Czytaj książkę: «Trayectorias migrantes: la juventud venezolana en el Perú»

Introducción

Desde el año 2015, la situación política y económica de Venezuela ha generado una profunda crisis que ha dado lugar a una masiva migración de personas hacia distintos países de América Latina y el mundo. En los últimos cinco años, un millón de personas venezolanas han llegado al Perú (OIM, 2020). Nuestro país, además, se ha convertido en la nación con el mayor número de solicitantes de asilo de nacionalidad venezolana en el mundo (R4V, 2021). Entre inicios de 2017 y junio de 2018, según la Superintendencia Nacional de Migraciones, han llegado 462 661 personas procedentes de Venezuela al Perú (OIM, 2018c). Estas cifras oficiales indican que un 78,8% han ingresado por la región Tumbes (2018c, p. 2). Se registra, además, un alto número de migración irregular en esta zona de frontera entre el Perú y Ecuador. Adicionalmente, el Perú tiene el mayor número de solicitantes de asilo de nacionalidad venezolana en el mundo (38,5%), seguido por Estados Unidos y Brasil (ACNUR, 2018b). Según la Comisión Especial para los Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores y ACNUR, 126 997 personas venezolanas habían solicitado asilo en junio de 2018 (OIM, 2018c, p. 2). Asimismo, de acuerdo con cifras proporcionadas a partir de una solicitud de acceso a la información, en el año 2019 se realizaron 259 838 solicitudes de la condición de refugiado en el Perú. Además, según la Plataforma de Coordinación para Migrantes y Refugiados de Venezuela, al 30 de junio de 2020, existían 496 095 solicitudes de la condición de refugiado pendientes recibidas por las autoridades peruanas. Para el Estado y la sociedad peruana esta migración masiva es un fenómeno novedoso, en tanto nuestro país se ha caracterizado por ser un lugar de origen o de tránsito de migrantes, no un lugar de destino.

Este escenario de migración masiva nos plantea la necesidad de investigar los proyectos y las estrategias migratorias de las personas venezolanas. Sin embargo, la novedad de esta problemática no ha permitido que el tema se aborde con rigor en los círculos académicos. Por ello, este libro se propone explicar los factores que sostienen las trayectorias migratorias de jóvenes venezolanos en el Perú según las etapas del proceso migratorio en las que se encuentran. Particularmente, los diferentes capítulos concentran su atención en los factores normativos, institucionales, materiales o económicos y sociales, así como su influencia sobre los proyectos y estrategias migratorias.

Para analizar los múltiples factores que configuran este fenómeno, los autores realizamos una investigación interdisciplinaria proveniente de las ciencias sociales, humanas y jurídicas con un enfoque de investigación cualitativa. Por un lado, la investigación jurídica permitió identificar, recopilar y analizar los principales instrumentos internacionales sobre migración y refugio, así como la normativa interna, incluyendo leyes, reglamentos, protocolos, directivas, entre otros. Se examinó cómo el Estado peruano ha optado poco a poco por un mayor control migratorio dejando sin opciones de regularización a la población venezolana. Por otro lado, la investigación social se enfocó en el paradigma del curso de vida, el cual permitirá observar en qué medida las políticas migratorias, analizadas desde la perspectiva jurídica, influyen y configuran en las trayectorias migratorias de los jóvenes venezolanos y en sus situaciones vitales. A ello se añadió un enfoque de género con el fin de analizar la subjetividad de las personas y sus propias trayectorias migratorias desde una perspectiva comparativa entre los sexos. La complementariedad entre estos tipos de investigación ha permitido explicar cómo las trayectorias migratorias son estructuradas por un conjunto de factores que se relacionan entre sí.

Asimismo, desarrollamos un mapeo de organizaciones de migrantes, entrevistas en profundidad y un análisis de la política migratoria en las tres regiones del Perú con mayor presencia de migrantes venezolanos: Lima, Tumbes y Tacna. Con la finalidad de introducir el tema de investigación, se presentan las principales fuentes de información sobre migración venezolana, aunque la información disponible es escasa y reciente debido a que se trata de un tema novedoso. Por esto, se elabora un balance de los aportes de la academia, así como las contribuciones de organismos internacionales y de organizaciones de sociedad civil. Este libro ofrece, por lo tanto, un panorama general sobre las migraciones de personas venezolanas de los últimos años en la región y más específicamente hacia Perú, a partir del contexto normativo que condiciona, en parte, el fenómeno.

1. El problema

De acuerdo con la Organización Internacional para la Migraciones (OIM), el número de venezolanos en el exterior aumentó de 700 000 a más de 1 600 000 personas entre 2015 y 2017 (2018a). Actualmente se estima que, a marzo de 2021, hay más de 5 500 000 de personas venezolanas en el exterior (R4V, 2021, p. 6). Si bien antes España y Estados Unidos eran los lugares de destino más recurrentes, en la actualidad existe un incremento en la migración a países de América del Sur (OIM, 2018b, p. 3). Esta migración está vinculada a una serie de factores entre los cuales destacan el deterioro generalizado de las condiciones de vida en todos los estratos socioeconómicos, el desabasto de alimentos y medicinas, y la hiperinflación y pérdida del poder adquisitivo del salario, a lo que se suman los problemas de la inseguridad y la violencia, así como una crisis política que ha puesto en riesgo derechos y libertades fundamentales.

Esta migración masiva ha sido de interés no solo para distintas disciplinas, sino también para los organismos internacionales y la sociedad civil, como lo muestra el informe presentado ante la CIDH por distintas organizaciones para la audiencia regional «Situación de derechos humanos de personas venezolanas en el contexto de la movilidad humana en las Américas». Dicho informe advirtió que el sueldo básico en Venezuela no superaba los 5 USD, lo que limita el acceso a servicios básicos de subsistencia y también las posibilidades de obtener documentos de identificación como el pasaporte, cuyos precios va desde 2000 a 5000 USD. Asimismo, entre las investigaciones que se han aproximado a este fenómeno se pueden encontrar dos grupos: las que se enfocan en el país de origen y las que se centran en el país de destino. En el primer grupo se encuentra el estudio de Tomás Páez (2014), el cual, al analizar el cambio de dirección de los flujos migratorios venezolanos, encuentra que para finales del siglo pasado y comienzos de este Venezuela había pasado de ser un país receptor de migrantes a un país expulsor de migrantes. Este estudio pionero caracterizaba el perfil que por entonces tenían los migrantes venezolanos y encontraba que sus principales razones para migrar eran principalmente la inseguridad y la vulnerabilidad económica.

La Oficina del ACNUR también ha llamado la atención sobre la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentran la población migrante venezolana. Se destacó, por ejemplo, que en marzo de 2018 las solicitudes de la condición de refugiado de personas venezolanas habían aumentado en un 2000% respecto de 2014, principalmente en países del continente americano (Kitidi, 2018). En este contexto, dicha oficina emitió la Nota de orientación sobre el flujo de venezolanos, en la que reconoció la necesidad de protección internacional de un alto número de personas venezolanas. ACNUR estableció lineamientos para el establecimiento de «mecanismos orientados a la protección que les permita una estancia legal a los venezolanos» e instó a los Estados que ya incorporaron la definición de Cartagena en su marco normativo nacional a aplicar esta definición (2018a, p. 2).

En relación con la bibliografía disponible sobre la migración venezolana hacia el Perú, cabe referirnos, en principio, a los informes de organizaciones internacionales. Dichos informes son el principal insumo para mostrar las características de esta migración. La OIM ha implementado la «Matriz de Seguimiento de Desplazamientos» (DTM) sobre el Monitoreo de flujo de migración venezolana en tres rondas. Estos tres estudios reconocen que el Perú es uno de los principales destinos para la migración venezolana y muestran un aumento de vulnerabilidad de la población. La DTM de la Ronda 3 de 2018 recolectó información de 700 personas venezolanas en Lima Metropolitana, principal ciudad de destino. Los rangos de edad de la mayoría de los entrevistados son de 18 a 24 años (27,3%) y de 25 a 29 años (25,8%) (OIM, 2018c, p. 4). Dos de los motivos por los cuales han decidido permanecer en la ciudad, aunque no sea su destino final original, son las condiciones socioeconómicas (44%) y el hecho de que les permite ahorrar para seguir su ruta migratoria (26,6%) (2018c, p. 11). Respecto de su situación socioeconómica, el estudio evidencia que la mayoría de personas se encuentran en una edad económicamente activa y que se desempeñan en el sector comercial, en el área de turismo, restaurantes o entretenimiento (61,9%), y en el sector de construcción, manufactura e industria (9,4%) (p. 6). Asimismo, señala que los migrantes venezolanos pueden verse expuestos a situaciones de explotación laboral, estafas e incluso trata de personas (p. 15). La OIM estima que la mayoría cuenta con algún tipo de nivel educativo (p. 15). Al respecto, la DTM de la Ronda 2 muestra que al menos un 60% de migrantes venezolanos son profesionales universitarios (OIM, 2017). Debido a que muchas de estas personas dejaron sus estudios sin concluir en su país de origen, la OIM advierte que existe un grupo importante de personas que requieren acceso a servicios educativos (2018c, p. 15).

Es importante notar que este informe advierte que la xenofobia, así como los discursos antimigración y antirrefugio, han crecido en los últimos meses (OIM, 2018c, p. 15). Así, el 35,3% manifestó haber sufrido agresiones discriminatorias (2018c, p. 13). En el caso de las mujeres, los actos de discriminación han sido motivados no solo por su nacionalidad y origen, sino también por su género (p. 13). La Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) ha realizado una evaluación del impacto del flujo de población venezolana en Brasil, Trinidad y Tobago, Guyana y el Perú. En el caso peruano, sus principales hallazgos revelan que las personas que ingresan por la vía terrestre requieren satisfacer de manera inmediata sus necesidades de alimentación y su acceso a los servicios públicos de salud, y que además se encuentran expuestas al tráfico humano con fines sexuales y laborales, y a redes de tráfico de personas, entre otros (FICR, 2018). En su análisis de riesgos, la FICR identifica el incremento del porcentaje de personas infectadas con VIH y la existencia de epidemias de sarampión, malaria, difteria y fiebre amarilla (2018).

Desde la academia se han publicado a la fecha diversos estudios sobre la situación actual de los migrantes venezolanos en el Perú. Estos exploran el fenómeno desde diferentes perspectivas, como la integración de la población venezolana en el Perú (Berganza Setién & Solórzano, 2019), la discriminación (IOP, 2020; Blouin, 2019), las respuestas latinoamericanas a dicha migración (Blouin & Freier, 2019; Acosta, Blouin & Freier, 2019), las medidas de la política migratoria adoptada por el Perú frente a esta migración (Briceño, Alonso-Pastor, Ugaz & Godoy, 2020), entre otros temas (Gandini, Lozano & Prieto, 2019). No obstante, hasta el momento, las trayectorias de los migrantes venezolanos no han sido exploradas desde ninguna perspectiva. Tal es, precisamente, el aporte principal de este libro.

Es relevante mencionar el análisis de Freier y Castillo (2020) sobre las reacciones políticas frente al desplazamiento de ciudadanos venezolanos. Las autoras argumentan que dichas respuestas han sido establecidas, en gran medida, por los poderes ejecutivos antes que por los parlamentos o los organismos regionales de integración, y se tienen que entender —por lo tanto— en el contexto del presidencialismo latinoamericano. Así, concluyen que las reacciones latinoamericanas frente al desplazamiento de ciudadanos venezolanos se diferencian en virtud de las acciones de los poderes ejecutivos, que se observan en la creación de instrumentos legales ad hoc, fundamentalmente mediante decretos, y en la aplicación de dichos instrumentos nuevos en lugar de la aplicación de normas regionales ya existentes, como la definición de refugiado de la Declaración de Cartagena.

Por otro lado, cabe destacar el trabajo de Blouin (2021) sobre las complejidades y contradicciones de la política migratoria hacia la migración venezolana en el Perú. La autora analiza cómo dicha medida peruana hacia la población venezolana se inscribe en una lógica de control migratorio. Asimismo, se analizan la ley de migraciones y la de refugio, así como el mecanismo político-jurídico del permiso temporal de permanencia a la luz de los conceptos de «política de control con rostro humano» y gobernabilidad migratoria. La conclusión de la autora es que, a pesar de contar con una renovada legislación migratoria, las respuestas del Estado peruano frente a la migración venezolana están ancladas en los conceptos de control y utilidad de la migración. Asimismo, la política de asilo, supuestamente más protectora, se ve también impactada por los discursos y las prácticas de control.

Desde las ciencias sociales se puede mencionar el estudio regional coordinado por CLACSO sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes venezolanos que viajan o han viajado, en particular, hacia el Perú (Cavagnoud & Céspedes Ormachea, 2019). El trabajo muestra los diferentes factores de vulnerabilidad en las áreas de salud, alimentación, educación y protección que afectan a los migrantes más jóvenes desde la etapa de salida de Venezuela hasta la llegada e instalación en el Perú. Resulta que la violencia en sus distintas dimensiones (físicas, verbales, sociales) está presente a lo largo de sus trayectorias migratorias.

2. El contexto normativo

Con la finalidad de comprender la migración venezolana en el Perú es necesario no solo recopilar las principales investigaciones sobre la materia, sino también tomar la normatividad como un punto de partida. El Estado peruano, luego de más de veinte años de vigencia de la Ley de Extranjería, adoptó una nueva ley de migraciones (decreto legislativo 1350) y su reglamento. Esta nueva normativa establece las normas de control migratorio y, a diferencia de la anterior, plantea algunas medidas dirigidas a otorgar residencia a personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad mediante la calidad migratoria humanitaria. Al respecto, Blouin (2021) ha concluido que, más allá de los principios proclamados por la nueva normativa, así como de la consolidación de nuevas calidades migratorias para grupos vulnerables, las prácticas que se han dado a raíz de estos, como la implementación de la visa, se inscriben en una lógica de control. En cuanto a la regulación del estatuto de refugiado, el Estado peruano ha ratificado la Convención sobre el Estatuto del Refugiado de 1951 y el Protocolo de 1967, y ha adoptado la definición ampliada de la Declaración de Cartagena de 1984. En el ámbito normativo interno ha adoptado, en 2002, la Ley del Refugiado y su reglamento. Esta normativa es la primera que regula la protección de personas refugiadas según el derecho internacional de los refugiados al establecer el principio de no devolución y no criminalización de las personas refugiadas, entre otros estándares internacionales. El sistema de asilo fue modificado de diversas formas en los últimos tres años (Blouin, 2021). Hasta mediados de 2019, se podía pedir refugio en la frontera mediante la presencia de la CEPR. Sin embargo, en junio de 2019 se empezó a implementar un procedimiento acelerado de las solicitudes de refugio en el Centro Binacional de Atención Fronteriza (Cebaf) de Tumbes (Amnistía Internacional, 2020). En este sentido, los numerosos cambios en la política migratoria y luego en el procedimiento de asilo tuvieron consecuencias sobre la población migrante y sus estrategias para la movilidad (Blouin, 2021).

Por otro lado, el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 tiene el objetivo estratégico de «garantizar el conocimiento y acceso a derechos en condiciones de igualdad para asegurar el desarrollo, integración y bienestar de las personas en situación de movilidad, en particular de aquellos especialmente vulnerables» (2021, p. 137). Si bien algunos temas, tales como la trata de personas, no se han incluido en la parte referida a movilidad humana, se han incluido a poblaciones nunca antes mencionadas en planes anteriores, como las que tienen necesidad de protección internacional incluyendo a las personas apátridas (Blouin, 2018).

Además, frente al incremento de movilidad de personas venezolanas, el Estado peruano ha adoptado progresivamente una serie de medidas normativas específicas. A inicios de 2017, se estableció el primer Permiso Temporal de Permanencia (PTP) para que los migrantes venezolanos que ingresaran al país accedan a una calidad migratoria regular y trabajen formalmente en el país. Mediante el decreto supremo 023-2017-IN, del 29 de julio de 2017, se adoptó el segundo PTP. Esta norma planteaba cuatro requisitos para conseguir este permiso: a) haber ingresado al país hasta el 31 de julio, b) haber ingresado de manera regular, c) no tener antecedentes policiales, penales o judiciales internos o internacionales, y d) no contar con una calidad migratoria vigente o buscar cambiar de calidad migratoria.