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Ese verano en Cachagua

En los días, semanas, meses y años que siguieron a octubre de 2019, Sebastián Piñera solía repetir una reflexión cada vez que se le preguntaba por lo ocurrido, cómo los había tomado tan desprevenidos, cómo no habían prestado atención a las señales, cómo –para resumirlo en esa frase que se convirtió en un mantra de autoexculpación de la clase dirigente– “no lo vimos venir”.

“Cómo lo íbamos a ver”, repetía el Presidente de la República, abriendo ambos brazos. “Mire, ese Dieciocho se batieron todos los récords de consumo. La venta de carne, de vino, los viajes de vacaciones”, enumeraba usando los dedos. “Parecíamos mejor que nunca…”, terminaba, con una sonrisa resignada haciendo la función de puntos suspensivos.

En esa anécdota está resumida gran parte del grosero error de cálculo que precipitó a la élite chilena a una caída de vértigo, y a Chile, a la cadena de acontecimientos que marca nuestro presente y marcará la historia de nuestra generación. Trocaron ciudadanos por consumidores. Vieron felicidad donde había consumo. Malinterpretaron compra por satisfacción, venta por esperanza, deuda por desarrollo. Confundieron consumidores con ciudadanos. Redujeron una sociedad a una orden de compra, un pulso social a una factura, metieron a la fuerza un Chile en ebullición a una planilla Excel.

Y todo lo demás dejaron de verlo.

Esta es una historia de cómo la distancia social los cegó. Y de cómo quedaron reducidos a poco más que espectadores de la mayor convulsión de nuestra historia reciente.

El amigo del Choclo

En el verano de 2018, tras ganar la presidencia con clara mayoría, Sebastián Piñera partió al exclusivo balneario de Cachagua para delinear su segundo gobierno y el gabinete que lo acompañaría. Se dejó ver en la playa, jugando tenis y golf, y asistiendo a un partido de fútbol en la Semana Cachagüina. Estaba en llamativa compañía. El abogado Gerardo Varela y el empresario Carlos Alberto Délano fueron algunos de sus acompañantes.

Choclo Délano, un viejo amigo y exsocio de Piñera, es uno de los protagonistas del caso Penta, la escandalosa trama de evasión de impuestos y pago a políticos con dinero sucio que había levantado el velo de la incestuosa relación entre política y dinero en Chile. Junto a su socio Carlos Alberto Lavín, Délano había pasado 46 días en prisión preventiva tras ser formalizado, y ese verano aún estaba sujeto a medidas cautelares (firma quincenal y arraigo nacional) a la espera de un juicio oral que jamás llegaría. Nada que le impidiera disfrutar de la playa junto a su amigo, el presidente electo.

“Ha sido, es y seguirá siendo mi amigo”, había avisado Piñera en 2015. Las mismas palabras que seis años después usaría otro íntimo amigo del Choclo, Joaquín Lavín, en un debate presidencial días antes de las primarias de ChileVamos de 2021, de las que saldría derrotado. Piñera y Délano tenían casi medio siglo de amistad, tras conocerse estudiando Ingeniería Comercial en la Universidad Católica y compartir negocios, viajes y vacaciones. La intimidad seguía inquebrantable, y ahora con Piñera como presidente electo la señal pública era clara.

Tres meses después, el caso Penta llegaría a su fin de un modo impresentable. La Fiscalía renunció a llevar a juicio oral a Délano y Lavín, tras negociar con sus defensas una condena a cuatro años de libertad vigilada y una multa. Los cargos de cohecho, por haber pagado una mesada bimensual al subsecretario de Minería del primer gobierno de Piñera, Pablo Wagner, fueron desechados. Los persecutores que habían investigado el caso y recolectado las pruebas, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, ya habían sido excluidos de las decisiones y habían renunciado al Ministerio Público. El Consejo de Defensa del Estado también fue desestimado, pese a que, según su abogada María Inés Horvitz, “estábamos totalmente preparados para demostrar que la investigación arroja antecedentes suficientes para acreditar la existencia del cohecho”.

Poco importaban las evidencias. A esas alturas el íntimo amigo del Choclo ya estaba en La Moneda y la decisión de enterrar el caso era evidente. Por lo demás, la efervescencia pública que había causado la revelación de las coimas y pagos a políticos había bajado de intensidad. La audiencia final no concitó mayor interés. Pero, al cerrar el caso, fiscales y abogados cometieron un error: el acuerdo incluyó la asistencia de ambos condenados a 33 clases de “un programa formativo sobre ética en la dirección de empresas”.

Fue añadir el insulto a la injuria. La condena a “clases de ética” se convirtió en un poderoso símbolo de la impunidad de la clase dirigente, la que, sin importar la gravedad de sus delitos y el escándalo que los acompañara, parecía inmune a cualquier castigo real.

Délano y Lavín comenzaron sus clases el 5 de abril de 2019, a cargo de quince profesores de la Universidad Adolfo Ibáñez. Cuando las terminaron, el 20 de diciembre, el país ya había cambiado para siempre. Piñera aún era formalmente presidente, pero una movilización ciudadana sin precedentes en las últimas décadas había despojado al amigo del Choclo de gran parte de su poder real.

La trinchera de Varela

Parte de lo ocurrido puede explicarse por el otro acompañante de Piñera en esas vacaciones. Su también amigo Gerardo Varela, abogado de grandes empresas, presidente de Soprole y consejero de la Sofofa, había construido su perfil público como director de la Fundación Para el Progreso (FPP), el think tank financiado por el empresario Nicolás Ibáñez, fervoroso miembro de los Legionarios de Cristo y declarado pinochetista. En esa calidad, Varela se especializó en escribir incendiarias columnas en El Mercurio y El Líbero, el nuevo medio digital de trinchera creado por Hernán Büchi, ministro de Hacienda de la dictadura, y Gabriel Ruiz–Tagle, socio de Piñera en Colo–Colo, ministro de Deportes de su primer gobierno y protagonista del escándalo de la colusión del papel higiénico.

Las columnas de Varela son una línea de defensa de su nutrida red de amigos. Por ejemplo, durante la campaña de 2017 reflotó el escándalo de las “empresas zombis”, en que se descubrió que Piñera, Délano y otros empresarios compraban firmas de papel y las usaban para borrar las ganancias de sus grupos empresariales, declarando pérdidas ficticias que les permitían evitar el pago de impuestos. El 14 de noviembre, cinco días antes de las elecciones, Varela protegía a su amigo y candidato argumentando en El Mercurio que “el derecho de propiedad siempre debe prevalecer por sobre la obligación de pagar impuestos”. Defendía el vacío legal que habían aprovechado Piñera y Délano, destacando que “recurrir al espíritu de la ley para obligar a pagar impuestos es improcedente”, y enfatizando un supuesto derecho de “vender las pérdidas para que otro las aprovechara”.

Cuando los delitos de Penta salieron a la luz, Varela fue aun más colorido en su apoyo al Choclo. Argumentó en su favor afinidades de clase (“me cayó bien al tiro, era de la U y del Saint George, lo que inmediatamente me genera confianza”), y su riqueza (“él y sus empresas han pagado más impuestos de lo que han pagado la suma de sus acusadores juntos”). Pese a las abrumadoras evidencias en su contra, para Varela la investigación judicial “es Gulliver amarrado por los liliputenses, están felices de perseguirlo por no sumarse a su cruzada contra el éxito (…) Así tratamos a los que sirven al resto. Con ingratitud. No hay que cuidar a los exitosos, la idea es botar a los gigantes, impedir que toquen el cielo”. El problema según él es que “hay chilenos que envidian el éxito (…) el éxito de algunos es un espejo en el cual muchos chilenos no quieren mirarse, porque refleja envidia y resentimiento, por eso hay que perseguirlo”.

“Al Choclo, en cualquier país desarrollado le habrían dado una medalla por servicios a su país”, escribió Varela, asimilando su historia con la de Gabriela Mistral. Ambos, el evasor de impuestos y la Premio Nobel, habrían recibido “el pago de Chile”.

La apuesta de Piñera

La mentalidad de trinchera de Varela parece haber convencido a Piñera. O coincidió con la subjetividad que él mismo venía incubando. Tras cuatro años de gobierno de la Nueva Mayoría, Piñera entendió su triunfo electoral como la afirmación de un programa ideológico. Había pasado un gran susto cuando en la primera vuelta obtuvo apenas el 36,64% de los votos. Pero la campaña para el balotaje, marcada por el concepto de “Chilezuela”, pareció despejar las dudas. El contundente 54,58% de los votos con que derrotó a Alejandro Guillier en la segunda vuelta pareció una prueba indesmentible de que Chile había dado un brusco giro a la derecha, en términos electorales tanto como culturales e ideológicos.

La primera vez, en 2010, Piñera llegó a la presidencia camuflándose con la cultura de la Concertación. El arcoíris lo convirtió en una estrella multicolor, y las citas a Violeta Parra tuvieron espacio privilegiado en su discurso. Había que bajar las barreras, reducir el costo a los votantes centristas que se tentaban con cruzar el río, y para eso usó el apoyo a las uniones civiles entre homosexuales y un perfil lo menos amenazante posible. Piñera ganó ofreciendo la continuidad de la cultura de la Concertación por otros medios: los mismos colores, pero con más eficiencia y menos corrupción.

En 2017 el tono fue más duro. Y ese 54,58%, esos casi 3.800.000 votos, fueron esgrimidos como prueba de que la ciudadanía conectaba con ese discurso. Tras las reformas de Bachelet vendrían las contrarreformas de Piñera.

No se trataba solo de críticas específicas a las políticas públicas de Bachelet: una reforma educacional, una amputada reforma tributaria, un frustrado proceso constituyente y la despenalización del aborto en tres causales. Había algo más.

La homogénea élite político-empresarial vinculada en especial a los grandes grupos económicos y a la derecha política sentía todos los acontecimientos de los años previos como un ataque a sus fuentes de legitimidad y poder. Los escándalos de colusión, Penta y SQM habían deslegitimado el rol preponderante del gran empresariado en la escena de poder en Chile. En 2015, por primera vez, estaban en el banquillo de los acusados. La acusación del fiscal Carlos Gajardo a Penta (“es una máquina para defraudar al Fisco”) contrastaba con el discurso tradicional del empresariado (“Empresas Penta es una máquina para dar trabajo y aportar al progreso de Chile”, contestó Délano). Los casos fueron enterrados gracias a un pacto transversal de la clase político–empresarial, y su atrevimiento le costó el puesto a Gajardo. Recompuesta de ese momento en que se vio al borde del abismo, en 2017 la élite veía la oportunidad de reconstituirse como una homogénea clase dirigente.

Para ello se volcaron sin pudores a la campaña de la derecha. Hasta la primera vuelta, Sebastián Piñera obtuvo $282.159.540 en aportes públicos de directores de empresas, el 94,3% del total donado por ese segmento. Le siguió el candidato de la extrema derecha, José Antonio Kast, con $14.500.000 (4,9%). Apenas con migajas se quedaron Carolina Goic, de la Democracia Cristiana ($1.850.000, equivalentes al 0,6%), y Alejandro Guillier, candidato del resto de la Nueva Mayoría ($650.000, el 0,2%). Los otros cuatro candidatos en liza no recibieron un solo peso.

Las cifras no solo muestran la homogeneidad ideológica de los directores de empresas en Chile, sino también el abandono de su práctica histórica de “dar a todos”, aplicada en la época de las donaciones reservadas de empresas. Entonces la derecha se llevaba la parte del león, pero la Concertación también recibía aportes importantes, con la lógica de congraciarse con ese grupo de poder. Esto se acabó en la primera campaña presidencial que prohibió los aportes de empresas y obligó a hacerlos públicos. Ese cambio legislativo pudo tener cierto efecto, pero vino acompañado de una ruptura mayor: para la clase empresarial, la centroizquierda dejó de ser un socio confiable y pasó a convertirse en adversario. Había que derrotarlo, a golpes de billetera.

El efecto también fue denotar una gigantesca brecha entre las preferencias de esa élite y los ciudadanos. En la primera vuelta presidencial, los cinco candidatos de izquierda (Alejandro Guillier, Beatriz Sánchez, Marco Enríquez–Ominami, Eduardo Artés y Alejandro Navarro) sumaron la mitad de los votos: exactamente 49,55%. Y se quedaron con el 0,2% de los aportes empresariales. En contraste, los candidatos de derecha (Piñera y Kast) sumaron el 44,57% de los votos y el 99,2% del dinero vinculado a los grupos económicos.

Estos golpes de bolsillo se acompañaron con un coro de advertencias del tipo “la bolsa o la vida”. Precisamente el presidente de la Bolsa de Santiago, Juan Andrés Camus, tras donar el máximo legal permitido a la campaña de Piñera ($13.159.955), aprovechó su cargo para darle un empujoncito adicional. “Si no saliera elegido Piñera, la probabilidad de que tengamos un colapso en el precio de las acciones es alta”, pronosticó tras inaugurar la World Investor Week.

El triunfo de Piñera, entonces, se vivió con efervescencia. Bloomberg describía “la euforia de la comunidad empresarial” ante este nuevo gobierno que prometía la reivindicación del empresariado como el sujeto político principal de la nación, la locomotora de ese largo y angosto tren llamado Chile. “La elección de Sebastián Piñera ha impulsado la confianza de los inversores y de las empresas”, decía Andrés Abadía, economista sénior de Pantheon Macroeconomics. “Estoy seguro de que eso se traducirá en un aumento gradual de la inversión”. Y como las buenas noticias nunca llegan solas, la asunción de Piñera coincidió con una fuerte alza en las exportaciones de cobre, litio y frutas, gracias al aumento de la demanda desde China.

El Índice Mensual de Confianza Empresarial (IMCE), del Banco Central, que había llegado a un mínimo de 39,24 puntos a mediados de 2016, comenzó a subir con la campaña y tuvo un salto histórico con el triunfo de Piñera, pasando de 44,00 puntos en diciembre de 2017 a 53,79 en enero de 2018 y a 57,38 en febrero, el valor máximo desde 2013.

Era un verano de euforia en Cachagua.

Un gobierno sin complejos

Pero no se trataba solo de intereses económicos; estos están estrechamente atados a los ideológicos. Aquí el ejemplo estadounidense fue fundamental. Los sectores etiquetados como “neoconservadores” fueron ganando espacio en el Partido Republicano durante la década del 2000, poniendo un énfasis cada vez mayor en la interpretación de los debates públicos desde una óptica moral. El avance de posiciones progresistas en temas de derechos civiles, la “cultura de la cancelación” y lo políticamente correcto articularon a los sectores conservadores en torno a la defensa del statu quo, y las “guerras culturales” se convirtieron en el tema dominante de la discusión pública, sobre asuntos como el aborto, el matrimonio igualitario, la educación privada (especialmente la religiosa), el racismo, la inmigración e incluso la confianza en la ciencia.

La fallida candidatura a la vicepresidencia de Sarah Palin y el auge del Tea Party consolidaron estos movimientos, en un proceso que llegaría a su cénit con la elección de Donald Trump en 2016. En Chile, muchos tomaron nota: la “batalla cultural” parecía una herramienta idónea para ganar elecciones. Este diagnóstico se vio fortalecido con los triunfos de Mauricio Macri en Argentina (2015) y Pedro Pablo Kuczynski en Perú (2016): dos símiles de Piñera, que construyeron inéditas victorias para la derecha desde la gestión empresarial y una visión conservadora de la sociedad.

Para Piñera, los temas de derechos civiles (o “valóricos”, como se les suele designar en Chile) jamás han sido prioridad. Con una mirada personal más bien liberal, los usa de acuerdo a lo que la conveniencia política dicte. Pero los ejemplos de Trump, Macri y Kuczynski fueron convincentes, y su propia victoria consolidó el concepto. Nada de vestirse con arcoíris ajenos. Los “tiempos mejores” vendrían de la mano de un gobierno nítidamente conservador en lo valórico, y proempresarial en lo económico.

Para ello, Piñera se apoyaría en dos think tanks que empujaban esa línea. Uno clásico: el Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), centro de lobby favorito del empresariado y guardián de la ortodoxia, y otro emergente, la Fundación Para el Progreso (FPP), creada a imagen y semejanza de combativos centros de trinchera como Atlas Society y Ayn Rand Institute. Como una marca de los nuevos tiempos, el histórico buque madre de la derecha liberal y del empresariado, el Centro de Estudios Públicos (CEP), quedaría en un segundo plano. Se le reprochaba su enfoque poco confrontacional y su énfasis en tender puentes intelectuales con otros sectores.

El histórico director del CEP, Arturo Fontaine, había representado esa mirada, invitando a conversar a los dirigentes estudiantiles de la gran protesta de 2011, criticando el lucro en educación y defendiendo la importancia del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. En una señal de la polarización que empezaba a mostrar la élite, en 2013 el Comité Ejecutivo del CEP, dominado por los grandes grupos económicos, le pidió la renuncia. Para el escritor Mario Vargas Llosa, “los patrocinadores del CEP habrían descubierto que Arturo Fontaine es demasiado independiente para su gusto. La independencia de un escritor e intelectual liberal, de espíritu crítico como Fontaine, no sería apta para un momento de polarización creciente en el que se necesitaría, a sus ojos, un instituto jugado, militante, técnico e ideológicamente comprometido, una trinchera”.

Fontaine quería ser un puente. Pero en guerra los puentes se derriban y se cavan trincheras. Lo reemplazó Harald Beyer, ministro de Educación de Piñera destituido mediante una acusación constitucional por el Senado. Era un técnico reposado, no sospechoso de desviacionismo pero tampoco un guerrero. Y así, por poco ortodoxo, el CEP sería desplazado del núcleo de poder que se activaba.

El presidente Piñera anunció su gabinete tras volver de Cachagua. El equipo político quedó en manos de sus hombres y mujeres de confianza: su primo Andrés Chadwick en Interior, Cecilia Pérez como vocera y Gonzalo Blumel en Presidencia.

LyD se convirtió en el riñón de su gobierno: Cristián Larroulet como Jefe de Asesores, Juan Andrés Fontaine en Obras Públicas, Susana Jiménez en Energía, José Ramón Valente en Economía, Marcela Cubillos en Medio Ambiente y Alfredo Moreno en Desarrollo Social. La gran sorpresa llegó de la mano de la FPP, que instaló a dos de sus directores (ambos amigos de Piñera) en puestos clave: Roberto Ampuero en la Cancillería y Gerardo Varela en Educación. Isabel Plá, conocida por su rechazo frontal al aborto, asumiría como ministra de la Mujer.

“Piñera le hace caso a Kaiser: esta es una batalla cultural y no hay que darla a medias tintas, hay que darla con lo más duro que uno tiene”, reaccionó el analista Cristóbal Bellolio, refiriéndose al presidente de la FPP, Axel Kaiser. O, como el propio Piñera aseguró al presentar a su equipo de ministros: “Esta es una centroderecha sin complejos”.

“El primer desafío es poder capitalizar el triunfo contundente que hubo en esta elección. Intuyo que detrás de ese gran apoyo hay una validación de las ideas madre que propugna la centroderecha”, decía el entonces director del think tank Horizontal, de Evópoli, y futuro ministro de Hacienda Ignacio Briones.

Y uno de los analistas influyentes en el piñerismo, Max Colodro, reflejaba el espíritu del momento en la derecha celebrando este “gabinete sin complejos”, que mostraba que “la batalla por la hegemonía cultural quedó a la orden del día (…) El gabinete exhibe por primera vez en mucho tiempo a una centroderecha sin complejos, segura de sí misma, decidida a refrendar en la orientación del próximo gobierno a esa mayoría electoral que se expresó con inusitada fuerza en la segunda vuelta. La apuesta es clara: no rehuir la contienda ideológica abierta en 2010 tras la derrota de la Concertación y el término de la ‘democracia de los acuerdos’. Dejar finalmente atrás las culpas y vacilaciones que históricamente han perseguido a la derecha y dar una contundente señal de confianza en su visión de país y de mundo, aprovechando de paso un momento en que la centroizquierda se encuentra en el suelo”.

Y ante los cuestionamientos de quienes advertían un gabinete “duro”, “derechista” e “intransigente”, el presidente electo lanzó una frase extraña hasta entonces en él, que mostraba el espíritu con que comenzaba su segundo período. Las críticas, dijo, se deben a una “colonización cultural e intelectual que han tratado de imponer en Chile”.

Si el de 2010 había sido un pragmático “gobierno de los gerentes”, el de 2018 sería una cruzada: el gobierno de los ideólogos.

Los cruzados de la FPP

La batalla cultural partiría por buscar una contrarreforma en educación, el flanco de mayor conflicto durante el segundo gobierno de Bachelet, debido a las leyes para establecer la gratuidad universitaria y terminar con el lucro, la selección y el copago en los colegios particulares subvencionados.

El nuevo ministro, Gerardo Varela, era una apuesta personal de Piñera. No había sido propuesto por ningún partido, tenía nula experiencia en la política y en el sector público, y escasas credenciales en el área. Su currículo: director de Educa UC, proyecto que ayuda a mejorar la calidad de una red de colegios, y exabogado de la iniciativa Escuelas para Chile, para reconstruir colegios dañados por el terremoto y tsunami de 2010. Aun así, quedaría a cargo de administrar uno de los mayores presupuestos del Estado y una de las carteras más conflictivas, por las difíciles relaciones con los profesores y con el movimiento estudiantil.

Tenía poca experiencia, pero muchas certezas ideológicas. “La educación es un mercado donde los colegios y universidades compiten entre ellos”, era su definición de lo que consideraba “tanto un derecho como un bien económico”. Varela había criticado duramente las reformas de Bachelet: “Se construyeron salas cuna que los padres no quieren usar”, y “se restringió que los padres paguen para mejorar la educación de sus hijos”, había dicho. Su diagnóstico: “La contribución de la Nueva Mayoría a la educación chilena es equivalente a la que hizo Idi Amin –dictador de Uganda– a los derechos humanos”.

En 2011, la protesta estudiantil tuvo en las cuerdas al primer gobierno de Piñera. En 2018, el presidente confiaba en que ese movimiento estaba muerto y enterrado, tanto como para darle el tiro de gracia instalando a un duro entre los duros en ese cargo.

El otro FPP del gabinete fue el novelista Roberto Ampuero, nada menos que en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pese a su mínima experiencia en la materia, que se limitaba a un año y medio como embajador en México durante el primer gobierno de Piñera. En su primera entrevista tras ser nombrado Ampuero aseguró que “uno sabe de política internacional por la vida misma, por las lecturas y por la experiencia”. Eso no sería problema para un presidente decidido a gestionar personalmente los ministerios, en especial los que más le interesaban: Hacienda y Relaciones Exteriores. El valor de Ampuero era otro: era un converso, una especie particularmente apreciada en la derecha. Militante comunista, se exilió durante una década en Alemania Oriental y Cuba, donde accedió a los círculos de poder como yerno de Fernando Flores Ibarra, el fiscal de la revolución cubana conocido como Charco de sangre por su brutalidad.

Tras dejar el PC, defraudarse de los socialismos reales y pasar algunos años en Suecia, Ampuero se instaló en Iowa, Estados Unidos, y se convirtió en exitoso escritor de novelas policiales. Pronto pasó a la derecha: fue fichado por la FPP y se convirtió en uno de los pocos nombres del mundo de la cultura que apoyó la candidatura presidencial de Piñera. El presidente apreciaba especialmente los respaldos en ese mundo, históricamente volcado a la izquierda. Con pocos competidores en esa área, Ampuero ascendió rápido en la escalera del poder: llegó a ser ministro de Cultura.

Como converso, destacaba por su fervorosa oposición al comunismo y a los regímenes de Cuba y Venezuela. En plena campaña de la segunda vuelta de 2017, cuando la derecha difundía por redes sociales la amenaza de que un triunfo de Guillier convertiría al país en “Chilezuela”, Ampuero compartió una “noticia” inverosímil según la cual el dictador venezolano Nicolás Maduro había declarado entregar “todo mi incondicional apoyo al Compañero Alejandro Guillier, Precandidato Bolivariano a la Presidencia de Chile”. “Esto no es campaña de terror, sino lisa y llanamente la campaña del chavismo y castrismo en favor de Guillier”, escribió Ampuero. Luego se disculpó.

Suenan los teléfonos

Otro fichaje fundamental para entender el proyecto que Piñera planteaba ese verano de 2018 es el de Alfredo Moreno. Su currículo hablaba por sí solo. Considerado el negociador favorito de la élite empresarial, fue el encargado de cerrar las fusiones de Sodimac con Falabella y de esta con D&S, el grupo de Nicolás Ibáñez, propietario de supermercados Líder (esta última operación fue frenada por las autoridades antimonopolios). En el primer gobierno de Piñera fue canciller, con un claro foco en negociaciones que obtuvieran resultados favorables para el comercio exterior de Chile. Ahí implementó la polémica tesis de las “cuerdas separadas”, que pretendía que los negocios con Perú no se vieran afectados por la demanda marítima de ese país contra Chile en La Haya.

Pero sus vínculos preferentes estaban con los dueños de Penta, Carlos Lavín y el Choclo Délano. En 2000, “los Carlos” le entregaron poderes plenos para negociar la venta de un paquete controlador del Banco de Chile al grupo Luksic, la que logró cerrar. Mientras negociaban en secreto, Délano, Lavín y otros cinco miembros del grupo controlador compraron acciones para aumentar su participación en el banco, a sabiendas de que Luksic había hecho una oferta superior al precio del mercado. La “pasada”, un burdo caso de uso de información privilegiada, fue sancionada por la Superintendencia de Valores y Seguros, en un fallo que sería ratificado por unanimidad en la Corte Suprema.

Sin embargo, la ley que establecía como delito el uso de información privilegiada aún no entraba en vigor. La sanción para este grave atentado contra el libre mercado fue digna de un país bananero: una multa de 17 millones de pesos para cada uno. Además, los papeles de los involucrados quedarían limpios, lo que les permitiría acogerse a su “irreprochable conducta anterior” como atenuante al estallar el caso Penta. Moreno continuó como director del Banco Penta hasta asumir el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Tras su paso por la Cancillería volvió al redil de Penta, asumiendo como director de Empresas Penta y cinco de sus filiales. Entonces estalló el escándalo. Con Lavín y Délano formalizados, no hubo dudas sobre el reemplazante: Alfredo Moreno fue designado presidente de Empresas Penta. Desde esa plataforma dio el siguiente paso: en marzo de 2017 fue elegido como timonel de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), la organización de los grandes empresarios chilenos. Más allá de sus cualidades personales, el símbolo era elocuente: los grandes grupos económicos que dominan la CPC ponían en su cargo más visible al hombre de confianza de los protagonistas de uno de los mayores escándalos empresariales de la historia del país. Es más: Moreno mantuvo la presidencia de Penta en paralelo a la de la CPC.

La señal no sería la única: dos meses después, en mayo de 2017, el segundo gremio empresarial más poderoso del país, la Sofofa, elegía a Bernardo Larraín Matte como su nuevo presidente. Heredero del imperio Matte, Larraín tenía a su favor ser de una nueva generación, más abierta al diálogo y preocupada de dar un sello social a su gestión, pero cargaba con una pesada mochila: había sido director de la rama tissue de la CMPC (la Papelera) en los años en que esta lideró la colusión del papel.

El presidente de Penta y uno de los protagonistas del cartel del papel asumían, así, el liderazgo del gran empresariado.

En su año al frente de la CPC, Moreno tuvo como prioridad mostrar un sello cercano a la comunidad. Firmó convenios con Fonasa e incorporó el gremio a Empresas B, vinculando al empresariado con preocupaciones sociales y ambientales. Optimista, creía que el desprestigio del empresariado había quedado atrás. “Veo también que la gente, la sociedad, percibe eso. Puede leer la editorial de El Mercurio, la de La Tercera. Esos son medios de comunicación que representan a la gente”, decía en octubre de 2017. También aseguraba que “la percepción de la desigualdad es mucho mayor que la desigualdad efectiva”.

De Penta a CPC y de CPC a La Moneda. Sebastián Piñera designó a Moreno como ministro de Desarrollo Social y a cargo de la agenda más ambiciosa del gabinete. Ese Ministerio entraría al comité político de La Moneda y además se haría cargo del conflicto de La Araucanía. “A Moreno le corresponderá la vanguardia de lo que la derecha llama ‘la batalla por las ideas’”, describía el analista Ascanio Cavallo. En la CPC, agregaba, “el proyecto de Moreno tenía que ser el de salvar y proteger a un sector económico y social que se sentía desamparado. No hace falta subrayar que el verdadero amparo vino con el resultado de las elecciones”.

Alfredo Moreno fue elevado de inmediato a la categoría de presidenciable para 2021, y él mismo daba gas a la idea. Su cartera “será una muy buena plataforma para que la centroderecha pueda hacia adelante tener una muy buena posibilidad de ser un contendiente serio en las elecciones”, decía tras ser designado. Y apenas tres días después de asumir, desplegó su proyecto en el foro empresarial Icare. “Vamos a convocarlos, los teléfonos de muchos de ustedes van a sonar para pedirles colaboración, talento, ayuda y participación”, anunció. Algunas semanas después invitaba a La Moneda a los líderes del empresariado, encabezados por su nuevo presidente, Alfonso Swett. “Lo que nos interesa del sector privado son sus capacidades, experiencias, la capacidad de convocar a otras personas, de traer buenas ideas a la mesa”, dijo Moreno. El Sename, los adultos mayores y las cárceles, anticipó, serían los primeros temas en que el empresariado colaboraría con el gobierno.

Y el 16 de octubre de 2018 la alianza tuvo su presentación pública. En el parque Víctor Jara de San Miguel, un selecto grupo de empresarios posó para las cámaras junto a Piñera y Moreno en el lanzamiento de Compromiso País, un proyecto de 16 mesas de trabajo sobre temas como la deserción escolar, los campamentos, las listas de espera en la salud o la informalidad laboral, que incluirían a miembros de fundaciones y académicos, junto a representantes del “sector privado”, un eufemismo para referirse a líderes de grandes grupos empresariales como Roberto Angelini, Bernardo Matte, Juan Sutil, Bernardo Larraín y Juan Cueto.

Meses después, el ministro Moreno presentó su proyecto estrella en París, ante la OCDE. Los grupos “han estado evaluando cómo financiar las soluciones, recurriendo a financiamiento público, filantropía y otras formas de capital privado, como los bonos de impacto social”, detalló. Y explicó la lógica de la participación de los grandes empresarios. Son las personas con “más educación, más recursos, más talentos y más redes, que ponen a disposición su tiempo y sus capacidades en solucionar los problemas más complejos de los grupos más vulnerables. Es la mejor manera, a nuestra forma de ver, de crear capital social y una sociedad más fuerte e inclusiva”.

Es pertinente recordar aquí que en 1934 el empresariado sugirió al presidente Arturo Alessandri Palma crear un Consejo Económico y Social donde ellos tuvieran participación. La respuesta del León fue tajante: “Ustedes no tienen derecho a ser parte del Estado; frente a él, ustedes solo tienen derecho a petición”. Ese portazo llevó a los empresarios a crear la CPC.

Ochenta y cuatro años después, el empresariado tenía su revancha. El exlíder de la CPC, ahora instalado en La Moneda, los convocaba a tener un rol protagónico. La legitimación del empresariado como actor político y de las soluciones privadas para problemas públicos sería el gran objetivo político del nuevo gobierno. Una “sociedad más fuerte e inclusiva” se crearía desde arriba hacia abajo, mediante la acción de aquellos con “más educación, más recursos, más talentos y más redes”. Lo que no sabían es que la cuenta regresiva para este proyecto se estaba acabando. Y que la fuerza que lo derribaría procedía exactamente al revés: empujaba desde abajo hacia arriba. Desde los que no tenían los recursos ni las redes.

… mientras tanto

En paralelo al exitista discurso oficial, la lenta cadencia de estallidos que había comenzado con la revuelta estudiantil de 2011 tomaba cada vez más impulso. Según un estudio del Observatorio de Conflictos del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), entre 2009 y 2018 se contaron 15.455 acciones de protesta. La gran mayoría (entre 55% y 75%, dependiendo del año) se debía a demandas socioeconómicas, mucho más que a las culturales o referidas a la institucionalidad política. “El gran conflicto en Chile –destacaba el COES–, refiere a cuestiones de redistribución, desigualdad e injusticia económica y social”. Los datos mostraban un cambio clave: “Desde el 2011 en Chile se fortaleció enormemente la capacidad de movilización de los actores sociales, aunque ello de modo extra–institucional”.

El doctor en geografía humana Felipe Irarrázaval destaca que “la sociedad chilena estaba en un proceso de politización al margen de los espacios institucionales durante la última década”, y que “se observa un aumento en el involucramiento de personas que participan en actividades políticas, pero que no se identificaban con el sistema de partidos ni con posiciones políticas tradicionales. Una de las dimensiones en que se expresaba esta politización no institucionalizada eran las protestas en torno a temáticas socioambientales (Patagonia Sin Represas, No Alto Maipo, No a Pascua Lama) y por demandas localistas”, con los estallidos de Magallanes, Aysén, Calama, Chiloé y otros.

Irarrázaval habla de conflictos “socioambientales”, distintos de la agenda verde tradicional, que “se caracterizaban por temáticas generales, como por ejemplo la energía nuclear, caza de ballenas o cambio climático”. En los conflictos de la última década, en cambio, “confluye una crítica respecto a las implicancias ambientales del modelo de desarrollo, con demandas respecto a la autodeterminación local frente a la realización de proyectos de inversión (Isla Riesco, Penco GNL, Tiltil) e impresentables niveles de contaminación (Quinteros, Puchuncaví, Freirina). En este escenario, surgen liderazgos locales en torno a movilizaciones sociales de mayor amplitud”.

Esas precarias organizaciones territoriales y esos líderes locales, crecidos fuera de la vista de la clase dirigente, tendrían un papel clave en los acontecimientos siguientes.

El chorreo

“Nuestra sociedad tiene que aprender a valorar más el esfuerzo de nuestros niños y jóvenes”, dijo al comenzar su gobierno el presidente Piñera. Pero al seleccionar su gabinete valoró solo el esfuerzo de personas formadas en un hermético círculo de colegios del barrio alto de Santiago.

De los 24 miembros del gabinete, ninguno egresó de la educación pública y apenas dos salieron de colegios subvencionados; 18 estudiaron en colegios de élite del barrio alto de Santiago: cuatro ministros en el Tabancura, tres en el Saint George, dos cada uno en el Sagrados Corazones de Manquehue, el San Ignacio El Bosque y el Verbo Divino, y uno cada uno en el Villa María, La Maisonette, la Scuola Italiana, el Grange y el Santiago College.

Es más. Según la investigación del sociólogo Naim Bro Khomasi, ocho miembros del gobierno eran parientes entre sí, al ser todos ellos descendientes de la familia Larraín: los ministros Alfredo Moreno, Felipe Larraín, Hernán Larraín, Nicolás Monckeberg, Marcela Cubillos, Juan Andrés Fontaine y Antonio Walker, además del propio Sebastián Piñera.

La endogamia era extrema, aun para una clase política tan hermética como la chilena. Tampoco en otros parámetros el gabinete se acercaba a la realidad del país: 16 hombres y 7 mujeres (después de los gabinetes cercanos a la paridad de Bachelet), 19 santiaguinos y 4 de regiones, 14 egresados de la misma universidad (la Católica).

Esta especie de despotismo ilustrado (“todo para el pueblo, pero sin el pueblo”) se fundaba en que el pueblo ya había hablado: había entregado un mandato electoral contundente en esa segunda vuelta de 2017. En su primera cuenta pública, el 1 de junio de 2018, Piñera anunciaba que “la gran mayoría que obtuvimos en la última elección presidencial fue mucho más que un gran triunfo electoral. Fue un sólido mandato democrático para cumplir con nuestra misión, y estoy seguro que tanto los chilenos como nuestro Gobierno vamos a honrar este mandato”.

Pero, ¿qué había dicho realmente el pueblo? Algunos exégetas de la derecha tenían dudas.

Alejandro Fernández, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), advertía sobre la conformación del gabinete. “No puede ser que cuando la derecha gobierna esto parezca como el centro de Isidora Goyenechea. No puede ser que la mayoría de los ministros vengan de tres colegios. Parte del discurso meritocrático que tiene la derecha tiene que reflejarlo en el gabinete”. Su voz se sumaba a la de Claudio Arqueros, director de formación de la Fundación Jaime Guzmán. “Es difícil explicar aquí cómo un electorado que vota por Beatriz Sánchez en primera vuelta, o que marcha contra las AFP, le da el voto a Sebastián Piñera”.

Arqueros advertía de “una sociedad fragmentada”, en que Piñera había ganado porque logró “hablar de bienestar, sin abrir la discusión sobre el modelo”. Tiempo después, la investigadora del IES Josefina Araos describiría el espíritu del piñerismo como una “borrachera electoral”, que “selló su destino y el de todo el país”. Decía que un gabinete sin complejos había interpretado el triunfo electoral “como una negación del malestar”, como “un mandato unívoco, que indicaba sin atisbo de duda un único camino posible”. El “tipo de ceguera que esa borrachera autocomplaciente produciría” llevaría al gobierno al precipicio.

El triunfo de Piñera en segunda vuelta había sido claro, pero la expresión electoral tenía matices que se pasaron por alto. Chile Vamos estuvo lejos de una mayoría absoluta: obtuvo el 38,66% de los votos en las elecciones de diputados. La participación electoral fue de 46,72% en la primera vuelta, y 49,02% en la segunda vuelta. En ese balotaje que eligió a Piñera, la brecha de participación se agrandó. Votó solo el 37,29% de los electores de La Pintana, el 43,53% en San Bernardo y 43,65% en Puente Alto, contra 66,64% en Lo Barnechea, 66,09% en Las Condes y 63,13% en Vitacura.

Sin embargo, embriagado por el triunfo, el gobierno puso el pie en el acelerador de los “tiempos mejores”, y enfocó su esfuerzo legislativo en dos proyectos: una reforma tributaria y una previsional. La reforma tributaria permitiría a los dueños de las empresas recortar sus impuestos personales de los pagados por sus empresas, bajando su tasa máxima de 44,5% al 35%, y ahorrándose así, según cifras de Hacienda, unos 833 millones de dólares anuales. Aunque el gobierno insistía en que el proyecto favorecía a las pymes, los cálculos de los especialistas eran que entre el 80% y el 90% de este regalo tributario beneficiaría a los dueños de las grandes empresas. Se volvía así a la vieja teoría del chorreo, tan entrañable para el núcleo duro de la élite, y que Pinochet había resumido, décadas atrás, en una frase célebre: “Hay que cuidar a los ricos para que den más”.

La reforma previsional, en tanto, respondía a las multitudinarias marchas realizadas bajo el lema “No + AFP” con una propuesta que podríamos resumir como “Sí + AFP”. Estas entidades pasarían de administrar el 10% de los sueldos de los chilenos a llevarse el 14%. El 10% seguiría siendo exclusivamente para las AFP, y para los cuatro puntos adicionales el gobierno proponía que se abriera la competencia a nuevas administradoras de ahorro complementario. Pero, ¿cómo podrían competir estas nuevas administradoras, que deberían cobrar comisión, con unas AFP que ofrecerían hacerse cargo del 4% gratis, porque ya se llevan su comisión por el actual 10%? Hasta el siempre moderado exministro de Hacienda Rodrigo Valdés advirtió que “políticamente, ese 4% adicional para las AFP es un incendio”.

Este fortalecimiento del modelo privado de pensiones vendría acompañado de mejoras a las pensiones más bajas y de las mujeres, con un gasto permanente de 3.500 millones de dólares anuales, acompañado de la ya explicada rebaja a los tributos personales de los dueños de empresas.

Para quienes dicen que la demagogia comenzó en Chile después del 18 de octubre de 2019, no está de más recordar los dos proyectos estrella que se empujaban hasta ese día: más dinero fiscal para las pensiones, y al mismo tiempo menos impuestos a los más ricos. Más gasto para el Estado, menos ingresos para el Estado.

Los fugaces “tiempos mejores”

La respuesta mágica era que estas políticas traerían tal bonanza que el crecimiento de la economía financiaría estos gastos y más. El entusiasmo empresarial que acompañó la elección de Piñera abonó la frase de los “tiempos mejores”, que se convirtió en un mantra del gobierno. El presidente insistía en su promesa de duplicar el crecimiento del segundo gobierno de Bachelet (un pobre 1,8% anual), y junto con ello duplicar la creación de empleos y aumentar los salarios. Las cifras lo acompañaron al principio: en 2018 el PIB creció 4% gracias a un fuerte aumento de la inversión (4,7%), ya que el empresariado liberó los proyectos que había frenado el último año de Bachelet. En junio de 2018, Piñera anunciaba que “llegó la hora de cumplir con nuestra gran misión, la misión de nuestra generación, la generación del Bicentenario. Llegó la hora de dar un gran salto adelante para transformar a Chile, la colonia más pobre de España en América, antes que termine la próxima década, en un país desarrollado, sin pobreza, de clase media”.

Pero, una vez agotado ese stock inicial de inversiones pendientes, el motor de la economía se quedó de nuevo sin combustible. Sin reformas de fondo que diversificaran la economía y aumentaran la productividad, inevitablemente el empujón duraría poco. Chile, como siempre, seguía dependiendo del precio del cobre y la demanda de China. Y cuando la guerra comercial entre Trump y Beijing comenzó a afectar esas perspectivas el entusiasmo inversor se enfrió.

“El gobierno tiene la convicción de que su dificultad de cumplir la promesa de crecimiento es culpa de Trump o del Parlamento, cuando en realidad es un fenómeno estructural”, explicaba en esos días el economista Óscar Landerretche. “La verdad es que Chile está hace por lo menos quince años en una tendencia de caída de su productividad y competitividad, atravesando, ya, dos gobiernos de izquierda y de derecha, que naturalmente comparten la responsabilidad”.

No es cierto, como se intentaría decir después, que la economía fuera viento en popa hasta los sucesos de octubre. El año 2019 fue una constante carrera hacia abajo, en que el mercado y el Banco Central fueron moderando sus proyecciones, pero el gobierno, presa de un optimismo cada vez más irracional, se resistió porfiadamente a hacerlo. De prometer un 3,8% a principios de año, en marzo la estimación oficial cayó a 3,5% y a mediados de año a 3,2%. El 5 de septiembre el Banco Central recortó la estimación de crecimiento a 2,5%. “Somos más optimistas que el promedio del mercado”, reaccionó el ministro de Hacienda. “Yo pretendo que la realidad supere al Banco Central”, insistía el Presidente de la República.

Pero la realidad no siguió los deseos de Su Excelencia. El 3 de octubre, Hacienda tuvo que sincerar que el país crecería en torno a 2,6% en 2019.

Desde mediados de ese año el concepto de los tiempos mejores se archivó, y Piñera comenzó a enfatizar a modo de disculpa los “tiempos difíciles” que vivía el mundo. En medio de ellos, insistía, Chile era un país privilegiado. “El año pasado hubo récord de venta de viviendas, récord histórico de venta de automóviles, récord en las ventas de los establecimientos comerciales, récord en cuanto a turismo interno, venta de pasajes”, enumeraba en junio. Para octubre, esa idea ya se había expresado en el célebre concepto del “oasis”. “En medio de esta América Latina convulsionada veamos a Chile, es un verdadero oasis, con una democracia estable, el país está creciendo, estamos creando 170.000 empleos al año, los salarios están mejorando”, repitió varias veces Piñera mientras los estudiantes comenzaban a saltar torniquetes en las estaciones de metro.

El gobierno insistía en que “cuidar a los ricos” nos llevaría al desarrollo, mientras las comunidades se organizaban cada vez más y un incipiente tejido social se hacía más grueso, demandando otro tipo de políticas. En vez de facilidades para la inversión, pedían cuidar el ambiente, los recursos naturales y especialmente el agua. En vez de más de lo mismo, un nuevo modelo de desarrollo. En vez de profundizar el mercado en temas como las pensiones, reformas de fondo.

La brecha entre la política institucional y el Chile real venía creciendo hace décadas. En 2011, ese proceso se aceleró. Y en los diecinueve meses que duró en la práctica el segundo gobierno de Sebastián Piñera (desde el 11 de marzo de 2018 al 18 de octubre de 2019) se transformó en un abismo insalvable.

La pólvora

Faltaba el último elemento, que proveería la pólvora faltante. Llegaría, de nuevo, desde el frente escolar.

Gerardo Varela duró apenas cinco meses como cruzado a cargo de la “guerra cultural”. Dejó como legado una seguidilla de torpezas, que le valió un poco halagador apodo del senador Manuel José Ossandón, el Catrasca: “Le puse catrasca, cagada tras cagada”.

Al referirse a la educación sexual en los colegios y la posible instalación de dispensadores de preservativos, el ministro creyó necesario aclarar que sus hijos eran “campeones” que necesitaban más de tres condones. Luego, puso en duda el cumplimiento de la ley que prohíbe el lucro en educación: “Todos tenemos la legítima aspiración de ganar más plata de la que gastamos. ¿Es eso lucro? No pondría penas de cárcel para la gente que gana plata”.

El 21 de julio de 2018 se refirió a los problemas de infraestructura en la educación pública. “Todos los días recibo reclamos de gente que quiere que el Ministerio arregle el techo de un colegio que tiene goteras o una sala de clases que tiene el piso malo y yo me pregunto: ¿por qué no hacen un bingo?”. Su amigo el presidente intentó salvarlo, pero el propio Varela se puso la lápida al intentar explicar su exabrupto (“no sobra nada, ojalá tengamos más Estado y más bingos”).

Su reemplazante, la exdiputada UDI Marcela Cubillos, tenía un plan mucho más disciplinado para continuar la “guerra cultural”. Aprovechó la inquietud de muchos padres por el nuevo sistema aleatorio de postulación a los colegios, respaldado mayoritariamente por los expertos, pero contrario a la costumbre de postular por separado a cada colegio. El sistema aleatorio acababa con la práctica de los colegios particulares subvencionados de discriminar a sus alumnos seleccionando familias según su conveniencia. Esa práctica discriminatoria de los colegios se presentó como un “derecho de los padres a elegir”, y el nuevo sistema fue bautizado como la “tómbola”, apoyándose en una infame portada de Las Últimas Noticiasen que un escolar aparecía amarrado de pies y manos y con la vista vendada, girando en una ruleta con símbolos de colegios.

“La tómbola es el peor de los sistemas”, dijo en su campaña Piñera, y su franja presentaba a niños sometidos a una ruleta para conocer su colegio. Su propio exministro de Educación, Harald Beyer, calificó el spot como una chambonada.

Sylvia Eyzaguirre, investigadora del CEP y miembro del equipo de campaña de Piñera, explicaba el punto. “Resulta curioso que quienes dicen querer defender la libertad de elección de los padres defiendan al mismo tiempo la posibilidad de seleccionar de los colegios. Es evidente que la selección de los colegios se opone a la libertad de elección de los padres y que la maldita tómbola, como algunos la llaman, en los hechos es su mejor aliada”. Pero, usando el libreto de Trump, Cubillos decidió que si los expertos estaban en contra, lástima por ellos, serían el enemigo. Definió “Admisión Justa” como el lema de su gestión y proclamó que “esta vez se debe escuchar más a los padres y quizás menos a los ‘expertos’”.

Por cierto, escucharía solo a algunos padres. Aunque el 59% de los estudiantes había quedado en su primera preferencia con el sistema aleatorio, y el 82% en alguna de las restantes, Cubillos lanzó una gira nacional en que se reunió exclusivamente con padres descontentos. Recorrió 26 comunas en dos semanas, de Antofagasta a Puerto Montt, contando siempre la misma historia a través de su cuenta de Twitter. En La Serena, “apoderados reclaman que les quitaron derecho a elegir”. En Antofagasta, “quieren recuperar derecho a elegir educación de sus hijos”. En Coquimbo, una madre “reclama, y con razón, que le quitaron el derecho a elegir el colegio de su hija”.

Parlamentarios oficialistas se sumaron al show paseando una ruleta de casino por el Congreso y lanzando un sitio web: “Víctimas de la tómbola”. La ministra incluso validó que los padres no enviaran a sus hijos a la escuela: “Se niegan a matricularlos en el colegio que el Estado les está asignando, y con razón”, dijo. El discurso era el mismo: el gobierno se pondría del lado de los padres, contra una élite de expertos que despreciaba sus padecimientos.

Las mentiras fueron creciendo. “El sistema creado bajo el gobierno de Bachelet prohíbe a padres pedir entrevista en colegio al que el sistema los derivó”, tuiteó Cubillos más de una vez. Las afirmaciones eran falsas. Lo que la ley hacía era prohibir a los colegios que exigieran una entrevista para aceptar la postulación.

Y cuando, en octubre de 2019, se dieron a conocer los resultados del nuevo proceso de admisión (el 54% quedó en primera preferencia y el 80%, en una de las tres primeras), las cifras oficiales sonaban demasiado bien, así que la ministra optó por ignorarlas. Presentó en cambio una submuestra, considerando solo aquellos colegios en que había más postulantes que cupos, como si fuera el total. Así, los números lucían peor de lo que el mismo Estado informaba: solo 36% en primera preferencia y 62% en alguna de las tres primeras.

A esas alturas, sin embargo, Cubillos ya enfocaba sus esfuerzos en otro tema. Ante los preocupantes casos de violencia, especialmente en colegios emblemáticos del centro de Santiago, lanzó el proyecto de ley “Aula Segura”, que permitía la expulsión inmediata de estudiantes acusados de protagonizar actos de violencia, sin esperar el resultado de una investigación interna. El gobierno “va a perseguir con toda la fuerza de la ley a aquellos delincuentes y violentistas que, disfrazados de estudiantes, sin respetar a nada ni a nadie, pretenden causar un clima de terror”, aseguró Piñera. La ley fue rápidamente aprobada en el Congreso, con algunas modificaciones para establecer un sumario exprés de quince días antes de concretar la expulsión.

Pero el clima de violencia, tensión, represión y soplonaje solo aumentó en los liceos emblemáticos. Desde junio de 2019, Fuerzas Especiales de Carabineros irrumpieron periódicamente en el Instituto Nacional, instalándose como una especie de fuerza de ocupación en sus techos. En la primera quincena de octubre, los casos de estudiantes golpeados y detenidos en los pasillos del colegio ya eran rutinarios.

La violencia en los colegios, con periódicos enfrentamientos entre carabineros y “overoles blancos”, con gaseo de estudiantes en sus salas de un lado y lanzamiento de mólotovs del otro, fue un factor fundamental para encender la chispa de los torniquetes. El nivel de virulencia que se había incubado quedó claro en los primeros días del estallido, cuando carabineros entraron disparando balines contra las alumnas del Liceo 7.

Distancia social

Sabemos lo que pasó después: el alza de 30 pesos, los torniquetes, el fuego, la pizza, la declaración de guerra, los alienígenas, las marchas, la esperanza y la violencia. El acuerdo constitucional, la pandemia y un término que adquirió el doble significado que bautiza este libro.

Distancia social.

La epidemia del Covid nos hizo hablar de la distancia social como medida sanitaria, al tiempo que los acontecimientos políticos mostraban una cara distinta de la distancia social, esa que, como escribí en octubre de 2019, da cuenta de una clase dirigente atrincherada, en oposición a la cual irrumpe “un momento populista, en la correcta definición del término: la percepción de una división de la sociedad entre una élite corrupta y un pueblo virtuoso (…) un colectivo que se define por oposición a todo lo que representa la clase dirigente”.

Esa distancia social tuvo su expresión masiva en la marcha del 25 de octubre de 2019, cuando un mar sin orillas de chilenos desbordó Santiago y otras ciudades. Y su traducción electoral exactamente un año después, en el plebiscito del 25 de octubre de 2020, cuando el Apruebo al proceso constituyente ganó con el 78% de los votos y se impuso en todas las comunas del país, con solo tres excepciones significativas: Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea.^*

Esa fractura y sus consecuencias son el núcleo de las siguientes páginas, que reflejan a una sociedad enfrentada a una paradoja: la de intentar restañar ese profundo quiebre social al tiempo que debe confinarse y guardar distancia, un retiro físico que impide el diálogo directo entre sus miembros. Una sociedad en medio de una pandemia que está produciendo una crisis de salud, económica y de empleo devastadora, y que ha puesto de relieve lo más profundo del quiebre social: que en esta tormenta no vamos todos en el mismo barco.

Las heridas ya están tan expuestas que son imposibles de disimular. Ese verano de autocomplacencia en Cachagua ha quedado atrás.

Y este reconocimiento del problema, esta evidencia inocultable de la distancia social que nos separa, es un primer paso –doloroso, pero necesario– para remediarla.