ONG en dictadura

Volviendo a lo señalado en pasajes anteriores, el Grupo de los 24 criticó en un plano formal la Constitución de 1980 y evidenció varios tópicos en que dicha Carta Fundamental no propugnaba un régimen democrático; más aún, consagraba la forma política impuesta por la junta militar. Por tal motivo, el grupo se dedicó a estudiar el texto constitucional presentado por el régimen, y lo analizó de forma tal que la información sistematizada pudiera resumir de manera fácil y sintética los principales puntos por donde el texto no respondía al camino democrático.

Al respecto, en un informe de la revista APSI de marzo de 1981, se señala lo siguiente37: “…la nueva Constitución rechaza el sistema representativo de Gobierno, desconoce el derecho natural y exclusivo del pueblo para gobernarse, niega el pluralismo ideológico, establece un régimen político y militarista, implanta un verdadero cesarismo presidencial, minimiza al Parlamento, transforma al Tribunal Constitucional en un organismo burocrático carente de representatividad popular y más poderoso que el Congreso, otorga un poder ilimitado a las FF.AA., subordina la vigencia de los derechos humanos fundamentales al arbitrio del gobierno y se identifica, en lo económico, con el capitalismo individualista de libre mercado”38.

En las críticas hechas por el grupo se grafica de buena forma la construcción de una arquitectura jurídica que sustentaba su accionar y lo consagraba de forma directa en la figura de Augusto Pinochet, teniendo una autoridad sin contrapeso dentro del esquema propuesto. Al respecto, desde el grupo señalaban: “La nueva Carta no establece la democracia, ni conduce gradualmente a ella. Por el contrario, cierra las puertas a la democracia. Impide cualquier evolución política, económica y social profunda dentro de sus marcos. Hace prácticamente imposible un cambio de la institucionalidad por los medios que ella prescribe para reformarla”39. Más aún, es posible revisar dentro de las revistas de la época que el propio grupo estableció ocho pilares básicos necesarios y fundamentales para garantizar una transición hacia la democracia que a su juicio no contemplaba el proyecto dictatorial: un Estado de derecho; separación de los poderes públicos; generación periódica de los gobernantes y legisladores; participación activa y organizada del pueblo en la vida política, social, económica y cultural de la nación; existencia de partidos políticos; gobernantes responsables; red de organizaciones intermedias, y justicia económico-social. Por este motivo, lanzan un documento, dos días antes del plebiscito de septiembre de 1980, en el que llamaban abiertamente a todos los chilenos a contraer un “compromiso por la democracia”, donde se entendiera este como un imperativo moral de saneamiento cívico que defendiera las libertades humanas y denunciase cualquier tipo de arbitrariedad frente a la justicia40.

Así, se encargaban de especificar qué entendían por democracia y las características que esta debía tener: “El Grupo de Estudios Constitucionales hace un llamado a todos los chilenos libres a contraer un solemne COMPROMISO POR LA DEMOCRACIA, entendida como el único régimen compatible con los valores de libertad, igualdad y participación, que se funda en el derecho del pueblo a gobernarse por sí mismo y que asegura la efectiva vigencia de los derechos humanos”41. De esta manera, la democracia entendida por el grupo se aferraba a un tipo de organización sociopolítica que se fundaba en el derecho del pueblo a gobernarse a sí mismo y en el que se aseguraba el respeto a los derechos humanos, pero también sería una democracia en que las mayorías gobernaran y las minorías pudieran expresarse libremente y disputar espacios para llegar a gobernar42.

El Grupo de los 24 daba cuenta de una democracia sin apellidos y sin protecciones, principalmente fundada en la libertad, participación y sobre todo en el respeto por los derechos humanos, valores y principios que a la fecha habían sido violentamente atropellados por una dictadura que buscaba imponer su propia concepción de democracia, una “democracia protegida”.

Comentarios finales

El Grupo de los 24 desempeñó una labor política, pública y pedagógica fundamental a la hora de mostrar otra forma de resistencia y oposición a la dictadura que encabezó Augusto Pinochet. Así también se transformó en un espacio de encuentro donde se produjo un tipo específico de saber respecto a la democracia anhelada. Sus integrantes plantearon la posibilidad de una salida institucional alternativa que pudiera hacerse cargo del manejo político del país en el contexto dictatorial radicalmente violento vivido hasta ese momento. Era la forma de generar una respuesta a la legitimación institucional creada por la dictadura, buscando intervenir intelectualmente para incidir en la esfera política. Lo cierto es que el papel de hombres públicos, con importantes niveles de prestigio por su labor como académicos, juristas muchos de ellos, contribuyó para que su proyecto se convirtiera en una alternativa al planteado por la junta militar. Aunque su impacto fue reducido y el grupo se haya dividido tempranamente, fue una de las primeras experiencias político-académicas en las que se hizo oposición pública a la dictadura. Más allá de las posibilidades reales de construir esa alternativa, el grupo representa una experiencia de crítica que sistematizó las formas en que se pensaba la democracia. Sus planteamientos sobre Asamblea Constituyente y alternativa transicional, aunque no fructificaron, nos permiten pensar en que las posibilidades de transición fueron bastante más amplias y diversas que la que terminaron siendo.

Si bien es cierto que la opción del grupo no fue tomada como proyecto definitivo, es imposible negar su valor conceptual, principalmente por la recuperación de valores democráticos para los chilenos y chilenas, a la vez que significó un primer esfuerzo de trabajo transversal y pluralista que logró convocar a diferentes sectores políticos que pensaron en la democracia como el único camino válido para Chile. En ese terreno, la formación del grupo como uno de los primeros espacios de sociabilidad política y productor de conocimiento tiene un valor inmenso, especialmente cuando los derechos a reunión, a hacer política y expresarse públicamente estaban fuertemente restringidos.

El esfuerzo de los protagonistas de esta historia no se termina en las proposiciones dejadas de lado; más bien es un recordatorio para los chilenos y chilenas que piensan que otro tipo de sociedad era factible. ¿Sería posible hoy retomar aquel esfuerzo? ¿Podemos pensar más allá de la construcción hegemónica de la dictadura? Al igual que el momento vivido por el Grupo de los 24, parece oportuno y necesario repensar los cimientos trastocados de nuestra institucionalidad creada bajo cuatro paredes, pensando que el propio grupo configuró una alternativa constituyente legítima al garantizar la participación efectiva de todos los chilenos.

1 Doctor en Historia. Académico en el Departamento de Historia, Universidad de Concepción. Coinvestigador del proyecto.

2 Magíster en Investigación Social y Desarrollo. Ayudante y técnico del proyecto.

3 Para una mayor claridad sobre la Comisión Ortúzar, revisar las actas pertenecientes al Tomo I. Recuperado de https://www.bcn.cl/lc/cpolitica/actas_oficiales-r.

4 Para conocer en detalle el contenido del “Discurso en Cerro Chacarillas con ocasión del Día de la Juventud, el 9 de julio de 1977”, ver “Nueva institucionalidad en Chile: discursos de S.E. el presidente de la república general de Ejército D. Augusto Pinochet Ugarte, 1977”.

5 Altamirano, C. (2013). Intelectuales. Notas de investigación sobre una tribu inquieta. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, p. 11.

6 Valle, L. (2009). Capítulo I. Fundamentos históricos y formación de la Concertación. En C. Bascuñán (Ed.), Más acá de los sueños, más allá de lo posible. La Concertación en Chile. (33). Santiago: Lom Ediciones.

7 Aylwin, P., Briones, C., Bulnes, F., Correa, P., Cumplido, F., Diez, S., y Silva, E. (1998). El reencuentro de los demócratas: del golpe al triunfo del no. Santiago: Ediciones B.

8 Yocelevzky, R. (2002). Chile: partidos políticos. Democracia y dictadura 1970-1990. Santiago: Fondo de Cultura Económica, p. 192.

9 La composición completa del grupo fue la siguiente:

1) Edgardo Boeninger (ex rector Universidad de Chile)

2) Ignacio González Ginouvés (ex rector Universidad de Concepción)

3) Fernando Castillo Velasco (ex rector Universidad Católica)

4) René Abeliux (abogado)

5) Héctor Correa Letelier (ex vicepresidente de la Cámara de Diputados)

6) Juan Agustín Figueroa (abogado y profesor)

7) Gonzalo Figueroa Yáñez (profesor universitario)

1) Patricio Aylwin Azócar (ex presidente del Senado)

2) Fernando Luengo (ex vicepresidente del Senado)

3) Luis Izquierdo (profesor universitario)

4) Eduardo Miranda (abogado)

5) Joaquín Luco (profesor universitario)

6) Alberto Naudón (abogado y exdiputado)

7) Hugo Pereira (profesor universitario)

8) Alejandro Silva Bascuñán (profesor de Derecho Constitucional)

9) Pedro J. Rodríguez (ex presidente del Colegio de Abogados)

10) Ramón Silva Ulloa (exsenador)

11) Sergio Villalobos (historiador y profesor de la Universidad Católica)

12) Manuel Sanhueza (ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción y ex ministro de Justicia durante 1972)

13) Víctor Santa Cruz (ex parlamentario y diplomático)Eduardo Long Alessandri (abogado)

14) Jaime Castillo Velasco (abogado y profesor universitario)

15) Raú Rettig (exsenador)

16) Julio Subercaseaux (abogado) En revista Hoy, 2 al 8 de agosto de 1978.

10 Cavallo, A., y Serrano, M. (2013). El poder de la paradoja. 14 lecciones políticas de la vida de Patricio Aylwin. Santiago: Uqbar editores, p. 128.

11 Lechner, N. (1988). Los patios interiores de la democracia. Santiago: Flacso, pp. 35-40.

12 Grupo de Estudios Constitucionales, Boletín Informativo número 6, s/f, pp. 7 y 9.

13 Ibid., p. 9.

14 Diario El Sur, Concepción, jueves 17 agosto 1978, p. 16.

15 Ibid.

16 Revista APSI, núm. 94, 1981, p. 23.

17 Diario El Sur, Concepción, miércoles 4 octubre 1978, p. 18.

18 Diario El Sur, Concepción, domingo 12 noviembre 1978, p. 24.

19 Ibid.

20 Diario El Sur, Concepción, domingo 26 noviembre 1978, p. IV (magazine).

21 Ibid.

22 Informe del Grupo de los 24. (1979), p. 1. Recuperado de http://www.archivochile.com/Partidos_burguesia/doc_gen/PBdocgen0013.pdf.

23 Revista APSI, núm. 59, 1979, p. 2.

24 Fuentes, C. (s/f). A 35 años del “Caupolicanazo” se revive la memoria. Recuperado de http://www.icso.cl/noticias/a-35-anos-del-caupolicanazo-se-revive-la-memoria-articulo-del-director-de-ciencia-politica-udp-claudio-fuentes/.

25 Revista APSI, núm. 81, 1980, p. 4.

26 Revista Análisis, núm. 26, 1980, p. 5.

27 Ibid.

28 Informe del Grupo de los 24 (1979), p. 1. Recuperado de http://www.archivochile.com/Partidos_burguesia/doc_gen/PBdocgen0013.pdf.

29 El grupo de los 24 y el reencuentro con la democracia. Recuperado de http://archivohales.bcn.cl/colecciones/v/participacion-politica-y-membresias/el-grupo-de-los-24-el-reencuentro-con-la-democracia.

30 Revista APSI, núm. 82, 1980, p. 3.

31 Grupo de Estudios Constitucionales. Boletín número 5, 1980, p. 79. Disponible en Biblioteca del Congreso Nacional.

32 Para ver la labor del grupo desde su análisis jurídico, véase: Quinzio, J. M. (2002). El Grupo de los 24 y su crítica a la Constitución Política de 1980. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, (23).

33 Diario El Sur, Concepción, sábado 2 diciembre de 1978, p. 4.

34 Ibid.

35 Boeninger, E. (1998). Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad. Santiago: Editorial Andrés Bello, p. 285.

36 Cavallo y Serrano, op. cit., p. 127.

37 Las críticas del Grupo de los 24, p. 7. Recuperado de http://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/23867/1/las_criticas_del_grupo.pdf.

38 Ibid., p. 8.

39 Ibid., p. 12.

40 Revista APSI, núm. 84, 1980, p. 62.

41 Ibid.

42 El grupo de los 24 y el reencuentro con la democracia. Recuperado de http://archivohales.bcn.cl/colecciones/v/participacion-politica-y-membresias/el-grupo-de-los-24-el-reencuentro-con-la-democracia.

ECO, LA RECONSTRUCCIÓN DEL MOVIMIENTO POPULAR Y LA EDUCACIÓN POPULAR EN EL CHILE DE LOS OCHENTA

Mario Garcés Durán1

Introducción

La sociedad chilena vivió profundas transformaciones en el último tercio del siglo XX. Desde un punto de vista histórico, en los años sesenta maduraron grandes proyectos de cambio social que involucraron a diversos grupos sociales, pero muy particularmente a los sectores populares. El proyecto de “Revolución en libertad”, conducido por la Democracia Cristiana, y la “Vía chilena al socialismo”, liderado por la izquierda, convocaron a la clase popular chilena a hacerse parte de importantes reformas en el campo de la propiedad (Nacionalización del Cobre, Reforma Agraria y Área de Propiedad Social); en la gestión de la producción rural y urbana (ampliación de la propiedad y la gestión estatal en diversas áreas productivas); en la educación (ampliación de la matrícula y reforma en el gobierno universitario); así como en el ordenamiento y la expansión de la ciudad (nuevas políticas de vivienda y programas de apoyo y promoción de la organización popular). Estos diversos procesos de cambio social, que modificaban relaciones tradicionales de poder y que permitían a los grupos subalternos ocupar nuevos espacios y roles sociales, fueron violentamente interrumpidos, si no anulados o bloqueados, luego del golpe de Estado de 1973 que derrocó al presidente Allende y que dio paso a una acción represiva sin precedentes en la historia de Chile, tanto en contra de la izquierda política como de los sectores sociales organizados. La dictadura chilena fue, en este último sentido, eminentemente anti-popular.

En los años setenta y ochenta, los sectores más pobres, al igual que los partidos políticos de la izquierda y la Iglesia católica, favorecieron inéditos procesos de reorganización popular, a partir de los cuales se abrió paso la educación popular como un conjunto de iniciativas encaminadas a generar nuevos saberes, así como nuevos enfoques y orientaciones para la acción política de resistencia y oposición a la dictadura militar. Sin embargo, cuando en el segundo lustro de los ochenta las fuerzas de oposición social y política pudieron desestabilizar parcialmente al régimen autoritario e iniciar los procesos de acuerdo y consensos para recuperar la democracia, se impusieron las formas más tradicionales de la política chilena, centradas fundamentalmente en la acción hacia el Estado y en el papel protagónico de los partidos políticos. En este contexto, mucho de los aprendizajes, propósitos y sentidos que animaron la reorganización de los sectores populares fueron relegados a un segundo plano y la transición a la democracia se organizó sobre la base de la prescindencia tanto de los movimientos sociales tradicionales como de los nuevos. En este capítulo nos proponemos revisitar los procesos de reconstrucción que protagonizaron estos sectores en los años ochenta y el papel que jugó la educación popular en ellos.

La reorganización popular

El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 representó un punto de ruptura en la historia de los movimientos sociales populares en Chile. En muchos sentidos, dio paso a una verdadera tragedia. Por más que los primeros bandos de la junta militar indicaban que los derechos y conquistas de los trabajadores serían respetados, nada de esto ocurrió. Paralelamente al ataque a la Moneda, o en las horas siguientes, las fábricas y las poblaciones serían objeto de una acción represiva a gran escala. Las Fuerzas Armadas chilenas operaron prácticamente como “ejército de ocupación”, patrullando calles, allanando locales y sedes partidarias, los cordones industriales y las poblaciones más emblemáticas. En Santiago, los vuelos rasantes de aviones que el día 11 habían bombardeado la Moneda, ahora sobrevolaban los barrios infundiendo temor en las poblaciones periféricas de la ciudad. El toque de queda se impuso desde el mismo día 11 y limitó hasta los años ochenta el desplazamiento de los ciudadanos durante la noche.

El efecto del golpe en las poblaciones fue devastador, tanto por la represión como por el temor que esta generaba entre sus habitantes. Estos en muchos casos fueron víctimas de la ocupación militar de sus barrios, de disparos durante la noche, de allanamientos selectivos y masivos, de detenciones arbitrarias, de malos tratos y violencia con resultado de muerte. En este clima, de violencia estatal y de incertidumbre, las primeras respuestas de los pobladores fueron pequeños actos y gestos solidarios hacia sus vecinos o militantes de izquierda que buscaban protección, gestos que se potenciaron y amplificaron cuando las Iglesias cristianas, en especial la Iglesia católica, comenzaron a desarrollar programas más sistemáticos de ayuda a los familiares de las víctimas de la represión, así como iniciativas de apoyo social dirigidas hacia los sectores más pobres de la ciudad.

Según el Informe del Comité de Cooperación para la Paz en Chile (Copachi), creado en octubre de 1973 como consecuencia del golpe de Estado, “muchas personas se acercaron a las iglesias de diversas denominaciones que existen en Chile en busca de consuelo y apoyo frente a situaciones, propias o de familiares, de detención, desaparecimiento, muerte, cesantía, etc. Muchos de ellos no contaban con los recursos económicos necesarios para sobrellevar la emergencia. Otros comprobaban que los organismos competentes no respondían a sus requerimientos. No faltaban los que sentían intimidación y miedo”2. Este fue el origen de la acción solidaria de las Iglesias en Chile. En este contexto fueron surgiendo en el Copachi “los programas jurídicos, asistenciales, laborales, de salud, de comedores, de campesinos, de talleres artesanales, hasta llegar a diciembre de 1975 habiendo atendido a más de cuarenta mil personas en sus oficinas, dando casi 70.000 prestaciones médicas en sus policlínicos y colaborando en la alimentación de más de 35.000 niños diariamente en los comedores infantiles”3.

Luego de dos años de existencia, la presión de la dictadura llevó a su cierre. No obstante, el cardenal Silva Henríquez decidió dar continuidad a las tareas del Copachi a través de la creación de la Vicaría de la Solidaridad (un organismo propio de la Iglesia católica), la que, junto con atender a las víctimas de la represión, expandió los programas sociales en las principales poblaciones de Santiago. La Vicaría fue un gran “marco institucional” para la acción solidaria de la Iglesia católica; sin embargo, esta acción no habría sido posible sin la existencia de una vasta red de sacerdotes, religiosas y agentes de pastoral que daban vida a las comunidades cristianas populares.

En medio de la represión, de la cancelación del estado de derecho y del cierre de los canales históricos de participación (en especial los partidos políticos), las parroquias y comunidades cristianas de las poblaciones fueron los principales espacios en que los pobladores se pudieron encontrar y dar vida a una nueva red de organizaciones sociales. Primero los comedores infantiles, luego los comedores familiares, las bolsas de cesantes, los grupos de salud, los centros de apoyo escolar y muchos otros, tanto de pastoral juvenil como grupos artísticos y culturales de jóvenes. La vida comunitaria en las poblaciones se fue entonces recreando lentamente.

En este mismo período, la situación de la izquierda fue francamente crítica y desfavorable debido a la represión y a los efectos de la derrota político-militar que había significado el golpe de Estado. En una primera etapa vivió las consecuencias de la represión masiva, la que tuvo como emblema el Estadio Nacional convertido en un gran campo de detención (por cierto, hubo otros centros, como regimientos, cuarteles de policía, barcos de guerra, etc.). En una segunda etapa, fue víctima de una represión más selectiva, orientada a la desarticulación de los principales partidos de izquierda. Los aparatos de seguridad e inteligencia, como la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), pusieron entonces en práctica sus métodos más atroces, masificando tanto la tortura en diversos centros clandestinos de detención como la desaparición de los detenidos4. La DINA definió sus prioridades haciendo del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) su principal objeto de represión y desarticulación. Paralelamente, golpeó al Partido Socialista, y hacia 1976, centró su accionar en el desmantelamiento del Partido Comunista.

Con esto se buscaba anular a la izquierda en su capacidad de resistencia a la dictadura, pero desde un punto de vista más estructural, se bloqueó y anuló el lugar y el papel que habían jugado los partidos en el sistema político chileno5. En este nuevo contexto, la reorganización de los sectores populares debía seguir caminos relativamente inéditos, con nuevos actores y nuevas organizaciones en las cuales los partidos políticos seguirían jugando un papel no menor, ya sea adaptándose o apoyando los procesos de reorganización popular.

La emergencia de nuevos actores: la Vicaría, los centros académicos y de apoyo al movimiento popular

La Vicaría de la Solidaridad orientó sus acciones en una doble dirección. Por una parte, en la defensa legal y jurídica de los perseguidos por el régimen y, por otra, en un conjunto de programas sociales orientados a mitigar los efectos de la pobreza y apoyar a las organizaciones populares. El Departamento de Zonas de la Vicaría, en 1976, se hizo cargo de las principales iniciativas sociales y solidarias a través de cuatro programas: bolsas y actividades para la subsistencia; comedores; salud; capacitación, educación y cultura.

El programa de bolsas y actividades para la subsistencia estaba relacionado con 50 bolsas de cesantes y 131 talleres productivos. Las bolsas de cesantes eran una organización que agrupaba a los trabajadores que habían perdido su empleo, y en torno a ellas se fueron gestando diversas actividades culturales (actos solidarios, campañas), recreativas y deportivas, así como apoyos a los comedores populares. Los rubros de producción o servicios que más frecuentemente realizaban eran carpintería, cuero y calzado, alimentación, gasfitería, pintura, etc.

El programa de comedores alcanzaba en 1976 a un total de 186. La mayoría de ellos atendía, en promedio, a unos cien niños en edades preescolar y escolar. La Vicaría les entregaba mensualmente legumbres, quínoa, aceite y azúcar. También leche, pero en cantidades que se consideraban insuficientes. Caritas, por su parte, repartía de forma irregular harina, porotos y huevos desecados. Los comedores estaban dirigidos en su gran mayoría por mujeres de las mismas comunidades. En algunos casos se comenzaron a crear los CAE (Centro de Apoyo Escolar) para enfrentar los problemas de retraso en la escuela. Ese año, una de las zonas vinculadas a la Vicaría comenzó a desarrollar un proyecto piloto de actividades recreativas. Finalmente, un gran número de comedores contaba con el apoyo de nutricionistas.

El programa de salud prestaba servicios a través de policlínicos vinculados a la Iglesia. Hasta el año 1976 se encontraban inscritas un total de 30.215 personas. Las atenciones médicas y dentales superaban las 95 mil. Un programa especial controlaba a los niños que asistían a los comedores infantiles. Entre julio y diciembre de 1976 se atendió a 13.832, de los cuales 9.483 estaban desnutridos (68,3 %).

Según los informes de la Vicaría, en esos años se mantenían vínculos con un significativo número de personas en las distintas zonas episcopales de Santiago, como se muestra en el cuadro siguiente.

Número de personas vinculadas a las acciones solidarias de la Vicaría

Fuente: En base a datos de Vicaría de la Solidaridad. Ocho meses de labor. Agosto 1976.

La Vicaría alcanzó un desarrollo importante en sus primeros años de existencia (1976-1978), lo que generó tensiones al interior de la propia Iglesia entre quienes favorecían el desarrollo de las actividades solidarias y quienes veían en estas efectos políticos no deseados. Se produjo entonces un cambio de vicario y se desarrolló un debate acerca de las orientaciones de la Vicaría, del que resultó que esta tendería a acentuar la “acción pastoral” por sobre la “acción solidaria”6.

A pesar de que efectivamente prevaleció la idea de “pastoralizar el trabajo de la Iglesia”, también se verificó una cierta continuidad de los programas sociales. De este modo, el Informe Anual de 1980 consideraba, para las zonas episcopales de Santiago, tres grandes líneas de trabajo: de animación pastoral; de promoción y apoyo de defensa de los derechos humanos, y de educación popular. Este mismo informe indicaba que se mantuvo la amplitud del trabajo, que según las estimaciones de la Vicaría alcanzaba a 153.998 pobladores7.

En tiempos relativamente contemporáneos a la expansión y las tensiones que se vivían en la Iglesia y la Vicaría, diversos centros de estudio y organizaciones laicas de “apoyo al movimiento popular” comenzaron a alcanzar visibilidad y desarrollo. Este es el momento del origen de lo que más tarde se denominaría Organización no Gubernamental (ONG). Algunos centros de estudio e investigación surgieron al alero de la propia Iglesia, por ejemplo, los círculos de estudio de la Academia del Humanismo Cristiano, que con el tiempo llevaron a la constitución del CEM (Centro de Estudio de la Mujer); el PIIE (Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación); el GIA (Grupo de Investigaciones Agrarias) y el PET (Programa de Economía del Trabajo). Algunos centros académicos tenían más tradición, ya que se habían organizado antes del golpe, como Flacso y el CIDE (Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación). Finalmente, afloraron también en estos años los denominados centros de apoyo al movimiento popular, como Sedej (Servicio para el Desarrollo de los Jóvenes); Sepade (Servicio Evangélico para el Desarrollo); SUR Profesionales y ECO (Educación y Comunicaciones).

Si bien en algunos casos se podía establecer una clara diferenciación entre centros académicos y centros de trabajo social y asistencia, en varios las ONG combinaron –no sin tensiones– ambas dimensiones: el apoyo directo a organizaciones populares y la investigación social.

Como ha reconocido Manuel Bastías, la Vicaría de la Solidaridad desarrolló estrechos lazos con las nacientes ONG y centros de investigación, facilitando la llegada de equipos de trabajo e investigación a las poblaciones de Santiago. Muchas de las primeras investigaciones sobre pobladores de las ONG comenzaron a moverse dentro de las redes solidarias que se desarrollaron en las poblaciones. Bastías agrega que lo más importante fue que “el contacto entre las ONG y la Vicaría ayudó a que los equipos zonales reformularan el carácter de las organizaciones solidarias, alejándolas de su carácter centrado en la subsistencia y redirigiendo los recursos para iniciativas de autoformación, basadas en la idea de educación popular”8. En realidad, el aporte de las ONG para un enfoque en la Educación Popular encontró terreno abonado, en el sentido que ya en 1978 la Vicaría se planteaba la necesidad de una “pedagogía para la acción”9, buscando superar el asistencialismo y favorecer la promoción de las propias organizaciones populares.

La educación popular

En un estudio realizado por Adriana Delpiano y Daniela Sánchez, en 1984, se reconoció que de un total de cien instituciones estudiadas, 61 de ellas poseían programas de educación popular. En una investigación anterior sobre instituciones católicas, en 1979, se detectaron 95 programas de educación de adultos. Sergio Gómez, en 1982, reconoció la existencia de 41 programas privados de apoyo al sector campesino10. De acuerdo con estos estudios, todo nos indica que hacia los años ochenta se desarrollaban en Chile una diversidad de programas de educación popular, y que estaba emergiendo desde distintos centros e instituciones, tanto laicas como de las Iglesias, la figura del “educador popular”. En esta etapa se trataba especialmente de trabajadoras sociales (muchas de ellas en programas sociales de las Vicarías Zonales); profesionales de las ciencias sociales que formaban parte de las primeras ONG; “agentes de pastoral”, principalmente sacerdotes, religiosas y líderes de Comunidades Cristianas de Base11. Algunos de ellos eran militantes de partidos de izquierda, que además establecían vínculos con militantes de base que no necesariamente formaban parte de las instituciones desde donde provenían los profesionales.

En 1980, a instancias del PIIE, se desarrolló el Primer Encuentro de Investigación Acción y Educación Popular en Chile. Juan Eduardo García-Huidobro y Sergio Martinic, ambos investigadores del CIDE, realizaron una ponencia que anunciaba una de las principales orientaciones gramscianas que tomaría la educación popular relativa a la noción de “hegemonía”:

La búsqueda de una sociedad distinta no puede ya ser pensada como un mero cambio económico, por importante que sea este cambio, ni como un puro cambio de manos del aparato estatal coercitivo. La exigencia y necesidades que surgen en el terreno económico deben encontrar su expresión eficiente en la creación de una nueva voluntad colectiva, capaz de actuar y pensar la sociedad de modo distinto. El hablar de nueva hegemonía pone la exigencia de crear, desde hoy y en el seno de la práctica actual de los sectores populares, una concepción del mundo y de la sociedad, una cultura, que haga sentido al proyecto económico y político alternativo, y que permita ir sumando voluntades al proyecto. Cualquier proyecto histórico debe comenzar por ser hegemónico a nivel del bloque social que lo sustenta. Se está frente a una concepción más amplia del poder según la cual el poder se conquista y construye en medio de las masas, con ellas, y no para ellas. La educación popular en un sentido estricto, como práctica específica, e intencionalmente educativa, es una actividad que contribuye a esta construcción de nueva hegemonía junto a muchas otras actividades populares: la vida y organización política, la vida sindical, la lucha reivindicativa, diversas organizaciones, la misma vida cotidiana y familiar12.