No lo sé, no recuerdo, no me consta

En los primeros interrogatorios de la causa, el juez instructor Eloy Velasco se afanó en esclarecer si una de las prebendas que el político había recibido era un caballo blanco, trasladado a su finca en Ávila. Muchos testigos que comparecieron aseguraron haber oído hablar de ese regalo, pero nadie lo vio en realidad. El unicornio de la corrupción en España es el caballo blanco de Granados. A su suegro, Juan Alarcón Domenech, le encontraron en 2015 un millón de euros en un maletín, oculto en el altillo de su dormitorio. La explicación que le dio al juez Velasco merece la medalla de oro en el ranking de excusas para idiotas de la historia judicial española: «En mi vida lo había visto», atestiguó. Asombrado, y con toda la sorna con la que pudo acompañar la pregunta, el magistrado añadió: «¿Cómo es posible que un maletín con un millón de euros, que no tiene patas, llegase hasta el altillo de su armario?». «No lo sé, señoría, en mi casa ha entrado mucha gente, gente del Ikea y fontaneros…», esbozó el suegro, dubitativo. La defensa de Granados argumenta que, cuando se abrió la investigación, en 2014, se le acusó de haberse apropiado de más de 700 millones de euros y que, sin embargo, los últimos informes aportados a la causa se refieren a «cantidades irrisorias» que, según su versión, siempre han formado parte de su patrimonio personal.

El caso Púnica se conoce en buena medida por la colaboración con la Justicia del empresario de la construcción David Marjaliza, amigo de Granados desde la adolescencia, compañero en Nuevas Generaciones de Valdemoro y principal beneficiario de las adjudicaciones de suelo que, presuntamente, les hicieron millonarios a ambos. En una frase que le trasladó al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, Marjaliza resumió a la perfección en qué consistió la burbuja inmobiliaria en España: «Pasamos de cultivar patatas a cultivar ladrillos»⁹. Le entrevisto un viernes por la tarde y le pillo atareado en una de sus empresas, dedicada a la intermediación y promoción de vivienda, sector en el que lleva trabajando desde los dieciocho años. Mi primera pregunta es directa:

—¿Cómo eran aquellos años?

—Las casas se vendían como churros, había promociones de vivienda protegida y las oficinas se quedaban hasta las doce y la una de la mañana recibiendo gente. Se manejaba mucho dinero, en la época del boom inmobiliario te daban mucho dinero en efectivo los clientes, el padre, la madre, el otro… Te ofrecían dinero en efectivo para pagar menos, para tener menos impuestos...

—Dinero negro, ¿no?

—Sí, dinero en efectivo que supongo que venía de actividades distintas. Había actividades que eran más proclives a no declarar: los bares, los taxistas, un montón de oficios, fontaneros, electricistas. Muchos «poquitos», que a la hora de darte 15.000 o 20.000 en efectivo, para ellos era cómodo. No lo teníamos ni que pedir, te lo ofrecían. Era habitual, porque suponía menos gastos de escrituración o de notario. Hoy eso ya ha cambiado completamente, ahora el efectivo prácticamente no existe.

—¿Eso ha cambiado por la legislación o porque la gente se ha concienciado de que hay que pagar impuestos?

—Mitad y mitad. Una parte significa meterte en el camino y acorralarte. Si a las empresas no les dejan pagar ni cobrar más de 2.500 euros, ya tienes una limitación. Y otra parte se debe a que la gente se está mentalizando de este tipo de cosas, pero esa es la razón menor. Si te van a arreglar una gotera o la bañera a tu casa, nadie pide el IVA. No digo «nadie» totalmente, porque generalizar tampoco es bueno, pero muy poca gente hace eso. Hoy todavía cuesta, la gente no está mentalizada para eso.

En la época de Púnica, las reglas del juego entre la Administración y los empresarios estaban claras: si querían optar a un contrato, antes debían pasar por caja. «Yo te recalifico y yo construyo», le llegó a decir Granados a Marjaliza, según el testimonio del promotor¹⁰. En esa mecánica perversa, según su relato, participaban todos los partidos. El empresario entregó al juez Manuel García-Castellón una carpeta repleta de documentos sobre la contabilidad en negro de sus empresas, que supuestamente refleja pagos y regalos por valor de 970.290 euros para altos cargos del PSOE, más 105.489 euros para dirigentes municipales del PP y 15.025 para representantes de IU. Cuando la tarta se repartía, todos cogían un trozo. Marjaliza me reconoce que pagó mordidas a electos de las tres organizaciones políticas con representación en Madrid. «En muchos ayuntamientos se ponían de acuerdo. Se repartían las tartas proporcionalmente a los concejales que tenían», asegura. La componenda era tal que algunos partidos se abstenían en determinadas adjudicaciones urbanísticas para disimular: «Si había cuatro parcelas, el partido que gobernaba se llevaba dos y los de la oposición, una cada uno». Y todos contentos.

Marjaliza lleva años contando a los distintos jueces instructores del caso Púnica cómo compraba voluntades con mordidas y regalos. Le pregunto cómo fue ese momento en el que decidió cambiar radicalmente el destino de su vida y empezar a contar la verdad, y lo atribuye a una iniciativa de su abogado, José Antonio Choclán: «Esto es como un médico: te tienes que fiar. Él me transmitió mucha confianza». En todo caso, asegura que la decisión no fue fácil: «Llevaba cuatro o cinco meses en la cárcel y me explicó que podía enfrentarme a muchos años de prisión. Le dije que iba a hablar con la familia y le trasladé que yo no valía para medias tintas. O decía toda la verdad o decía toda la mentira. No iba a hacer una colaboración intermedia mintiendo, porque a mí eso se me nota y me iban a pillar rápidamente. Hablé con mi familia y tomé la decisión de contar todo. Mi hijo tenía en aquella época seis años y me planteaba no verle crecer nunca».

El sumario del caso Púnica es un ir y venir de relojes de marca, cestas de navidad, televisiones de plasma, escopetas, cacerías, viajes o paseos en yate. A Eduardo Larraz, ex consejero delegado de la empresa pública Arpegio, centro neurálgico de la corrupción tejida en torno a Granados, le localizaron 146 lingotes de oro en un banco en Suiza. Antes de que Marjaliza empezara a contar lo que sabía, la Audiencia Nacional le decomisó al empresario cuatro coches, entre ellos un Mercedes Clase A-180 de color dorado, y localizó un zulo en su casa destinado a ocultar su patrimonio, que el juez Eloy Velasco cifró en más de 33 millones de euros. Su sobrina, con apenas dieciocho años, tenía a su nombre catorce inmuebles, valorados catastralmente en 589.600,24 euros. Le pregunto si aquel ritmo de vida tan exagerado y tan corrupto nunca le ocasionó dilemas morales:

—En aquel momento, en el que estaban en la cresta de la ola, ¿nunca se plantearon lo que estaban haciendo? ¿Alguna vez pensó en eso?

—No, yo estaba en una vorágine con muchísimos empleados y muchísimos trabajadores. La empresa crecía y las necesidades financieras me obligaban a tener una máquina y una producción como si fuera una fábrica. Si una fábrica tiene que producir mil coches al día, yo tenía que producir cien viviendas al año, o doscientas o trescientas. Tenía una maquinaria a la que dar de comer. No te planteabas echar a nadie a la calle, quedarte los cuartos y vivir bien. No, nosotros somos empresarios. En mi caso, me considero empresario. Yo no soy un comisionista como en la Gürtel, que montabas una visita del papa, costaba un millón, cobrabas dos y te llevabas uno. Yo no he hecho eso nunca. Yo he hecho viviendas, he hecho locales, he hecho colegios, residencias. Yo no comisionaba, yo hacía producción.

—Me imagino que el regalo, el viaje, el cohecho con el político de turno era parte de la producción, un gasto que tenía presupuestado.

—Claro, era un gasto que se presupuestaba como «exceso de suelo». Lo poníamos en los planes financieros. La comisión era un exceso en el precio del suelo.

—Este eufemismo me recuerda a la «cuenta de quebrantos» de las tarjetas black, que cubría los supuestos robos.

—Algo parecido. Tú ponías que un suelo valía 300.000. Y ahí iba todo: la comisión que le ponías al político, o si tenías que hacer tres regalos, si quería que le regalaras un reloj a su mujer, o un viaje o que le invitaras a no sé dónde. Todas esas cosas iban en ese «exceso de suelo».

—¿Alguna vez los sobornados intentaban cambiar algún regalo?

—Eso me ha pasado muchas veces. Hacer un regalo y tener que cambiarlo porque a lo mejor no les gustaba el reloj que había mandado.

Marjaliza poseía una colección de plumas tan valiosa que la Fundación Montblanc le llegó a pedir prestados varios ejemplares para organizar una exhibición en una sala de exposiciones del barrio de Salamanca. Una de las plumas, de la marca Van Cleef & Arpels, fue tasada en 700.000 euros, según contó el joyero del empresario, quien le vendió relojes de la marca Versace, Rolex y Cartier. El joyero acabó su declaración ante el juez Velasco llorando y pidiendo que le desbloquearan las cuentas, pero reconoció que, mientras el dinero iba entrando, nunca se preocupó por su origen. «Me limitaba a hacer mi labor comercial», dijo, provocando la siguiente pregunta del magistrado: «¿Y tenía usted muchos clientes como Marjaliza?». En pleno trago por declarar en la Audiencia Nacional, pero sin acabar de renegar de aquellos días en los que los billetes entraban a mansalva en su caja registradora, contestó: «Por suerte o por desgracia, ya no sé qué decirle estando aquí, no». Y así se ganó la reprimenda del juez: «Cuando es un cliente serial, uno se tiene que preguntar más que cuando es algo puntual. Alguien puede hacer un esfuerzo en una boda o una comunión, pero un cliente serial…».

La impunidad con la que se desenvolvían políticos y empresarios era absoluta. En las Navidades de 2006 y 2007, Granados cargó a la sociedad pública Arpegio, que él mismo presidía, gastos que superaban los 100.000 euros para regalar cestas de navidad a familiares, compañeros de trabajo y amigos. Entre los beneficiados estaban un primo y una hermana de su mujer, los compañeros de trabajo de esta, la dermatóloga del matrimonio e incluso el médico que operó a su suegra. Todo, por supuesto, con cargo al erario público¹¹. El constructor Ramiro Cid, uno de los más favorecidos por la política municipal en Valdemoro, también repartía cestas de navidad de hasta seiscientos euros entre los amigos de Granados. Las cajas de viandas eran tan horteras que tenían nombres como Afrodita, Diana o Cleo.

Arpegio era la empresa pública en la que supuestamente mangoneaba Granados, mientras que el Canal de Isabel II era el coto reservado para Ignacio González. Por alguna extraña razón, la primera empresa, dedicada a la compra y gestión del suelo en la región, patrocinó en marzo de 2007 un espectáculo musical llamado The night of the proms, que tiene cierta fama en otros países europeos y que ese año llegaba por primera vez al Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. El evento había sido organizado por la empresa Waiter Music, propiedad de José Luis Huerta, ese empresario —ya fallecido— amigo de Granados al que presentaba como «el inventor de la discoteca móvil». Como las entradas no se vendían al ritmo esperado, Arpegio patrocinó el evento para reducir las pérdidas, lo que supuso un coste para las arcas de la Administración autonómica de 139.200 euros, según la investigación. El espectáculo era un pastiche de pop y música clásica: en el escenario se iban sucediendo las actuaciones de una orquesta sinfónica, un coro infantil y una pléyade de artistas que ya en 2007 parecían absolutamente desfasados, como Mike Oldfield, Tears for Fears o Ana Torroja. Según la crónica de El País, «deleitaron a un público que, en su mayoría, no pagó los cincuenta euros que costó la entrada»¹². Estuve allí aquella noche (probablemente porque no tenía otra cosa mejor que hacer) y tengo que desmentir categóricamente la primera parte de esa información y confirmar la segunda. No recuerdo haber presenciado en mi vida un espectáculo musical tan nefasto como aquel, en el que se sucedían los gallos de los solistas y las desafinaciones de la orquesta. Lo bueno es que no gasté un duro. En aquellos tiempos en los que Esperanza Aguirre repetía sin parar que el «gratis total» no existía —el mismo gratis que el PSOE quería instaurar en el transporte público para jóvenes y mayores de sesenta y cinco años—, le podían caer unas entradas por la cara al último mono que se paseaba por las dependencias autonómicas.

El sumario del caso Púnica también revela que el contratista José Luis Huerta, que supuestamente hinchaba hasta en un 50 % los contratos que hacía con los ayuntamientos del PP, pagaba de su bolsillo, a cambio, fiestas privadas para Granados y sus amigos. Las fiscales Anticorrupción sospechan de al menos dos celebraciones, entre ellas un cumpleaños del político madrileño en su casa de Valdemoro que contó con catering, equipo de luces y sonido y la actuación de un grupo musical llamado Los Hobbies, que hacían versiones de canciones de los sesenta, setenta y ochenta. La factura, que no consta que Granados pagara, superó los 7.000 euros. En el sentido inverso, las adjudicaciones se hacían a dedo. Los concursos públicos eran una pantomima, pues se organizaban para dar apariencia de legalidad. Buena prueba de ello es una conversación intervenida al ex primer teniente de alcalde de Valdemoro y concejal de Hacienda José Javier Hernández, donde el político garantizaba a Marjaliza que un contrato en lid iba a ser para alguna de sus empresas. El diálogo entre ambos lo comienza el concejal:

—¡Va a ser la empresa que este señor traiga, que me suda la polla el nombre, cómo se llame! ¡Qué pinta él, qué no pintan! ¡Van a ser los adjudicatarios y no va a ser otro! En el documento que hagamos voy a poner: «La empresa tal, con representación de tal, se va a presentar». Le he dejado muy claro que el único adjudicatario de esa parcela va a ser esta gente. Me suda la polla cómo se llame el que la compre, la empresa, su puta madre, que tendrá que cumplir con todos los requisitos que saquen en el pliego. Y los únicos que van a poder comprar esa parcela, o no se venderá jamás, serán ellos. La empresa va a ser esta, con este CIF y con este no sé qué, y yo soy el barrendero. La empresa Pepito Jiménez, con CIF no sé qué y domicilio en no sé cuánto. ¡Y ya está y se acabó el problema!

—Ya está. ¡Y el representante legal soy yo y punto!

—¡Ea! ¡Y ya está! Eso sí, el adjudicatario de la parcela tiene que estar al corriente de pago de la Seguridad Social y presentar el correspondiente aval.

—Sí, claro, todas las cosas legales.

—Y al día siguiente, la empresa le está soltando el millón de pavos al Ayuntamiento. Es lo que me está haciendo falta. Y ya está, ese va a ser el objetivo y no va a ser otro, sino este señor con la empresa que venga. Me suda la polla de quién sea, ya lo sabré cuando esté en el concurso.

La sumisión del exconcejal al empresario era tal que, en otra conversación registrada con autorización judicial, Hernández enviaba saludos a Marjaliza de parte del arquitecto municipal y de un tercer técnico del Ayuntamiento, ambos encargados de adjudicarle la parcela que pretendía. «Estoy aquí con tus dos… Estamos los tres juntitos, ¡a tus órdenes!».

Marjaliza —en nombre de Granados, según el juez— hacía su santa voluntad en los ayuntamientos y en los bancos en los que, una semana sí y otra también, ingresaba enormes cantidades de dinero que difícilmente podían justificarse con actividades legales. En una tercera conversación telefónica, la secretaria del constructor se quejaba ante el director de la sucursal de que el conductor de la empresa no pudiera ingresar 3.000 euros en efectivo sin más formalismos. Al final, entre los dos lograban convencerle para que se hiciera responsable de la operación. Comienza hablando el director de la sucursal y responde la secretaria:

—Tenemos un problema con un ingreso, el de los 3.000 euros del cantante. La ley ha cambiado y ahora es necesario identificar a la persona que hace el ingreso en efectivo.

—¿Cómo que no puede ingresar dinero en efectivo? O sea, ¿yo no puedo ingresar en la cuenta de mi madre dinero si quiero ingresárselo?

—Sí, porque eres hija. Pero si no, no. Que no lo sé, que es un rollo patatero, no te puedo dar explicaciones. El ordenador no me deja o sea que… ese es el problema. Haz un garabato, Andrés. Andrés irá a la cárcel, ¿eh?

—No. Qué lástima, dile que luego le llevamos los bocadillos, que no pasa nada, jajaja. ¡No le digas eso al chiquillo! ¡Ay, qué lástima! Cada vez complican más, en vez de facilitar.

—No te quepa la menor duda. Di que, como yo solo atiendo cuando viene alguno como vosotros, no me entero, porque si no mandaría a cascar a más de una.

—A tomar por culo, sí, a tomar por culo. Que mandarías a tomar por culo a más de uno, ¿no?

—Bueno, a los que hacen las leyes estas, que estoy hasta los huevos de ellos.

Aparte de las cuitas en los bancos, los contratos podían amañarse porque en las administraciones públicas había técnicos y funcionarios que se corrompían y que acababan firmando los informes que les pedían. En el sumario de la trama Púnica¹³ consta que cargos públicos vinculados con la red «presionaban, amenazaban e incluso acosaban» a los trabajadores de los ayuntamientos que se resistían a avalar las licitaciones irregulares. Es el caso de un técnico de Urbanismo del Ayuntamiento de la localidad madrileña de Collado Villalba, quien declaró ante la Guardia Civil que sus dudas para amañar uno de los concursos de eficiencia energética —que los ayuntamientos pusieron de moda para seguir haciendo chanchullos después de la crisis— le pasaron factura en su vida personal. El funcionario explicó que sus reticencias respecto a la forma de licitar un contrato de 50 millones de euros le hicieron objeto de «un acoso intenso» que le obligó a tomar ansiolíticos. «Dos empleados me amedrentaron y me instaron a firmar los pliegos», aseguró. Sus reparos comenzaron al comprobar la extraña participación de uno de los directivos de Cofely, empresa que pretendía el contrato, durante la fase de redacción del concurso. Según su relato, el representante de Cofely le llamó para darle indicaciones sobre determinados puntos del contrato que tenía que modificar. En esa tesitura, el técnico se quejó al concejal de Urbanismo y le indicó que no firmaría los pliegos de un contrato que iba a ser amañado. Esa comunicación, según se recoge en el sumario, provocó un gran enfado del cargo público, quien se dirigió al técnico con «gritos y amenazas». Llegó a decirle que, «si no seguía redactando el pliego, se atuviese a las consecuencias».

En aquella época, entré en contacto con un funcionario de la Comunidad de Madrid que me contó cómo la sobrina de un alto cargo del Gobierno de Aguirre había ascendido varias categorías laborales de forma meteórica al poco de ocupar su puesto. Tras cotejar toda la información en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, conseguí dar la noticia, a pesar de que los responsables de prensa de la consejería nos tuvieron casi una hora al teléfono intentando convencernos para que no la contáramos. El caso tuvo cierta repercusión y el diputado de IU Eduardo Cuenca presentó varias preguntas escritas sobre la cuestión. El PSOE prefirió no entrar en el asunto. «Si les sacas a los suyos, ellos nos sacan a los nuestros», me dijeron en la Asamblea. El mismo funcionario que me había puesto sobre la pista de la sobrina me contó que había infraestructuras que se llegaban a inaugurar varias veces, y que las presiones que recibían para informar en un determinado sentido iban en aumento con el paso de los años. Para escribir este libro, quince años después, intenté volver a contactar con él, a través de una persona próxima, para que me refrescara la memoria. Tras declinar educadamente la invitación, contestó con un mensaje que no quiero dejar de reproducir: «No os puedo ayudar. Desde hace un tiempo formo parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid y dedico todo mi esfuerzo profesional a que [el cargo] que me han encomendado sea un éxito». El funcionario filtrador acabó prosperando.

En abril de 2021, un día antes de que comience la campaña electoral madrileña que encumbró de manera incontestable a Isabel Díaz Ayuso como presidenta, charlo con Esperanza Aguirre y le pregunto por los indicios de corrupción que pesan sobre sus dos lugartenientes, Ignacio González y Francisco Granados. Aguirre rechaza todas las imputaciones, con este primer argumento:

—Mi opinión es que la instrucción ahora es una investigación. Entonces, en lo que hay condenas es en la primera etapa de Gürtel. En Púnica ni siquiera se ha abierto el juicio oral, en Lezo creo que sí, pero no estoy muy segura. ¿Y el otro cuál era?

—Básicamente, las piezas de Lezo, Púnica y Gürtel. Yo lo que quiero preguntarle es si nunca supo usted en realidad a qué se dedicaban, presuntamente, el señor Granados y el señor González.

—Vamos a ver, yo, de ninguna manera, Alfonso, puedo condenar a gentes que no han sido ni tan siquiera juzgadas. La presunción de inocencia es la columna vertebral del sistema de justicia penal y, por lo tanto, cuando el juez investigue y les condene y la condena sea en firme, te diré algo.

—Pero hay muchos indicios [de corrupción] sobre González y Granados.

—¡Pero yo no soy el juez! Ignacio González y Francisco Granados tendrán sus abogados defensores y yo les concedo la presunción de inocencia.

—Pero, señora Aguirre, eran su número dos en el Gobierno y su número dos en el partido. Más allá de la responsabilidad in vigilando…

—Les concedo, les concedo la presunción de inocencia, ¿vale? Se la concedo. Yo he dimitido en los dos casos cuando les han detenido. ¿Por qué? Pues porque entiendo que, si un juez detiene a alguien, será porque ha encontrado indicios suficientes. Pero hasta que esos indicios no se transformen en pruebas, yo no les voy a quitar la presunción de inocencia. ¿Me entiendes?

—Sí, perfectamente. Le quería preguntar otra cosa: hay una grabación de Ignacio González en el caso Lezo en la que afirma que López Viejo estaba «chantajeando con la agenda de la presidenta». Llega a decir que se lo dijo a usted, que le avisó de esa circunstancia y que usted no hizo nada. ¿Qué le parece esa grabación que, insisto, es de Ignacio González y aparece en el sumario?

—Lo que me parece es que yo cesé a López Viejo. Y ya no te voy a contar más cosas, querido Alfonso. Me parece muy bien y te deseo mucho éxito con tu libro, ¿vale?

—No sé si le puedo preguntar una última cosa…

—La anterior era la última, macho.

—La penúltima.

—No, no, esta es la última.

—Esta es la última. Pasados ya los años, con el reposo que da todo este tiempo que ha transcurrido, ¿qué fue exactamente el «Tamayazo», en su opinión?

—Pues el «Tamayazo» fue la decisión de dos diputados socialistas que llevaban dos legislaturas allí, que no eran unos desconocidos, de ausentarse el día de la constitución de la Asamblea. Que todos los periodistas que no estábais entonces en eso…

—Sí, sí, yo aquel día estuve allí.

—¡Ah, vale! Que no fue la investidura de Simancas, que fue, como tú sabes si tú estabas allí, la sesión constitutiva y la elección de la Mesa de la Asamblea. ¿Por qué hicieron estos dos eso? Pues los del PSOE decían que era una trama inmobiliaria del PP. Han pasado dieciocho años y ninguno de los dos [Tamayo y Sáez] han cambiado de vida, ni les han dado dinero, ni hay trama inmobiliaria, ni nada de nada de nada. ¿Mi opinión? Es que un grupo dentro de la… ¿cómo se llama la cosa socialista?

—La FSM.

—¡La FSM! Un grupo liderado por este cuyo nombre me he olvidado ya...

—Tamayo.

—¡No!

—Balbás.

—¡Balbás, Balbás! No estaban de acuerdo con el reparto que Simancas había anunciado que iba a hacer de las consejerías, que le iba a dar... me parece que era Educación y Medio Ambiente a Izquierda Unida. Y le pareció que era una manera de presionar a Simancas que se ausentaran estos dos en esa Asamblea. A mí me vino Simancas y me dijo (está la grabación) que no era un retraso, sino un plante. Mi punto de vista es que fue un error garrafal de Rubalcaba y de Zapatero, que obligaron ese mismo día a mediodía a romper todos los lazos con estos y a… Yo creo que, si Simancas hubiera llamado a esta pareja y les hubiera dicho: «Venga, machos, vamos a hablar, ya veremos lo que haremos con las consejerías de IU, no sé qué, tal, y venid a la investidura que va a ser tal día...».

—Entiendo que, en su opinión, no tuvo nada que ver con el hecho de la «burbuja inmobiliaria» o de la construcción desaforada que había en aquella época en la Comunidad de Madrid.

—¿Pero qué burbuja inmobiliaria? [risas] Mira, si yo no estaba en la Comunidad de Madrid, estaba Alberto Ruiz-Gallardón. Pero fíjate, se lo puedes preguntar a Simancas, si quieres. Cuando se inauguró una Ciudad del Atleti en Alcorcón o algo así, algo del Atlético de Madrid en Alcorcón, de repente le digo yo a Simancas: «¡Ahí va! ¿Pero esto no era la trama inmobiliaria del PP?». Y es que se cascaba de risa. A ver, ¡no! No ha habido ninguna prueba y ha pasado ya suficiente tiempo para que encontraran pruebas y eso. Pregúntale a Pepe Blanco [exsecretario de Organización del PSOE], que al principio pensaba que sí las había y no. Es que fue así de sencillo, esta chica, que no me acuerdo de cómo se llamaba, yo les llamaba Tamayo y Baus…

—María Teresa Sáez.

—Se llamaba Sáez, esta. Pues me parece que era auxiliar administrativa en el 12 de Octubre y siguió siéndolo hasta que se haya jubilado. Supongo ya que se habrá jubilado...

En mayo de 2007 se celebraron elecciones autonómicas, en las que Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón arrollaron a sus competidores del PSOE, Rafael Simancas y Miguel Sebastián, respectivamente. Catapultada por la ampliación del Metro, la construcción de siete hospitales y cincuenta centros de salud, y por la cuestionada reducción de las listas de espera en la sanidad pública, Aguirre sacó diez escaños más que en las segundas elecciones de 2003. Simancas perdió tres diputados y presentó su dimisión. Una nueva etapa se abría en la política madrileña. También para mí, con un nuevo destino en la sección de Nacional y, concretamente, en el departamento de Tribunales, en el que, como tardaría poco en comprobar, me volvería a cruzar con muchos de los protagonistas de aquella época.