La no linealidad del cambio social
Por Julián Rebón
La actual pandemia global del COVID-19 conmociona al mundo. En los momentos que escribo estas páginas alrededor de la mitad de la población mundial está confinada en sus hogares. La especie humana, la única articulada en formas de cooperación y conflicto a escala global, muestra toda su vulnerabilidad contra un virus desconocido hasta ayer. Este, como una especie de “free rider” viral, utiliza nuestra organización social para filtrarse y expandirse por el planeta. La especie todopoderosa que parecía haber doblegado las fuerzas de la naturaleza, destruyendo especies y hábitats así como prolongando crecientemente su esperanza de vida, se ve amenazada en su dimensión biológica. Se trata de una crisis sanitaria sin magnitudes por la escala y velocidad de su propagación y sus consecuencias potenciales sobre la salud de la población mundial. Representa además la primera crisis económica mundial precipitada por una pandemia. En su desconcertante dinámica muestra la vulnerabilidad de la globalización neoliberal y la inexistencia de una gobernanza global que pueda darle respuesta. (Linera, 2020).
Pensar el futuro postpandemia es, sin dudas, una aventura osada. El amplio y contradictorio abanico de tesis postuladas por aquellos que se atreven a acometerla, nos muestra además de la diversidad de perspectivas, lo incierto de responder acerca del mañana en un día a día cambiante, en un horizonte pleno de incertidumbres. (Agamben et al., 2020; Harari, 2020; Linera, 2020) En las líneas que siguen nos proponemos aportar algunos elementos para pensar desde el contexto argentino el carácter de la crisis y desde ahí hipótesis de futuro.
Entender como crisis a la pandemia supone, en términos conceptuales, situarnos desde las perspectivas de cómo el orden social es súbitamente perturbado y caotizado. A su vez, estas alteraciones e interrupciones de la normalidad, de lo establecido, se conforman en un terreno fecundo para desnaturalizar lo que nos rodea, establecer una mirada crítica, abonar espacios de innovación y de cambio. En las crisis los comportamientos habituales no pueden ser realizados, o de realizarse no suelen obtener los efectos esperados. Las situaciones originales habilitan respuestas originales. Así se atenúan los determinismos sobre la acción, dando renovado valor al azar pero también a la voluntad de los actores. La habitual muletilla de estos días “la crisis como oportunidad” subraya este componente. Sin embargo, todo lo dicho no habilita a pensar linealmente. El mismo carácter incierto de la dinámica lo desestima. Tal vez, un modo más pertinente de pensar el futuro es interrogarse por lo que la situación potencia, debilita y habilita. ¿Qué es lo que entra en crisis? ¿A qué actores se les atribuye responsabilidad por la situación? ¿Qué ideas y actores son reforzados o puestos en cuestión? ¿Se construyen nuevos consensos? ¿Qué cambios en las prácticas y acciones durante el momento excepcional que estamos transitando pueden sedimentarse y perdurar en el tiempo?
En este camino, debemos plantear la propia singularidad de Argentina en el marco de este escenario global. Nuestro país enfrenta este fenómeno en el contexto de la preexistencia de una crisis económica y social vinculada a la sobrecarga del endeudamiento internacional del país. Ya estábamos en crisis. La expansión de la pandemia le agregó un nuevo ámbito central para su desarrollo: el sanitario. Además, potenció los desequilibrios preexistentes. En primer lugar, nuestra situación de extrema vulnerabilidad fue rápidamente afectada por la volatilidad e inestabilidad de los mercados globales ante la pandemia. En segundo lugar, las políticas para ralentizar el contagio y evitar un descalabro completo del sistema de salud, alimentaron en el corto plazo diversas tensiones económicas y sociales. A diferencia de otras crisis de la Argentina reciente, esta transcurre con las calles vacías y con un gobierno que ejerce la conducción del Estado con amplia legitimidad. La difícil herencia que dejó el gobierno de Mauricio Macri era hasta hace poco el principal desafío del gobierno de Alberto Fernández, que asumió hace no mucho más de 100 días. En unas semanas tuvo que cambiar el eje de su gobierno desde la reestructuración de la deuda a enfrentar la pandemia y, en ese renovado marco, atender la cuestión social. La vida política es alterada por la situación excepcional, pero a diferencia de otros momentos de nuestra historia no entra en crisis la gobernabilidad. Por el contrario, destaca la capacidad de iniciativa de la conducción del Estado, aprendiendo de la experiencia internacional y anticipándose a la difusión del virus con medidas preventivas que procuran disminuir el ritmo de los contagios y fortalecer la capacidad del sistema de salud. Se privilegia el cuidado y vida de la población, la “guerra contra el COVID-19”. Las metáforas bélicas empleadas por el gobierno y distintos actores deben ser leídas con atención. La habitualidad del término nos brinda elementos de como la realidad es percibida, y como sostiene un célebre teorema sociológico, cuando algo es percibido como real es real en sus consecuencias. La situación guarda cierto paralelismo con las dinámicas políticas de crisis derivadas de enfrentamientos bélicos. La verticalización del mando en la jefatura del Estado, la pérdida de protagonismo de otros actores y poderes, el terreno fértil para la unidad nacional y la movilización de recursos por parte del Estado y el dictado de medidas excepcionales son algunos de los atributos análogos. También el mayor poder estructural dado el contexto, de las fuerzas militares y –en nuestro caso- de la seguridad interior. La verticalización del mando en las confrontaciones bélicas fortalece a la conducción de los ejecutivos, pero también, como nos los recuerda la guerra de Malvinas, puede volverse súbitamente en contra en el caso de que se fracase en la empresa.
Este fortalecimiento del gobierno se ve acompañado al hecho de que no pueden acusarlo haber provocado la crisis. Por una parte, la crisis económica y social surge y se desarrolla en el marco de las políticas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri. Por la otra, el carácter de pandemia del COVID-19 deja claro su condición exógena. En todo caso, lo único endógeno –interno a la sociedad argentina- que se registra es el previo debilitamiento del sistema de salud – incluyendo la desaparición de su Ministerio- como consecuencia de las políticas de ajuste durante el período presidencial previo. Este argumento -el daño del neoliberalismo sobre los sistemas de salud también es reiterado a nivel global- donde los sistemas que más sufrieron su desmantelamiento tienden a mostrar menor capacidad de respuesta. Los incesantes flujos de personas producto de la globalización, especialmente del turismo globalizado, es otro elemento habitualmente apuntado como responsable de la velocidad de la difusión.
En este contexto, el gobierno de Alberto Fernández enfrentó la pandemia en sintonía con su programa de orientación nacional y popular. Y amplió el protagonismo del Estado para privilegiar el cuidado de la vida y la cuestión social. Estas medidas de mayor intervención estatal, no son ajenas a las que están tomando actualmente otros gobiernos de extracciones políticas diversas. A nivel mundial emerge el retorno del Estado, frente a la incapacidad del mercado para enfrentar eficazmente la pandemia. Las políticas neoliberales, en especial en los servicios públicos, son cuestionadas en distintos territorios terminando de resquebrajar el consenso neoliberal. Otra vez más se demuestra la ineficiencia del capitalismo para producir bienes públicos. También la ciencia adquiere renovada legitimidad como esperanza para enfrentar la pandemia, junto a esto retroceden los discursos cavernícolas y anticientíficos que habían crecido en el pasado reciente. La crisis se transforma en la oportunidad para que un gobierno que gusta presentarse como “de científicos y no de CEOS” potencie lo público con menores resistencias que en el contexto previo. En un contexto de cierre de fronteras y ausencia de gobernanza global es el Estado Nación el que cuida, protege, interviene, investiga, vigila, centraliza y redistribuye.
Cabe destacar que aún la intervención en sectores de la economía es muy modesta en relación a lo que podría avanzar y a la historia de nuestro país. Acometer la tarea requiere tonificar, recrear y construir capacidades institucionales. En la medida que el gobierno logre avanzar exitosamente con esta perspectiva en la resolución de la crisis se habrá dado un paso central para la recuperación estatal.
¿Qué ocurre en la sociedad civil? A diferencia de otros momentos de nuestra historia, como el “2001” esta es una crisis sin protesta en las calles, sin la emergencia de nuevas formas de asociativismo y experimentación social. Si bien hay acción colectiva –al fin y al cabo, estamos en Argentina- esta es de baja intensidad en las presentes condiciones, tiende a estar restringida en su ámbito de realización a las redes sociales o, a lo sumo, a balcones y ventanas de las viviendas. El primer 24 de marzo sin movilización a la Plaza de Mayo con recordatorio en redes y pañuelos en las ventanas o los aplausos a los trabajadores de la salud, son nítidos ejemplos de estas nuevas condiciones de la acción colectiva. Por supuesto que también se mantiene la actividad cotidiana de muchas organizaciones de la sociedad civil. De hecho, la labor de varias organizaciones sociales en comedores y merenderos comunitarios forma parte del trabajo “esencial” en las actuales condiciones de cuarentena. (Salgado, 2020)
Pero más allá de todo esto, el propio modo de enfrentar la pandemia promueve el distanciamiento y el aislamiento, el repliegue al ámbito privado. Viejas y nuevas tecnologías del control social se despliegan restringiendo el movimiento de población, disciplinando las prácticas, estableciendo controles sanitarios. Las fuerzas de seguridad cumplen un lugar clave en esta estrategia asumiendo el control de las calles, a veces con excesos. Mezcla de responsabilidad ciudadana y de la cultura de obediencia anticipada al ejercicio del castigo florece el punitivismo pandémico. Medios de comunicación y ciudadanos se sienten convocados a denunciar y perseguir presuntos violadores de la cuarentena. Aflora el miedo a los otros, emergen nativismos de diversa escala, estigmatizaciones a los ciudadanos de países catalogados como de alto contagio y algunas localidades se cierran sobre si mismas como si los límites fueran fronteras. Se registra también algunos casos de hostigamiento de contagiados o a personas con alta exposición al contagio. Por otra parte, se potencian tendencias que ya crecían previamente, como la mediación por parte de nuevas tecnologías en las relaciones laborales, familiares, pedagógicas, de entretenimiento, burocráticas, epidemiológicas, de vigilancia, entre muchas otras. El combo control social y nuevas tecnologías, apenas desarrollado aún en nuestro país, ha sido señalado por el “éxito” epidemiológico logrado en países del sudeste asiático como un factor que puede configurar a futuro nuevos totalitarismos que restrinjan las libertades individuales a partir de novedosas formas de vigilancia digital y biológica. (Chul Han, 2020; Harari, 2020) Pase lo que pase en términos de control social, es de prever que la expansión material de la realidad virtual llegó para quedarse y continuar creciendo. También que muchos de los disciplinamientos para enfrentar la pandemia puedan sobrevivir más allá de la misma, dependiendo probablemente de la duración e intensidad de esta. Algunos son más sustantivos que otros ¿Seguiremos utilizando generalizadamente el beso como forma de saludo? ¿Continuará siendo el mate compartido parte de nuestro folklore de la vida cotidiana? ¿Nos acostumbraremos a nuevos niveles de control social cuando hayan pasado las razones que los establecieron?
La crisis, a semejanza de otras de nuestra historia reciente, acentúa procesos de desigualación preexistentes y genera otros. Si bien la primera ola de contagiados por su composición muy vinculada al turismo internacional, está focalizada en las capas medias, en su difusión va afectando al conjunto de la población y, como es habitual, descarga regresivamente sus efectos sobre la estructura social, más duros sobre los que menos tienen. Aquellos más pauperizados y precarizados son quienes menos condiciones presentan para practicar las medidas de prevención, para acceder al sistema de salud en caso de contagio y sufren mayormente los impactos económicos. A diferencia de otras crisis, en esta la desigualdad etaria es más sustantiva, las personas de más de 60 años tienen más riesgo y van a tener más restricciones en su vida cotidiana, por supuesto las consecuencias de esto, como en toda sociedad de clases, difiere según su condición social. El gobierno ha intervenido rápidamente, con diversas medidas de reforzamiento del sistema de salud público, de subsidios para sostener empleo, tejido productivo, así como redistribución de ingresos y recursos de diverso tipo. La existencia de un sistema sanitario fragmentado y estratificado socialmente vuelve clave en el corto plazo la intervención estatal para que la condición social no sea la diferencia entre la vida y la muerte. A futuro, queda planteada la necesidad de avanzar en una reestructuración del sistema en su conjunto.
Mucho se habla en estos días del regreso del Estado o del fin de la globalización neoliberal. Como la crisis financiera de 2008 nos muestra, no hay salidas mecánicas. En nuestro país hay mejores condiciones que en el pasado para una recreación de la capacidad estatal, porque hay un gobierno en sintonía con ella y porque hay un contexto que lo facilita. Pero encontramos una sociedad civil desmovilizada y enfrentamos tendencias a la mayor desigualdad. Potenciar la movilización de las clases populares, con base en su rica historia, durante la salida de la emergencia es clave para esta recreación y para el contenido de la misma. Por una parte, porque hay que avanzar en nuevas formas de estatalidad que amplíen el espacio de lo público. Que al mismo tiempo que desmercantilice relaciones sociales y garantice derechos, contenga formas de participación social en su seno. El regreso del Estado no debiera ser la vuelta al pasado. La participación social es el mejor antídoto contra su colonización por grupos privados y la corrupción asociada a la misma. La ciencia y la tecnología, a contramano de las tesis de la vigilancia digital, pueden aportar en esta tarea de diseño de mecanismos de participación y transparencia. Más que fantasear con contenidos utópicos alternativos, probablemente sea más productivo aportar en la construcción de instituciones que viabilicen el empoderamiento social. Por la otra parte, porque este avance supondrá nuevas confrontaciones.
La desaceleración del mercado mundial y los proteccionismos emergentes promueven una salida de la crisis económica basada en el mercado interno. En este sentido, es vital materializar procesos de redistribución progresivos que lo potencien. Si bien habrá amplios sectores del capital que teóricamente podrán beneficiarse de la recuperación productiva, y en tal sentido podría existir mayores incentivos para construir un compromiso de clases, “concertación social” en palabras de la época, nada hace pensar que este camino esté exento de confrontaciones. La historia reciente del país muestra que la clase dominante tiende a interpretar como amenaza a su posición social aún las pequeñas reformas. El futuro, el horizonte del cambio social, está siempre en disputa. Será necesaria la movilización en esta dirección.
El Estado es también el estado de las confrontaciones.
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Bibliografía
Agamben, G.; Zizek,S.; Nancy,J.; Berardi, F.; López Petit, S.; Butler, J.; Badiou, A.; Harvey, D.; Chul Han, B.; Zibechi, R., Galindo, M.; Gabriel, M.; Yañez, G.; Manrique, P. y Preciado, P. (2020) Sopa de Wuhan. Aspo. Chul Han, B. (2020) La emergencia viral y el mundo de mañana. Sopa de Wuhan. Aspo.
García Linera, A. (2020) Conocimiento Social en tiempos de horizontes colapsados. Conferencia inauguración del ciclo académico del Instituto de Altos Estudios Sociales, de la Universidad Nacional de San Martín.
Harari, Y. (2020) El mundo después del coronavirus. La vanguardia, Barcelona.
Salgado, R. (2020) Trabajo esencial: merenderos y comedores en contexto de COVID-19 Bordes. Revista de Política, Derecho y Sociedad. UNPAZ.
Julián Rebón es Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es Profesor Titular de la Carrera de Sociología y Secretario de Estudios Avanzados en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, así como Investigador Independiente del Consejo Nacional de Ciencia y Técnica (CONICET) y del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Actualmente también es miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Ha dirigido el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA entre 2009 y 2013, y el Instituto de Cultura, Sociedad y Estado, de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego entre 2013 y 2014. Se especializó en el estudio de las vinculaciones entre el conflicto y el cambio social.
Hacia un Gran Pacto Ecosocial y Económico
Por Maristella Svampa y Enrique Viale
Buenos Aires, Día 31 del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.
Vivimos una encrucijada civilizatoria, cuyo alcance y consecuencias todavía inciertas envuelve las diferentes esferas de la vida. Para comenzar, la pandemia ha desnudado y agudizado las desigualdades sociales y económicas haciéndolas más insoportables que nunca, y ha tornado necesario retomar aquellas alternativas que hace solo unos meses parecían inviables, para encontrarle una salida diferente a la crisis que vivimos. Como pocas veces visto, la pandemia nos impulsa a dejar de mirar el Estado, los mercados, la familia, la comunidad, con lagañas tradicionales, a la luz de nuestra vulnerabilidad social y nuestra condición humana, como seres inter y ecodependientes, a repensar en una reconfiguración integral, esto es, social, sanitaria, económica y ecológica, que tribute a la vida y a los pueblos.
Así, la capacidad del Estado, que hoy aparece como fundamental para superar la crisis a nivel global y nacional, debe ser puesta al servicio de un gran Green New Deal o Gran Pacto Ecosocial y Económico, para transformar la economía mediante un plan holístico que salve al planeta y, a la vez, persiga una sociedad más justa e igualitaria. Lo peor que podría suceder es que, en su propósito de volver a crecer económicamente, el Estado apunte a legislar contra el ambiente, acentuando la crisis ambiental y climática, así como las desigualdades Norte-Sur y entre los diferentes grupos sociales. Hay que entender de una vez por todas que las Justicias Ecológica y Social van juntas, que no sirve una sin la otra.
Desde nuestra perspectiva, cinco son los ejes fundamentales del Pacto Ecosocial y Económico a debatir: un Ingreso Universal Ciudadano, una Reforma tributaria progresiva, la suspensión del pago de la Deuda Externa, un Sistema nacional de cuidados y una apuesta seria y radical a la Transición socioecológica.
1- La actual catástrofe pone en evidencia que todo ser humano debe tener garantizado un ingreso básico que le abra la posibilidad de una vida digna. Para acceder a este Ingreso universal o Renta básica, impulsado históricamente en nuestro país por el economista Rubén Lo Vuolo[1] y ciertas organizaciones sociales, no se requiere ninguna otra condición personal que la de existir, y con ello, la de ser ciudadano. A diferencia de las políticas sociales focalizadas y fragmentarias que se han venido implementando en la región latinoamericana y en nuestro país en las últimas décadas, el Ingreso Universal Ciudadano está desvinculado del empleo asalariado, no exige contraprestación alguna, no refuerza la trampa de la pobreza (como sucede con los planes sociales focalizados) ni el clientelismo, y pretende garantizar un piso suficiente para el acceso a consumos básicos. Lejos de ser algo irrealizable, el Ingreso Universal hoy está en el centro de debate de la agenda global, así como lo está la propuesta de reducir la jornada de trabajo estableciendo un límite de, al menos, entre 30 y 36 horas semanales, sin disminución salarial. Entre otros beneficios, esto último no solo mejoraría la calidad de vida de los y las trabajadoras sino que permitirían la creación de nuevos puestos de empleos para cubrir las horas reducidas. Pero, además, una apuesta al reparto de tareas, implicaría afrontar proactivamente la realidad de la automatización de los procesos de producción y el avance de la sociedad digital, sin tener que multiplicar por ello la desocupación y la precarización del empleo.
2- La implementación del Ingreso Universal no solo pone en el centro de la escena la cuestión de la ciudadanía sino también la necesidad de contar con sistemas impositivos progresivos, como base para su factibilidad y buen funcionamiento. No hay que olvidar que nuestro país cuenta con un sistema fiscal regresivo, basado en los impuestos indirectos o al consumo (como el IVA) y un impuesto a las ganancias (incluyendo el impuesto al salario) que golpean sobre todo a los sectores medios y bajos. Los grandes patrimonios, las herencias, los daños ambientales, las rentas financieras, son todas fuentes tributarias que tienen nula o muy baja presencia en el sistema impositivo del país. Como afirma José Nun, ex secretario de Cultura, quién hace tiempo viene tallando en estos temas, “esta vía exige una reforma impositiva profunda, cuyo significado e importancia deben instalarse en la conciencia colectiva para distinguirla de los parches y remiendos que hoy reciben ese nombre”[2]. Así, el segundo eje del Pacto Ecosocial y económico no solo apunta a un necesario impuesto a las grandes fortunas que coadyuve a afrontar el costo de la crisis. También es imprescindible una Reforma Tributaria Progresiva que reconfigure desde la base el actual sistema fiscal en todas las jurisdicciones, en un sentido equitativo, y que incluya desde el impuesto a la herencia erradicado de un plumazo por Martínez de Hoz durante la última dictadura militar, además de nuevos impuestos verdes a las actividades contaminantes.
No podemos tolerar que, tal como ya sucedió a nivel global con la crisis financiera de 2008, el Estado salga a socorrer a los bancos y entidades financieras y terminen siendo los más vulnerables quienes financien esta crisis. La concentración de la riqueza a la que asistimos en esta fase del capitalismo globalizado y neoliberal es solo comparable con aquella propia del capitalismo desregulado de fines del siglo XIX y principios del XX. Mientras tanto, aunque la pobreza haya disminuido, según los períodos y las sociedades, las desigualdades aumentaron, tanto en el Norte como en el Sur global. Según datos de la organización Oxfam, el 1% más rico de la población mundial posee más del doble de riquezas que 6900 millones de personas: casi la mitad de la humanidad vive con menos de 5,50 dólares al día. En materia ecológica, los datos también escandalizan: solo 100 grandes empresas transnacionales son responsables del 70% de los gases de efecto invernadero a nivel global.
3- En momentos extraordinarios es cuando se justifican la suspensión de las grandes deudas de los Estados. No hay que ser radical ni heterodoxo en materia política y económica para darse cuenta de ello. En las economías desarrolladas la deuda total –hogares, empresas, gobierno- representa el 383% del PBI. En las economías emergentes, es del 168%.[3] Ningún país puede pagar colosales montos de divisas sin antes garantizar a sus habitantes una vida digna, mucho menos en un contexto de inédita recesión económica global y nacional como al que asistimos, mucho menos tampoco en una situación de casi default que nuestro país heredó, sobre todo debido a los préstamos contraídos por la gestión anterior que solo sirvieron para fugar dinero y sostener déficits fiscales que no beneficiaron a los sectores más vulnerables. Hace unas semanas, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), propuso un nuevo Plan Marshall que libere 2,5 billones de dólares de ayuda a los países emergentes, que implique el perdón de las deudas, un plan de habitacional en servicios de salud, así como programas sociales. Por ende, la necesidad de rehacer el orden económico mundial, que impulse incluso un jubileo de la deuda, hoy aparece como viable y plausible.
4- La pandemia debe abrir paso a la construcción de sociedades ligadas al paradigma del cuidado, por la vía de la implementación y el reconocimiento de la solidaridad y la interdependencia también en las políticas públicas. Así, es necesaria la implantación de un Sistema Nacional Público de Cuidados destinado a atender las necesidades de personas mayores en situación de dependencia, niños y niñas, personas con discapacidad severa y demás individuos que no puedan atender sus necesidades básicas. Una vez superada la pandemia, tanto a nivel global como nacional, la recuperación de la economía debería priorizar tanto el fortalecimiento de un sistema nacional de salud y de cuidados, que exige un abandono de la lógica mercantilista, clasista y concentradora, generadora de ganancias para los monopolios farmacéuticos, y un redireccionamiento de las inversiones del Estado en las tareas de cuidado, así como el equilibrio y el cuidado de la Madre Tierra.
Vinculado con los problemas en la salud de la actual pandemia, recordemos que los virus más recientes–como el SARS, la gripe aviar, la gripe porcina y el COVID-19- están relacionados con la destrucción de hábitats de especies silvestres para plantar monocultivos a gran escala.[4] Es necesario dejar el discurso bélico detrás y asumir las causas socioambientales de la pandemia, para colocarlas en la agenda política-estatal y responder así a los nuevos desafíos. En esa línea, las voces y la experiencia del personal de la salud serán cada vez más necesarias para colocar en la agenda pública la inextricable relación que existe entre cuidado, salud y ambiente, de cara al colapso climático. Nos aguardan no solo otras pandemias, sino la multiplicación de enfermedades ligadas a la contaminación y a la agravación de la crisis climática.
5- No podemos invisibilizar más los debates sobre la crisis ecológica y el colapso climático. Es momento de que la Argentina comience una Transición Socioecológica, una salida ordenada y progresiva del modelo productivo netamente fosilista y extractivista que predomina. Transición y Transformación, pues se trata de avanzar en un cambio del sistema energético, hacia una sociedad post-fósil basada en energías limpias y renovables, algo que no ha sido posible ni pensable en un contexto en el cual la visión eldoradista asociada a Vaca Muerta obturó aún más la expansión de imaginarios alternativos y sustentables en torno a la energía.
Por otro lado, la caída estrepitosa del valor del barril del petróleo pone fin a la apuesta a la explotación de combustibles fósiles no convencionales que se había instalado en nuestro país desde el descubrimiento del yacimiento Vaca Muerta, hace poco menos de una década. Lo cierto es que la inviabilidad económica de Vaca Muerta se evidencia desde hace varios años mediante los millonarios subsidios que gozaban las compañías petroleras para sostener la producción, solventados por enormes aumentos de tarifas a los consumidores. Así, el derrumbe histórico del precio del petróleo desbarata el “Consenso del fracking”[5] que unía sectores del campo político y económico, y deja bajo tierra el mito eldoradista sobre este yacimiento -aquel que lo mostraba como “el salvador” de nuestro país-, al tiempo que abre también una oportunidad extraordinaria para repensar totalmente el sistema energético.
Tal vez sea utópico pensar que Argentina tenga el 100% de sus energías renovables en el año 2040, pero ésa es la dirección que el país debe encarar; y no la explotación de Vaca Muerta, que obtura cualquier posibilidad de transición y transformación socioecológica exitosa. Al mismo tiempo, se trata de avanzar también en términos de democratización, pues la energía es un derecho humano, y una de las principales tareas en un país como el nuestro es terminar con la pobreza energética que caracteriza a las barriadas populares. Así, la justicia social y la justicia ambiental deben ir articuladas.
La otra cara de la transición es potenciar la agroecología para transformar el sistema agroalimentario argentino mediante la creación y fomento de cinturones verdes de agricultura ecológica en ciudades y pueblos de todo el país generando empleo y garantizando alimentos sanos, seguros y baratos. Además, esto promueve la soberanía alimentaria con sistemas de producción y distribución dirigidos al desarrollo de mercados locales agroecológicos de pequeños productores, solidarios que fomenten una cultura asociativa y comunitaria y una responsabilidad ciudadana en el consumo. Se puede comenzar con la obligatoriedad de compra por parte de los gobiernos a estos productores para escuelas, hospitales y demás organismos públicos. Esto fomentaría el arraigo en pequeñas y medianas ciudades semirurales si se complementa con acceso a la tierra, la vivienda, la salud (de calidad), la educación (en todos los niveles, desde jardines de infantes hasta la universidad) y los alimentos.
El Antropoceno como crisis es también un Urbanoceno. Tengamos en cuenta que en Argentina el 92% de la población vive en ciudades (el promedio mundial es de 54%) concentrada en un 30,34% de nuestro territorio. Solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el 0,4% de la superficie total del país, vive el 31,9% de la población total. Habitamos ciudades planificadas por y para la especulación inmobiliaria (cuya contracara es la emergencia habitacional y la insuficiencia de espacios verdes) y dominadas por la dictadura del automóvil (con transportes públicos saturados). Esta característica puso bajo la lupa a las vidas urbanas en cuarentena y evidencia la necesidad de un cambio radical en la forma en que vivimos en las metrópolis. Debemos ruralizar la urbanidad, sobre todo en las grandes ciudades donde la relación con la Naturaleza es prácticamente nula. Debemos reparar la separación que tienen los habitantes urbanos respecto de la naturaleza y también sobre las fuentes de nuestra alimentación y nuestra vida.