Arauca: Una Escuela de Justicia Comunitaria para Colombia

María relata cómo los jóvenes tameños incorporaron un ritual que le aprendieron a los paramilitares llegados, en su mayoría, de la costa Caribe y Antioquia. Se trataba de arrancar una motocicleta a toda velocidad y cruzar las intersecciones viales sin ningún tipo de precaución, con la finalidad de “probar su suerte”. De ese modo podían saber cabalísticamente qué tan cerca estaban de la muerte ese día, y sentirse “machos” y protegidos, llenos de vida:

Esa norma aún hoy pervive en varios muchachos. Todavía ve uno que van en esas motos como locos y se atraviesan sin mirar, y dicen: hoy no me va a tocar. Y se retan y se desafían para ver quién es más macho, o a quien lo coge un carro u otra moto. (María, comunicación personal, 2017)

Las sanciones que aplicaron los paramilitares no solo implicaban la eliminación física, sino que su sello característico era la crueldad. Cuanto más cruel e inhumana fuera la ejecución, más se reafirmaba su poder. Se tiene noticia de que en Puerto Gaitán hubo instalaciones con estanques llenos de caimanes a los cuales arrojaban los restos de sus víctimas.

A un señor una vez lo metieron desnudo en el platón de una camioneta, a pleno rayo de sol. Cuando se empezaron a notar las quemaduras le echaron sal encima. Lo cubrieron de sal para que se quemara más. Así lo tuvieron durante un poco más de diez días. Un día pasaron en esa camioneta al lado mío y yo lo vi y él me miró como rogando para que lo mataran de una vez. Aun no puedo retirar esos ojos de mi memoria. (Ruth, comunicación personal, 2017)

Otro de los factores en el que incidiría el paramilitarismo en Arauca se sitúa a nivel de las estigmatizaciones que se generaron y que no dejaron a casi nadie libre de señalamientos. Era común escuchar —y aun hoy persiste—, que los habitantes de Saravena no podían aparecer por Tame o Arauca capital, porque era equivalente a firmar su sentencia de muerte. De la misma forma, se generó un prejuicio sobre los tameños, afirmando que son paramilitares. También se produjo una fractura muy profunda entre los habitantes de las áreas rurales y los habitantes del sector urbano, debido a los mismos tipos de señalamiento.

El Bloque Vencedores de Arauca se desmovilizó en diciembre de 2005. Las organizaciones insurgentes se valieron de su fortaleza en el territorio para contrarrestar la avanzada paramilitar: “Estar anclados en la vida social, electoral y al gobierno de Arauca, fue la clave de los frentes guerrilleros para derrotar a los paramilitares” (Gutiérrez, 2010, p. 33). Sin embargo, aún vendrían otros ciclos de violencia protagonizada por las FARC y el ELN.

Como colofón de la presencia de los paramilitares en Tame, a Puerto Gaitán fueron citadas más de cien mujeres que habían establecido relaciones con los diferentes comandantes y paramilitares rasos. Supuestamente las habían citado para tener una fiesta de despedida, debido a que ahora los paramilitares irían a internarse en cárceles en el marco de la aplicación de la Ley 975 de 2005, como parte de la desmovilización. Sin embargo, lo que realmente ocurrió fue que encerraron a las mujeres en unas casas y las acribillaron, como forma de evitar que a futuro testificaran dentro de los procesos de Justicia y Paz. Los gritos de las mujeres suplicando por su vida y el sonido de las motosierras aun retumban en la memoria de quienes presenciaron estos macabros hechos, “solo se salvaron tres muchachas, yo todavía no sé cómo escaparon” (Ruth, comunicación personal, 2017).

Desde hace cerca de dos años, en la vereda Puerto Gaitán, se está adelantando un proceso de retorno de un grupo de víctimas de desplazamiento forzado y del despojo de sus tierras. No obstante, en la zona hacen presencia otros habitantes. Se trata de segundos ocupantes, personas que compraron las fincas, aparentemente de buena fe. El proceso de retorno no ha sido fácil, han empezado a conocerse noticias de amenazas a los retornados y a los reclamantes de tierras. Además, son notorios cada vez más los conflictos entre unos y otros, sin que se tenga claridad aún sobre cómo se podrán entrar a regular las relaciones⁹.

LA DISPUTA POR LA JUSTICIA

A continuación, se describirán algunos rasgos que han definido la disputa entre las diferentes expresiones de la justicia en los municipios del piedemonte. Naturalmente, cada municipio presenta unas características especiales, entre ellas, se puede resaltar que en Saravena y Fortul se reconoce más abiertamente la influencia guerrillera; y en Tame, aun cuando las insurgencias hacen presencia, no se reconoce abiertamente la influencia de las guerrillas en la vida cotidiana.

Saravena, a diferencia de Fortul, muestra una relativa autonomía de las instituciones de la administración municipal, debido a que su desarrollo urbanístico permite que sus dinámicas sean más parecidas a las de una ciudad grande que a un pueblo de colonización. En cambio, en Fortul sí se observa una mayor sujeción de las autoridades municipales a los designios de la insurgencia del ELN.

Como común denominador se puede plantear que en los tres municipios la presencia de organizaciones sociales¹⁰ representa las bases de las organizaciones insurgentes, que han configurado una gran incidencia a través de la cual los límites entre sociedad civil e insurgencia son porosos, poco definidos y se desdibujan constantemente.

Por otra parte, se puede detectar una continuidad entre la insurgencia y algunas JAC. Como parte de la inserción regulatoria en sus zonas de presencia, tanto las FARC como el ELN han buscado promover la vinculación de la población en estas formas organizativas. De este modo, persiguen la participación y el control a la gestión de los recursos, así como la promoción de liderazgos locales.

Es notoria una tendencia en la que las JAC en lo rural operan en su totalidad, lo cual quiere decir que todos los miembros y directivos están atentos a la participación activa, mientras que en lo urbano solo suele trabajar el presidente, lo cual contribuye a que existan prácticas corruptas debido al bajo involucramiento de los demás dignatarios para hacer eventualmente control social y veeduría.

Naturalmente, este tipo de relaciones impactan el campo de la justicia y a continuación se describirán algunos aspectos relevantes.

Desde el poder insurgente

En Fortul, Tame y Saravena, las prácticas de justicia guerrillera han representado históricamente la expectativa de amparo por parte de sus pobladores, creando una interpretación local del derecho, en la que el recurso de la justicia estatal se percibe, cuando menos, subsidiario o complementario.

Como lo ha planteado Aguilera (2014), estas prácticas de justicia guerrillera explican cómo la soberanía nacional se ha puesto en cuestión desde el nivel básico de lo regulatorio. La justicia guerrillera funciona como un cuerpo de procedimientos, actores y normas que configuran un campo de administración de justicia, que puede operar en coincidencia con normas estatales, en las que la promesa es la de una justicia eficaz, barata, rápida y de fácil acceso; o puede ocurrir que las normas aplicables no sean las del derecho, sino las de la equidad, caso en el cual se genera una complementariedad con la justicia comunitaria.

Así, el concepto de soberanía encuentra uno de sus fundamentos en la provisión de cierto tipo de servicios y funciones de cara a la población, lo cual demuestra que el problema de la soberanía es un problema de quién ejerce una serie de determinadas ofertas, dentro de las que se destacan “la oferta de seguridad, el mantenimiento del orden, la administración de justicia y algunas contribuciones al bienestar de la comunidad” (Aguilera, 2014, p. 23).

Esta perspectiva funcional es muy valiosa para entender la emergencia del concepto de contrapoder como posibilidad de brindar con eficacia esos tipos de ofertas. De este modo, los contrapoderes se pueden interpretar como una construcción de un contrato social implícito que emerge como fundamento de una autoridad legítima en la que se imbrican la coerción y el intercambio, según lo planteado por Wickham-Crowley (1987).

En este sentido, y siguiendo a este autor, esas ofertas presentes en el contrapoder se condensan en que el contrato social incluye obligaciones de “a) Defensa, especialmente contra enemigos externos; b) la conservación del orden y la paz interna, y la solución de conflictos; y, c) el aporte al bienestar material de la comunidad” (Aguilera, 2014, p. 33).

Hasta este punto, se entiende que el contrapoder persiste en las fisuras de la soberanía, no como un fenómeno misterioso de movilización de fuerzas excepcionales, sino que aparece casi como el resultado inevitable del incumplimiento del contrato social en las zonas del territorio en las que la población le realice tales demandas al Estado.

Dicho de otro modo, las comunidades se autoorganizan y pueden establecer estructuras para la autogestión de su seguridad, la tramitación de sus conflictos y sus propios servicios comunitarios, o pueden desarrollarse campañas revolucionarias que, a través de brazos armados, provean aquello que el Estado no cumple a sus comunidades. Independientemente, es en los márgenes de la soberanía en donde surgen los contrapoderes como nuevas formas de soberanía.

Esto último es apreciable en los tres municipios del piedemonte araucano. Actualmente, se puede constatar que las JAC están influidas por alguno de los actores armados presentes, e incluso, se han conocido casos en los que en una misma vereda existen dos JAC, cada una asociada al trabajo organizativo y disputándose las bases de cada organización.

Sin embargo, esto se ha disimulado poniéndoles nombres que las diferencien, por ejemplo, JAC de la vereda Alta y JAC de la vereda Baja. En realidad, no es que haya dos veredas: una ubicada río arriba y otra río abajo; lo que hay es dos juntas en una misma vereda¹¹.

En San Salvador, en jurisdicción de Tame, incluso se crearon dos JAC, una asociada a los paramilitares y la otra asociada al ELN, y se llegó al punto de que hubo amenazas entre dirigentes de las dos JAC. Así, se presentó el asesinato de la presidenta de la JAC asociada al paramilitarismo¹², lo que generó su desintegración definitiva.

En este punto es necesario revisar situaciones en Tame que evidencian la manera en la que afloran prácticas normativas sustentadas en los vacíos de soberanía estatal y que son llenadas por la acción de una justicia insurgente, que no solo es funcional, sino que además desarrolla los sentimientos locales de lo que es correcto y justo. En la vereda La Palestina, la JAC, por autorización de las FARC, está expidiendo permisos para que los habitantes puedan comprar y vender sus fincas y parcelas. Lo anterior está en consonancia con las actuales condiciones de agrupamiento de las FARC, en proceso de desmovilización, en la zona veredal ubicada en Filipinas, vereda del municipio de Arauquita.

Los habitantes de La Palestina tienen miedo de que ingresen a la zona nuevos agentes del paramilitarismo, narcotraficantes o infiltrados de las fuerzas armadas, con interés en desestabilizar la comunidad. Incluso, prevén el ingreso de forasteros que pongan en peligro a las mujeres y niños de la vereda, por lo que se han venido extremando los controles por parte de algunos líderes de la comunidad.

Por tal razón cada vez son más comunes las voces que, según lo relatado por María (2017), proponen un agrupamiento armado para garantizar la seguridad local, a manera de autodefensa campesina, con un interés de autoprotección ante amenazas externas.

Por otra parte, según lo que le han contado a María (2017) “los líderes de la vereda han estado viendo agrupaciones de migrantes venezolanos que llegan a robar y a violar a mujeres y niñas. Adicionalmente, ha llegado una gran cantidad de mujeres venezolanas a ejercer la prostitución”.

Ante este contexto, se han presentado dos tipos de respuestas. Por un lado, la guerrilla de las FARC realizó un censo casa por casa en La Palestina, para reconocer quien es venezolano. Una vez contabilizada la totalidad de la población migrante, mediante procedimientos coercitivos, han devuelto a los venezolanos “al lado de allá del río”, amenazándolos para que no se atrevan a regresar a territorio colombiano. Este procedimiento —independientemente de lo antidemocrático— ha resultado altamente eficaz a fin de evitar el retorno de los migrantes.

Esto contrasta con la gran inversión de recursos que destinó la Gobernación de Arauca para deportar a quince venezolanos —cerca de 2.800.000 pesos por persona— y el resultado insuficiente, toda vez que en menos de una semana habían entrado nuevamente a Colombia, de manera ilegal, los mismos quince migrantes, acompañados de otros que llegaban por primera vez al país.

A tal punto llegó esta situación que las administraciones municipales tuvieron que entregar un carné¹³ para que las mujeres en ejercicio de prostitución, que se cuentan por decenas en cada zona de tolerancia, puedan ejercer su trabajo en territorio colombiano.

El segundo tipo de respuestas que se presentaron están asociadas a que se les ha impuesto una prohibición a los hombres para acudir al centro poblado los domingos, día de mercado, con la finalidad de que no vayan a gastarse el dinero de sus familias con las mujeres en ejercicio de prostitución provenientes de Venezuela. Esto ha transformado, por ejemplo, los roles de género poniendo a las mujeres en la obligación de administrar los dineros y encargarse de comprar los víveres y productos en el mercado.

En otras zonas del municipio de Tame, se ha venido presentando una contradicción entre la comunidad y las fuerzas militares. En las carreteras que conducen hacia veredas como Botalón, Floramarillo, Puerto Jordán, así como también en Puerto Nariño, perteneciente a Saravena, se han instalado unos peajes comunitarios a través de los cuales los habitantes de la vereda recogen una contribución de los conductores que pasan por esa vía, con el propósito de contratar una máquina que haga mantenimiento a ese eje vial del municipio, ya que el llamado que se ha hecho a la administración municipal no ha sido respondido, aduciendo no tener disponibilidad presupuestal.

Lo cierto es que el 17 de mayo de 2017, el Ejército citó a la secretaria de Gobierno de Tame y a los dignatarios de las JAC y Asojuntas para que se suspendan esos peajes ilegales, y así “se evite una presunta forma de financiación de las acciones de la guerrilla del ELN”. En el consejo de seguridad en el que se trató este tema se desestimó la pretensión del Ejército, debido a que, por eficacia, se llegó a la conclusión de que el estado de las vías era mejor en esas zonas: “del Tigre a Malvinas es prácticamente una autopista, entonces ¿yo por qué me tengo que molestar por contar con una carretera en buen estado?” (María, 2017).

A través de las JAC, la guerrilla autoriza la realización de la obra. Para ello, les ordena que compren el material, el combustible de la maquinaria y ellos pongan la mano de obra. Actualmente, la cuota para carro pequeño son 3000 pesos, para carro grande son 6000. En los años 1999 – 2000 la norma era que cada camión entrara una carga de balastro y después podía seguir con su trabajo y sacar el plátano. Antes también eran las reinas de belleza las que recolectaban esa contribución.

Como oferta estatal

Particularmente en los municipios del piedemonte se evidencian bajos niveles de acceso, debido sobre todo a que a nivel rural no se cuenta con una red de operadores de justicia que reciban las demandas o denuncias de parte de sus pobladores. Sin embargo, a nivel urbano tampoco se cuenta con un estándar de atención satisfactorio.

Uno de los problemas es que no se encuentran análisis sólidos sobre el estado del acceso a la justicia, debido a la dificultad para encontrar cifras consolidadas que permitan establecer líneas de base respecto a los niveles de atención, el seguimiento a casos y la efectividad de las respuestas.

La justicia estatal ha estado presente en los municipios del piedemonte araucano, aunque no son necesariamente los operadores con mayor demanda. Es posible que a nivel de actores de la justicia que actúan en nombre de la institucionalidad estatal, se acuda en mayor medida a las comisarías de familia, a las inspecciones de policía o a las personerías municipales.

Gracias a un ejercicio de indagación adelantado por la EJCUN durante el 2016 y 2017, mediante el cual se consultó a cada operador de justicia de la región, se han podido detectar los siguientes aspectos que definen, desde la perspectiva formal, el estado actual de la prestación de servicios de justicia en los tres municipios: se encontró que los principales conflictos en Saravena tienen que ver con violencia intrafamiliar, sobre todo en la zona rural. La comisaría de familia recibe un caso de violencia intrafamiliar al día, es decir, entre veinte y treinta casos mensuales, que generalmente terminan con la imposición de una medida de protección. Sin embargo, esta resulta ineficaz por cuanto la Policía no hace el acompañamiento como garantía de cumplimiento de la medida de protección, especialmente para los casos ubicados afuera del anillo de seguridad o zona rural del municipio.

En la comisaría de familia de Tame, se atienden aproximadamente cuatro casos diarios de violencia intrafamiliar, causados mayoritariamente por intolerancia, la situación económica y la misma desinformación que existe alrededor de los procesos de denuncia de este tipo de situaciones.

En Fortul, el maltrato a menores es un fenómeno que ha existido, pero que se ha mantenido oculto producto del poder que ejercen los mayores, quienes suelen ser sus principales agresores. Existe una alta tasa de conflictividad intrafamiliar que se manifiesta a través del rechazo de la responsabilidad en la manutención, la crianza de los hijos y el abandono del hogar. También, se percibe que los jóvenes desarrollan relaciones de pareja que desencadenan violencia, debido, entre otras cosas, a actitudes de adulterio y promiscuidad y al desarrollo de relaciones sexuales a temprana edad; todo esto sumado a los patrones culturales y roles sexistas imperantes en la sociedad fortuleña. Adicionalmente, se ha detectado consumo de sustancias alucinógenas o psicotrópicas, que empiezan a ser utilizadas por jóvenes desde los 13 años, en especial la marihuana, que se consigue fácilmente y a bajo costo.

En Saravena, los casos que ingresan al centro zonal del ICBF son generalmente de embarazo en adolescentes, consumo de sustancias psicoactivas y abandono de menores de edad pertenecientes a la comunidad indígena, aproximadamente veinte a veinticinco mensuales. Sin embargo, este centro zonal no cuenta con la capacidad suficiente para dar respuesta al número de casos que ingresan, teniendo en cuenta que se reciben problemáticas de los municipios de Fortul, Arauquita y Cubará.

Por otra parte, la Policía de Infancia y Adolescencia de Tame reconoce que las situaciones que afectan con más frecuencia a niños, niñas y adolescentes son el abandono del hogar por parte de los menores de edad, así como el consumo de sustancias psicoactivas, especialmente por parte de quienes se encuentran por fuera del sistema educativo. Lo anterior tiene una contracara y es el incremento del expendio de estupefacientes a las salidas de los colegios. Este tipo de situaciones son atendidas, aproximadamente, entre dos y tres veces por semana.

En Fortul, la Inspección de Policía recibe mensualmente un promedio de quince casos relacionados con linderos y conflictos vecinales de convivencia. Entre los conflictos más frecuentes se encuentran las disputas vecinales por tierras, linderos y animales. Sin embargo, se quedan sin resolver las riñas que se generan en espacios de esparcimiento, causados por el alto consumo de alcohol o los accidentes de tránsito.

La Inspección de Policía de Tame, por su parte, señala que los conflictos que más se atienden son los vecinales, los cuales se manifiestan a través de riñas, por causas como la falta de control de los animales domésticos, el volumen de la música, las condiciones de habitabilidad de las viviendas —goteras, humedad— y especialmente por los chismes; generando que en la semana se lleguen a atender entre cinco y siete quejas y se registren entre diez y quince riñas, para un total de entre cuarenta y sesenta casos al mes. No obstante, también se reportaron como muy frecuentes los conflictos interculturales entre colonos e indígenas, los conflictos por linderos, y los conflictos intrafamiliares.

La Personería Municipal de Fortul recibe aproximadamente 350 casos en el año, atendiendo principalmente conflictos de linderos e invasión de espacio público y privado. La Personería Municipal de Tame ha llegado a recibir hasta setenta personas al día. Los conflictos que más se ponen en su conocimiento son especialmente los derivados de ocupaciones irregulares de predios, mal llamadas invasiones, de donde se derivan reclamos por títulos de propiedad; exigencias en torno a servicios públicos y conflictos de convivencia entre vecinos, los cuales en algunas ocasiones terminan en riñas.

Otros de los conflictos que son allegados continuamente al despacho de la Personería Municipal son los ocasionados por asuntos de linderos, especialmente en la zona rural del municipio. Adicionalmente, son recibidos asuntos familiares, tales como casos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, a razón promedio de dos casos al día. También, se conocen casos de abandono de personas mayores, con un promedio de dos casos por semana. Según la Personería, los asuntos que se presentan con mayor frecuencia y que involucran niños, niñas y jóvenes en el marco de entornos escolares y establecimientos educativos son el abuso sexual, consumo de sustancias psicoactivas y las riñas entre menores de edad, que generalmente producen lesiones personales.

Los jueces municipales tramitan casos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria. Los primeros casos generalmente se resuelven de común acuerdo y es muy poco el porcentaje que termina en condena, mientras que para los segundos en pocas ocasiones se adelantan órdenes de captura. Por juzgado se reciben un promedio de ochenta casos mensuales, que en promedio, se demoran de seis meses a cuatro años en proferir fallo. En Tame, por otra parte, el juzgado promiscuo municipal recibe mensualmente entre veinte y veinticinco procesos, principalmente por inasistencia alimentaria y violencia intrafamiliar.

En Tame, la Fiscalía actualmente presenta represamiento de casos, llegando a los 2000 expedientes. Ante esta situación de congestión, el recurso humano resulta insuficiente, dado que un solo fiscal local no da abasto con el trámite e investigación de casos. Debe tomarse en cuenta que el asistente fue recientemente trasladado y solo dos personas trabajan en la Fiscalía Seccional, mientras que, tanto en Medicina Legal como a nivel de Policía Judicial no se cuenta con el recurso humano suficiente para dar respuesta a las diligencias que diariamente se compulsan desde la Fiscalía. La Fiscalía de Saravena, con la cual se adelantan eventualmente procesos que ingresan por Tame, atiende además casos de municipios aledaños como Fortul, Cubará y Arauquita. Para dar respuesta se cuenta con dos fiscalías locales y tres seccionales.

En los casos de violencia sexual, según la Policía Nacional, las principales víctimas son niños, niñas y adolescentes, en casos en los que generalmente los agresores son familiares o personas allegadas a las familias. En promedio, de cada seis casos, se realizan dos denuncias, esto implica que dos terceras partes de los casos no son puestos en conocimiento de las autoridades. Según información de los operadores de justicia, en la mayoría de los casos las madres conocen de la ocurrencia de las agresiones, pero prefieren no denunciar para proteger a los victimarios. Los bajos niveles de denuncia se explican también ante el hecho de que no se conocen adecuadamente las rutas y procedimientos para instaurar una acción de carácter penal.

Es elocuente el análisis que hace la Personería Municipal, en el que afirma que usualmente los conflictos no terminan en actuaciones que provean respuestas integrales, sino que se limitan a la atención del nivel más superficial del conflicto, sin que sean abordados sus aspectos estructurales, por lo que, con el tiempo, tienen tendencia a escalar.

Con este balance se entiende que los municipios del piedemonte presentan unas condiciones de accesibilidad muy precarias. Pero, además de los casos que ingresan al sistema, resulta diciente el hecho de que si, por ejemplo, los conflictos llegan a la Fiscalía, el proceso puede demorarse en promedio de tres a cuatro años, así que, cuando el caso es de invasiones, generalmente termina sin ninguna solución, ya que los entes encargados no dan una respuesta oportuna y eficaz. Finalmente, es importante resaltar que al no contar con entidades de salud especializadas en el control del abuso de sustancias psicoactivas no se puede dar una respuesta efectiva a este tipo de casos, salvo las acciones que se adelanten netamente desde lo punitivo.

Ahora bien, frente a este panorama debe entenderse, como lo plantea García (2008), que aun cuando hay presencia de jueces y fiscales en casi todos los municipios del territorio nacional, la precariedad del Estado en estos territorios afecta gravemente su impacto y relevancia en la realidad municipal. Y, sin embargo,

[...] la presencia de actores armados no resulta incompatible, en la práctica, con el funcionamiento formal de la justicia. Cuando la guerrilla o los paras, o ambos, llegan a un pueblo, por lo general los despachos siguen atendiendo a la gente y los jueces siguen tomando decisiones como si nada hubiese pasado. Sin embargo, el impacto que tiene la presencia de los actores armados sobre los despachos es dramático y se nota en el tipo de decisiones que los jueces toman –y que no toman-, en el tipo de los casos que entran al juzgado y en general, en la actitud de los jueces de no interferir en los asuntos del conflicto. (García, 2008, p. 42)

Justicia en equidad como proyecto comunitario

Por otra parte, la justicia comunitaria se ha visto sobre todo en la intervención de la conflictividad que se imparte desde las Juntas de Acción Comunal (Aguilera, 2014). Sin embargo, desde el año 2006, la Universidad Nacional de Colombia llevó a cabo un proceso de formación de Conciliadores en Equidad avalados por el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Rama Judicial. Desde esta experiencia se ha llegado a establecer conciliadores en los municipios de Arauquita, Fortul, Saravena y Tame. Para el 2009, se implementó un fortalecimiento a la estrategia y durante el 2015 se formó el grupo más reciente de conciliadores en Tame, Fortul y Saravena. Así, Arauca cuenta con un enriquecido equipo de conciliadores con un perfil de autoridades comunitarias y, por tanto, intervienen los conflictos desde un enfoque constructivo y a partir de las normas sociales y el justo comunitario.

Sin embargo, esta experiencia en su momento presentó cierto declive por cuanto había oposiciones fuertes a esta figura, principalmente desde sectores cercanos al ELN, que planteaban que a través de la Conciliación en Equidad se le “hacía la tarea al Estado y se le relevaba de su responsabilidad de cara a la ciudadanía”.

De hecho, a algunos conciliadores que empezaron a conocer algunos asuntos en sus veredas y barrios los llamaron los mandos de las insurgencias para preguntar por el contenido de sus acciones y recomendarles que no se entrometieran en asuntos que no fueran de su incumbencia. En todo caso, los citados explicaron los fundamentos de la Justicia en Equidad, las potencialidades de cara al fortalecimiento comunitario y la razón por la cual no van ni a suplantar al Estado ni a disputar a la insurgencia sus espacios de autoridad.

Esta aparente oposición se agudizó cuando, a mediados de 2008, fue asesinado Jeremías, un conciliador en equidad formado por la Universidad Nacional. En ese momento, el equipo de conciliadores interpretó esa muerte como un mensaje claro que les indicaba que no debían meterse en los asuntos que solo estaban destinados a ser resueltos por la insurgencia.

No obstante, varios años después se pudo aclarar la trágica muerte de Jeremías. Según María (2017), no se trató de un ajusticiamiento por conocer casos como conciliador en equidad, sino porque Jeremías hacía parte de las bases sociales de las FARC y, cuando se realizó una delimitación de los territorios en control de cada guerrilla, Jeremías continuó viviendo del lado opuesto —él interpretó que al no ejercer acciones políticas y “no meterse con nadie” no tenía por qué temer—. Infortunadamente, Jeremías fue asesinado por desafiar la delimitación de fronteras entre las organizaciones insurgentes.

Pese a las dificultades, a 2017, el Programa de Justicia en Equidad para el Piedemonte Araucano muestra su fuerza y vigencia en la vida institucional de Tame, Saravena y Fortul e incluso, actualmente existe un relativo reconocimiento de los conciliadores por casi todos los actores de la justicia local. Hay un valioso horizonte ubicado en la solicitud que han hecho las JAC a sus diferentes alcaldías, promovidas desde Asojuntas de cada uno de los tres municipios, para que los miembros de las comisiones de conciliación y convivencia sean formados como conciliadores en equidad y puedan cualificar su ejercicio de intervención en la conflictividad.

Ante este panorama, las organizaciones sociales, e incluso algunos actores que son respetados por el ELN, han manifestado su beneplácito por contar con una modalidad de Administración de Justicia emancipadora que contribuye a fortalecer las dinámicas del poder local.