Paz decolonial, paces insubordinadas

En el campo de la colonialidad territorial se explicita ya este cambio desde la transformación estructural de la agrodiversidad de los citados oasis (Ortega Santos, 2015), pero también con los procesos de desaparición de los propios pueblos originarios a manos del proceso de colonialidad bioterritorial. Los pueblos originarios fueron “oficialmente extintos” a la altura de 1750, tras las revueltas acaecidas en los Oasis de Todos los Santos por esa fecha. Revueltas contra los soldados herederos del poder colonial que enajenaron y transformaron la ocupación jesuítica en poder territorial orientado a la enajenación privada de los terrenos con vocación minera. Este salto de la mano del soldado Miguel de Ocio, a partir de 1752, marca y delimita lo que en el tiempo podemos llamar como la primera ruptura de la paz territorial colonial. Esta paz colonial se asentó en una antropización de las tierras destinadas a los objetivos de la apropiación colonial –ampliada y completada con la entrada de la minería extractiva de El Boleo en San Antonio- y una eliminación de pueblos originarios. Subyace un territorio que se sedimenta en una matriz de paisaje, conformado según una colonialidad eurocéntrica y orientado al consumo de los grupos de nuevo asentamiento que sedentarizados fueron convertidos en mano de obra de las misiones-huerta de las órdenes religiosas y luego de los nuevos colonos europeos volcados en la producción agropecuaria (Crosby, 1994).

Desde la segunda mitad del siglo XIX, con base en estas estrategias, la sociedad ranchera se extendió por el territorio, aunque permaneciendo relativamente aislada en sus oasis. Esta situación cambió con el advenimiento del Porfiriato (1875-1910), cuando la economía mexicana se encaminó hacia el capitalismo liberal, mediante la inversión extranjera y la política de concesiones territoriales y para la explotación de recursos naturales. En la península y sus costas del golfo de California, la extracción de cobre, plata, nácar y perlas atrajeron la atención de grandes capitales internacionales, abriendo la región a la economía mundial (Cariño y Castorena, 2007). El territorio de los oasis no fue concesionado, pero si sufrió la influencia de esa apertura. La demanda exterior (tanto nacional como extranjera) de los frutos de los oasis más grandes y productivos alteró la agricultura oasiana tradicional -destinada fundamentalmente al consumo local-, promoviendo su orientación hacia la comercialización. El patrón de cultivos no fue modificado, ya que la producción continuó centrada en aquellos introducidos por los misioneros (caña de azúcar, cítricos, hortalizas, vid, olivo y frutales), pero los volúmenes de producción de los cultivos exportados sufrieron un incremento considerable.

Por tomar un ejemplo, entre 1880 y 1940 la caña de azúcar fue el cultivo más importante (tanto en volumen como en valor) de la producción orientada al mercado exterior. Durante la década de 1880 el valor de su producción casi fue igual al de toda la producción frutícola, una pequeña parte de la producción se vendía fresca y la mayor parte se usaba de forma procesada en grandes ingenios en los que se producía la panocha26, que es una forma de melaza regional. La decadencia de la producción de caña a partir de mediados de 1940 (Urciaga, 2008) se debió a la sobreexplotación del agua y al agotamiento de la fertilidad del suelo en los oasis; también influyeron factores externos, tales como la competencia de otras regiones del trópico húmedo, la preferencia por el azúcar refinado y la fluctuación del precio de este producto en el mercado internacional.

Por lo tanto, las transformaciones introducidas durante este período histórico en los oasis sudcalifornianos fueron más significativas desde el punto de vista de la cultura de la naturaleza, que desde el de la economía. La mentalidad colectiva de las sociedades rancheras de los oasis, que orientaron su producción hacia la comercialización, llevó al abandonó lento, pero inexorable, de los principios de austeridad, autosuficiencia y uso racional de los recursos. Esta situación fue la sentencia de muerte de la oasisidad en esos oasis, pues las aspiraciones de las familias más pudientes no se encontraban ya en los oasis, sino en las ciudades, donde sus hijos pudieran hacer estudios superiores y tener un tipo de vida moderna. El envejecimiento de la población que permaneció en los oasis fue concomitante al proceso de descentralización de su agricultura (como explicaremos en el siguiente apartado) y el abandono fue inevitablemente en aumento.

Figura 2. Evolución histórica de la población total de San Miguel de Comondú, 1900-2010

Fuente: Cariño, Ortega y Castrorena (2013).

A mediados del siglo XX las comunidades oasianas habían transformado su relación con el entorno desde una simbiosis reproductiva metabólica hacia una apropiación de recursos orientados al mercado local, nacional o internacional. Es por ello por lo que podemos consignar que las tierras sudcalifornianas vieron cómo su manejo fue inserto en un proceso de extracción capitalista a gran escala que también creó una nueva narrativa de la modernidad y desarrollo, devenido del modelo de gestión orientada al turismo, la explotación minera y la agricultura intensiva, nacida como secuela de la Revolución Verde. Los habitantes de las huertas-oasis sufrieron un intenso proceso de emigración y envejecimiento a manos de la modernidad capitalista. El “éxito productivo de los oasis” y la expansión de la Revolución Verde al norte en el Valle del Vizcaino (volcado a monocultivos monoclonales como algodón, maíz y trigo) propiciaron la pérdida de la población de estas comunidades, junto a la emergencia del turismo de masas en el sur de la península. Por todo ello, podemos consignar que el modelo de manejo sustentado en la modernidad capitalista tuvo éxito al asentarse, sin que se tenga información sobre niveles de conflictvidad cotidiana, más allá de los registros sobre el proceso de destrucción violenta de los pueblos originarios. Esta productividad desarrollista del modelo permitió considerar la existencia de una paz territorial moderno capitalista en el ciclo largo. Pero la memoria biocultural sobre estos territorios no quedó sojuzgada de forma definitiva.

Como indica la Figura 2, referida a una de las principales misiones-huertas (oasis) en San Miguel de Comondú, las tierras sufrieron de forma intensa el abandono o la marginalidad, al permanecer en las mismas una población envejecida, con edad media superior a los 65 años, por lo que la construcción de modelos alternativos de desarrollo o sustentabilidad comunitaria puede estar en serio riesgo de viabilidad.

Actualmente la oasisidad subsiste en unos cuantos de los oasis sudcalifornianos que han fungido como regiones refugio para la memoria biocultural (Toledo y Barrera-Bassols, 2008) sudcaliforniana. Pero desde mediados del siglo XX las transformaciones socioeconómicas provocadas por la modernización de la economía de Baja California Sur y su integración a la globalización agudizaron el olvido de los valores de la oasisidad (Cariño et al., 2013) con servicios sociales de rango inferior en equipamiento en educación y salud (Breceda et al., 1997).

La decadencia de la agricultura de las huertas de los oasis inició con la irrupción de la agricultura tecnificada, a través de la imposición de la Revolución Verde (desde 1950) en los amplios valles de la península, y se acentuó con la producción para la exportación de hortalizas orgánicas en invernaderos desde los años 1990 (Cariño et al., 2012). El crecimiento de las ciudades como La Paz, Mulegé y Loreto, y de los centros turísticos como Los Cabos y Todos Santos, atraen a la ahora empobrecida y marginalizada población ranchera, que abandona sus oasis en busca de trabajo. Estas mismas zonas urbanas, al bombear el agua de los acuíferos y manantiales, han provocado la desecación de los oasis más cercanos. La especulación inmobiliaria ha destruido por completo los oasis costeros, como San José del Cabo. La oasisidad es una cultura amenazada por el peligro de expulsión.

7.5 EXTRACTIVISMO COMO RUPTURA DE LA RELACIÓN BIOCULTURAL CON EL TERRITORIO. TENSIONES Y LUCHAS SOCIOAMBIENTALES

A lo largo del siglo XX, a manos tanto del despojo por los nuevos commodities que suponen el turismo de masas y la minería a gran escala, se activaron los procesos de lucha y resistencia por la culminación de una reconciliación con el territorio, en cuya trayectoria histórica han jugado un papel central las ONG y grupos internacionales de lucha que son los facilitadores de un discurso de conservación del territorio bajo las figuras de ámbito nacional e internacional (Reservas de la Biosfera, Áreas Naturales Protegidas, sitios Ramsar, etc.). Esta práctica es considerada como otro hito más en la ruptura de la memoria del territorio por parte de las comunidades campesinas o pesqueras, que ven inmersos sus territorios en proyectos de protección que son solo un acicate más de la “commodificación” de sus tierras. Esto es lo que nos permite hablar de un camino hacia la ruptura total con la paz colonial moderna capitalista, reinstaurando una lógica de relación simbólica de territorios con comunidades.

Esta reflexión sobre la asimetría comunitaria con el territorio es el eje sobre el cual se inserta una práctica de despojo ontológico de las comunidades originarias, que no supone la desaparición de la memoria de estos pueblos. Esta recuperación en el tiempo presente es lo que denominamos paz con el lugar. Con las movilizaciones de inicios del siglo XXI, se comenzó un nuevo ciclo de resistencia en el noroeste de México; una lucha anti-minera que se extiende a nivel global, no solo en los sures, sino también en el norte global. Desde las luchas por el mantenimiento de la Reserva Biósfera Sierra de la Laguna, hombres y mujeres generaron prácticas compartidas de lucha que se propagan por el territorio urbano y rural. Nuevos y viejos cuerpos y ontologías emergen como aglutinantes de lucha decolonial ante el nuevo ciclo de extracción de commodities. No es solo un ciclo de impacto de minería, sino de despojo territorial a gran escala en régimen de concesión con altos niveles de facilitación por parte de los gobiernos de diferente escala y nivel. La contaminación por uso de químicos en las diferentes fases de obtención de metales es resultado de la existencia de más de 200 concesiones mineras con una superficie superior al 12 % del territorio, el cual se encuentra tensionado entre un conocimiento experto, tanto de la mano de la minería a cielo abierto como del lado opuesto, bajo la estrategia de la declaración de un alto porcentaje de territorio bajo diferentes formas de protección socioambiental, junto a un conservacionismo científico que no fue obstáculo en la salvaguarda de estos territorios de la exacción territorial de la minería27.

Como bien indican Ruiz (2014) e Ibarra Meza (2018), las amenazas de la minería a cielo abierto son múltiples y diversas:

1 Afectación de aguas subterráneas para captación, que deviene en merma o imposibilidad de usos humanos.

2 Desestructuración territorial con la desaparición de la cultura ranchera y oasiana en sus diversas modalidades de ocupación del territorio.

3 Desequilibrio en sectores emergentes de alto nivel de empleabilidad, como es el turismo de masas, convertido y percibido por la comunidad como un input emergente de la modernidad capitalista como paradigma socioeconómico.

Como muestra el Panorama Minero del Estado de Baja California Sur (SGM, 2017), hasta las actuales concesiones mineras, el camino ya se recorrió en la primera fase de ontología extractiva del territorio con la Minera El Triunfo-San Antonio desde mediados del siglo XVIII, cuyo primer envite fue el Real de Mina de Santa Ana (1748). Este viejo-nuevo colonialismo extractivista que se nutre de una reconversión de los cuerpos y los territorios subalternizados, no es más que la continuidad de un colonialismo histórico extractivista que solo inicia nuevos ciclos expansivos. Como señala Ibarra Meza (2018), la Reserva de la Biosfera de Sierra de la Laguna (Rebisla) se implementa sobre los bienes mineros de largo ciclo, con especial incidencia en los territorios de amortiguamiento especial.Sierra La Laguna es un macizo montañoso de características naturales únicas, que le convierten en un lugar excepcional. Desde hace alrededor de 34 años un grupo de investigación del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) señaló las características notables del conjunto de serranías que se conocen como Sierra La Laguna. En 1984, la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, inició formalmente los trabajos para lograr el estatuto de Área Natural Protegida, bajo la categoría de Reserva de la Biosfera. En 1988 la secretaría contrató al Cibnor como responsable de los estudios que permitieron justificar el decreto del área. Pasaron seis años antes de que la propuesta fuera retomada, hasta que el 6 de junio de 1994 se publicó el decreto presidencial en el Diario Oficial de la Federación, que declaraba la creación de la Reserva de la Biosfera “Sierra La Laguna” con una extensión total de 112,437-07-25 hectáreas. Entre 1995 y 1996 el Cibnor realizó los primeros trabajos para integrar el Programa de Manejo de la Reserva, que luego de un largo proceso de consulta pública entre un conjunto diverso y plural de actores sociales y con el consenso de los habitantes de la reserva, se publicó en noviembre del 2003.

La reserva forma parte, además, de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, protegidas por la Unesco, y es la principal fuente de agua del sur de la entidad, ya que de ella depende la recarga de los mantos freáticos que proveen de agua a las principales ciudades, pueblos y localidades rurales de los municipios de La Paz y Los Cabos, que concentran más del 80 % de la población estatal. Esta es la principal razón por la cual el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida es fundamentalmente un movimiento social urbano, al que se han sumado la ciudad de Todos Santos, cuyo acuífero no presenta déficit, pero la salud de sus mantos freáticos se vería comprometida por las explotaciones mineras.

7.6 RESISTENCIAS DECOLONIALES. EN PIE DE LUCHA FRENTE A LA CIVILIZACIÓN DE MUERTE

A partir del año 2009 se iniciaron las luchas contra el ciclo de extractivismo minero en la Reserva de la Biosfera, aunando ya esfuerzos de resistencia desde lugares cercanos como Todos los Santos, La Paz y Los Cabos en el sur de la península (lugares referenciados con anterioridad como puntos nodales de Oasis a lo largo del tiempo contemporáneo). Este nivel de lucha y resistencia amplían su discurso al defender su territorio como lugar de vida amenazada por una civilización de muerte, eje vertebrador de la perspectiva metodológica en el que se asienta este texto, responsable de la ruptura de la conciencia de lugar que ahora con estas luchas se ubica en el centro de la nueva cultura de paz con el lugar.

Este ciclo extractivista o de posdesarrollo supone una ruptura con el modelo de paz colonial que la modernidad capitalista había impreso en el territorio. El modelo neoextractivista minero de saqueo es solo la acentuación extrema del capitalismo cronificante de una civilización de muerte en el territorio, fracturando lógicas de supervivencia y estableciendo una nueva biopolítica del poder. Agricultura, ganadería y usos tradicionales agroforestales son reubicados en los márgenes periféricos del modelo de desarrollo, solo que ahora en forma de saqueo; saqueo colonial protagonizado por nuevos actores, pero como una renovada forma de colonialidad del territorio que no había tenido parangón hasta el momento.

En 1994 se promulgó la declaración de Reserva de la Biosfera de la Sierra de la Laguna (bajo administración de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas) y, además, fue inscrita en la Red Mundial de Reservas de Biosfera del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB). Un ejemplo es Echo Bay, que buscaba en el período 1978-1997 explotar el oro de más de 150 hectáreas en la zona de amortiguamiento de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) (como indica Ibarra Meza, 2018). En 2002 Vista Gold compró el proyecto Paredones Amarillos S.A. de C.V., ingresando la manifestación de impacto ambiental en agosto de 2007, en el contexto de explotación de sus condiciones de producción, con autorización de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira).

Un papel central en este elemento de resistencia decolonial viene de la mano de la trama de Organizaciones No Gubernamentales que habitan, nutren y revierten su accionar ambiental en defensa del territorio del golfo de California. Defiendelasierra.org fue uno de los primeros actores constituyentes de este proceso alrededor de la divulgación de la resistencia, con la publicación de los resultados de los análisis a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de Los Cardones. En esta publicación se evidenciaba el impacto sobre los niveles de extracción de agua y capa freática, del desmonte territorial intensivo con zanjas hasta la capa freática, que había conducido “a la extracción de más de 40 toneladas de oro a lo largo de un ciclo de vida útil de 10 años, con una externalidad negativa de más de tres toneladas de desperdicio por gramo de oro producido por lo que podemos evaluarlo en 47,000,000 de kilogramos diarios” (Defiendelasierra.org, 2015, p. 1).

Todos los Santos, uno de los primeros oasis de ocupación jesuítica, de clara vocación agropecuaria a lo largo de más de dos siglos, hasta el boom del turismo de rango amplio, hace no más de tres décadas supuso el primer punto de inflexión de la resistencia con el papel protagónico de mujeres (Elena Moreno y Alessandra Ugolini), de la que nació Agua Vale Más que el Oro (AVMO), una de las organizaciones de la sociedad civil forjadas en el calor de la lucha. Paredones Amarillos S.A. de C.V., con su filial de desarollos Zapal, emprendió el proceso de puesta en marcha de su proyecto minero en la Delegación de San Antonio, dentro, como ya indicábamos, de la zona de amortiguamiento especial de la Reserva de la Biosfera de Sierra La Laguna. A la par que en Los Cabos, se crearon dos grupos: Quaayaip y Sociedad Organizada Sudcaliforniana. El nivel de lucha y resistencia consiguió revertir la fase inicial del proceso, frenando la minería a cielo abierto, reinsertando el problema en la agenda política y abriendo un debate sobre la dimensión toxica de la minería o la apuesta por una cosmética verde del impacto minero (minería verde-minería sostenible).

La Paz y Los Cabos son municipios ubicados al sur de la península, con más de 500 000 habitantes entre ambas entidades, suponiendo el mayor nivel de concentración de población de toda la península, con más del 85 % en zonas urbanas. Con una decidida vocación al turismo como eje socioeconómico, las actividades terciarias generaron más de 87 624 millones de pesos en el Producto Interno Bruto (PIB) del Estado, sobresaliendo el comercio, con 20 689 millones de pesos, seguido de servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas, con 18 152 millones de pesos. La minería solo aportó 4 175 millones de pesos. En este contexto socioeconómico y poblacional, en la jurisdicción de La Paz existen 244 843 hectáreas concesionadas a minería, lo que representa 12 % de la geografía municipal. En Los Cabos son 244 843 hectáreas orientadas a la actividad extractiva, de las 345 151 hectáreas que tiene la superficie municipal, lo que equivale a un 70.9 % (MAS, 2008).

Desde la irrupción del ciclo de la minería, la ruptura de la paz colonial basada en la modernidad capitalista ha abierto un nuevo ciclo de protesta a escala ampliada en la defensa de los territorios. Este ciclo suma tres elementos subsumidos en la narrativa de las luchas decoloniales pero emergentes en este nuevo momento: defensa del territorio como lugar de vida frente al capitalismo como civilización de muerte, transversalidad de la resistencia entre diferentes sectores sociales y grupos ambientalistas y, por último, la reactivación de identidades de grupos originarios (pericúes, cochimíes y guaycuras), como discurso identitario legitimador de la vuelta a la paz, a la reconciliación con los lugares habitados desde antes de la colonia. Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), como la Sociedad de Historia Natural Niparajá, junto con el Grupo Tortuguero La Playita, SOS, Decide AC, Agua Vale Más Que el Oro, Centro Mexicano de Defensa Ambiental (Cemda), Asociación Interamericana de Defensa Ambiental (AIDA), Medio Ambiente y Sociedad (MAS), Frente en Defensa del Agua y la Vida, Vida y Prosperidad, entre otras, se han dado a la tarea de generar la plataforma Defiendelasierra.org. Sectores diversos en un nuevo contexto político, al igual que varios miles de personas, protagonizaron manifestaciones masivas en septiembre 2018, auspiciando la publicación del documento titulado 12 razones para rechazar el proyecto minero Los Cardones, siendo propiedad de las empresas mineras Invecture Group y Frontera Mining Company, la primera relacionada con Grupo Salinas y el multimillonario Ricardo Salinas Pliego.

Pero sin duda, la principal externalidad negativa del impacto de la minera es la situación de contaminación o disponibilidad del agua, argumento central de los discursos ciudadanos frente a la burocracia legitimante de la actividad minera en el contexto gubernamental. En esta documentación de conocimiento experto que se cogeneró entre la ciudadanía y grupos no gubernamentales se dispone de cuantificación sobre la externalidad negativa de la minería: la liberación al ambiente de cromo (Cr), plomo (Pb), mercurio (Hg) y arsénico (As) por la extracción 40 toneladas de oro que, a su vez significa procesar 40 millones de toneladas de material (Niparajá, 2018). La empresa pretende desmontar entre 543 o 506 hectáreas de la zona de amortiguamiento de la Reserva Biosfera Sierra La Laguna, cuyo cráter es de 76 hectáreas. No es el único proyecto, dado que, de forma simultánea, en el antiguo Distrito Minero de San Antonio-El Triunfo existe otro proyecto de capital canadiense llamado La Pitaya, de Argonaut Gold, para extenderse sobre 756 hectáreas en las serranías, con el fin de efectuar minería de oro a cielo abierto con un cráter de 66 hectáreas con 200 metros de profundidad.

La preocupación ciudadana se ha ido ampliando con un mayor nivel de información pública. En 2003, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ordenó al Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental (Cenica) la elaboración del documento Remediación de sitios contaminados por metales pesados en Baja California Sur.

En San Antonio-El Triunfo este estudio detectó zonas de riesgo con “alto contenido de metales tóxicos, especialmente residuos de cenizas de tostación, puede plantearse su contención o recubrimiento con material impermeable, con el objeto de evitar la dispersión y lixiviación de los contaminantes” (Cenica, 2003, p. 28). En el caso de Santa Rosalía, reconoció alto contenido en los jales (60 g/kg). La compañía El Boleo, en ese entonces de capital francés, produjo 370 millones de toneladas de desechos sólidos (Shumilin et al., 2012) que fueron arrojados al mar. Más tarde investigaciones demostraron que en los puntos de la costa que fueron analizados, hay presencia de uranio y plomo en distintos sedimentos adyacentes al golfo de California (Shumilin et al., 2013), así como altos niveles de mercurio (Kot et al., 2009). Pero eso no es todo, actualmente hay investigaciones que demostraron afectaciones a la fauna marina debido a una alta concentración de toxicidad por metales pesados en el área de playa del puerto de Santa Rosalía (Yee et al., 2018, p. 9).

Tabla 3. Cronología de la resistencia al extractivismo minero

Fuente: con base en la tesis de maestría en Ciencias Sociales de Carlos Ibarra Meza, titulada Resistencia al extractivismo minero. Una respuesta a la mercantilización de Baja California Sur (2009-2018).