Memorias de una época

Las acciones políticas del cura Camilo Torres, su contundente crítica a la oligarquía y su ingreso al ELN lo hicieron famoso. Esta última intrépida acción de Camilo intensificó los ánimos revolucionarios de la juventud universitaria. De hecho –explica Mauricio Archila– la FUN asumió la línea insurreccional solo hasta 1965 cuando el cura ingresó a la guerrilla160. En síntesis, con la creación de la FUN se efectúa, o más bien, se firmó en el papel lo que ya era evidente: un tránsito hacia la ideologización revolucionaria tanto de la dirección como del movimiento estudiantil. Puede concluirse, entonces, que la FUN surgió como una organización estudiantil con una posición política definida, como lo expresaron en su momento postulados políticos que cuestionaban o iban contra del sistema.

En julio de 1964 un grupo de aproximadamente veinte estudiantes de la Universidad Industrial de Santander recorrieron a pie los quinientos kilómetros que separan a Bucaramanga de Bogotá. “La marcha de los comuneros del siglo XX” –como la llamaron los medios– se llevó a cabo con el fin de presionar al gobierno del presidente Guillermo León Valencia para que prestara mayor atención a los últimos acontecimientos de la universidad más importante del nororiente colombiano. En este aspecto la marcha fue exitosa y logró captar la atención de los medios y la solidaridad del pueblo colombiano. El evento se convertiría en un símbolo del movimiento estudiantil colombiano y en un fenómeno mediático mucho más importante que las creaciones de las Farc y del ELN en ese mismo año. Los estudiantes marchistas demandaban la renuncia del rector Juan Francisco Villarreal y el reintegro a la universidad de algunos estudiantes expulsados, además de denunciar el modelo de universidad norteamericana que se estaba adecuando en la UIS, entre otras experiencias.

El acontecimiento ponía en evidencia el giro ideológico que el movimiento estudiantil venía dando desde principios de la década. El suceso demostraba cuán imbuido estaba el movimiento por la ideología revolucionaria, pues era obvio que los estudiantes seguían el ejemplo de la estrategia adoptada por Mao Tse Tung durante la Revolución china, es decir, su gran marcha161. El organizador de la marcha fue Jaime Arenas Reyes, el famoso líder estudiantil asesinado por el ELN en 1971. Como otros jóvenes de la época, Jaime y los marchistas confiaban en las medidas de presión y esperaban ganar con ellas el respeto tanto de las organizaciones sociales como del aparato político. En efecto, tal como lo recuerda Ítalo Barragán, un testigo presencial, el aprecio que los estudiantes obtuvieron en la caminata a pie fue inmenso:

Ellos llevaban solo panela y pan, pero en los pueblos casi siempre les tenían una comida en los restaurantes, o salían las señoras a ofrecerles alguna cosa de comer; nunca tuvieron problemas por alimentación porque la solidaridad era increíble en los pueblos. Iban sudados, no recuerdo que algún padre de familia los hubiera acompañado, mucha gente se unía a la marcha por unos kilómetros. Lo que pasa es que al llegar al pueblo uno veía de cincuenta a sesenta personas, que eran gentes de las vecindades del pueblo que se unían, entonces los acompañaban a la entrada y a la salida. Cuando los estudiantes pasaban por el pueblo eran cien a doscientas personas que los acompañaban por solidaridad al entrar y al salir del mismo162.

Tanto la huelga de 1962, como la marcha de 1964 formaban parte de un panorama de movilizaciones sociales que se tornaban cada vez más beligerantes y numerosas. La década había comenzado con una huelga general del Magisterio y hacia finales de 1961 once paros y quince protestas se sumaban a la lista. A la huelga estudiantil de 1962 le siguieron diez paros cívicos en 1963, protagonizados principalmente por los transportadores y los trabajadores petroleros. En 1964 a la marcha de los universitarios de la UIS se sumaron el conflicto de la Universidad Libre, y nuevamente el de los transportadores. En los años siguientes el país asistiría a 164 protestas en 1965, 198 en 1966, poco más de 100 en 1967 y 1968, y 212 al finalizar la década. La gran mayoría fueron desarrolladas tanto por el sector laboral como por el estudiantil, y en muchas de ellas los manifestantes pagaron con vidas humanas163. Es entendible entonces que no solo la influencia de las ideologías de izquierda actuaron como causas de la radicalización del movimiento estudiantil, pues el mismo acontecer nacional fue el caldo de cultivo para las acciones rebeldes del estudiantado.

Roberts. Unión y expectativa. Archivo Vanguardia Liberal. 14 de abril de 1971. Bucaramanga

Esta situación, como se dijo en un apartado anterior, obligó al gobierno de Lleras Restrepo a retomar la política represiva del estado de sitio. En 1968 el presidente se vio en la necesidad de negarle legitimidad a la FUN, principal organismo del estudiantado: “hay una entidad que no sé si tenga personería jurídica –dijo Lleras Restrepo en una alocución– […], que se denomina a sí misma Federación Universitaria Nacional, FUN […]. Me siento obligado a decir que no reconozco a los individuos que forman parte de tal entidad, el derecho de dirigirse así al gobierno nacional. Y desde luego, con esa FUN o Federación Universitaria Nacional no mantendrá relaciones el Gobierno”164. Como la situación empeoró, en 1969 Lleras Restrepo ordenó que a los estudiantes que prosiguieran con las manifestaciones se les diera el mismo trato que se les dispensaba a los miembros de los grupos subversivos: “la universidad –declaró en aquella ocasión– no será más un instrumento de subversión; los estudiantes serán tratados de la misma manera que los grupos armados que operan en el país”165.

La década llegaba a su fin en medio de una situación social y política candente. Estos acontecimientos eran el preludio del clímax de rebeldía que viviría el país en 1971 y 1977, antes de que el agotamiento se apoderara del movimiento hacia los años ochenta. A lo largo de la década del setenta, los estudiantes continuaron apoyando las demás luchas de la sociedad civil: campesinos, comerciantes, transportadores y maestros tenían en el estudiantado una fuerza de apoyo constante. En 1971 y 1977 el estudiantado se pondría a la vanguardia de las luchas sociales, y pese a que el fin perseguido –demoler el sistema– jamás fue alcanzado, pudo sacar a flote toda esa fuerza contestataria que habían incubado desde la creación del Frente Nacional en un contexto planetario de transformaciones culturales, revueltas estudiantiles, luchas en contra de las dictaduras militares, arengas antiimperialistas, Guerra Fría y la Revolución cubana.

Roberts. Seguridad y orden. Archivo Vanguardia Liberal. 14 de abril de 1971. Bucaramanga

En 1971 el estudiantado colombiano adelantaría la mayor movilización de su historia. Aunque las protestas iniciaron en el mes de enero en la Universidad del Cauca, solo hasta el 7 de febrero una huelga encabezada por los estudiantes de la Universidad del Valle logró poner en apuros a la fuerza pública del gobierno de Misael Pastrana Borrero. Entre otras cosas, los estudiantes exigían la renuncia del rector, la eliminación de los representantes de la Iglesia y del sector privado en el Consejo Superior Universitario –el principal órgano del gobierno interno– y el rechazo de las condiciones crediticias que imponían los bancos internacionales a las instituciones educativas166. El enfrentamiento entre estudiantes y fuerza pública se dio el 26 de febrero y dejó una cifra aproximada de quince muertos. Pastrana no tuvo otra opción que declarar el estado de sitio en todo el país. El 1 de marzo los estudiantes de la Universidad Nacional se solidarizaron con los de la Universidad del Valle; sus marchas terminaron también en batallas campales. Lo mismo ocurrió en Medellín, Armenia, Nariño y Bucaramanga. Con el retorno de la calma y reabiertas las universidades, los estudiantes decidieron mantenerse en “asamblea permanente” para continuar presionando a las autoridades. Las fuerzas armadas comenzaron entonces un proceso de retoma de las instalaciones universitarias, mientras las autoridades académicas firmaban las expulsiones y suspensiones de algunos estudiantes167.

Roberts. Montando guardia. Archivo Vanguardia Liberal. 22 de abril de 1971. Bucaramanga

Con todo, el elemento que le dio a las movilizaciones de 1971 su particular relevancia fue el Programa Mínimo –un conjunto de prerrogativas gremiales del estudiantado–168. El programa había sido discutido en el Segundo Encuentro Nacional Universitario realizado en Bogotá entre el 13 y el 14 de marzo de 1971, y fue publicado en su Tercer Encuentro realizado en Palmira el 14 de abril de aquel mismo año169:

1 Eliminación de los Consejos Superiores Universitarios en los cuales tenían representación los gremios y el clero. Sustitución por un organismo conformado por tres estudiantes, tres profesores, el rector (sin voto) y un representante del Ministerio de Educación. Conformación de una comisión (tres estudiantes, tres profesores y un representante del Ministerio de Educación) para estudiar un proyecto de Ley Orgánica de las Universidades. Establecimiento de un sistema democrático para la elección de autoridades universitarias en los establecimientos públicos y privados.

2 Cumplimiento de la asignación del quince por ciento como mínimo del presupuesto total de educación para la Universidad Nacional. Además, control oficial para las universidades privadas, congelación de matrículas y suspensión de las cláusulas lesivas a la nación colombiana contenidas en los contratos de las universidades con agencias internacionales.

 

3 Conformación inmediata de una comisión (tres estudiantes, tres maestros y un representante del Ministerio de Educación) para estudiar el carácter orientador de la Universidad Nacional en la educación superior, liquidación del Instituto Colombiano de Fomento a la Educación Superior (Icfes), financiación estatal y adecuada de la educación superior, investigación científica financiada exclusivamente por la nación y planificada por investigadores nacionales, revisión de todos los contratos celebrados con entidades extranjeras. El informe debería ser aprobado previamente por un Encuentro Nacional Universitario y puesto en marcha por el gobierno.

4 Retiro definitivo de la Fundación para la Educación Superior (FES) de la Universidad del Valle.

5 Legalización del derecho a crear organizaciones gremiales en cualquier tipo de establecimiento educativo.

6 Reapertura de la Facultad de Sociología de la Universidad Javeriana.

Como puede observarse, el programa contemplaba tanto puntos estructurales como aspectos coyunturales. Los tres primeros y el quinto tocaban aspectos estructurales, ya que exigían cambios de fondo en el control de las instituciones universitarias. Por su parte, el cuarto y el sexto obedecían a aspectos circunstanciales de dos instituciones universitarias. Estudiantes de treinta y tres instituciones de educación superior del país decidieron suscribir el Programa Mínimo170. Este constituía para los jóvenes de la época un avance revolucionario:

En el Segundo Encuentro Nacional, realizado a mediados de marzo en Bogotá, los estudiantes concretaron sus aspiraciones fundamentales en el Programa Mínimo. Las reivindicaciones consignadas en este se refieren al cambio revolucionario en la educación superior. Se exige la autonomía universitaria con la instauración de un consejo de dirección democrática, integrado fundamentalmente por las fuerzas básicas de la universidad, estudiantes y profesores. Se exige la supresión del dominio imperialista sobre la universidad, así como el de las clases pro-imperialistas, la gran burguesía y los grandes terratenientes. Suspender los programas de asistencia económica, técnica y de cualquier otra índole de las organizaciones imperialistas, mediante los cuales se hipoteca la soberanía cultural y se establece en los centros educativos colombianos una cultura antinacional, anticientífica y antipopular. Se exige en el Programa Mínimo que el Estado responda por la financiación de la educación y que sean las fuerzas democráticas las que sienten los principios y tracen las políticas y programas educativos en la universidad. Se exige también la defensa de la educación pública, especialmente de la Universidad Nacional, y la aplicación de un plan amplio de asistencia y bienestar estudiantil. En estos puntos del Programa Mínimo están contemplados los principios básicos de una reforma revolucionaria de la universidad colombiana, conforme a las reivindicaciones estratégicas de las clases explotadas y revolucionarias171.

En opinión de Pardo y Urrego, “el Movimiento Estudiantil de 1971 logró un triunfo sin antecedentes en la historia nacional”. Indican que ese triunfo se debió, en primer lugar, a la comprensión que los universitarios tenían acerca de la injerencia que los organismos internacionales –especialmente de Estados Unidos– ejercían sobre “el diseño de la política educativa nacional, a través de los consejos superiores universitarios”; y en segundo lugar, debido a que los estudiantes elaboraron “una propuesta de reforma y de gobierno universitarios”, la cual fue sintetizada en el Programa Mínimo solo después de “intensas discusiones ideológicas, en medio de un gigantesco movimiento de masas y de una brutal represión del gobierno”172.

La movilización estudiantil de 1970 tuvo efectos de alto impacto en muchas localidades del país. En Bucaramanga el año de 1971 inició con una intensa agitación estudiantil. Los luctuosos acontecimientos que sacudieron a Cali el 26 de febrero intensificaron las protestas que desde hacía algunos días mantenían en estado de alerta a la capital santandereana. Desde el día 11 de febrero el estudiantado de la UIS protestaba contra la elección de Carlos Virviescas Pinzón como rector de la institución. Cientos de universitarios y estudiantes de secundaria marcharon por las calles y gritaron consignas en contra de lo que creían era una “imposición de carácter político de fuerzas extrañas a la universidad y a los intereses de la misma”, tal como lo informaba un periódico capitalino. La protesta terminó en una batalla campal. Al parecer –en insólitas circunstancias–, obligado por el estudiante Javier Castrillón, y en medio de la confusión, Carlos Virviescas Pinzón declinó el nombramiento173. En consecuencia, la malhadada situación dejaba a la universidad en medio de una verdadera crisis institucional y al movimiento ante un horizonte que parecía exigirle una mayor actividad, puesto que Castrillón había sido condenado a prisión bajo el cargo de secuestro.

La declinación de Virviescas y las circunstancias que envolvieron el hecho significaban un triunfo de los estudiantes ajustado a la legalidad, razón por la cual consideraban inicua la condena de Castrillón. La decisión judicial se convirtió en el detonante de un nuevo conflicto estudiantil. El jueves 13 de abril en las instalaciones de Bienestar Universitario se realizó una asamblea general convocada por la Asociación de Estudiantes Universitarios de Santander (Audesa) para discutir las medidas de presión que se utilizarían para hacer que el gobierno liberara al joven estudiante. En los alrededores de la universidad y con miras a cuidar el “orden público”, la policía hizo presencia desde tempranas horas de la mañana. El bloqueo del tráfico y el desmonte de una malla que separaba a la UIS del Instituto Técnico Dámaso Zapata, al igual que ciertas escaramuzas de parte de los estudiantes, fueron interpretadas por la fuerza pública como una agresión que les facultaba, según decían, para entrar en los predios universitarios. Las instalaciones de la universidad fueron allanadas174.

Protesta universitaria. Archivo Vanguardia Liberal. 11 de marzo de 1971. Bucaramanga

El Comando de la Quinta Brigada atribuyó la responsabilidad de los acontecimientos a los estudiantes y a la confusión que se desató en las afueras del campus. La fuerza pública adujo que la reacción de los policías se debió a la agresión de que fuera víctima el Teniente Rodolfo Torres; situación confusa, por demás, que obligó a sus subalternos a entrar a la universidad disparando en legítima defensa175. Además de la versión oficial de los militares, el periódico El Siglo se mostró ultradefensor de la actitud asumida por la fuerza pública. En su opinión, los policías habían sido agredidos por unos manifestantes que estaban pidiendo la libertad de un secuestrador y por la realización de un paro en solidaridad con la Universidad del Valle. Los heridos eran consecuencia de la dura refriega, cuyo listado estaba encabezado por los nombres de los efectivos de los cuerpos de seguridad que resultaron heridos176. La versión de los estudiantes y de las directivas de la universidad señaló directamente como responsables de las acciones de fuerza a los policías. En el boletín institucional se habló del ingreso de agentes a las 3:00 p.m. por la Escuela Nacional de Comercio y de allí hasta el edificio de Ingeniería Mecánica. Esto obligó a quienes circulaban en el campus universitario a refugiarse en las oficinas de Administración. El mismo rector al salir solicitando el cese de la represión fue golpeado y amenazado por efectivos policiales177.

El 14 de abril la tensión había llegado a su punto sin retorno. Los distintos estamentos universitarios empezaron a reunirse para tratar los temas: el Consejo Superior abrió sesiones extraordinarias contando con la presencia de Virviescas para discutir sobre las reformas a las estructuras universitarias que la comunidad exigía. Los profesores, por su parte, convocaron a un claustro y los trabajadores a la asamblea general. Ambos aprobaron mociones de protesta por la acción de la policía. Los estudiantes declararon un paro escalonado de veinticuatro horas exigiendo la libertad de Castrillón. Los gremios, especialmente la Andi, se retiraron del Consejo Superior como reacción tardía a la posición de los estudiantes178. Para mediados de abril de 1971 el Consejo Superior de la UIS no contaba con la presencia de la Iglesia, los gremios económicos y la Asociación de Ingenieros. La reforma a la composición del Consejo Superior se abrió paso de manera involuntaria y paulatina.

Cada estamento emitió comunicados condenando y rechazando la agresión policial. La golpiza propinada a un profesor, a un celador, a algunas secretarias y a varios transeúntes ocuparon gran parte de las declaraciones179. A ello se sumó la exigencia de castigar a los responsables del “vil atropello”, previa reiteración de la exclusiva responsabilidad de la policía, ante lo que se elevó una petición al procurador para que se hiciera justicia180.

Los acontecimientos del 13 de abril, la defensa de la universidad y el sentimiento de indignación y victimización compartido por todos y cada uno de los estamentos crearon un consenso generalizado. Acto seguido se constituyó el “Comité Pro-defensa de la Universidad Industrial de Santander”, una instancia en la que se reunieron por primera vez todos los sectores vinculados a la universidad con el fin de realizar un “autoanálisis” de la situación y proponer soluciones a los problemas estructurales181.

Paralelamente y apuntando en la dirección de uno de los temas claves en la situación universitaria de 1971, el Consejo Superior y el rector encargado Carlos Fernando Guerra Hernández decidieron modificar la composición y forma de elección de los miembros del principal órgano colegiado de la universidad. El Consejo Superior estaría conformado así: el Gobernador o su representante, un representante de la Iglesia, un representante del Ministerio de Educación Nacional escogido dentro de los profesores de la universidad, dos representantes de los profesores, dos representantes de los egresados designados por el Consejo Superior y, por último, la representación estudiantil, de la cual no se pudo establecer si aumentó o no. El acuerdo también determinó la forma como se elegirían los representantes de los profesores, sus periodos y las medidas de transición mientras se realizaban elecciones para nombrar a los nuevos representantes. El acuerdo 015 concretó la reforma –desde arriba– del Consejo Superior. La reforma finalmente no dejó muy conformes a ciertos sectores estudiantiles, pero sí otorgó un importante peso a los profesores que pasaron a tener tres miembros en el Consejo182. De acuerdo con El Tiempo, esta medida contó con el apoyo del ministro Luis Carlos Galán y pretendió que sirviese para dar por terminada la tensión que agobiaba a la universidad desde finales del año 70183. No obstante, la unidad en defensa de la UIS no contó con el beneplácito de la administración departamental, puesto que oficialmente Jaime Serrano Rueda –el gobernador departamental–, logró hacer prevalecer la versión militar sobre las causas del allanamiento del 13 de abril. Serrano Rueda declaró el toque de queda en toda la ciudad de Bucaramanga y militarizó los alrededores de la universidad, con base en una supuesta información de inteligencia militar referida a un posible levantamiento con fines subversivos. Esta estrategia le permitiría, además, declarar la movilización estudiantil como “inapropiada e inoportuna”.

El mes de abril de 1971 terminaba con una comunidad universitaria aparentemente unida, pero con un gobernador que se mostraba reacio a los cambios que la comunidad universitaria exigía, y sobre todo contradictor de cualquier expresión de protesta por parte del sector estudiantil. Para el gobierno nacional, la situación requería de mano fuerte, así que ordenó tanto la cancelación del semestre como la militarización de la universidad. La decisión alteró la correlación de las fuerzas y la superación de las tensiones se hizo imposible. Las autoridades universitarias convocaron la reanudación de clases para el 18 abril. El rector argumentaba que ya se habían cumplido en gran medida los objetivos para los que había sido creado el comité prodefensa184. Los estudiantes llamaron a la asamblea general, la cual declaró que se realizara un “estado de estudio permanente” de la situación, a la vez que retomaron la exigencia de libertad para Castrillón y sumaron demandas nacionales como la reapertura de la Universidad Nacional y el castigo para los responsables de la represión del 13 de abril185. Los profesores solo atinaron a solicitar la reconsideración de la medida y a proponer nuevos comités de análisis con participación de todos los estamentos. Sin entrar a reñir con las directivas, propusieron el diálogo pero aceptando la normalidad académica y el derecho de reunión en el campus186.

La polarización de la universidad se hizo palpable y como la problemática parecía no tener solución –el Consejo exigía el retorno inmediato a clases, los docentes abogaban por el diálogo y los estudiantes se dividían entre quienes optaban por la normalidad académica y quienes preferían continuar con el cese–, el gobierno nacional decidió suspender el semestre, no sin facultar antes a las autoridades militares para tomar medidas que permitieran controlar el orden público. En represalia los estudiantes organizaron una manifestación en el centro de la ciudad. Una vez más la protesta fue reprimida y varios estudiantes fueron detenidos. De acuerdo con el corresponsal de El Espectador: “hacia el mediodía se observa un control militar y policial de la ciudad. Agentes con cascos y escudos, carabineros a caballo, patrullan la zona céntrica, mientras el ejército lo hace en la UIS, sectores aledaños y calles, a pie o en vehículos”187. Cancelado el semestre, las autoridades universitarias se dispusieron a retomar las conversaciones que se adelantaban en busca de una serie de reformas que permitieran salir definitivamente de la situación caótica188.

La reacción del gobierno dejó entonces a finales de abril una universidad cerrada y militarizada, maniobra que llevó a cada estamento a reflexionar sobre la universidad separadamente y a la implementación soterrada de las reformas necesarias para adecuarla a los planteamientos de la modernización norteamericana de la educación superior. Tanto la prensa como parte de la sociedad santandereana también se opusieron a la medida radical, pero no así al sustrato represivo que reinaba en contra de los estudiantes. En una carta al mismo presidente Misael Pastrana, los padres solicitaron echar para atrás la medida con la promesa de apoyar cualquier medida para retornar a la paz: “[…] solicitamos muy respetuosa pero insistentemente reanudación de actividades en la universidad para salvar el semestre académico, prometiendo respaldo total en las medidas que considere necesario tomar, inclusive en la supresión del cargo a profesores que resulten responsables de la anormalidad y la cancelación de matrículas a estudiantes que a juicio del gobierno deban aislarse”189. Los columnistas insistieron en retomar el amor a la nación para no acudir a la violencia y volver a clases como prioridad; si acaso, acometer una reforma con “cabeza fría” por parte de profesores, estudiantes y comunidad en general190.

Aunque la universidad estaba cerrada y con presencia militar, los estudiantes no dejaron de analizar la situación en varios frentes. Expresaron su desacuerdo con las decisiones gubernamentales, no solo en el terreno represivo sino en la burla que representó la convocatoria al encuentro de rectores en Cartagena en donde supuestamente se discutiría una reforma de fondo a la universidad colombiana. Tildaron de vacuas las medidas que pretendían acabar los liderazgos, pues consideraban que el movimiento era superior a sus dirigentes, máxime cuando el conflicto universitario era parte de un conflicto social más amplio entre el pueblo y las clases dominantes. La crítica de los estudiantes se extendió a los profesores de la universidad, quienes no asumieron a fondo la defensa de esta, en gran medida por los intereses que, según ellos, habían creado para mantenerse en posiciones de poder. En materia de propuestas, los estudiantes de la UIS asumieron plenamente los puntos del Programa Mínimo y advirtieron que en las universidades no reinaría la paz si no se aplicaba íntegramente el pliego estudiantil191. El mismo día en que salió publicada la noticia, apareció otra nota en el mismo diario relacionada con el proceso contra Javier Castrillón. En vista de que no se aceptó un recurso legal interpuesto por la defensa del procesado, Audesa señalaba que tal acción no era más que una maniobra política para atemorizar al estudiantado e impedir el logro de sus justas causas. Esta situación vendría a ensombrecer aún más un panorama que ya estaba nublado192.

La decisión sobre el cierre de la UIS se echó para atrás debido a una disposición del presidente de la República quien dejó en manos de las directivas universitarias el reinicio de las clases. El Consejo Superior de la UIS sesionó con la presencia del nuevo gobernador, Jaime Trillos Novoa, y acordó reprogramar el calendario académico para iniciar actividades a partir del 14 de junio193. Con un tono de aparente comprensión con la rebeldía juvenil, las directivas y la prensa señalaban que era el estudiantado el responsable de que retornara la normalidad académica, incluso no faltó quien pidió la liberación del estudiante preso como muestra de la buena voluntad de las autoridades194. El Consejo Directivo igualmente invitó a retornar a las clases prometiendo garantías para conversar195. El 14 de junio llegó y, sin embargo, la normalidad académica continuaba interrumpida. Si bien los administrativos y los docentes volvieron a sus puestos de trabajo, el estudiantado continuaba en cese196. Esta circunstancia fue una especie de luz verde para que se desatara una espiral de protestas y reacciones violentas de parte del estudiantado. Los profesores nuevamente hicieron un llamado al diálogo pero los enfrentamientos entre estudiantes y directivas se agravaron. La ocasión le permitió al estudiantado presentar su lucha como una batalla más del pueblo en medio de la guerra que, según decía, se libraba en toda América Latina.

Miguel Diaz. Rectores durante el consejo de rectores de la Asociación Colombiana de Universidades. Archivo El Tiempo. 27 de abril de 1971. Bogotá

A las autoridades universitarias no les quedó otra alternativa que emplear a fondo las medidas disciplinarias, así que se cancelaron matrículas y se suspendieron estudiantes. Esta decisión ocasionó nuevos disturbios. El 22 de junio los universitarios se tomaron el edificio de Administración. La acción dejó seis estudiantes detenidos197. Recuperado el control, la posición de las directivas fue clara: la universidad permanecería abierta pero con la presencia militar para evitar desórdenes y se abrirían procesos disciplinarios a quienes encabezaran las protestas. La última toma al edificio de Administración ocasionó nuevos sancionados y la radicalización de los castigos a quienes ya se les había impuesto pena. A estas medidas se sumaron unas detenciones “precautelativas” por parte de la fuerza pública a algunos estudiantes, los cuales fueron liberados horas después. Como respuesta, el presidente de Audesa expresó su tristeza por la reacción represiva de las autoridades y lamentó la “traición” del rector Guerra, quien terminó optando por la vía antipopular y no por el diálogo. Sumergido en la disputa política, reafirmó el compromiso y fortaleza del movimiento por la madurez y decisión de las bases, aunque advirtió que si no se ponía fin a la represión, la tranquilidad a la UIS tardaría en retornar198.

Ascanio. Manifestación universitaria. Archivo Vanguardia Liberal. 23 de febrero de 1971. Bucaramanga

El primer semestre del año 71 finalizaba con una nueva confrontación de fuerzas. Las directivas universitarias asumieron una postura sancionatoria con los estudiantes199. Este sucinto registro sobre los sucesos de 1971 en Bucaramanga permite inferir la magnitud del conflicto universitario nacional. Junto al trágico acontecimiento en la Universidad del Valle y los congresos nacionales universitarios en donde se elaboró, discutió y defendió el Programa Mínimo, los eventos de la UIS ocuparon un lugar de relevancia por las acciones de fuerza y sus consecuencias. La tensión de aquellos momentos evidenció configuraciones de poder particulares en las que los estudiantes se mostraron dispuestos al diálogo y a la radicalización. Por su parte, las directivas universitarias oscilaron entre el diálogo y la confrontación. Los profesores alcanzaron importantes cuotas de poder en el Consejo Superior y la mayoría dio apoyo a la gestión del rector Guerra Hernández, a excepción de algunos que se consideraban objeto de persecución. El llamado al diálogo caracterizó la posición de los docentes. La radicalización de varios sectores del estudiantado estuvo vinculada a posiciones políticas de izquierda. Hubo situaciones inesperadas y sorpresivas que caldearon los ánimos de los estudiantes y polarizaron la situación200. La revisión de los hechos de inicios de los años setenta por parte de los estudiantes en la UIS se expresó en dos documentos sustancialmente diferentes. De una parte, la Mesa Directiva del Consejo Superior de Audesa acometió una reflexión ideológica y política de los sucesos aquí narrados, a partir de la idea de haber vivido una época gloriosa de politización de las bases estudiantiles. En 1975, en cambio, la mesa directiva de Audesa se mostraba muy crítica de la propuesta de cogobierno y de los grupos políticos que defendieron el Programa Mínimo. Esto porque se hallaba más cerca a los postulados marxistas-leninistas en los que lo propiamente gremial solo tenía sentido en función de la preparación de las masas para la revolución. Desde otra posición ideológica, el líder estudiantil César Loaiza valoró positivamente las luchas por el cogobierno, atribuyendo la “traición de guerra” a una maniobra del sector más radical del maoísmo denominado Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER)201.