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Ese verano en Cachagua

En los días, semanas, meses y años que siguieron a octubre de 2019, Sebastián Piñera solía repetir una reflexión cada vez que se le preguntaba por lo ocurrido, cómo los había tomado tan desprevenidos, cómo no habían prestado atención a las señales, cómo –para resumirlo en esa frase que se convirtió en un mantra de autoexculpación de la clase dirigente– “no lo vimos venir”.

“Cómo lo íbamos a ver”, repetía el Presidente de la República, abriendo ambos brazos. “Mire, ese Dieciocho se batieron todos los récords de consumo. La venta de carne, de vino, los viajes de vacaciones”, enumeraba usando los dedos. “Parecíamos mejor que nunca…”, terminaba, con una sonrisa resignada haciendo la función de puntos suspensivos.

En esa anécdota está resumida gran parte del grosero error de cálculo que precipitó a la élite chilena a una caída de vértigo, y a Chile, a la cadena de acontecimientos que marca nuestro presente y marcará la historia de nuestra generación. Trocaron ciudadanos por consumidores. Vieron felicidad donde había consumo. Malinterpretaron compra por satisfacción, venta por esperanza, deuda por desarrollo. Confundieron consumidores con ciudadanos. Redujeron una sociedad a una orden de compra, un pulso social a una factura, metieron a la fuerza un Chile en ebullición a una planilla Excel.

Y todo lo demás dejaron de verlo.

Esta es una historia de cómo la distancia social los cegó. Y de cómo quedaron reducidos a poco más que espectadores de la mayor convulsión de nuestra historia reciente.

El amigo del Choclo

En el verano de 2018, tras ganar la presidencia con clara mayoría, Sebastián Piñera partió al exclusivo balneario de Cachagua para delinear su segundo gobierno y el gabinete que lo acompañaría. Se dejó ver en la playa, jugando tenis y golf, y asistiendo a un partido de fútbol en la Semana Cachagüina. Estaba en llamativa compañía. El abogado Gerardo Varela y el empresario Carlos Alberto Délano fueron algunos de sus acompañantes.

Choclo Délano, un viejo amigo y exsocio de Piñera, es uno de los protagonistas del caso Penta, la escandalosa trama de evasión de impuestos y pago a políticos con dinero sucio que había levantado el velo de la incestuosa relación entre política y dinero en Chile. Junto a su socio Carlos Alberto Lavín, Délano había pasado 46 días en prisión preventiva tras ser formalizado, y ese verano aún estaba sujeto a medidas cautelares (firma quincenal y arraigo nacional) a la espera de un juicio oral que jamás llegaría. Nada que le impidiera disfrutar de la playa junto a su amigo, el presidente electo.

“Ha sido, es y seguirá siendo mi amigo”, había avisado Piñera en 2015. Las mismas palabras que seis años después usaría otro íntimo amigo del Choclo, Joaquín Lavín, en un debate presidencial días antes de las primarias de ChileVamos de 2021, de las que saldría derrotado. Piñera y Délano tenían casi medio siglo de amistad, tras conocerse estudiando Ingeniería Comercial en la Universidad Católica y compartir negocios, viajes y vacaciones. La intimidad seguía inquebrantable, y ahora con Piñera como presidente electo la señal pública era clara.

Tres meses después, el caso Penta llegaría a su fin de un modo impresentable. La Fiscalía renunció a llevar a juicio oral a Délano y Lavín, tras negociar con sus defensas una condena a cuatro años de libertad vigilada y una multa. Los cargos de cohecho, por haber pagado una mesada bimensual al subsecretario de Minería del primer gobierno de Piñera, Pablo Wagner, fueron desechados. Los persecutores que habían investigado el caso y recolectado las pruebas, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, ya habían sido excluidos de las decisiones y habían renunciado al Ministerio Público. El Consejo de Defensa del Estado también fue desestimado, pese a que, según su abogada María Inés Horvitz, “estábamos totalmente preparados para demostrar que la investigación arroja antecedentes suficientes para acreditar la existencia del cohecho”.

Poco importaban las evidencias. A esas alturas el íntimo amigo del Choclo ya estaba en La Moneda y la decisión de enterrar el caso era evidente. Por lo demás, la efervescencia pública que había causado la revelación de las coimas y pagos a políticos había bajado de intensidad. La audiencia final no concitó mayor interés. Pero, al cerrar el caso, fiscales y abogados cometieron un error: el acuerdo incluyó la asistencia de ambos condenados a 33 clases de “un programa formativo sobre ética en la dirección de empresas”.

Fue añadir el insulto a la injuria. La condena a “clases de ética” se convirtió en un poderoso símbolo de la impunidad de la clase dirigente, la que, sin importar la gravedad de sus delitos y el escándalo que los acompañara, parecía inmune a cualquier castigo real.

Délano y Lavín comenzaron sus clases el 5 de abril de 2019, a cargo de quince profesores de la Universidad Adolfo Ibáñez. Cuando las terminaron, el 20 de diciembre, el país ya había cambiado para siempre. Piñera aún era formalmente presidente, pero una movilización ciudadana sin precedentes en las últimas décadas había despojado al amigo del Choclo de gran parte de su poder real.

La trinchera de Varela

Parte de lo ocurrido puede explicarse por el otro acompañante de Piñera en esas vacaciones. Su también amigo Gerardo Varela, abogado de grandes empresas, presidente de Soprole y consejero de la Sofofa, había construido su perfil público como director de la Fundación Para el Progreso (FPP), el think tank financiado por el empresario Nicolás Ibáñez, fervoroso miembro de los Legionarios de Cristo y declarado pinochetista. En esa calidad, Varela se especializó en escribir incendiarias columnas en El Mercurio y El Líbero, el nuevo medio digital de trinchera creado por Hernán Büchi, ministro de Hacienda de la dictadura, y Gabriel Ruiz–Tagle, socio de Piñera en Colo–Colo, ministro de Deportes de su primer gobierno y protagonista del escándalo de la colusión del papel higiénico.

Las columnas de Varela son una línea de defensa de su nutrida red de amigos. Por ejemplo, durante la campaña de 2017 reflotó el escándalo de las “empresas zombis”, en que se descubrió que Piñera, Délano y otros empresarios compraban firmas de papel y las usaban para borrar las ganancias de sus grupos empresariales, declarando pérdidas ficticias que les permitían evitar el pago de impuestos. El 14 de noviembre, cinco días antes de las elecciones, Varela protegía a su amigo y candidato argumentando en El Mercurio que “el derecho de propiedad siempre debe prevalecer por sobre la obligación de pagar impuestos”. Defendía el vacío legal que habían aprovechado Piñera y Délano, destacando que “recurrir al espíritu de la ley para obligar a pagar impuestos es improcedente”, y enfatizando un supuesto derecho de “vender las pérdidas para que otro las aprovechara”.

Cuando los delitos de Penta salieron a la luz, Varela fue aun más colorido en su apoyo al Choclo. Argumentó en su favor afinidades de clase (“me cayó bien al tiro, era de la U y del Saint George, lo que inmediatamente me genera confianza”), y su riqueza (“él y sus empresas han pagado más impuestos de lo que han pagado la suma de sus acusadores juntos”). Pese a las abrumadoras evidencias en su contra, para Varela la investigación judicial “es Gulliver amarrado por los liliputenses, están felices de perseguirlo por no sumarse a su cruzada contra el éxito (…) Así tratamos a los que sirven al resto. Con ingratitud. No hay que cuidar a los exitosos, la idea es botar a los gigantes, impedir que toquen el cielo”. El problema según él es que “hay chilenos que envidian el éxito (…) el éxito de algunos es un espejo en el cual muchos chilenos no quieren mirarse, porque refleja envidia y resentimiento, por eso hay que perseguirlo”.

“Al Choclo, en cualquier país desarrollado le habrían dado una medalla por servicios a su país”, escribió Varela, asimilando su historia con la de Gabriela Mistral. Ambos, el evasor de impuestos y la Premio Nobel, habrían recibido “el pago de Chile”.

La apuesta de Piñera

La mentalidad de trinchera de Varela parece haber convencido a Piñera. O coincidió con la subjetividad que él mismo venía incubando. Tras cuatro años de gobierno de la Nueva Mayoría, Piñera entendió su triunfo electoral como la afirmación de un programa ideológico. Había pasado un gran susto cuando en la primera vuelta obtuvo apenas el 36,64% de los votos. Pero la campaña para el balotaje, marcada por el concepto de “Chilezuela”, pareció despejar las dudas. El contundente 54,58% de los votos con que derrotó a Alejandro Guillier en la segunda vuelta pareció una prueba indesmentible de que Chile había dado un brusco giro a la derecha, en términos electorales tanto como culturales e ideológicos.

La primera vez, en 2010, Piñera llegó a la presidencia camuflándose con la cultura de la Concertación. El arcoíris lo convirtió en una estrella multicolor, y las citas a Violeta Parra tuvieron espacio privilegiado en su discurso. Había que bajar las barreras, reducir el costo a los votantes centristas que se tentaban con cruzar el río, y para eso usó el apoyo a las uniones civiles entre homosexuales y un perfil lo menos amenazante posible. Piñera ganó ofreciendo la continuidad de la cultura de la Concertación por otros medios: los mismos colores, pero con más eficiencia y menos corrupción.

En 2017 el tono fue más duro. Y ese 54,58%, esos casi 3.800.000 votos, fueron esgrimidos como prueba de que la ciudadanía conectaba con ese discurso. Tras las reformas de Bachelet vendrían las contrarreformas de Piñera.

No se trataba solo de críticas específicas a las políticas públicas de Bachelet: una reforma educacional, una amputada reforma tributaria, un frustrado proceso constituyente y la despenalización del aborto en tres causales. Había algo más.

La homogénea élite político-empresarial vinculada en especial a los grandes grupos económicos y a la derecha política sentía todos los acontecimientos de los años previos como un ataque a sus fuentes de legitimidad y poder. Los escándalos de colusión, Penta y SQM habían deslegitimado el rol preponderante del gran empresariado en la escena de poder en Chile. En 2015, por primera vez, estaban en el banquillo de los acusados. La acusación del fiscal Carlos Gajardo a Penta (“es una máquina para defraudar al Fisco”) contrastaba con el discurso tradicional del empresariado (“Empresas Penta es una máquina para dar trabajo y aportar al progreso de Chile”, contestó Délano). Los casos fueron enterrados gracias a un pacto transversal de la clase político–empresarial, y su atrevimiento le costó el puesto a Gajardo. Recompuesta de ese momento en que se vio al borde del abismo, en 2017 la élite veía la oportunidad de reconstituirse como una homogénea clase dirigente.

Para ello se volcaron sin pudores a la campaña de la derecha. Hasta la primera vuelta, Sebastián Piñera obtuvo $282.159.540 en aportes públicos de directores de empresas, el 94,3% del total donado por ese segmento. Le siguió el candidato de la extrema derecha, José Antonio Kast, con $14.500.000 (4,9%). Apenas con migajas se quedaron Carolina Goic, de la Democracia Cristiana ($1.850.000, equivalentes al 0,6%), y Alejandro Guillier, candidato del resto de la Nueva Mayoría ($650.000, el 0,2%). Los otros cuatro candidatos en liza no recibieron un solo peso.

Las cifras no solo muestran la homogeneidad ideológica de los directores de empresas en Chile, sino también el abandono de su práctica histórica de “dar a todos”, aplicada en la época de las donaciones reservadas de empresas. Entonces la derecha se llevaba la parte del león, pero la Concertación también recibía aportes importantes, con la lógica de congraciarse con ese grupo de poder. Esto se acabó en la primera campaña presidencial que prohibió los aportes de empresas y obligó a hacerlos públicos. Ese cambio legislativo pudo tener cierto efecto, pero vino acompañado de una ruptura mayor: para la clase empresarial, la centroizquierda dejó de ser un socio confiable y pasó a convertirse en adversario. Había que derrotarlo, a golpes de billetera.

El efecto también fue denotar una gigantesca brecha entre las preferencias de esa élite y los ciudadanos. En la primera vuelta presidencial, los cinco candidatos de izquierda (Alejandro Guillier, Beatriz Sánchez, Marco Enríquez–Ominami, Eduardo Artés y Alejandro Navarro) sumaron la mitad de los votos: exactamente 49,55%. Y se quedaron con el 0,2% de los aportes empresariales. En contraste, los candidatos de derecha (Piñera y Kast) sumaron el 44,57% de los votos y el 99,2% del dinero vinculado a los grupos económicos.

Estos golpes de bolsillo se acompañaron con un coro de advertencias del tipo “la bolsa o la vida”. Precisamente el presidente de la Bolsa de Santiago, Juan Andrés Camus, tras donar el máximo legal permitido a la campaña de Piñera ($13.159.955), aprovechó su cargo para darle un empujoncito adicional. “Si no saliera elegido Piñera, la probabilidad de que tengamos un colapso en el precio de las acciones es alta”, pronosticó tras inaugurar la World Investor Week.

El triunfo de Piñera, entonces, se vivió con efervescencia. Bloomberg describía “la euforia de la comunidad empresarial” ante este nuevo gobierno que prometía la reivindicación del empresariado como el sujeto político principal de la nación, la locomotora de ese largo y angosto tren llamado Chile. “La elección de Sebastián Piñera ha impulsado la confianza de los inversores y de las empresas”, decía Andrés Abadía, economista sénior de Pantheon Macroeconomics. “Estoy seguro de que eso se traducirá en un aumento gradual de la inversión”. Y como las buenas noticias nunca llegan solas, la asunción de Piñera coincidió con una fuerte alza en las exportaciones de cobre, litio y frutas, gracias al aumento de la demanda desde China.

El Índice Mensual de Confianza Empresarial (IMCE), del Banco Central, que había llegado a un mínimo de 39,24 puntos a mediados de 2016, comenzó a subir con la campaña y tuvo un salto histórico con el triunfo de Piñera, pasando de 44,00 puntos en diciembre de 2017 a 53,79 en enero de 2018 y a 57,38 en febrero, el valor máximo desde 2013.

Era un verano de euforia en Cachagua.