Czytaj książkę: «Fulgor y muerte de las Cajas de Ahorros»

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¿CÓMO HEMOS LLEGADO A ESTO?

Un gran tsunami se llevó por delante entre los años 2008 y 2012 las cajas de ahorros en España, transformadas en bancos, nacionalizadas, subastadas y adjudicadas al mejor postor. De hecho, lo que se entendía por una caja de ahorros, ese modelo de institución de crédito sin ánimo de lucro y carácter fundacional que destina parte de sus ganancias a la realización de obras sociales, ha dejado prácticamente de existir entre nosotros.

¿Y cómo ha ocurrido? ¿Por qué la profunda sacudida de la crisis ha tenido en estas instituciones su efecto más polémico y devastador, con pequeños impositores indignados por sus ahorros perdidos en productos híbridos como las cuotas participativas, las participaciones preferentes o las obligaciones subordinadas; con directores generales, presidentes, consejeros y ejecutivos desfilando por los juzgados; y con decenas de miles de millones de euros destinados a recapitalizar balances y reflotar entidades fundadas hace más de dos siglos?

Bankia, el gigante de la crisis del sector financiero español, producto de la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras entidades de menor tamaño, como Caixa Laietana y las Cajas de Canarias, La Rioja, Ávila y Segovia, se parece poco al estadounidense Lehman Brothers, un enorme banco de inversiones, pero sus respectivas bancarrotas forman parte de una misma convulsión, de una crisis económica mundial que en Europa se ha cebado con especial furor en los países en crecimiento más frágil y especulativo, como Grecia, Irlanda, Portugal o España. Y así como Estados Unidos vio caer, al inicio de la crisis financiera, medio centenar de bancos, compañías hipotecarias y aseguradoras, en España se han nacionalizado instituciones quebradas como Caja Castilla-La Mancha, CajaSur, Caja del Mediterráneo (CAM), Nova Caixa Galicia, Caixa Catalunya, Unnim y Bankia. Y se han inyectado ayudas públicas para rescatar a otra muchas.

Las hipotecas subprime, que han quedado fijadas en la imaginación colectiva como el detonante de la crisis financiera que en 2007 anunció la gran recesión posterior, no jugaban, pese a la globalización de los mercados, un papel relevante en el sistema financiero español, como se apresuraron a informar en su día las autoridades económicas. Ahora bien, en nuestro país había otros activos tóxicos, fundamentalmente las hipotecas impagadas y los créditos fallidos a promotores y constructores. La burbuja inmobiliaria reventó llevándose por delante las cajas de ahorros. O una buena parte de ellas, porque sería injusto no hacer distinciones entre las que han salido más o menos indemnes del proceso de bancarización y las que se han hundido con él.

Para hacernos una idea del problema de fondo basta señalar que, cuando estalló la burbuja (2007), el parque de viviendas disponibles estimado en el mercado español alcanzaba el millón y medio (unas 612.000 terminadas, 384.000 en construcción y 520.000 de segunda mano, en venta o alquiler). Sin duda, la estrecha vinculación de las cajas de ahorros al crédito hipotecario las convirtió en presa fácil de esa quimera del oro en que se convirtió la vida colectiva en los primeros años del siglo XXI. Pero la crisis inmobiliaria no resultaba algo nuevo para esas entidades. Al menos no tan nuevo como para pillarlas desprevenidas.

Quienes hemos participado en la gestión de alguna caja de ahorros recordamos las dificultades que causó la anterior crisis bancaria y los apuros que hubo que pasar para superar los procesos de desinversión ordenados por el Banco de España en los años ochenta. Las crisis bancarias son cíclicas y en esos años las entidades financieras sufrieron una falta de solvencia que afectó a 51 bancos y cajas que manejaban casi 10.000 millones de euros, tenían 36.000 empleados y disponían de 2.600 oficinas. Durante ese período se vieron afectados, además de los 17 bancos de Rumasa que fueron expropiados, los bancos de Valladolid, Meridional, de Navarra, Catalán de Desarrollo, Industrial del Mediterráneo, de Promoción de Negocios y Occidental, la Banca López Quesada y las cajas municipales y provinciales de Cáceres, Huelva, Ceuta, Provincial de Valencia y Alicante, Caja España, Unicaja, Ibercorp y Banesto.

Conociendo los resultados de la crisis anterior y, teniendo en cuenta las probabilidades de que algo así pudiera volver a ocurrir, ¿por qué no se diversificó más el negocio?, ¿por qué se propició de nuevo la concentración en el sector del ladrillo y la dependencia excesiva de los mercados de crédito mayoristas que alimentó la expansión de las entidades y acabó siendo su perdición? ¿Falló la voz de la experiencia o se ignoró lo que enseñaba una historia no demasiado remota? ¿Se perdió la memoria o el sentido común?

Es fácil pedir explicaciones a posteriori, desde luego. Pero se trata de un ejercicio insoslayable cuando la sociedad, sacudida por niveles de paro alarmantes (5.933.300 parados y tasa de desempleo del 25.93% según los datos publicados por el INE en abril de 2014) y políticas de recortes y de austeridad que socavan la prosperidad alcanzada por amplios sectores, dirige su malestar hacia gobernantes, políticos y banqueros. Por lo que se refiere al sector financiero, que el crédito no fluya hacia las empresas y las familias es uno de los factores del círculo vicioso en que se ha convertido la crisis. Y el enorme coste social se refleja en decenas de miles de pequeños ahorradores que se sienten estafados, así como en el drama humano de los desahucios, pero también en la envergadura de las aportaciones de dinero público para la reestructuración y el rescate.

Por centrarnos solo en las dos grandes cajas de ahorros valencianas, la intervención de la CAM supuso un desembolso de 5.249 millones de euros por parte del Fondo de Garantía de Depósitos, mientras que el Banco Financiero y de Ahorros, matriz de Bankia, en el que se integró Bancaja, necesitó una inyección de 22.424 millones de euros, de los cuales, 4.465 millones provenían del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y 17.959 millones del rescate europeo. Tras su nacionalización, la CAM fue vendida al Banco Sabadell y Bankia fue puesta en manos de José Ignacio Goirigolzarri, directivo de la banca privada procedente del BBVA, con el fin de convertirla en una institución atractiva para ser vendida en el mercado. En el momento de redactar estas líneas, Bankia ha empezado a sacar a Bolsa parte de las acciones para devolver la entidad al sector privado.

Si nos fijamos en otras entidades, solo el rescate de Caixa de Catalunya, convertida en Catalunya Banc, costó a los contribuyentes 11.839 millones de euros. Su venta por 1.187 millones de euros al BBVA en la subasta convocada por el FROB, confirmó en julio de 2014 las proporciones de su reestructuración. Los costes de dichos rescates han resultado ingentes, tanto desde el punto de vista económico como desde la perspectiva social. ¿Quién lo iba a decir solo diez años antes, cuando las cajas de ahorros, en pleno fulgor, llegaron a representar el 54% de la suma de créditos y depósitos del sistema bancario español?

La reforma Fuentes Quintana del año 1977 eliminó restricciones geográficas y de funcionamiento, así como limitaciones de activo y pasivo a las cajas de ahorros, obligando a dedicar el 50% de los excedentes a reservas antes de dotar a la Obra Social; definió los órganos de gobierno con la representación de impositores, de entidades de relieve, de la entidad fundadora, de entidades locales y del personal en la asamblea; dio facultades al director general para suspender acuerdos del consejo y equiparó funcionalmente a las cajas con los bancos, permitiendo además una expansión territorial hasta entonces restringida. Aquella reforma abrió en 1977 una nueva era para estas entidades ya que, a partir de entonces pudieron actuar como lo hacían los bancos. Más de tres décadas después, tras una evolución espectacular de su presencia en el mercado crediticio han salido de la crisis convertidas en bancos, o absorbidas por ellos. ¿Cómo hemos llegado a esto?

¿Tienen razón los que atribuyen el fracaso de la gestión de las cajas a la dependencia del poder político, reforzada por la LORCA (Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros), de 1985, que dio entrada en sus asambleas y consejos a los nuevos gobiernos autonómicos, que primó la representación de los ayuntamientos sobre los impositores y los empleados y eliminó el derecho de veto de los directores generales? ¿Se debe a que esa reforma permitió la profesionalización de los presidentes, dando luz verde a su posible función ejecutiva, o al estatus jurídico indefinido de las cajas de ahorros? ¿Tiene la falta de una propiedad clara, la ausencia de accionistas, algo que ver con la deriva que han experimentado? ¿Debió emprenderse antes su transformación en bancos comerciales convencionales, tal y como se hizo en Italia con la Ley Amato?

Muchas de estas preguntas y de sus eventuales respuestas están viciadas por apriorismos ideológicos. Las cajas de ahorros, a grandes rasgos, han sido víctimas de los mismos problemas que han afectado a tantas y tantas empresas y corporaciones sacudidas por el temporal de la crisis: falta de liquidez, escasez crediticia, crisis de los mercados, sobrevaloración del producto y eso que en términos económicos se denomina «exceso de capacidad instalada».

Su cercanía a la economía de la calle convirtió a las cajas de ahorros en un agente de primera magnitud, extendió, como había ocurrido con la prosperidad y el desarrollo, los vicios que las llevarían a la catástrofe y las convirtió también en víctimas de la crisis. Volver la mirada hacia los orígenes, hacia aquello que caracterizó a estas instituciones tan arraigadas inicialmente en la vida de sus pueblos y comunidades, repasar la evolución de sus mecanismos, sus actitudes y su funcionamiento, tal vez pueda explicar lo que ha pasado. Y puede que permita discernir qué hay que atribuir a errores humanos o de cálculo, qué a excesos o incluso a irregularidades delictivas en su gestión, y qué a defectos en su diseño.

Porque las cajas tuvieron una década prodigiosa, la comprendida entre los años 1990 y 2000, en la que supieron aprovechar la crisis bancaria y las fusiones para ganar cuota de mercado. Como, por ejemplo, las del Bilbao con el Vizcaya, del Santander con el Banco Central Hispano, del Urquijo con Caisse Depots, del Sabadell con el Banco Herrero, o del Banco de Valencia con el Banco de Murcia. Apostaron por el mercado doméstico mientras otros emprendían aventuras internacionales, como el BBVA y el Santander; recogieron gestores profesionales de la banca y crecieron económicamente con la clase trabajadora, que se convirtió en su mayoría en una clase media del Estado del bienestar.

Una acertada política de fusiones, la aplicación del foco sobre sectores como las pymes o la banca privada y la gran capilaridad de sucursales, con uno de los mayores ratios de cajeros por habitante de Europa (entre 2000 y 2008 pasaron de 19.268 a 24.895, para caer a 22.649 en 2010, mientras los cajeros automáticos de los bancos pasaron de 15.811 en 2008 a 15.227 en 2010), fueron algunos de los componentes del éxito. Las cajas también se subieron a la ola inmobiliaria e hicieron del préstamo hipotecario un producto estrella, al tiempo que formulaban alianzas con promotores, a través de programas de actuación integrada (PAI) o proyectos de actuación urbanística.

Y precisamente por aquí empezaron sus problemas a partir de 2007. La crisis atacó con gran virulencia a las cajas como consecuencia de los desequilibrios que arrastraban de la época de bonanza económica. La estrategia de crecimiento rápido en el sector inmobiliario, con una alta concentración de riesgos en la construcción, la promoción y la compra de viviendas, se sumó a otros factores. Así, se acentuaron problemas como las debilidades de la estructura de gobierno, que condicionaban la profesionalidad de la gestión; las peculiaridades de la forma de propiedad; los compromisos políticos que obligaban a financiar el sector público; las inversiones voluminosas y arriesgadas; la apertura de oficinas fuera del territorio tradicional con la compra de locales incluida; la morosidad endémica, superior al 14% (eso ocurrió más tarde, en el 2007 debía rondar el 8%); la falta de recursos propios (agravada por los acuerdos de Basilea, que elevaban la exigencia de capitalización del 8% al 10%) y, en definitiva, la falta de liquidez. Las cajas de ahorros dejaron de ser eficientes.

Por primera vez en su historia, las cajas de ahorros aparecían como un problema y no como parte de la solución de la crisis. La Unión Europea puso como requisito para el rescate del sector financiero español la condición de bancarizar las cajas y los costes han sido muy altos, dado que la situación requirió intervenciones de recapitalización y reestructuración (a través del FROB). La reforma legal de 2010 fue el aldabonazo para las intervenciones públicas, que exigían la recapitalización condicionada a la reestructuración y estipulaban que, para solucionar las debilidades y carencias, había un menú sobre el que las entidades podían escoger. En la práctica, fue el momento de los sistemas institucionales de protección (SIP) o fusiones frías.

Al final, solo dos entidades, Caixa Ontinyent y la Caja de Pollença, salieron del proceso siendo propiamente cajas de ahorros, con restricciones para que se dedicaran únicamente al negocio minorista. Otras entidades «sanas», como Ibercaja, Unicaja, La Caixa y las tres cajas vascas (Kutxa, BBK y Caja Vital) crearon bancos e iniciaron el proceso de convertir su anterior estructura de cajas en fundaciones bancarias, que en vez de asambleas tendrán patronatos para gestionar la antigua Obra Social. El resto se convirtieron en bancos desgajados de su Obra Social.

Mantenerse como cajas de ahorros solo persigue un objetivo: conservar la Obra Social. Pero, en teoría, para eso no hace falta seguir siendo cajas, basta con crear una fundación. Entonces, ¿qué podemos decir que se ha perdido con la desaparición de las cajas de ahorros? ¿Y por qué?

Del ahorrador de confianza al cliente engañado

Contaré al lector una experiencia vivida en Bocairent, el verano de 1967, en forma de película cinematográfica al estilo de Una historia verdadera, de David Lynch. Llevaba más de un año al frente de la sucursal de la Caja de Ahorros de Valencia, de reciente instalación, cuando un vecino mostró interés en hablar conmigo. Nos sentamos en el pequeño despacho de la sucursal y el visitante se quitó el abrigo para mostrarme el contenido de una caja de zapatos. La caja estaba a rebosar de billetes de mil pesetas, apretados y bien ordenados. «La caja se queda aquí. Usted cuenta el dinero y nos aconseja cómo ingresarlo», me dijo sin más. Esto es confianza.

Como dice Francis Fukuyama en Trust: «La confianza es la expectativa que surge en una comunidad con un comportamiento ordenado, honrado y de cooperación, basándose en normas compartidas por todos los miembros que la integran». Estas normas engloban también códigos de comportamiento que constituyen lo que se conoce como capital social. «El capital social consiste en una capacidad fundamentada en el predominio de la confianza en una sociedad o en alguno de sus aspectos. No basta con que los miembros de una comunidad esperen un comportamiento corriente. En numerosas sociedades donde el comportamiento es corriente pero no honrado, se espera que la gente engañe constantemente a los demás, y esto provoca un déficit de confianza. El capital social difiere de otras formas de capital humano en tanto que suelen crearlo y transmitirlo mecanismos sociales, como la religión, la tradición o los hábitos históricos. El capital social, el crisol de la confianza esencial para la salud de una economía, descansa sobre pilares culturales» (Fukuyama, 1998).

Así como un motor necesita de combustible para su funcionamiento, las necesidades de las cajas de ahorros se plasmaban en una demanda de capital que incrementara el nivel de recursos propios de las entidades financieras. La transformación de las cajas en fundaciones de carácter especial a través de la segregación de su actividad financiera y benéfico-social, traspasando la primera a otra entidad de crédito a cambio de acciones y manteniendo la segunda como actividad central de la propia fundación, fue supervisada por el Banco de España y regulada mediante cuatro activos financieros: acciones, cuotas participativas (inicialmente tan solo aplicadas por la Confederación Española de Cajas de Ahorros y la CAM de acuerdo a lo dispuesto por el decreto ley 11/2010), cuotas preferentes, y subordinadas.