casi ninguno de lo sucedido en el sur del país (excepto en la Región del Biobío).

Para una zona de la provincia de Colchagua, en el centro del país, Bellisario (2007b: 165-166) señala que el 61% había vendido sus parcelas hasta el año 2000, lo que es bastante más de lo plantean otros autores. Cree que cerca de Santiago y en las provincias más agrícolas de Chile Central hubo alta venta, lo que se manifiesta en Colchagua. Por el contrario, señala que en zonas de agricultura tradicional, las ventas fueron menores. Una idea similar plantean Echenique y Rolando (1991: 17-21), señalando que en 1990 un 70,9% de los parceleros originales de la Región Metropolitana, había vendido sus propiedades, mientras en la Región del Biobío la cifra era del 44,8%.

En general, hubo un rápido traspaso de las tierras de parceleros a manos de otros agricultores, algunos de ellos antiguos propietarios de los mismos terrenos, así como a empresarios y profesionales que vieron la posibilidad de invertir en tierras a un bajo precio.

Aquellos que conservaron sus parcelas fueron los menos. ¿Qué diferenciaba a los que vendieron de los que permanecieron como parceleros? En general, los hombres de edad mediana, casados, con hijos, inquilinos y obreros agrícolas, eran mayoría entre quienes conservaron su parcela, en la Región Metropolitana y del Biobío. Ni el capital, ni la educación, habrían determinado necesariamente la venta, pues estas características se daban en ambos grupos. Sin embargo, aquellos que tenían mayor estima y conocimiento de su oficio de campesino, predominan entre los que no vendieron (Bravo Möll, 2014; Vargas González, 2014). Aquellos que vendieron sus parcelas, generalmente permanecieron como trabajadores agrícolas, como campesinos o ejerciendo oficios especializados, en las propiedades mayores de la zona. Los menos se fueron a vivir a alguna ciudad. Además, muchos de ellos permanecieron residiendo en el mismo lugar, ya que vendieron la parcela, pero no el sitio donde estaba su casa (Echenique & Rolando, 1991).

La venta de parcelas en las provincias de Valdivia y Osorno

En la provincia de Valdivia se definieron un total de 1.500 parceleros entre 1975 y 197830. En la provincia de Osorno fueron 1.116. Todo ello para un total de 86 predios en Valdivia y 91 en Osorno.

¿Cuántos de los 2.616 parceleros de las provincias de Valdivia y Osorno vendieron sus propiedades durante el Gobierno militar?

Cuadro Nº 1

Parcelas CORA entregadas y vendidas por parceleros, área norte provincia de Valdivia, 1975-1989

Fuente: Elaboración del autor, a partir de Escrituras notariales, 1975-1977, Conservador de Bienes Raíces de Valdivia. Para las parcelas que se vendieron parcialmente, hemos asignado un valor de 0,5, por eso aparecen algunos datos fraccionados.

Del total de parcelas entregadas por la CORA entre 1975 y 1978, hemos logrado determinar qué pasó con 907 en la provincia de Valdivia, del total de 1.500, y con 1.059 de la provincia de Osorno, del total de 1.116.

Como se aprecia en el Cuadro Nº 1, el total de parcelas vendidas en la parte norte de la provincia de Valdivia fue considerable. La mayor cantidad se vendió a fines de la década de 1970, lo que coincide con el comienzo de la aplicación de las políticas neoliberales. Esos años fueron de profundo abandono de los pequeños propietarios, los que obligados a sobrevivir en condiciones adversas vendieron rápidamente sus parcelas (Echenique & Rolando, 1991: 19-20).

Un papel no menor debió jugar el término del plazo de gracia de dos años, después de entregada la parcela, para comenzar a pagar anualmente la tierra. Por ello, seguramente las ventas se concentran entre 1979 y 1981.

Durante la crisis económica de los años ochenta y los años siguientes, la venta de parcelas se redujo significativamente, aunque se enajenaron cerca del 25% de las parcelas entre 1982 y 1987. Posteriormente, la venta de propiedades disminuyó significativamente. En todo el periodo 1975-1989, el 63,8% de las parcelas se habían vendido en la parte norte de la provincia de Valdivia.

Cuadro Nº 2

Parcelas CORA entregadas y vendidas por parceleros, área sur provincia de Valdivia, 1975-1989

Fuente: Elaboración del autor, a partir de Escrituras notariales, 1975-1979, Conservador de Bienes Raíces de La Unión. Para las parcelas que se vendieron parcialmente, hemos asignado un valor de 0,5, por eso aparecen algunos datos fraccionados.

Por su parte, en el Cuadro Nº 2 se aprecia que la venta de parcelas en el sur de la provincia de Valdivia fue menor que en el norte, llegando al 52,2%. Sin embargo, se repite una venta temprana de parcelas, entre 1979 y 1981. También, con la crisis económica de los ochenta se redujo la venta, aunque aquí con posterioridad a ella, entre 1985 y 1987, hubo un incremento de las enajenaciones. Finalmente, en los últimos años también hubo una bajísima venta31.

En el caso de estas parcelas, inscritas en el Conservador de Bienes Raíces de La Unión, tenemos información de quiénes fueron los que las compraron32. Mayoritariamente, son vecinos. Algunos de ellos, parientes de los dueños. También, algunas sociedades agrícolas.

Cuadro Nº 3

Parcelas CORA entregadas y vendidas por parceleros, área norte provincia de Osorno, 1975-1989

Fuente: Elaboración del autor, a partir del Registro de Propiedades, 1975-1977, Conservador de Bienes Raíces de Osorno. Para las parcelas que se vendieron parcialmente, hemos asignado un valor de 0,5, por eso aparecen algunos datos fraccionados.

Por último, aunque la venta de parcelas fue menor en el sur de la provincia de Valdivia en el periodo estudiado, a partir de los años noventa la venta de parcelas aumentó allí significativamente.

Las tierras que se vendieron fueron a la vez las que tenían mayor calidad y cercanía a las ciudades, y por tanto más sujetas a presiones del mercado. Por un estudio sobre el Valle de Putaendo, zona central del país, se sabe que entre dos propiedades aledañas parceladas, hubo una donde más de la mitad de las parcelas fueron vendidas antes de 1981, mientras en la otra solo el 17%. La diferencia era que las primeras estaban mucho más cerca de la ciudad de San Felipe (Gómez, 1981: 139). Similar situación se dio en la Región Metropolitana y en la del Biobío, entre las parcelas más cercanas a Santiago o Concepción, o las que tenían mejor acceso a los caminos principales (Echenique & Rolando, 1991: 18-19).

Por su parte, en la zona norte de la provincia de Osorno la venta de parcelas fue alta, según se aprecia en el Cuadro Nº 3. Como en Valdivia, pero con valores mayores, las ventas se concentraron en los años 1979-1981. Durante la crisis económica de 1982-1984, las ventas se redujeron, aunque todavía su monto fue importante. Posteriormente, ellas bajaron significativamente.

Cuadro Nº 4

Parcelas CORA entregadas y vendidas por parceleros, área sur provincia de Osorno, 1975-1989

Fuente: Elaboración del autor, a partir del Registro de Propiedades, 1975-1977, Conservador de Bienes Raíces de Río Negro. Para las parcelas que se vendieron parcialmente, hemos asignado un valor de 0,5, por eso aparecen algunos datos fraccionados.

Levemente mayor, en términos porcentuales, fue la venta de parcelas en el área sur de la provincia de Osorno, como se observa en el Cuadro Nº 4. También allí fue más acentuada la enajenación de propiedades entre 1979-1981, la más alta en valor porcentual en las provincias de Valdivia y Osorno; 36,7% de las parcelas asignadas fueron vendidas solo esos años. Sumando todas las ventas entre 1975 y 1984, ya al final de la crisis económica la mitad de las parcelas de esa zona habían cambiado de dueño. En los siguientes, la venta fue mucho menor.

En general, las ventas fueron muy altas en el norte de la provincia de Valdivia y en toda la provincia de Osorno.

En la zona sur de la provincia de Osorno, conocemos quiénes compraron parcelas a los asignatarios originales. Se repiten algunos compradores adquiriendo varias parcelas en un mismo lugar. Algunos de ellos eran destacados agricultores, con grandes propiedades en la zona. En el caso de uno de ellos, mediante sucesivas compras adquirió la mayor parte de las parcelas de un mismo predio33. Fuera de los propietarios rurales, también hubo empresarios y profesionales que se interesaron por adquirir tierras. Muchos de ellos vieron la posibilidad de incursionar en el negocio agrario, pero con escaso éxito para la mayoría, principalmente los que no eran agricultores (Ubilla Carrasco, 2014). Como en la Región Metropolitana y del Biobío, donde la posibilidad de adquirir buenas tierras en superficies pequeñas a bajo precio, abrió una oportunidad única de negocios (Echenique & Rolando, 1991: 31-36), en Valdivia y Osorno, agricultores, empresarios agrícolas, profesionales, comerciantes y empleados, adquirieron parcelas con ese fin.

Por último, hay solo unas pocas parcelas que fueron compradas por sociedades agrícolas y forestales en el área sur de la provincia de Osorno. Sin embargo, la compra mayoritaria entre personas esconde el destino final de muchas parcelas, pues varios de los adquirentes formaron en los mismos años sociedades para la explotación agrícola y forestal34.

Factores que provocaron la venta de parcelas

Resultado de la aplicación de políticas económicas neoliberales, hubo en Chile una reducción del apoyo integral del Estado a los productores agrarios, tanto en asistencia técnica y transferencia tecnológica, como en créditos (Portilla, 2000).

El Banco del Estado, entre comienzos de 1979 y fines de 1980, entregó una mínima porción del total de créditos agrícolas a campesinos o sociedades provenientes del sector reformado. Mucho menor fue la participación de estos campesinos en el valor total de los créditos agrícolas; no más del 3% del dinero prestado por el Banco fue a ese sector35.

En este ámbito, la labor del Estado se limitó a la asistencia técnica empresarial y a la entrega de créditos de instituciones estatales vinculadas al agro. CORA en 1975 tenía gastos en personal y servicios equivalentes a la mitad de los de 1972. En cuanto a los gastos de capital (inversiones, créditos, etc.), el valor era más de diez veces inferior36.

Tan temprano como diciembre de 1974 y enero de 1975, los intendentes de Cautín y Llanquihue, transmitieron al ministro de Agricultura la preocupación que tenían por la reducción del presupuesto de INDAP en sus provincias, impidiendo dar créditos a los pequeños agricultores37.

En junio de 1978, ICIRA señalaba que apenas el 31,7% de los parceleros encuestados había recibido asistencia técnica, mientras que solo el 19,6% había participado en un curso en los últimos años38.

En general, la situación de los parceleros, y la venta de sus tierras, está relacionada con la decadencia que experimentó la agricultura campesina a lo largo de la dictadura militar, y particularmente desde fines de la década de los setenta.

Como destaca Silva (1987: 96), todo lo que ocurre después de 1975, ya asumidas las políticas neoliberales, no puede entenderse fuera del modelo económico. Toda la política estatal se estructura en torno a ello. A los neoliberales les importaba poco lo que ocurriera con los parceleros. Sabían que no lograrían mantenerse como propietarios. Les interesaba introducir eficiencia y movilidad en el mercado de la tierra (Silva, 1987: 158-164).

Ya en noviembre de 1976, un decreto gubernamental regulaba la venta de parcelas, disponiendo que las enajenaciones debían contar con la autorización de la CORA (Silva, 1987, 183-184).

A fines de 1978, la aplicación de la política neoliberal se expresaba en una reducción en la cantidad y en el valor de la producción de cultivos tradicionales. La producción de cereales se redujo ese año un 15% y la de cultivos industriales en 25%, lo que afectó directamente a la zona sur de Chile39. Para ICIRA, según un estudio de junio de 1978, desde 1976 hubo una disminución de la superficie cultivada en las parcelas40.

Incluso con mayor asistencia estatal, era difícil creer que los pequeños propietarios pudieran tener mejores rendimientos y rentabilidad. La tendencia era la concentración de la tierra y una escala de negocios apropiada para grandes empresas agrícolas, que pudieran adecuarse a las demandas del mercado externo y a los bajos precios agrícolas internos.

Hacia fines de la dictadura, la agricultura campesina enfrentaba condiciones que prácticamente hacían imposible su permanencia. No por nada, en la década de los noventa se observaba la desaparición del campesinado, concebido como pequeña agricultura familiar (Sotomayor, 1994; Kay, 1997; 1998a; y 2002; Murray, 2002b: 432-433).

Por otro lado, junto al menor apoyo a las organizaciones campesinas, el costo de los créditos bancarios y la escasa asistencia técnica del Estado, estaba la falta de capital y las deudas que tenían los asignatarios (Gómez, 1982: 65; Echenique & Rolando, 1991: 15 y 22-23; Jarvis, 1992; Santana, 2006: 258; Ffrench-Davis, 2001: 69-70).

Ya en febrero de 1974, un informe de ICIRA planteaba que la asignación de parcelas requería la corrección de algunos obstáculos, como los altos intereses de los créditos y los bajos precios que recibían por sus productos, lo que no les permitía obtener ninguna ganancia. Además, advertía que los parceleros requerirían asesoría y capacitación para el manejo de sus tierras, de lo contrario: “…pierden todo interés por la propiedad individual. La gran mayoría de los asentados preferirían en este caso ser inquilinos bien pagados que empresarios en quiebra”41. Por otro lado, a los asentados les preocupaba el pago de la tierra y no tenían seguridad de su capacidad para enfrentar esta responsabilidad42.

Una parte importante de los favorecidos con parcelas no tenían ninguna posibilidad de gestionar adecuadamente sus propiedades, lo que terminó provocando la venta en los primeros años de buena parte de las parcelas. Ya en julio de 1974, un informe de ICIRA señalaba que para la mayoría de las autoridades zonales de los organismos del Estado, más de la mitad de los asentados perderían sus tierras por incapacidad para desenvolverse en el nuevo sistema43. Carecían de las cualidades personales para desempeñarse como empresarios eficientes.

Si, en promedio, menos de la mitad de los parceleros al final de la dictadura militar conservaban las parcelas asignadas, sin contar la responsabilidad que tuvieron las políticas estatales, hay que considerar como explicación en primer lugar la incapacidad de quienes recibieron las propiedades para poder desempeñar una actividad agrícola que les permitiera una mínima rentabilidad (Gómez, 1982: 64-65).

Un asentado de Angol reclamaba en abril de 1976, que a pesar de tener todos los requisitos, incluso había sido presidente del asentamiento, él no fue favorecido con una parcela, recibiendo la tierra quienes no tenían el conocimiento ni la capacidad de trabajo requerida. Resultado; el campo estaba abandonado y con baja producción44.

No fue fácil para los parceleros asumir la responsabilidad de organizar la explotación de su propiedad de forma individual, mientras paralelamente se debilitaban los vínculos colectivos surgidos desde la ocupación del predio, de tal modo de poder hacer frente a los pagos que debían realizar ante la CORA, desde el tercer año de recibidas las propiedades.

Según otro estudio de ICIRA, de agosto de 1977, analizando la situación de las 21.254 parcelas entregadas hasta diciembre de 1975, todos exasentamientos, en la mayoría de las casi 500 parcelas estudiadas, el 87% eran explotadas individualmente y el resto, a través de sociedades. Solo en la Araucanía había un porcentaje mayor de sociedades45. Además, un 20,4% de las parcelas habían perdido parte o totalmente la maquinaria, por deuda o devolución a CORA. Por otro lado, la mitad pertenecía a una sociedad de cooperación agrícola (SOCA), las que habían sido creadas en julio de 197546. Las SOCA fueron disueltas en 1981 (Gómez, 1991: 25-26).

Respecto al nivel de cultivos, en el año 1976-1977 solo la mitad de las parcelas tenía más cultivos que en el último año del asentamiento47. En cuanto a disponibilidad de animales, en la Región de la Araucanía, había un promedio de 8,8 vacas por parcela y en la Región de Los Lagos, 20,7. Estos promedios eran los más altos del país y lejos sobre la media nacional, de 4,94 vacas. Por otro lado, la mayoría de ellas vendía un 50% o más de su producción. Un 4,3% estaba en un nivel de subsistencia. Además, un tercio de los parceleros había recibido asistencia técnica el año agrícola 1976-1977, la que minoritariamente fue hecha por organismos estatales (SAG). También, menos de un tercio indicó haber tenido cursos de capacitación. Por otro lado, apenas un tercio conocía el monto anual que debía pagar por la tierra. Asimismo, un número creciente reconocía que tendría dificultades para pagar; un tercio de los que llevaban tres años como asignatarios. En general, un 56,7% declaraba tener algunas dificultades de tipo económico.

Asimismo, para muchos parceleros fue un obstáculo insalvable tener que enfrentar una deuda por la tierra recibida. El temor de no poder pagar, de perder la tierra sin nada a cambio, de terminar en la cárcel por deudas, hizo fuerza en los parceleros para vender y deshacerse de un potencial problema (Bravo Möll, 2014; Ubilla Carrasco, 2014; Vargas González, 2014).

La tierra se entregó previo pago de una cuota al contado (pago simbólico del 1% del valor adeudado) y el resto en 28 años, después de dos años de gracia. A pesar de que las condiciones de pago parecían favorables, en la práctica la mayoría de los campesinos no podía hacer frente a esa deuda, dado los escasos ingresos que tenían48.

Según un dirigente agrícola de la zona central, las deudas con la ex-CORA por las parcelas entregadas subieron en la provincia de Cachapoal un 700% respecto a su valor original, muy por sobre la inflación, que calculaba en 163% para el periodo 1977-198149. Creía que esa alza desmedida era la que obligaba a los campesinos a vender sus tierras. Por si fuera poco, además esas parcelas debían pagar un impuesto territorial.