Colombia. El terror nunca fue romántico

CÓMO SOROS INFILTRÓ LA CORTE EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS

26 de febrero de 2020

GRAN REVUELO CAUSÓ ESTA SEMANA, EN los círculos políticos de París, la revelación de la revista Valeurs Actuelles sobre la galaxia «filantrópica» de Georges Soros. En un informe especial de 21 páginas, la revista conservadora explica que «entre los 100 magistrados que han trabajado en la Corte Europea de Derechos del Hombre (CEDH), entre 2009 y 2019, 22 tienen o tuvieron lazos directos con una de las ONG que dirige la Open Society Foundations (OSF), la red mundial del multimillonario americano de origen húngaro.

La CEDH de Estrasburgo no es un tribunal cualquiera: ese organismo le dicta su ley —y su ideología— a los 47 países signatarios de la Convención Europea de Derechos del Hombre.

Más precisamente: de los citados, no menos de 12 magistrados llegaron a esa Corte después de haber desempeñado puestos claves en la OSF o en una de sus ramas, sobre todo en la Open Society Justice Initiative.

Algunos fueron miembros sucesivamente de dos o tres de esas organizaciones bajo influencia. Seis pasaron por la OSF; cinco por la Comisión Internacional de Juristas; tres por Amnistía International; siete por la Red de Comités y Fundaciones Helsinki; uno por Human Rights Watch; uno por el Centro por los Derechos Individuales de Europa, uno por el Centro Internacional para la Protección Judicial de Derechos del Hombre.

El dinero para esa masiva operación de entrismo nunca faltó. Grégor Puppinck, un abogado que intervino durante varios años ante la CEDH, y que estudia este tema, acaba de publicar dos textos –un libro y un informe— en los que explica que Georges Soros ha invertido más de 32 mil millones de dólares desde 1984 en la creación y orientación de numerosas ONG con el objeto de imponer su visión en cuestiones jurídicas y societales al Viejo Continente.

Puppinck da cifras impresionantes. Por ejemplo, HRW ha recibido 100 millones de dólares americanos desde 2010 y la Comisión Internacional de Juristas recibió, sólo en 2017, 650 000 dólares. Amnistía Internacional recibió, en 2016, 300 000 dólares. El 40% del presupuesto de los comités Helsinki en 2017 vino de las donaciones de Soros.

Grégor Puppinck fue el primero en sorprenderse por el carácter intensivo de la infiltración de Soros en la CEDH. En 2011, él creyó que había en esa Corte sólo «uno o dos jueces Soros», y no miró más de cerca el asunto pues había jueces que eran masones o católicos «lo que es habitual en los juegos de influencia en todas las instituciones». Todo cambió en 2018 cuando se dedicó a reunir y analizar una gran masa de jurisprudencias de la CEDH para ver más claro cuáles eran los acentos ideológicos que permeaban esa producción jurídica. Ello culminó en la redacción de un libro intitulado Les Droits de l’homme dénaturé (Editions du Cerf, Paris) y, más recientemente, en el informe que Valeurs Actuelles reseñó.

El escándalo de los crucifijos fue lo que le abrió los ojos a Puppinck sobre los estragos que puede hacer la galaxia Soros en la vida europea. En 2006, una mujer acudió a la CEDH. Pidió que ésta prohibiera en las escuelas públicas de Italia la presencia de crucifijos pues ello «restringía el derecho de los padres a educar sus hijos según sus convicciones». Tres años más tarde, un magistrado de la CEDH, András Sajó, amigo de vieja data de Soros y miembro de la OSF, hizo parte de la sala que aceptó los argumentos de la demandante y la educación pública de Italia tuvo que ocultar los crucifijos. Escandalizada por tal injerencia, Roma le dio poder a Grégor Puppinck para que derribara esa sentencia, cosa que él logró en 2011. Sajó ya no era magistrado en ese momento.

Desde entonces, Puppinck investiga las operaciones de lobby en Estrasburgo. En su calidad de director del European Centre for Law and Justice (ECLJ) él afirma que la CEDH, bajo la presión de Soros, se está alejando del terreno de la justicia y «de la tolerancia y el espíritu de apertura sin los cuales no hay sociedad democrática» para darle más cabida a los prejuicios soristas favorables a la inmigración ilegal, la eutanasia, la diversidad social, el multiculturalismo, el derecho al aborto, el activismo LGBT, la adopción de parejas homosexuales, la aplicación de la sharia, la hostilidad a las legislaciones antiterroristas, la abolición de fronteras y de largas sanciones penales, la despenalización del consumo de drogas, la disolución de la familia tradicional y el debilitamiento de los gobiernos nacionales.

Esos enfoques son visibles en numerosas decisiones de esa corte en pleitos radicados en Francia, Reino Unido, Grecia, Italia, Austria, Polonia, Hungría, Suecia. En Francia, la eutanasia es ilegal. Sin embargo, la muerte por esa vía de Vincent Lambert, en julio de 2019, creó gran conmoción. Los padres del joven se oponían a la desconexión y obtuvieron el apoyo de la ONU y del mismo tribunal de apelación de Paris. Pero la CEDH no quiso volver a revisar el caso y Lambert murió.

En 2018, el Reino Unido fue acusado de violar los derechos del Hombre por su sistema de vigilancia masiva de comunicaciones en la lucha contra el terrorismo. La prensa bautizó el caso como «Big Brother Watch». La CEDH dictaminó que Londres «no satisface la exigencia de legalidad» por «insuficiente densidad normativa». (Suecia recibió el mismo trato en otro expediente). Esos casos no han terminado del todo, pero lo interesante es que de los 16 demandantes contra el Reino Unido, 14 son ONG, y de éstas 10 son financiadas por Soros.

Las ONG de la Open Society Foundations son capaces de atacar hasta los Estados mismos, mediante la técnica del «litigio estratégico»: un gobierno aislado debe hacerle frente a una nube de ONG hostiles. El objetivo es, según Puppinck, «obtener a partir de un caso concreto, la condena de prácticas o de legislaciones nacionales contrarias a los intereses o a los valores» de la OSF. Para ello es indispensable que haya «colusión entre las ONG que entablan las demandas y los jueces que dictan la sentencia».

«Desde 2009, en 185 expedientes, una de las siete ONG financiadas por Soros actuaron como demandantes, representantes o terceros interesados», afirma Valeurs Actuelles. Lo peor es que los jueces dictaron sentencia en 88 casos aunque ellos tenían un vínculo directo con una ONG sorista, sin que por eso se hayan declarado impedidos por colusión de intereses. En cuanto a los vínculos indirectos, Puppinck subrayó: «La cantidad de negocios que dejan ver un vínculo indirecto es tan grande que no llegamos a evaluarlos totalmente».

Los estudios de Grégor Puppinck no tocan lamentablemente la acción de la OSF en América Latina, donde emergen cantidad de ejemplos de injerencia sorista con graves consecuencias sociales. ¿Hasta qué punto existe un vínculo, directo o indirecto, entre la mano de Soros y el crimen cometido en días pasados en Colombia contra la vida de Juan Sebastián, un bebé no nato perfectamente viable de siete meses, abortado por decisión de su madre, pese a la oposición del padre, con el apoyo de un organismo privado? Los investigadores locales tienen la palabra.

COLOMBIA: SALUDABLE REPUDIO A LA INJERENCIA ABUSIVA DE LA ONU

2 de marzo de 2020

HE LEÍDO CON SORPRESA, PERO CON mucho agrado, las noticias sobre la actitud del gobierno del presidente Iván Duque ante la metida de patas del señor Alberto Brunori, agente de «derechos humanos» de la ONU en Bogotá y vocero oficioso del jefe socialista portugués Antonio Guterres. Admiro la posición asumida por la Casa de Nariño y sobre todo las declaraciones de Martha Lucía Ramírez, Vicepresidente de Colombia, y de Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa de Colombia, quienes rechazaron las extrañas exigencias del señor Brunori en el sentido de que el Ejército Nacional no intervenga en la contención de las alteraciones al orden público, que la Policía Nacional sea adscrita al ministerio del Interior y no al ministerio de Defensa y que el ESMAD sea «transformado» en un grupo de monaguillos.

En sintonía con la posición asumida por el jefe de Estado colombiano ante el insólito informe, los dos ministros refutaron el memorial de Brunori y explicaron que la organización interna de Colombia «no depende de ningún organismo multilateral». Fue una acertada respuesta a la acción excesiva del operador onusiano. Las declaraciones de Iván Duque, Marta Lucia Ramírez y Carlos Holmes Trujillo deben ser destacadas y saludadas.

En mis largos años de observación de la vida política colombiana no recuerdo haber visto una actitud tan clara, enérgica y patriótica, de altos responsables gubernamentales, frente a organismos internacionales injerencistas y menos ante los pronunciamientos de las 26 oficinas que la ONU ha podido incrustar en nuestro país para dictarnos una conducta particular, copiada casi siempre de cenáculos socialistas, como si Colombia necesitara tales ordenanzas.

La actitud habitual ante esas operaciones era la de la sumisión ante el extranjero, la del sometimiento y la de recibir palos en silencio. Lo que acaba de ocurrir ante la patanería de Brunori parece, eso espero, marcar el fin de esa actitud deshonrosa y humillante.

Lo de Brunori fue una grave torpeza que sólo podía desatar réplicas severas. Su informe es un monumento de unilateralidad y ceguera, que adopta la tesis de los extremistas, sobre todo de los farco-santistas, de que el gobierno «no está implementando los acuerdos». Es un texto que retoma las invectivas de «Timochenko». Brunori es conocido por ser un fanático partidario de la JEP.

A pocos les extraña que el único que sale a defender la impertinencia de Brunori sea el senador farco-madurista Iván Cepeda y los falsos senadores del pseudo partido Farc.

Ninguna de las agencias onusianas ha ayudado ni combatido al lado de Colombia en los momentos más dramáticos, como los que Colombia vivió por culpa de los grandes carteles de droga, en los años 80 y 90, ni en los periodos de grandes riesgos y sacrificios sufridos por el país por cuenta de la guerra asimétrica de las bandas centralizadas del narco-comunismo. Por el contrario, los aparatos de injerencia «diplomática» buscaron siempre crear confusión y parálisis, sobre todo en el seno de las fuerzas de defensa de Colombia. El estallido de indignación de hoy es el resultado de años de presiones indebidas.

Si Colombia existe todavía y no quedó fraccionada en dos o tres entidades territoriales como querían los enemigos del capitalismo y de la democracia representativa (tal era el propósito declarado de las Farc bajo la dirección de Alfonso Cano), es porque las fuerzas militares y de policía, el Estado y la sociedad colombiana, sin pedirle consejos a la ONU, estuvieron unidos y le hicieron frente a ese proyecto, como pudieron, sin importar los sacrificios y a pesar de sus debilidades económicas y de liderazgo, y lo derrotaron. La nación colombiana creció en medio de esas luchas y no puede seguir tolerando más, sin deshonrarse, la acción disolvente de burócratas arrogantes tipo Brunori, Michel Forst y compañía.

Las coerciones de Brunori y Forst no están desligadas de las intrigas de Michelle Bachelet —cuya actuación como presidente de Chile dejó sembrada la semilla de odio que hoy destroza a ese país—, quien está ahora tratando de imponerle al presidente Duque, de la manera más dictatorial, una de sus favoritas. Bachelet no acepta enviar la terna que le pide el presidente colombiano para escoger el sucesor de Brunori pues quiere asignarle la quechua-peruana Tarcila Rivera Zea. ¿A que vendría esa agitadora? ¿A soliviantar aún más las comunidades indígenas?

Espero que esto que vimos este 28 de febrero no sea flor de un día sino que corresponda a una toma de conciencia de los peligros que del exterior le caen a Colombia y a un deseo auténtico de recuperar la libertad del país en materia internacional y diplomática y de hacerlo saber a todos. Esta libertad supone ponerle fin a la presencia onusiana para que ese armatoste —así llamaba el General De Gaulle a la ONU—, quede libre de decir lo que quiera de Colombia pero desde Nueva York y Ginebra. Desde allá, podrá ver las cosas como son y no como dicta la nube de abejorros que llenan sus oficinas en Bogotá.

LE PIDEN AL PRESIDENTE DUQUE QUE ACTÚE PARA ATAJAR EL CRIMEN EN MASA DEL ABORTO

5 de marzo de 2020

RECOMIENDO LA EXCELENTE ENTREVISTA CONCEDIDA POR la abogada Ángela Vélez Escallón al exministro Fernando Londoño Hoyos, director del programa radial La Hora de la Verdad. Este 5 de marzo, la líder pro-vida de Colombia, hizo importantes declaraciones en esa conversación. Ella evocó el reciente asesinato de Juan Sebastián, bebé no nato perfectamente viable, cometido por Profamilia, una agencia pro-abortos de Popayán. También comentó lo ocurrido la semana pasada: la Corte Constitucional no se atrevió a llegar al extremo de legalizar, sin condición alguna, el aborto hasta las 16 semanas de gestación, como algunos magistrados habían hecho saber. «Pero seguimos en la misma tragedia», detalló la doctora Vélez, en vista de que esa corte dejó intactas las discutibles tres causales del aborto que están permitiendo el asesinato legal de miles de niños no natos en Colombia. «La situación sigue siendo muy delicada y hay que seguir en la lucha», subrayó la doctora Vélez.

Amplios sectores de la ciudadanía han expresado su repudio por el aborto monstruoso cometido por la mamá de Juan Sebastián y están pidiendo la abolición pura y simple de la doctrina de la Corte Constitucional (la cual es una aberración pues carece de respaldo constitucional y legal) que le está dando un barniz de legalidad a esa masiva atrocidad.

Ángela Vélez Escallón alertó a la opinión pública sobre «la embestida que prepara» en estos momentos el agresivo lobby del aborto para continuar su labor criminal, tras la ola de repudio que sacudió al país luego de la eliminación infame del bebé Juan Sebastián. Explicó que con el pretexto de velar por la salud de la madre la agenda abortista está llevando a la muerte a miles de bebés viables no natos.

Ángela Vélez Escallón denunció que el cuerpo del niño asesinado no ha sido entregado a su padre. Este intentó en vano impedir la muerte de su hijo en el vientre de la madre. La oficina abortadora que cometió ese crimen no ha querido entregarle el cuerpo del niño y no quiere dar explicación alguna sobre la atrocidad cometida. La jurista dice que no se puede excluir que Juan Sebastián haya nacido vivo, como ocurre en muchos casos de abortos tardíos. Se pregunta si Profamilia lo dejó morir en una caneca, como ocurre en los abortaderos de Estados Unidos. ¿Por eso es que no quieren entregar el cadáver de Juan Sebastián?

La abogada explicó que conoce el caso abominable de un bebé no nato que tenía aparentemente, según los médicos, «un problema en una mano». A pesar de que la anomalía no fue confirmada, alguien interpuso un recurso de tutela y con esa excusa el bebé viable, de casi nueve meses, fue ultimado. Ese crimen execrable, como, tantos otros, sigue en la impunidad total.

Fernando Londoño señaló que algunos de los patrocinadores del aborto utilizan el pretexto de «mantener la pureza de la raza», tema tomado del discurso de Adolf Hitler, lo que muestra el hecho gravísimo de que el país está regresando a estados de barbarie y de deshumanización asombrosos.

La líder pro-vida se preguntó qué tipo de sociedad estamos construyendo en Colombia cuando, sin trabas, hay campañas en las universidades que buscan suscitar en las jóvenes sentimientos contra la maternidad e incluso de odio contra el ser vivo que llevan en ellas, en el caso de las embarazadas.

Sectores de la opinión están pidiéndole a Iván Duque, quien se ha declarado «pro-vida», que sea consecuente y utilice sus poderes presidenciales para impedir que la industria del aborto siga llenándose los bolsillos con esa abyecta actividad. La líder pro-vida estimó que «no ve al gobierno planteando una opción real [frente al aborto], y que el presidente «dice que es pro-vida pero acepta y le parecen bien las tres causales el aborto. Esto me parece curioso».

Potcast de las declaraciones de Ángela Vélez Escallón:

https://www.youtube.com/watch?v=7gZJllFLD0o&feature=youtu.be

http://www.lahoradelaverdad.com.co/angela-velez-escallon-abogada-y-activista-pro-vida-habla-sobre-el-aborto-en-colombia/

¿EL «DERECHO A LA PROTESTA» ES UNA HERRAMIENTA SUBVERSIVA?

6 de marzo de 2020

SE HABLA MUCHO EN ESTOS DÍAS del «derecho a la protesta social». Algunos observadores estiman que ese «derecho» lo están «vulnerando los bandidos», es decir los vándalos y encapuchados que salen cuando los miembros del nefasto «comité del paro cívico» les dan la orden de ir a destruir las ciudades.

Pero los desmanes y devastaciones que comete esa gente no son expresiones del ejercicio de un «derecho». Son delitos que todo Estado de derecho sanciona.

El «derecho a la protesta social» no existe. No está consagrado en la Constitución nacional, texto que enuncia taxativamente los derechos de los colombianos. Ese derecho no es el resultado de la evolución jurídica de la sociedad sino, más bien, una concepción que unos le quieren imponer a la sociedad.

Es tan exitosa la campaña de hacer creer que hay un «derecho a la protesta» que el mismo gobierno colombiano supone que eso existe. Gina Parody, ministra de Educación bajo la presidencia de JM Santos, el 22 de abril de 2015, ante la inminencia de un paro cívico indefinido, declaró: «El derecho a la protesta no puede violar el derecho a la educación». Así, ella enunció una ficción (el derecho a la protesta) y un derecho real (el derecho a la educación) y les dio idéntica legitimidad.

El «derecho a la protesta» es un estandarte ideológico. Es el instrumento más valioso de quienes utilizan la violencia para impulsar una agenda política. Esa formación verbal es clave para el éxito de los desmanes. Sin ella es difícil darle a los medios una justificación de tales actos. Sin esa frase es imposible hacer pasar los actos violentos como una «crítica social». Desconfiemos pues de las frases con carga ideológica, donde la palabra «social» es un elemento central.

El prestigio del vocablo «social» es inmenso. Hayek decía: «‘Social’ fue cada vez más la etiqueta de la virtud preeminente, la cualidad que distinguía al hombre de bien, y el ideal que debía guiar la acción colectiva».

Es hora de examinar el asunto del lenguaje que fabrica la subversión. El uso de fórmulas retóricas ambiguas hace parte de la política de la manipulación de los espíritus. Es una verdadera guerra psicológica. La capacidad de reflexión y respuesta de la sociedad son adormecidas por la reiteración de esa propaganda.

Como ninguna constitución lo garantiza, el «derecho a la protesta» es una mentira. Una mentira tan grande como definir como «retención» el secuestro, como llamar a los terroristas «inconformes», como decir que las Farc son un «actor político», como decir que su violencia es un «discurso». Es una falsedad tan grave como decir que Ingrid Betancourt y los rehenes militares, encadenados a árboles durante años, eran «bien atendidos» por sus verdugos y que solo eran encadenados «esporádicamente». Es tan infame como decir que los cautivos de las Farc eran los responsables del maltrato que sufrían pues habían intentado escapar.

Sin tal distorsión del lenguaje los crímenes de los violentos serían perseguidos seriamente por la justicia. Empero, ante los destrozos humanos y materiales, las autoridades y la ciudadanía quedan perplejas el primer día, pero olvidan todo unas horas después. El tal derecho «a la protesta social» sirve para eso.

FECODE ha hecho mucho para popularizar el «derecho a la protesta» y para convertirlo en un derecho «social». Siempre que puede repite: «La protesta social pacífica es un derecho de todos los ciudadanos en una democracia. No puede ser ni estigmatizado, ni violentado». Es decir, el Estado no puede reprimir los desmanes pues eso sería violentar y/o estigmatizar un «derecho social».

Encontramos defensores de eso en los lugares más insólitos. Una decana de la Universidad de Los Andes inventó algo muy curioso: que el Estado debe ser «neutro» ante las «manifestaciones» y que no puede advertir a la sociedad sobre los efectos de ciertas protestas pues eso equivale a «atemorizar a los jefes de la protesta» y violar esa pretendida «neutralidad». Para que no quedara duda, ella puso este ejemplo: «Utilizar la fuerza para impedir que la protesta social bloquee una calle no es legítimo porque eso disuelve la protesta». Gracias a ese embuchado anarquista, a esa fantasía sin soporte, el Estado como servidor de la comunidad desaparece. Así va el estudio del Derecho en la universidad colombiana.

Gracias a ese tipo de artimañas, FECODE fue más lejos y beatificó los paros cívicos al definirlos como «movilización social continuada y articulada». Hasta los más entendidos mintieron al respecto. El antropólogo Gonzalo Sánchez, de la Universidad Nacional, estimó hace poco que «la protesta social estaba criminalizada» durante los gobierno del expresidente Uribe. El primer director del Centro Nacional de Memoria Histórica (en tiempos de Santos) afirma sin sonrojarse que combatir el terrorismo es «criminalizar la protesta social».

El 21 de noviembre de 2019, FECODE proclamó: «No a la criminalización y restricción del derecho a la protesta social. Todos a las calles en el paro nacional del 21 de noviembre de 2019, contra el Paquetazo de Duque». Ese «derecho» terminó en los desastres que conocemos: saqueos, disturbios y parálisis en varias ciudades, tres policías destrozados por una bomba en el Cauca, 70 uniformados, entre ellos 14 mujeres, agredidos brutalmente, y 57 ciudadanos lesionados.

La teoría de la decana de «no atemorizar a los líderes de la protesta» antes de ésta produjo los efectos esperados: la sociedad fue agredida sin que el Estado tomara medidas previas para impedir que ese paro cívico termina en semejante caos. En los textos de algunos teóricos del CINEP la narco-guerrilla Farc es mostrada como una expresión de la «protesta social» que responde ante la «desigualdad social».

La periodista Isabel Caballero Samper también aporta su contribución a tal confusión. Ella escribió: «El derecho a la protesta social es un derecho muy importante porque se utiliza para lograr el cumplimiento por parte del Estado de los derechos fundamentales. Por eso es aceptable que en ciertos momentos afecte algunos derechos de otras personas como el derecho a moverse libremente por la ciudad».

Asombra saber que una periodista acepte que los derechos de los otros puedan ser «afectados» por alguien que quiere imponerse por la fuerza. Su idea sobre el origen de un derecho es grotesca. Los particulares no pueden crear caprichosamente «derechos» utilizando las vías de hecho. Esa visión es bárbara. Un derecho no existe por el hecho de que alguien lo «utiliza», es decir, por tomarse el derecho de hacer algo. Si eso fuera así, el derecho a asesinar podría dejar de ser un crimen. Un derecho surgido de una práctica exige ser rectificado por la legislación. Eso es así en las sociedades organizadas, desde los tiempos de Licurgo y de las Doce Tablas de Roma.

Tras leer con atención los textos que nos hablan del pretendido «derecho a la protesta social» observamos que sus actores son incapaces de ubicar el lugar donde se encuentra ese derecho en la Constitucional nacional. Algunos creen verlo en la Declaración universal de Derechos del Hombre. Tampoco es cierto.

En realidad, no hay una sola palabra sobre el «derecho a la protesta» en la Constitución de 1991. Ese «derecho» tampoco hizo parte de la Constitución de 1886. Si ese derecho no aparece en nuestra Carta no puede aparecer en ningún código. Y si aparece esa formulación es inconstitucional. Las dos jurisprudencias de 2017 de la Corte Constitucional que, según algunos, validan el «derecho a las protestas» (sic) son por eso de muy dudosa estirpe.

La Constitución consagra los derechos fundamentales de los colombianos (Titulo II, capítulo 1). Allí están consagrados los derechos principalísimos: por ejemplo, el derecho a la vida, a nacer libres e iguales en derechos; a no ser torturados; a la libertad de conciencia, de cultos. Ese título consagra, entre otros, la libertad de expresar y difundir pensamientos y opiniones, de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, de circular por todo el territorio nacional. El artículo 56 garantiza el «derecho de huelga salvo en los servicios públicos». El artículo 258 dice que el voto es un derecho y un deber ciudadano.

El social-liberalismo y los marxistas tratan de hacer creer que la Constitución garantiza un «derecho a la protesta». Empero, el artículo 37, que algunos citan como el fundamento de ese derecho, habla explícitamente de otra cosa: del derecho a «reunirse y a manifestarse públicamente y pacíficamente». La subversión cree ver en esa frase el «derecho a la protesta». Incluso creen ver allí el «derecho a la protesta social». Pero como es imposible hacerle decir eso a la Constitución acuden a un experimento culinario: echan en una licuadora el artículo 56 de la CN, que garantiza el derecho de huelga, y le agregan el artículo 37, ya visto, ponen en marcha la licuadora y de eso sale un jugo maravilloso: el derecho «a la protesta social».

Que bella impostura.

Un derecho fundamental, que no requiere un desarrollo legislativo ulterior, o una reglamentación, debe ser mencionado exacta y explícitamente por la Constitución. La Constitución no habla en ningún momento de «derecho a la protesta».

Es imposible hacer creer que «protestar» es igual a «reunirse» y a «manifestarse públicamente y pacíficamente». Protestar es «mostrar con fuerza su desacuerdo o descontento». La palabra castellana protestar viene del latín proteste, que significa «afirmar con fuerza y públicamente». El constituyente supo que en el término «protesta» hay siempre el elemento de la fuerza. Por eso evitó utilizar esa palabra. En cambio, creó el derecho a «manifestarse públicamente» y agregó inmediatamente el adverbio «pacíficamente» para no crear un vacío por donde pudiera deslizarse la idea de que la manifestación violenta es un derecho.

Ese desplazamiento de sentido del artículo 37 de la CN es lo que tratan de implantar oficinas como el CINEP, FECODE y algunas fuerzas para impedir toda discusión sobre sus métodos «de lucha» y sus ideales políticos. Para ellos la protesta, incluso la protesta violenta, es un derecho, algo que la ley permite. Incluso pretenden que es un derecho que el Estado no debe reprimir ni castigar. Esa creencia es inaceptable por ser antisocial.

¿La Constitución colombiana no es democrática, ni republicana, ni garantista, ni «social» por no haber incluido ese «derecho»? Claro que no. La Constitución colombiana no deja de lado ningún derecho propio de la sociedad democrática. Los defectos de la Constitución de 1991 no están en la enumeración de libertades y derechos. Sus problemas son de arquitectura y de la relación entre los tres poderes y sus controles mutuos.