Paz decolonial, paces insubordinadas

6.3 TEMPORALIDADES DE LA GUERRA EN EL BAJO PUTUMAYO: SILENCIOS, PAZ NARCO-LIBERAL Y OLVIDOS

En la escena anterior estuvieron ausentes los grupos armados que en las últimas décadas han sido decisivos en la configuración del presente en Putumayo. En esta escena nos dispondremos a caracterizar linealmente su presencia temporal en la forma como se ha diseñado la guerra.

Tabla 2. Transiciones de grupos armados y dinámicas del conflicto en el bajo Putumayo

Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica y Dirección de Acuerdos de la Verdad (2014), Fundación Ideas Para la Paz (FIP) (2017, 2019), Fundación Paz y reconciliación (2014), M. C. Ramírez (2001), R. Ramírez (2016), Vásquez et al. (2011) y elaboración propia (2019).

6.4 INSERCIÓN DE GRUPOS ARMADOS Y PRIMERAS DISPUTAS (1980-1995)

Para iniciar, es necesario reconocer que el primer actor armado en ocupar el departamento del Putumayo fue el M–19, sobre finales de los años 70, y cuenta con un acontecimiento histórico atribuido al entonces máximo comandante del M–19, Jaime Bateman Cayón: la “toma” de Mocoa el 29 de marzo de 1981 (Ramírez, 2016).

Después de la desmovilización del M–19 las FARC ocuparon la zona, desplazándose hacia el bajo Putumayo en el Valle del Guamuez, donde se encontraba la creciente industria petrolera, estableciendo la regulación de esta eco-región andino-amazónica estratégica, a través de los frente 32 “Ernesto Che Guevara” y 48 “Pedro Martínez”.

La acción guerrillera se concentró en el hostigamiento a la fuerza pública, la infraestructura estatal y petrolera y la expansión de la guerrilla por las riberas de los ríos Guamuez y San Miguel. Solo hasta la década del noventa 90 se da su incursión a la economía del narcotráfico, ya que durante la década del 80 su participación se caracterizó por el cobro del impuesto denominado “gramaje” (Centro Nacional de Memoria Histórica y Dirección de Acuerdos de la Verdad, 2014; M. C. Ramírez, 2001; R. Ramírez, 2016; Sánchez et al., 2011).

Por su parte, con la llegada del narcotráfico, el paramilitarismo configura una primera generación en el bajo Putumayo. Organizados por González Gacha, alias “El mexicano”, y con centro de operaciones en la Hacienda El Azul, ubicada en la ribera del río San Miguel, establecen el control de la producción y distribución de la pasta de coca.

El pacto de coexistencia entre estos actores (1984-1987) no dura mucho y los narcotraficantes establecen un centro de entrenamiento paramilitar en la Hacienda El Azul, como estrategia de confrontación y protección de la guerrilla de las FARC.

La Comisión Andina de Juristas –hoy Comisión Colombiana de Juristas- explica que los paramilitares tenían un componente rural -los Combos- en Puerto Asís, Orito y Valle de Guamuez, y un componente urbano más ofensivo, llamado Los Masetos […] Desde finales de 1987 y hasta mediados de 1991 la acción de grupos paramilitares fue el elemento de violencia más activo contra la población en este departamento. (Centro Nacional de Memoria Histórica y Dirección de Acuerdos de la Verdad, 2014, p. 396)

Sin embargo, el dominio por parte de las FARC se extendería durante casi todos los años 90, y solo sería hasta mediados de esa época que la avanzada militar, realizada por la segunda generación paramilitar, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), daría inicio nuevamente a una disputa por el control territorial del Valle del Guamuez. Las AUC ya habían intentado realizar incursiones en el territorio sobre finales de los 80 e inicio de los 90 (Centro Nacional de Memoria Histórica y Dirección de Acuerdos de la Verdad, 2014), pero se encontraron con la confrontación de la guerrilla, que los obligó a replegarse y abandonar zonas que ya habían sido ocupadas.

Con el fortalecimiento de las AUC y la planificación del proceso de expansión paramilitar durante la Tercera Cumbre Nacional de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, en 1996, se declara el sur del país como objetivo militar (Centro Nacional de Memoria Histórica y Dirección de Acuerdos de la Verdad, 2014).

Aunque existía presencia de estructuras paramilitares, aún no se intensificaba el conflicto. Las acciones violentas hasta el momento eran selectivas, dirigidas a líderes y lideresas sociales, bajo la justificación de ser colaboradoras de la guerrilla y relacionadas al negocio del narcotráfico, eje central para el ímpetu del control territorial. Esta etapa también es conocida como la violencia de los macetos. El subregistro de las confrontaciones entre guerrilla y paramilitares es altísimo, debido a la ausencia de reportes oficiales.

6.5 ESCALAMIENTO DEL CONFLICTO Y ECONOMÍA COCALERA (1996-2005)

El escalamiento de la guerra durante este periodo se asocia a diferentes factores: 1. consolidación de la economía cocalera; 2. aumento desbordado de cultivos de coca; 3. cambio de la dinámica guerrillera, que pasa de guerra de guerrillas a guerra de movimientos (FARC-EP); 4. expansión de las AUC y la declaración del Putumayo como objetivo militar; 5. reacción estatal a través del aumento del pie de fuerza militar; 6. incursión del Plan Colombia y 7. el giro post 11 de septiembre en 2001, que inició la guerra contra el terrorismo.

Durante la primera parte de la década del 90 la guerrilla de las FARC cumple una función de regulación y control del mercado de la coca, lo cual le permite legitimarse socialmente y fortalecerse militarmente. La legitimidad social se establece a partir de la ausente diferenciación que el Estado colombiano establece entre el narcotraficante y el campesino cultivador, y la protección que brinda la guerrilla a este sector campesino emergente. No obstante, la incursión de la segunda generación del paramilitarismo lleva a que se dispute esta legitimidad social, a través de otros acuerdos económicos y la ocupación militar del espacio de acción del campesino cultivador y de los recolectores “raspachines”.

Tres masacres serán la antesala para el periodo de consolidación paramilitar en el bajo Putumayo:

 9 de enero de 1999: 26 personas masacradas en el corregimiento El Tigre (bajo Putumayo) (CNRR-Grupo de Memoria Histórica, 2011).

 18 de marzo de 1999: 25 personas masacradas en El Placer (bajo Putumayo).

 Noviembre de 1999: 29 personas masacradas en El Placer, Valle del Guamuez, La Hormiga y San Miguel (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2012).

Durante el periodo 2001–2006 el Bloque Sur de Putumayo consolidó un control total sobre la subregión sur de Putumayo. Llama la atención que durante este periodo se llevó a cabo la ejecución del Plan Colombia y se advirtió de la complicidad de las fuerzas militares para poder cumplir con este proceso de expansión. Las fuerzas militares se dedicaron a proteger las empresas dedicadas a la extracción de petróleo y recursos naturales. Al mismo tiempo, durante esta época se generó todo un proceso de modernización, tanto de inteligencia como de infraestructura militar de las fuerzas armadas, con una colaboración del gobierno de Estados Unidos bajo su política de la lucha contra las drogas y el narcotráfico. Estas situaciones obligaron al repliegue de las FARC–EP durante este periodo.

Las fumigaciones con glifosato derivadas del Plan Colombia generaron el desplazamiento de los cultivos hacia la costa Pacífica –donde permanecen hasta hoy– y el “retorno” a Nariño y Cauca de la población que había llegado desde estos territorios al bajo Putumayo ante la crisis del minifundio a inicios de los 80 y 90.

La violencia se intensificó durante este periodo, dejando como saldo un aumento de los homicidios, las violaciones de derechos y el desplazamiento forzado. La guerra se intensificó en el campo colombiano y las zonas rurales del Valle del Guamuez fueron los principales escenarios del conflicto armado.

Los métodos paramilitares durante este periodo enfatizaban en la propagación del miedo como estrategia para impedir acciones de movilización y organización social, y el cuerpo humano terminaba siendo profanado con la finalidad de trasmitir un mensaje de terror a la población civil. A través de labores de inteligencia las AUC se dedicaron a identificar la estructura urbana de las milicias y dar con el paradero de los supuestos cabecillas y/o colaboradores (Centro Nacional de Memoria Histórica y Dirección de Acuerdos de la Verdad, 2014).

El silencio operará como ontología de los habitantes de la región ante la indiferencia estatal. La misma que frente a la crueldad de las caucherías, ahora también daba la espalda o su única respuesta era pie de fuerza militar. Las expulsiones (Sassen, 2015) se ampliaron, los paramilitares se convirtieron en el cuerpo del proyecto neoliberal y de la reinscripción del Estado sobre estos territorios. Miles de personas fueron expulsadas, de nuevo, de sus tierras, y se sobrescribió el régimen representacional moderno-colonial sobre sus vidas: los salvajes, los nadie, los otros, sin la posibilidad de nombrar el horror de su presente, la condena del destino social (Bourdieu y Passeron, 1996) de habitar la muerte en un no lugar.

El municipio de San Miguel también sufrió el flagelo de la guerra durante este periodo. Las dinámicas en torno al control territorial estuvieron marcadas por el dominio del rio San Miguel y el control sobre el territorio fronterizo con Ecuador. Tener control sobre estos dos sitios estratégicos permitía a los actores armados mantener la vigilancia sobre los sistemas de comunicación fluviales y el transporte de mercancía. El gobierno del río, desde la colonia hasta hoy, es la disputa por la administración de la vida, que agencian colonos, campesinos, actores armados y Estado.

En 2005 San Miguel fue testigo del asesinato de 29 personas, crimen que fue ejecutado por el mismo Bloque Sur de Putumayo. Estos realizaron un recorrido por las principales veredas del municipio asesinando a los campesinos. Sus cuerpos fueron encontrados con signos de tortura; el efecto que generó en las familias campesinas los llevó al punto de abandonar sus lugares de orígenes (Fundación Paz y Reconciliación, 2014).

Los ríos Guamuez y San Miguel han sido testigo de lo padecido por las comunidades en el conflicto armado; sus aguas han recogido el llanto y la sangre derramada por las comunidades, y esperan el regreso de quienes alguna vez se marcharon, buscando la esperanza de conservar sus vidas. Son ríos de las tumbas, la droga, la fiesta de la muerte y la vida.

Uno de los líderes relató a propósito:

En la Dorada obligaron a salir a sus habitantes al parque principal para impartir la nueva orden en esta zona del departamento y del país. De igual forma, hubo amenazas para las personas colaboradoras del Frente 48 de las FARC-EP y asesinaron a habitantes de la zona. A uno de ellos le cortaron la cabeza y la patearon simulando un balón de futbol. Quien realizó esta acción fue un hombre conocido como alias ‘Orejas’.

Imagen 4. Cartografía social de las memorias del conflicto y la resistencia en San Miguel

Fuente: líderes comunitarios bajo Putumayo (2018).

Relatan también los habitantes del municipio, que parte de las veredas que tenían en su poder eran “la cabecera municipal La Dorada; la vereda Nueva Risaralda, donde se realizaron asesinatos selectivos; San Carlos y San Marcelino, corredor importante de entrada y salida de los ‘paras’, que conducía hasta el río San Miguel, río abajo del Puente Internacional San Miguel”. Precisamente, en la vereda Nueva Risaralda es recordada una zona cilindro, por los bombardeos entre grupos armados. Por otro lado, también hubo una toma en la Escuela Risaralda en el año 2000 por parte de paramilitares: “a todos nos sacaron por las montañas, hasta la virgen [...]”.

Imagen 5. Continuación cartografía social de las memorias del conflicto y la resistencia en San Miguel

Fuente: líderes comunitarios bajo Putumayo (2018).

En esta temporalidad de la guerra, la coca marcó el compás de la sangre y las identidades en la región.

La situación de la subregión luego del desarrollo pleno de la economía cocalera a finales de la década del noventa es “[…] la existencia de una economía ilegal de base legitimada socialmente […]" (Vargas, 2003, p. 107) en la cual se establecen "ordenes de regulación de hegemonía compartida (en situaciones de equilibrio, aunque inestable) de los dos actores armados ilegales (Vargas, 2003, p. 107).

El desarrollo de la economía cocalera diluyó las identidades políticas y abrió la caja de Pandora de la violencia al volver las lealtades y la colaboración de los grupos armados de la región una función de las dinámicas del mercado de la pasta de base de coca. (Sánchez et al., 2011, p. 216)

6.6 DESMOVILIZACIÓN AUC Y GUERRA CONTRA LAS DROGAS (2006-2013)

De las muertes que propinaban los paramilitares, en ocasiones no tenían elementos sobre si eran colaboradores con la guerrilla. Las acciones realizadas estaban vinculadas al innegable poder que tenían sobre el territorio, haciendo uso arbitrariamente. Existían casas adecuadas para llevar a las personas, asesinarlas, picarlas y, finalmente, llevarlas a fosas comunes o al río. […] No solo en San Miguel se vía este accionar, sino también en La Hormiga, donde ocuparon una casa abandonada, precisamente abandonada por el conflicto, ubicada a las afueras. Cuando anochecía y no había energía eléctrica se podía escuchar a los alrededores de la casa como torturaban a las personas y, finalmente, las desaparecían, comentaban uno de los líderes.

Esta temporalidad transcurre en los gobiernos de Uribe Vélez (2002-2010), la transición al primer gobierno Santos (2010-2014) y la arremetida militar estatal con el Plan Colombia y el Plan Patriota. Es la transición a la implementación del modelo de justicia transicional internacional globalizado de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición (VJRG) (Ley 975 de 2005 [Ley de Justicia y Paz]). Es la fractura temporal que se instala institucionalmente para configurar un futuro después de la violencia, en la forma de temporalidad lineal que pretende dejar atrás un pasado violento y prepararse para el porvenir en la forma de un evangelio global del perdón y la reconciliación (Castillejo, 2017). Sin embargo, esta fractura soslaya las continuidades de las violencias residuales de los actores, las estructurales que han acompañado a quienes habitan los márgenes del Estado, y las coloniales que operan subterráneamente. El relato con el que iniciamos esta temporalidad marca el sonido del viento que una y otra vez acompaña a los habitantes del bajo Putumayo en esta primera desilusión del fracaso transicional de su historia reciente.

En el 2006 un grupo de 504 combatientes del Bloque Sur Putumayo de los paramilitares, con el mando de alias “Macaco”, se desmovilizó en el corregimiento de Santa Ana, en el marco del proceso de la Ley de Justicia y Paz. Se instaló una promesa de transición hacia tiempos de tranquilidad, aunque ese tiempo del compás institucional no duró mucho.

Sin embargo, después de la desmovilización emergieron nuevos grupos armados ilegales que ejercen control sobre economías locales y regionales: el contrabando de combustibles, el pago de “vacunas”, los juegos de azar por fuera de la ley y la presencia de seguridad barrial por parte de grupos privados, entre otras actividades bajo las cuales se ocultan formas de control económico, social y político. (Centro Nacional de Memoria Histórica y Dirección de Acuerdos de la Verdad, 2014, pp. 400-401)

“Los rastrojos” o “los macheteros” es la organización que hasta 2013 retomó las acciones del Bloque Sur Putumayo de los paramilitares y llevó el control a través de la extensión de múltiples formas de violencia y terror. Desde 2007 a 2011 realizó un pacto con las FARC-EP para el control territorial y la regulación de la producción, distribución y comercialización del narcotráfico (Fundación Ideas Para la Paz [FIP], 2019). Sobre el 2013 esta organización se desestructuró por los golpes militares (capturas y muerte) a sus principales líderes. De los espacios dejados por esta organización emerge La Constru, un grupo delincuencial organizado que se ocupará del control del microtráfico en las redes urbanas.

Mientras tanto, a partir de 2008 las FARC-EP iniciaron el Plan Renacer, con el objetivo de la recomposición militar y política en el Putumayo. “Las FARC iniciaron también un proceso de recuperación del territorio a través de un principio de economía de la fuerza con la activación de artefactos explosivos, hostigamientos, ataques con francotirador y contra la infraestructura económica” (Fundación Ideas Para la Paz [FIP], 2019 p. 23). Este proceso duró hasta el inicio de la mesa de diálogo con el Gobierno nacional en septiembre de 2012. No obstante, el control territorial y de regulación del narcotráfico permaneció en alianza de no agresión con “los rastrojos” y posteriormente con La Constru.

Paralelamente, la acción militar del Plan Patriota y la denominada “guerra contra las drogas” realizó duros golpes a estas estructuras, mientras realizó el proceso de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito. Esta última acción tuvo como respuesta la movilización del campesinado cocalero (Ramírez, 2017), que exigió condiciones para la sustitución y solución a las violencias estructurales de larga duración en el territorio. Así mismo, se reactivó la Mesa Regional de Organizaciones Sociales del Putumayo, Baja Bota Caucana y Cofanía–Jardines de Sucumbíos, que retomó los Acuerdos de Orito, establecidos en la marcha cocalera de 1996 y suspendidos por la temporalidad de muerte instalada en la década de 1996-2006.

Pese a esto, no existe fractura temporal hacia otra forma de vida, es la continuidad de viejas guerras en un nuevo contexto, donde las movilizaciones sociales tuvieron un punto de incidencia importante que se vio amenazado por la reorganización del terror a través de las estructuras delincuenciales citadas. Esta temporalidad de la guerra estuvo marcada por la fractura institucional de la Ley de Justicia y Paz, la promesa que trajo consigo y el viento de muerte que continuó bailando en las esquinas.